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Una región, todas las voces

​​Vivir el hoy: el pesimismo y la incertidumbre desafían a la política

Por
Leandro Bruni
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Desde el punto de vista de las personas, la política es psicología y comunicación. Para la mayoría de los votantes, la política son imágenes fugaces que aparecen como destellos, entre muchísimos estímulos. El resto de la política, los matices, la complejidad, los programas y propuestas son, simplemente, ignorados.

Las personas somos ahorradores de esfuerzo cognitivo. Nuestro cerebro evolucionó para sobrevivir, emocionarse y pensar lógicamente. Para hacer todas esas funciones, necesitamos evitar hacer muchas otras. Como acuñaron los psicólogos Susan Fiske y Shelley Taylor, somos “avaros cognitivos”, ya que buscamos atajos y razonar sin esfuerzo. De todos los estímulos cotidianos solo le prestamos atención a unos pocos. En general, son aquellos que nos llaman más la atención, los más fáciles de procesar o los que tienen gran carga emotiva lo que concentra nuestra cognición.

En el plano político, son los sentimientos los que explican con mayor precisión el voto, y no la coincidencia en programas, una pertenencia socioeconómica determinada, u otra de las variables que otrora sí eran útiles. Sentimientos extremos como odios y amores estructuran la disputa electoral y dinamizan la conversación pública.

En Latinoamérica vivimos en sociedades en donde, en promedio, a 7 de cada 10 personas no les interesa la política, donde los discursos, actos y procesos burocráticos les aburren y donde sentimos que lo que pasa en oficinas, ministerios y palacios nos perjudica o simplemente no impacta en nuestras vidas. Pensar la comunicación en imágenes o breves destellos es entender que hoy nos interesa más lo que vemos en el feed de Instagram que en los portales de noticias o en el excesivo volumen de contenido que muchos políticos se esmeran en publicar. Siendo tal esta desconexión voluntaria con la política, no debería sorprendernos que un porcentaje alto de electores decida su voto pocas horas antes de los comicios. En 2025, en Ecuador y Argentina 3 de cada 10 votantes no lo tenía decidido el día anterior a votar; en Bolivia, llegó al 48%. En muchos casos, se toma la decisión minutos antes de introducir el voto en la urna.

Parte del debate que académicos, consultores y los propios políticos tienen en este tiempo es sobre cuáles son los catalizadores de la desconexión entre la política y los votantes. Si bien se trata de un fenómeno multicausal, una de las claves es la sensación de incertidumbre que la política no puede aligerar. El nihilismo es un sentimiento creciente en Latinoamérica. IPSOS publicó recientemente un estudio en donde encontró que 7 de cada 10 latinoamericanos están de acuerdo con la frase “vivo el hoy porque el futuro es incierto”. Se trata de una incertidumbre creciente entre las personas que, al descartar toda posibilidad de vivir mejor en el futuro, deciden disfrutar, a cualquier costo, el presente.

En muchos casos este sentimiento se traduce en consumo (anulando ahorro e inversión), sobreendeudamiento, decisiones apresuradas, y sobre todo muchísima frustración por las prohibiciones que tienen. Este valor, que en 2025 casi alcanzó el 72% de los casos, era de casi 5 puntos menos en 2024. Si bien el estudio solo relevó a México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Perú, los valores de estos 6 países presentan baja dispersión entre sí, con la excepción de Argentina donde el valor alcanza el 78% (mayor nihilismo). Brasil tiene el valor más bajo del grupo (66%), mientras que el resto de los países oscila entre 69% y 71%. Si bien lo que vive Latinoamérica (72%) se ubica por sobre la media del mundo (66%) y del resto de continentes, la tendencia hacia el pesimismo es evidente.

El pesimismo, la incertidumbre creciente y el no poder visualizar un futuro mejor es moneda corriente entre muchos de los latinoamericanos. Este es un gran desafío para la política. Los votantes no solo constituyen sus apoyos en base a lo que se hizo (voto retrospectivo), sus amores y odios (voto afectivo), sino también lo hacen en relación al camino que la política les propone (voto prospectivo). Es cierto que, como se mencionó anteriormente, las personas evitamos el gasto cognitivo excesivo y por lo tanto evitaremos leer programas, dedicarle tiempo en interiorizarnos de cada candidato y propuesta. Pero lo que también es cierto es que, una comunicación eficiente debería poder sintetizar en unas pocas claves cómo se mejorará la calidad de vida de las personas. Para que un elector decida acompañar a un candidato, tiene que tener en claro hacia dónde lo está llevando.En Las sombras del mañana, el sociólogo Norbert Lechner sostiene que las personas recurren a la política para conseguir un marco de orden que reduzca las incertidumbres de la vida cotidiana. No es solo seguridad o convivencia: ese orden deseado es, ante todo, la capacidad de orientarse, comprender de dónde venimos, leer los desafíos del presente y trazar un rumbo de futuro que haga la vida más vivible.

El voto obligatorio en América Latina: entre la norma y la participación real

Por
Philipp Rall   |   Lisa Klostermann
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Normalmente se dice que votar en una democracia es un deber cívico. Algunos países del mundo van un paso más allá y han convertido este deber en una obligación legal mediante el voto obligatorio. En total, 26 países siguen este modelo, con diferentes sanciones para los que no votan y diferentes grados de severidad en su aplicación. Once de ellos se encuentran en América Latina, motivo suficiente para examinar más de cerca el voto obligatorio.

Los tipos del voto en América Latina

En América Latina conviven distintos modelos de participación electoral. Existen tres tipos principales de voto. El primero es el voto sin obligación ni sanción, adoptado por países como Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela, donde el sufragio es un derecho voluntario y depende del compromiso ciudadano.

En segundo lugar, está el voto con obligación, pero sin sanción efectiva, conocido como voto simbólico, presente en México, Honduras y Costa Rica, donde la norma establece la obligatoriedad, pero carece de mecanismos de control o castigo.

Finalmente, se encuentra el voto con obligación y sanción, que a su vez se divide en dos modalidades:

  1. Voto con una sanción moderada, aplicado en Ecuador y Paraguay, donde el incumplimiento se castiga con multas leves.
  2. Voto con sanciones estrictas, vigente en Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Perú, donde la ausencia injustificada puede acarrear multas o restricciones administrativas.

En cuanto a las multas, el monto varía considerablemente entre países. Va desde sanciones simbólicas de apenas R$ 3,50 (≈ 0,60 USD) en Brasil, hasta sumas que superan los 3.600 pesos uruguayos (≈ 90 USD) en Uruguay. En Argentina, la multa oscila entre 50 y 500 pesos argentinos (≈ 0,05 – 0,50 USD), mientras que en Perú ronda los S/ 25,75 (≈ 6,80 USD) y en Bolivia puede llegar hasta 900 bolivianos (≈ 130 USD). En el caso de Chile, el último de estos países en implementar una sanción está entre 35 y 110 USD. Estas multas también pueden depender de factores como la condición profesional del votante, la reincidencia o el tipo de elección.

Ventajas del voto obligatorio

El voto legalmente obligatorio aumenta el nivel de representatividad, ya que cuando más personas participan, los resultados son más legítimos. Además, refuerza el principio filosófico de igualdad política entre los ciudadanos y evita el fenómeno del “freeriding”, es decir, aprovecharse del esfuerzo colectivo sin contribuir.

