La IA y el refugio digital: cómo la tecnología está rediseñando nuestros vínculos

Constanza Cilley
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La IA y el refugio digital: cómo la tecnología está rediseñando nuestros vínculos

Históricamente, América Latina ha sido celebrada como una región de “abundancia relacional”, donde el calor de los vínculos humanos era el pilar de la cohesión social. Sin embargo, los datos más recientes de la consultora en opinión pública Voices! revelan una fractura profunda: la importancia asignada a las relaciones humanas ha caído 15 puntos en solo seis años (el porcentaje de personas que las considera muy importantes ha pasado del 62% en 2019 al 47% en 2025). En este vacío, ha emergido un nuevo actor que ya no se percibe como una máquina, sino como un compañero: la inteligencia artificial (IA).

Cuando la soledad golpea, el instinto de la población ya no es buscar un encuentro físico, sino refugiarse en el ecosistema digital. Según nuestras investigaciones, cuando se sienten solos el 49% de los argentinos recurren a las redes sociales como principal búfer para mitigar el sentimiento de aislamiento. Si sumamos el uso de mensajería, juegos online y la propia IA, observamos que el 64% de la población general —y un asombroso 77% entre los jóvenes— gestiona la soledad a través de una pantalla.

Este fenómeno revela un cambio de paradigma: el contacto presencial espontáneo está cayendo en desuso y siendo reemplazado por formas de conexión más controlables que permiten dosificar la exposición emocional y evitar el “roce” del encuentro directo.

Es fundamental entender que la tecnología no solo está introduciendo a la IA en nuestras vidas, sino que está transformando cómo nos vinculamos con otros humanos. Al comparar las interacciones mediadas por la tecnología frente a las presenciales, los datos desafían la jerarquía tradicional que dictaba que “lo presencial es siempre mejor”.

Para las nuevas generaciones, la distinción es cada vez más borrosa. El 48% de los jóvenes sienten que son igual o incluso mejor comprendidos en sus interacciones online que en las presenciales. Lo que antes se consideraba un sustituto deficiente hoy se percibe como un entorno legítimo y, en muchos casos, preferible por su seguridad y profundidad conversacional. Esta preferencia no nace de un desprecio por lo humano, sino de la búsqueda de un andamio que facilite la comunicación en un clima de alta cautela relacional. Lo digital ofrece una capa de protección que reduce la ansiedad y la fatiga que hoy genera el cara a cara.

¿Pero cómo impacta específicamente la IA en nuestras relaciones con los demás? La IA aparece como copiloto de nuestros vínculos. Aunque la mayoría (54%) de los usuarios de IA no perciben su impacto en su forma de relacionarse, un 39% de los usuarios afirman que la IA ha afectado a sus vínculos con otras personas. De este grupo, el 27% describen a la IA como un “complemento” de sus lazos humanos, utilizándola para entender mejor a los demás o para facilitar su propia comunicación. Un 13% menciona que la IA reemplaza a las personas en roles específicos de consejo o charla. Esto sugiere que la IA está funcionando sobre todo como una prótesis relacional: una herramienta que ayuda a apuntalar las interacciones humanas allí donde la infraestructura emocional del individuo se siente sobrepasada o insegura.

Sin embargo, hay matices más profundos: el 23% de los jóvenes ya confiesan que les resulta más fácil revelar sus pensamientos a una IA que a personas cercanas, y un 6% reporta haber experimentado incluso excitación sexual en sus diálogos con la máquina. Estos datos marcan el inicio de una nueva frontera donde la IA comienza a absorber funciones de intimidad que antes eran exclusivas del otro humano.

El ascenso de la tecnología y la IA en nuestro ecosistema afectivo nos obliga a repensar la cohesión social en nuestra región. No estamos ante el fin de la calidez, sino ante su reasignación estratégica. El individuo contemporáneo está construyendo un bienestar modular, donde las redes sociales absorben la soledad inmediata, la IA apuntala la comunicación, las mascotas ofrecen estabilidad y las plantas calma, mientras que los vínculos humanos se reservan para momentos de alta densidad simbólica.

El reto para Latinoamérica es asegurar que estos andamios digitales no se vuelvan tan confortables que terminemos por olvidar cómo habitar la vulnerabilidad y la negociación que solo el encuentro real con el otro —con toda su imprevisibilidad— puede ofrecernos.

La tecnología y la IA se han convertido en el “doble vidrio” de nuestra casa emocional. Nos permiten ver el mundo, sentirnos acompañados por su luz y hasta recibir ayuda para entender qué pasa afuera, pero nos protegen del viento y el frío que a veces implica abrir la puerta y salir al encuentro del otro. El “doble vidrio” brinda un aislamiento que aparenta ser seguro, pero que nos exige un esfuerzo extra para no perder la hermosa costumbre de respirar el aire compartido.

Crisis hídricas en Montevideo y Río de Janeiro: ¿una oportunidad para la privatización?

Natalia Dias Tadeu  |   Micaela Trimble   |   Suyá Quintslr
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Crisis hídricas en Montevideo y Río de Janeiro: ¿una oportunidad para la privatización?

En los últimos años, al menos dos metrópolis sudamericanas atravesaron falta de agua por razones de calidad o cantidad adecuadas. En 2020, la Región Metropolitana de Río de Janeiro lidió con una emergencia hídrica debido a una contaminación por geosmina, compuesto orgánico no tóxico producido por algas, que volvió “desagradable”, según relatos de la ciudadanía, el olor del agua e hizo visible una crisis estructural de agua y saneamiento. Y en 2023, el Área Metropolitana de Montevideo vivió una crisis que puso en jaque a aproximadamente 1,5 millones de personas, debido a una sequía y al aumento en la salinidad del agua, dudas sobre la potabilidad y una sensación generalizada de vulnerabilidad.

A primera vista las crisis parecen diferentes: una por exceso de cloruro de sodio, otra por mal olor. Pero hay un patrón común: disputas por el modelo de gestión del agua, presiones del sector privado (interesados en ingresar al mercado de distribución), crisis de gestión debido al modelo predominantemente centralizado, poco participativo y con gran asimetria de poder en la gobernanza y narrativas oficiales que buscaron enmascarar responsabilidades. Estas fueron algunas de las reflexiones surgidas en la mesa redonda “¿Qué surge primero: las crisis hídricas, las soluciones hidráulicas o el involucramiento de empresas privadas? Reflexiones sobre Montevideo y Río de Janeiro”, en la que participaron los expertos María Selva Ortiz, Álvaro Briano y Ana Lucia Britto, en el marco del proyecto “Dimensiones hidrosociales de la crisis hídrica en la Región Metropolitana de Montevideo”, junto al PRIDES (Facultad de Ciencias Sociales) y la Unidad de Ciencia y Desarrollo (Facultad de Ciencias) de la Universidad de la República.

La naturalización de las causas

El discurso oficial y ciertos medios responsabilizaron a la sequía, la variabilidad climática y fenómenos ambientales como las floraciones algales o de geosmina. En Montevideo, el aumento de la salinidad del agua que pasó a ser definida como “bebible” (nueva categoría usada para sustituir la de agua potable) y las restricciones hídricas fueron explicados como consecuencia del bajo caudal del río Santa Lucía (que desemboca en el estuario del Río de la Plata) y la sequía prolongada. Sin embargo, ese diagnóstico omite las decisiones que llevaron a demoras en inversiones, falta de mantenimiento de redes hidráulicas, las dificultades y atrasos en la implementación de las medidas de gestión previstas para la cuenca, participación social limitada, entre otros.

