Una región, todas las voces

Los actores globales y el (re)descubrimiento de América Latina

América Latina atraviesa una etapa particularmente compleja. El impulso integracionista de principios del milenio ha perdido ímpetu y la región vive una profunda fragmentación en una coyuntura en que el orden mundial se encuentra en transición y en el que el impacto de los efectos – sanitarios, económicos, sociales y políticos – de la pandemia global se sigue desarrollando a un ritmo acelerado.

En este contexto, al desafío de lidiar con la pandemia en un entorno internacional incierto y cambiante, se suma la combinación de retos internos y externos. Entre ellos, como señalamos con Wolf Grabendorff al coeditar el volumen colectivo “Los actores globales y el (re) descubrimiento de América Latina”:

     “…enfrentar la recesión y la crisis económica que afectan no sólo a los sectores más vulnerables sino también al conjunto de la sociedad; reforzar la resiliencia de la democracia y de sus debilitadas instituciones a través de la implementación de estrategias y políticas públicas que demanda la ciudadanía y  desarrollar una coordinación regional sin sesgos ideológicos para enfrentar los cambios globales y promover una inserción internacional con mayores grados de autonomía y de diversificación”.

La pandemia ha tendido a acentuar estos procesos que, sin embargo, cuentan con limitados análisis e interpretaciones desde la región, en tanto prevalecen los estudios y publicaciones en inglés generados predominantemente en los centros de pensamiento de los países occidentales. La abundante gama de publicaciones sobre las transformaciones de la economía mundial y de la política internacional en ese ámbito tiende a desplazar a un segundo plano o a ignorar a la región latinoamericana y sus relaciones con el sistema internacional. En especial, en función del impacto de la crisis de la integración regional y del multilateralismo, las dificultades y limitaciones que se despliegan en torno a la gobernanza global y regional, y los diferentes escenarios que pueda asumir en el futuro la globalización, con distintos énfasis y características, y bajo el asedio de fuerzas ultranacionalistas y anti-globalistas.

En este marco, sin embargo, asistimos a un renovado interés en América Latina de los actores más relevantes del sistema internacional. Este interés tiene facetas multidimensionales. Desde las prioridades económicas a las diplomáticas y geoestratégicas– eventualmente combinadas– que diluyen la tradicional influencia estadounidense o europea en un espacio que Alain Rouquié, quien prologa este volumen, denomina el “extremo Occidente”. Se incorporan además, de una manera crecientemente asertiva, la presencia y el involucramiento de otros actores.

De hecho, en años recientes la región ha desarrollado un amplio espectro de relaciones con los diversos actores extrarregionales que configura un crecientemente denso y, por momentos, tenso entramado en un entorno de incertidumbre y de transición del sistema internacional.

El proceso de reordenamiento del sistema internacional ha puesto en un primer plano la relevancia y las pugnas entre las grandes potencias establecidas en Occidente y un nuevo conjunto de actores emergentes. Esta transición genera nuevas incertidumbres y, a la vez, profundiza tendencias preexistentes.

Asia –encabezada por China– pasa a ocupar un papel preponderante en la economía y en las relaciones y equilibrios de poder a nivel mundial. Y Eurasia y el Indo-Pacífico, particularmente en el marco de la disputa estratégica entre los Estados Unidos y China, devienen en ámbitos de tensión y de conflicto con reverberaciones en otras regiones del planeta, incluyendo América Latina.

Comprender la crisis regional y el papel de los actores globales a través de una interlocución colectiva entre analistas y especialistas de diferentes latitudes desde miradas no siempre coincidentes es, consecuentemente, el principal propósito del volumen que hemos coeditado con Grabendorff.

“Las articulaciones con otros socios extrarregionales vienen dándose de forma selectiva, marcadas por la competencia entre los Estados Unidos y China”, destaca Mirian Gomes Saraiva de Brasil, en uno de los capítulos del volumen.

Mientras que China se convierte en un socio económico crucial para algunos países de América Latina y el Caribe, superando en algunos casos a los Estados Unidos -que en los últimos años se han ido desentendiendo del ámbito latinoamericano-, la competencia estratégica a nivel global entre Washington y Beijing en el plano diplomático, económico y tecnológico, comienza a reflejarse crecientemente en la región.

“Lo que queda de interés estadounidense por la región en la administración Trump es fuente de conflicto (migración, narcotráfico) más que de cooperación”, apunta Jorge Domínguez (Estados Unidos) sobre las relaciones con los Estados Unidos en su capítulo en el volumen

Bajo la presidencia de Biden, esta competencia global se mantendrá –y probablemente se acentúe – y, sin duda, impactará, con variadas repercusiones, a los diferentes países y subregiones. Las recientes tensiones entre las dos potencias en el Mar Meridional de la China parecen indicar que la disputa tenderá a profundizarse, forzando alianzas y alineaciones por parte de otros países, presión de la cual no estarán exentos los países latinoamericanos y caribeños.

La creciente presencia económica de China como socio comercial e inversor en la región se articula con una activa “diplomacia sanitaria” a raíz de la pandemia que contribuye a profundizar y acelerar las asociaciones estratégicas con países del Cono Sur y del Caribe.

“Es necesario que cada país de América Latina y la región en su conjunto generen y refuercen las instituciones públicas, privadas y académicas vinculadas con China para generar agendas a corto, mediano y largo plazo en los múltiples ámbitos de la relación bilateral”, señala Enrique Dussel (México) sobre las relaciones con China en este volumen colectivo.

Rusia, despojada del legado de la impronta ideológica de la URSS combina el pragmatismo con su interés de mantener su status de potencia y reactiva su presencia y amplía sus vínculos no sólo con Cuba y con Venezuela, sino también con otros países latinoamericanos. Pese a que no hay indicios de una coordinación de esfuerzos en el ámbito latinoamericano, la convergencia estratégica de Moscú y Beijing en Eurasia no sólo se refleja en los ámbitos multilaterales y comienza a insinuarse en América Latina.

Sin embargo, “…la política rusa en gran medida es coyuntural. No ofrece proyectos o iniciativas globales al mundo, como lo hacen Estados Unidos o China. Por ende, no tiene un mensaje claro y definido para América Latina”, comenta en el volumen Dmitry Razumovskiy del Instituto de América Latina en Moscú.

La Unión Europea mantiene una vinculación crucial con la región, no sólo como inversor y socio comercial, sino también como referente cultural y de ideas y valores políticos. Entran asimismo en escena Irán, Turquía y la India, con intereses diversos, mientras que los lazos económicos y las convergencias diplomáticas, económicas y políticas con actores tradicionales como la misma Unión Europea, Canadá y Japón persisten, a la par de que se forjan nuevos vínculos interregionales con Eurasia y el Asia-Pacífico.

En este marco, el volumen colectivo que hemos compilado con Wolf Grabendorff, publicado por CRIES, constituye un aporte colectivo y multifacético desde una mirada policéntrica que combina los análisis de expertos latinoamericanos y de los países involucrados en el (re) descubrimiento de América Latina por parte de nuevos y tradicionales actores globales en un cambiante entorno internacional. Como señala un latinoamericanista de larga y reconocida trayectoria este libro colectivo constituye, en este sentido, un excelente y actualizado diagnóstico de las relaciones internacionales de América Latina.

El volumen se estructura sobre la base de una introducción a cargo de los compiladores y de un prólogo del destacado experto y diplomático francés Alain Rouquié y de cinco secciones que, a través de diferentes autores, abordan tanto los desafíos y las incertidumbres regionales, como el peso de potencias como los Estados Unidos,  la República Popular China y la Federación Rusa; la presencia de actores tradicionales generalmente desapercibidos como Canadá, y Japón , y de nuevos actores como India, Irán y Turquía. Para cerrar, una sección sobre relaciones interregionales, con dos capítulos sobre las relaciones con la Unión Europea y uno sobre los vínculos emergentes con Eurasia.

