Una región, todas las voces

¡Los puentes de Acre ya existen!

Acre fue la última gran expansión territorial de Brasil. Comprada a Bolivia a principios del siglo XX, también limita con Perú. En los últimos años, era común en diferentes regiones de Brasil, la expresión «Acre no existe». Convertida en chistes y memes, reflejaba de forma peyorativa su escasa población, su economía poco compleja, sus pobres infraestructuras y, sobre todo, expresa la ignorancia del resto del país por la realidad de Acre.

La noticia sobre Acre en los últimos años para el público brasileño en general se reduce a sus constantes inundaciones y a la nueva ruta migratoria. Ambos fenómenos están directamente relacionados con los puentes del Estado, que adquirirán un nuevo protagonismo debido al profundo cambio geoeconómico que está experimentando Brasil.

Este viernes (7 de mayo), el presidente Bolsonaro inaugurará el puente de Abunã en Rondônia. La obra de 1,9 km sobre el río Madeira conectará por primera vez la capital de Acre con otras capitales del país sin necesidad de un ferry. La decisión de construirlo fue tomada por la presidenta Dilma Rousseff en 2014, durante una inundación que dejó a Río Branco, capital de Acre, aislada de las demás capitales brasileñas durante 90 días.

La crítica situación de los habitantes de Acre en aquella época se vio aliviada por los puentes de Epitaciolândia y Assis Brasil. Inaugurados en 2004 y 2006, conectaron Acre con Bolivia y Perú, respectivamente. Estos puentes, construidos durante el gobierno de Lula, junto con la pavimentación de la carretera BR-317 a Assis Brasil, realizada durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, garantizaron el suministro de combustible peruano y de alimentos bolivianos a la población de Acre.

Del sueño a la desilusión en una década

También fue el camino para miles de haitianos que emigraron a Brasil tras el terremoto de 2010 en Puerto Príncipe. Llegaron después de largos viajes. Volaban a Ecuador, haciendo escala en Panamá. Luego viajaban por tierra a través de Perú para entrar en Brasil vía Acre. La avanzada política migratoria de Ecuador y los buenos resultados económicos de Brasil hicieron atractiva esta ruta. El 14 de febrero de 2021, los extranjeros en el puente binacional entre Assis Brasil e Iñapari volvieron a ser noticia.

Cuatrocientos de ellos, en su mayoría haitianos, pero también de países de la costa occidental africana y de países indostanos, llegaron desde diferentes estados brasileños, pero en esta ocasión para irse del país. Sin embargo, debido a la restricción de la entrada de extranjeros en Perú, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, los migrantes se vieron impedidos de entrar en el país vecino para continuar con sus proyectos migratorios. Durante varios días bloquearon el puente binacional. Y finalmente se fueron de Brasil a Perú antes de la inauguración del puente de Abunã. Quizá por la desilusión ante la crisis de la sanidad pública o el aumento del paro.

Al final del gobierno de Michel Temer, en diciembre de 2018, el 85% del puente de Abunã ya estaba listo y se esperaba su inauguración para agosto de 2019. Tras retrasos, adiciones y algunos aplazamientos, y 117 años después del Tratado de Petrópolis que formalizó el acuerdo entre Brasil y Bolivia para que Acre formara parte del territorio brasileño, este estado estará interconectado por carreteras con el Atlántico. Igualmente importante es que Rondônia, el sur de Amazonas y el noroeste de Mato Grosso tendrán una carretera totalmente asfaltada hacia el Pacífico.

Marcha hacia el oeste

Brasil avanza hacia el oeste en su economía, en su demografía y, principalmente, en sus exportaciones. La fase actual de esta marcha es consecuencia del abandono industrial interno y de la transición del centro dinámico de la economía mundial del Atlántico Norte a Asia-Pacífico.

Al aislarse políticamente de Sudamérica y desmantelar el apoyo estatal a la internacionalización de sus empresas, Brasil profundizó la crisis de su sector industrial, tambaleado por el bajo crecimiento interno. No es de extrañar que Brasil y Argentina sean los dos países cuyo sector industrial ha perdido más peso relativo en el mundo en los últimos cinco años. El futuro productivo del país ya no parece concentrarse en el Atlántico.

Entre 2000 y 2010 todas las regiones de Brasil crecieron y las exportaciones nominales per cápita se multiplicaron por más de tres, pasando de 324 dólares a 1051 dólares. En 2020, las exportaciones per cápita del conjunto de Brasil habían caído a 988 dólares, pero el comportamiento entre estados es muy discreto. São Paulo, líder en exportaciones industriales, exportó 19.000 millones de dólares en 2000, alcanzó los 59.000 millones en 2011 y retrocedió hasta los 42.000 millones en 2020. Mato Grosso, por su parte, exportó 1.000 millones de dólares en 2000 y 18.000 millones en 2020, aumentando sus ventas al exterior concentradas en la agroindustria de forma ininterrumpida año tras año.

En los últimos 20 años, el comercio mundial triplicó su valor nominal en dólares, las exportaciones de China se multiplicaron por diez y las ventas exteriores de Mato Grosso se multiplicaron por 18. En proporción per cápita, una persona de Mato Grosso exportó en promedio 5170 dólares en 2020, mientras que un chino exportó 1799 dólares.

Costes medioambientales

La expansión de la frontera agrícola hacia el norte y el oeste vino acompañada de elevados costes medioambientales y cambios logísticos. Mato Grosso fue el segundo en deforestación en los últimos años, después de Pará, y una parte importante de la producción agrícola del estado se realiza en tierras devastadas ilegalmente.

La dinámica ha sido la deforestación, el aumento de la tala de árboles, seguido del crecimiento de la producción ganadera y luego la expansión de las zonas de cultivo de cereales. Este movimiento avanza hacia Rondônia y Acre. En el año 2000, Rondonia sólo exportó 43 dólares nominales per cápita, de los cuales el 90% fue madera. En 2020, era de 764 dólares, poco más de la mitad sólo de carne, el 30% de soja y menos del 5% madera.

Pero la salida por los puertos del Atlántico, cada vez más lejos de la producción, resta competitividad a la carne brasileña. La carne fresca y refrigerada tiene un valor medio en el mercado mundial un 20% superior al de la carne congelada. Sólo Brasil representa la quinta parte de las exportaciones mundiales de carne congelada, pero sólo el 3,7% de la carne fresca y refrigerada. Las carnes de mayor valor de la frontera occidental brasileña serán mucho más competitivas en los mercados de Asia-Pacífico si cruzan los Andes por tierra. No sólo por el coste, sino sobre todo por el tiempo.

Ruta más corta

Por carreteras asfaltadas, el distrito de Abunã, en Rondônia, está a 1.734 km del puerto de Matarani, en la costa peruana del Pacífico, y a 3.274 km del puerto de Santos o a 2.784 km de Belém do Pará. Por otro lado, la ciudad fronteriza de Assis Brasil, en Acre, está a 1164 km de Matarani, a 3357 km de Belem y a 3864 km de Santos. Y Matarani está unos miles de millas náuticas más cerca de Japón que Santos o Belém. Los días ahorrados en el viaje por los puertos del Pacífico pueden garantizar el acceso rápido de productos refrigerados a Asia, un mercado al que Brasil sólo llega por el Atlántico en productos básicos y congelados. Esto requiere escala y logística.