De forma similar, en Río de Janeiro la contaminación crónica de la cuenca del río Guandu, fuente de agua para más de 9 millones de personas, la histórica subinversión en agua y saneamiento y una gestión marcada por negligencias preceden al episodio de geosmina. A ello se suma la      comprensión de un problema estrictamente técnico, la despolitización y baja participación social en la gestión, marcada por decisiones “intencionalmente” deficientes. Esto incluye la no interrupción de toma de agua bruta cuando las condiciones no eran adecuadas para su tratamiento, con la consecuente distribución de agua con patrones organolépticos alterados (olor y sabor) para toda la metrópoli. La narrativa pública no buscó minimizar la alarma (por el contrario, contribuyó a amplificarla), funcionando la crisis como uno de los factores que sostuvieron y legitimaron una agenda privatizadora ya en marcha, iniciada tras la sanción de la Ley nº 14.026/2020.

En síntesis, en ambos casos, las crisis se explicaron parcialmente como fenómenos naturales o de naturaleza técnica, aunque tenían raíces profundamente políticas e institucionales.

La escasez hidrosocial y las oportunidades de privatización

Si nos planteamos entender estas crisis a partir del concepto de escasez hidrosocial, formulado por la experta Ana Lúcia Britto, podemos comprenderlas no como consecuencias ambientales o naturales, sino como producto de decisiones institucionales, modelos de desarrollo, desigualdades y relaciones de poder. En un contexto ideal, el agua sería garantizada como derecho humano y gestionada de forma participativa, sin embargo, cuando el Estado no realiza inversiones necesarias, prioriza intereses económicos o subestima la participación social, el resultado es la escasez que afectó a millones de personas.

En el caso uruguayo, la vulnerabilidad del suministro depende hoy de decisiones de inversión de largo plazo, del modelo de gestión elegido para la cuenca del Santa Lucía (que prioriza el sector productivo agropecuario), y del mantenimiento de la red de distribución. En Río de Janeiro, la escasez surge de un entramado de desigualdades territoriales, concentración del abastecimiento, fragilidad institucional y un modelo técnico centralizado, junto a una histórica baja inversión en infraestructura y falencias en la cobertura de agua y saneamiento. A estos factores se sumó la crisis económica y fiscal del estado de Río de Janeiro, que favoreció la privatización del sector.

Muchas veces se plantea que las crisis hídricas pueden convertirse en ventanas de oportunidad para reconfigurar la gobernanza del agua. El caso de Río nos muestra cómo la contaminación fue utilizada para deslegitimar a la empresa pública de agua y saneamiento (la CEDAE), que, junto a otros factores llevó a la concesión de los servicios a privados en 2021.

En Montevideo, la crisis de 2023 reactivó el debate sobre grandes obras hidráulicas, tal como el Proyecto Neptuno, propuesto por un consorcio de empresas privadas y aprobado durante el gobierno anterior, defendidas como soluciones estructurales bajo la bandera de “seguridad hídrica”. A diferencia del caso de Río de Janeiro, la agenda privatizadora en Uruguay fue parcialmente contenida, en buena medida por la movilización social y el cambio político que actualmente renegocia otros proyectos hidráulicos con el consorcio privado.

Consideraciones finales

Las crisis hídricas revelan qué se prioriza en nuestras sociedades: quién decide, quién se beneficia, quién queda afuera y qué tipo de relación imaginamos con un bien fundamental para la vida.

Las crisis hídricas metropolitanas del siglo XXI no se definen solo por el agua que falta o por la mala calidad del agua que llega a los hogares. Se definen por la forma en que Estados, empresas y sociedades movilizan -o no- capacidades políticas para enfrentarlas. Los casos de Montevideo y Río de Janeiro muestran que lo que está en juego no es solo la gestión del agua, es también el modelo de gestión de los territorios de las cuencas hidrográficas, de la infraestructura de saneamiento y del medio urbano. En ambos casos, lo técnico y lo político no pueden separarse: la crisis del agua no es solo un problema ambiental (o natural) o una falla técnica, sino las señales de grandes falencias de un modelo de gestión.

Los ciclos políticos cambian, pero el paradigma hidráulico permanece. Sea mediante contratos heredados, flexibilizaciones normativas o nuevas obras presentadas como indispensables para la seguridad hídrica, las crisis terminan consolidando un mismo modelo que privilegia las obras para infraestructura y la participación privada por encima de alternativas democratizadoras de la gestión de un bien común. Frente a esta situación, debemos preguntarnos: ¿pueden las crisis conducir también a fortalecer la gestión del agua como bien común y derecho humano? ¿o terminarán siempre siendo un camino para soluciones que involucren a los sectores privados con interés en los servicios de abastecimiento de agua?

Movilidad humana: un fenómeno global que redefine fronteras, derechos y sociedades

Juan Gabriel Jaramillo Giraldo
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Movilidad humana: un fenómeno global que redefine fronteras, derechos y sociedades

La migración es una realidad que con frecuencia queda al margen del debate público. No se trata únicamente de cifras ni de flujos migratorios, sino de personas que se desplazan porque en sus lugares de origen dejaron de existir condiciones mínimas para vivir dignamente. En un contexto global marcado por crisis superpuestas, la movilidad humana deja al descubierto una tensión central de nuestro tiempo: la urgencia de millones de personas frente a la lentitud, cuando no la indiferencia, de las respuestas políticas.

Hoy, más de 281 millones de personas viven fuera de su país de origen, y al menos 122 millones se encuentran desplazadas por la fuerza a causa de conflictos, violencia, crisis económicas y desastres ambientales. Estas cifras no representan un fenómeno aislado. Son el reflejo de un sistema global que produce exclusión de forma estructural y que, al mismo tiempo, no logra ofrecer mecanismos eficaces para gestionar la movilidad que genera.

Las Naciones Unidas han avanzado en resoluciones y marcos de referencia que reconocen la migración como un fenómeno inherente al desarrollo humano. El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular marcó un hito al proponer cooperación, enfoque de derechos y corresponsabilidad. Sin embargo, en la práctica, la brecha entre los compromisos internacionales y las políticas nacionales sigue siendo profunda, especialmente en regiones como América Latina y el Caribe.

América Latina: una región en constante movimiento

América Latina y el Caribe concentra hoy una de las dinámicas migratorias más complejas del mundo. La región es, al mismo tiempo, origen, destino, tránsito y retorno. Esta condición desafía las categorías tradicionales con las que aún se diseñan muchas políticas públicas. El desplazamiento venezolano es el ejemplo más visible. Más de siete millones de personas han salido de su país, y el 85% permanece en países de la región. Colombia acoge cerca de un tercio de esta población, seguido por Perú, Brasil, Chile y Ecuador. Tras años de llegada masiva, el fenómeno ha entrado en una fase de asentamiento prolongado que exige respuestas estructurales.

Ya no se trata únicamente de atención humanitaria. El desafío central es la integración socioeconómica: acceso al empleo formal, a la educación, a la salud y a mecanismos de regularización sostenibles. Sin embargo, una parte significativa de la población migrante sigue atrapada en la informalidad. En Colombia, cerca del 82% de la población venezolana trabaja con un contrato verbal, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), lo que reproduce condiciones de precariedad y limita su aporte pleno a la economía.

A esto se suman los flujos masivos de tránsito hacia Estados Unidos y el aumento de la migración extrarregional. Centroamérica, el Caribe y México enfrentan presiones crecientes en corredores migratorios expuestos al crimen organizado transnacional. En muchos casos, la región responde con recursos limitados y con una cooperación internacional que no siempre está a la altura de la magnitud de los desafíos.

