La crisis política que ha vivido Ecuador en los últimos días le ubica en el centro de definición de cruciales tendencias regionales sobre cómo abandonar modelos económicos que combinan extractivismo y rentismo de los recursos naturales, y sobre cuya lógica se sustentan sistemas políticos basados en el clientelismo y la corrupción.

América Latina no logra salir de su tradicional vocación de ser proveedora de materias primas al sistema de la economía mundial, lo que la vuelve sumamente dependiente de ciclos expansivos y recesivos; esto hace que la búsqueda de financiamiento público conduzca a exacerbar la sobreexplotación de la naturaleza. Es el caso del Brasil y la Amazonía, o del mantenimiento de privilegios que debilitan las cuentas fiscales, como es el caso de las graves distorsiones de la economía petrolera venezolana.

En la realpolitic regional, el enfrentamiento tiende a polarizarse entre aquellos modelos políticos que redistribuyen por medio de la intervención del Estado y aquellos que apuntan a liberalizar las fuerzas del mercado. Ambas líneas parecerían servirse a su manera del extractivismo; las unas, para incrementar los márgenes de utilidad de sus empresas; las otras, para reproducir formas clientelares y corporativas de distribución económica. Ambas utilizan al Estado de distinta forma y reducen sus capacidades de regulación y control o amplían los marcos de su intervención.  

Las medidas económicas ejecutadas por el gobierno de Lenín Moreno intentaron, de alguna forma, alterar esta lógica política. Además, estaba obligado por el agobiante déficit público, producto de la gestión rentista de la última década. Las medidas llevaron a una movilización social de enormes proporciones hasta el punto de poner en riesgo la estabilidad democrática del país. La política de eliminación de los subsidios a los combustibles compartía tanto la certeza de ser técnicamente correcta como políticamente costosa, de allí que el fracaso en aplicarla pueda ser atribuida, entre otros factores, a una percepción equivocada del mismo Gobierno sobre la magnitud y complejidad de esta operación. De hecho, esta acción devolvió el protagonismo al movimiento indígena del Consejo Nacional de Organizaciones Indígenas (Conaie) que había sido neutralizada y atacada fuertemente durante el periodo correísta.

Habiendo empezado como paro de transportistas, el país se enfrentó a una movilización indígena en el país, pero con fuerza principalmente en la región sierra. Pero a diferencia de otras ocasiones, la violencia, el vandalismo y la acción delincuencial se presentaron con fuerza. ¿Estas acciones son adjudicables a los indígenas? Una somera revisión de sus anteriores movilizaciones registran su firmeza y contundencia, pero no la utilización de formas de violencia extrema y de vandalismo. Para el Gobierno y para muchas voces de la sociedad civil, junto a la protesta indígena se ubicaba una clara intención de desestabilización por parte del expresidente Rafael Correa y su movimiento, ahora denominado Revolución Ciudadana. 

La medida adoptada tenía, sin duda, impactos diferenciales: la reacción inicial fue de los sindicatos del transporte; el impacto mayor era, sin embargo, en las economías rurales que proveen de alimentos a bajos costos a la economía urbana. Una lógica en la cual se vuelve patente la inequidad campo-ciudad y que, paradójicamente, es reforzada por el subsidio. El impacto también es significativo en los sectores medios y altos que hubieran debido pagar los combustibles a precios internacionales, a las economías del contrabando, a las empresas navieras vinculadas a la pesca industrial, a las economías vinculadas a la minería ilegal, al narcotráfico y, en particular, a la producción de cocaína. La medida, además, se ubicaba a la altura de las exigencias contemporáneas de combate al cambio climático: el Estado no tiene por qué subsidiar la emisión de CO₂ a la atmósfera.

Para el Gobierno, además, la eliminación del subsidio significaba dejar de depender del crédito oneroso y poner bajo control la ecuación perversa de déficit público y endeudamiento, que venía caracterizando al manejo de la política económica. La situación de la economía del país no es de fácil solución: niveles de endeudamiento a tope de lo permitido, petróleo comprometido en preventas petroleras hasta el año 2024, pérdida de la capacidad de inversión pública. En definitiva, la tormenta perfecta.

La virtual imposición del movimiento indígena en la mesa de negociaciones obligó al Gobierno a retroceder»

El desenlace, tras 12 días de un conflicto desgastante y que amenazaba con desestabilizar al régimen, parecería devolverle al país al momento previo y dejó la sensación de que el intento por racionalizar la economía fue infructuoso; la virtual imposición del movimiento indígena en la mesa de negociaciones obligó al Gobierno a retroceder. Si bien la pacificación que resultaba del acuerdo fue saludada por todos, la sensación de que «no todos ganaron» comenzó a aparecer de inmediato; el conflicto dejó pérdidas humanas y materiales incalculables y su salida despertó viejos fantasmas que permanecían dormidos, los del racismo y el regionalismo, en particular entre las clases medias de las principales urbes, las cuales observaron el conflicto desde la comodidad de sus dispositivos tecnológicos.

Distintas preguntas se desprenden del análisis: existen varias disyuntivas que pueden ser comunes a distintos Gobiernos y países de América Latina: cómo crear e implementar políticas que arreglen las cuentas fiscales y resuelvan, a la vez, ancestrales problemas de inequidad; cómo impulsar el crecimiento sostenible que no se apoye sobre la sobreexplotación de riquezas naturales. Las salidas al conflicto nos revelan que la movilización en Ecuador y su desenlace están fuertemente implicadas en la definición de modelos políticos de gestión que se apoyan en antagónicas fuerzas políticas, que los conflictos ya no son locales, sino que pertenecen a complejas lógicas de la geopolítica mundial y regional. El escenario es muy complejo, pero no por ello la necesidad de nuevos arreglos y soluciones deja de ser impostergable.