Los autores de los 23 capítulos que abordan estos temas en las diferentes secciones incluyen a reconocidos expertos y analistas de América Latina, Estados Unidos, Europa, China, Rusia, Canadá y la India, como lo evidencian algunas de las citas incluidas en esta nota.

Este conjunto de aportes sobre las precepciones y relaciones internacionales de la región configura un volumen de necesaria lectura para los investigadores y especialistas en relaciones internacionales, principalmente por la riqueza del cruce de visiones y miradas y por los enfoques y análisis noveles que proporciona sobre la presencia e influencia de actores globales en la región, ofreciendo un panorama complejo sobre el futuro de las mutaciones que estas relaciones están viviendo bajo la pandemia y sus efectos sobre el futuro de la región.


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Foto de Chairman of the Joint Chiefs of Staff en Foter.com / CC BY

La derecha ecuatoriana y el desafío democrático en las elecciones de 2021

Guillermo Lasso postula a presidente de Ecuador por tercera vez consecutiva. A diferencia de 2013 y 2017, en los comicios de 2021 es el candidato de una derecha unificada en torno a los dos grandes partidos de la tendencia: el Partido Social Cristiano (PSC) de Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil entre 2000 y 2019, y el movimiento político Creando Oportunidades (CREO) del propio Lasso.

Dicha alianza se configuró en medio de la participación de ambas fuerzas en la coalición que ha sostenido al presidente Lenín Moreno desde que este diera las espaldas al voto popular que lo eligió en 2017. La ruptura de Moreno con Rafael Correa y Alianza País (AP) le abrió un nítido apoyo de los grandes grupos económicos, los medios corporativos y el conjunto de fuerzas políticas. Así, también a diferencia de 2013 y 2017 cuando terció como opositor al gobierno de la Revolución Ciudadana (RC) (2007-2017), en las elecciones de febrero 2021, Lasso se inscribe en la línea oficialista y ofrece dar continuidad a las políticas pro-austeridad ancladas al acuerdo que Moreno firmó con el FMI.

Banquero, del Opus Dei, millonario, Guillermo Lasso representa todo aquello que parece facilitar a las izquierdas la construcción de un discurso político en tiempos de campaña. La evocación de esa imagen arquetípica, sin embargo, impide dar cuenta de la evolución de la lucha política y de las transformaciones de la derecha durante el mandato de Moreno (2017-2021). En particular, en el marco de la acumulación de poder conquistado en este cuatrienio, la derecha criolla conoce su momento de mayor radicalidad desde el retorno democrático.

El giro de Moreno vino de la mano de la confluencia entre el discurso anticorrupción en las cimas del poder político-mediático y la activación del aparato judicial sobre Correa y otras figuras de la Revolución Ciudadana. La política anticorrupción procuraba así, al tiempo, destruir el prestigio del expertocrático ciclo correísta y avanzar en el desmonte de AP como la principal fuerza política nacional. Ambas cuestiones sintonizaban con la demanda de las élites de “des-correizar el Estado”.

Semejante operación parecía la condición fundante que aquellas habían puesto a Moreno para respaldarle tras su alejamiento de Correa. La destitución y apresamiento de Jorge Glas -vicepresidente electo y próximo al expresidente- era un invaluable trofeo para la empresa morenista de ganar la confianza de los poderosos. El dominio sobre las instituciones de control y justicia -posible gracias a la Consulta Popular de 2018 que permitió destituir a las autoridades estatales sospechadas de haber sido designadas por influencia de Correa- dio mayor eficacia al empeño de desaparecer al “sucio populismo”.

Los funcionarios cesados fueron reemplazados por insignes rostros del anti-correísmo. En medio de una enorme arbitrariedad, se resolvía así la redistribución de poder entre los nuevos aliados. Al tiempo, Ministerios y altos cargos en el Ejecutivo eran ocupados por delegados empresariales y figuras de la derecha. El nombramiento del presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano como ministro de Economía (mayo 2018) selló el pacto de dominación en torno a Moreno.

Con las instituciones públicas capturadas, la reconducción de la agenda pública se hizo viable. No se trataba ya, apenas, de empujar el entierro del correísmo -las nuevas autoridades electorales bloquearon en diversas ocasiones la inscripción del nuevo instrumento político de la RC- sino de relanzar un conjunto de reformas estructurales largamente pospuestas.

Con respaldo legislativo de las derechas y de buena parte del Pachakutik (brazo electoral del movimiento indígena), el gobierno expidió la Ley de Fomento Productivo (agosto 2018). La normativa es uno de los instrumentos más consistentes y agresivos planteados en el Ecuador a fin de sostener los grandes intereses y reencuadrar una sociedad de mercado: sancionó la austeridad, redujo derechos laborales, facilitó una enorme apropiación de rentas a grupos económicos (perdonó 55% de sus deudas a los 50 mayores deudores tributarios) y, sobre todo, desmontó los instrumentos clave del Estado desarrollista-distributivo.

La firma del acuerdo con el FMI (inicios de 2019) fortaleció el giro ortodoxo. La medida, no obstante, solo fue discutida con el empresariado y no pasó los filtros del debate parlamentario ni tuvo el aval de la Corte Constitucional. El diálogo que Moreno había invocado al inicio de su mandato encontraba sus límites en la implementación del ajuste. Mientras la acumulación empresarial de poder se expandía, las instituciones democráticas quedaban canceladas para las mayorías.

El cierre democrático exacerba las condiciones para la política contenciosa. Así ocurrió en octubre 2019. Moreno decretó el fin del subsidio para los combustibles y desató una automática respuesta popular. Hasta entonces, el ajuste había avanzado con la sola oposición de la RC. En octubre, no obstante, se multiplicaron los frentes de oposición al régimen.

La presencia masiva del movimiento indígena en las calles fue particularmente llamativa. Algunos de sus dirigentes habían colaborado con Moreno. Aún así no hubo una sola señal de diálogo desde el oficialismo. Al contrario, apenas inciada la protesta se declaró un estado de excepción que anticipaba la violencia por venir. La más grande movilización social ecuatoriana del siglo XXI fue repelida con toda la fuerza (11 fallecidos, 1340 heridos, 1192 detenidos -80% de forma ilegal) en nombre del combate al enemigo interno y de un supuesto golpe. El gobierno desconoció así el derecho a la protesta, judicializó a líderes indígenas y apresó a la dirigencia correísta por delitos de sedición nunca probados. La derecha cerró filas con Moreno y exigió todo el rigor para preservar el orden y avanzar en su agenda.

La fase puramente violenta del neoliberalismo apenas arrancaba. La veloz expansión del COVID-19 no alteró las metas de la austeridad. Si Perú destinó 11,1% del PIB para encarar los efectos del virus, en Ecuador dicha cifra no llegó al 1%. La inercia fiscalista profundizó el desastre sanitario: el país registra una de las cifras más elevadas de muertes en exceso a nivel global.

No solo eso. Con una sociedad confinada, la pandemia fue utilizada por las élites para relanzar reformas atascadas en Octubre: se liberalizaron los precios de los combustibles y se aprobó la “Ley Humanitaria” (junio 2020). Ésta redobla el poder de los empleadores y profundiza la precarización laboral a pretexto de “cuidar el empleo” en pandemia.

Prosiguieron además los pagos de deuda externa, recortes presupuestarios, reducción de burocracia (incluso en el sector salud) y disminución salarial. Los escándalos de corrupción (reparto de hospitales por apoyo parlamentario, repartición de vacunas entre familiares de funcionarios, etc.) completaron el cuadro de devastación de los derechos de las mayorías. Nada detuvo a las elites en su procura de hundir el Estado social.