Diversos estudios demuestran que cuando el voto se concibe como un deber cívico, la gente tiende a informarse mejor antes de acudir a las urnas. La obligatoriedad del voto también envía una señal sobre la importancia constitutiva de las elecciones dentro de la democracia y contribuye a la estabilidad gubernamental.

Asimismo, una alta participación reduce el impacto de pequeños grupos altamente movilizados sobre el resultado final y disminuye los costos de las campañas electorales, limitando la influencia del financiamiento privado en los partidos y candidatos. Finalmente, para garantizar la libertad de elección, se podría incluir en la papeleta la opción de abstención explícita, permitiendo manifestar el desacuerdo con las alternativas políticas disponibles.

¿Hay desventajas?

El voto obligatorio también tiene desventajas. En primer lugar, restringe la libertad individual de expresar el descontento mediante la abstención, que puede ser una forma legítima de rechazo hacia un sistema político que no responde a las expectativas ciudadanas. De igual forma pone en cuestión la discusión sobre si las personas que tienen derecho a votar también tienen derecho a no hacerlo dentro de un sistema de justicia.

Otra controversia alrededor del voto obligatorio es la capacidad estatal necesaria para administrar las multas y controlar la participación de las personas en los procesos electorales, lo que supone costos e infraestructura burocrática.

La realidad en América Latina

En América Latina, la participación electoral atraviesa una tendencia descendente que pone en evidencia los límites del voto obligatorio como herramienta de fortalecimiento democrático. Aunque la región mantiene en su mayoría sistemas con voto obligatorio, los niveles de concurrencia se han reducido de manera constante en las últimas dos décadas. Factores como la desconfianza hacia los partidos, el desencanto con las instituciones y la fragmentación política explican parte de este retroceso.

El caso de Argentina, donde pese a la obligatoriedad la participación alcanzó en 2025 su nivel más bajo desde 1983, ilustra esta crisis de compromiso ciudadano. Aunque algunos países como Perú (2021: 70 %) no solo cuentan con la obligación de votar, sino también con sanciones, registran una participación relativamente baja bajo las mismas reglas.

En contraste, Uruguay (2021: 90%) muestra tasas más altas, lo que evidencia que la participación no solo depende del marco legal, sino como de la confianza en el sistema y la cultura cívica que lo sostienen. Aun así, pese a la tendencia a la baja, la participación en América Latina sigue siendo notablemente más alta que en muchas democracias europeas.

Chile: Entre dos vueltas y un nuevo mapa electoral

Por
Luis Miguel Santibáñez Suárez
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El domingo 16 de noviembre, Chile vivió unas elecciones presidenciales y parlamentarias bajo el sistema de inscripción automática y voto obligatorio, alcanzando una participación cercana al 85 %. Esta cifra sitúa al país en un nivel poco habitual de movilización y evidencia que, cuando se facilitan las condiciones de acceso y se refuerza la responsabilidad cívica, la ciudadanía responde de manera contundente. La alta concurrencia, sin embargo, no diluye las tensiones que atraviesa hoy al país; por el contrario, las ilumina con más claridad de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

Los resultados preliminares confirmaron un escenario abierto: la candidata comunista Jeannette Jara obtuvo un 26,8%, el candidato de ultraderecha José Antonio Kast un 23,9% y el populista Franco Parisi cerca de 19,6%. Lejos de ordenar el panorama, estas cifras muestran un país que ya no distribuye su apoyo según los clivajes tradicionales. La competencia entre tres polos marca el fin del predominio de bloques estables y refuerza la idea de un electorado que premia opciones capaces de dialogar más allá de sus fronteras, aun cuando las diferencias ideológicas parezcan difícilmente conciliables.

En el ámbito parlamentario, el cuadro es aún más complejo. La derecha y la ultraderecha avanzaron de forma relevante, pero no consiguieron un control indiscutido que les permita gobernar sin grandes acuerdos. En paralelo, un dato institucional de profundo calado adquiere especial relevancia: un número considerable de partidos no alcanzó el umbral legal necesario para mantener su existencia formal. Entre ellos colectividades históricas como el Partido Radical, así como fuerzas de centro y derecha liberal como Evópoli o Amarillos por Chile. La reducción forzosa del mapa partidario reconfigura no sólo la oferta, sino la estructura misma del sistema político chileno, creando un escenario donde convergen menos siglas, pero no necesariamente una mayor cohesión. Esta contracción produce tanto oportunidades como incertidumbres: simplifica procesos, pero también elimina espacios intermedios que, en otros momentos, facilitaron acuerdos transversales.

En este marco, la no elección de José Miguel Insulza al Senado se convierte en un símbolo de un cambio generacional y político mayor. Su ausencia priva a la centroizquierda de una figura con vasta experiencia en negociación y construcción de consensos, elementos necesarios en el Congreso fragmentado que emerge. La política chilena pierde, así, una voz con capacidad reconocida para articular puentes entre sectores ideológicamente distantes.

La izquierda llega a la segunda vuelta con un desafío evidente. Aunque Jara encabeza la primera votación, su porcentaje evidencia la dificultad de expandir su base hacia sectores moderados que, en otras elecciones, sirvieron como punto de encuentro. La tarea del progresismo será convocar a quienes buscan estabilidad institucional y políticas públicas coherentes sin caer en discursos polarizantes. En un contexto de transformaciones profundas, la izquierda tiene la posibilidad de presentarse como un ancla de responsabilidad democrática, siempre que logre combinar renovación con continuidad institucional.

En la derecha, el avance de Kast ha sido significativo, apoyado en la centralidad de temas como seguridad, migración y orden público. Pero su liderazgo coincide con un proceso de reorganización interna donde conviven visiones distintas. Aunque Kast articula un sector relevante del electorado, no controla todo el espacio de la derecha ni logra absorber completamente a quienes se identifican con un enfoque liberal o moderado. La irrupción sostenida de Parisi, con un voto que rehúye etiquetas y estructuras formales, confirma que existe un amplio segmento que no se siente interpretado por ninguna de las coordenadas tradicionales. Ese electorado no es cautivo y será probablemente decisivo, tanto en la elección como en la gobernabilidad posterior.

El camino hacia el balotaje, por tanto, no se reduce a un enfrentamiento entre dos nombres. Se trata de una disputa por el tipo de país que se quiere construir en medio de un proceso político en transformación. Kast puede sumar apoyos provenientes de la derecha convencional, mientras que Jara tiene la posibilidad de atraer al progresismo más amplio y a quienes buscan evitar un endurecimiento político en temas sensibles. La forma en que cada candidatura interprete las señales de un país plural, exigente y cansado de simplificaciones será determinante. La participación, que muchos daban por agotada en ciclos anteriores, se perfila nuevamente como un factor clave: un electorado movilizado tiende a favorecer propuestas más amplias, mientras que una participación más baja podría inclinar el proceso hacia opciones más segmentadas.

El impacto institucional de esta elección no puede subestimarse. Con un Congreso sin mayorías automáticas y un mapa partidario en proceso de contracción, el próximo gobierno necesitará capacidad real de negociación. La gobernabilidad se construirá proyecto a proyecto, con acuerdos que deberán ser más sólidos y transparentes que en ciclos previos. La ausencia de varios partidos tradicionales, sumada a la salida de figuras con experiencia acumulada, modifica la dinámica interna del Parlamento y exige nuevos liderazgos capaces de dialogar de manera más pragmática y menos doctrinaria. Para la centroizquierda, esto implica reconstruir su capacidad de articulación; para la derecha, moderar o ampliar su rango de acción para gobernar un país diverso.

