Buscar
NEWSLETTER
Apóyanos

Una región, todas las voces

La CAF, un gigante gentil

Por
Carlos Andrés Brando
-

La Corporación Andina de Fomento (CAF) cumplió cincuenta años. Tras la molestia que hubo entre varios Gobiernos latinoamericanos por el nombramiento de Mauricio Claver-Carone en la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), —que quiebra la tradición, según la cual, el líder de este organismo siempre era un latinoamericano y el vicepresidente ejecutivo, un estadunidense, la CAF tiene más razones para celebrar.

El bajo perfil mantenido por la CAF, sin embargo, se hace cada día más difícil de sostener. Su tamaño, aunado a sus políticas de crédito y su sólido desempeño, atraen más y más atención. En 2019, la CAF aprobó operaciones de crédito por 13 billones de dólares. Este valor es mayor del que comprometieron sus principales competidores en la región, el BID y el Banco Mundial (BM) en la provisión de recursos para el desarrollo de América Latina. La CAF se ha convertido en un gigante.

Esto es significativo tanto por la historia como por el presente de la corporación para el continente.

Repasemos la historia primero

La CAF se fundó en 1970 con el propósito de financiar la integración del naciente Grupo Andino, formado por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. El capital inicial y sus subsiguientes aumentos hasta 1990 los suscribieron las naciones fundadoras (estas la controlaban completamente.) La CAF era (y sigue siendo) un banco de desarrollo especial: fundado y financiado por países pobres, que presta recursos a esos mismos países.

Según su mandato original, los préstamos se destinarían a proyectos integradores en el agro y la industria (especialmente, bienes intermedios y de capital), al mejoramiento de infraestructura de transporte y comercialización, cooperación técnica y promoción del comercio intrandino. También se canalizarían hacia Bolivia y Ecuador para iniciativas diversas, ya que, siendo los países menos desarrollados dentro del grupo, gozarían de trato preferencial.

Ciñéndose a estas directrices, las primeras inversiones fluyeron hacia la construcción de una red de bodegas para arroz en Bolivia, el montaje de un complejo industrial para procesar atún tropical en Ecuador, y la construcción de un puente en el Zulia (Venezuela) que facilitaría la integración colombo-venezolana.

A finales de los años 80 y ante el evidente fracaso de la industrialización sustitutiva en la subregión andina, la corporación se reposicionó estratégicamente. Su transformación se dio a lo largo de 25 años en tres frentes principales.

Primero, priorizó el financiamiento de proyectos de infraestructura (vial, fluvial, marítima y energética) sobre las inversiones industriales. Destinó recursos para aumentar la productividad, proteger el medio ambiente, mejorar la competitividad de la pequeña y mediana empresa, y apoyar las reformas del sector público.

Empezó a construir una red intermediaria de más de un centenar de bancos comerciales como socios para avanzar préstamos»

Segundo, amplió su membresía y cambió su relación con el sector privado. Después de sumar a México (1990) y aprobar el retorno de Chile (1992), la CAF integró a 15 países más (desde el Cono Sur y Centroamérica, pasando por el Caribe, hasta Europa). La CAF también se abrió al sector privado. Por un lado, empezó a construir una red intermediaria de más de un centenar de bancos comerciales como socios para avanzar préstamos. Y, por otro, aceptó la entrada de un grupo de bancos privados como accionistas con voz y voto en la junta directiva.

Tercero, accedió a los mercados internacionales. La CAF se convirtió en un emisor regular y exitoso de bonos a mediano y largo plazo en las capitales de las finanzas globales: Nueva York, Londres y Tokio. Las agencias calificadoras de riesgo más importantes le otorgaron el preciado grado de inversión a sus papeles desde 1993, y hoy es una de los emisores más seguros de América Latina.

Ahora analicemos el presente y el futuro

Al comparar a la CAF con entidades multilaterales como el BM y el BID, notamos mejor las ventajas y desventajas de unos y otros. Por ejemplo, el BM otorga préstamos concesionales. Además, facilita recursos a largo plazo a países de bajos ingresos, que, difícilmente, podrían acceder a ese tipo de financiamiento. Finalmente, las tasas de interés que cobra por sus préstamos son muy bajas.

¿Qué ventajas puede ofrecer la CAF ante este panorama? Varias. Revisemos.

La CAF tramita las aprobaciones de préstamos más rápidamente que el BID o el BM, y con tiempos que oscilan entre tres y cuatro meses en promedio. Además, países pequeños como Bolivia y Ecuador ejercen su voz y voto en las decisiones de la organización y tienen resultados tangibles para sus intereses. Estos dos países han seguido siendo los mayores receptores de sus préstamos (desde el año 2000 hasta hoy han obtenido recursos por alrededor de 20 billones de dólares).

Los intereses que la CAF cobra están convergiendo hacia los niveles ofrecidos por sus rivales»

Si bien los intereses que la CAF cobra por sus préstamos son más altos que los ofrecidos por el BID o el BM, deben anotarse dos cosas. Uno, el spread sobre la tasa libor se ha reducido a medida que la solidez financiera de la corporación se aprecia más en los mercados internacionales y las agencias calificadoras de riesgo. En otras palabras, los intereses que la CAF cobra están convergiendo hacia los niveles ofrecidos por sus rivales.

Dos, los préstamos de la CAF se otorgan sin ataduras, es decir, sin condiciones. Esto no sucede con gran parte de los recursos de sus competidores. La práctica de imponer condiciones a los préstamos del BID hizo carrera en América Latina desde el plan Baker. En medio de la crisis de la deuda de los años 80, la administración de Ronald Reagan promovió abiertamente los programas de financiación de organismos multilaterales sobre las bases de ciertas políticas económicas.

Como lo han demostrado las investigaciones de Sarah Babb, desde entonces el apoyo financiero de Estados Unidos a la banca multilateral se condicionó, lo que llevó a la adherencia de los países prestatarios al libre mercado, el crecimiento económico liderado por el sector privado y un papel minimalista para el Estado. Gracias al activismo accionista del Gobierno estadunidense en las directivas del BID y de otras organizaciones multilaterales, la transmisión “coercitiva” de políticas económicas por vía de los prestamos condicionados se tornó en una realidad constante para cualquier deudor.

Esta práctica ha sido ajena a la CAF. La corporación es más gentil en este sentido. Repito, la CAF no impone condiciones sobre sus préstamos. Su principal preocupación es la de asegurar que estos sean repagados. De esta forma, los puntos extras que esta cobra en intereses por el uso de los recursos a sus clientes pueden ser vistos como el precio por pagar por la libertad y autonomía de orientar la política económica en la dirección que cada Gobierno considera apropiado.

Si bien es un precio alto, probablemente no es tan alto como lo es para las democracias frágiles de la región abrir de par en par la puerta al populismo demagógico que caldea el nacionalismo y el antiamericanismo al son de voces que denuncian el sometimiento, la explotación, etc. Resulta irónico que la máxima del propio presidente Reagan sintetice con exactitud tal situación: “El precio de la libertad puede ser alto, pero nunca tan costoso como es el de perderla”.

Chile: el final de un ciclo y lo que viene

Por
Fabricio Pereira da Silva
-

El sorprendente resultado del referéndum de Chile del 25 de octubre de 2020, que consagró la elección popular de una nueva Constitución que será elaborada por una Asamblea Constituyente (Convención Constituyente), elegida exclusivamente para este fin, lleva varios simbolismos. Sobre todo, pone fin a un largo período de sometimiento de la sociedad chilena a un marco jurídico ilegítimo. Pero más allá del ciclo que termina, es difícil predecir el contenido de lo que lo remplazará.

