Una región, todas las voces

El pueblo puede escribir cosas peligrosas

El politólogo Adam Przeworski impartió este octubre una conferencia en el Colegio de México en la que analizó los retos y las limitaciones de la ciencia política para analizar el retroceso democrático. En una de sus diapositivas rememoraba que, durante la Transición española, Adolfo Suárez declaró: “El futuro no está escrito, porque solo el pueblo puede escribirlo”.

Sin embargo, justo después de esta cita, Przeworski escribió: “Y el pueblo puede escribir cosas peligrosas”. Los autoritarismos del siglo XXI se han sofisticado tanto que ya no necesitan de los militares para tomar el poder. Juegan bajo las mismas reglas de la democracia y, cuando ganan elecciones, la dinamitan desde dentro. Ahora los autócratas seducen a la población con discursos, promesas y el argumento de un mejor porvenir.

Regímenes presidenciales como Estados Unidos, México, El Salvador y Brasil presenciaron el ascenso de personajes autoritarios cobijados por amplias mayorías. Los autoritarios se visten de demócratas y movilizan voluntades que les proveen de un blindaje ante las críticas por la cooptación de instituciones y la concentración de poder. Guillermo O’Donnell se refirió a esto como democracia delegativa.

La democracia en su definición minimalista se caracteriza por la celebración de elecciones periódicas. Con el tiempo se ha estudiado que no cualquier tipo de comicios son democráticos; sin embargo, se destaca la participación de la ciudadanía como determinante para que un partido o personaje acceda al poder. El devenir de las naciones está escrito por sus electores, pero, según Przeworski, estos también pueden optar por caminos peligrosos.

En un primer momento, Hugo Chávez en Venezuela derrotó al bipartidismo mediante las urnas. Luego las utilizó para legitimar cambios constitucionales y socavar la democracia. En Brasil, Jair Bolsonaro cuestionó la urna electrónica cuando los resultados no le fueron favorables. El desenlace fue el asalto a los poderes de Brasil, algo muy similar a lo que incitó Trump en 2021 cuando sus partidarios intentaron ingresar en el Capitolio.

En los eventos mencionados con antelación hubo gente dispuesta a defender a una persona o un partido con el que se identificaron. No se defendió la democracia como un sinónimo de pluralidad, sino de imposición. Los autoritarios y sus electores han generado lazos de dependencia. Los primeros se erigen como la voz de las mayorías y los humillados; los segundos defienden a ultranza las acciones, declaraciones e incluso agresiones contra otros sectores. Los dos se protegen mutuamente.

Es pertinente señalar que algunas ramas de la ciencia política tratan de entender el comportamiento electoral. En un principio se consideraba que la ciudadanía optaba por personajes autoritarios porque sucumbían al populismo; no obstante, la complejidad del panorama ha llevado a tomar en cuenta otros elementos. El libro de la politóloga y profesora estadounidense Nataly Wenzell Latsa The Autocratic Voter explora cómo las redes sociales, la polarización y la identidad partidista influyen en la cultura política de la ciudadanía para respaldar a autócratas.

Otro ejemplo en el que los autoritarios han seducido a la población es El Salvador de Bukele. Apodado el dictador cool, la ciudadanía ha cedido sus libertades políticas a cambio de la seguridad. En México, Morena y López Obrador prometieron la democratización de la justicia, y bajo ese argumento impusieron elecciones judiciales que acabaron por socavar la división de poderes.

Sin embargo, la historia no es distinta en los regímenes parlamentarios de Europa donde las derechas radicales compiten bajo las siglas de democracia. Demócratas de Suecia es el partido nacionalista que integra coaliciones de gobierno; el Partido de la Libertad de Austria y el de Países Bajos se caracterizan por su xenofobia, euroescepticismo y nacionalismo exacerbado. Estos partidos cosechan triunfos electorales porque hay personas que los respaldan.

Mientras que algunos primeros ministros como Robert Fico en Eslovaquia, Viktor Orbán en Hungría y Andrej Babis en República Checa se han erigido como los líderes iliberales de sus naciones. Su éxito electoral se debe a la combinación de nacionalismo, cristianismo y la movilización de las emociones. Existe un claro malestar con la democracia y sus instituciones, pero la ciudadanía también es responsable de sus decisiones.

Desde varias perspectivas se ha cuestionado a las élites que optan por el autoritarismo, los partidos tradicionales que se vuelven herméticos y las instituciones ineficientes. Sin embargo, la ciudadanía, igual que es responsable de las decisiones que toma y de la protección de la democracia, también lo es de su erosión y del ascenso de autoritarismos. Cuando la gente opta por una opción en la boleta, puede que esté eligiendo algo peligroso.

Reducir la violencia: la política económica pendiente de América Latina

En América Latina y el Caribe el crimen se ha convertido en una variable económica más. No es un fenómeno marginal ni una simple distorsión de la seguridad pública: básicamente es un impuesto silencioso que afecta a la productividad, el empleo, la inversión y la confianza en el futuro. Según un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la violencia y el delito cuestan en conjunto el 3,5% del PIB regional cada año. En términos absolutos, eso equivale a más de 170.000 millones de dólares anuales, una cifra casi equivalente al gasto público total en educación de todos los países de la región. 

El BID desagrega ese costo en tres grandes componentes. El primero es el gasto privado en seguridad (47%), el segundo el gasto público (31%) y el tercero las pérdidas de capital humano (22%). El gasto privado es el más visible, pues empresas, comercios, residencias y hasta escuelas contratan seguridad privada, instalación de cámaras, blindaje de vehículos y desembolsos de pólizas más caras. En 2024, el BID estimó que las familias y empresas latinoamericanas gastan más de 80.000 millones de dólares anuales solo en medidas de protección, lo que representa el doble de lo que toda la región invierte en innovación tecnológica.

El gasto público, por su parte, ha crecido sin traducirse en seguridad sostenible. En promedio, los países latinoamericanos destinan entre el 2,5% y el 3% del PIB a policía, justicia, cárceles y fuerzas armadas, pero con enormes ineficiencias, pues los criminales siguen actuando desde su interior mediante herramientas tecnológicas. Mientras algunos sistemas penitenciarios operan con más del 100% de hacinamiento, las tasas de resolución judicial siguen por debajo del 25%. En palabras del Banco Mundial, la región invierte más en “contener la violencia” que en “reducirla estructuralmente”. El tercer componente, y quizás el más trágico, es la pérdida de capital humano. Cada joven que abandona la escuela por miedo, cada trabajador asesinado o extorsionado, cada comunidad desplazada o cada profesional que emigra por inseguridad representa una pérdida de productividad futura. El BID calcula que este componente equivale a 0,7 puntos del PIB anual, convirtiéndose en un golpe directo a la capacidad de crecimiento. Es un costo silencioso pero acumulativo que causa la reducción de la escolaridad, deteriora la salud mental y desincentiva el retorno de talentos. 

Reducir el costo del crimen a los niveles promedio de Europa liberaría, según las proyecciones del BID, al menos un punto adicional de PIB por año, suficiente para financiar políticas activas de empleo, innovación o transición energética. En otras palabras, la inseguridad es uno de los mayores problemas macroeconómicos de la región. Los efectos sobre la productividad son múltiples; por ejemplo, en el sector privado el crimen incrementa los costos de transacción y reduce la competitividad. 

Datos del Banco Mundial muestran que una de cada tres empresas latinoamericanas sufre al menos un incidente delictivo al año, y que el costo promedio de seguridad alcanza entre el 2,3 y 2,7% de las ventas brutas, superando los perjuicios causados por cortes eléctricos o demoras logísticas. Las pequeñas y medianas empresas, que representan un alto porcentaje del tejido productivo, son las más vulnerables, pues muchas operan en efectivo, sin seguros y sin capacidad para trasladar esos costos al precio final. Para las grandes empresas, el crimen actúa como una prima de riesgo endosable, pues los inversionistas incorporan el costo de la violencia en sus modelos de proyección y se lo cargan al cliente. 