La salida por el Pacífico puede ser la forma de añadir más valor a las exportaciones del Medio Oeste y, sobre todo, del Amacro, acrónimo que se refiere a la zona que reúne el sur de Amazonas, el este de Acre y el noroeste de Rondônia, cerca de la triple frontera entre Brasil, Bolivia y Perú. Acre está a punto de experimentar una gran transformación, de magnitud similar a la que se produjo en Mato Grosso y está en curso en Rondônia. El reto es aprender rápidamente a evitar las externalidades negativas de la expansión agrícola en Mato Grosso y Matopiba (parte de Maranhão, Tocantins, Piauí y oeste de Bahía), reforzar el uso organizado y consciente del suelo y frenar la devastación ilegal.

En el caso de Matopiba, el concepto surgió después de que la realidad económica se impusiera con altos costes medioambientales y un uso limitado de los beneficios sociales del aumento de la producción. En Amacro es posible definir el modelo de desarrollo al inicio de la nueva realidad económica y su planificación será más satisfactoria si incluye la conexión con el Pacífico.

La obesidad: un problema social, no individual

Coautor Jimmy E. Ramos Valencia

Los metadiscursos —forma en que se proyectan los discursos para interactuar con los receptores—difundidos por los medios de comunicación y “redes sociales” representan el peso corporal como una consecuencia del estilo de vida. Estos equiparan la “gordura” con la “enfermedad” y la “delgadez” con la “salud”, y en consecuencia los “gordos”serían personas perezosas que no siguen estilos de vida “saludable”. La obesidad, asociada a la gordura, es entendida, por lo tanto, como una enfermedad que las personas deberían controlar y evitar. En las sociedades neoliberales, en las que el «individuo autónomo y autorregulado» es muy valorado, la construcción social respecto a los «gordos» es especialmente condenatoria.

En el año 2015, según datos de Healthdata, había en el mundo 107,7 millones de niños y 603,7 millones de adultos obesos. Y desde 1980, la obesidad se ha duplicado en más de 70 países y ha aumentado continuamente en la mayoría de los demás países. La obesidad, sin embargo, sigue siendo para las sociedades un problema estético y de comportamiento, según el medio especializado Medwave.

Esto es una luz de alarma para los países latinoamericanos que, en los albores de la tercera década del siglo XXI, muestran estadísticas que reflejan un importante incremento de la problemática. Los dos países que mejor la representan la relación política neoliberal/incremento de peso en la población en Latinoamérica son Chile y México. Por ejemplo, para el caso de México, uno de los países más afectados, en 1993 el Síndrome Metabólico, —factores de riesgo de enfermedad cardiaca, diabetes y otros problemas de salud vinculados a la obesidad— afectaba al 30% de las personas mayores de 20 años, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).Mientras que para el 2012 siete de cada diez personas adultas presentan sobrepeso y obesidad.

A dos décadas de la declaración del estado de alerta por la globesidad—término acuñado por la Organización Mundial de la Salud para referirse a la creciente pandemia de sobrepeso— el aumento de la obesidad no ha parado de incrementarse y su dispersión es mucho más compleja. Esto refleja el fracaso de las estrategias puestas en marcha en países como Estados Unidos y el Reino Unido, que siempre abordaron la problemática desde una esfera individual asociada con el comportamiento, en lugar de abordarlo de forma integral planteando cambios en los subsistemas económicos, alimenticios y políticos. El gran ejemplo de la década de los 90as de incremento de esta problemática de salud, asociada con los cambios en las políticas económicas y sociales fue Irlanda.

Obesidad versus el estilo de vida

La complejidad que arrojan los estudios sociales sobre obesidad puede resumirse en los resultados encontrados por el reconocido especialista en obesidad Arnaiz de2014. Sus resultados muestran que las personas obesas, a pesar de presentar sobrepeso y obesidad, consideran que su estado de salud es “sano”. A pesar de ello, las personas también interiorizan concepciones predominantes respecto a “la gordura” como una condición mala y poco saludable, lo que a su vez establece concepciones contradictorias sobre su propio cuerpo y estado de salud.

Más allá de diferencias, el actual enfoque reduccionista de la salud y la “guerra contra la obesidad” mundial son problemáticos y potencialmente perjudiciales. Mientras los riesgos medioambientales, como afirman los especialistas Costa-Font y Mas, se miden empíricamente en el sistema de producción y distribución globalizado, los “riesgos del estilo de vida” se basan en el uso —o mal uso—que los individuos hacen voluntariamente a largo plazo de los bienes de riesgo que se distribuyen legalmente en el mercado.

En Estados Unidos y el Reino Unido el abordaje de la problemática no tuvo en cuenta que es una afección sistémica que trasciende esferas psicológicas (individuales), económicas (sociales) y políticas (sociales). Esto enquistó el debate y limitó la puesta en marcha de políticas públicas eficientes para contrarrestar el incremento de la enfermedad.

¿Quién tiene la culpa?

La definición, la importancia y las consecuencias de la obesidad como enfermedad han cambiado drásticamente en las últimas décadas. La obesidad, que antes era considerada una comorbilidad común de otras enfermedades crónicas, es definida ahora como una afección médica específica que merece atención y recursos públicos.

La etiología—ciencia centrada en el estudio de la causalidad de la enfermedad—de la obesidad está atribuida sistemáticamente al triunvirato de la sobrealimentación, la disminución de la actividad física y los factores del estilo de vida. Investigaciones recientes ubican a unos 22 millones de niños menores de cinco años con sobrepeso debido al estilo de vida sedentario y a los hábitos alimenticios occidentales. Los países desarrollados registran tasas sin precedentes de enfermedades crónicas comórbidas y la aparición más temprana de la diabetes de tipo 2 entre niños y adultos jóvenes.

Aunque las tasas de obesidad han estabilizado su incremento, la prevalencia de esta enfermedad sigue siendo un problema de salud pública para las generaciones actuales y futuras. En cuanto al coste económico y a la conciencia pública, la obesidad ha adquirido una posición destacada en el ámbito de los problemas sociales al suscitar preocupación y controversia, y estimular la acción pública en favor de los ciudadanos afectados. Socialmente, la medicalización de la obesidad definió a las personas obesas como “enfermos” debido al riesgo para su salud personal, el coste para la sociedad y la marginación social. La obesidad sigue siendo un asunto privado sin una solución socialmente construida o informada.

La institucionalización de la obesidad como problema de salud pública a finales de la década de 1990 reforzó la experiencia médica en los esfuerzos de tratamiento y prevención. La biomedicalización promovió una despersonalización y desestigmatización de la condición de obesidad como un resultado únicamente atribuible a los hábitos personales y a la responsabilidad individual.

Por ello, las propuestas para frenar la dispersión de la obesidad en Latinoamérica deben tener en cuenta que la representación social de la obesidad por parte de los expertos pasó de ser un problema moral a una enfermedad que hay que explicar y medir científicamente. Y sobre todo abordar integralmente.

Jimmy E. Ramos Valencia es profesor de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Doctor en Estudios del Desarrollo Global por la UABC. @IANUSMANU https://orcid.org/0000-0002-8809-6822

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El desastre de la reforma tributaria en Colombia

Después de cinco días de protestas, en su mayoría pacíficas —aunque con algunos brotes de violencia— y de haber recibido el rechazo de la mayoría de los partidos políticos, el gobierno retiró el proyecto de reforma tributaria que había presentado al congreso dos semanas antes. A cambio de no retirarlo el gobierno ofreció negociar prácticamente todos puntos de proyecto de ley con los diferentes grupos opositores, pero no logró suficiente apoyo. El retirar el proyecto implica que el gobierno no podrá presentar otro antes de la próxima legislatura, que comienza el 20 de julio próximo. El costo político incluye la renuncia de Alberto Carrasquilla, Ministro de Hacienda.