En primer lugar, hay que reconocer la ilegitimidad de la Constitución de 1980, redactada por la dictadura militar que fue dirigida por Augusto Pinochet y que impuso dicha carta magna mediante un simulacro de plebiscito. Más tarde, cuando la oposición democrática aceptó participar en el plebiscito de 1988, y a través de la campaña por el No, derrotaron la alternativa de continuidad de Pinochet en las urnas, no había mucho que celebrar. La participación también simbolizaba un reconocimiento tácito de las instituciones de Pinochet, y se consagraba a la «transición conservadora» que puso fin a la dictadura sin conducir a una democracia plena. Con la victoria de 1988, las fuerzas democráticas no tenían otra salida que negociar con la dictadura, y hacerlo en el campo elegido por ella, bajo sus reglas, con sus árbitros y con su balón.   

Como consecuencia, los análisis de la ciencia política hegemónica que informaron de una interminable «transición a la democracia» en Chile se hicieron famosos a lo largo de los años 90. De hecho, no se trataba de una transición interminable, sino de la transición que ya se había completado a una democracia limitada de muy baja intensidad.

Durante décadas se discutirá si el fin de la dictadura podría haber sido diferente»

Durante décadas se discutirá si el fin de la dictadura en Chile podría haber sido diferente, o si la Concertación de Partidos por la Democracia (la oposición que ganó la mayor parte de las siguientes elecciones presidenciales) podría haber avanzado más decididamente por el camino de las reformas democráticas y sociales y en el ajuste de cuentas con el pasado.

En todo caso, se trataba entonces de una sociedad marcada por el trauma y reorganizada por el «laboratorio neoliberal», que inauguró la dictadura en los últimos años 70. La nueva sociedad neoliberal de Chile que surgió de la dictadura se presentó internacionalmente como un caso neoliberal exitoso. La estabilidad política y las altas tasas de crecimiento económico no permitieron a la gran mayoría de los analistas vislumbrar lo que podría estar ocurriendo bajo tierra, los magmas que podrían estar moviéndose.     

Hasta el colapso social del 18 de octubre de 2019

No era exactamente un «rayo en el cielo azul». Ya se habían producido varios movimientos de protesta importantes en años anteriores, como el movimiento de estudiantes de secundaria de 2006 (la «revolución de los pingüinos»). Pero nada como la tormenta social que ocupó las calles durante meses y llevó a la aparición de asambleas ciudadanas y barricadas por todas partes (además de los cientos de edificios públicos y estaciones de metro destruidos) y tuvo como punto culminante la manifestación del 25 de octubre de 2019, la más grande de la historia de Chile. Lo inesperado ocurrió en el país modelo. Ni siquiera siglos de la corriente principal de la ciencia política pudo preverlo.

Más allá de la violencia popular que estalló en varios momentos durante la rebelión, no hay que olvidar a los muertos, heridos, violados y humillados por las fuerzas policiales (de los 411 con lesiones en el globo ocular, por ejemplo). En todo caso, este autor ha estado en Santiago de Chile durante todo el período, y ha podido ver, además de los ocasionales arrebatos de ira, violencia y depredación, la esperanza, la alegría y la liberación en los ojos de cada manifestante, cada dama, cada joven presente en las protestas.

Si la explosión había comenzado con el aumento de las tarifas del metro, pronto surgieron varios manifestantes, casi tantos como los que había en las protestas. Sin embargo, rápidamente se impusieron las demandas de una nueva Constitución, de reformas en los sistemas privados de pensiones y de la dimisión del presidente de la derecha, Sebastián Piñera. También fue sorprendente el surgimiento de los asuntos de la igualdad de género y la soberanía mapuche (con su bandera enarbolada como icono de las manifestaciones). 

La revuelta social sin liderazgo se canalizó hacia el cambio institucional»

La revuelta social sin liderazgo se canalizó hacia el cambio institucional, en un acuerdo que implicó a la mayoría de las fuerzas políticas que trataban de entender, contener o aprovechar la movilización. Piñera permaneció, aunque al final de su mandato. La reforma de las pensiones sigue siendo objeto de debate. Y se acordó celebrar un plebiscito para decidir si habría un electorado y cómo sería, en lugar de convocarlo de inmediato.

Así pues, después de un año de incertidumbre y aplazamiento (con la pandemia de la COVID-19 interrumpiendo aún más el proceso), el plebiscito finalmente tuvo lugar. El 78% aprobó la redacción de la nueva Constitución, el 79% definió que sus autores serán asambleas elegidas solo para este fin (la otra opción «mixta» sería con la mitad de la asamblea compuesta por los actuales congresistas).

Un terremoto social que rompió el bloqueo institucional y la cristalización política que se venía arrastrando desde 1988, y puso en suspenso el modelo neoliberal internacionalmente glorificado. Una vez contados los votos del plebiscito, ¿dónde puede ir esta clara opción de cambio? Aún quedan algunas puntos por definir en relación con la Asamblea Constituyente. Habrá paridad de género, un quorum de dos tercios y un referéndum «saliente». Sin embargo, aún no está claro con precisión cuándo comenzará, cuánto tiempo durará y si la redacción de la carta comenzará realmente desde cero («hoja en blanco») o tomará como base algo de la actual Constitución.

En cuanto a las calles, no se sabe si la insatisfacción se ha canalizado definitivamente hacia la vía institucional. El mantenimiento de la movilización popular será fundamental para determinar si las transformaciones irán en la dirección de cambios en el sistema político, además de algunas reformas en el modelo neoliberal o si se dirigirán hacia cambios más estructurales.

Lo que se sabe es que estamos asistiendo al final de un ciclo en Chile, pero es difícil proyectar lo que lo remplazará. En cualquier caso, aunque al final no se alcance todo el potencial contenido en la ruptura social, al menos la sociedad chilena tendrá finalmente una Constitución legítima, lo que no es poca cosa. No obstante, las «grandes avenidas» siguen abiertas para la posibilidad de desarrollar una democracia de fuerte intensidad y reconstruir la organización social. Con esto, Chile se alejaría de dos premisas centrales del neoliberalismo: el autoritarismo y el individualismo.

Así que todo el proceso podría ser de una importancia aún más trascendental de lo que ya ha asumido. Podría proyectar a América Latina y al mundo un mensaje de más democracia y más derechos, en medio de un contexto regional y mundial de avance de todo tipo de autoritarismo y exclusión.

Foto de la ONG Movilh en Foter.com / CC BY-NC-ND

«Autonomía»: América Latina y política exterior

Por
Bernabé Malacalza
-

Coautor Esteban Actis / La consagración por primera vez en la historia de un estadounidense como presidente del BID supone un quiebre histórico en la arquitectura de gobernanza interamericana de la posguerra. El avance de Washington en el banco, y también en la OEA, deja a la vista la debilidad y las fracturas de América Latina, incapaz de encontrar una posición de consenso frente a esa arbitrariedad. ¿Dónde quedó la autonomía? Esa es la pregunta que muchos se hacen.

A diferencia de lo que una mirada convencional supone, la autonomía no es aislamiento. En clave relacional, se refiere a la disposición de un país para actuar independientemente y junto con otros en forma competente, comprometida y responsable, como señalan Roberto Russell y Juan Tokatlian. Para América Latina, la noción de poder no ha estado centrada en la influencia, sino en la autonomía. Como indica Benjamín Cohen, la primera es “poder sobre” otros; la segunda es “poder para” emplear políticas y resistir presiones externas. Las potencias se preguntan cómo lograr lo primero; los países de la región, cómo incrementar lo segundo.