Foto de André Gustavo Stumpf en Foter.com / CC BY

La eliminación del subsidio a la gasolina y al diésel en Ecuador es la primera decisión económica de trascendencia que asume el gobierno de Lenín Moreno. A pesar de que la crisis económica que vive el país ameritaba el que esa medida y otras colaterales se tomaran hace mucho tiempo, lo cierto es que al fin está en vigencia. Sin embargo, y como toda decisión que afecta al bolsillo de la ciudadanía, genera conflictividad y así lo debió entender el Gobierno.

Desafortunadamente, da la impresión de que en Carondelet no tenían un plan de contingencia para afrontar la arremetida de diferentes sectores sociales. También da la impresión de que la noticia de la eliminación del subsidio fue conocida con muchísimo tiempo de antelación en los exteriores del palacio de Gobierno. No se entiende de otra forma que las protestas de transportistas y, posteriormente de indígenas, se hubieran hecho visibles a las pocas horas de que se hizo pública la decisión de eliminar el subsidio. Cualquier movilización de ese tipo requiere tiempo para su correcta articulación.

No se trata solo de falta de previsión para crear una estrategia de respuesta política ni tampoco de omisión en cuanto al debido control de la lealtad de quienes rodean al presidente de Ecuador. También se trata de una deficiente estrategia de exposición pública de la medida adoptada. En efecto, al sumar el asunto del subsidio al resto de las propuestas de reforma que irían a la Asamblea Nacional, la idea que hubo entre la población fue que, al igual que la eliminación del subsidio entró en vigencia inmediatamente, un curso similar asumían el resto de las medidas, como el recorte de las vacaciones en el sector público o las modificaciones del régimen laboral.

Por ello, ahora las demandas de diferentes sectores se refieren al “paquetazo” económico, cuando, en realidad, lo único que hay ahorita es la eliminación del subsidio a la gasolina y al diésel. Si la aplicación de las medidas tenían velocidades diferentes, quizás una opción también era exponerlas a la ciudadanía por cuerda separada. 

El Gobierno no tiene otra alternativa que mantenerse en su posición de defensa de la eliminación del subsidio, pues claudicar implicaría no solo afectar al proceso de reestructuración de la economía nacional, sino también debilitarse políticamente»

Pero lo hecho, hecho está. Ahora el Gobierno no tiene otra alternativa que mantenerse en su posición de defensa de la eliminación del subsidio, pues claudicar implicaría no solo afectar al proceso de reestructuración de la economía nacional, sino también debilitarse políticamente hasta el punto de que dicha decisión debería ir acompañada de la renuncia del presidente Moreno.

Como nadie en Ecuador desea inestabilidad y caos, salvo los prófugos y atracadores de los recursos públicos que nos gobernaron durante diez años, es necesaria una actitud conciliadora de parte y parte. Sin embargo, esa no parece ser la lógica que ahora mismo orienta a las organizaciones indígenas. Situadas en el punto extremo de pedir el retorno del subsidio como punto de partida de cualquier acercamiento, su posición no es la de quien cede y negocia, sino la de quien, de forma intransigente, quiere para sí todo lo que está en disputa. No solo eso. Hace pocas horas han privado de la libertad a varios policías y amenazan con aplicar justicia indígena. Los indígenas han pasado de la protesta y el reclamo a conductas delictivas.

En una situación como la descrita, el Gobierno de Ecuador no solo debe buscar la mediación de organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o las universidades, sino también crear una estrategia de fina política en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

En dicha operación se deberá evaluar si realmente todos los sectores que están agremiados ahí están en una posición francamente extremista, poco cívica y que compromete los intereses de todo un país o, si por el contrario, la actitud intransigente corresponde solamente a unos cuantos dirigentes con pretensiones electorales.

En vista de la evolución de la organización indígena durante los últimos años, da la impresión de que la segunda opción es la más cercana a la realidad. En todo caso, con miras a dicha operación política, al Gobierno no solo le favorece el advenimiento de un feriado nacional, sino también el respaldo de diferentes sectores sociales y, esencialmente, de las Fuerzas Armadas. De hecho, la sólida posición que han mantenido los militares en los últimos días debe ser asumida, casa adentro, como una forma de evidenciar al país de que efectivamente son demócratas y respetan el orden constituido.

En medio del conflicto y de las condenables violaciones de los derechos humanos que se han verificado, y para que el acuerdo llegue lo más pronto posible, el Gobierno tendrá que necesariamente ampliar el espectro de asuntos por negociar con las organizaciones sociales. En ese punto, seguramente muchas de las posibles reformas que iban a ser sometidas a la Asamblea Nacional quedarán truncadas o, al menos, modificadas de forma tal que resulten inviables en la práctica. Quizás también las cabezas de algunos ministros deberán rodar. Esos son los costos que tendrá que pagar el presidente Moreno, en parte, por sus desprolijidades, y, en parte, por la intransigencia de los movilizados. Peor aún, ese es el costo que tendrá que pagar el país por la década de desgobierno de las mentes lúcidas y las manos limpias. Sí, las mentes lúcidas que destruyeron la economía nacional. Sí, las manos limpias que ahora están entre barrotes o buscando el caos para evitar la posibilidad de terminar con sus huesos en el presidio.

Foto de  germunchis em Foter.com / CC BY-NC-SA