Por ejemplo, los seguros de carga en puertos latinoamericanos son entre un 20% y 50% más caros que en Asia o Europa, y el crimen organizado transnacional, especialmente en narcotráfico y minería ilegal, genera un entorno de incertidumbre que desalienta inversiones de largo plazo. El riesgo país ya no depende solo de la deuda o la inflación, sino de cuántas rutas están bajo control de bandas, de cuántos fiscales investigan sin protección o de cuántos jueces enfrentan amenazas.

En términos fiscales, el fenómeno es igual de corrosivo, dado que los estados gastan más en mantener fuerzas armadas y policiales que en infraestructura de innovación. En los últimos diez años, el gasto en seguridad pública creció al doble de la velocidad del gasto en educación superior. Y, sin embargo, la tasa promedio de homicidios en la región, cercana a 20 por cada 100.000 habitantes, sigue siendo cuatro veces superior al promedio mundial. Esto refleja un modelo de gasto que reacciona, pero no transforma. 

La violencia tiene, además, una geografía económica. Brasil ha logrado reducir sus homicidios a mínimos históricos gracias a políticas locales de prevención y coordinación federativa, aunque la desigualdad en la letalidad policial sigue siendo alarmante. El Salvador ha reducido drásticamente los homicidios bajo un régimen de excepción, pero a costa de libertades civiles que debilitan la institucionalidad democrática. México, Colombia y Ecuador enfrentan el avance del crimen transnacional, que coloniza economías locales, captura gobiernos municipales y penetra sistemas judiciales. Cada modelo aporta lecciones sobre eficacia y sostenibilidad. 

El crimen también afecta al capital social, una variable menos visible pero esencial. La desconfianza entre ciudadanos, la pérdida de cohesión comunitaria y la normalización del miedo tienen efectos directos sobre la productividad. La economía de la violencia es también una economía del aislamiento, pues las personas evitan desplazarse, las empresas reducen horarios, los jóvenes dejan de estudiar de noche. En ciudades como Guayaquil, San Pedro Sula o Acapulco, el PIB urbano se contrae hasta un 5% anual por la reducción de movilidad y consumo vinculada al miedo.

¿Qué hacer ante un fenómeno tan transversal? 

No existen soluciones únicas, pero sí rutas estratégicas medibles. La primera es fortalecer la gestión del sistema penal, invirtiendo en fiscales mejor preparados, jueces sin rostro, laboratorios forenses y sistemas judiciales que procesen con rapidez. La región tiene tasas de impunidad cercanas al 90% en homicidios; reducirlas a la mitad tendría un impacto mayor que duplicar el número de policías. La segunda es seguir el dinero y no solo las balas, desmantelando los flujos financieros ilícitos que sostienen a las redes criminales. 

Cada dólar incautado a través de inteligencia financiera equivale a veinte gastados en patrullaje, según informes del BID (Informe Crimen y violencia). La tercera apuesta es urbana, basada en crear ciudades seguras, donde la iluminación, el transporte y el urbanismo converjan en zonas seguras, eliminando zonas críticas y peligrosas. Experiencias en Medellín, Recife y Monterrey demuestran que la seguridad sostenible nace del espacio público. La cuarta es incorporar cláusulas de prevención y trazabilidad en las cadenas de valor; entonces, los puertos, las agroexportadoras y la minería legal necesitan certificaciones de integridad que reduzcan el riesgo de lo ilícito y, por ende, disminuyan las primas de seguro. 

El crimen, en última instancia, es un problema de desarrollo, no solo de policía. Una región que destina más recursos a contener la violencia que a educar a sus niños está hipotecando su futuro. El desafío no consiste solo en detener balas, sino en reconstruir confianza entre ciudadanos y Estado, entre justicia y legitimidad, entre la vida cotidiana y la esperanza. Si América Latina lograra reducir el costo del crimen apenas en un tercio, liberaría suficiente espacio fiscal y psicológico para financiar la innovación, la educación y la salud que reclama hace décadas. Porque la seguridad, entendida como garantía de desarrollo, ya no es un capítulo del plan de gobierno, sino que se convierte en un nuevo programa económico de la región.

Mujeres indígenas en la política latinoamericana: democracia formal, exclusión real

Las mujeres indígenas que acceden al poder político en América Latina transgreden simultáneamente dos sistemas de dominación: el patriarcado que niega autoridad a las mujeres, y el orden colonial-racial que históricamente ha excluido a los pueblos indígenas de espacios de decisión estatal. Por eso, la violencia política que enfrentan es cualitativamente distinta, sistemática y con frecuencia invisibilizada

En 2007, la zapoteca Eufrosina Cruz Mendoza ganó una elección para la presidencia municipal de Santa María Quiegolani (Oaxaca, México) por voto popular, pero la Asamblea Municipal anuló su victoria al alegar que “según usos y costumbres, las mujeres no pueden ocupar cargos de autoridad”. Eso le valió amenazas que la obligaron a abandonar su comunidad, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México documentó su caso como discriminación basada en género y etnicidad. Su historia evidencia la brecha persistente entre reconocimiento formal de derechos y ejercicio real para las mujeres indígenas, mostrando cómo sistemas de opresión interconectados operan simultáneamente para producir formas específicas de marginación que no pueden comprenderse mediante análisis de un solo eje.

Hoy, casi dos décadas después, el panorama regional presenta avances institucionales importantes: En Bolivia, la Ley N° 243 de 28 de mayo de 2012 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres fue pionera a nivel mundial (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012). En México, el 13 de abril de 2020 se reformó el marco legal para reconocer explícitamente la violencia política contra las mujeres por razón de género (Diario Oficial de la Federación, 2020). En Ecuador, la reforma al Código de la Democracia de febrero de 2020 tipificó la violencia política como infracción electoral grave (Consejo Nacional Electoral del Ecuador, 2020).

Estos avances normativos han coincidido con un aumento del número de candidaturas de mujeres indígenas. Sin embargo, esta mejora formal convive con una paradoja que no podemos ignorar: la violencia política contra mujeres indígenas persiste, se intensifica en ciertos contextos y permanece sistemáticamente invisibilizada en registros oficiales. En el análisis de cinco países latinoamericanos -Bolivia, México, Guatemala, Perú y Ecuador- ninguno desagrega por etnicidad sus registros oficiales de violencia política de género. El Instituto Nacional Electoral de México reportó 345 personas sancionadas desde 2020 hasta mayo 2024, pero sin informar cuántas víctimas eran de pueblos indígenas (Instituto Nacional Electoral, 2024). En Bolivia, aunque el Observatorio de Paridad Democrática del Órgano Electoral Plurinacional reporta 514 casos de acoso político y 406 de violencia política entre 2012 y el primer semestre de 2025, no desagrega por pertenencia étnica. En Guatemala, la Defensoría de la Mujer Indígena reconoce que pese al elevado número de femicidios, no existen estadísticas sobre mujeres indígenas víctimas de violencia política. Ecuador y Perú replican este patrón.

Esta omisión no es casual, se trata de sistemas de información diseñados sin criterios de interseccionalidad que invisibilizan sistemáticamente las realidades de comunidades históricamente excluidas. La ausencia de desagregación por etnicidad constituye lo que la especialista en teoría crítica de la raza,  Kimberlé Crenshaw, denomina como una violencia específica que enfrentan mujeres en la intersección de sistemas de opresión y permanece invisible cuando las categorías de análisis son mutuamente excluyentes. Esta invisibilización estadística no es técnica sino política, reflejando jerarquías sobre qué vidas y violencias merecen ser contadas. Sin datos desagregados, la prevalencia específica, los patrones diferenciados y las manifestaciones particulares de violencia política contra mujeres indígenas permanecen en la sombra. Lo que no se mide no existe en términos de política pública, y lo que no existe oficialmente no recibe atención ni recursos adecuados.