Entre el padecimiento colectivo por la crisis sanitaria y el descalabro económico, el conflicto ha quedado represado a la espera de las urnas. No cuesta pensar que dicho sufrimiento social se traduzca en un robusto voto-sanción al candidato de la continuidad. Tampoco es difícil imaginar que, en medio de su radicalización, la derecha -como en el Capitolio o en los últimos comicios bolivianos- desconozca la voluntad de las urnas. Después de todo, ya en 2017, Lasso movilizó a sus huestes por un supuesto fraude que no probó. El banquero nunca reconoció el triunfo de quien ha sido su gran aliado en este cuatrienio.

Foto de Agencia de Noticias ANDES

La “Spanish Flu”: misterios y consecuencias

Tras una referencia a la llamada “Spanish Flu” en un acto académico del Centro para las Humanidades de mi propia universidad (Universidad de Miami), no resistí la tentación y cuestioné la tenaz identificación de la peor epidemia de la historia moderna con el territorio de España. Sugerí que esas referencias debieran ser acompañadas, en informaciones por escrito, con una nota al pie, o con una verbal aclaración verbal que precisara la errónea “autoría” nacional.

Mi osadía me fue “recompensada” por Hugh Thomas (la coincidencia del nombre es casualmente irónica), director del Centro con la misión de hallar un experto español que ayudara a dilucidar la perjudicial identificación. También convenía apuntar las causas de la pandemia “Spanish flu” y sus consecuencias. Como misión adicional, se recomendaba apuntar su paralelismo con la actual tragedia.

Confieso satisfactoriamente que aprendí mucho de la experiencia, más allá de haber tenido el honor de contribuir a la mejor inserción en la comunidad académica de mi institución del Decano de la Facultad Medicina de la Universidad de Barcelona, Antoni Trilla. Aunque en el curso del programa no se revelaron especulares novedades, sí nos ayudó a asimilar aspectos fundamentales que no conviene olvidar.

La identificación de la pandemia con España

En primer lugar, para los que todavía podían ser confundidos por la identificación nacional de la pandemia con España, el misterioso origen “español” se debe curiosamente a una clásica peculiaridad político-histórica del país. La pandemia de hace más de un siglo se produjo en plena dramática clausura de la Primera Guerra Mundial. Los países combatientes, prácticamente todo el planeta, escondieron la explosión del virus que llegó a afectar a media humanidad y a causar más víctimas que la propia guerra, porque la publicidad reduciría el necesario reclutamiento de carne de cañón. De ahí que se ejerciera una fuerte censura de prensa. España, neutral en la guerra, no aplicó esta medida y la noticia se ventiló libremente.

De ahí que el mal se identificó como de origen hispano, mientras que las más serias investigaciones lo han rastreado a un regimiento del ejército norteamericano en Kansas. De ahí se esparciría por todo el territorio de Estados Unidos y luego fue embarcado por las tropas estadounidenses hacia los frentes de batalla en Europa. Al parecer, el tráfico de trabajadores españoles y portugueses hacia Francia, donde llenaban el vacío en la agricultura dejado por los soldados franceses, contribuyó a la más completa leyenda del origen español del virus.

Una peculiaridad española

Este episodio confirma una vez más una mal merecida peculiaridad española. Los gobiernos españoles, frecuentemente señalados con razón como dictatoriales, en esa ocasión alardeaba de libertad de prensa. Al habérsele endosado el erróneo adjetivo no supo, como ha sido frecuente en la historia, despojarse de injustos calificativos. La “etiqueta” de la “Spanish Flu” es un ejemplo más del fracaso de los mecanismos oficiales de relaciones públicas. Esta identificación encaja con el exclusivo endoso español de la Inquisición, la exclusiva del tráfico esclavista en las Américas, y el aniquilamiento de los pueblos indígenas.

La presentación de Trilla contribuyó al entendimiento de la enormidad de la pandemia y a la advertencia de que tales fenómenos son prácticamente imposibles de eliminar totalmente. Sus consecuencias sobreviven a su aparente agotamiento. Este innato detalle nos debería llevar a la meditación acerca de dos casos concretos de contaminación del “Spanish Flu” sufridos por líderes del momento. Uno fue el presidente norteamericano Woodrow Wilson, y otro el propio rey “Spanish” Alfonso XIII.

Diagnósticos y secuelas

Wilson, en su residencia de París, fue aquejado de una misteriosa dolencia que lo dejó fuera de combate una larga convalecencia y que luego se reconoció como un caso de la epidemia. Aparentemente recuperado, el presidente norteamericano no se vio con fuerzas suficientes para evitar que sus socios europeos aplicaran las estrictas medidas punitivas sobre Alemania en el Tratado de Versalles. Además, su innovador diseño de la Sociedad de Naciones, precedente utópico de las Naciones Unidas, fue vetado vergonzosamente de la membresía norteamericana por el propio Senado. La reconstrucción de Europa nació herida de muerte. El desastre fue aprovechado por Hitler.

Mientras, en España, al parecer Alfonso XIII se recuperó del virus. Pero la década de los 20 fue una sucesión de desastres causados indirectamente o tolerados por el monarca. La tragedia de la guerra de Marruecos, la reacción militar en el Rif (donde se inició la estelar carrera de Francisco Franco), la entrega del poder al General Primero Primo de Rivera, la II República, la Guerra Civil y la dictadura franquista son la sucesiva lección colectiva de la ausente autoridad de un monarca que aparentemente no superó la enfermedad.

El reciente diagnóstico de las secuelas (amnesia, locomoción imperfecta, irritación mental, visión defectuosa) del Covid19 en las víctimas certificadas como sanas debe llevarnos a recomendar que los líderes reciban tratos de favor en la administración de las vacunas y luego en su sanación. ¿Quién puede certificar que Trump se recuperó milagrosamente después de su dolencia y del surrealista paseo en limusina? ¿Qué parte de su conducta antes y después del asalto del Capitolio puede atribuirse a la supervivencia del virus? ¿Están de veras vacunados los que desde el Senado se oponen a las medidas punitivas de la destitución retardada? Recordar a Wilson y Alfonso XIII puede ayudar.

Foto de UteQuintoC

El lulobolsonarismo brasileño

La vida política cotidiana brasileña sugiere que la figura de Jair Bolsonaro es el resultado y la reproducción de prácticas políticas e institucionales que han venido instituyéndose desde hace años en el imaginario del ejercicio de la democracia en el país. Los actuales debates para las elecciones de la presidencia en la Cámara de los Diputados dejan al descubierto, por ejemplo, el fisiologismo político —moverse en la escena política para ocupar cargos y posiciones y no por ideales, principios ni en defensa de intereses colectivos— históricamente consolidado en Brasil.

Bolsonaro puede haber llegado al poder por una supuesta ola conservadora y de derecha en el país y estar gobernando con base a su verborragia y constantes declaraciones polémicas. Pero la figura política de Bolsonaro es cabalmente entendida si la situamos en el devenir de un ciclo político y cultural iniciado hace unos 20 años en el país, bajo los signos del PT y su repertorio cultural. Es el lulobolsonarismo brasileño.

Los más de dos años en el palacio presidencial describen una figura política íntimamente relacionada con una historia reciente de alta conflictividad política y social. Este ambiente le permitió desarrollar su aprendizaje político y sus estrategias para la vida institucional.

Esto deja entrever que Brasil ha cambiado políticamente muy poco en los últimos años. Hubo una secuencia de situaciones que tuvieron sus orígenes en años anteriores y aquellas que se presentaron como nuevas, poco o nada parecieron incidir suficientemente en la elaboración de una nueva matriz político y cultural.

Es precipitada, consiguientemente, toda interpretación que sugiera ubicar la figura de Bolsonaro (y por consecuencia, el bolsonarismo) como representante de una ruptura en la cadena de acontecimientos políticos si los comparamos con los de años previos a su surgimiento electoral. Se engaña, también, quien pretenda ver en su figura el inicio de un nuevo ciclo político e ideológico, caracterizado por una política económica de estricto corte neoliberal, de conservadurismo y nueva derecha o de una agenda liberal en la sociedad. Más allá de algunas señales en estos sentidos, no hay diferencias importantes con lo sucedido en los años previos.