Retornos forzados, diáspora y ciclos inconclusos

Los retornos forzados se han convertido en una constante en la experiencia migratoria reciente de América Latina y el Caribe. Lejos de significar el cierre de un proceso, estos retornos suelen reinsertar a las personas en contextos marcados por la precariedad, la inseguridad y la ausencia de oportunidades que originalmente impulsaron la migración. Así, la diáspora no representa un ciclo concluido, sino un proceso abierto, atravesado por desplazamientos sucesivos, rupturas familiares y una incertidumbre que se prolonga en el tiempo.

Mientras algunos migran, otros regresan. El retorno se ha convertido en una dimensión cada vez más visible de la movilidad humana, aunque sigue siendo poco atendida. Solo en 2024, más de 17.000 personas fueron deportadas a Colombia, principalmente desde Estados Unidos, según cifras de Migración Colombia. Muchas retornaron sin preparación, sin ahorros y sin redes de apoyo. Los marcos normativos existentes fueron diseñados, en su mayoría, para retornos voluntarios. No contemplan adecuadamente los impactos del retorno forzado, ni las necesidades específicas de quienes regresan después de años fuera del país. El resultado es un vacío institucional que deja a miles de personas en una situación de alta vulnerabilidad económica y social.

Este fenómeno no es exclusivo de Colombia. Países de toda la región enfrentan el mismo dilema: cómo reintegrar a personas que regresan con experiencias, habilidades y expectativas distintas, pero sin mecanismos claros de acompañamiento. El retorno, lejos de cerrar el ciclo migratorio, abre uno nuevo de exclusión cuando no existen políticas de reintegración productiva.

En contraste, la diáspora latinoamericana continúa sosteniendo economías desde el exterior. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2024, las remesas hacia la región superaron los 160.000 millones de dólares, convirtiéndose en una fuente clave de ingreso para millones de hogares. Estas transferencias alivian la pobreza y estabilizan economías locales, pero también evidencian una dependencia estructural.

Más allá de las remesas, la diáspora representa un capital humano estratégico. Profesionales, emprendedores, científicos y trabajadores calificados generan conocimiento, redes e innovación. Cuando existen políticas que reconocen ese potencial, la migración puede convertirse en un activo para el desarrollo. Sin embargo, en muchos países, estos esfuerzos siguen siendo dispersos y poco articulados.

Decisiones impostergables ante un escenario que ya cambió

La movilidad humana no es una crisis pasajera, sino una característica estructural del mundo actual. Insistir en enfoques centrados exclusivamente en el control y la seguridad ha demostrado ser ineficaz: cerrar fronteras no detiene los flujos, solo los vuelve más peligrosos y costosos en términos humanos.

Las experiencias más exitosas muestran que la gestión migratoria requiere una combinación de políticas: atención humanitaria, integración socioeconómica, movilidad regular, cooperación internacional y fortalecimiento de capacidades locales. También exige mejorar la calidad de la información. La fragmentación de datos sobre migrantes, retornados y diáspora dificulta la toma de decisiones y limita la evaluación del impacto real de las políticas públicas en los países de acogida.

Actualizar los marcos legales es otro desafío urgente. Muchas normas fueron pensadas para contextos de movilidad temporal y no para migraciones prolongadas ni retornos forzados masivos. El Día Internacional del Migrante debería servir para algo más que declaraciones. Es una oportunidad para reconocer que la movilidad humana llegó para quedarse. Entre la urgencia de quienes migran y la indiferencia de quienes deciden, todavía existe margen para políticas más responsables, humanas y coherentes.

Viabilidad y efectividad del “corredor humanitario” de José Antonio Kast

Marcelo Mella Polanco
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Viabilidad y efectividad del “corredor humanitario” de José Antonio Kast

La propuesta de expulsión de migrantes irregulares impulsada por el presidente electo José Antonio Kast, y particularmente la idea de un llamado “corredor humanitario” desde Chile a Venezuela, ha logrado instalarse con fuerza en la agenda pública. La relevancia de esta propuesta se debe a que conecta con un malestar extendido de la ciudadanía respecto de la pérdida de control fronterizo, el impacto local de la migración irregular y la sensación de que el Estado llegó tarde y mal a enfrentar el fenómeno. 

Pero no es claro que sea viable y sostenible, pues implica una coordinación de Chile, Perú, Ecuador y Colombia en una región donde la política exterior es fluctuante y depende demasiado del color político de los gobiernos. Incluso en los casos de gobiernos con proximidad ideológica, esta cooperación puede ser difícil. El presidente de Perú, José Jerí, ha señalado que ha descartado la idea del corredor humanitario.

En cuanto a política interna, más allá del respaldo inicial que pueda generar, esta propuesta plantea al menos tres riesgos que conviene observar con atención.

El primero es el riesgo de tensión política entre el gobierno y la oposición parlamentaria. La expulsión de migrantes irregulares no es una medida neutra cuando involucra a personas con altos niveles de arraigo, vale decir, familias establecidas, con hijos chilenos, vínculos laborales o comunitarios. En esos casos, la expulsión no solo es una decisión administrativa, sino un acto con fuertes implicancias humanas y simbólicas. Es previsible que estos episodios generen fricciones no solo con la oposición, sino también al interior del propio oficialismo, donde existen sensibilidades más moderadas respecto de cómo abordar la migración irregular. En un sistema político altamente fragmentado, este tipo de tensiones puede convertirse en una fuerza centrífuga que complique la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Es probable que, en una primera etapa, esta política cuente con un apoyo mayoritario, tanto entre la opinión pública como en el sistema de partidos. Pero ese respaldo inicial podría ser frágil en el mediano plazo. A medida que el proceso enfrente dificultades como casos complejos, cobertura mediática adversa o conflictos judiciales, los costos reputacionales comenzarán a acumularse. Y en política, pocas cosas erosionan más rápido a una coalición que una medida que genera altos costos simbólicos sin resultados visibles de largo plazo.

El segundo riesgo es la judicialización. En un estado de derecho, las expulsiones no se ejecutan en el vacío. Si no existen protocolos claros, procedimientos transparentes y criterios bien definidos —si por ejemplo la resolución expulsiva pasara por encima de alguno de los principios que informan al Derecho Administrativo Sancionador (legalidad, tipicidad, proporcionalidad, culpabilidad, debido procedimiento, irretroactividad y non bis in idem)—, es altamente probable que muchos migrantes recurran a la justicia para frenar expulsiones inminentes. La acción constitucional de amparo ha sido, históricamente, una de las herramientas efectivas en este ámbito: la Corte Suprema ha acogido en el pasado más del 40% de tales amparos presentados contra expulsiones administrativas. Por lo demás, existe una acción especial que es bastante utilizada en la práctica: la reclamación prevista en el artículo 141 de la ley Núm. 21.325. 

Las preguntas que saltan a la vista son evidentes: ¿cuenta el Estado de Chile con la capacidad para hacer frente a este proceso?, ¿contamos con un poder administrador capaz de emitir decenas de miles de actos de expulsión, con pleno respeto de los señalados principios y haciéndose cargo del caso a caso?, ¿podrán los tribunales de justicia resolver decenas de miles de acciones que pudieren impetrarse ante ellos como consecuencia de aquellos actos administrativos sin que se atoche aún más el sistema judicial?