Con esto el gobierno pierde tiempo, pero al mismo tiempo le da un margen para adelantar una negociación más amplia bajo el liderazgo de un nuevo ministro. Sin embargo, muchos grupos políticos ya han indicado que no apoyarán ningún proyecto porque consideran que no es el momento indicado para elevar los impuestos de la población, en medio de la pandemia del COVID-19.

Lo que pasó en Colombia esta semana marca una pauta para los demás países Latinoamericanos e ilustra muy claramente los graves dilemas que los gobiernos tendrán que enfrentar próximamente. La pandemia produjo una caída muy grande de los ingresos de los gobiernos e incrementos considerables en los gastos hechos para compensar los efectos de los cierres de las economías y demás políticas de apoyo social implementadas. El problema fundamental consiste en encontrar la forma de financiar un creciente déficit fiscal generado por el COVID-19 en medio de condiciones sociales y políticas muy difíciles.

Colombia es de los países menos preparados para enfrentar el reto

Unos países están mejor preparados para enfrentar ese reto que otros. Colombia posiblemente es de los menos preparados porque, aunque en la última década tuvo tasas de crecimiento aceptables (superiores a Chile, Brasil y México e inferior solo a Perú dentro de los países grandes), sus déficits gemelos (fiscal y cuenta corriente) son de los más altos en el continente.

Estos problemas, junto con las expectativas en los mercados internacionales de que la reforma tributaria presentada por el gobierno iba a tener dificultades, posiblemente explican el hecho de que los bonos colombianos ya se estén transando en los mercados internacionales a un costo mayor que algunos de los llamados junk bonds (según Bloomberg abril 29, 2021), a pesar de que hasta el momento Colombia tiene calificación BBB- por parte de las calificadoras internacionales. Posiblemente el país va a perder esta calificación pronto.

El proyecto de ley que el gobierno retiró, tenía como líneas principales para aumentar los impuestos ampliar la base del impuesto a las ventas (en Colombia se llama Impuesto al Valor Agregado IVA) y elevar sus tasas. La más alta iba a ser del 19% (una de las mayores según estándares internacionales). Además de eso, se proponía aumento en la base del impuesto a la renta y la eliminación de algunos descuentos. En total la propuesta podría haber representado ingresos adicionales por un valor equivalente a 3.9 puntos porcentuales del PIB (unos 23.4 billones de pesos o alrededor de seis mil quinientos millones de dólares a la tasa de cambio actual), el 61% de los cuales hubiera sido pagado por personas naturales, según el saliente ministro de hacienda.

El proyecto también consideraba aspectos importantes de gasto social. Proponía hacer permanente el Ingreso Solidario (un auxilio para los más necesitados que no tenía acceso a otros programas de subsidios que se implementó temporalmente durante la pandemia) y además hacerlo complementario a otros programas subsidios. Según cálculos del gobierno, esto incrementaría el número de beneficiarios de 1 a 4.7 millones de personas cobijadas, y reduciría de manera significativa la pobreza.

El gobierno dio la espalda a la sociedad

El gobierno nunca hizo una socialización adecuada del proyecto que presentó al congreso. Se filtraron rumores sobre algunos aspectos de su contenido, especialmente sobre los nuevos impuestos, lo cual generó mucho descontento. Los gremios como la Asociación de Industriales (ANDI) y varios reconocidos académicos y centros de pensamiento hicieron propuestas alternativas que claramente no fueron consideradas en el proyecto radicado. Los temas relacionados con los nuevos programas sociales que se implementarían fueron muy poco conocidos.

Las condiciones en que se presentó el proyecto a consideración del congreso difícilmente podrían haber sido peores. Además de no haber tenido una buena socialización y de desconocer propuestas alternativas interesantes, el proyecto se presentó en medio del pico más fuerte de contagios de COVID-19 (el tercero que tiene Colombia), en medio de nuevos cierres y restricciones a la actividad económica. El 27 de abril el DANE (Departamento Nacional de Estadística) publicó las nuevas mediciones sobre pobreza en el 2020, mostrando aumentos de 7 puntos porcentuales en la incidencia de pobreza nacional, lo que representaba 3.5 millones más de pobres que en 2019 y un incremento de 5.5 puntos porcentuales en pobreza extrema, lo que significa que 7.5 millones de personas en 2020 no tuvieron ingresos para comprar los alimentos básicos necesarios.

Para completar las malas noticias el viernes 30 de abril se publicaron los resultados de desempleo, mostrando un incremento considerable con respecto al año inmediatamente anterior, aunque una mejora en comparación con los peores meses de la pandemia. Todo esto fortaleció un descontento social que ya venía desde antes de la pandemia y que terminó en las protestas que dieron al traste con las propuestas del gobierno.

Aunque la situación de Colombia tiene algunos aspectos particulares que la diferencian de la de otros países, el problema básico que todos van a tener que afrontar muy pronto es el de lograr balancear el presupuesto fiscal. En las condiciones actuales de Latino América hacerlo a través de reducción de gastos es impensable, así que lo que queda es un aumento de impuestos. Colombia muestra las graves dificultades que esto conlleva y también sirve de ejemplo para cómo hacer las cosas bien y en el momento oportuno.

El peligro de defender tus derechos en Centroamérica

En la madrugada del 2 marzo del 2016, la reconocida defensora de los derechos humanos, Bertha Cáceres, quien organizara al pueblo Lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, en su lucha contra la represa de Agua Zarca, fue asesinada en su casa. La construcción estaba prevista en el noroeste del país en el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades y vital para su supervivencia. Pero la campaña logró que el mayor constructor de represas del mundo, la compañía estatal china Sinohydro, retirara su participación en el proyecto hidroeléctrico. 

Desde entonces, en Honduras se han producido 39 homicidios de defensores de los derechos humanos de los indígenas y del medio ambiente. Entre las víctimas se encuentran dirigentes campesinos y étnicos, abogados y periodistas. A esa cifra, deben sumarse jóvenes dirigentes garífunas, secuestrados por uniformados, que nunca volvieron a aparecer.Todos estos casos siguen impunes.

No son tiempos fáciles para quienes defienden la vida y el ambiente en Centroamerica, en especial en los países del llamado Triángulo Norte: El Salvador, Honduras y Guatemala. El primer paso en la estragegia para acallarlos ha sido estigmatizarlos y difamarlos a través de fake news en medios o redes sociales. Cuando ello no ha sido suficiente, se les ha aplicado el lawfare con energía y decisión, hasta arrestarlos, enjuiciados y condenados en la mayoría de los casos. Y cuando todo ello resultó insuficiente, se ha recurrido al asesinato.

El pasado 22 de abril, en el Día de la Tierra, la ONG Alianza por la Solidaridad-Action Aid, denunció la falta de compromiso de los países de América Latina y el Caribe con el acuerdo internacional de Escazú, auspiciado por la ONU. El Acuerdo, adoptado en 2018, tiene como finalidad garantizar la seguridad de las personas y los grupos defensores de la vida y el ambiente. Sin embargo, hasta el momento el tratado ha sido ratificado por solo 12 de los 46 países y territorios de la región.