Las reformas económicas, políticas fiscales y concepciones sobre el Estado durante los últimos años de los gobiernos del PT ya anticipaban, en parte, algunas de las prácticas actuales de la gestión pública. Los ministros de economía de Lula (Palocci y Mantega) o de Dilma (Levy), por ejemplo, difieren poco con el actual ministro del gobierno de Bolsonaro (Guedes).

Aquel Brasil que supuestamente había reducido índices de pobreza y de desempleo demostró ser estructuralmente frágil y quedó en evidencia que las herramientas sociales compensatorias no transforman la vida de las personas por arte de magia. La inclusión social se vio inmediatamente cuestionada ante una realidad que acusaba el doble discurso político de la justicia social, por un lado, mientras la práctica de la corrupción daba continuidad en los círculos del poder.

Por otro lado, en lo cultural, la ola conservadora no parece tan nueva como se suele creer. El protagonismo político actual de sectores conservadores, en especial de las iglesias neo-evangélicas, había tenido su crecimiento en diferentes espacios políticos e institucionales con el invalorable apoyo de los gobiernos del PT.

En sus orígenes, como el resultado aleatorio de una polarización social preexistente a su constitución como figura política y electoral en el policromático sistema político brasileño. Posteriormente, se articuló como un complemento residual originado por el momento populista de la política brasileña, de alta conflictividad política y social y de crispación en las relaciones individuales.

Este momento describe a una sociedad dividida en dos campos, dándose únicamente dos posiciones discursivas posibles y en los que se distribuyen todos los contenidos políticos e ideológicos.

En el auge de este diseño, el Brasil acabaría dividiéndose políticamente entre los partidarios de Lula y del PT, por un lado, y entre quienes como conjunto heterogéneo oficiarían como antagónico a este campo. No obstante, el campo de la oposición se constituiría, progresivamente, bajo una concreta unidad discursiva que mejor expresaría, contingentemente, la polarización con el campo de los partidarios de Lula y el PT. 

La polarización sería entendida, así, como el momento político por excelencia. Como el momento de la reactivación de la política, en la que cada uno de los campos (lulopetistas y “verde-amarelos”) se convierten en cómplices necesarios, uno del otro, para su propia sobrevivencia y legitimidad.

Para el momento populista de la política existe una concepción conflictiva de lo político, una politización de la sociedad. Paradójicamente, esto hace desaparecer lo político, disolver cualquier posibilidad de debate de ideas y proyectos. En su lugar, la reducción de los problemas políticos dan paso a problemas de autocomprensión colectiva, a la simple expresión de algo y a la pertenencia a grupos que definen identidades e ideologías. Si lo político está predefinido en torno a una polarización dada en estos términos, la política no tendría razón de ser.

De esta manera, Bolsonaro es el desfigurado producto final de un ciclo político y cultural iniciado hace 20 años con el progresismo del PT. Su figura sintetiza las contradicciones culturales, los debates públicos que quedaron pendientes, la desinstitucionalización política materializada en la herencia personalista del ciclo lulopetista.

Bolsonaro es funcional para dar continuidad al antipluralismo social e ideológico propio del populismo cultural de un ciclo con aversión al liberalismo político. Es la pieza clave para el mantenimiento de los antagonismos radicales y la polarización irracional. Es quien ideologiza el espacio público cuando el campo antagónico se muestre algo carente de iniciativas.  

En cada uno de sus gestos, la figura de Bolsonaro otorga sentido a un ciclo político que devuelve a su antagónico los significados de su papel en la polarización política. Polarización que ambos, celosamente, cuidan como forma de legitimar sus propios campos políticos en disputa. El lulobolsonarismo es una especie de fin de la política (debate racional), para instituir lo político como lugar de una disputa polarizada de pertenencias a colectividades prefijadas. Gritería y resaca cultural cotidiana que en 2022, quien sabe, los brasileños intentarán curar.  

Foto de Alex Barth en Foter.com / CC BY 

¿Qué falta para condenar a Bolsonaro?

Desde el inicio de su actuación pública, Jair Bolsonaro viene cometiendo crímenes en serie. En las últimas semanas, debido a la falta de control de la pandemia de Covid-19 (con la muerte de pacientes por falta de oxígeno en Amazonas, Pará y Rondônia) y la ausencia de planificación para la adquisición y distribución de vacunas, se ha vuelto a discutir su destitución. La pregunta que hay que hacerse es: ¿qué falta para condenar a Bolsonaro? Más concretamente: ¿qué le mantiene en el poder?

Cuando se trata del impeachment esta pregunta adquiere mayor ironía porque se refiere a su uso más reciente: el juicio político a Dilma Rousseff en 2016. La pregunta podría reformularse una vez más: si Dilma cayó sin «delitos de responsabilidad» probados (un «golpe institucional»), ¿qué sostiene a Bolsonaro y sus delitos de responsabilidad y comunes?    

Había una base legal para la condena e inhabilitación política de Bolsonaro mucho antes de que asumiera el cargo. Para poner algunos ejemplos: Bolsonaro fue expulsado del ejército por insubordinación y por planificar supuestamente atentados terroristas. Posteriormente, basó toda su carrera parlamentaria en la defensa de milicianos, en el apoyo a la dictadura cívico-militar, en los ataques a las minorías y en las propuestas de exterminio de la izquierda. Propuso el fusilamiento del presidente Fernando Henrique Cardoso. Y dijo que no violaría a una compañera parlamentaria «porque era muy fea».

En la campaña presidencial de 2018, prometió el exilio, la cárcel o la muerte a quien se opusiera a su gobierno. Desde entonces, está buscando controlar a las instituciones para amenazar a los sectores críticos y protegerse a sí mismo (y a sus familiares) de las investigaciones por corrupción. Ha estado apoyando una política de desmantelamiento de la ciencia y la educación brasileñas, de persecución de las minorías, de fomento de la destrucción sistemática del Pantanal y la Amazonía.

Desde la pandemia de Covid-19, Bolsonaro ha elevado su política de muerte a nuevos niveles. Ha hecho todo lo posible por negar la gravedad de la enfermedad; para deslegitimar el distanciamiento social, el uso de mascarillas y la prohibición de las aglomeraciones (las únicas formas de reducir la propagación del virus); y para desacreditar las vacunas. Es importante dejar claro que no se trata sólo de «omisión» o «desorganización logística»: ha habido una política deliberada que ha producido miles de muertes que podrían haberse evitado con otro gobierno.

El Ministerio de Sanidad ha sido desmantelado y ahora está ocupado por personal militar sin ninguna experiencia en el área. Ciertamente, los únicos dispuestos a poner en práctica las propuestas bolsonaristas de «tratamiento precoz» que fueron recomendadas hasta hace unos días por el Ministerio. En la práctica, se trata de presión para el uso de medicamentos sin efectos contra el coronavirus. Bolsonaro y su Ministro de Sanidad desmontaron cualquier posibilidad de acción coordinada contra la pandemia, así como el desarrollo y la compra de vacunas con planificación y anticipación.  

Todavía hay quienes se molestan por el uso del concepto de «genocidio» para caracterizar la política bolsonarista en relación con la pandemia. «Genocidio» implica el exterminio de grupos sociales específicos, por razones políticas, étnico-raciales o religiosas. Al gobierno parece molestarle el avance de esta narrativa, lo que se puede demostrar con la investigación abierta contra Marcelo Feller a petición del Ministro de Justicia.