Las mujeres indígenas en política también enfrentan lo que se podría nombrar un “doble extrañamiento político” y al mismo tiempo se las construye como “demasiado diferentes” para pertenecer legítimamente al Estado moderno, y como “no lo bastante legítimas” para representar a sus pueblos cuando aspiran a espacios de representación política. Este doble extrañamiento revela la “colonialidad del género” cómo las categorías modernas de “mujer” y “ciudadana política” fueron construidas desde lógicas coloniales que excluyen constitutivamente a mujeres indígenas. Otro punto importante es que en varios contextos, la violencia se intensificó después de implementar la paridad. Este fenómeno, que la literatura sobre resistencia a reformas de género denomina “reacción adversa” o “resistencia estructural”, opera con particular intensidad en contextos interseccionales.

Violencia y barreras institucionales

La violencia contra mujeres indígenas no se limita a agresiones físicas o amenazas explícitas. Adopta formas que los marcos legales actuales no capturan de manera adecuada. Una manifestación sistemática, la articulación de estereotipos de género sobre capacidad racional de las mujeres y estereotipos coloniales-racistas sobre pueblos indígenas. Esta violencia opera mediante múltiples mecanismos: infantilización mediante trato condescendiente; exclusión de temas o negociaciones considerados “complejos”; esencialización cultural que reduce sus propuestas políticas a “cosmovisión indígena”; atribución de logros a otras personas; e invisibilización de su agencia propia.

La violencia también es simbólica, cuando aparecen en medios, frecuentemente es de manera folclorizada: se enfatiza su vestimenta tradicional o procedencia comunitaria, pero se invisibiliza su pensamiento político, propuestas o capacidades de gestión. Así mismo, las barreras institucionales emergen de su posición interseccional: la ausencia de servicios de interpretación en lenguas indígenas en las instituciones electorales y judiciales (a pesar de su reconocimiento constitucional en varios países), la concentración de tribunales en las capitales y la residencia de muchas mujeres indígenas en comunidades rurales. Estas distancias implican días de viaje, costos prohibitivos y la necesidad de abandonar responsabilidades de cuidado que recaen desproporcionadamente sobre ellas.

El costo de la exclusión: democracias incompletas

En América Latina nos enorgullecemos de haber adoptado paridad de género antes que muchas democracias del Norte Global. Pero si mujeres indígenas siguen siendo expulsadas sistemáticamente de espacios políticos mediante violencia que permanece invisibilizada, sin respuestas institucionales efectivas que contemplen su especificidad interseccional, nuestras democracias operan con exclusiones estructurales.

Dieciocho años separan a Eufrosina Cruz del panorama actual: las leyes han cambiado, los números de candidaturas han aumentado, pero la violencia persiste, se transforma, se adapta. Algunas mujeres resisten con costos personales enormes, otras abandonan la política, agotadas por luchar simultáneamente contra instituciones, partidos, comunidades, medios y una sociedad que sistemáticamente las construye como “fuera de lugar” en espacios de poder.

La pregunta fundamental no es si podemos transformar estas estructuras. Es si podemos seguir llamándonos democracias mientras mujeres indígenas enfrentan violencia sistemática, impune e invisibilizada cuando intentan ejercer derechos políticos que formalmente les son reconocidos.

Mientras esta contradicción persista, nuestras democracias latinoamericanas serán formalmente inclusivas pero materialmente excluyentes #NoSinMujeresIndígenas.

Geopolítica del conocimiento jurídico: el papel de América Latina en la construcción de normas legales

En el derecho internacional, el conocimiento jurídico no se produce en abstracto: está atravesado por geografías, historias y relaciones de poder que determinan qué ideas se legitiman y qué voces se escuchan. América Latina, tradicionalmente vista como receptora de normas, ha comenzado a ocupar un lugar activo en su producción.

Este artículo reflexiona sobre el papel de la región en la construcción del conocimiento jurídico global. Desde la “geopolítica del saber”, se analiza cómo las normas internacionales han sido moldeadas por epistemologías del Norte Global, pero también cómo América Latina ha transformado esos marcos, adaptándolos a sus realidades y generando modelos admirados en otros contextos. Lejos de confrontar, se busca reconocer el camino recorrido y abrir posibilidades para una arquitectura normativa más plural.

Concentración normativa y exclusión epistemológica

Durante décadas, el derecho internacional se desarrolló principalmente en instituciones europeas y norteamericanas. Esta concentración geográfica influyó en la conceptualización de problemas jurídicos, el diseño de soluciones normativas y la selección de casos emblemáticos. No se trata de una exclusión deliberada, sino de una dinámica histórica que consolidó ciertos paradigmas como universales.

Sin embargo, esta centralidad ha limitado la diversidad de enfoques. América Latina, con su historia de transiciones democráticas, justicia restaurativa y defensa de derechos humanos, ha generado modelos que ofrecen valiosas lecciones para el mundo.

De la recepción normativa a la transformación creativa

Aunque muchos países latinoamericanos han ratificado tratados internacionales como el Estatuto de Roma o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo distintivo ha sido su capacidad para reinterpretarlos y adaptarlos a sus contextos sociales, políticos y culturales.

En lugar de aplicar mecánicamente normas externas, la región ha desarrollado interpretaciones creativas, instituciones innovadoras y prácticas jurídicas que dialogan con los tratados internacionales y los enriquecen. Esta transformación ha sido impulsada por una conciencia histórica, la participación de la sociedad civil y el compromiso ético de juristas que entienden el derecho como herramienta de justicia social.

Argentina: justicia con memoria

Uno de los ejemplos más emblemáticos es el modelo argentino de juicios por crímenes de lesa humanidad. En lugar de crear tribunales especiales, Argentina optó por juzgar a los responsables de la dictadura en tribunales ordinarios, con todas las garantías procesales. Desde 2003, se han realizado más de 300 juicios con participación activa de las víctimas y una vocación reparadora reconocida internacionalmente. Este modelo ha sido citado por Naciones Unidas y estudiado en universidades europeas como experiencia ejemplar en justicia transicional.

Colombia: justicia restaurativa con enfoque diferencial

En Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), surgida del proceso de paz con las FARC, combina derecho penal internacional con justicia restaurativa, enfoques diferenciales y participación comunitaria. Inspirada en resoluciones de la ONU, la JEP ha desarrollado un modelo propio que reconoce la diversidad cultural y busca sanar las heridas del conflicto armado. Sus sentencias sobre reclutamiento infantil, violencia sexual y afectaciones a comunidades indígenas han sido objeto de estudio internacional.

Corte Interamericana: jurisprudencia que inspira

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido fallos que han influido en el desarrollo de estándares internacionales. Casos como “Gelman vs. Uruguay” han fortalecido el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Su jurisprudencia interpreta tratados desde una perspectiva latinoamericana, con sensibilidad social, enfoque de género y reconocimiento de derechos colectivos. Estas decisiones son estudiadas en facultades de derecho de todo el mundo.

Juristas latinoamericanos en organismos globales

América Latina también ha dejado huella a través de sus juristas en organismos multilaterales. Luis Moreno Ocampo, primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, aportó la experiencia argentina en la lucha contra la impunidad. Elizabeth Odio Benito, costarricense, ha sido una voz firme en defensa de los derechos humanos desde la Corte Interamericana y la CPI. Sus trayectorias reflejan la profundidad del pensamiento jurídico latinoamericano y su impacto internacional.

De la periferia al reconocimiento

Durante años, los saberes jurídicos latinoamericanos fueron tratados como casos de estudio, analizados desde marcos teóricos ajenos. Con el tiempo, estas experiencias comenzaron a ser reconocidas por su valor intrínseco. Los juicios argentinos, la JEP colombiana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana dejaron de ser curiosidades regionales para convertirse en modelos dignos de estudio. Hoy, universidades del Norte Global enseñan estos casos, organismos internacionales los citan, y juristas de todo el mundo los valoran como aportes significativos al derecho internacional.