De hecho, entre los países que no han firmado el acuerdo se encuentran Guatemala y Honduras, que son de los países que registran la mayor cantidad de ataques contra líderes y referentes de las luchas en defensa del medio ambiente.

“La mercantilización de los recursos naturales cuesta vidas de muchas personas, las asesinadas y las que son encarceladas durante años, como el guatemalteco Bernardo Casal Xol, a las que hay que recordar en días como éste (…)”, señalaba el 22 de abrilla española Almudena Moreno, responsable de Desarrollo Sostenible de la ONG Alianza por la Solidaridad-Action Aid.

A estas agresiones se suman las limitaciones a la libertad de expresión y las fake news. Con esto se busca destruir el tejido social de las comunidades, cooptando sectores mediante sobornos y quebrando, de esa forma, la solidaridad común. Otros métodos son la destrucción de cultivos familiares o comunitarios o la constante vigilancia por parte de militares, policiales o individuos de las propias comunidades, cooptados para oficiar de verdugos de sus propios vecinos.

Según el informe “Criminalización de personas defensoras de derechos humanos en Centroamérica”, presentado en el foro digital “Cuando la justicia se trasforma en injusticia”, estos grupos—que responden a las élites que concentran el poder—atacan e intimidan a sus víctimas, amparados por un sistema de impunidad que los protege de cualquier acción judicial.

“La criminalización es la utilización de marcos jurídicos, de estrategias, de acciones político-judiciales con la intención de dar un tratamiento de ilegítimo o ilegal a la defensa de los derechos humanos”, señaló Anabella Sibrián, directora de Protection International Mesoamérica en Guatemala, participante del citado foro.

Mientras que para el abogado hondureño Edy Tábora, director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) “en Honduras, después del golpe de Estado de 2009, se implementó un modelo de despojo que vino a modificar el marco legal relacionado con los concesionamientos de los recursos naturales, y también se implementó un modelo político que vino a afectar a toda la ciudadanía”.

El encarcelamiento en prisiones de máxima seguridad por participar en manifestaciones, la prisión preventiva por años a personas defensoras del medio ambiente, la prohibición de organizaciones de derechos humanos o la persecución de la protesta pacífica, son algunas facetas de la criminalización creciente de los defensores de derechos humanos y del ambiente en el triángulo norte de Centroamérica.

Lo que distingue la criminalización de otros ataques es el uso selectivo de las leyes como forma de persecución. Esto da a la represión una falsa apariencia de legitimidad, provocando que las personas perciban con claridad la omnipotencia del Estado y de las mega-empresas.

El caso de Sonia Sánchez, una defensora de derechos humanos de la Organización de Mujeres de Santo Tomás en El Salvador, es un ejemplo. Ella y otros tres defensores ambientales, enfrentan acusaciones por el delito de coacción, por oponerse a un proyecto habitacional que afectará el medio ambiente de su municipio.

Incluso cuando estas personas ganan las demandas y son absueltos de los delitos inventados para criminalizarlos, las persecuciones no cesan. Muchas veces las empresas continúan con las amenazas y ataques a sus viviendas, cultivos o ganado. Estos ataques, además, no van solo dirigidos a los referentes. Muchas veces sus seguidores también son victimas de la persecución, con el objetivo de amedrentarlos y así impedir que se organicen y actúen como comunidad.

El panorama, de por sí aterrador, es aún más desolador dada la falta de perspectivas de que  los grupos dominantes enquistados en el poder en los tres países del Triángulo Norte vaya a ceder en sus posiciones. Por el contrario, se prevé a futuro una profundización de sus acciones represivas, amparados en una impunidad casi total. Los movimientos sociales, a pesar del creciente apoyo internacional, no tienen, todavía, la capacidad y el poder suficientes para revertir la situación.


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Panamá en pandemia: segregación por sexo y cédula

En Panamá, el Consejo de Gabinete declaró el 13 de marzo de 2020 el “Estado de Emergencia Nacional” mediante la Resolución No. 11. Ese día, el Órgano Ejecutivo emitió un Decreto mediante el cual se ordenó, entre otras cosas “extremar las medidas sanitarias ante la declaración de pandemia”, y se ordenó a las autoridades regionales y locales establecer mecanismos de vigilancia para asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias.

Desde entonces, el gobierno panameño emitió normativas que tuvieron efectos secundarios en la vida de las personas. Una de ellas fue el Decreto 577 del 24 de marzo de 2020, que declaró la cuarentena total y delegó el tema de la movilidad de las personas al Plan Protégete Panamá. Como resultado, se emitió la Resolución 360 cuyo objetivo era adoptar nuevas medidas tendientes a restringir la movilidad de las personas, utilizando como base el sexo y el número de identificación.

Perú, Colombia y Panamá fueron los únicos tres países en el mundo que aplicaron una medida similar, sin embargo, tanto la de Colombia como la de Perú fueron de corta duración. En Panamá la medida duró casi seis meses, desde el 30 de marzo hasta el 13 de septiembre de 2020. 

La medida consistía en que las personas podían circular de acuerdo con el último número de su identificación en un horario definido para acceder a servicios esenciales durante dos horas. Las mujeres podían salir los lunes, miércoles y viernes, y los hombres los martes, jueves y sábados. El domingo, ninguna persona podía circular.

En conjunto, investigadoras de la London School of Economics (Clare Wenham, Corina Rueda y Daniela Meneses) y el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) iniciamos una investigación para comprender los impactos sociales de esta medida. Esto se realizó mediante un estudio cualitativo en el que se entrevistó a representantes de grupos de la sociedad y funcionarias/os estatales. El estudio evidenció la dificultad de acceso a recursos básicos y discriminación.

Acceso a recursos básicos

La política desagregada por sexo y cédula en Panamá amplió las barreras para acceder a recursos básicos a nivel sanitario. Algunas instalaciones de salud terciaria fueran designadas como hospitales Covid-19, lo que implicó que quienes necesitaban acceder a otros servicios debían ir a instalaciones médicas más lejanas aunque disponían de sólo dos horas. Las consecuencias fueron aún más profundas para residentes de zonas rurales, quienes podían vivir a más de tres horas de distancia respecto del lugar de atención.

Otro ejemplo son los largos tiempos de espera innecesaria para el simple retiro de puntos de una cirugía menor porque el día de la cita no correspondía con la salida. Y si bien una cita de atención médica era una excepción permitida para salir si se presentaba el comprobante, esto a menudo dependía del acceso a datos en los teléfonos móviles o impresos, con los que las personas no siempre podían contar.

El acceso y provisión de servicios de salud sexual y reproductiva también fue afectado.  Algunas mujeres referían la preocupación y dificultad de que les llegara el período menstrual un viernes de noche sin productos sanitarios. Asimismo, según proveedores de servicios de salud reproductiva, estos se veían abrumados los días de salida de mujeres debido a las largas filas que se formaban, ya que muchas veces estas no alcanzaban a realizar la compra antes de las dos horas permitidas. En algunos casos, acceder a un medicamento podía tomar cinco horas durante tres días (casi la totalidad de las seis horas semanales permitidas). 

Impactos Interseccionales

En general, toda la población fue afectada por la medida pero ciertos sectores de la sociedad como los indígenas, migrantes, personas con discapacidad, trans, niñez, adolescencia y mujeres sufrieron mayores consecuencias. Por ello, la medida profundizó las desigualdades existentes previo a la pandemia a pesar de las advertencias de organizaciones nacionales e internacionales.