El «delito» que se investiga es la acusación al presidente de «genocidio político» en el enfrentamiento del Covid-19, y se basa en la Ley de Seguridad Nacional (un instrumento de la dictadura en desuso hasta la toma de posesión de Bolsonaro) que tipifica como «calumnia y difamación» las críticas al presidente de la República.

La política que nos ocupa evidentemente mata proporcionalmente a los más pobres, a los negros y a los indígenas. Pero concedamos que la intención no es eliminar a ningún grupo en particular. ¿Qué tal si la llamamos intención de «matanza»? ¿De asesinatos en masa? ¿De «necropolítica» (política de la muerte)? En una encuesta reciente (20/01/2021) del Centro de Pesquisas e Estudos de Direito Sanitário (CEPEDISA) de la Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP) y de la organización de Derechos Humanos Conectas, se constató «una estrategia institucional para la propagación del virus, promovida por el gobierno brasileño bajo el liderazgo de la Presidencia de la República».

El diario Folha de São Paulo (21/01/2021) enumeró al menos 23 posibles crímenes de responsabilidad y delitos comunes cometidos por Bolsonaro desde el inicio de su mandato. El epidemiólogo Pedro Hallal publicó un artículo en The Lancet (22/01/2021) en el que enumera los eventos de descrédito a la ciencia y los ataques a los investigadores brasileños realizados por Bolsonaro y sus partidarios. Para él, las consecuencias llevaron al país a ocupar el segundo puesto en el mundo en número de muertes por Covid-19 y el tercero en casos registrados. Y dijo: «como científico, tiendo a no creer en las coincidencias».

Volvamos a la pregunta inicial: ¿qué sostiene a Bolsonaro? Podemos señalar al menos tres factores para su mantenimiento en el cargo. El primero es su debilitada pero aún considerable base social. Según las encuestas realizadas en los últimos días, este apoyo está en declive, en torno al 30%. En particular, una parte de las élites económicas sigue apoyando a Bolsonaro: siguen esperando que actúe como garante de alguna otra «reforma» salvadora (del desmantelamiento de algunos derechos sociales más).

En cualquier caso, el apoyo de casi un tercio de la población al Bolsonaro dice algo sobre el brasileño medio y sobre la herencia autoritaria, esclavista, patriarcal y colonial del país. También dice algo sobre el colapso institucional producido por las acciones de la Operación Lava Jato y el golpe institucional de 2016. 

El segundo factor es la falta de manifestaciones masivas. Seguramente son esenciales para sostener un proceso de juicio político, como señalan los politólogos especializados en el estudio de las «caídas presidenciales». Aquí tenemos una ecuación difícil de resolver. Hay que encontrar la manera de evitar la propagación de la pandemia y al mismo tiempo hacer algo más que mesas redondas, caravanas y recolección de firmas.   

Pasemos finalmente al tercer factor (y el más importante): quién tiene las armas. Además del apoyo de la Policía Militar y de las milicias criminales, las Fuerzas Armadas vienen incumpliendo su papel constitucional al unirse a Bolsonaro, con la ocupación de ministerios y cargos en todos los niveles de la administración.

Por muy fuerte que se diga que es el bolsonarismo en la tropa y en los mandos inferiores pero no en la cúpula de las Fuerzas Armadas, lo cierto es que están actuando como garantes de su política de muerte. No se trata sólo de oficiales de reserva que actúan en primera línea de la confraternidad, sino también de la activa.

Así, las Fuerzas Armadas se han asociado a los crímenes cometidos por el gobierno. Aunque no haya impeachment, aunque la justicia brasileña no pueda condenar a Bolsonaro en el futuro, algunos de estos crímenes son imprescriptibles (contra la humanidad). Esto implica la posibilidad de condena en cualquier momento por los tribunales internacionales, y de cárcel fuera del territorio nacional. Esto puede extenderse a algunos de sus aliados, incluidos los uniformados.


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Foto de Palácio do Planalto en Foter.com / CC BY

Vacunar a los políticos: ¿oportunismo o necesidad?

¿Es la política una actividad esencial para la sociedad? Probablemente esta pregunta no se habría planteado en otras circunstancias a no ser por la Pandemia de la COVID-19 en el mundo. Presidentes, primeros ministros, legisladores, gobernadores y otras personas más que ocupan cargos políticos de primer nivel han sido vacunados o han expresado su interés en ser de los primeros inoculados con las vacunas que los laboratorios han puesto a disposición.

En Inglaterra, entre las primeras personas en recibir la vacuna apenas iniciado el año 2021 fueron la Reina Isabel II de 94 años y su esposo el Príncipe Felipe de Edimburgo de 99. Unas semanas antes, en Estados Unidos, fueron vacunados Joe Biden de 78 y su esposa de 69, luego siguieron la ahora vicepresidenta Kamala Harris y su esposo, y el todavía vicepresidente Mike Pence, también Nancy Pelosi y otros líderes y miembros del Senado y la Cámara de Representantes. Esta acción fue criticada por algunos gobernadores y congresistas al considerar que los políticos no estaban en la primera línea de la lucha contra la pandemia.

En Argentina el presidente Alberto Fernández de 61 años fue el primer presidente latinoamericano vacunado con la Sputnik V de origen ruso, incluso antes que Vladimir Putin de 68. Muchos políticos quieren ser considerados entre los primeros grupos en ser vacunados, como lo han solicitado en México miembros de Morena, el partido en el gobierno. En España se ha denunciado que 28 políticos, entre ellos 9 líderes del Partido Popular, 14 del PSOE, dos de Junts per Catalunya y dos exconcejales del PNV se saltaron los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad para beneficiarse de la vacuna Pfizer-BioNTech. Algunos renunciaron y otros intentaron débilmente justificar su actuar. Situaciones similares se han presentado en Austria y en Inglaterra. Ante la opinión pública los políticos no aparecen como un sector esencial para ser vacunados en primer lugar.

¿Es la política una actividad esencial para la sociedad?

Sabemos que la actividad legislativa, ejecutiva y judicial es esencial para mantener la continuidad de los gobiernos. Pues al final de cuentas la gestión de lo público, incluidas las políticas sanitarias para contener la pandemia, pasan por decisiones de orden político e implementadas por personas que se desempeñan en oficinas de gobierno.

Los políticos son legitimados por el voto de la ciudadanía para tomar decisiones. Si bien las constituciones tienen mecanismos para suplir ausencias en casos graves y que nunca se pierda la línea de mando, no contienen todas las soluciones. Sobre todo, si pensamos que no estuvieron diseñadas para afrontar crisis políticas derivadas de factores exógenos como una catástrofe natural.

Solo imaginemos que sucedería si la pandemia se agrava y los gobernantes se vieran incapacitados para tomar decisiones. Es evidente que resultaría más que preocupante una combinación del avance de la pandemia y sus efectos con una hipotética pero factible inmovilidad de los decisores políticos. ¿Quién tomaría las decisiones?, ¿Pueden las sociedades autogobernarse en contextos de incertidumbre?

Para evitar más muertes y el aumento de contagios, los países que han elaborado planes de vacunación. En estos, han puesto como prioridad a las personas mayores de sesenta años, a médicos y enfermeras, y en general a las personas que trabajan en el sector salud y están en contacto directo e indirecto con los enfermos de COVID 19.

La lógica señala que a continuación debieran vacunarse las personas que desarrollan actividades esenciales dentro de la seguridad pública, la recolección y tratamiento de desechos, el transporte público, las oficinas burocráticas esenciales de la administración pública y la venta de mercancías en mercados y supermercados. Luego seguirían el personal del sector educativo en todos los niveles para no alargar de manera innecesaria la ausencia en las aulas.

Por lo tanto ¿Es la política una actividad esencial para la sociedad? Entre todas las actividades esenciales, la política no parece estar en la primera línea. ¿Entonces para que vacunar a las personas que están en la política?

¿Oportunismo o necesidad?