Casos emblemáticos que transforman el derecho global

La influencia normativa de América Latina va más allá de la aplicación de tratados. En las últimas décadas, ha generado experiencias jurídicas replicadas y valoradas en otros contextos. Esta capacidad transformadora se ha consolidado mediante estrategias institucionales, prácticas judiciales y desarrollos doctrinarios.

Un ejemplo notable es el caso “Campo Algodonero vs. México” (2009), resuelto por la Corte Interamericana. Este fallo, que abordó la violencia de género en Ciudad Juárez, estableció estándares sobre la debida diligencia estatal. Sus directrices han sido incorporadas en debates legislativos y judiciales en Europa, y citadas por organismos internacionales como referencia en la lucha contra el feminicidio.

Brasil ha sido pionero en el reconocimiento del derecho a la consulta previa de pueblos indígenas, consagrado en su Constitución de 1988 y reforzado por el Supremo Tribunal Federal. Este principio, vinculado al Convenio 169 de la OIT, ha influido en discusiones normativas sobre derechos colectivos en países como Canadá y Noruega.

En Perú, la implementación de la Ley de Consulta Previa ha sido observada como modelo de institucionalización progresiva de derechos culturales. Aunque enfrenta desafíos, ha servido de referencia para organismos multilaterales que buscan fortalecer el diálogo intercultural en la formulación de políticas públicas.

En Colombia, la Corte Suprema reconoció el derecho de acceso a la información ambiental como parte del bloque de constitucionalidad en el fallo sobre el Acuerdo de Escazú. Esta interpretación ha sido destacada en foros europeos como ejemplo de cómo los derechos ambientales pueden integrarse en el núcleo de los derechos fundamentales.

Chile también ha contribuido en el ámbito penal. Su experiencia en la tipificación del delito de desaparición forzada ha sido citada en estudios comparativos por universidades estadounidenses, que analizan cómo América Latina ha ayudado a consolidar estándares internacionales sobre crímenes de Estado.

Conclusión: el derecho como creación compartida

Estas experiencias no surgieron en laboratorios académicos ni en comisiones técnicas aisladas. Son fruto de luchas sociales, procesos judiciales valientes, diálogos interculturales y una profunda convicción ética. América Latina no solo ha adaptado normas internacionales: las ha reinterpretado, enriquecido y, en muchos casos, transformado en propuestas más inclusivas.

Hoy, el derecho internacional ya no se escribe solo en los mármoles solemnes del Norte Global, ni en los pasillos silenciosos de sus academias. También se escribe en las salas de audiencias de Buenos Aires, donde la memoria se convierte en justicia viva; en los territorios de paz de Colombia, donde las voces silenciadas por el conflicto encuentran eco en la ley; en las sentencias de San José, que abrazan los derechos colectivos con mirada humana y sensibilidad social. Se escribe con lágrimas y coraje, con dignidad y esperanza, con el pulso firme de pueblos que no se resignan al olvido.

América Latina ha dejado de ser espectadora para convertirse en autora. En cada fallo, en cada norma reinterpretada, en cada tribunal que escucha a quienes nunca fueron escuchados, la región demuestra que el derecho no es solo técnica: es memoria, es ética, es humanidad. Y en ese proceso, América Latina no solo participa: sueña, transforma, y crea. Crea con sus heridas, con sus luchas, con su convicción de que la justicia no es un privilegio, sino un derecho que debe latir en cada rincón del mundo.

Europa ausente y América Latina dividida: ¿se ha agotado el diálogo?

A inicios de noviembre se celebró en Santa Marta (Colombia) la IV Cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE). Si se considera el hiato de ocho años entre las reuniones al más alto nivel, de 2015 a 2023, la celebración de esta cumbre apenas dos años después de la última en Bruselas, cumpliendo los plazos establecidos, puede considerarse un logro. Sin embargo, la cumbre dejó un precedente: en más de 26 años de diálogo, por primera vez, quien preside la Comisión Europea –Ursula von der Leyen– no asistió a la cita. No solo eso, sino que tampoco asistieron Emmanuel Macron, Friedrich Merz o Giorgia Meloni. Se trata de un gesto simbólico sumamente negativo. Reportes atribuyen esta ausencia a la influencia del gobierno estadounidense, lo que responde a la política exterior de “bullying” de Donald Trump.

La falta de participación de Von der Leyen, cuya gestión se encuentra debilitada, subraya la impotencia europea frente a un escenario global adverso donde un antiguo aliado se ha convertido en una potencia revisionista. Del lado latinoamericano, las ausencias también fueron notorias: solo se destacó la asistencia de Luiz Inácio Lula da Silva y, por supuesto, del anfitrión Gustavo Petro.

En términos comparativos, la IV Cumbre CELAC-China, celebrada unos meses antes, registró una participación más amplia tanto cuantitativa como cualitativamente, con varios presidentes latinoamericanos y el presidente chino, Xi Jinping, presentes. Este contraste podría señalar que la relación con China se percibe hoy como más estratégica y políticamente significativa que la tradicional alianza con Europa.

La Declaración Final Conjunta de la Cumbre UE-CELAC se emitió el primer día. Una interpretación plausible es que, en el plano diplomático, ya se había asumido que las posiciones de las partes no permitirían avances adicionales, por lo que se decidió formalizar de inmediato el consenso alcanzable.

La declaración revela un hecho inédito: varios países se desvincularon total o parcialmente del texto. En 2023, los sesenta países participantes refrendaron la declaración final, con una sola excepción: Nicaragua, que rechazó el apartado referido al conflicto en Ucrania. En cambio, en el documento de la Cumbre de Santa Marta se registró un número significativamente alto de desvinculaciones en diferentes temas.

Pero la desvinculación que muchos de los países comparten corresponde al párrafo 10, referido a la caracterización de la CELAC como “zona de paz”. Esta objeción puede interpretarse como una forma indirecta de deslegitimar las preocupaciones de varios gobiernos de ALC frente a las incursiones militares realizadas por la administración de Trump en el Caribe. Otro inciso que varios se negaron a firmar fue el que incluye el pedido de poner fin al embargo contra Cuba. Finalmente, otra coincidencia entre este grupo de países fue la oposición al apartado relativo al conflicto en Gaza.

Sin aspirar a resolver el dilema del vaso medio lleno o medio vacío, la cumbre de 2025 deja planteados interrogantes inquietantes. Ad intra, ¿la notable cantidad de desvinculaciones de países latinoamericanos refleja una aceptación madura de la diversidad regional, o más bien confirma que la CELAC ya no es —si alguna vez lo fue— la voz colectiva de ALC? ¿Qué queda entonces de su lema “unida en la diversidad”? Quizás sea hora de invertir los términos: diversidad, sí; unidad efectiva, prácticamente ninguna.

Esta constatación admite dos lecturas: puede entenderse como una verdad incómoda pero necesaria para reconstruir consensos desde cero, o como un diagnóstico tan negativo que impide imaginar una base mínima para la acción colectiva. En este punto, la pregunta se vuelve inevitable: ¿la CELAC es un esquema resiliente o simplemente un esquema que sobrevive por inercia? ¿Qué queda del regionalismo posliberal o poshegemónico? ¿No estaremos, acaso, ante la fase más frágil y vulnerable del regionalismo latinoamericano en décadas?

 Lula da Silva reconoció la polarización y la profunda fragmentación de la región, pero no propuso iniciativas concretas que permitan superarlas. La pregunta es inevitable: ¿existe alguna estrategia real para transformar este reconocimiento en acción, o estamos simplemente ante un inventario de problemas sin soluciones a la vista? ¿Dónde están los liderazgos? Brasil, sumido en sus propias fracturas internas, no consigue traccionar voluntades para relanzar la integración sudamericana y, aparentemente, tampoco para articular una conducción regional más amplia.