Lejos de la solidez inquebrantable de la Guerra Fría y de la Posguerra Fría, la autonomía hoy sigue siendo posible, pero es más líquida y frágil»

Lejos de la solidez inquebrantable de la Guerra Fría y de la Posguerra Fría, la autonomía hoy sigue siendo posible, pero es más líquida y frágil. Parafraseando a Zygmunt Bauman en Modernidad líquida, las condiciones de actuación de los países pueden cambiar antes de que las formas de actuar se consoliden en conductas determinadas. Para ello, se necesitan diagnósticos adecuados y dinámicos del mundo y de la región de América Latina, que ponderen tanto amenazas como oportunidades. Se trata de habilitar un pensamiento estratégico sobre diferentes situaciones prospectivas y opciones de política exterior. Sin previsión, solo queda reacción.

El mundo de hoy es uno de arenas movedizas. Pandemias, guerras tecnológicas, ataques ciberterroristas o catástrofes climáticas incrementan el riesgo global. El proceso que explica la política mundial no es el orden, sino la entropía, como bien señala Randall Schweller. A su vez, esa incertidumbre está atravesada por una transición hegemónica sin final a la vista. Estados Unidos, un gigante con pies de barro que abdica de su vocación de líder mundial, versus China, cuyo ascenso imparable consolida su transición desde la riqueza al poder. La pandemia de la COVID-19 acelera todo, pero también lo torna más tangible y denso.

La nota saliente de la región de América Latina hoy es su menor relevancia sistémica. Encogimiento relativo, ensimismamiento e inusitada fragmentación explican ese descalabro. Ni escenarios de equilibrio de poder ni de hegemonía regional son ya esperables. Los vacíos regionales son ocupados por potencias extrarregionales. Estados Unidos afianza su diplomacia coercitiva y fortalece lazos militares con Colombia y Brasil. La no resolución de la crisis de Venezuela tiene como protagonistas a China y a Rusia. Noruega es la única esperanza de mediación pacífica. En el Amazonas, es Francia la que intenta frenar el desquicio de Jair Bolsonaro. Las crisis regionales no se resuelven, se congelan.

Mientras la presencia militar norteamericana sigue siendo incontrastable, la pandemia continúa profundizando la dependencia económica, comercial y financiera de la región con China»

Mientras la presencia militar norteamericana sigue siendo incontrastable, la pandemia continúa profundizando la dependencia económica, comercial y financiera de América Latina con China. El “no alineamiento” o la “neutralidad” como alternativa a una subordinación automática, ya sea a Pekín o a Washington, aparece hoy en la retina de políticos y académicos. La prescripción normativa de mantener una posición equidistante frente a esa gran disputa es correcta, pero insuficiente para un mundo y una región que cambiaron.

Frente al juego de rivalidad creciente entre dos potencias económicamente imbricadas, los países de América Latina que busquen preservar márgenes de maniobra deben pensar menos en el “espíritu de Bandung» y más en el “espíritu de la ABACC”. La agencia de control nuclear entre Argentina y Brasil, creada en los años noventa, es un ejemplo que perdura en un terreno dominado por potencias nucleares. También la alianza entre México y Argentina para producir la vacuna contra el coronavirus o el centro argentino-brasileño de biotecnología son muestras del potencial de las agendas de nicho. Frente a la imposibilidad del multilateralismo deseable, la opción es el minilateralismo viable.

Para mejorar la capacidad negociadora con Estados Unidos y China, se tendrá que jugar inteligentemente con las deficientes instituciones regionales que hay, pero, de manera complementaria, forjar coaliciones ad hoc sobre asuntos como salud, género, reducción de desigualdades sociales, crisis ambiental, infraestructura, regulación de la tecnología, protección de recursos naturales, financiamiento externo, entre otros. Se deberá seleccionar y priorizar “enclaves de autonomías” a través de diplomacias de nicho. No solo Gobiernos centrales, sino también provinciales y locales, miembros de la sociedad civil, científicos, empresarios o gente pueden contribuir a reforzar una renovada “diplomacia 3M” multidimensional, multiactoral y multinivel.

En un mundo entrópico, la preservación de márgenes de maniobra depende más de la anticipación y la adaptación que de la rigidez. El debate en relación con las políticas exteriores parece haber dejado atrás el dilema entre autonomía o aquiescencia, para girar en torno a una constante transacción entre ambas lógicas ante una complejización de los agentes, las agendas y las dinámicas externas. La “autonomía líquida” supone proactividad, variaciones y flexibilidad. También, pragmatismo para ofrecer concesiones en asuntos específicos que serán funcionales para ganar márgenes de maniobra y resultados en otras batallas. Hoy no se trata de “autonomía en la resistencia”, sino de “autonomía en la resiliencia”. A veces, hay que saber elegir qué sapos tragarse y dónde.

Foto de Gobierno Danilo Medina en Foter.com / CC BY-NC-ND

Una nueva Constitución para Chile

Por
Rossana Castiglioni
-

Este domingo se llevó a cabo una elección verdaderamente histórica. Chilenos y chilenas decidieron, de manera contundente, a través de un plebiscito, que el país tendrá una nueva Constitución. El adjetivo nueva no debe ser tomado a la ligera. No estamos frente a una reforma constitucional, sino ante la posibilidad de redactar un texto desde cero, a partir de una hoja en blanco. La elección tuvo, asimismo, como propósito definir el mecanismo a partir del cual se redactará la nueva Constitución. Esto es a través de una convención constitucional integrada por 155 miembros que serán elegidos por medio del voto directo el día 11 de abril de 2021.

La convención constitucional será paritaria por género y contempla cuotas especiales para integrantes de los pueblos originarios. Este órgano deliberativo redactará la nueva Constitución en un plazo de 9 meses prorrogables por hasta 3 meses más. El texto debe ser aprobado por al menos 2/3 de sus integrantes y posteriormente ratificado por un plebiscito de salida. Si en el plazo establecido los convencionales no logran llegar a un acuerdo, la actual Constitución aprobada en 1980 se mantendrá vigente.    

Las principales fuerzas políticas del país convinieron un ‘Acuerdo por la Paz Social’, cuyo eje central contemplaba un plebiscito constitucional»

Este plebiscito es extraordinario por el contexto en el cual se originó. En octubre de 2019, Chile experimentó una ola de protestas masivas, mayormente pacíficas, pero ocasionalmente violentas, que se prolongaron durante más de dos meses. En medio de un estallido social de proporciones bíblicas, que a decir del presidente Sebastián Piñera, el gobierno no vio venir, y que a todas luces tampoco supo cómo desactivar, las principales fuerzas políticas del país convinieron un «Acuerdo por la Paz Social”, cuyo eje central contemplaba un plebiscito constitucional. Así, la nueva Constitución se convirtió en una estrategia política para desarticular un conflicto social que, de otro modo, no avizoraba un desenlace auspicioso.

Pero ¿fue la demanda por una nueva Constitución la principal exigencia de la ciudadanía movilizada? Ciertamente, no. Los ciudadanos y ciudadanas movilizados no se articularon en torno a un líder, agrupación o movimiento, ni clamaron por una reforma concreta. Muy por el contrario, durante el estallido social, el espacio público se vio inundado por múltiples demandas y reivindicaciones heterogéneas: mejorar el acceso a la salud, salarios dignos, educación de calidad, el fin de las aseguradoras de pensiones y la reducción de las desigualdades en torno a categorías socioestructurales como la clase, el género y la etnia, entre otras.   