Vacunar a los políticos de primer nivel tiene efectos positivos y negativos. Entre los positivos está generar confianza en las vacunas. Así sucedió precisamente con la familia real inglesa cuando en 1957 durante la epidemia de polio de esos años, la Reina Isabel II permitió que sus hijos, el Príncipe Carlos y la Princesa Ana fueran inoculados con una vacuna que apenas se había desarrollado un año antes, ello alentó al resto de la población a seguir su ejemplo y mitigar la propagación.

En 2002, más de cuarenta años después, el entonces Primer Ministro Tony Blair fue acusado de “no poner el ejemplo” al no reveló si su hijo de dos años había recibido la vacuna polivalente o no. Semanas antes un médico sin escrúpulos alegó que dicha vacuna podría provocar autismo. Si bien era una declaración sin fundamento científico, los medios sensacionalistas la difundieron, y la aplicación de la vacuna descendió.

Si Blair hubiera revelado ese detalle sobre la salud de su hijo, quizá las cosas hubieran sido diferentes. Las consecuencias fueron graves para la población en primer lugar, pero también para su gobierno que reaccionó tarde y mal. Aún hoy subsisten los mitos de los efectos de dicha vacuna y en el actual contexto de la pandemia de la COVID-19 han reaparecido las falsas teorías.

No lo merecen

Existen más efectos negativos si se permite que los políticos sean vacunados precisamente por su actividad y no por pertenecer a un grupo de edad. Así como pueden generar confianza en las vacunas, lo más probable es que aumenten la desconfianza hacia la política, los partidos y las instituciones.

Ello cobra mayor relevancia en América Latina donde las encuestas colocan a los políticos en los niveles más altos de desconfianza entre la ciudadanía. Si algo ha mostrado la pandemia es que los gobiernos no invierten en ciencia, es más, la desprecian. Solo baste recordar las declaraciones de líderes políticos como Jair Bolsonaro en Brasil o López Obrador en México minimizando la pandemia. Así como la poca empatía hacia la gente que ha visto a sus familiares morir o su afán por rodearse de incondicionales fanáticos antes que de expertos y escuchar a los científicos para diseñar estrategias contra la pandemia. Esta situación parece repetirse con gobiernos que nacen de movimientos populistas, como sucedió con el partido Movimiento 5 Estrellas (M5S) en Italia cuyo líder hizo campaña en contra de la vacunación obligatoria y ganó las elecciones en 2018.

La pandemia de la COVID-19 será resuelta gracias a los avances científicos y tecnológicos, muchos de ellos desarrollados en empresas privadas y en las universidades, dos sectores que en las últimas décadas han sido despreciados por la política. Quizá por ello los políticos deban esperar, porque con pocas excepciones, la mayoría de ellos no merece estar en la primera línea de las estrategias de vacunación.

Foto: © 2015 Christian Emmer

Ecuador: primeras elecciones del 2021 en Latinoamérica

Ecuador es el primer país en América Latina que concurrirá a las urnas en este año, el próximo siete de febrero. Son elecciones generales, en las que se elegirán -para los próximos cuatro años- un binomio presidencial, 137 asambleístas y cinco parlamentarios andinos. En el caso del que ningún binomio logre una mayoría absoluta o el 40% con una distancia de 10 puntos se producirá una segunda vuelta. Las elecciones están signadas por un Gobierno desgastado, un nuevo rebrote de la pandemia, un proceso de vacunación en ciernes, crisis económica y fragmentación política.

Durante la campaña electoral se inauguró una nueva modalidad de hacer proselitismo y con seguridad ocurrirá algo similar en las próximas elecciones en Perú y Chile. El antecedente más cercano ya fue Bolivia. En Ecuador se limitaron los recorridos, las caravanas y los mítines debido a las medidas de bioseguridad determinadas por el Gobierno. Las estrategias de propaganda exacerbaron el uso de las redes sociales, donde las plataformas como el Tik Tok convirtieron a los candidatos en comediantes de una película que posiblemente no pensaban protagonizar en formato digital.

Hay dos aspectos que particularizan esta elección. El primero es la importancia del voto joven, porque representa aproximadamente el 44% del padrón electoral. Están habilitados para sufragar, las personas desde los 16 años de manera facultativa y el segundo, es el número de candidatos para todas las dignidades. Resulta inédito que corran por la presidencia 16 binomios y que además estén habilitadas para la competencia electoral 283 organizaciones políticas, entre partidos y movimientos nacionales, locales, cantonales y parroquiales. Hay cinco o seis veces más candidatos que dignidades.

La cantidad de aspirantes a la primera magistratura del Estado introdujo un escenario de fragmentación y dispersión. Es muy posible que los candidatos con mayores posibilidades no incrementen el voto a su favor, porque se podría distribuir sin ninguna lógica entre tanto contendor, además que hay varios candidatos de la misma tendencia, pese a que ha sido una constante en la construcción simbólica en el discurso de los participantes presentarse como apolíticos. Parecería que el uso de la ideología es funcional a los diferentes segmentos del electorado.     

Las encuestas han sido las grandes protagonistas, pese a la imposibilidad para recabar la información de manera presencial. Nunca se había registrado un número tan grande de resultados circulando por las redes. La mayoría ha coincidido en tres candidatos con más posibilidades (Andrés Arauz, Guillermo Lasso y Yaku Pérez), pero no en la posición de los dos primeros ni en su diferencia de votos. Sin embargo, a una semana todavía hay un 40% que no decide su preferencia. Este dato es clave, debido al ausentismo, la fragmentación y el voto escondido.   

Dicotomía en la elección

En esta contienda están en disputa dos grandes orientaciones políticas con sus proyectos económicos: una que proviene de la Revolución Ciudadana y cercana a los gobiernos del Socialismo del Siglo XXI, bajo el liderazgo del expresidente, Rafael Correa (2007-2017) con su candidato, Andrés Arauz, y la otra que es contraria pero con diversos matices en dos opciones. Por un lado, la versión más liberal encabezada por el candidato banquero Guillermo Lasso y por el otro, la indigenista que defiende los derechos de la naturaleza opuesta al extractivismo de Yaku Pérez por Pachakutik.  

La elección se entrampa en la dicotomía correísmo versus anticorreísmo, sin embargo, esta última va desde la extrema izquierda, pasando por el centro derecha e izquierda hasta la derecha. Es decir, no es una confrontación ideológica, sino contrapuesta al liderazgo del expresidente Correa y lo que ha significado para la política: la constitución de un modelo hiperpresidencialista que se consagra en la Constitución del 2008, la configuración de un sistema de partido predominante, una democracia delegativa que hace que el presidente gobierne sin rendir cuentas porque el pueblo confía en él.

En cuanto a la economía, las elecciones abren la discusión acerca de tres modelos por parte de los candidatos. Por una parte, está la economía centralizada con el protagonismo total del Estado que propone la Revolución Ciudadana. En segundo lugar, se encuentra la propuesta de Guillermo Lasso de una economía de libre mercado con atisbos de ayuda social sin que esto le convierta en un socialdemócrata y la opción que se presenta como radical al no uso de los recursos naturales (minería y petróleo), porque apuesta por la economía verde.

Agenda inevitable para los candidatos

Las consecuencias de la pandemia han condicionado las ofertas de los candidatos en dos hechos: la ejecución de un plan de vacunación masiva y la generación de empleo. Lo primero se responde, porque Ecuador se ubica en los primeros lugares en los índices de mortalidad en el mundo y lo segundo, porque en el último año se han perdido cerca de 600 mil empleos según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Las demás propuestas ocupan un lugar residual, aunque en tercer lugar se exige enfrentar la inseguridad y la violencia.