Los niños y adolescentes, por ejemplo, no tenían horarios asignados para salir de sus casas. Esto era incompatible con los regímenes de visitas preestablecidos entre padres y madres separados en donde los hijos/hijas debían desplazarse entre dos hogares parentales. Y en el caso de padres solteros, a estos se les dificultaba aun más el acceso a bienes debido a que no podían acceder con sus hijos, por lo que necesitaban más tiempo para trasladarles a otros lugares para su cuidado.

La medida no consideró la desigualdad de género preexistente. Según datos de la encuesta del CIEPS de 2019, el 70.6% de las personas que cuidan a personas dependientes son mujeres y las dos horas eran insuficientes para realizar tareas de cuidados. Además, las mujeres de trabajos esenciales reportaron sufrir más acoso verbal los días asignados a los hombres, pues no había muchas mujeres en la calle, lo que incrementó el miedo y sensación de inseguridad.

Adicionalmente, en Panamá no existe una ley de identidad de género. En este marco, el hecho de que la movilidad se rigiera por el sexo biológico en la cédula impuso obstáculos de circulación a personas trans quienes eran cuestionadas por agentes de la policía, tanto si salían el día del sexo de la cédula como por su género.

Lecciones y desafíos futuros

Más allá de ser una herramienta de control de enfermedades, la política de segregación por sexo y cédula tuvo amplios efectos secundarios en la sociedad panameña y puede verse como una política pública y social regresiva. Esta agravó las desigualdades y produjo nuevas barreras para el acceso a los servicios esenciales de grupos en situación de vulnerabilidad quienes, irónicamente, sufrieron la peor parte.

Esos impactos —predecibles— parecen no haberse considerado ni en la creación, ni en el desarrollo de la política, ni a lo largo de los seis meses que duró sin cambios pese a los reclamos de colectivos que se manifestaron en su contra. Panamá debe asegurar la igualdad en el desarrollo de las políticas públicas y adelantarse a los posibles impactos negativos que estas puedan tener para evitar profundizar las desigualdades dentro de la sociedad.

Foto de Bernal Saborio G. (berkuspic) en Foter.com


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Petro y Castillo: anomalías andinas

Durante la primera década de este siglo, en América del Sur dos países se mantuvieron al margen de las transformaciones progresistas que se acompañaron del ciclo expansivo de la economía, el auge de las commodities, la confluencia de varios liderazgos regionales de izquierda y la emergencia de un regionalismo posliberal que se beneficiaba de la ausencia de agenda específica de parte de los Estados Unidos.

Esos dos países eran Colombia y Perú. Dos países con importantes similitudes en las últimas décadas. Así, tras el fin de la Guerra Fría mantuvieron sus conflictos armados vigentes toda vez que experimentaron algunas de las políticas de aperturismo y liberalización más radicales del continente. Igualmente, experimentaron un marcado centralismo que por décadas condujo a que las elites económicas y políticas de las grandes urbes vivieran de espaldas a las necesidades estructurales e institucionales de buena parte de población.

Asimismo, —Perú una década antes que Colombia— experimentaron importantes procesos de debilitamiento de sus principales actores violentos, en buena parte, gracias a las políticas de seguridad de liderazgos autoritarios que desdibujaron el sentido de la democracia y del estado de derecho.

En Perú, Alberto Fujimori, con un ADN completamente dictatorial, terminó con el endeble asentamiento democrático del país a través de una década ominosa de gobierno. En Colombia, Álvaro Uribe se erigió como valedor de la Política de Seguridad Democrática, sobre la cual reposa una alianza execrable con el paramilitarismo, al menos hasta 2005, y la responsabilidad de más de 6.000 inocentes que fueron asesinados por agentes del Estado, a la vez que “vendidos” a la opinión pública como narco-guerrilleros “justamente dados de baja”.

De otra parte, ambos son de los países más desiguales y con mayor inelasticidad vertical de renta de toda la región, acompañados de una dimensión social del Estado tan precaria y mercantilizada, como corrompida y ineficiente. Empero, a pesar de todo, se mantenían como sistemas marcadamente conservadores, patrimonializados por unas elites que han tendido a considerar que lo público no es más que un jugoso pastel al servicio de su interés privado, contribuyendo a cercenar nulas posibilidades para el progresismo.

Producto de una manipulación mediática de asociar la violencia armada al conflicto social y, por ende, a la izquierda, durante mucho tiempo ha resultado habitual encontrar un profundo estigma sobre cualquier atisbo de protesta social. En Perú es lo que se conoce vulgarmente como “terruco”. En Colombia, lo mismo es denominado “mamerto”.

En todo caso, dadas estas circunstancias, sorprende que, a la espera de la segunda vuelta presidencial en Perú, el candidato con mayor porcentaje de estimación de voto en este momento sea José Pedro Castillo. Algo similar sucede en la vecina Colombia, en donde el candidato con mayor popularidad con vistas a las elecciones del próximo año es el líder de la izquierda, Gustavo Petro.

Es cierto que uno y otro, en realidad, representan dos izquierdas muy diferentes (prefiero claramente la colombiana), con anclajes sociales, culturales y territoriales poco comparables. Sin embargo, ambos fenómenos sí que beben de una historia reciente muy similar, la cual se ha ido modulando en los últimos años. A tal efecto, no conviene olvidar que antes de la pandemia, en ambos países, y también en otros, como en Ecuador o en Chile, el año 2019 cerraba marcado por las protestas callejeras y la insatisfacción ciudadana.

Además, la pandemia ha revelado agendas sociales precarias, insuficientes y que acumulan décadas de centralismo y privatización. En un ciclo más largo, la izquierda ha ido zafándose, en el caso de Colombia más que en Perú, del pesado lastre del sinónimo de la violencia, y ello ha liberado nuevos espacios político-ideológicos. Es decir, la agenda electoral no gravita ni en torno a los grandes centros decisorios del país ni respecto a la necesidad exclusiva de Estados fuertes en materia de seguridad.

De esta manera, la descentralización territorial, la autonomía regional, la salud, el empleo o la educación retoman un espacio nuclear que favorece disputas sobre el eje izquierda/derecha sobre unos términos poco comparables al pasado reciente de ambos países.

Sea como fuere, es posible que en ninguno de los dos casos llegue la izquierda a gobernar. Está por ver en Perú cómo el fujimorismo conseguirá impulsar una mayor movilización electoral y qué papel jugará Lima al respecto, cuyo candidato, Hernando de Soto, fue ampliamente superado por Fujimori y Castillo. De otra parte, el apoyo electoral respecto del proyecto “Colombia Humana” resulta tan cautivo con el rechazo que genera Gustavo Petro en buena parte del imaginario colombiano, de manera que habrá que ver cómo se posicionan los espacios más centristas, como la Alianza Verde, a la derecha del otrora alcalde de Bogotá.

En conclusión, estos acontecimientos bien justifican que desde la Ciencia Política se busquen nuevos análisis que indaguen en esos factores más inmediatos y en aquellas variables de más largo plazo mencionadas en estas líneas. Hasta ahora, habían servido para explicar parcialmente por qué ambos países habían tenido ausentes figuras progresistas durante las últimas décadas. En la actualidad, renovados planteamientos deberán arrojar luz sobre una situación socio-política y territorial inmersa en un proceso de cambio.