Las elecciones de 2025 marcan un punto de inflexión en la historia política reciente. La participación inédita reafirma la vigencia del sistema democrático, mientras que la fragmentación electoral y parlamentaria redibuja el escenario con mayor complejidad. La segunda vuelta decidirá no sólo quién conducirá el país, sino de qué manera se configurará la gobernabilidad en un entorno donde ninguna fuerza por sí sola podrá imponer su agenda.

Chile entra así en una etapa en la que el diálogo, la moderación y la responsabilidad institucional no serán gestos retóricos, sino condiciones necesarias para sostener la estabilidad política. Convertir este equilibrio en una oportunidad dependerá de la madurez con que las fuerzas políticas entiendan que el país demanda menos tribunas y más capacidad de acuerdo. Y quizá sea ahí donde se juegue, más que en el resultado inmediato, el sentido profundo de este ciclo electoral.

Honduras ante las urnas: ¿democracia en la cuerda floja?

Por
Cecilia Rodríguez Balmaceda
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A días de las elecciones generales del 30 de noviembre, Honduras avanza hacia una cita histórica marcada por un nivel de incertidumbre sin precedentes. El escenario electoral en Honduras no es solo una contienda por la Presidencia, es una prueba de fuego para la madurez democrática de la nación centroamericana, donde la tensión, la polarización y las advertencias de fraude se han convertido en protagonistas. En las últimas semanas, el país ha navegado en un frágil equilibrio entre la esperanza de un cambio y el riesgo de repetir episodios de violencia política del pasado.

Transformaciones del mapa partidario

El escenario político hondureño se ha reconfigurado. Atrás quedó el tradicional bipartidismo; hoy, la disputa se concentra en una apretada carrera donde tres figuras se encuentran en un virtual empate técnico según las encuestas más recientes. La oficialista Rixi Moncada representa al Partido LIBRE y busca asegurar la continuidad del proyecto iniciado por la presidenta Xiomara Castro. Su campaña enfatiza la continuidad: consolidar reformas sociales, profundizar el papel del Estado y movilizar a una base de izquierdas que ve en esta candidata una oportunidad para apuntalar transformaciones largamente postergadas.

En la oposición, la contienda es igualmente reñida. Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, ha logrado posicionarse en primer lugar en varios sondeos. Su estilo comunicativo directo y su insistencia en “cambiar el rumbo” conectan con un electorado desencantado con las élites políticas y golpeado por la inseguridad, la precariedad económica y la falta de oportunidades. Su mensaje interpela a quienes buscan sancionar a los responsables del deterioro institucional y socioeconómico acumulado en la última década.

El tercer actor clave es Nasry Asfura, del Partido Nacional, quien intenta recuperar credibilidad tras los turbulentos años asociados a la administración de Juan Orlando Hernández. Su apuesta pasa por reivindicar su experiencia en gestión municipal y presentarse como un candidato pragmático, capaz de “ordenar la casa” y devolver estabilidad. Aunque su partido arrastra un profundo desgaste, su base sigue siendo relevante en un país donde las lealtades políticas tradicionales aún pesan.

Este empate técnico entre tres figuras con bases de apoyo sólidas y tonos de campaña muy distintos alimenta un ambiente político tenso. La posibilidad de que el resultado final dependa de márgenes mínimos aumenta el riesgo de que cualquiera de los candidatos denuncie irregularidades en caso de derrota. En Honduras, donde los cuestionamientos a procesos electorales pasados derivaron en conflictos abiertos, esta amenaza no es menor. En la recta final de la campaña, el discurso del fraude ha ido en aumento, alimentado por la desconfianza mutua entre partidos, el señalamiento constante al árbitro electoral y un ecosistema digital plagado de desinformación.

Un árbitro cuestionado

Las dificultades del Consejo Nacional Electoral (CNE) están en el centro de estas tensiones. La institución arrastra cuestionamientos por su falta de autonomía, conflictos internos y un presupuesto insuficiente que limita su capacidad técnica. Las elecciones primarias de marzo evidenciaron problemas serios: fallas logísticas, retrasos en la entrega de materiales, errores en los listados y fallos en el sistema biométrico. Este cúmulo de dificultades erosionó aún más la confianza ciudadana y encendió las alarmas en la comunidad internacional.

En medio de este clima, tres de los cinco candidatos presidenciales suscribieron un “Convenio Democrático para la Defensa del Voto”. Nasry Asfura (Partido Nacional), Salvador Nasralla (Partido Liberal) y Mario Rivera (Partido Demócrata Cristiano de Honduras) se comprometieron a proteger las actas en las juntas receptoras, evitar la manipulación de resultados y actuar como “guardianes del voto”. El acuerdo, promovido por la Plataforma Ciudadana Defensores de Honduras, busca asegurar que el escrutinio sea transparente. Más allá de su valor simbólico, refleja la necesidad de que los actores políticos demuestren responsabilidad en un entorno extremadamente frágil.

Las advertencias desde el exterior tampoco han pasado desapercibidas. Expertas de Naciones Unidas publicaron un comunicado a pocas semanas de los comicios solicitando garantizar elecciones “libres, justas y transparentes”. Señalaron, además, su preocupación por el clima de polarización, las agresiones contra la prensa, la reducción del espacio cívico y el uso de discursos hostiles que podrían detonar episodios de violencia. La secretaría general de la OEA, por su parte, instó a celebrar las elecciones “en la fecha establecida y en las mejores condiciones posibles”, una afirmación que deja ver inquietudes sobre eventuales intentos de interferencia en el calendario electoral.

Problemas de fondo: una democracia bajo presión

Mientras tanto, los problemas cotidianos de la población han quedado casi al margen del debate electoral. La inseguridad, el desempleo y el alto costo de vida continúan siendo las principales preocupaciones ciudadanas, pero las campañas han dedicado poco espacio a formular propuestas concretas que atiendan estas urgencias. El predominio de acusaciones cruzadas ha desplazado el contenido programático, reforzando la sensación de que la política hondureña está atrapada en una lógica de confrontación permanente.

El contexto electoral se cruza también con desafíos estructurales: altos niveles de violencia, debilidad del Estado de derecho, un prolongado estado de excepción que habilita detenciones sin orden judicial y un deterioro general de las garantías democráticas. Así, las elecciones se llevarán a cabo en un país que enfrenta simultáneamente una crisis de confianza en las instituciones, un sistema de partidos en transformación y una ciudadanía profundamente desencantada.

Un país ante dos caminos

Honduras llega así a las urnas en un punto de inflexión. Dos caminos posibles parecen perfilarse. El primero, el más deseable, implica una participación masiva, un escrutinio transparente y un resultado ajustado pero aceptado por todos los actores. El segundo camino, en cambio, abre la puerta a una nueva crisis de legitimidad que podría profundizar la inestabilidad política y económica, comprometiendo aún más la capacidad del Estado para responder a las necesidades más urgentes de la ciudadanía.

La madurez democrática de Honduras será puesta a prueba este 30 de noviembre. Al final, la estabilidad dependerá tanto de la responsabilidad de los líderes políticos como de la presión ciudadana e internacional para que el resultado sea respetado. En un país donde la democracia ha sido históricamente frágil, cada voto contará, pero contará aún más la capacidad colectiva de aceptar el veredicto de las urnas.