Un tema que ha jugado en solitario en la campaña y que ha tenido un tratamiento diferenciado por parte de los candidatos, es decir de mayor y menor intensidad, es la lucha contra la corrupción y la impunidad, sobre todo por los procesos judiciales que registran sentencias en firme en contra de una importante cantidad de exfuncionarios públicos que estuvieron involucrados en los casos de Odebrecht, que atravesaron la realidad política de varios países de América Latina. La oferta de varios ha sido recuperar lo robado y hacer obras con ello.

Las grandes interrogantes son varias cuando al cierre de este análisis hay un 40% de indecisos. Lo cierto es que ningún candidato ha clarificado cómo llevar adelante sus propuestas económicas, debido a la inmediatez de sus mensajes y al desinterés de la ciudadanía por la política frente a las crisis que atraviesa la mayoría de la población por la pandemia. 


Episodio relacionado de nuestro podcast:

Foto de Agencia de Noticias ANDES

De instituciones e individuos: el insoportable cinismo de la autoridad

El Gobierno ha hecho cosas buenas. Lo que necesita el Gobierno es comunicar mejor. Muchas de las cosas que se han hecho no las reciben del gobierno Duque, sino como algo institucional”. Álvaro Uribe

Las instituciones políticas y sus titulares configuran relaciones que a veces resultan difíciles de deslindar. En una cultura que tiene como predicamento el refrán de que “el hábito hace al monje”, la institución, en cuanto conjunto de reglas tanto formales como informales, que ampara la actuación de sus máximos responsables tiene una relevancia nada desdeñable. Sin embargo, no por ello los individuos al frente de ellas son muñecos sin capacidad alguna para dibujar las líneas de su ejercicio. Ambos definen pasos decisivos que traen consigo consecuencias no solo en el ámbito material sino también en el simbólico.

Esto es así, por ejemplo, en la transferencia de valores y de pautas de comportamiento mediante procesos ejemplificadores, algo que es inherente al desarrollo de la humanidad y que cobra hoy una dinámica acelerada insólita por mor de la velocidad y por la amplitud a la que llegan al público contendidos con noticias o entretenimiento. En pocas semanas, la visualización de una serie de indudable éxito como es The Crown o las circunstancias que rodean la vida del rey emérito español lejos del país, Juan Carlos I, no solo han disparado una toma de conciencia que es crítica con la institución monárquica, sino que, unidas al atrabiliario comportamiento del inquilino de la Casa Blanca hasta hace unos días, han despertado una reflexión sobre el necesario carácter modélico que debe impulsar la relación biunívoca entre líderes e instituciones.

El continuismo monárquico

Frente al caso del continuismo monárquico transmitido por la herencia, una práctica que hoy tiene cierto componente exotérico, además de su insólito carácter de privilegio, la institución de la reelección, cuando se torna ilimitada y con escasos mecanismos de control, adquiere asimismo un irritante carácter por el abuso y la arbitrariedad que suele conllevar. Los ejemplos de Venezuela y de Nicaragua constituyen una evidencia. En sendas circunstancias las instituciones que las amparan responden a procesos históricos concretos y a la expansión de modelos que adquieren reputación en determinados momentos.

En España, la transición asentó una forma impuesta por el dictador inserta en un paquete global democratizante que fue bastante funcional. En efecto, la monarquía tuvo éxito en términos institucionales no tanto por su poder moderador como por evitar el siempre arriesgado proceso que hubiera supuesto una elección presidencial basada en una lógica “suma cero” por la que el ganador se llevara todo. En un país con los demonios de la guerra civil entonces todavía sueltos esa situación habría contribuido a un aumento insoportable de la polarización.

Las leyes y los usos

Ahora bien, en ambos escenarios, la yuxtaposición de quienes ejercen el cargo con las propias reglas que lo articulan producen en su quehacer efectos con indudables consecuencias en las sociedades que pasivamente los reciben. Las leyes y los usos pueden canalizar en gran medida sus actuaciones, pero siempre queda un resquicio no reglado sujeto a la discrecionalidad del mandatario.

La decisión de participar en una cacería africana en un momento de fuerte recesión económica y con una opinión pública sensible ante la propia práctica de la caza, o la recepción de comisiones por intermediar en negocios de compañías nacionales son comportamientos inadecuados y delictivos que una sociedad madura difícilmente puede tolerar. Al abuso del monarca se une la falta de profesionalidad de su entorno que evite el desmán o, incluso peor, la ausencia de mecanismos previsores de tal desempeño.

Bukele en El Salvador

Nayib Bukele, el actual presidente salvadoreño que va camino de obtener un apoyo mayoritario en la Asamblea Legislativa de su país en las elecciones que se celebrarán dentro de unas semanas, acaba de afirmar, contra toda la evidencia empírica, así como frente al consenso de la sociedad internacional, que los acuerdos de paz que pusieron fin al sangriento conflicto que asoló al país especialmente en la década de 1980 con un saldo de más de 75.000 muertos fueron “una farsa”, un “negocio de élites” y “un pacto entre corruptos”.

Según Bukele, en un ejercicio cínico de manejo trastocado de lo acontecido, “no representaron ninguna mejora para la población en sus derechos más básicos (trayendo consigo) el inicio de una etapa de mayor corrupción y exclusión social y el enriquecimiento de manera fraudulenta de los mismos sectores firmantes de los acuerdos”.

Una tendencia en la región

En Paraguay, una jueza ha enviado a prisión a uno de los principales líderes de la oposición, Efraín Alegre, imputado por la producción de facturas que no se corresponden con gastos reales en relación con la campaña electoral de 2018 en que fue candidato presidencial liberal, aun cuando la propia ley electoral señala claramente que ningún candidato puede ser administrador de fondo alguno. Aquellos comicios dieron el triunfo por un estrecho margen al sempiterno partido colorado en la figura del hijo del principal valido del dictador Stroessner. La observación internacional entonces cuestionó el resultado.

Estas situaciones marcan tendencias definidas por una forma de actuar en la que imperan la deshonestidad y el nulo sentido de la ejemplaridad en una perversa combinación entre el desempeño institucional y la actuación individual. La ausencia de una ética tanto de la responsabilidad como de la convicción es palmaria. Es también preocupante puesto que se contribuye a la extensión del cinismo como pauta de conducta, así como al menosprecio de una autoridad que pierde su capacidad de ejercer liderazgo y al descrédito del funcionamiento de las instituciones. Todo lo cual alimenta la desconfianza y cierto tipo de anomia política con la consiguiente debilidad de la democracia fatigada.

Foto de XV Cimeira Ibero-Americana – Salamanca, Españaa por Cláudio Vaz

¿El siglo del populismo?

El populismo es un fenómeno sociopolítico global y su carácter emocional y debilitador de la democracia liberal es uno de sus sellos prevalecientes. En todo el mundo, los líderes personalistas trataron de debilitar las instituciones contramayoritarias para ejercer el poder político sin impedimentos. ¿El siglo XXI estará marcado por el constante ascenso de gobiernos populistas o éstos tendrán algún tipo de límites?

La reciente publicación de Pierre Rosanvallon “El siglo del populismo” (Ediciones Manantial, 2020), nos ayuda a comprender las diferentes características de los líderes populistas –de izquierda y de derecha- en el siglo XXI a nivel global. Esto, mediante el planteamiento de una anatomía de la cultura política populista con la identificación de cinco elementos que la constituyen: concepción del pueblo, teoría de la democracia, modalidad de representación, política y filosofía de la economía y un régimen de pasiones y emociones.

Donald Trump ha marcado la historia

En el caso de los Estados Unidos, el comportamiento político y la recurrencia discursiva de Donald Trump encarnaron algunos de estos elementos y, a pesar de que éste ya cesó en sus funciones, ha dejado una marca que difícilmente será borrada en la historia de ese país.