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Foto: jimmy_jazz_ataca on Foter.com

La democracia ha muerto en El Salvador

Editorial de Revista Factum, El Salvador

En sus primeras horas como nueva Asamblea Legislativa, 64 empleados de Nayib Bukele votaron como primer encargo la abolición del sistema de contrapesos del estado de derecho. La destitución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no solo constituye un autogolpe de Estado contra el Órgano Judicial sino que consolida la vocación dictatorial de Bukele para gobernar con poder absoluto y sin ninguna entidad que lo controle; la destitución del fiscal general de la República traza la hoja de ruta para la persecución política en el país.

La Sala de lo Constitucional es el máximo tribunal de justicia del país, encargado de interpretar la Constitución salvadoreña y de frenar, cuando así ocurre –algo que se ha agudizado y se ha vuelto una costumbre desde junio de 2019–, abusos de poder y violaciones a los derechos que establece la carta magna. No es casual, pues, que la primera encomienda de la nueva Asamblea fuera despejar la pista para las arbitrariedades de Casa Presidencial.  

El fiscal general de la República, según la moribunda Constitución salvadoreña, es el encargado de la persecución penal. En el nuevo régimen instalado, con funcionarios que ejercerán como títeres, el papel del nuevo fiscal será aún más determinante para el establishment que la nueva Sala de lo Constitucional, la nueva Corte de Cuentas o la nueva Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Si el mutis en la Corte Suprema servirá como pasapapeles de las aberraciones jurídicas, las capturas y los procesos penales que dicte el fiscal de Bukele serán el garrote que buscará garantizar la obediencia. Ver, oír y callar.

No es, por desgracia, una sorpresa. El 9 de febrero de 2020 fue una declaración de intenciones. En aquella oscasión, acompañado de militares y policías autómatas, Bukele se tomó la Asamblea Legislativa porque quería el poder absoluto. El 1 de mayo de 2021 marca el inicio de la consolidación de aquella estrategia, que solo ha sido posible por décadas de corrupción, toneladas de ignorancia, millones en propaganda, la venia de muchos acaudalados y los silencios cobardes de algunas representaciones diplomáticas –como la del embajador Johnson o del todavía embajador de la Unión Europea– o la tibieza, cobardía y tardanza en rechazar lo ocurrido de parte de la OEA de Luis Almagro. A la Corte Suprema y la Fiscalía seguirán la Corte de Cuentas, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH) y cualquier institución, por pequeña que sea, que signifique un valladar a la sed de poder.

El golpe a la institucionalidad del país no pasó inadvertido en actores internacionales que son claves y que toman decisiones que inciden de forma directa en la vida de la población salvadoreña. La subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU, el secretario de Estado de la administración Biden, congresistas y senadores, han expresado abiertamente su rechazo a lo ocurrido. Con guiño a China, la administración de Bukele se muestra envalentonada en una puja desequilibrada y que podría tener graves repercusiones para El Salvador, principalmente en temas migratorios.

El 1 de mayo será recordado como el día en que 64 marionetas, en representación de miles de personas, le entregaron el poder total a una persona. A una persona. Más que refundar la república –como repitieron, siguiendo el libreto–, la fundieron. Tres poderes pasarán a ser uno solo. Ningún país donde el poder se ha concentrado en una sola persona ha terminado bien. Ninguno. La inexperiencia, la juventud, la ignorancia y el fanatismo de la nueva Asamblea no deberían ser excusas para una concesión disparatada.

Las resoluciones que destituyeron a los funcionarios carecen de legalidad, pero eso quedará en anécdota. Al gobierno, que ha entendido que mentir y robar no acarrea consecuencias, no le importará la resolución de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional la destitución de sus magistrados. Mucho tiene que ver, además, que el ejercicio del poder sea entendido por el clan Bukele como una combinación de propaganda y fuerza bruta. Es lo que queda cuando falta la razón. Lo vimos el 9F con columnas de soldados empuñando fusiles; lo vimos la noche del 1M cuando la policía se tomó la Corte Suprema para que luego, una vez consumada la votación, el secretario jurídico de la presidencia acompañara de la mano a los magistrados espurios; y también lo vimos cuando el director de la Policía, después de ordenar que sus subalternos entraran a la Fiscalía, acompañó al nuevo fiscal general al que será su trabajo.

Bukele, al que ya no se le puede llamar presidente, ha enfatizado su verdadero rostro, uno que difícilmente podrán maquillar las niñerías en Twitter o los millones pagados en lobistas en Washington. Aunque parezca oscura, la noche del 1 de mayo deberá ser motivación suficiente para que la sociedad salga de su comodidad. No será sencillo porque este gobierno se ha encargado de implantar el miedo al disenso: los linchamientos digitales al opinar, la maquinaria de la desinformación diaria o la Policía y Fuerza Armada partidarias lo harán más complicado pero nunca imposible. Lo que está en juego, aquello que empaquetamos bajo el nombre de democracia, debería ser suficiente para dejar que la indignación salga de las redes sociales y llegue a las calles.

No hay que esperar la bota en el cuello o la indiferencia ante una grave violación a los derechos para reaccionar. Incluso los que aplauden sin pensar, más pronto que tarde, se darán cuenta de la estafa.

El periodismo no se salvará de estos ataques; es más, estos se agudizarán. Desde el oficialismo la intención será aplacar cualquier voz crítica. La respuesta debe ser más investigaciones a profundidad, exigir -no pedir- respuestas sobre el uso de los fondos públicos, revelar lo que pretenden mantener oculto. El periodismo no puede ser servil a una dictadura; debe ser irreverente, una característica que comparte, para el caso, con la sociedad civil.  Por ello, y ante la falta de instituciones que ejerzan el control político, le corresponde a la ciudadanía no quedarse callada. El miedo no puede ni debe ser excusa para reinvidicar el derecho a decir no. El silencio es una complicidad indigna.

Foto de Presidencia El Salvador


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Bolsonaro, Bukele y Fujimori: la posta trumpista

Al convertirse en el líder del país más poderoso del mundo, Donald Trump habilitó y dio legitimidad a los autoritarios de todo el mundo. Lo hizo a través de un uso mediático de la mentira y la práctica autocrática cuyo pasado es claramente otro, el de las democracias en crisis de los años de entreguerras del siglo pasado. 

Pero ahora que Trump se ha ido, ¿Que pasará con aquellos que siguieron sus recetas de violencia, mentiras absolutas y a granel, racismo, autoritarismo y militarización de la política al pie de la letra y se legitiman a través de ella?

En América Latina los seguidores de una política llanamente trumpista no piensan cambiar de rumbo. Y son aún mas explícitos en su defensa de modelos autocráticos a través de la gran mentira de que son democráticos.

El caso mas reciente de es Keiko Fujimori en Perú, quien en clave bolsonarista y trumpista combina su idea de establecer una “democradura” en su país con la predica contra un enemigo inexistente: “la ideología de genero”.  Al igual que Trump y Bolsonaro, Fujimori se presenta como la candidata de la mano dura y el combate a la corrupción a pesar de estar procesada por corrupción y una clara tendencia al nepotismo.  

Al igual que Fujimori, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele comparte una impaciencia autocrática con el funcionamiento de la democracia, pero también la disfraza con ropajes democráticos. Es más, Bukele precedió a Trump en un intento de ocupar el Congreso. En febrero de 2020, el caudillo salvadoreño ordenó a tropas de militares y policías que ocuparan el edificio y cuando entró en él, como más tarde harían los seguidores de Trump, oró sentado en la silla que normalmente ocupa el presidente del parlamento.