Y, hacia afuera, las preguntas resultan aún más incómodas: ¿qué margen real conserva la CELAC para actuar como interlocutor regional frente a terceros países o bloques? ¿Cuánto del supuesto espacio euro-latinoamericano estuvo realmente representado en esta cumbre UE–CELAC? ¿Estamos ante el agotamiento del formato mismo? ¿Existe espacio para construir consensos y cooperación en otros ámbitos? ¿De qué modo países con intereses estratégicos en la región —en particular China— podrían interpretar este nivel de fragmentación como una ventana de oportunidad para profundizar su influencia y moldear las dinámicas de cooperación regional a su favor?

La relevancia estratégica del espacio euro-latinoamericano, en la gestión de presiones externas y en la navegación de los cambios en el equilibrio de poder global, debería crecer, no a pesar de este giro, sino precisamente por él. Todavía queda margen para ver si la vinculación UE-CELAC —por más discutida o imperfecta que sea— puede ser un espacio clave para la acción estratégica y la cooperación, y una herramienta valiosa para equilibrar y contrarrestar fuerzas externas.

Del oro al escaño: Minería ilegal y las Elecciones Peruanas del 2026

En el Perú que se encamina al 2026, el poder se mide en toneladas de sedimento removido, en dragas sobre ríos amazónicos y en votos reunidos en zonas donde el Estado llega tarde. La minería ilegal no es ya un fenómeno de frontera: es un actor político que aprendió a moverse dentro de los partidos, a negociar en comisiones, a empujar pre dictámenes y a olfatear vacíos de ley. 

La evidencia reciente es incómoda: al menos diez aspirantes al Congreso en cinco regiones compiten con sanciones por extracción ilícita o como dirigentes de gremios que exigen “flexibilizaciones”, y lo hacen dispersos en distintas bancadas. No hablamos de una bancada monotemática, sino de una infiltración transversal, con Perú Libre y Podemos Perú en primera línea. 

En el Congreso, además, los respaldos no son marginales: la ampliación del régimen de transición a la formalidad recibió votos mayoritarios de Fuerza Popular, Renovación Popular, Somos Perú, Podemos Perú, Bloque Magisterial, Avanza País, Perú Libre y Juntos por el Perú–Voces del Pueblo. Es decir, de todo el espectro político. El método es claro: entrar por las listas y luego doblar la norma desde adentro.

El REINFO, un sistema que se ha convertido en una suerte de barril sin fondo para ampliar indefinidamente el estatus de los mineros, se ha transformado en una herramienta polémica: mientras tramitan su formalización, se les brinda una cobertura excepcional que los exime de responsabilidad penal por minería ilegal mientras dure el trámite. Supuestamente, se buscaba que los mineros que se amparan en este registro tuvieran y cumplieran compromisos, pero esa exigencia se ha desvanecido.

En paralelo, el candidato Rafael López Aliaga, de Renovación Nacional, ha encendido otra alarma con una promesa tendenciosa hecha en el foro empresarial CADE: revocar concesiones mineras formales, que él ha denominado “ociosas” para redistribuirlas, en un guiño explícito a bases informales que reclaman esas áreas -usualmente por la fuerza-. Esta es una consigna demagógica por tres razones:

Primero, los tiempos reales para un proyecto minero, entre descubrimiento, estudios, consulta, permisos y construcción, requieren 40 años en promedio hasta producir según el Instituto Peruano de Economía. En segundo lugar, no es gratis “retener” una concesión. El titular paga por mantener su derecho. López Aliaga ha repetido que “pagan 3 dólares”. Por su parte, Carlos Gálvez, director de la Sociedad Minera El Brocal replicó que la cuenta real, con penalidades y obligaciones, puede escalar a 30 y hasta 150 dólares por hectárea al año si no hay producción. En tercer y último lugar, esta propuesta configura un premio a la toma por fuerza. En un país con invasiones de concesiones y fiscalización débil, “revocar y repartir” en campaña normaliza la captura territorial.

Adicionalmente, si bien López Aliaga niega nexos con mineros ilegales, su propuesta se alinea con los objetivos de los gremios ilegales y allana el tablero político y regulatorio en pleno arranque de campaña. Periodistas como Marco Sifuentes ya han contradicho al candidato, señalando que hay al menos 3 miembros de su partido vinculados a la Confemin, gremio que engloba a los mineros ilegales.

A la par, el precio del oro en máximos y la violencia en enclaves mineros (Pataz es una cicatriz reciente) han dado músculo a los gremios para cercar Lima: bloqueos, campamentos frente al Congreso sin ningún tipo de movilización policial en contra (hecho curioso si se compara con las marchas de la generación Z), presión sobre ministros y caídas de gabinetes. Quien subestima esa capacidad de movilización no entiende el incentivo: oro que se vende fácil, con mercurio que envenena ríos y con rutas que hoy comparten mineros y redes criminales internacionales. Esa normalización se traduce en política: si tengo fuerza para cerrar carreteras, también la tengo para colocar candidatos y doblar brazos en comisiones.

La informalidad no brota por magia. Es una respuesta cruda a tres cosas: (i) déficit de empleo formal y de industrias que absorban mano de obra en corredores mineros; (ii) barreras de entrada a la formalización (trámites complejos, corrupción, asistencia técnica); y (iii) precio del oro en máximos, que hace rentable asumir riesgos con redes que proveen insumos y salida del metal. 

Si los partidos políticos siguen habilitando operadores evidentes del circuito ilegal, y si se hace campaña prometiendo repartir concesiones como si fueran rifas, el resultado será una ley a la carta y un Estado aún más controlado por actores sociales que contaminan sin ningún tipo de restricción. Este ecosistema no es romántico: arrastra violencia, contrabando, trata, lavado y devastación ambiental en un país cuya economía depende en gran medida de la minería.

Amor y odio en la política

Polarización es un término muy vigente en la política mundial y su presencia se ha intensificado mucho en el último lustro. Es difícil encontrar un país donde la vida política no venga definida por esta suerte de confrontación en la que dos opciones tengan suficiente fuerza para aglutinar a amplios sectores sociales que concentren su identidad y su energía en dos polos radicalmente opuestos. El eje sobre el que gira la oposición puede venir definido por temáticas muy diversas que van desde lo cultural hasta lo económico pasando, obviamente, por lo político.

A lo largo de un siglo esta tensión se simplificó en torno a dos términos que poco a poco calaron en el inconsciente colectivo de izquierda y derecha. Su uso práctico permitió configurar una escala donde los matices consintieron establecer un continuo con graduales estadios. El pluralismo facilitó las cosas al incorporar distintas dimensiones en el debate político.

Sin embargo, este panorama de matices tuvo al menos tres enemigos de carácter variopinto. Los regímenes autoritarios quebraron la lógica de la diversidad ideológica al autodefinirse sin restricción alguna en un espacio concreto fijo. En los regímenes democráticos, el presidencialismo a doble vuelta obligó a la confrontación bipolar construyendo bloques de oportunidad de naturaleza excluyente a veces artificial. Finalmente, la expansión del populismo en sus variadas versiones supuso la exacerbación del antagonismo entre un “ellos” y un “nosotros” construido a través, tanto de liderazgos carismáticos, como de movilizaciones colectivas.

La polarización se yergue en escenarios que fueron catalogados de lucha de clases y que hoy amparan unas relaciones de desigualdad como nunca se dieron. Un informe dirigido por Josep Stiglitz muestra que el 1% más rico del planeta acaparó el 41% de la riqueza creada entre 2000 y 2024. Por el contrario, el 50% más pobre solo recibió el 1% de esta nueva riqueza: “estas concentraciones externas de riqueza se traducen en concentraciones antidemocráticas de poder, lo que socava la confianza en nuestras sociedades y polariza nuestras políticas”.