Trump y la nueva doctrina del garrote para América Latina

Por
Emmanuel Guerisoli
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El 13 de noviembre pasado, Pete Hegseth, Secretario del recientemente renombrado Departamento de Guerra, bautizó las recientes acciones militares en el Caribe y el Pacifico Oriental contra presuntos narcotraficantes como parte de la Operación Lanza del Sur. La Casa Blanca anunció que los ataques, que han dejado un saldo de más de 80 muertos, son en legítima defensa y que continuarán sin la necesidad de conseguir autorización del congreso dado que no existe un conflicto armado en curso. Es decir, las fuerzas armadas estadounidenses están llevando a cabo operaciones militares sin definirlas como parte de una guerra porque los enemigos no representan una amenaza militar pero sí una contra Estados Unidos por tratarse de organizaciones que trafican estupefacientes, provocando, siguiendo la lógica, la muerte directa de miles de ciudadanos al año.

Si bien Trump declaró, repetidas veces, que está planeado extender los ataques a blancos militares relacionados con el narcotráfico en territorio venezolano, aún no es claro si tal amenaza se llevará a cabo. Lo cierto es que desde finales de agosto, Estados Unidos ha desplegado más del 10% de la totalidad de sus fuerzas navales en el Caribe, con un total de 10 mil tropas incluyendo elementos de la fuerza aérea desplegados en Puerto Rico, Louisiana, y Florida. Una fuerza militar bastante excesiva para simplemente hundir lanchas de narcotraficantes. Redoblando la apuesta, el 24 de octubre, se ordenó el despliegue hacia el Caribe del portaaviones USS Ford, aumentando a más del 35% del total de la fuerza naval y más de 18 mil miembros de la marina.

¿Se viene el ataque a Venezuela?

A esto se le debe sumar que la administración Trump ha designado a Maduro, y la cúpula Bolivariana, como jefe del denominado Cartel de Soles y a varios miembros de las fuerzas armadas venezolanas como líderes del Tren de Aragua. Ambas organizaciones fueron designadas como terroristas por Estados Unidos y otras naciones de América Latina. Para Trump, el régimen Bolivariano es una amenaza para la seguridad nacional al, supuestamente, apoyar a grupos radical de izquierda, ser responsables de la muerte por sobredosis de cientos de miles de americanos, y enviar cientos de miles de miembros de pandillas criminales para cometer crímenes en las ciudades.

Si bien Venezuela se ha transformado en un corredor importante del tráfico de cocaína, 13% global dirigida sobre todo hacia Europa; no produce fentanilo, la principal causa de muerte por sobredosis en Estados Unidos. El Cartel de Soles no es una organización sino, más bien, una red descoordinada de militares y miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas que facilita la logística, los corredores, el transporte, la infraestructura, y la impunidad del tráfico a cambio de sobornos regulares. La misma inteligencia de Estado Unidos comparte tal análisis: elementos del régimen tienen vínculos ad hoc con grupos criminales pero no los dirige sino que los utiliza para obtener ingresos.

Dejando de lado la posible, pero aún no segura, intervención militar en Venezuela, Estados Unidos ha transformado fundamentalmente su relación con América Latina. De una definida por la cooperación y el multilateralismo, a una relación coercitiva y unilateral, donde los países latinoamericanos son definidos como alineados ideológicamente a Washington, o como fuentes de inseguridad y enemistad ideológica. Esto se debe, en parte, a la forma en que la administración Trump traduce su cosmovisión en política exterior hacia la región. 

Trump admira a William McKinley y Teddy Roosevelt, dos presidentes estadounidenses de principios del siglo XX, cuyas respectivas políticas exteriores afianzaron, post guerra Hispano-Estadounidense, la hegemonía estadounidense en las Américas convirtiendo al país en una potencia mundial. La diplomacia del “gran garrote” y el “Corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe” anclaron los dos principios dirigistas de la política exterior de Washington hacia América Latina: demostrar la voluntad política de utilizar la fuerza si fuese necesario, interviniendo en los asuntos internos de países latinoamericanos con regímenes considerados peligrosos, con crisis revolucionarias, o incapacidad de mantener un monopolio legítimo de la fuerza.

Una nueva política exterior

Esta revitalización ideológica por la utilización de acciones coercitivas para interferir en Latinoamérica se materializa en la nueva política de defensa y seguridad nacional que prioriza el hemisferio occidental sobre otras regiones. Una realineación de prioridades estratégicas que incluye potenciales expansiones territoriales, como Groenlandia; control de rutas comerciales, como el Canal de Panamá; establecimiento de bases militares, como en El Salvador; la utilización de sanciones comerciales, financieras y diplomáticas para presionar gobiernos no alineados, como Brasil y Colombia; salvatajes financieros y alianzas comerciales para asistir a gobiernos aliados, como Argentina; y posible intervención militar para eliminar amenazas no estatales, como en México.

La nueva doctrina de defensa nacional consiste en proteger las fronteras estadounidenses del alcance de redes de crimen transnacional organizado, organizaciones terroristas, olas migratorias, y tráfico ilícito para lo cual la securitización absoluta de la región es imprescindible. 

Por último, esta securitización convierte a la región en una esfera de influencia exclusiva de Estados Unidos, relocalizando las tácticas, estrategias, y el marco normativo de la guerra contra el terror en América Latina. De la misma forma en que la guerra en Afganistán fue extendida, a través de ataques con drones, bombardeos, y operaciones especiales, a Pakistán, Filipinas, Yemen, Chad, Iraq, Siria, y Somalia, no sería inconcebible que las operaciones en el Caribe y en el Pacífico Oriental sirvan de antecedente que “legitimen” futuras acciones similares en territorio venezolano y luego contra carteles y otras organizaciones criminales transnacionales, designadas como terroristas, en México, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Perú o Bolivia. Una doctrina del garrote para el siglo XXI.

De por sí, la decisión estadounidense de actuar unilateralmente en el Caribe y el Pacifico Oriental, abandonando décadas de cooperación multilateral con miembros del CARICOM y la OEA, transforma radicalmente los principios de gobernanza regional en materia de seguridad. La lucha contra el narcotráfico, a nivel regional, ya estaba en proceso de militarización, pero las acciones de Washington la elevaron a un nivel de ruptura del derecho internacional, desprecio de acuerdos multilaterales, y transgresiones de soberanía.

Los líderes de afinidad ideológica o partidista en la región, como Milei y Bukele, serían recompensados por sus respectivos apoyos y evitarían la formación de un frente común contra acciones de Washington en organismos regionales como la OEA. Asimismo, una eventual caída de Maduro, provocada por Washington, podría impactar el actual ciclo de campañas presidenciales de la región, empezando quizás con Chile y siguiendo con Colombia, Perú y Brasil en 2026.

Un viraje latinoamericano a la extrema derecha, liderado por un Estados Unidos hiperconservador, podría llegar a tener efectos devastadores como los tuvo cuando la región era gobernada por gobiernos autoritarios y juntas militares en los 70s. El destino democrático y en paz de la región depende de iniciativas institucionales y multilaterales y no coercitivas y unilaterales.

Tras 30 años de negociaciones, llegó la hora de concretar el acuerdo entre la UE y el Mercosur

Por
Jussi Pakkasvirta   |   Emilio Del Pupo
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Tras casi tres décadas de negociaciones, las negociaciones del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercado Común de América del Sur (Mercosur) han avanzado y las dos partes llegaron a un acuerdo en diciembre de 2024 en Montevideo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajó personalmente a la ceremonia de la firma en Uruguay. Si bien se espera que la propuesta de la Comisión Europea se presente a sus Estados miembros antes de que finalice el año, se teme que puedan pasar varios años antes de que el acuerdo entre en vigor.