Esto implica que una política diseñada para ser rápida y efectiva en el corto plazo puede transformarse en un proceso lento, fragmentado y judicialmente bloqueado. A ello se suma que muchos migrantes pueden acreditar arraigo significativo en Chile, ya sea por razones familiares, laborales o sociales, lo que refuerza sus posibilidades de éxito ante los tribunales. Además, el derecho internacional es claro señalando que las expulsiones deben ser individuales. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos prohíbe expresamente las expulsiones masivas sin un análisis caso a caso, lo que limita severamente cualquier intento de acelerar el proceso por la vía administrativa.

El tercer riesgo es fiscal y presupuestario. Las cifras que se manejan, más de 320.000 migrantes en situación irregular (SERMIG – INE), suponen un volumen de recursos considerable. Traslados, custodia, tramitación administrativa, coordinación consular y eventuales procesos judiciales implican costos que no son marginales. En un contexto de restricciones fiscales, endeudamiento y compromisos de austeridad, resulta legítimo preguntarse cuánto tiempo puede sostenerse una política de esta magnitud sin generar una objeción creciente al uso de recursos públicos, especialmente cuando existen otras prioridades sociales igualmente urgentes.

En conjunto, estos tres factores, tensión política, judicialización y restricciones fiscales, configuran un cuadro de riesgo relevante para la sostenibilidad de esta política en el tiempo. 

El debate migratorio en Chile exige respuestas firmes, pero también realistas. Las políticas de alto impacto discursivo suelen ser eficaces para ordenar el debate y ganar elecciones, pero no siempre para resolver problemas estructurales. En este caso, el verdadero desafío no está en el anuncio, sino en la capacidad del Estado para administrar sus consecuencias políticas, jurídicas y fiscales sin que la solución termine agravando el problema que busca resolver.

El poder del Nobel: Machado en su laberinto

Juan Manuel Trak
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El poder del Nobel: Machado en su laberinto

El 15 de enero de 2026, María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición venezolana, entregó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la medalla otorgada por el Comité Noruego del Nobel. Este galardón, que es la distinción simbólica más relevante a nivel global,  reconoce contribuciones destacadas a la paz: desarme, cooperación internacional y la defensa de los derechos humanos.

La reacción de la comunidad internacional no se  hizo esperar. En Noruega, el gesto ha sido recibido con asombro y crítica, pues los méritos que lo sustentan son intransferibles. En consecuencia, el acto en la Casa Blanca, cediendo el símbolo del premio a Donald Trump, ha sido visto por los noruegos como una afrenta a los valores que llevaron a Machado a ser homenajeada: la lucha democrática, electoral y pacífica de los venezolanos contra el autoritarismo de Maduro, expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

El ofrecimiento de Machado ocurre en un momento de tensiones entre Europa y Estados Unidos. La insistencia de Trump en la anexión de Groenlandia, la crítica a la violación del derecho internacional durante la captura de Nicolás Maduro y el apoyo a las propuestas rusas de paz en la guerra de Ucrania han tensado el vínculo transatlántico. En el plano interno, el mandatario estadounidense mantiene su política de persecución y represión a través del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y eleva el conflicto en estados demócratas. Ambas dinámicas profundizan la contradicción entre el simbolismo de la medalla y las acciones de la Casa Blanca.

Pero analicemos los hechos desde la perspectiva del poder, ¿el gesto de Machado contribuye a su objetivo: alcanzar el poder en Venezuela? La respuesta, de momento, es negativa.

Su reunión del 15 de enero de 2026 no obtuvo promesas concretas ni respaldo abierto como líder de la transición venezolana. Su entrada por la puerta de visitantes, la ausencia de rueda de prensa conjunta y la recepción de una bolsa de regalos promocionales de la Casa Blanca contrastan con lo que sucedía en Caracas. El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) se reunía con la presidenta interina Delcy Rodríguez para abordar el tema del narcotráfico. Ese mismo día, Rodríguez presentó a la Asamblea Nacional chavista la reforma a la ley de hidrocarburos que facilitará la operación de las compañías petroleras extranjeras en territorio venezolano. Estos hechos reflejan un cambio estructural en la relación bilateral entre ambas naciones, pese a la captura de Maduro el 3 de enero.

Mientras tanto, las petroleras Repsol (España) y Maurel & Prom (Francia) solicitaban en Washington licencias para exportar petróleo desde Venezuela, y el día antes se dio la primera venta estadounidense de petróleo incautado por valor de 500 millones de dólares que entrarán al sistema financiero venezolano a través de la banca privada.

Estos tres eventos, comparados con lo obtenido por Machado en su visita a Washington, muestran que el gobierno de los Estados Unidos ha optado por negociar con la estructura de poder que sostenía a Maduro para lograr sus objetivos transaccionales –seguridad energética, narcotráfico y migración– antes que impulsar a la líder opositora en el proceso de transición democrática.

Lo anterior se refuerza con las declaraciones ofrecidas por Trump sobre la llamada que tuvo con Rodríguez el día antes en la que señaló que: «Tuvimos una larga llamada, discutimos un montón de cosas», «es una persona formidable», «Es alguien con quien trabajamos muy bien». El apoyo a Rodríguez sugiere que Washington la prefiere, de momento, como figura de transición. Esto contrasta con la crítica proveniente de los propios demócratas y Europa de apoyar una transición sin tomar en consideración los resultados del 28 de julio, en los que Edmundo González Urrutia fue electo presidente.

Para María Corina Machado, apoyar incondicionalmente a Trump supone el riesgo de alienar aliados importantes en la búsqueda de una transición democrática frente a la visión transaccional que se ha impuesto en este momento. Más allá del idealismo normativo, la realidad es que una transición ordenada solo es posible con la cooperación de los actores que controlan las estructuras de poder real dentro del territorio venezolano. En este contexto, respaldar la agenda de Trump refuerza la tendencia adaptativa del régimen post-madurista y la prolongación de un gobierno interino a mediano plazo.

Guías alimentarias: cuando la evidencia sin territorio se vuelve imposición

José Julio Villalba
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Guías alimentarias: cuando la evidencia sin territorio se vuelve imposición

Las guías alimentarias no son recetas universales, sino respuestas políticas y científicas a realidades concretas. Cuando se extrapolan sin una mediación crítica a otros países, dejan de orientar la salud pública y comienzan a reproducir desigualdades, silencios culturales y errores epidemiológicos. La nutrición, sin territorio, pierde sentido.

Las Dietary Guidelines for Americans 2025–2030 se presentan como un giro histórico. Su mensaje central es claro: volver a la “comida real” y reducir drásticamente el consumo de alimentos ultraprocesados. El diagnóstico que las sustenta es severo y honesto. Estados Unidos enfrenta una epidemia de enfermedades crónicas asociadas a su patrón alimentario predominante.

El documento reconoce que décadas de políticas nutricionales se basaron en evidencia incompleta. Muchos mensajes oficiales priorizaron los nutrientes aislados y desatendieron el efecto acumulado de los sistemas alimentarios industriales. La nueva narrativa propone corregir ese rumbo.

Hasta aquí, el planteamiento resulta razonable. Incluso necesario. El problema surge cuando estas guías comienzan a circular como modelo implícito en otras regiones. Ahí, la evidencia se descontextualiza. Y la nutrición se vuelve colonial.

Una guía coherente con su propia crisis

Las guías estadounidenses responden a una realidad muy específica. Un país con alta disponibilidad calórica, consumo masivo de ultraprocesados y una industria alimentaria altamente concentrada. Más del 70% de los adultos vive con sobrepeso u obesidad. La prediabetes afecta a una proporción creciente de adolescentes.