Pero también se alza por el exacerbado uso de las emociones, siempre presentes en la liza pública, pero hoy soliviantadas por un nuevo tipo de comunicación más directa, inmediata, masiva y universal. Los mensajes, a veces anónimos, seducen y contribuyen a crear relatos sobre los que construir una realidad que en tiempos pretéritos tardaba décadas en levantarse. Contenidos que pueden tener un origen malicioso en donde se manipule la realidad, pero también una variada gama de interpretaciones que puedan contribuir a esclarecer situaciones confusas.

La construcción de las naciones es el vivo ejemplo de la puesta en escena de una estrategia colectiva en la que, mediante la educación, el servicio militar obligatorio, la burocracia y prácticas de comunicación masiva de diversa índole, grupos de individuos y colectividades pueden llegar a tener un sentimiento común de comunidad. En ese proceso, el odio al invasor o a quien amenazara la supervivencia soberana es un factor de indudable éxito para facilitar la cohesión grupal. Los partidos políticos en su momento de máxima efervescencia no fueron ajenos a esas prácticas. Tampoco dejó de darse este fenómeno en las iglesias, aunque el odio al opuesto tuviera otros matices, pero la confrontación excluyente sigue viva hoy con expresiones diferenciadas.

Noviembre es el mes de la patria en Panamá. Como es bien sabido, la existencia de Panamá como estado soberano está estrechamente ligada a la construcción del canal interoceánico, así como al ascenso de Estados Unidos como potencia mundial destinada a ser hegemónica. Términos como “destino manifiesto”, “el palo y la zanahoria”, “la política de las cañoneras”, “buena vecindad” se urdirán en las primeras décadas del siglo XX en el entorno del Istmo configurando un imaginario que se extenderá a toda la región. Mientras que el dólar es la moneda de uso corriente de la sociedad y de la economía panameña, en noviembre la bandera panameña ondea por doquier y los desfiles festivos, no militarizados, están presentes en las calles.

Este escenario da lugar a un tipo de polarización cuyo sentido hoy no llega a tensionar los patrones de convivencia, aunque el amor y el odio se solapen como contrapuestos significantes. La encuesta de ciudadanía y derechos del CIEPS de este año dirigida por el sociólogo Jon Subinas, que se presenta en estas fechas, muestra que para el 83,4% de los encuestados el canal debe permanecer en manos panameñas, si bien el 70,2% está muy en desacuerdo o en desacuerdo con que sus beneficios estén llegando a la sociedad panameña a pesar de que el 70,4% se siente orgulloso de que el canal pertenezca a Panamá. Para el 46,2%, Estados Unidos debería ser el aliado por excelencia y hoy un 39,4% sigue pensando que los estadounidenses administraron mejor el Canal. El 69,5% mantiene que es real la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retomar el canal.

Amor y odio, en un país donde, a tenor de su tamaño, la diversidad cultural y ecológica es enorme y la desigualdad territorial y socioeconómica es la más marcada de la región, se conjugan con intensidad limitada a diferencia de la mucho más dramática polarización que se vive en el vecindario. Del lejano “patria o muerte” a las sofisticadas campañas actuales que cancelan al oponente, la polarización sigue incubándose sobre el lado emocional de la existencia. El discurso del odio deja de ser pura retórica. Aquel sueño de la razón que se decía producía monstruos queda hoy relegado frente a relatos digitales donde lo legal racional y la deliberación quedan marginados.

El Salvador: un sistema de posguerra colapsado

¿Cómo llegó El Salvador a precipitarse por las simas del autoritarismo y la erosión del estado de derecho actuales? ¿Justifica el feudo de la violencia y la behetría política tal resultado? En honor a la verdad, el país nunca fue un remanso de paz. Desde su independencia de España (mediados del siglo XIX), la violencia endémica es parte de su ADN: golpes de estado, represiones militares, levantamientos campesinos y masacres a cargo del Estado.

Los ingredientes, pues, ya flotaban en la sopa primigenia que nos lleva al turbulento siglo XX y al XXI: la desigualdad social y la debilidad de los organismos del Estado coadyuvaron en el ensamblaje de las bases que sintetizaron el gen de la ubicua violencia, siendo la conflagración civil iniciada en 1980 una de las consecuencias.

Tras los Acuerdos de Paz de 1992, El Salvador entró en una posguerra que debía materializarlos. El país fue gobernado por ARENA (1989–2009) y el FMLN (2009–2019). Las metas —desmilitarización, elecciones libres y libertad de expresión— fracasaron: persistieron la impunidad, la desigualdad y la debilidad del poder. No es de extrañar, por consiguiente, que la violencia de las maras, la inseguridad y la desconfianza en las instituciones minaran la fe en la democracia. En este sumidero de credibilidad y justicia emergió el ahora presidente Nayib Bukele, símbolo del agotamiento del sistema de posguerra.

Bukele: ‘outsider, ma non troppo’

Aunque Bukele se presenta como un recién llegado ajeno a la casta política, un hombre moderno, del pueblo, hiperactivo en redes —troll humano a ratos—, lo cierto es que navegó cómodamente en la política tradicional: fue alcalde por el FMLN (nada menos que de la capital) gracias a los vínculos y recursos de su acomodada familia. Su expulsión del partido fue una huida hacia adelante para reinventarse como antisistema, pero en realidad es un hombre del sistema. Bukele ha sabido usar de forma magistral la fachada de independiente para consolidar su poder, con sus propias redes de privilegio, corrupción y clientelismo que han hecho enriquecerse a su familia desde que maneja las riendas del país. Hoy ejerce ese control mediante el sometimiento del poder judicial y la opacidad en el uso de fondos públicos y/o del bitcoin, motivo por el cual ha sido sancionado por Estados Unidos. Después llegó Donald Trump. 

El bukelismo, a la búsqueda de etiquetas

Su modelo tiene componentes de lo que llamo el orbanismo (en su vertiente tropical), en referencia a Viktor Orbán, presidente de Hungría, que usa su victoria electoral como una especie de revolución querida por el pueblo, que le da carta blanca para la concentración del poder y el desmantelamiento de la institucionalidad democrática, aunque sin tocar el sistema en sí mismo, mediante el control del poder judicial y legislativo. A esto se suma el punitivismo, basado en la represión y la mano dura contra las pandillas para ganar popularidad, aparentando eficacia en seguridad mientras se mantienen redes de privilegio y se erosionan las libertades civiles. La victoria del bukelismo reside en imponer la dicotomía derechos humanos contra seguridad, presentándola como un hecho consumado, fuera de toda discusión.

La fórmula contiene, del mismo modo, un autoritarismo consistente en regímenes de excepción permanente que justifican masivas y/o arbitrarias detenciones y violaciones sistemáticas de derechos humanos. También se ha dado al bukelismo el apelativo de autoritarismo popular, que enlaza con una tradición de caudillismo que echó raíces y prosperó en la región: votar por él no es algo nuevo.

Unos “logros” con trampa

Bukele presume de haber reducido la violencia con su “mano dura”. Con todo, no es ni original: ya existieron los planes Mano Dura y Súper Mano Dura a principios de siglo. Pero, en realidad, se trata de una mano bajo cuerda, izquierda y blanda: la simple negociación con las maras MS-13 y Barrio 18 (las más importantes, si bien no las únicas). Dos de sus líderes afirmaron que, desde 2014, Bukele pactó con ellos ofreciendo beneficios penitenciarios y dinero a cambio de apoyo electoral, que se materializó mediante el control territorial de las pandillas para coaccionar el voto y reducir temporalmente homicidios, mejorando así la imagen del entonces candidato.

De agentes y Constituciones: la profundización de Bukele en el autoritarismo 

Dos hitos han marcado el 2025, un año fecundo en el capítulo del desguace paulatino de las instituciones democráticas: la reforma de la Constitución y la Ley de Agentes Extranjeros. 