Sin embargo, para buena parte de la ciudadanía y las elites políticas, la Constitución de 1980 se había convertido en una verdadera piedra en el zapato tanto en lo simbólico como en lo instrumental.  Simbólicamente, la Constitución vigente fue redactada en plena dictadura y sin participación ciudadana. Esto llevó a muchos a considerar que se trata de un texto con pecado concebido.

Dado que el país enfrenta una profunda crisis de legitimidad, expresada en escasos niveles de identificación partidaria, confianza en las instituciones y participación política, contar con una Constitución democrática, producto de la deliberación, parece tan oportuno como necesario. Instrumentalmente, la Constitución fue diseñada para mantener el statu quo a través de diversas reglas que obstaculizan el cambio. No para procesar institucionalmente las demandas acumuladas y el descontento. Por eso, algunos consideran que para salir de la crisis es imprescindible contar con una nueva Constitución que no opere como un freno al cambio.

Está por verse si una nueva Constitución logrará resolver la profunda crisis de legitimidad en la que Chile se encuentra sumido»

Lo que aún está por verse es si una nueva Constitución logrará resolver la profunda crisis de legitimidad en la que Chile se encuentra sumido. No cabe dudas de que las crisis políticas suelen ofrecer oportunidades para reflexionar en torno a qué clase de país la ciudadanía desea construir y para adoptar transformaciones necesarias que, de otro modo, sería difícil realizar. También sabemos que cuando las personas perciben los procesos de toma de decisiones como legítimos, son más proclives a aceptar sus resultados. Aun cuando estos les sean adversos. Estas ya, de por sí, son razones poderosas para albergar esperanzas respecto de una nueva Constitución.

No obstante, este proceso entraña enormes desafíos en torno al manejo de expectativas crecientes. Buena parte de la ciudadanía podría estar esperando que una nueva carta magna traiga consigo una solución a muchos de los problemas y demandas que se manifestaron a partir del estallido social. La disponibilidad de medicamentos, la desigualdad socioeconómica, la discriminación por género, los abusos de las empresas privadas y los niveles de empleo no van a resolverse de manera inmediata ni expedita si se aprueba un nuevo texto constitucional.

El contexto tampoco ayuda. La COVID-19 golpeó duramente a Chile, que ya superó los 500.000 casos acumulados. La economía también ha sufrido los embates de la pandemia, con niveles de desempleo en torno al 13% y una proyección de -6,3% para este año, según el Banco Mundial. Las encuestas de opinión muestran que el descontento generalizado aún prevalece.

Es innegable que contar con una nueva Constitución es un paso necesario para resolver la crisis de legitimidad en la que el país se encuentra sumido. Sin embargo, con esto no será suficiente. Si la clase política no está a la altura de las circunstancias, si el manejo de las expectativas ciudadanas es deficiente y si no se logran construir amplios acuerdos sociopolíticos transversales en torno a un proyecto común será difícil mirar el futuro con optimismo.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

  

Foto de pslachevsky en Foter.com / CC BY-NC-SA

Políticas migratorias tras la COVID-19

Por
Stéphanie López Villamil
-

El brote de la COVID-19 conllevó el cierre total de las fronteras en América del Sur y, en algunos casos, su militarización para contener la pandemia, lo que dejó a miles de migrantes varados, mientras intentaban retornar a sus países de origen. A la crisis sanitaria se suma una crisis económica cuyas dimensiones aún se están estimando y que han afectado a los migrantes de manera exponencial: desalojos, pérdida del sustento diario, inseguridad alimentaria y aumento de la xenofobia en algunos países.

Además, la crisis humanitaria que ha generado el éxodo desde Venezuela de más de cinco millones de personas, principalmente hacia Colombia, Ecuador, Perú y Chile, ha venido acompañado de cambios normativos: creación de permisos temporales, imposición de visas y, en algunos países, propuestas de reforma de las leyes migratorias para unas políticas más restrictivas.

El retroceso en las políticas migratorias es cada vez más latente»  

Si bien en los últimos dos decenios, y con el giro a la izquierda en la región se habían planteado leyes migratorias vanguardistas en términos de garantía de derechos y ciudadanía como la ecuatoriana o la uruguaya, el retroceso en las políticas migratorias es cada vez más latente.  

En este contexto, Chile y Colombia se encuentran debatiendo sus proyectos de ley migratoria. Por un lado, en Chile, la vigencia de una ley de extranjería de la era Pinochet, (1975), aunada a unos flujos migratorios diversos en las últimas dos décadas (Haití, Colombia, Venezuela), sugiere un necesario y urgente cambio de la normativa, más aún cuando se está planteando la posibilidad de un nuevo proceso constituyente. La sociedad civil y la Academia se han pronunciado sobre el proyecto y han apuntado, entre otras falencias, a que no introduce mecanismos de regularización permanente.

Por otro lado, en Colombia, país tradicionalmente expulsor de migrantes con el 10% de su población viviendo en el exterior, y ahora país receptor con más de 1.7 millones de venezolanos y más de 500.000 retornados colombianos, la creación de una ley migratoria que recoja toda la normativa dispersa es más que necesaria. Colombia no puede seguir multiplicando decretos y debe encaminarse hacia una política incluyente y garante de derechos. La nueva ley migratoria no puede ser una simple compilación de normas.

Además de estos dos proyectos, recientemente se han presentado varios proyectos sobre el asunto migratorio en el Congreso peruano, entre ellos, el Proyecto de Ley 5349 de 2020. En este se pretende que Perú se retire del Pacto para una Migración Segura, Ordenada y Regular de las Naciones Unidas, que fue firmado en diciembre de 2018 y que crea el delito de ingreso irregular, lo que criminaliza a los inmigrantes, en contravía de los estándares internacionales al respecto.

Ahora bien, con estas reformas, ¿qué posibilidades se plantean a escala regional después de la COVID-19? ¿Nos encontramos ante una situación restrictiva y generalizada? Aunque aún es pronto para responder a estas preguntas, en principio, los países sudamericanos tienen dos vías.

La primera es cerrar definitivamente las fronteras, posibilidad poco viable, pues se ha visto, que, incluso con el cierre, la población sigue desplazándose mediante fronteras porosas y, algunas veces, con la ayuda de traficantes. El caso de la migración desde Venezuela es el más evidente: al principio de la pandemia la población empezó a retornar y, actualmente, los caminantes ya se ven deambulando por las carreteras de Colombia para ir hacia el sur.

La segunda es seguir fortaleciendo algunos espacios regionales de diálogo como el Proceso de Quito, que, aunque no es vinculante, pone la política migratoria regional sobre la mesa. Si bien este se ha enfocado en denunciar la dictadura de Nicolás Maduro, los países miembros no solo tienen el gran desafío de la regularización de la población venezolana, sino también su inclusión socioeconómica. Pues, está visto que es una población que llegó a Colombia para quedarse, aunque en algunos Gobiernos se nieguen a aceptarlo, lo que crea medidas temporales y no a largo plazo.

La política migratoria regional no puede centrarse exclusivamente en los flujos migratorios de venezolanos»

Pero no todo es blanco y negro. Primero, la política migratoria regional no puede centrarse exclusivamente en los flujos migratorios de venezolanos. En la ruta Brasil, Ecuador, Colombia hay miles de migrantes en tránsito que requieren de protección internacional. ¿Qué están haciendo los Gobiernos al respecto? Hasta el momento, parecen estar invisibilizados.