En ese contexto, priorizar la proteína, reducir los azúcares añadidos y limitar los aditivos químicos es una estrategia lógica. También lo es revisar el papel de los aceites industriales y las grasas refinadas, cuyo consumo se disparó con la industrialización del sistema alimentario.

El informe científico que sustenta las guías reconoce, además, las limitaciones metodológicas del pasado. Muchas asociaciones entre la dieta y la enfermedad provinieron de estudios observacionales, vulnerables a sesgos y a la confusión metabólica. Este reconocimiento es un avance importante.

Pero ese avance sigue siendo interno. Está pensado para corregir errores en el propio sistema estadounidense. No para ser exportado sin ajustes a realidades radicalmente distintas. La coherencia de una guía depende de su territorio. Fuera de él, puede convertirse en una distorsión.

Cuando la extrapolación borra la realidad

América Latina no enfrenta la misma crisis que Estados Unidos. En muchos países conviven la desnutrición crónica infantil, la anemia, la inseguridad alimentaria y la obesidad. Es la doble o la triple carga. No hay una epidemia homogénea de exceso calórico.Extrapolar guías diseñadas para reducir la abundancia puede hacer invisibles las carencias estructurales. Puede desplazar a los alimentos locales, subestimar las prácticas culturales y reforzar las dependencias comerciales. No es un problema técnico. Es un problema político.

La nutrición no ocurre en el vacío. Ocurre en cuerpos atravesados por la historia, la pobreza, el racismo y la desigualdad. Ocurre en territorios con biodiversidad propia, sistemas agrícolas locales y memorias culinarias que no caben en una pirámide importada. Desde una perspectiva decolonial, el conocimiento no es neutral. Cuando se impone sin diálogo, reproduce jerarquías. En el ámbito de la nutrición, eso se traduce en la deslegitimación de los saberes locales y en la homogeneización de las dietas. La evidencia sin contexto puede hacer daño. Incluso cuando se presenta como ciencia.

Referentes sí, copias no

Reconocer los límites de la extrapolación no implica rechazar el aprendizaje global. Las guías estadounidenses son un referente técnico. También lo son las de Brasil y de México, ampliamente reconocidas por su enfoque cultural y social.

Brasil decidió construir guías centradas en la comida, no en los nutrientes. Defendió la cocina, el acto de comer y la dimensión social de la alimentación. México integró su perfil epidemiológico y su relación histórica con los ultraprocesados. Estos países no copiaron modelos externos. Dialogaron con la evidencia global y la tradujeron a su realidad. Esa es la diferencia entre referencia y réplica.

Las guías alimentarias deben inspirar, no imponerse. Deben abrir preguntas, no cerrar debates. Cuando se replican sin adaptación, pierden legitimidad social y eficacia sanitaria. La alimentación saludable no se exporta en documentos. Se construye desde cada país, con su gente y su territorio.

Nutrición, soberanía y futuro

Las guías alimentarias son herramientas de poder. Definen qué se produce, qué se consume y qué se considera saludable. Por eso deben construirse con cuidado, participación y conciencia histórica.El propio informe estadounidense reconoce que la investigación debe reflejar “cómo comen realmente” las personas. Esa frase, aplicada a nuestra región, es una interpelación directa. Investigar desde nuestra realidad. Normar desde nuestros cuerpos. Decidir desde nuestro territorio.

América Latina necesita guías alimentarias soberanas. Basadas en evidencia, sí. Pero también en cultura, biodiversidad y justicia social. Guías que enfrenten la malnutrición en todas sus formas, no solo el exceso.

La ciencia nutricional no pierde rigor al territorializarse. Lo gana. Porque deja de hablar en abstracto y comienza a responder a vidas concretas. Las guías de otros países pueden orientar el camino. Pero no deben marcarlo. La alimentación, como la salud, no admite atajos coloniales. Y la nutrición del futuro no será universal. Será situada, diversa y profundamente política.

Estados Unidos en Venezuela: la cuestionable soberanía compartida

Magdalena Bas   |   Anabel Ortega Muñoz
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Estados Unidos en Venezuela: la cuestionable soberanía compartida

El 3 de enero el mundo despertó con la noticia de la incursión de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. La comparación con la Doctrina Monroe y los recuerdos de invasiones anteriores en territorio latinoamericano y caribeño no se hicieron esperar. Sin embargo, el caso presenta diferencias tanto en la incursión —sin militares en territorio venezolano, aunque reservándose el derecho a hacerlo— como en el escenario internacional en el que se desarrolla marcado por la entropía, policrisis y el multilateralismo en pausa.

La administración Trump 2.0 tiene un objetivo claro: dominar la producción de petróleo venezolano y otorgar acceso a las empresas estadounidenses, y rápidamente se ha diluido la idea de defender los derechos humanos e incluso la polémica responsabilidad de protegerlos. Pero la intervención también es política, ya que Estados Unidos controla el gobierno de transición e impone las nuevas autoridades, al tiempo que contraviene los principios del Derecho Internacional previstos en la Carta de la ONU. El gobierno estadounidense viola la integridad territorial mediante el uso de la fuerza no permitida —no se trata de legítima defensa ni fue autorizado por el Consejo de Seguridad—, incumpliendo también los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de igualdad soberana y de solución pacífica de controversias.

Jurídicamente, la conducta de Estados Unidos no se justifica ni por las violaciones a los derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro, ni por las alegaciones de ilegitimidad de su mandato, ni por la esperanza que pudiera generar para los venezolanos en el territorio y en la diáspora.

Soberanía compartida: requisitos y aplicabilidad al caso venezolano

La dificultad de sancionar a Estados Unidos, al ser miembro permanente del Consejo de Seguridad, y el cuestionamiento cada vez mayor del orden internacional basado en reglas, nos llevan a preguntarnos si entramos ante una nueva etapa, en la que los poderosos decidan desvincular sus conductas al Derecho Internacional y la soberanía pasa a ser más permeable, e incluso compartida.

En 2004, el experto en relaciones internacionales Stephen Krasner acuñó el término “soberanía compartida”. Para superar el colapso institucional y los Estados fallidos, se plantea la creación de instituciones con autoridades concurrentes —domésticas y externas— con el objetivo de restaurar la estabilidad. Para el autor se trata de una solución pragmática y no de una intervención, pues toma como requisito básico la voluntad del Estado fallido.

¿La idea de soberanía compartida es aplicable al caso venezolano? Más aún, ¿esta solución es acorde con el Derecho Internacional? No es posible sostener un caso de soberanía compartida porque uno de los involucrados no manifestó su consentimiento. Solo cabe interpretar los hechos como una violación del principio de no intervención. Las acciones de Estados Unidos no hacen más que erosionar el Derecho Internacional en crisis.

¿Hacia una nueva política internacional?

Lore recientes acontecimientos ponen en disputa los marcos de referencia de la política internacional, entendida como el conjunto de relaciones entre Estados en su dimensión jurídico-institucional, reguladas por la soberanía y enfocadas en asuntos extranjeros en un sistema estructurado de reglas, normas e instituciones que regulan las interacciones entre estados para mantener la estabilidad, la paz y el equilibrio de poder. Desde el Derecho Internacional, nos enfrentamos a una violación flagrante de principios básicos, y desde la perspectiva del análisis geopolítico, se advierte una política internacional impuesta por Estados Unidos bajo un enfoque neorrealista ofensivo.