El Acuerdo de Asociación UE-Mercosur sería uno de los mayores acuerdos comerciales de la historia y abarcaría a casi 800 millones de personas. El bloque del Mercosur incluye a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Además, Chile, Ecuador, Guyana, Colombia, Perú y Surinam tienen la condición de miembros asociados.

Cuando se implemente el acuerdo, el peso económico y geopolítico del mismo será enorme. En un momento en que la Organización Mundial del Comercio (OMC) parece impotente y la imprevisibilidad de las políticas de Donald Trump está erosionando las asociaciones tradicionales, el Mercosur es una ventana del esperado crecimiento económico para Europa. El acuerdo refuerza la relación tradicional entre la UE y el Mercosur de una manera nueva y señala la base normativa del sistema internacional: que en algún lugar todavía hay fe en la cooperación.

El acuerdo de asociación firmado en Montevideo no necesita la aprobación de los parlamentos de todos los estados miembros de la UE, basta con una mayoría cualificada. Por otra parte, se está proponiendo un acuerdo comercial provisional, cuyo objetivo es poner en vigor la cooperación comercial y libre de impuestos lo antes posible. Además, partes del acuerdo de asociación pueden aplicarse de forma provisoria y si alguna vez se ratifica el acuerdo final, reemplazará al acuerdo provisional.

El acuerdo liberaliza más del 90 por ciento del comercio entre la UE y los países del Mercosur. En la práctica, facilitará directamente el acceso a los productos y servicios de las empresas europeas en los grandes mercados de América del Sur al eliminar la mayoría de las tarifas existentes. Los aranceles aplicados por los países del Mercosur (del 35% a los automóviles, del 14 al 20% a la maquinaria y el equipo) siguen siendo altos y, además, existen muchas otras barreras al comercio en los países de la región. Los círculos industriales alemanes, en particular, ven valiosas oportunidades en los mercados protegidos de Brasil y Argentina. El acuerdo también facilita y amplía la participación de la industria europea en los procesos de contratación pública, como los que han permitido una sólida posición de la industria finlandesa de celulosa en países como Uruguay y Brasil

Al mismo tiempo, la cooperación del Mercosur en el tema de materias primas contribuirá a los esfuerzos de la UE por romper sus actuales dependencias energéticas. El acuerdo también ayudaría a frenar la pérdida de influencia de Europa en América Latina y, al menos en parte, contrarrestar la creciente presencia de China en la región.

El Mercosur no ha estado libre de problemas, pero el deseo de sus países de tener un acceso privilegiado al mercado europeo ha sido, en cierto sentido, lo que ha mantenido unido al bloque. Para la agricultura brasileña, el acuerdo no solo ofrece ventas libres de impuestos, sino también un aumento de reputación: exportar a la UE significa abrir uno de los mercados alimentarios más exigentes del mundo, así como posiblemente un alivio político en las disputas por la deforestación de la Amazonía y los problemas de seguridad alimentaria.

Los opositores europeos al acuerdo, por su parte, utilizan la estructura del tratado como argumento para intentar -nuevamente- retrasar o impedir su entrada en vigor. Si bien parece haber un claro apoyo de varios miembros de la Unión Europea al acuerdo, los países agrícolas del centro y sur de Europa, en particular, históricamente se han opuesto a cualquier tipo de acuerdo comercial. Además, agricultores, sindicatos de trabajadores y ambientalistas han organizado protestas en Francia, Irlanda, Austria y Polonia, para advertir sobre la competencia desleal, los riesgos alimentarios y los estragos de la Amazonía.

Para aplacar a los críticos, la Comisión Europea ha propuesto varias vías: un fondo de mil millones de euros para los agricultores, una reducción gradual de los aranceles, la protección de más de 350 marcas y protocolos adicionales sobre el desarrollo sostenible.

Para Europa la asociación con el Mercosur impulsaría el crecimiento económico y le daría una ventaja en áreas como el uso sostenible de los vastos recursos naturales de América Latina. Para Sudamérica, el acuerdo daría nueva vida al frágil bloque. Si Europa deja pasar esta oportunidad puede terminar convirtiendo el acuerdo con el Mercosur en una “mesa coja”.

La diplomacia en la relación México-España

Por
Ernesto Hernández Norzagaray
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«Lo de pedir perdón a México a estas alturas no lo entiendo», Luis Mateo Díez (Premio Cervantes).

En los últimos tiempos hemos asistido a la exigencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), primero, y de Claudia Sheinbaum, después, al Estado español para que pida perdón por las “atrocidades” cometidas durante la conquista y la colonización. Mientras, algunas mentes agudas se preguntan cuándo pedirán perdón estos gobernantes a los familiares de los 130.000 homicidios dolosos y las más de 50.000 desapariciones forzadas durante los últimos siete años de gobierno obradorista. 

Se responderá ipso facto que no es lo mismo: lo que ocurrió hace más de quinientos años fue producto de una colonización violenta, y ese perdón es necesario para dignificar una relación de “claroscuros” históricos —como dijo recientemente el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en una entrevista—. Pero ¿acaso no sería necesario que también se pidiera perdón por haber permitido, y seguir tolerando, esta colonización interna de las organizaciones criminales de regiones prácticamente sin Estado?

Cierto: Cristóbal Colón, enviado por los Reyes Católicos, llegó a la isla Guanahani, del archipiélago de las Bahamas, el 12 de octubre de 1492 pensando que llegaba a la India. Más tarde, el 21 de abril de 1519, Hernán Cortés hizo lo propio: desembarcó en San Juan de Ulúa, se internó en el territorio y, en el camino a la Gran Tenochtitlan, estableció alianzas estratégicas para acabar violentamente con el Imperio Mexica.

Algo no tan distinto es lo que han hecho los barones del crimen organizado, que han pasado de ser súbditos del poder político a ser sus protagonistas, con todas las prerrogativas que eso significa en materia de control del territorio, de instituciones y los presupuestos federales, estatales y municipales. 

Este perdón nunca ha llegado, y quizás nunca llegará, porque, en algún sentido, vendría de quienes practican la narcopolítica y, ojo, algunos de ellos hasta exigen el perdón al Estado español.

Entonces, ¿qué sentido tiene la solicitud de ese perdón? La narrativa populista siempre necesita tener un enemigo, ya sea para refrendar su nacionalismo ante un mundo globalizado o para encontrar culpables de sus propias incapacidades a la hora de generar bienestar a sus pueblos. Sea este el Estado español o los expresidentes Ernesto Zedillo o Felipe Calderón, en su calidad de exponentes unos del neoliberalismo y el otro responsable de la llamada “guerra contra el narco”.

Han transcurrido seis años desde cuando AMLO envió una carta al Papa Francisco y otra al rey español, Felipe VI, demandándoles el perdón por las atrocidades cometidas contra los pueblos originarios. El Papa Francisco no tuvo ningún reparo en pedir protocolariamente ese perdón, mientras que la Corona española lo consideró un exceso y ha guardado un silencio prudente todos estos años. 

Y de repente ha resurgido ese interés de lograr el perdón del Estado español, y los diplomáticos de dos gobiernos afines están trabajando para que en ese marco de discreción se logre su objetivo y buscar la foto triunfante entre el rey Felipe VI y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hay que reconocer que esta petición, más que para resarcir “atrocidades” históricas, tiene detrás un interés político y económico, como se ha podido leer entre líneas del discurso del ministro español José Manuel Albares Bueno.