Antes de salir del edificio, Bukele dio a los legisladores una semana para aprobar sus propuestas. Está claro que el presidente de El Salvador ha seguido, y con frecuencia, anticipado la receta de Trump. Y al igual que él, usó y abusó de las redes sociales para anunciar decisiones gubernamentales desde Twitter e incluso comunicarse con miembros de su gabinete.

También declaró en twitter: «soy oficialmente el presidente más genial del mundo». Y en otra ocasión, en un tweet publicado a las 2.46 am «ordenó» a los ciudadanos que se fueran a dormir. En lugar de ser idiosincrásico, este uso novedoso del panorama mediático siguió el patrón trumpista y presentó al país realidades alternativas que se combinaron con ataques planificados a la legitimidad de la prensa libre.

De manera similar, Bolsonaro en Brasil tosió cerca de periodistas cuando era positivo de Covid-19, y también usó, y continúa usando insultos violentos, homofóbicos y misóginos cuando se dirige a periodistas o se refiere a medios independientes. Dos informes de organizaciones de libertad de prensa concluyeron que 2020 fue el año más peligroso para el periodismo profesional en la historia reciente de Brasil y que el gobierno de Bolsonaro fue la principal fuente de los ataques.

El uso de la violencia contra los disidentes se presenta en el contexto de los llamados reaccionarios de Bolsonaro para intentar moldear al pueblo brasileño de acuerdo a ciertos preceptos religiosos tradicionales, así como armar a la población para evitar el peligro de fantasía de una dictadura de izquierda. Mientras que es el propio Bolsonaro quien está llevando a Brasil a un camino dictatorial. 

Después de asaltar el Congreso, Bukele justificó sus acciones afirmando que no era un dictador. Como Trump, Bukele equiparó la libertad y lo sagrado con su capacidad para asaltar instituciones a pedido del pueblo. Incluso identificó sus ataques a la democracia y la prensa independiente con su defensa de la «libertad de expresión» y la democracia.

En Perú, Keiko Fujimori explicó que “mano dura significa restablecer el principio de autoridad para poner orden. Significa que las cosas se hagan. De ninguna manera autoritarismo”. Sin embargo, su historia personal y familiar, demuestran que es difícil encuadrar sus ideas de democraduras y represiones con la tradición democrática. 

Este tipo de distorsión del autoritarismo, que se presenta asimismo como un defensor de la democracia, tiene una triste y vieja historia que va desde Hitler, Franco y Pinochet a Bolsonaro y Trump. En 2019, Bolsonaro celebró el golpe de 1964 que condujo a la dictadura militar más asesina en la historia de Brasil.

Afirmó, de forma falsa, que esta dictadura había establecido la democracia en Brasil, incluso argumentando que en realidad no había sido una dictadura. Este intento no fue diferente de la clásica mentira fascista de que las dictaduras fascistas eran verdaderas formas de democracia.

El plan dictatorial de Trump para revertir los resultados de las elecciones presidenciales a través de la violencia de ciudadanos armados también se presentó como una defensa de la democracia.

En el marco del descalabro de las elites latinoamericanas tradicionales, estos nuevos liderazgos convierten a las elecciones en plebiscitos basados en mentiras sobre el funcionamiento de la democracia. Como argumentó la filósofa Hannah Arendt, la política y las mentiras siempre van juntas, pero en el fascismo las mentiras aumentan tanto cuantitativamente (los fascistas mienten descaradamente) como cualitativamente (los fascistas creen sus mentiras e intentan transformar la realidad para que se parezca a sus mentiras).

En este sentido, líderes como Bolsonaro, Bukele y Fujimori retoman la posta trumpista y convierten sus mentiras en un grave peligro para la democracia.


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Foto de Carlos Moronta/Presidencia República Dominicana

El desafío peruano: presidentes vs parlamentarios

Congreso Peruano

En pocos países de la región el esquema de gobernabilidad depende tanto de la actividad parlamentaria como en el Perú. Tanto por su diseño constitucional, como por la acentuada fragmentación política que vive el país, el Congreso de la República ha sido epicentro de las diferentes crisis políticas que ha vivido la nación en su historia reciente: presidentes vs parlamentarios.

En una región con sistemas de gobierno marcadamente presidencialistas, resulta destacable el fuerte protagonismo que ha desarrollado el parlamento en el Perú. Sus facultades parlamentarias, además de controlar la gestión del Poder Ejecutivo, en la práctica han seguido un abierto patrón de obstaculización, especialmente antes y después de la renuncia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski en marzo del 2018.

Desde entonces, el parlamento —unicameral— ha sido el principal escollo a la gestión presidencial de los últimos tres mandatarios interinos. En septiembre del 2019, el primero de ellos, Martín Vizcarra, anunció la disolución del parlamento por decreto presidencial en virtud de las restricciones para conformar el gabinete ministerial. De esta manera, convocó a una elección legislativa extraordinaria para conformar una representación parlamentaria también interina hasta julio de 2021, fecha en la que debe comenzar la legislatura electa recientemente.

Desde entonces, la desconfianza mutua y sistémica entre el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial es la principal característica del sistema político peruano.

La minoría parlamentaria permanente

La reciente elección redujo a las dos mayores bancadas de oposición —Fuerza Popular y Nuevo Perú— y fragmentó aún más la distribución de los curules en comparación a la legislatura anterior, cuando se vivió la mayor confrontación institucional de los últimos lustros. Dos destituciones, tres presidentes interinos, varios ciclos de protestas y hasta episodio de represión policial en las calles. Estos últimos sucesos se desarrollaron durante la pandemia con el agravante de una deficiente gestión sanitaria que ha colocado al Perú como la nación con mayor cantidad de víctimas mortales por COVID-19 por cada 100.000 habitantes de América Latina.

Ante esta delicada situación, las elecciones generales de 2021 plantean una dificultad añadida. Independientemente quien resulte electo(a), el nuevo mandatario tendrá que desenvolverse en un esquema de ingobernabilidad parlamentaria similar al de los últimos años. De acuerdo a los resultados, Perú Libre, partido que respalda la candidatura de Pedro Castillo, obtuvo 37 escaños. Mientras que el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori obtuvo 24. Entre ambos no llegan a la mitad de los 130 curules, quedando el resto distribuidas entre ocho partidos minoritarios.

Este nuevo contexto hace prever una continuidad de la fragmentación entre las bancadas y una gestión presidencial con poco respaldo del Poder Legislativo. A esto se suma la fragmentación también del electorado, el desplome acentuado de los índices económicos y la inocultable desafección ciudadana con la clase política en su conjunto.

Según el politólogo Martín Tanaka, “en los últimos años nos hemos acostumbrado a ver esta política maximalista, manejada con mucha irresponsabilidad que ha creado este enfrentamiento permanente entre el parlamento y el ejecutivo”. Para el profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, “ese enfrentamiento fue el que llevó a la renuncia de Kuczynski, al cierre del Congreso, a la vacancia de Vizcarra, y que se ha traducido en conflictos permanentes”. Esto incluye los breves e inestables gobiernos interinos de Manuel Merino —apenas cinco días en el cargo— y el actual presidente Francisco Sagasti.

Los cambios en la legislación electoral

Los cambios recientes en las reglas electorales han generado que todos los partidos se vean obligados a participar de las elecciones para no correr el riesgo de desaparecer. Según esta regla, la inscripción de aquellos partidos que no participen consecutivamente en dos elecciones generales a partir del 2016 se cancelaría. El resultado ha quedado plasmado en la fragmentación del arco parlamentario resultante de las recientes elecciones.