La Estrategia de seguridad de Estados Unidos, presentada en diciembre de 2025, delineó las bases de la nueva política exterior. Hubo señales claras, incluso con el cambio de nombre del Ministerio de Defensa por el de “Guerra” —instrucción del Presidente que desea ser premiado con el Nobel de la Paz—, aunado al nuevo retiro de varias organizaciones, agencias y tratados internacionales. Esto marca una nueva etapa en la política internacional por ser esta nación la más influyente, al menos en el hemisferio occidental.

En el discurso tras la extracción ilegítima de Maduro, Trump no solo no mencionó ni una sola vez la palabra “democracia” ni “derechos humanos”, sino que aclaró en varias ocasiones que la seguridad de Estados Unidos estaba salvaguardada y que su población no tenía nada que temer. Además, insistió en la salvaguarda de las fronteras y de la seguridad estratégica. Estas líneas discursivas, que argumentan que se defendería a los estadounidenses de los cárteles de la droga, en especial de los de Venezuela, dan forma a la doctrina“Donroe”.

¿Estamos ante una nueva doctrina? Recordemos que la Doctrina Monroe fue el resultado de los procesos de descolonización de las naciones americanas cuando se temía una reacción por parte de los imperios europeos que perdían influencia en la región durante el siglo XIX. En este marco, la doctrina Donroe parte de la asunción de que la región enfrenta un peligro, pero en esta ocasión no proviene de las naciones europeas, sino de la gran influencia de China como competidor geopolítico.

Ante este escenario, podemos observar que cuanto más agresiva ha sido la política exterior estadounidense, más denota sus debilidades en la política internacional y las fracturas en la política doméstica. El temor ahora es la fuerte influencia de China y de sus aliados de los BRICS en la región, que no fue prioridad de la política exterior estadounidense durante los recientes gobiernos demócratas.

Estos cambios en la política internacional son el inicio de las líneas de un nuevo orden internacional en gestación desde una perspectiva neorrealista ofensiva. Bajo esta perspectiva, Latinoamérica y el Carbie es considerada por la Administración Trump como parte de su seguridad estratégica, considerando todo el continente americano hasta Groenlandia en la ecuación.

El posible acuerdo del gobierno chavista de otorgar ciertas concesiones a la administración estadounidense podría marcar el inicio de una cuestionable “soberanía compartida”. Si se confirma que la Presidenta Interina Delcy Rodríguez forma parte de un gobierno colaborador con los intereses de Estados Unidos, podríamos estar ante las nuevas directrices de la política internacional. Recordamos a Henry Kissinger, quien proponía un orden regional escalable con equilibrio entre poder y legitimidad.

Elecciones de segundo grado en Guatemala: entre el reformismo y la continuidad

Luis Javier Medina
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Elecciones de segundo grado en Guatemala: entre el reformismo y la continuidad

2026 será crucial para Guatemala. Las máximas autoridades seleccionarán a las personas que ocuparán lo que se conoce como “cargos de segundo grado”. Los puestos en juego son numerosos, desde los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) hasta el jefe del Ministerio Público. Tales procesos se ven marcados por las falencias institucionales del mecanismo de selección y por que ocurren en año preelectoral. A esto se le suma que actualmente existe una tensión entre facciones políticas que apuestan a la continuidad de un sistema, frente al reformismo de grupos emergentes.

Los puestos de segundo grado en Guatemala

En el sistema político guatemalteco se conciben a los cargos de segundo grado como aquellos que, aunque no son electos por voto popular, son fundamentales para el cumplimiento de las funciones del Estado. Asimismo, tienen un rol fundamental en lo que respecta al resguardo de la democracia, la promoción de la justicia y la aplicación del principio de pesos y contrapesos entre instituciones. Dada su relevancia, grupos de diferentes esferas de poder históricamente han influido en los procesos de selección. 2026 no será la excepción.

Los cargos en disputa son las magistraturas del TSE, las magistraturas para la Corte de Constitucionalidad (CC), el cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público y el cargo de Contralor General de Cuentas. Los magistrados al TSE que sean seleccionados en 2026 tendrán entre sus hombros el proceso de elecciones generales del próximo año.

Adicionalmente, en 2026 se llevará a cabo el proceso de elección del rector de la única universidad pública del país: la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Tal designación, aunque no la define el presidente o el congreso, también es relevante. El motivo es que la USAC es la única universidad en el mundo con la posibilidad de proponer iniciativas de ley. Además, posee distintos espacios de incidencia en la administración pública y en la política guatemalteca.

El mecanismo de comisiones de postulación

Es importante señalar que la mayoría de elecciones de segundo grado se basan en el mecanismo de comisiones de postulación. Las comisiones son un órgano temporal integrado por personas de distintos sectores, con la finalidad de preseleccionar y conformar una nómina de candidatos. Estas fungen como filtro, para que la autoridad facultada para ello reciba una lista con los mejores perfiles y seleccione la más apta.

Para la comisión de postulación de magistrados del TSE, esta presenta una nómina de 20 candidatos al Congreso, quien con 107 votos (dos tercios) selecciona a 5 magistrados titulares. En el caso del Fiscal General la autoridad que decide es el presidente, de una nómina de 6 candidatos presentada por la respectiva comisión de postulación. Y para el Contralor General de Cuentas, la nómina propuesta por la comisión es de 6 candidatos, eligiendo por mayoría absoluta el Congreso.

Sin embargo, las comisiones, aunque en su origen representaron el involucramiento de otros actores en la toma de decisiones, se convirtieron en un medio para la institucionalización de intereses de grupos paralelos y una excusa para cooptar instituciones clave. Esto ha venido sucediendo con el Colegio de Abogados y Notarios (CANG), cuya Asamblea elige un representante titular para la comisión de postulación del TSE y elige directamente a un magistrado para la CC.

Una academia sin legitimidad para participar

Similar situación se observa en el sector académico. Por ejemplo, para elegir a los 5 magistrados titulares de la CC, uno de ellos es electo directamente por la USAC. Lamentablemente, el actual rector de dicha casa de estudios ha sido acusado de ilegítimo y de propiciar fraude a su favor en las elecciones a rector del año 2022. Por si esto fuera poco, el actual rector preside la Comisión de postulación para magistrados del TSE, ello según la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Las universidades privadas no se quedan atrás. Tanto los decanos de las facultades de derecho como los rectores de las universidades privadas juegan un rol importante en las comisiones de postulación. Muestra de ello es que la comisión de postulación para el fiscal general de la República se conforma por todos los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas existentes en el país. Similar situación ocurre con la comisión para el contralor general: los decanos de las facultades de contaduría pública y auditoría la conforman.

Lamentablemente, el ideal de involucrar a la academia y así elegir a los mejores ha sido eludido mediante la creación de nuevas universidades. En años recientes se ha suscitado un aumento en la cantidad de universidades privadas. Ello ha facilitado que ciertos actores políticos puedan incidir en el proceso de comisiones de postulación, lo que ha causado, a su vez, el desgaste de la credibilidad de la educación superior en el país.

Tensiones y escenarios de la elección

A todos estos factores y debilidades institucionales, se les añade el contexto sociopolítico. Es evidente que existe una tensión entre facciones que apuestan por perpetuar un sistema afín a sus intereses y grupos con vocación de poder de tipo reformista. A los primeros se les vincula con lo que se denomina en Guatemala “el pacto de corruptos”; a los segundos, con los movimientos anticorrupción que orbitan alrededor del partido oficialista, el Movimiento Semilla.

En medio de todo esto, existe una clara intención por parte de actores políticos para evitar que la facción reformista, ya sea a través del partido Movimiento Semilla o alguna otra organización, compita en las próximas elecciones. Ello eleva el grado de preponderancia de los mencionados procesos, ya que las personas que sean seleccionadas para los cargos de segundo grado tendrán la última palabra en muchas decisiones concernientes a las elecciones del 2027.