Segundo, la posible reapertura de la frontera de Colombia con Venezuela el próximo mes traerá más migración a la región. Se prevé que llevará a miles de migrantes más a salir de Venezuela. Ante esta situación, ¿qué posibilidades les darán los Gobiernos de la región para regularizarse de manera permanente? En un contexto de creciente xenofobia donde la mitad de las más de 5 millones de personas que han migrado carece de la documentación necesaria para una estancia regular en estos países, preocupa la situación después de la COVID-19.

En tiempos de crisis (humanitaria o sanitaria, tomando en cuenta la COVID-19), pareciera que las políticas migratorias más restrictivas fueran la solución y así lo dejan entrever algunas medidas adoptadas para contener los flujos migratorios en la región. Ahora pareciera que los países sudamericanos hubiesen dejado atrás todo vestigio de encaminarse hacia una ciudadanía suramericana, como se planteó en algún momento en la extinta Unasur. Algunas respuestas gubernamentales no parecen corresponder con esta visión de libre movilidad, antaño promovida en los espacios de integración regional.

Pensar en una ciudadanía suramericana sigue siendo utópico. Por ahora, los Gobiernos sudamericanos no tendrán más opción que seguir enfrentando la migración intrarregional en medio de una crisis económica y sanitaria debido a la COVID-19. La pregunta es cómo. Esperemos que sea con respuestas de acogida que apelen a la solidaridad, a la hospitalidad, pero, sobre todo, que sean garantes de los derechos de los migrantes y sus familias, tomando en cuenta las consecuencias que ha acarreado la COVID-19 en todos los ámbitos.

Foto de Andrés Gómez Tarazona en Foter.com / CC BY-NC-ND

Venezuela y las elecciones parlamentarias: ¿hacia un sistema político hegemónico?

Por
Xavier Rodríguez-Franco
-

Las elecciones parlamentarias en Venezuela se han venido celebrando cada cinco años desde la primera legislatura de la Asamblea Nacional (AN) del año 2000. Sin embargo, para entender el contexto político de la elección del 2020 es necesario examinar el viraje dictatorial del régimen de Nicolás Maduro tras la derrota del chavismo en las elecciones legislativas del 2015.

A partir de diciembre de 2015, el Gobierno, junto con el Poder Judicial y los cuerpos de seguridad del Estado, comenzaron una ofensiva sin precedentes contra la oposición. Este sistemático asedio a la autonomía parlamentaria aceleró el deterioro de las condiciones electorales ya cuestionables para entonces en Venezuela.

Poco después de conocerse los resultados de la elección parlamentaria con la concurrencia electoral más grande de la historia, que otorgaban una mayoría calificada de 2/3 partes de los curules a la oposición, el contrataque presidencial comenzó. El Tribunal Supremo de Justicia sería el principal ariete de este sitio que persiste hasta hoy con 141 sentencias que buscan, en su conjunto, anular las competencias constitucionales de esta mayoría parlamentaria.

Una de las primeras sentencias impugnó sin carga probatoria, derecho a la defensa ni sentencia firme a los diputados del estado Amazonas»

Una de las primeras sentencias impugnó sin carga probatoria, derecho a la defensa ni sentencia firme a los diputados del estado Amazonas. De esta manera, además de cercenar a este territorio de representación parlamentaria, se impedía la consolidación de la mayoría calificada y, con ello, las facultades constitucionales que tiene este tipo de mayoría en términos de control político. Este ataque marcaría el resto de las sentencias y acciones contra la AN. La juramentación de estos diputados fue la coartada para declarar al Parlamento en desacato y, con ello, anular todas las decisiones y el ejercicio pleno de sus facultades institucionales.

Para el 2016, la petición de un referendo revocatorio por parte de la oposición movilizada electoralmente fue despreciada por el Consejo Nacional Electoral, que alegó acusaciones infundadas de fraude en la recaudación de firmas. Esto, además de avivar una vez más la crisis de gobernabilidad, renovó la desconfianza en la vía electoral entre ciudadanos y entre dirigentes de la MUD, coalición de partidos ya hoy desarticulada.

El forjamiento de un sistema electoral a medida se convirtió en política de Estado hasta el punto de permitirse una convocatoria electoral inconstitucional, como lo fue la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, la cual perseguía el propósito de redactar una nueva Constitución. Sin embargo, en la práctica solo se logró imponer un Parlamento paralelo a la AN. Esta práctica empleada por el chavismo, cuando algún resultado electoral le ha sido adverso, terminó vaciando el voto de sentido cívico como medio de expresión política y de cambio institucional.

Con esta nueva imposición, continuaría la persecución a los diputados y la sangrienta represión de las más de 6.700 protestas sociales registradas en 2017 en Venezuela, al tiempo que la oposición seguía dividiéndose en cuanto a sus estrategias de cambio político. Para las elecciones regionales de 2017 la desmovilización electoral sería inocultable y se profundizaba la división interna entre abstencionistas y electoralistas. Esto llegó a su máxima expresión con la convocatoria presidencial de 2018, la cual estuvo llena de vicios.

La calle ciega del abstencionismo

El actual abstencionismo opositor comenzó a gestarse a finales del 2016 y fue creciendo con el desconocimiento de las elecciones presidenciales del 2018 y la irrupción del Gobierno interino de Juan Guaidó en enero 2019.

Las expectativas de una transición democrática y la petición del cese de funciones de un gobierno catalogado como usurpador por aquella cuestionada elección, fue un nuevo marco estratégico para presionar un cambio político apoyado por más de 50 países democráticos. Con el establecimiento de un cerco diplomático y financiero al régimen de Maduro, la dirigencia opositora consideró que más temprano que tarde se precipitaría un quiebre interno, especialmente entre los cuerpos de seguridad de Venezuela.

Pero la estrategia no funcionó ni tampoco los intentos posteriores de negociación con el régimen. Por el contrario, este error de cálculo sirvió al chavismo para depurar sus filas de desertores y logró, a su vez, desarticular a la oposición del único escenario en el que ha sido exitosa: el ámbito electoral.

Tras la expulsión militar de los diputados del Palacio Federal Legislativo en enero de 2020 y la implantación de una nueva junta directiva, el chavismo desconoció las competencias de la actual legislatura e impuso nuevas autoridades electorales, un nuevo reglamento, nuevas juntas directivas en la mayoría de los partidos y amplió inconstitucionalmente el número de curules de la AN. Estas acciones ocurren mientras continúa el empobrecimiento acelerado de la población, sigue la masiva migración forzada y crece la vulnerabilidad ante la expansión de la COVID-19 en una Venezuela donde hay un sistema sanitario casi inexistente.

Cabe destacar que Venezuela cuenta con un amargo precedente en asuntos de abstención. El retiro de la oposición de las elecciones parlamentarias de 2005 trajo consigo nefastos resultados políticos, económicos y jurídicos, cuyos efectos siguen vigentes. Durante la legislatura 2005-2010 se edificó la arquitectura legal antidemocrática actual y se entregaron todos los mecanismos parlamentarios de fiscalización presupuestaria, lo que permitió el consecuente crecimiento del expolio y la corrupción chavista en Venezuela.

A pesar de este precedente, la oposición ha reiterado su desconocimiento de las elecciones legislativas del 2020″.

Xavier Rodríguez Franco

A pesar de este precedente, la oposición ha reiterado su desconocimiento de las elecciones legislativas del 2020 y ha planteado en su lugar nuevas movilizaciones y hasta una consulta popular. Sin embargo, abstenerse no conducirá a un fortalecimiento de la unidad ni tampoco ayudará a mantener el respaldo internacional una vez que culmine el mandato constitucional de la oposición parlamentaria en enero de 2021.