Interés político porque, como afirmamos, hay una afinidad entre los inquilinos de la Moncloa y de Palacio Nacional, es decir, entre el PSOE y Morena. Pero, sobre todo, interés económico porque México está pasando por una falta de crecimiento económico que tiende a agravarse según los pronósticos para 2026 del Banco de México, mientras que España tiene una de las economías más estables de la Unión Europea, lo que resulta atractivo para estabilizar las relaciones diplomáticas entre las dos naciones aun cuando el Estado de Derecho para muchos inversionistas está en entredicho desde la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Y que ya veremos será la piedra de toque en las negociaciones tripartitas en la revisión del T-MEC cuando vendría a agravar la situación de un gobierno que gasta más de lo que le ingresa, lo que, en lógica pura, debería ser a la inversa y que se ha resuelto vía contratación de deuda

Entonces, debe imponerse la discreción diplomática para privilegiar el interés económico, y, para ello, son importantes los mensajes y guiños de los líderes políticos, que deben evitar cualquier gesto fuera de lugar.

Pongo dos ejemplos de contraste. El primero es una portada del diario El País en la que se ve al embajador mexicano en España, Quirino Ordaz Coppel, y al ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares Bueno, saludándose afectuosamente como antesala de la inauguración de la exposición La mitad del mundo: La mujer en el México indígena, donde se exhiben 435 piezas arqueológicas en cuatro sedes de la capital española. En su discurso, el ministro reconoció que la conquista y colonización incluyeron “momentos de dolor e injusticia hacia los pueblos originarios”.

El segundo es la respuesta con desdén de la presidenta Sheinbaum cuando se le preguntó, en una de sus conferencias mañaneras, sobre la intención de la reina Leticia de visitar México: “¡Ya veremos!”

Habrá quien diga que fue un lapsus irrelevante. Sin embargo, habrá quien crea que ese estilo tan singular de la diplomacia obradorista, que va del perdón al tropezón verbal, es lo que complica el trabajo de los tejedores finos en las relaciones bilaterales México-España. 

Además, todo esto coincide lamentablemente con la ruptura de relaciones con Perú. El Congreso del país sudamericano declara a Sheinbaum persona non grata por, entre otras cosas, intervenir en los asuntos peruanos mientras desde la alta tribuna parlamentaria le reclaman que es presa del crimen organizado.

En definitiva, las relaciones de México con el mundo y, en particular, con algunos países latinoamericanos pasa por un mal momento cuando los líderes políticos cuestionan la connivencia de la política con el crimen organizado. Ahí es donde se hace necesario el perdón a las familias de los asesinados y desaparecidos para cumplir aquella máxima de AMLO de que “la mejor política exterior es la política interior”.

Latinoamérica fuera del mapa de la IA: por qué urge un modelo de lenguaje propio

Por
Liliana Acosta
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ChatGPT se ha convertido en la plataforma de mayor crecimiento en la historia de internet, alcanzó un millón de usuarios en cinco días, y cien millones en tan solo dos meses. Su éxito se debe a la novedad del sistema, a su facilidad de uso y a su acceso gratuito. Hoy, las personas lo emplean para trabajar, estudiar o resolver tareas cotidianas, convirtiéndolo -de manera equivocada- en un nuevo buscador. Y a pesar de tantas bondades, seguimos temiendo a la inteligencia artificial, sobre todo en lo concerniente al futuro del trabajo. Sin embargo, hoy existen otros desafíos igual de preocupantes en el entorno iberoamericano, y que ya deberían formar parte de la agenda pública.

Modelos como ChatGPT, Gemini, Bert o Claude no constituyen una sola tecnología en sí misma, sino que integran diferentes sistemas. Uno de ellos es el de los Grandes Modelos de Lenguaje (LLM por sus siglas en inglés), que sirven para entrenar enormes volúmenes de datos que permiten a las máquinas procesar y generar texto con sorprendente naturalidad.

ChatGPT es la interfaz (la cara) del LLM, y según OpenAI -empresa desarrolladora de ChatGPT, este se entrenó con información “pública y gratuita” disponible en internet, tal como: páginas web, blogs, foros, Wikipedia, artículos y documentos académicos. Esto a primera vista nos da una sensación de diversidad en la información, pero en la práctica significa que más del 70 % de los datos utilizados para el entrenamiento están en inglés. Y es allí, justamente, donde comienzan nuestros problemas: en la disparidad del origen de los datos.

El sesgo lingüístico

Cuando ChatGPT genera respuestas en español, estas no son producto de datos en esta lengua, sino que son el resultado de traducciones automáticas. El resultado es una fuerte influencia cultural anglosajona que puede distorsionar matices y expresiones propias del idioma y del pensamiento hispano. Usar ChatGPT -o cualquier otro modelo de lenguaje- es, en cierto modo, como ver una película en lengua inglesa con subtítulos en español.

Lo realmente inquietante es que, a pesar de que el español es la segunda lengua más utilizada en internet, sus contenidos digitales tan solo representan un 6% en la web, frente al 49 % del inglés. En plataformas como Netflix, apenas un tercio de las películas no son anglófonas, y ese tercio se reparte entre unas treinta lenguas. Así que, aunque parezca que el mundo digital es diverso, ya que se nos vende la idea de que todos tenemos la capacidad de generar contenidos, lo cierto es que la mayoría de lo que vemos, leemos y escuchamos, tiene acento norteamericano.

Otro problema, de los tantos que tenemos con la tecnología, es de carácter epistemológico, y es que esta se ha ido apropiando de términos de uso tradicionalmente humanos, como inteligencia, razonamiento, análisis, etc., y nosotros, al desconocer los conceptos tecnológicos, los hemos equiparado con el significado humano. Así que, cuando se dice que un LLM utiliza “lenguaje natural”, no se refiere al lenguaje que hablamos las personas. Significa que, gracias a modelos matemáticos y estadísticos, es capaz de descifrar cómo usamos las palabras.

Por ello, la pregunta ética es:¿realmente ChatGPT comprende la diversidad cultural del mundo o simplemente refleja las limitaciones culturales de sus datos de entrenamiento? Creo que todos conocemos la respuesta.

Colonialismo Algorítmico

El problema se agrava cuando esas limitaciones se traducen -literalmente- en invisibilidad, porque la representación cultural iberoamericana en esos datos es mínima. Y eso es grave, considerando que el español se habla en 21 países de tres continentes, y que somos más de 635 millones de hispanohablantes. Y no es una simple cuestión de incluir palabras: se trata de una cuestión de identidad. No hablamos igual en Colombia que en España: nos une la lengua, pero nos diferencia la historia, el mestizaje, la geografía, el trópico, los acentos y hasta los mosquitos. Si esos matices no existen en los datos con los que se entrenan los LLM, entonces nuestras voces serán ignoradas, por no hablar de colectivos históricamente marginalizados como las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes, etc.

Hoy, cuando se habla tanto del colonialismo, tal vez deberíamos mirar hacia una nueva forma más sutil y perversa, que es el colonialismo algorítmico, donde los valores y modos de pensar anglosajones dominan el discurso digital. Y mientras tanto, seguimos usando ChatGPT para “mejorar” nuestros textos… sin notar que, poco a poco, el algoritmo está redefiniendo incluso la forma en que nos comunicamos.