Sea como fuere, el rechazo por parte de la oposición política ante el Presidente Bernardo Arévalo y personas afines seguramente se evidenciará con más intensidad. Como resultado, se advierte mayor polarización, bloqueos a la agenda de gobierno y crisis políticas continuadas, lo cual, en lo referente a la cosa pública, se traduce en un escenario de ingobernabilidad insostenible.

La participación activa y vigilancia de organizaciones de sociedad civil, comunidad internacional y ciudadanía en general será vital para estos procesos de selección. Guatemala debe estar en el centro de la atención regional no solo porque se eligen autoridades de alto rango, sino que, desde una mirada prospectiva, están en juego la democracia, el Estado de derecho y la justicia en el país.

Más allá del crecimiento: el papel del Estado en la reducción de la pobreza en México

María Rodríguez Domínguez
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Más allá del crecimiento: el papel del Estado en la reducción de la pobreza en México

La reciente reducción de la pobreza en México desafía la idea de que el crecimiento económico, por sí solo, conduce al progreso social. En un contexto regional marcado por la desaceleración económica y la desigualdad persistente, el caso mexicano muestra que la recuperación del papel del Estado mediante políticas sociales universales, mejoras al ingreso laboral y una mayor intervención pública puede generar avances significativos en bienestar. Y es que entre el año 2018 y 2024 unos 13,4 millones de mexicanos salieron de la pobreza, de los cuales 1,7 millones dejaron atrás la pobreza extrema.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de pobreza multidimensional en México se situó en 29,6% en 2025, el nivel más bajo desde que se mide este indicador. A diferencia de la pobreza monetaria, la pobreza multidimensional considera no solo el ingreso, sino también el acceso efectivo a derechos sociales como educación, salud, vivienda y alimentación. En esta misma línea, a finales de noviembre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe  (CEPAL) reportó que la pobreza en América Latina se ubicó en 25,5%, el nivel más bajo desde que se tiene registro. Y esta reducción fue impulsada principalmente por la caída de la pobreza y pobreza extrema en México, seguido por Brasil.

¿Cómo se explica esta reducción de la pobreza?

En 2018, Andrés Manuel López Obrador fue electo como primer presidente de izquierda en la historia democrática reciente de México bajo el lema “por el bien de todos, primero los pobres”. Su llegada al poder marcó un parteaguas al romper con un ciclo de gobiernos neoliberales que habían relegado la política social, privilegiando el crecimiento económico y limitando el papel del Estado bajo la premisa de que ello generaría un efecto de derrame de riqueza hacia el resto de la población.

Desde el inicio de su administración, López Obrador y su movimiento denominado Cuarta Transformación implementaron una serie de programas sociales distintos a los esquemas condicionales del pasado, mediante transferencias monetarias directas a adultos mayores, jóvenes aprendices, campesinos, mujeres trabajadoras, estudiantes y personas con discapacidad. Además, la reforma laboral implementada en 2021 restringió la subcontratación a servicios especializados, lo que permitió que miles de trabajadores transitaran a la formalidad y adquirieran derechos laborales plenos. A ello se sumó un incremento histórico del salario mínimo, que ha aumentado 215% desde 2018. Datos de la OCDE colocaron a México como el país con mayor aumento salarial entre sus miembros.

Este conjunto de políticas no ha estado exento de críticas por parte de sectores empresariales y de la oposición, que cuestionan la dependencia y el clientelismo que, a su juicio, generan los programas sociales. Se señala, por ejemplo, que los programas sociales existentes en México, cuyo gasto representa alrededor de 3% del PIB, responden a una lógica de asistencialismo sin transformación estructural, con padrones de beneficiarios poco transparentes y una débil focalización hacia los hogares de menores ingresos. Asimismo, persiste la narrativa de que se “enseña a pescar, no a dar el pescado”.

No obstante, el énfasis en la política social del gobierno de López Obrador, continuado bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, ha contribuido a desmontar varios de estos supuestos. En primer lugar, resulta difícil “enseñar a pescar” si no existe un río, es decir, si no se mejora el ingreso de los trabajadores y no se coloca la justicia laboral en el centro de la política pública. En particular, el aumento al salario mínimo, que permaneció estancado por más de dos décadas con el objetivo de mantener la competitividad internacional, refutó la noción de que su incremento inevitablemente detonaría una espiral inflacionaria capaz de poner en riesgo la estabilidad macroeconómica.

Carencias persistentes

Pese a estos avances, la política social del Gobierno mexicano no está exenta de carencias. Entre ellas, destaca la falta de una focalización más precisa hacia los hogares de menores ingresos, así como la debilidad- o incluso ausencia- de mecanismos sistemáticos de monitoreo y evaluación. Asimismo, el periodo de incrementos salariales ha coincidido con un estancamiento en la generación de empleos formales, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de aumentos anuales del salario mínimo en un contexto de crecimiento económico por debajo del promedio histórico. A ello se suma que, si bien la pobreza ha disminuido, la desigualdad persiste y la riqueza continúa concentrándose en un reducido sector de la población. El índice de Gini de México (de 43.5 puntos) lo sitúa entre los diez países más desiguales de la región.

Un elemento central y frecuentemente omitido en este debate, es la vulnerabilidad de estos avances cuando dependen de liderazgos políticos específicos y de coyunturas favorables, más que de arreglos institucionales robustos. En este sentido, resulta relevante que varios programas sociales hayan sido elevados a rango constitucional, con el objetivo explícito de blindar los derechos sociales y reducir el riesgo de regresiones ante eventuales cambios en el ciclo político. No obstante, la constitucionalización de derechos, aunque significativa, no garantiza por sí sola su implementación efectiva ni su sostenibilidad fiscal a largo plazo, lo que subraya la importancia de fortalecer las capacidades institucionales del Estado.

El caso mexicano sugiere que la recuperación del papel del Estado es una condición necesaria, aunque no suficiente, para transformar estructuras persistentes de pobreza y desigualdad en la región. Más que ofrecer una receta, México aporta evidencia empírica de que el progreso social no es un resultado automático del crecimiento económico, sino el producto de decisiones políticas, institucionales y distributivas que deben ser preservadas y fortalecidas en el tiempo.

67 años después, Cuba sigue siendo una metáfora para Washington

Sahasranshu Dash
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67 años después, Cuba sigue siendo una metáfora para Washington

John Maynard Keynes advirtió una vez que “los hombres prácticos, que se creen completamente exentos de cualquier influencia intelectual, suelen ser esclavos de algún economista difunto”. Su tesis no era simplemente que las malas ideas perduran, sino que cuando las ideas se separan de los contextos intelectuales e institucionales que las produjeron, adquieren una autonomía peligrosa. Migran al poder, se simplifican y comienzan a actuar como imperativos morales en lugar de argumentos. La convergencia actual del trumpismo, el conservadurismo del exilio cubanoamericano, vertientes selectas de la economía migratoria, el lenguaje humanitario y los flujos migratorios ilustran este proceso con una claridad inquietante, transformando a Cuba de una sociedad real y compleja en un problema simbólico que demanda un cierre histórico.

Desde la Revolución de 1959, Cuba ha ocupado un lugar singular en la imaginación política estadounidense. El derrocamiento de la dictadura de Batista, respaldada por Estados Unidos, y la rápida alineación de la isla con la Unión Soviética constituyeron no solo el surgimiento de un estado adversario, sino una afrenta permanente a la autoridad hemisférica estadounidense a noventa millas de Florida. 