Si bien las actuales condiciones electorales no podrían ser peores, la abstención terminaría siendo una calle ciega sin ningún valor estratégico frente al futuro. Pues, aún ante la derrota, el esfuerzo organizativo que implica toda elección podría permitirle a la oposición reconstruir la unidad estratégica perdida, renovar su liderazgo y recuperar progresivamente el respaldo social de una nueva realidad demográfica. De esta manera, podría recalcular sus estrategias ante una geopolítica cada vez más desarticulada y errática sobre la crisis humanitaria venezolana.

Por lo pronto, estas controvertidas elecciones legislativas podrían terminar por consolidar la transición hacia un régimen mucho más restrictivo. Un nuevo sistema político en el que se controlen hegemónicamente todos los poderes públicos y se mantenga a la nueva oposición tutelada, presa, inhabilitada, exiliada y dividida. Todo ello, ante el padecimiento humanitario producto de un colapso político que hoy luce lejos de resolverse.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Foto de Carlos Adampol em Foter.com / CC BY-SA

Trump: la «tercera mundialización» de la política

Por
Carlos de la Torre
-

Cuando Donald Trump sorprendió a los encuestadores y analistas ganando las elecciones del 2016, el cómico sudafricano Noah Trevor dijo que por fin los Estados Unidos tenía un presidente africano, y yo añadiría «latinoamericano». Trump está la altura del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram en su vulgaridad y machismo. Mientras que Bucaram manifestaba que sus rivales tenían el semen aguado, Trump hizo alarde de agarrar cualquier mujer apetecible. Al igual que los políticos latinoamericanos que no separan el cargo de presidente de la república de sus negocios, el New York Times informó cómo los negocios de los hoteles de Trump y de sus clubs se beneficiaron durante su presidencia. De manera similar a otros populistas que niegan la posibilidad de que el pueblo no vote por ellos, Trump ha dicho que si pierde, será por fraude, y no se ha comprometido a aceptar los resultados electorales.

¿Qué pasó en la democracia americana? ¿Cómo se llegó a un punto en que un presidente y alrededor de la mitad de la población parecerían estar dispuestos a desconocer las elecciones si es que no ganan? A diferencia de cuando los partidos demócrata y republicano competían por el votante medio y tenías propuestas similares, estos partidos se han polarizado. Las guerras culturales marcaron dos campos que tienen hasta estilos de vida diferentes.

Los republicanos son un partido mayoritariamente blanco, cristiano, que no cree en el Estado y que busca dar marcha atrás a las políticas de reconocimiento cultural»

Los demócratas son más seculares y progresistas, incluyen a las feministas, grupos no blancos y a las comunidades LGTBQ. Los republicanos son un partido mayoritariamente blanco, cristiano, que no cree en el Estado y que busca dar marcha atrás a las políticas de reconocimiento cultural a los no blancos, las mujeres, las lesbianas y los gays.

Las elecciones primarias que pretendieron democratizar a los partidos políticos permitieron que grupos radicalizados manejen sus agendas. Si bien activistas de derecha se tomaron el Partido Republicano, las élites del Partido Demócrata contuvieron a los grupos de izquierda. Los partidos actuaron con la lógica de movimientos sociales. La izquierda, politizando las diferencias socioeconómicas entre el 99% y el 1%. La derecha se rebeló en contra de los cambios de poder racial, generacional y de género, buscando regresar a un pasado mítico en el que las mujeres, los no blancos y los homosexuales estaban en su sitio.

Cuando Trump anunció su candidatura manifestando que los mexicanos son criminales, el terreno estaba preparado para un político que diera voz a los sectores xenófobos, racistas y los que buscaban imponer su fe en toda la sociedad. Trump fue la punta de lanza de un movimiento de blancos que se sentían una minoría aplastada por el “political correctness”. Las palabras de Trump les parecieron liberadoras. Fundamentalistas cristianos y católicos le apoyaron, pues prometió poner jueces conservadores que terminaran con el derecho al aborto, el matrimonio gay y la intromisión del Estado en las políticas de salud.

Luego de cuatro años, Trump mantiene el apoyo de grupos conservadores, las iglesias fundamentalistas movilizan a los fieles a su favor, ha resucitado el anticomunismo y el miedo al cambio. Su gran ventaja es que sus seguidores saldrán a votar y probablemente a apoyarlo si dice que hubo fraude. Los demócratas se benefician de la ineptitud de Trump para controlar la COVID, de la crisis económica y del cansancio con la polarización. Sin embargo, es menos seguro que los demócratas salgan a votar, sobre todo porque muchos seguidores de Bernie Sanders no se sienten representados por Joe Biden o Kamala Harris.

El populismo se legitima en las urnas. Cuando las elecciones no deciden, los populismos mutan en dictaduras»

El populismo se legitima en las urnas. Cuando las elecciones no deciden, los populismos mutan en dictaduras. El 2020 podría ser el año de la pandemia, de la crisis económica más fuerte desde los años treinta del siglo pasado y el año en el que murió la democracia americana. O, alternativamente, el año en el que, pese a todas las adversidades, sobrevivió la democracia.

Trump es más un síntoma de un sistema político y de una sociedad que necesitan reformas que su causa. Los EE. UU. son un país profundamente desigual, donde la policía mata con impunidad a las minorías étnicas y en el que se han ido recortando los lazos de solidaridad entre ciudadanos. Es una sociedad polarizada en la que no se puede hablar de política en reuniones familiares y en la que usar una máscara en una epidemia es un acto político. Si Trump desconoce el triunfo de Biden, podría estar invitando a confrontaciones en las calles y a que los militares diriman quién es el futuro presidente, como ocurrió en tantos países del mal llamado tercer mundo en los que las Fuerzas Armadas siguen siendo los árbitros de la democracia.

Foto de Alek S. en Foter.com / CC BY

El retorno del MAS (y Evo Morales)

Por
José Orlando Peralta
-

El corto verano del bloque anti-MAS en Bolivia duró casi un año, pues el nuevo presidente electo, Luis Arce Catacora (MAS), tendrá que jurar al cargo en noviembre o diciembre de este año. El posible retorno de Evo Morales genera alegría para unos y malestar para otros, pero el triunfo de su candidato (delfín) es una evidencia de que su olfato político está sumamente desarrollado. Por su parte, los candidatos derrotados, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, tienen que asumir el papel de la oposición (minoría fragmentada) con la carga sobre las espaldas de haber repetido los mismos errores políticos pasados: no reconocer que la lógica nacional-popular es predominante en sectores populares y grupos indígenas (mayoritarios) que habitan en las periferias de las ciudades capitales de La Paz y Santa Cruz.

¿Cómo se explica el nuevo escenario político en Bolivia?

Los resultados preliminares han corroborado la idea de que en gran parte del imaginario social boliviano, Luis Arce tiene el mejor perfil para dirigir la economía del país. Su condición de exministro del área en el tiempo de la bonanza económica, en la época en que mucha gente salió de la pobreza extrema, y la clase media se ensanchó, ha sido su mejor carta de presentación en un momento crítico: cuando la pandemia de la COVID-19 dejó sin empleo y arrastró nuevamente a la pobreza a muchas familias, peor aún, con la deficiente gestión tanto en el área económica como de la salud pública y los hechos de corrupción en la administración de la presidenta interina Jeanine Áñez.