Y esta nueva forma de invisibilidad cultural ya nos está pasando factura, un estudio de la Universidad Complutense señala que nuestra comunicación por correo electrónico, redes sociales y WhatsApp está cambiando: ahora usamos frases cortas y un tono más artificial. Los textos generados por ChatGPT en español suelen ser traducciones literales del inglés, lo que elimina matices y giros lingüísticos propios, simplificando la riqueza expresiva y fragmentando los párrafos tradicionales del español. Por no hablar de cómo hemos dejado de utilizar signos de puntuación y de usar una coma después del saludo como sucede en el inglés, cuando la norma en español establece que se deben utilizar dos puntos.

La necesidad de un LLM en español

Los latinoamericanos, que siempre estamos buscando las diferencias entre nosotros, tendríamos que comenzar a pensar en la urgencia de tener un LLM en español. Y es que un proyecto como este, no solo permitiría la inclusión en el mundo digital, sino que además tendríamos un propósito en busca del bien común, que generaría trabajos, conocimiento, recursos, alianzas (universidades, gobiernos y empresas) y la posibilidad de aparecer en el mapa mundial de la Inteligencia artificial.

Nuestra región necesita encontrar espacios que permitan la integración, no de una sola identidad, sino de un colectivo que habla la segunda lengua más utilizada en internet. Tenemos la obligación moral de construir datasets (conjuntos de datos) locales con diversidad lingüística y cultural, porque si como región no lo hacemos, ¿quién va a hacerlo?

Ahora, no se trata de “imitar” a Silicon Valley, sino de pensar en una ética situada en Latinoamérica, que responda a nuestros contextos, que entienda quiénes somos, y que genere valor agregado cultural, social y tecnológico a la región. Se trata de que pasemos de que nuestros programadores trabajen para países del primer mundo como mano de obra barata tecnológica para otros, a programar y producir tecnología por y para nosotros. Y que además, sea capaz de exportarse al mundo.

Porque subirnos al tren de la inteligencia artificial no significa que todos los hispanohablantes usemos ChatGPT, sino que creemos las condiciones locales para construir nuestra propia tecnología. El verdadero salto no consiste en hablarle a una máquina en español, sino en enseñarle a pensar desde el español, con nuestros valores, nuestras voces y nuestra forma de entender el mundo.Solo entonces la inteligencia artificial dejará de traducirnos para, por fin, reconocernos.

*Este texto se enmarca en la colaboración entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Latinoamérica21 para la difusión de la plataforma Voces de Mujeres Iberoamericanas. Conoce y únete AQUÍ a la Plataforma.

Honduras de cara a la elección: la urgencia de restaurar la confianza democrática

Por
Jesús Delgado Valery
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A días de las elecciones generales del 30 de noviembre, Honduras se enfrenta a un desafío que trasciende la contienda electoral: la recuperación de la confianza en la integridad democrática. El informe preelectoral de Transparencia Electoral advierte que el proceso se desarrolla en un contexto de alta polarización política, desconfianza ciudadana generalizada y fragilidad institucional en los organismos encargados de organizar y arbitrar las elecciones. Este panorama —que combina tensiones políticas, interferencias judiciales, dificultades logísticas y riesgos tecnológicos— pone a prueba la capacidad del país para garantizar un proceso creíble, pacífico y transparente.

La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), que también están en Honduras como observadores, han advertido sobre la alta conflictividad que afecta la elección. La OEA ha  manifestado su preocupación por acusaciones de la Fiscalía contra una consejera electoral y dos magistrados que representan a los partidos opositores en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), encargado de dirimir los conflictos en los comicios.

El clima electoral está marcado por confrontaciones a lo interno de los organismos electorales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el TJE, exacerbados por su composición partidista. Esta dinámica no solo erosiona la autonomía de las instituciones electorales, sino que también afecta la percepción de imparcialidad y certeza sobre el resultado. El problema no es nuevo: la inestabilidad institucional que persiste desde la crisis política de 2009 y las denuncias de fraude en 2017 han dejado una huella profunda de desconfianza en la ciudadanía, que en encuestas recientes manifiesta en un 75% tener poca o ninguna confianza en el CNE.

A esta crisis institucional se suma otro factor: la interferencia de otros poderes del Estado en el proceso electoral. La judicialización de las decisiones del TJE, las acciones del Ministerio Público contra magistrados electorales y la injerencia indebida de las Fuerzas Armadas (FFAA) al solicitar copias de actas de cierre presidencial representan un riesgo directo a la autonomía del proceso. El principio de separación de poderes, esencial en toda democracia, se ve amenazado cuando las instituciones electorales son objeto de presiones políticas o judiciales en momentos de alta sensibilidad preelectoral.

El TJE, en particular, enfrenta un escenario de parálisis interna debido a la falta de consensos para resolver apelaciones, lo que podría demorar la resolución de disputas postelectorales. Esto agrava la incertidumbre, ya que la legitimidad de las elecciones no depende únicamente de la votación, sino también de la capacidad del sistema de justicia electoral para resolver los conflictos con celeridad, independencia y apego a derecho.

Otro eje crítico es el componente tecnológico, donde los avances conviven con debilidades estructurales. La incorporación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), la identificación biométrica del votante y el servicio de conectividad satelital en zonas rurales representan un salto técnico relevante. Sin embargo, los procesos de contratación de estas soluciones estuvieron marcados por controversias, demoras y falta de transparencia en la publicación de los contratos.

El simulacro nacional del 9 de noviembre confirmó que la complejidad tecnológica del sistema requiere ajustes urgentes. El ejercicio —en el que se logró transmitir el 35,7% de las actas proyectadas y conectar el 23,7% de los dispositivos biométricos desplegados— expuso fallas en la conectividad, en la integración del sistema y en la capacitación del personal técnico. Si bien el simulacro cumplió su función diagnóstica, los resultados muestran que el riesgo operativo de cara a la jornada electoral sigue siendo alto.

Otro tema que empaña el proceso es la debilidad en la fiscalización del financiamiento político. La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como “Unidad de Política Limpia”, enfrenta una seria limitación presupuestaria debido a la inacción del Congreso Nacional, que no aprobó los fondos solicitados. Al 4 de noviembre, solo el 43% de los candidatos obligados se había acreditado formalmente ante la UFTF, un indicador preocupante de incumplimiento en materia de transparencia financiera.

La falta de recursos y de cumplimiento normativo debilita la capacidad de control sobre el uso de fondos públicos y privados en campaña, generando incentivos perversos para el financiamiento opaco o ilícito. Esta situación “erosiona la equidad en la competencia electoral” y limita la posibilidad de sancionar irregularidades en tiempo real.

El contexto político no puede entenderse sin reconocer el impacto de la polarización y la violencia electoral. En los meses previos al proceso se han registrado cinco asesinatos de candidatos, lo que refleja la persistencia de un clima de intimidación e inseguridad. La polarización también se manifiesta en el discurso político: los principales partidos —Libre, Nacional y Liberal— han recurrido reiteradamente a acusaciones de fraude anticipado, una práctica que degrada la confianza pública y genera condiciones propicias para la conflictividad postelectoral.

Esto enfatiza la urgencia de fortalecer la independencia de los organismos electorales y protegerlos de presiones externas. El respeto a la autonomía institucional debe ser un compromiso compartido por todos los poderes del Estado. La observación internacional cumple un papel fundamental como mecanismo de acompañamiento técnico y como resguardo frente a posibles vulneraciones a la transparencia. No obstante, el éxito del proceso dependerá, en última instancia, de la responsabilidad y cooperación de las autoridades nacionales.