La invasión de Bahía de Cochinos, la Crisis de los Misiles y décadas de embargo, acción encubierta y aislamiento diplomático fijaron a Cuba como un problema de la Guerra Fría cuya carga simbólica sobrevivió con creces su significado estratégico. Incluso después del colapso de la Unión Soviética, la supervivencia de Cuba siguió siendo para muchos en Washington una anomalía histórica sin resolver. 

El breve proceso de normalización bajo Barack Obama importó precisamente porque rompió con esta lógica al tratar a Cuba como un estado normal. Su reversión bajo Donald Trump, y ahora bajo el Secretario de Estado Marco Rubio en su segundo mandato, ha restaurado una política hacia Cuba organizada en torno a la memoria en lugar de la gestión.

Esa política de la memoria ha sido mediada durante mucho tiempo por la comunidad del exilio cubanoamericano, particularmente en Miami, donde el anticomunismo se endureció hasta convertirse en un régimen ideológico disciplinado. La trayectoria política de Rubio ejemplifica esta estructura. Su retórica no es empírica sino escatológica: el socialismo siempre es inminente, Cuba siempre está al borde del precipicio y la historia demanda perpetuamente una narrativa de redención. 

El segundo mandato de Trump ha suministrado el temperamento de gobierno para esta cosmovisión, marcado por la indiferencia a las normas, la preferencia por el espectáculo y la impaciencia con las restricciones, expresado más dramáticamente en el secuestro de Nicolás Maduro y la incautación efectiva de los activos petroleros de Venezuela.

Dentro de este ecosistema político, el trabajo de George J. Borjas, un economista nacido en Cuba, criado en Estados Unidos y formado en Harvard, adquirió relevancia mucho más allá de su alcance académico original. El argumento central de Borjas, desarrollado a principios de los años 2000 y posteriormente consolidado en su trabajo sobre economía de la inmigración, sostiene que los aumentos en la inmigración poco calificada pueden ejercer presión a la baja sobre los salarios de ciertos trabajadores nativos. Su reanálisis del episodio icónico del éxodo del Mariel, en 2017, fue más allá, argumentando que deprimió los salarios de los trabajadores poco calificados no hispanos en Miami.

Estas conclusiones permanecen profundamente cuestionadas por varios estudios. Incluso el propio Borjas ha reconocido la sensibilidad de sus resultados a los supuestos subyacentes. Sin embargo, una vez traducidas al discurso político, los matices desaparecieron. La restricción migratoria dejó de aparecer como una opción política con compensaciones y en su lugar se convirtió en una necesidad aparente. En el sentido de Keynes, Borjas se convirtió en el arquetípico “economista difunto”: vivo y citado, pero abstraído, con su trabajo funcionando como autorización moral en lugar de argumento empírico.

Lo que une la memoria del exilio de Miami, la econometría de Borjas y la crisis presente de Cuba es un solo circuito político. El anticomunismo de Rubio suministra el guión moral, la economía migratoria de la era Trump suministra la coartada tecnocrática y el poder ejecutivo suministra la capacidad coercitiva. 

A medida que el colapso económico impulsa la migración cubana, el movimiento se reimporta a la política estadounidense como prueba en lugar de consecuencia: evidencia de que el socialismo expulsa y las fronteras deben endurecerse. Los efectos salariales de Borjas, despojados de contestación, se convierten en el puente entre el agravio y la política. La presión produce migración, la migración legitima la restricción y la restricción autoriza más presión. La ruina de Cuba se convierte así no en fracaso sino en mandato.

La historia de Cuba es mucho más ambivalente de lo que permiten las narrativas del exilio. Desde 1959, la Revolución entregó logros sociales genuinos: alfabetización casi universal, esperanza de vida comparable a la de países desarrollados, un sistema de atención primaria de salud ampliamente admirado y una rica vida cultural a pesar de la escasez material. 

Al mismo tiempo, consolidó un estado de partido único, reprimió el pluralismo político, mal asignó recursos y no logró sostener un crecimiento productivo. El embargo estadounidense, aunque insuficiente por sí solo para explicar el fracaso económico, exacerbó las ineficiencias y limitó la adaptación. Después del colapso soviético, Cuba sobrevivió mediante la improvisación, el turismo, las remesas y reformas parciales, sin prosperar ni colapsar.

Ese frágil equilibrio ahora se ha roto. Cuba está experimentando su crisis económica más profunda en décadas, marcada por inflación sostenida por encima del 20%, años sucesivos de contracción del PIB y escasez crónica de alimentos, combustible y medicinas. El turismo, la principal fuente de divisas de la isla, se ha derrumbado bajo el peso combinado de la pandemia, el deterioro de la infraestructura y la incertidumbre prolongada. Durante años, Venezuela subvencionó el sistema energético de Cuba, permitiendo a la isla sostener su balanza de pagos mediante un frágil arbitraje energético externo. 

Con la decapitación del régimen de Maduro y el bloqueo efectivo de los flujos de petróleo venezolano, este salvavidas ha sido abruptamente cortado. Los suministros limitados de México son insuficientes. El resultado han sido apagones en cascada que ahora estructuran la vida cotidiana, paralizando el transporte, la manufactura y la distribución de alimentos. Los analistas señalan que los canales energéticos restantes de Cuba son estrechos y fácilmente interrumpibles, haciendo que un mayor aislamiento sea relativamente de bajo costo para Washington pero económicamente devastador para la isla.

Sin embargo, el colapso económico no ha producido rebelión. El miedo al caos, la violencia y la retribución poscolapso ha reforzado la cohesión de la élite y la pasividad social. La presión endurece al estado en lugar de fracturarlo. Lo que sí produce es migración. Los cubanos se van en lugar de levantarse, y este movimiento cruza un umbral interpretativo crucial. El sufrimiento económico se convierte en urgencia política en el extranjero. En la frontera estadounidense, la causalidad desaparece: las sanciones y el colapso estructural son reemplazados por una narrativa moral de personas “huyendo del comunismo”. La migración se convierte en prueba y la prueba se convierte en mandato.

Aquí el lenguaje humanitario funciona como la bisagra final. Las sanciones suenan punitivas, los embargos agresivos y la invasión imperial, pero la “intervención humanitaria”, los corredores y la estabilización suenan reluctantes y morales. Históricamente, así es como la coerción cruza su umbral retórico final. La migración suministra urgencia, el humanitarismo suministra legitimidad y la fuerza entra sin nombrarse.

Hay dos canciones icónicas cubanas, Veinte años atrás, una habanera de María Teresa Vera —cuyos versos insisten en que el amor que ya ha pasado “no se debe recordar”, pero que aun así exige ser reconocido—, en la que se refleja el título de este artículo, y Quizás, quizás, quizás, de Osvaldo Farrés, que mapean la gramática emocional de una Cuba suspendida entre un contrato social que una vez prometió cuidado, amor y pertenencia y un futuro que no ofrece ni claridad ni respuesta.Keynes advirtió que las ideas escapan de quienes las crean. Aquí vemos algo aún más inquietante: el duelo escapando de su tiempo y migrando hacia la política. La economía se vuelve moral, la migración un mandato y el humanitarismo coerción, no por crueldad singular, sino porque demasiados actores intentan forzar a la historia a resolver una nostalgia sin resolver. Y la historia, como la música popular cubana ha entendido desde hace mucho tiempo, no responde al mando o al ruego, sino al aplazamiento indefinido de una respuesta que nunca termina de llegar: quizás, quizás, quizás…

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