Por otro lado, la campaña del candidato Carlos Mesa fue floja y sin impacto. Su discurso político no decía nada nuevo, de hecho, se desplegó bajo los parámetros discursivos del MAS en relación con la administración de las empresas estatales estratégicas. Fue una posición pragmática si consideramos que el papel del Estado en el manejo de la economía y generación de fuentes de empleos tiene un buen nivel de aceptación en la población. En síntesis, Mesa fue un candidato de televisión y videos en redes sociales, no de calle. La distancia social (edad de riesgo en pandemia) se la tomó muy en serio en tiempo de campaña, pero su costo fue bastante alto. 

En el caso de Luis Fernando Camacho, su estrategia discursiva se fundamentó en que era un candidato que representaba la renovación de la clase política boliviana, hombre fiel a la fe religiosa (católica y cristiana) y el nuevo líder político que la región oriental de Bolivia (principalmente el departamento de Santa Cruz) necesitaba. Su antecedente: haber enfrentado a Evo Morales en el 2019 y luego haberle causado su renuncia —cuando supuestamente hubo fraude— le generó la credencial para postularse a la Presidencia. Sin embargo, fue un fracaso. La simbiosis región-fe-juventud tuvo efecto solo en el 14,1% de los votantes —según el conteo rápido de Jubileo (institución con una fuerte credibilidad en el desarrollo de encuestas de intención de voto)— y marcó una polarización social con el clivaje Oriente versus Occidente.

¿Cuáles son los retos del nuevo presidente electo?

Si bien para gran parte de la población (electores), Luis Arce posee los créditos necesarios para administrar las finanzas del Estado en el contexto de una pandemia que ha afectado económicamente a la población más vulnerable, también tiene el gran reto de fortalecer la institucionalidad democrática. Si la mayoría en la nueva Asamblea Plurinacional (Parlamento) es representada por su partido (MAS) —como está previsto—, entonces tendrá vía libre para marcar la agenda de diferentes temas y problemas pendientes. Sin embargo, si la agenda de temas de la minoría es inviabilizada en su totalidad no se habrá avanzado mucho. Si el oficialismo neutraliza políticamente a la oposición y esta se mantiene fragmentada y desorientada, tendremos una nueva gestión caracterizada por la cacofonía de estos y la arremetida de aquellos. Nada nuevo bajo las estrellas en Bolivia.

Es necesario destacar que, en el contexto internacional, el triunfo del MAS ha sido un golazo de media cancha de la izquierda progresista latinoamericana. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, tuiteó: “Felicitaciones al MAS, que ha recuperado en las urnas, el poder que le fue usurpado por la oligarquía, con la complicidad de la OEA y la guía imperial”. Por su parte, el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, escribió: «¡Jallalla Bolivia! Un abrazo a los hermanos Luis Arce y David Choquehuanca. Con su liderazgo, junto a Evo y Álvaro, nuestra entrañable Bolivia vuelve a su pueblo, vuelve también a la Patria Grande”.

Una gran duda que queda en el aire es la independencia-dependencia y cercanía-lejanía entre Arce y Morales»

Ahora bien, una gran duda que queda en el aire es la independencia-dependencia y cercanía-lejanía entre Arce y Morales. ¿Tendrá estilo propio para gobernar Luis Arce? ¿O será Morales quien mueva los hilos del poder? Solo el tiempo sabrá dar la respuesta. Por ahora, lo cierto es que ha ganado una elección con méritos propios y tendrá como compañero de ruta al excanciller David Choquehuanca —se considera como “el último inca” —, quien fue elegido por diferentes organizaciones indígenas y populares, principalmente del Occidente del país, para que sea el candidato vicepresidencial. Aquí surge otra pregunta: ¿en qué medida son coincidentes sus respectivas visiones y agendas sobre el Estado, economía y sociedad de Arce y Choquehuanca?

Será la cuarta vez que el MAS llegue al Gobierno nacional con un amplio respaldo electoral y un nuevo binomio con perfiles diferentes con respecto a sus antecesores: presidente con imagen de tecnócrata y vicepresidente con cara de indígena. El retorno del MAS al Gobierno y de Evo Morales al país son dos hechos políticos que transmiten, simultáneamente, encono para unos y esperanza para otros. “Vamos a gobernar para todos los bolivianos, vamos a construir un gobierno de unidad nacional”, fue uno de los mensajes de Arce como presidente electo. Esperemos que estas palabras no se las lleve el viento y el nuevo presidente demuestre que hará todo lo posible para ponerlas en práctica, pues hace mucha falta.

Foto por Casa de América en Foter.com / CC BY-NC-ND

A. L. y el reto de la reactivación económica

Por
Gustavo Cuesta Rugel
-

Para América Latina, la pandemia de la COVID-19 traerá la peor crisis socioeconómica en los últimos 100 años, lo cual es un reto. De acuerdo con el último estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal), en 2020 la economía de la región se contraerá en un 9,1%, el ingreso per cápita retrocederá a niveles de 2010, el desempleo alcanzará el 13,5% y la pobreza llegará al 37,3%. Adicionalmente, la magnitud de la crisis actual y la fragilidad de la economía latinoamericana antes de la pandemia avizoran una recuperación lenta que implicaría una reducción de la clase media y una década perdida en el ámbito social.

Ante esta situación inédita y compleja, la región presenta una serie de retos para encaminarse hacia la recuperación económica.

El primer reto es lidiar con la incertidumbre que ha traído la COVID-19. Los países de la región, al igual que el resto del mundo, no tienen certezas sobre la duración de la pandemia, la posibilidad e intensidad de posibles rebrotes, el acceso oportuno a una vacuna, la magnitud del deterioro socioeconómico, los costos de la crisis y su eventual financiamiento.

Adicionalmente, ya hay tensiones políticas y sociales por el manejo de la pandemia en varios países, que, además, se encaminan a elecciones polarizadas en los próximos meses. Estos hechos no permiten construir una agenda con consensos mínimos para resolver los problemas coyunturales y encaminarse a la reactivación productiva.  

Las perspectivas para la región no eran las más alentadoras antes de la pandemia»

En cuanto a lo económico, las perspectivas para la región no eran las más alentadoras antes de la pandemia. En su Estudio económico del año 2019, la Cepal alertaba sobre un estancamiento y desaceleración del crecimiento económico latinoamericano. Para hacer frente a la inesperada crisis sanitaria y sus primeras consecuencias económicas y sociales, los países han recurrido a políticas macroeconómicas convencionales, no convencionales (financiamiento directo de los bancos centrales a la caja fiscal) y a un considerable endeudamiento público. Estas medidas, además de los efectos económicos del confinamiento en variables como el empleo, la producción y demanda, han profundizado los desequilibrios macroeconómicos preexistentes.

En esta situación, el segundo reto de los países es recuperar y mantener los equilibrios macroeconómicos y, a la par, emplear políticas a corto y mediano plazo para dotar de liquidez a la economía, proteger el empleo, reactivar la producción e impulsar la demanda agregada. Hacer todo esto implica acuerdos nacionales y reformas económicas, en muchos casos estructurales, en todos los sectores de la economía.

El desafío (y oportunidad) es que las reformas permitan reorientar el modelo productivo hacia un desarrollo y crecimiento sustentables, con mayor productividad e innovación y menos dependencia del sector primario. En el ámbito laboral, es fundamental crear políticas que, entre otras cosas, reduzcan las brechas salariales por diferencias de género y etnia, la informalidad y el desempleo juvenil. Con respecto a lo fiscal, se debe avanzar  hacia la construcción de sistemas tributarios progresivos que mejoren la distribución de la renta en la región y permitan una mayor sostenibilidad en las finanzas públicas.