En cuanto a la reforma constitucional, ya ha sido un recurso habitual en Perú, Colombia, Nicaragua, Venezuela o Hungría, que suponen una tendencia a confundir Constitución con programa electoral.

El 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma exprés de la Constitución con tintes muy orbanianos; a saber: uso la de amplia mayoría de Nuevas Ideas ―el partido de Bukele― en el Parlamento como apisonadora, sustrayendo todo debate a la oposición (con eximios plazos) y, por último, confundiendo intencionadamente una carta magna con un programa electoral.

La “Constitución de Bukele” despliega los siguientes jalones: 1) permite la reelección presidencial indefinida; 2) amplía el período presidencial de cinco a seis años; 3) elimina la segunda vuelta electoral, lo que en un sistema presidencialista reduce las garantías de representatividad y legitimidad del presidente electo; 4) se adelanta en dos años el inicio del próximo mandato, al objeto de sincronizar las elecciones generales con las legislativas y municipales de 2027: todo al servicio de Bukele. La reforma supone la virtual fundación de un sistema político nuevo, un golpismo callado que pone en solfa los principios de alternancia y limitación del poder fijados en la Constitución de 1983, refuerza la concentración del poder y mengua la alternancia y los mecanismos de control y equilibrio entre poderes de todo estándar democrático.

El otro acontecimiento jurídico decisivo de 2025 es la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada vía decreto nº 308. La huella de Vladimir Putin es tenaz, con sus leyes de 2012 (modificaciones en 2022 y 2025). La ley georgiana de 2023 prácticamente calca a la rusa y a buen seguro inspiró a Trump a golpe de órdenes ejecutivas.

La ley salvadoreña se llama igual que la rusa y los conspicuos conspiracionistas deben de estar encantados, pues la norma salvadoreña se aprobó el 30 de mayo de 2025 y la modificación rusa, en junio. En cualquier paso, es palmario que las dos coinciden en los mismos objetivos, controlar y estigmatizar a organizaciones que reciben financiamiento extranjero, con una diferencia: que la ley salvadoreña es más agresiva aún que la rusa en el ámbito de sanciones económicas. 

La Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador (2025) establece varias medidas que arrasan todo patrón democrático: 1) obliga a las personas y organizaciones que reciban financiación de fuera del país a registrarse como “agentes extranjeros”; 2) grava con un impuesto del 30%  dichos fondos; 3) estipula fuertes sanciones económicas para quienes no cumplan; 4) usa una redacción ambigua que podría dar lugar a aún mayores restricciones de la libertad de asociación y expresión; 5) estigmatiza a las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil (lo que se traduce en persecución y detención de activistas), forzándolas a interrumpir sus actividades. La consecuencia inmediata es que importantes ONG como Cristosal ya no operan desde El Salvador, y lo hacen desde Honduras y Guatemala. Los otros grandes perjudicados son los medios de información. Así, la vieja APES (Asociación de Periodistas de El Salvador), fundada en 1936, o diarios como El Faro han adoptado similares medidas. 

La Ley de Agentes Extranjeros ha suscitado una honda preocupación internacional, con la ONU instando a garantizar un entorno seguro para la sociedad civil y el respeto de los derechos humanos. De igual modo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Unión Europea (UE) criticaron la ley salvadoreña, lo que provocó la ira de Buekele. En su línea a golpe de (antiguo) tweet, el líder salvadoreño reprocha a la UE ser un bloque envejecido, burocrático, dependiente de la energía y tecnológicamente rezagado que se permite aún dar lecciones al mundo. Es un buen final para este artículo: resume perfectamente el modus operandi discursivo de Bukele, enumerando los defectos de la UE que comparten sus contrapartes de extrema derecha del continente europeo.

¿Quién lleva el pan a la casa? Cuando la paridad salarial choca con los estereotipos de género

Mariana es abogada en una firma regional de comercio internacional. Gana el doble que su pareja, un diseñador gráfico freelance. Viven juntos hace cuatro años en San José de Costa Rica. Cada mañana, Mariana se despierta antes de las 6 a.m., toma café, revisa correos y se va. Él se queda. Ella paga el alquiler y la mayoría de los gastos y, aun así, dice que se siente culpable por mencionar su aumento de sueldo en voz alta.

“Evito hablar de dinero porque no quiero que él se sienta menos. Ya me ha dicho que no le gusta que «le recuerden» que yo mantengo todo. No lo hago por humillarlo, pero tampoco debería sentir vergüenza por lo que gano”, confiesa.

Esta historia no es única. Es, de hecho, cada vez más común. A medida que las mujeres ganan terreno en el mundo profesional y académico, se enfrentan a la paradoja de que ser exitosas pueda incomodar, no a la sociedad en abstracto, sino al interior de sus relaciones íntimas. No por el dinero en sí, sino por lo que ese dinero representa en una cultura que aún asocia poder, valor y virilidad con la capacidad de proveer.

En países como México, Chile, Argentina o Colombia, los avances en paridad salarial no han sido acompañados por una transformación cultural equivalente. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte que, en América Latina, aunque las mujeres han avanzado en educación e ingresos, este progreso no se ha traducido en un poder doméstico proporcional y que la autonomía económica no garantiza el respeto emocional ni la corresponsabilidad.

La masculinidad herida

Para muchos hombres, el ingreso económico sigue siendo el eje central de su autovaloración. Según un estudio del National Bureau of Economic Research (2024), cuando una mujer gana más que su pareja heterosexual, ambos tienden a mentir en encuestas: ella subestima su salario, él lo sobrestima. Lo hacen por la presión social que define la identidad masculina construida en torno a la superioridad económica.

La tensión se traduce en silencios, culpas, conflictos velados o abiertos. Pareciera que el ego masculino no siempre está preparado para habitar un lugar secundario en el plano financiero sin sentir que pierde autoridad o relevancia.

Las mujeres, por su parte, han aprendido a “suavizar” su éxito. Lo veo con frecuencia en mis talleres de liderazgo. Muchas esconden lo que ganan, minimizan sus logros o se privan de hablar abiertamente de sus avances profesionales para no incomodar a su pareja. La escritora Rebecca Solnit lo llama “el síndrome de Casandra”, porque cuando brilla, perturba, y cuando se empodera, desestabiliza.

¿Realmente somos una sociedad moderna?

En lo público, la narrativa de equidad avanza. Celebramos a la mujer profesional, independiente, empoderada. Pero en lo privado —en el dormitorio, en la mesa del comedor, en los silencios del WhatsApp— esa independencia muchas veces se convierte en motivo de fricción. 

La investigación “Relative Income and Gender Norms: Evidence from Latin America” muestra que las parejas tienen más probabilidades de separarse cuando la mujer gana más que el hombre y concluye que no se trata solo de dinero, sino de normas culturales que influyen en cómo se distribuyen roles y responsabilidades dentro del hogar. Estos hallazgos subrayan que “las políticas de igualdad no pueden limitarse a abrir oportunidades laborales o facilitar acceso al crédito; también deben cuestionar y cambiar las expectativas sociales sobre quién debe mantener y quién debe cuidar”.

Según un estudio del Harvard Business Review, las mujeres que tienen éxito profesional tienen más dificultades para encontrar parejas estables, no por ellas, sino por cómo se percibe su éxito, no por falta de afecto, sino por desalineación entre el éxito femenino y los modelos tradicionales de masculinidad. Las mujeres exitosas son vistas como “demasiado independientes”, “mandonas” o “intimidantes”.

La socióloga Arlie Hochschild ya hablaba en 1989 de la “doble jornada” de las mujeres, el trabajo formal más el doméstico. Hoy muchas mujeres viven una triple tensión por trabajar fuera, sostener el hogar y manejar la emocionalidad de una pareja que no sabe cómo vivir en igualdad. 