La emotividad en los discursos políticos de Trump, estructurados en la lógica “nosotros” versus “ellos” y el permanente torpedeo a la institucionalidad democrática, ha sido una constante que tuvo su momento cúspide el 6 de enero pasado. De acuerdo con Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, “el objetivo de los seguidores del presidente era poner fin a nuestra democracia”, después que éste emitiera un mensaje político ante sus simpatizantes con una frase fulminante que decía mucho sobre su filosofía de vida: “luchar como demonios”.

Se trató de una estrategia discursiva que tuvo como caldo de cultivo las noticias falsas, las teorías conspirativas y el “Estado profundo”, una supuesta red de funcionarios públicos que actúa de forma secreta, como el poder fáctico que está fuera de la mirada pública, manejando las cuerdas y manipulando las cosas. Un cóctel perfecto para mantener vivo un régimen de pasiones y emociones, connotación primordial de la cultura política populista, en el cual, como afirma Rosanvallon, “los objetos se agrandan en medio de las tinieblas. En la sombra, todo parece hostil y gigantesco”.

La era de las Fake News

Este problema no ha hecho más que incrementarse en un mundo donde la desinformación, las revelaciones y escándalos surgen a cada momento, mientras las sospechas contra los poderosos son constantemente renovadas y la confianza en las instituciones se derrumba.

Otro elemento destacable del universo populista es la polarización y destrucción del centro político, ese lugar donde es posible deliberar, llegar a consensos y respetar las reglas del juego. En Bolivia, Evo Morales se postuló por cuarta vez consecutiva a la presidencia en el año 2019, a pesar de haber perdido un referéndum constitucional con el cual intentaba renovar su candidatura. Este hecho debilitó la institucionalidad democrática del Estado boliviano, generó malestar ciudadano, polarización social y una rebelión popular que provocó la renuncia del presidente. De acuerdo con Carlos de la Torre, “si bien los populismos latinoamericanos desde Perón a Chávez incluyeron a los pobres y a los desposeídos, sus prácticas en el poder han sido autoritarias”.

En los hechos, el Tribunal Constitucional fungió como una marioneta del poder ejecutivo administrado por Morales en beneficio de su postulación, pero en detrimento del voto popular y el resultado legal y legítimo de un referéndum constitucional que le fue adverso. Desde la perspectiva de la democracia política y en contraste con la cultura política populista, el Tribunal Constitucional implica restricciones a las autoridades independientes y reducción de su área de intervención.

Las consecuencias

Las consecuencias de aquel acontecimiento político ha sido el debilitamiento paulatino de las instituciones contramayoritarias. A decir del célebre politólogo Adam Przeworski, “la función de los tribunales constitucionales es proteger los derechos ante los caprichos de las mayorías temporarias”. Pero en Bolivia sucedió todo lo contrario: el Tribunal Constitucional cedió al capricho de un líder de mayorías temporarias que perdieron bajo las reglas de la democracia.

En perspectiva, este fue un acontecimiento que hirió la democracia política del país. Más aún, ha provocado la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas y ha hecho que las violaciones constantes de las normas de convivencia sociopolítica se conviertan en un comportamiento habitual y casi natural.

Sin duda, Pierre Rosanvallon nos permite obtener una comprensión más amplia y profunda del populismo como fenómeno político. Con sus herramientas conceptuales se puede distinguir e interpretar determinados acontecimientos políticos direccionados por liderazgos políticos que atacan las reglas del juego mediante la identificación de un enemigo a quien asaltar y destruir, considerándose a sí mismos como la encarnación singular de los intereses colectivos.

Con todo, el avance de la cultura política populista parece no tener límites en el siglo XXI. Los seguidores de líderes mesiánicos continúan en aumento y se ubican en los diferentes espacios del espectro ideológico. Sus argumentos políticos son polarizadores y se basan en noticias falsas. Y lo que es peor, diluyen la cordura del centro político que es donde las instituciones democráticas deberían establecerse como reguladoras de las pasiones y emociones.

Foto de pslachevsky en Foter.com / CC BY-NC-SA

La violencia interminable en América Latina

Hasta antes de la pandemia, la violencia era con el desempleo, la corrupción y la economía una de las mayores preocupaciones de los latinoamericanos, situándose como uno de los temas que adquiría cada vez más relevancia en la agenda política y de gobierno en la región. Los datos más recientes del Estudio Mundial sobre el Homicidio de la ONU indican que América Latina y el Caribe es una de las zonas con la mayor tasa de homicidios en el mundo.

La región también muestra tasas muy altas de violencia producida en el ámbito privado. Prevalece la violencia caracterizada por homicidios y no la violencia autodirigida como los suicidios ni la violencia colectiva tales como guerras y terrorismo. Por lo tanto, es un tipo de violencia asociada principalmente a los graves problemas de narcotráfico y grupos organizados.

La violencia se disparó en el siglo XXI

La incidencia de este tipo de violencia interpersonal aumentó considerablemente desde mediados de las décadas de los ochenta y principios de los noventa. Sin embargo, con la entrada al siglo XXI su incremento ha sido mayor que el del siglo pasado. En estas últimas dos décadas la tasa de homicidios promedio en la región se elevó en más de un 80%, con mayor aceleración durante la década actual.

Previamente al comienzo de la pandemia, la muerte por homicidio se había incrementado especialmente en países como El Salvador, México y Guatemala, al mismo tiempo que había disminuido en otros países tales como Colombia, Honduras y Argentina. Durante la pandemia, los tipos de violencia doméstica en contra de las mujeres se incrementaron de forma alarmante, así también la violencia sexual, el cibercrimen y los robos a la propiedad. De esta manera, puede observarse un cambio de paradigma de la violencia en la región.

Múltiples factores

Las causas de la violencia son atribuidas a múltiples factores, lo cual aumenta la complejidad de su análisis y en consecuencia es más difícil combatirla. Por un lado, el incremento de la violencia en décadas recientes se ha atribuido a factores que operan a nivel macro, incluyendo la alta proporción de jóvenes sin empleo, el mal desempeño económico, el aumento en la desigualdad y la pobreza. A esto se suma el crecimiento notable de los mercados de armas y drogas asociados a la globalización y el crimen organizado.

Por otro lado, es posible que una combinación de factores a nivel macro, incluyendo el repunte económico y acciones gubernamentales dirigidas específicamente a disminuir la violencia, expliquen la reducción de las tasas de homicidios en algunos países. Sin embargo, no hay evidencia contundente para poder atribuir esta reducción de los niveles de violencia a variables determinadas ni cambios específicos a nivel sistémico.

A los cambios a nivel macro vinculados al aumento de la violencia se suman los factores a nivel institucional, comunitario e individual que también son asociados a la alta prevalencia de la violencia en la región. Estos incluyen la debilidad de las instituciones de justicia y de aplicación de las leyes contra la corrupción. Existen también factores denominados situacionales que desencadenan violencia, donde las instituciones de control social cumplen un papel central para disminuir la violencia a nivel comunitario. Entre estas instituciones se encuentran la policía y el aparato judicial.

Las instituciones en América Latina

En América Latina estas instituciones gozan de una confianza mínima, característica que no sólo tiene que ver con el desempeño institucional sino también con las capacidades del Estado para proveer justicia. Esta idea asume la capacidad del procesamiento de demandas de justicia y la aplicación del Estado de derecho ante las necesidades de la sociedad.

La importancia de la confianza en el sistema judicial no sólo depende de elementos observables como la recepción de las denuncias, sino también a la propia percepción de violencia y la consecución de justicia al interior del sistema. Por esto, la confianza en este tipo de instituciones y la relación de éstas con las víctimas que requieren de justicia son fundamentales.

Este entendimiento es clave para las sociedades latinoamericanas donde al menos un tercio de la población ha sido víctima de algún acto delictivo. Todo esto adquiere aún más relevancia para el establecimiento de procesos de estabilización democrática y el Estado de derecho, asignatura pendiente en la región.

Foto de Jesús Villaseca Pérez. en Foter.com / CC BY-NC-SA