Antes de la crisis sanitaria, los niveles de endeudamiento en el continente se habían incrementado»

Antes de la crisis sanitaria, los niveles de endeudamiento en el continente se habían incrementado. Actualmente, el reto radica en evitar el sobreendeudamiento, la sostenibilidad de los pasivos y que el financiamiento futuro tenga condiciones favorables. En el sector monetario y financiero, el reto se presenta en mantener estables los sistemas cambiarios y dotar de liquidez a la economía.

El tercer reto para América Latina es el ámbito social. La pandemia y sus efectos han dejado en evidencia la debilidad y fragilidad de los sistemas de protección social de la región, sobre todo en zonas rurales y urbano marginales. En estas zonas, caracterizadas por sus altos niveles de pobreza e inequidad, la falta de acceso a servicios públicos esenciales como agua potable y alcantarillado, y las dificultades para acceder al sistema de salud pública han incrementado la vulnerabilidad de la población al virus y han agravado sus condiciones de vida. Adicionalmente, existen problemas para que niños y jóvenes puedan continuar con su educación en modalidades virtuales o semipresenciales, debido a la falta de equipamiento e infraestructura tecnológica en varias zonas.

Frente a esta problemática es un reto urgente para la región emplear políticas que fortalezcan la protección social, el acceso a servicios públicos esenciales y que garanticen la seguridad alimentaria. Esto no solo llevaría a reducir la vulnerabilidad de la población, sino también evitaría una mayor caída de la demanda agregada.

La crisis ha mostrado, asimismo, la débil e inefectiva integración regional. Las iniciativas conjuntas para hacer frente a los problemas por la pandemia han sido escasas tanto al comienzo de la pandemia como en la actualidad. Profundizar la integración latinoamericana en este contexto es un reto adicional que podría permitir, por ejemplo, la construcción de una agenda regional de reactivación productiva y socioeconómica, impulsar el comercio regional y el acceso conjunto y a menor costo a potenciales vacunas contra la COVID-19.

Los retos planteados suponen un panorama difícil y complejo para América Latina a corto y largo plazo. Sin embargo, las políticas de reactivación productiva que impulsen los países deben ser más que un instrumento para salir de la crisis sanitaria y económica. También deben ser una oportunidad para construir una Latinoamérica más integrada, con menos polarización social, economías más sólidas y una mayor justicia social.

Foto de Santiago Sito en Foter.com / CC BY-NC-ND

Ecuador: ¡derribemos todas las estatuas!

Por
Juan Francisco Camino
-

Cada año, con la llegada del 12 de octubre, en la mayoría de los países hispanoamericanos surgen posturas contrapuestas en torno a la colonización española, que empezó en 1492 y finalizó en la primera mitad del siglo XIX con los procesos de independencia. Ecuador no es una excepción: mientras que para algunos la existencia de una llamada “leyenda negra” ha generado un imaginario de revancha, repudio y odio hacia lo que fue el Imperio español, para otros es una fecha que recuerda más de 500 años de resistencia de los pueblos originarios, quienes han tenido que soportar el despojo, sufrimiento y sometimiento de la autoridad colonial y republicana.

Con motivo de la fecha, estatuas de diferentes personajes de la época colonial han sido derribadas o vandalizadas en distintas ciudades de América Latina y Estados Unidos. En el caso del Ecuador, algunos grupos de manifestantes indígenas y otros autodenominados como “hispanistas” encontraron en la estatua de Isabel la Católica el espacio ideal para expresar sus posturas respecto al período colonial e introducir en la discusión pública el viejo debate sobre la presencia española en América.

Pero en un país como Ecuador, donde a lo largo de su historia se han creado imaginarios de líderes carismáticos, apoyándose en supuestos mandatos divinos o inspiraciones mesiánicas, y cuya autoridad se articula en torno a la figura del “iluminado”, la existencia de monumentos que rememoran esos liderazgos es, sin duda, nociva. Una historia plagada de la distinción schmittiana de “amigo-enemigo”, la cual refuerza los relatos de las bondades y los pecados de distintos líderes, distorsiona lo sucedido sobre esos procesos políticos y subraya la importancia de entender esos procesos como mecanismos para la búsqueda del poder; como medios para alcanzar unos fines específicos.

La existencia de una memoria histórica, que se centra en los individuos y no en los procesos, impide ver que tras esas figuras idealizadas siempre existieron otras personas sin las cuales hubiese sido imposible su éxito. Tal es el caso de los afroamericanos que, en el proceso de emancipación de las repúblicas americanas, cambiaron su vida por la posibilidad de dejar la esclavitud. También están los indígenas, que con su trabajo y a pesar de la oposición de las élites terratenientes, ayudaron a la construcción de caminos que permitieron un mayor comercio interno en el período denominado como  “garcianismo” (1859-1875). O la participación de una élite costeña en la expansión, con ideas liberales, que tuvo su culmen en la revolución del 5 de junio de 1895.

Alimentar los mitos relacionados con los próceres de la patria no hace más que reproducir la existencia de figuras omnipresentes en la historia, perpetuando las lógicas de ‘beatificación’ o ‘satanización”

En sociedades en las que la política se articula en torno al culto a la personalidad, y en las que el populismo es parte de una cultura política que se contrapone a las instituciones de la democracia liberal, alimentar los mitos relacionados con los próceres de la patria no hace más que reproducir la existencia de figuras omnipresentes en la historia, perpetuando las lógicas de “beatificación” o “satanización”. Tanto es así que no sorprende que aún se ignore la definición de los indígenas del Ecuador como “clase abyecta y miserable” de la Constitución de 1830 (a pesar de habernos ya “liberado de la opresión ibérica”) o que, 145 años después de su muerte, aún se considera a Gabriel García Moreno como “presidente mártir”. Entre otros casos similares, algunos aún consideran que Eloy Alfaro Delgado (líder de la revolución liberal de fines del siglo XIX y XX) fue el único constructor del ferrocarril que unía la costa con la sierra del Ecuador (obra que comenzó en 1873), y lo que es peor: que en pleno siglo XXI se considere al expresidente Rafael Correa como el “sucesor” del proyecto liberal del Alfaro.

Si queremos revisar la historia, que sea deconstruyendo a nuestros “mesías” y no “blanqueando” violentos procesos de dominación, tal como lo propugnan actualmente algunos grupos, especialmente a través de las redes sociales. Continuar rememorando a los líderes a través de una narrativa que los pone por sobre el resto de los mortales no cambiará ese imaginario que busca el regreso de un “elegido”, que “salvará a la patria”. Se necesita una democracia con instituciones fuertes, y para conseguirla, no solo basta con un diseño institucional que permita su funcionamiento, sino también una cultura política que la favorezca.

Y, tal vez, uno de los principales retos para la sociedad del Ecuador sea justamente construir esa cultura política que permita realmente entender el significado de la democracia. De una democracia que reconozca el pluralismo de cosmovisiones, construcciones históricas y posiciones políticas, tan necesarios para un equilibrio político que garantice el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. Una cultura política que propicie la participación política alejada de las amenazas, de la violencia y del irrespeto entre posiciones contrarias; que permita una mayor inclusión y competencia de sectores históricamente excluidos, y así, alejar a los fantasmas autoritarios y totalitarios, que también se nutren de los caudillismos. Por eso, no solo se deben derribar las estatuas de colonizadores, colonizados o de quienes nos han gobernado; ¡se deben derribar todas!

Foto de C. Matges em Foter.com / CC BY

1...236237238...259Página 237 de 259

Medios que publican nuestro contenido

Copyright © Latinoamérica21.com - Montevideo

Volver arriba