La mayoría de las agrupaciones parlamentaria cuentan hoy con pocas posibilidades de legislar y con una notoria indisciplina partidaria. Esto, dificulta la generación de consensos y crea mayorías frágiles en el pleno, lo cual termina comprometiendo la propia gobernabilidad del sistema político.

En un esquema democrático, la autonomía parlamentaria es siempre necesaria ya que es el principal mecanismo de equilibrio de la gestión gubernamental. De hecho, todo sistema político debería preservar su gobernabilidad, aún cuando el parlamento tenga una mayoría adversa al presidente. Sin embargo, la incorporación de medidas electorales que incrementen la fragmentación de la representación parlamentaria puede llevar, en la práctica, a disolver el sentido político de esta importante contención democrática.

Esta debilidad parlamentaria puede terminar convirtiendo las facultades constitucionales de control democrático que tiene el Congreso en instrumento de revancha e inestabilidad política. Y de esta manera se termina erosionando la capacidad de respuesta gubernamental y se alienta el descontento social, algo sumamente peligroso en un contexto de pandemia como el que padece la región. Esta es, lamentablemente, la situación actual en el Perú, independientemente de que en la segunda vuelta gane Castillo o Fujimori.


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El túnel de Castel y América Latina

Vivía en un estado permanente de angustia, depresión e inseguridad. Era impaciente e impulsivo; metódico y desconfiado. Tenía dificultades para comunicarse con la gente. A menudo se vuelve violento y agresivo. Tenía muchos miedos y traumas. Sus pensamientos eran confusos y estaban inundados de construcciones imaginarias, la mayoría de ellas sin lógica ni fundamento razonable. Tenía preguntas complejas sobre su propia vida, casi siempre sin respuestas.

Buscó explicaciones para todo, sin éxito. Era incapaz de entenderse a sí mismo o de buscar soluciones a sus dilemas. Era irracional, lo que le llevó a repetir conclusiones precipitadas. Sufría de nihilismo existencial -no atribuía sentido a la existencia- y no podía liberarse de la condición de locura. En síntesis, estaba desesperado. La palabra «sin sentido» es la que mejor resume su estado psicológico. Con la vida desprovista de sentido, se encerró en un túnel sin salida aparente.

El personaje que reúne los elementos anteriores es Juan Pablo Castel, artista y protagonista de «El túnel», escrito por Ernesto Sabato (1911-2011). La metáfora del túnel equivale a la soledad, el aislamiento y la incapacidad de interpretar racionalmente los hechos. En la novela de Ernesto Sabato, Juan Pablo Castel estaría desencantado con la vida, que, en algunos casos, puede ser incluso peor que la muerte. Como señaló Luiz Antônio Simas, en otro contexto, «lo contrario de la vida no es la muerte, es el desencanto». En el contexto actual de pandemias y otros males que asolan a la humanidad, esta frase no puede ser más actual.

Psicología política de América Latina

En la psicología política de las relaciones internacionales, es habitual atribuir características o trastornos psicológicos de una persona a un país o una región. Es trivial referirse a un país como pacífico o agresivo; a una economía nacional en estado de recursos o deprimida. Algunos países son dignos de confianza, mientras que otros despiertan desconfianza. Los países o regiones sufren estrés postraumático tras las guerras y los conflictos. Los países pueden aislarse o negarse obstinadamente a adherirse al consenso. Los ejemplos son interminables.

En la actual coyuntura latinoamericana de pandemia, recesión económica, aumento del desempleo y la desigualdad, disminución de los ingresos, retroceso en la lucha contra la pobreza, insuficiencia en la prestación de bienes y servicios públicos por parte de los gobiernos, déficit democrático, insatisfacción popular, aumento de la intolerancia, retraso tecnológico, etc. – esta lista es ejemplar- es posible afirmar que América Latina se encuentra desencantada y encerrada en un túnel.

Hay excepciones limitadas a unos pocos países latinoamericanos que no se amargan por esta condición. Al igual que Juan Pablo Castel, América Latina atraviesa un período de angustia, inseguridad, cuestionamiento, confusión mental, falta de claridad, aislamiento, violencia, pesimismo, etc. La lista es extensa. Un sinfín de cuestiones que se pueden resumir con la palabra «desencanto», en el sentido atribuido por Luiz Antonio Simas. Desgraciadamente, nada hace pensar en una inversión de esta nebulosa espiral a corto plazo.

Es habitual decir que una característica de las obras clásicas -como «El Túnel» de Ernesto Sabato- es su posibilidad de variadas lecturas e interpretaciones según el lector, el lugar y el momento en que se lea el texto. En efecto, la trayectoria de Juan Pablo Castel está abierta a un universo de significados y resignificaciones distintas, captadas según la sensibilidad y el pensamiento de quienes la leen e interpretan. Interpretar los textos no es darles un único significado, sino permitir posibilidades semánticas. De ahí el intento de establecer una relación mínimamente lógica entre el encarcelamiento psicológico de Juan Pablo Castel y la actual coyuntura latinoamericana visiblemente encarcelada.

Ernesto Sabato (1911-2011)

La situación actual es de luto y desencanto, pronto llegaremos a la marca del millón de latinoamericanos muertos directa o indirectamente por el COVID-19. Sin embargo, parece oportuno rendir homenaje a un escritor latinoamericano que disfrutó de momentos de encanto en la vida, aunque también se desengañó de los males del mundo. Hace exactamente diez años, el 30 de abril de 2011, murió Ernesto Sabato, uno de los más grandes escritores argentinos. Murió a los 99 años, justo antes de su centenario.

Ernesto Sabato era famoso por sus textos bien escritos y cargados de preguntas existencialistas, así como por sus opiniones pesimistas sobre el futuro de la humanidad. Se le puede considerar un activista y reformista, aunque desilusionado. Llegó a afirmar que su sentido del humor era un medio necesario para afrontar la triste realidad a la que se enfrentaban sus contemporáneos y la probable dura realidad a la que se enfrentarán las generaciones futuras. Antes de ser escritor, Ernesto Sabato fue físico nuclear, carrera que abandonó pronto. También se aventuró a pintar. Dejó un legado artístico reconocido y valorado.

En el ámbito político, Ernesto presidió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en Argentina, que reunió pruebas sobre las desapariciones y los centros de tortura bajo el gobierno militar argentino. El trabajo se recogió en el informe Nunca Más, conocido como «informe Sabato». En una entrevista, afirmó que el mundo se había vuelto desalmado, algo cercano al estado de desencanto al que nos referimos anteriormente.

En 1984, recibió el Premio Cervantes de Literatura, el más relevante de la literatura en español. El premio lo elevó al panteón de la literatura latinoamericana junto a escritores de renombre como Jorge Luis Borges (1899-1986), Juan Carlos Onetti (1909-1994), Octavio Paz (1914-1998) y Mario Vargas Llosa (1936-). Aunque fue nominado varias veces, no recibió el Premio Nobel de Literatura.

Aunque estaba desilusionado con el mundo, dejó un legado de literatura y reflexiones para los lectores interesados. De manera curiosa, «El Túnel» puede servir para entender la vida de Juan Pablo Castel y quizás, el pensamiento de Ernesto Sabato. Por último, también puede servir como una valiosa fuente de autoanálisis para América Latina.


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Foto por Presidencia Perú em Foter.com