Cuando una mujer sostiene el hogar económicamente, se desestabilizan los esquemas clásicos. ¿Quién toma las decisiones? ¿Cómo se redistribuye el poder? ¿Se valora igual el cuidado emocional o la gestión doméstica del hombre?

En muchos casos, la jefatura femenina del hogar no es elección, sino resultado de una omisión masculina. En América Latina, millones de mujeres se convierten en el único sostén económico no porque quieran, sino porque no tienen alternativa. Los datos muestran que hay una tendencia creciente de hogares con jefatura femenina o en los que la mujer es el sostén económico principal, especialmente en zonas vulnerables.

Sin embargo, y aunque no hay cifras definitivas, los estudios existentes indican que mujeres ganando más salario que los hombres es un fenómeno en crecimiento, pero aún minoritario en muchas poblaciones. O sea, la brecha de género en desmedro de las mujeres persiste porque las normas de género, las expectativas sociales y la desigualdad estructural en los empleos crean barreras para que muchas mujeres lo logren. Pero cuando lo logran, se enfrentan a una resistencia simbólica que dificulta expresarlo con naturalidad (como esconder el ingreso, minimizar logros, etc.). Estudios como el de Relative Income lo evidencian.

¿Cómo construimos relaciones más simétricas?

Volvamos a Mariana. Un día, su pareja le pidió que, si hablaban de trabajo frente a amigos, no dijera su cargo. “Me pidió que dijera que trabajamos en lo mismo. Me hizo sentir culpable por crecer”, recuerda. Hoy, Mariana considera vivir sola. No porque no lo ame. Sino porque se cansó de cargar con la culpa del éxito. Y ahí está la paradoja: la mujer que rompe techos de cristal muchas veces termina encerrada en una jaula emocional donde su éxito pesa, duele y se silencia.

Y es que el problema no es que una mujer gane más. Es que todavía estamos socializados para pensar que el hombre debería ser el proveedor principal, y esa expectativa cultural funciona como un pilar invisible que estructura las relaciones íntimas. Cuando una mujer gana más, no solo hay un desequilibrio financiero, sino un cuestionamiento simbólico del machismo que sostiene que el hombre pierde el rol central que le es asignado.

Es tiempo de construir relaciones más simétricas, donde el éxito de una no sea la herida del otro, sino el esfuerzo compartido. Donde la pregunta no sea quién trae el pan, sino cómo lo compartimos.

Para leer al Tío Donald

El soñador Walt Disney jamás hubiera imaginado que sus criaturas y reinos de fantasía terminarían encarnando en personajes e historias tan reales.

“Para leer al Pato Donald: Comunicación de masas y colonialismo» es un libro de los años ’70 escrito por el argentino-chileno Ariel Dorfman y Armand Mattelart, sociólogo belga y referente en estudios de comunicación, fallecido el pasado 31 de octubre a los 89 años.

Publicado por primera vez en Chile durante el gobierno de Salvador Allende, con prólogo del sociólogo argentino Héctor Schmucler, Mattelart y Dorfman analizaban allí críticamente los cómics de Walt Disney, argumentando que estos funcionaban como propaganda capitalista e imperialista de los EE.UU. Sostenían que el poder de las historietas de Disney radicaba en su aparente neutralidad e inocencia, que el humor y la diversión servían como vehículos para exportar una visión del mundo en la que los países periféricos o subdesarrollados cumplían la función de proveer materias primas y tesoros que los personajes -como el Tío Rico McPato– explotaban y llevaban a los EE.UU.

A través de las historias y cuentos infantiles se transmitía una manera de ver el mundo y se libraba una “batalla por los corazones y las mentes” de niños y adultos. En los cartoons, los patos viajaban a otros países y territorios, llamados “Bananalandia”, “Patagonia del Sur”, “Tropicolandia”, “Aztecland”, “Altiplano del abandono”, “Inca-Blinca” o «Inestablestán», versiones caricaturizadas del Tercer Mundo en el que los habitantes aparecen como ingenuos, infantiles, supersticiosos. Donald y sus sobrinos llegan desde el “centro” civilizado para enseñarles, comerciar o extraer tesoros. En esta lectura, las historietas reproducían simbólicamente las relaciones de subordinación y dependencia entre Estados Unidos y América Latina.

Así lo analizaban: “En las enormes alcancías de Tío Rico (para no aludir a Mickey que nunca almacena nada, y de Donald para qué hablar) no hay jamás la más mínima presencia de un objeto manufacturado, a pesar de que hemos visto que aventura por medio se lleva alguna obra de orfebrería a su casa. Sólo billetes y monedas. Apenas el tesoro sale del país de origen y toca el dinero de Tío Rico desaparece su forma, es tragado por los dólares. Pierde, ese último vestigio que pudiera ligarlo a personas, al tiempo, a sitios. Termina por ser oro inodoro, sin patria y sin historia. Tío Rico puede bañarse sin que las aristas de los ídolos lo pinchen. Todo es alquimizado maquinalmente (sin máquinas) en un patrón monetario único que concluye todo soplo humano. Y para colmo, la aventura que condujo a esa reliquia se esfuma junto con la reliquia misma (de forma por sí débil). Como tesoro en tierra indicaba hacia el pasado por remoto que fuera, y como tesoro en Patolandia indicaba hacia la aventura vivida, por remota que fuera; el recuerdo personal de Mc Pato se borra a medida que se ennubece el recuerdo histórico de la raza originaria. Es la historia la que se funde en el crisol del dólar. Es falso entonces el valor educativo y estético de estas historietas, que se presentan como un viaje por el tiempo y la geografía, ayudando al pequeño lector en su conocimiento de la historia humana (templos, ruinas, etc.). Esa historia existe para ser derruida, para ser devuelta al dólar que es su único progenitor y tumba. Disney mata hasta a la arqueología, esa ciencia de las manufacturas muertas”.

Los autores mencionaban también los estereotipos de género y poder presentes en los personajes femeninos frecuentemente decorativos, y las relaciones autoritarias y jerárquicas en las que los tíos ordenan y los sobrinos obedecen. En resumen, el libro interpretaba los cómics de Disney como un «manual de instrucciones» para los pueblos dependientes sobre cómo debían ser sus relaciones con el gran vecino del Norte.

Aquel libro despertó polémicas y se convirtió en un bestseller internacional y un texto emblemático en los estudios de comunicación y cultura, generando un gran debate sobre el papel de los medios masivos. Sobrevivió a la censura y la quema de libros en tiempos de dictaduras en los ’70 y fue reeditado numerosas veces. De más está decir que la idea de un proyecto alternativo de sociedad que subyacía entonces fue barrida del mapa, derrotada, desfigurada o superada por los ventarrones y tempestades que contribuyó a desatar. Izquierdas y derechas latinoamericanas procesaron de distinto modo el duro aprendizaje de esos combates ideológicos que costaron tanta sangre y tantos fracasos.Sin embargo, imágenes del Tío Sam encarnado en la figura de Donald Trump, y de líderes latinoamericanos cautivados por la aversión o la fascinación por el “imperio americano”, llevan a rememorar aquella lectura de Dorfman y Mattelart. En un contexto político más polarizado y un ecosistema mediático mucho más fragmentado y agresivo, pero también de resiliencias democráticas que permiten la coexistencia en libertad y el procesamiento pacífico de los conflictos, acaso el enfoque ya no pasa tanto por descifrar mensajes ocultos, sino por analizar una performance pública en la que parece invertirse la lógica: de la ficción que se nutre de la realidad para crear historias, personajes y narrativas, a una realidad híbrida (virtual/real) que se nos aparece, por momentos, ella misma como una caricatura de sí misma. El soñador Walt Disney jamás hubiera imaginado que sus criaturas y reinos de fantasía terminarían encarnando en personajes e historias tan reales.