Para que el proceso electoral llegue a buen puerto el CNE y el TJE deben superar la lógica de veto partidario y priorizar el consenso en la toma de decisiones; el Congreso Nacional debe garantizar los recursos presupuestarios que permitan el funcionamiento autónomo de las instituciones; y el Ministerio Público debe abstenerse de acciones o declaraciones que puedan interpretarse como interferencias políticas.

Aunque el proceso electoral se está desarrollando bajo tensiones políticas, tecnológicas e institucionales, también ofrece una oportunidad histórica para reconstruir la confianza. La observación electoral juega un papel esencial para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. Los hallazgos del informe de Transparencia Electoral, así como los pronunciamientos e informes previos del Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) no deben interpretarse como una condena, sino como un llamado a la acción: aún hay margen para corregir, ajustar y consolidar los avances técnicos que se han alcanzado.

Si las autoridades logran garantizar la transparencia y el buen funcionamiento del TREP, fortalecer la autonomía del TJE y dotar de recursos a la Unidad de Política Limpia, el 30 de noviembre podría representar un punto de inflexión en la historia democrática hondureña. Por el contrario, si las tensiones institucionales y los discursos de desconfianza prevalecen, el país corre el riesgo de reproducir los mismos patrones de crisis y deslegitimación que han marcado su pasado reciente.

Fin de ciclo: el MAS cede el poder tras veinte años de hegemonía en Bolivia

Por
Salvador Romero Ballivian
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Después de haber ganado cuatro elecciones presidenciales consecutivas con mayoría absoluta, el Movimiento Al Socialismo (MAS) sufrió una severa derrota. Más que una alternancia, el relevo marca el final de un ciclo político de dos décadas de hegemonía del MAS (2005 – 2025). El ganador de la inédita segunda vuelta, Rodrigo Paz, asume la presidencia en noviembre.

El proceso tuvo dos actos. En la primera vuelta, mientras un dividido MAS salió seriamente debilitado y con un electorado dispersado en varios caminos, tres opositores ocuparon los primeros lugares. Inesperadamente, se aventajó el senador tarijeño Rodrigo Paz (32.4%), hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC). También clasificó a la segunda vuelta el expresidente Jorge Tuto Quiroga (26.7%) por Alianza Libre. Tercero llegó otra figura de la oposición, Samuel Doria Medina, de Alianza Unidad (19.6%). La Asamblea Legislativa, elegida en simultáneo, dio extensa mayoría de escaños a las tres formaciones.

Para el resultado convergen numerosas crisis. La degradación socioeconómica se tornó evidente para la población, por el desabastecimiento de bienes, como la gasolina o el diésel, la devaluación de hecho de la moneda en más del 100% y las presiones inflacionarias. El resultado tradujo el agotamiento del modelo extractivista por el paulatino agotamiento del gas sin que el litio tome la posta, un déficit fiscal exacerbado y un marco desfavorable para el sector privado. El deterioro redujo la popularidad gubernamental a menos del 10%; incubó un ambiente propicio para la protesta, incluso de los movimientos sociales afines al MAS. Además, forzó al presidente Luís Arce (MAS) a desistir de buscar la reelección, tras incumplir la promesa de la campaña de 2020 de retornar a la prosperidad de los gobiernos de Evo Morales (2006 – 2019), beneficiados por la bonanza de los precios de los productos de exportación.

A lo anteriormente mencionado, se añadió el cisma del MAS. Su jefe histórico, el expresidente Morales, sufrió una decisiva derrota jurisdiccional a manos del gobierno: la inhabilitación de su candidatura por el Tribunal Constitucional. Esta institución dio luz verde a sus postulaciones en 2014 y 2019. En 2023, le impidió competir nuevamente por la presidencia por haber ocupado dos veces el cargo. Tras fracasar en el intento para revertir la sentencia, no buscó una candidatura sustituta, sino que amenazó violentamente al proceso con la quema de papeletas, antes de modificar la estrategia al final de la campaña, cuando pidió el voto nulo, que le otorgó una presencia indirecta en la papeleta. Esa opción alcanzó un inusual 19.9% de sufragios, concentrada en municipios rurales y alta población indígena, pero desprovista de representación institucional. Sin su respaldo, naufragó hasta la candidatura del hasta entonces presumiblemente delfín de Morales, el presidente del Senado Andrónico Rodríguez (8.5%), y la del gobierno dirigida por el ministro Eduardo del Castillo (3.1%). Como consecuencia, Morales quedó como único líder visible del MAS, que si bien como partido se ha vuelto políticamente marginal, permanece relevante como movimiento sociopolítico.

La segunda vuelta, al igual que la primera, registró una muy elevada participación (87%). Aunque enfrentó a dos fórmulas opositoras, ofreció una imagen inesperada, inscrita sobre una antigua división de la geografía y la sociología electoral de Bolivia. La distribución del voto mostró contrastes muy marcados: cada candidato ganó con amplitud en sus bastiones, y hubo pocas zonas de presencia equilibrada.

Paz incluso estiró su ventaja de la primera vuelta y venció con holgura (54.9%). Se apoyó sobre los departamentos occidentales y centrales, con los puntales de La Paz y Cochabamba. Recibió el apoyo de las zonas rurales, indígenas, campesinas, mineras, y de los barrios periféricos urbanos. De esta manera, sumó a los votantes que respaldaron las dos candidaturas surgidas del MAS, así como a quienes votaron nulo en la primera ronda. Morales no dio consigna y los sufragios nulos se contrajeron a 4.6%, cercano al nivel habitual de 3%.

De esta manera, Paz terminó de reagrupar a los electores del MAS, aunque sin acuerdos con la estructura del partido. La pauta territorial y social de su voto se inscribió en una tradición de izquierda, superpuesta, por lo tanto, a la del MAS. Empero, las cifras abultadas no ocultan un lazo frágil entre la candidatura y ese electorado popular, que la utilizó para dotarse de voz y voto en la competencia electoral. Todavía debe ponerse a prueba en el ejercicio del poder.

Por su parte, Quiroga reunió el voto de la oposición clásica al MAS (45%), sin desbordar esa frontera. Su coalición política, Alianza Libre, triunfó en las prósperas y conservadoras regiones orientales, con un pivote en Santa Cruz, en las clases altas y medias urbanas, en especial de las capitales departamentales. En ese sentido, el vínculo entre Quiroga y la base fue más estrecho y militante que el constatado para el binomio contrario. La distribución geográfica y sociológica de Alianza Libre recordó a la que obtenía en su momento el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN) o la de Podemos que lideró el mismo Quiroga en 2005.

Pese a la comodidad del resultado, hubo intentos por desconocer su legitimidad, que calaron en los sectores más férreos de Alianza Libre. Se diluyeron ante las conclusiones de la observación electoral internacional y el pronto reconocimiento de la victoria de Paz, tanto dentro como fuera del país.

Ahora, el gobierno de Paz enfrenta retos severos e inmediatos, de difícil resolución. Probablemente el campo más sencillo sea el parlamentario, pues cuenta con una Asamblea abierta a respaldarlo y encontrar acuerdos de largo plazo. Igualmente, la reorientación de la

política exterior ocurrirá pronto y sin sobresaltos, con un alejamiento de los aliados del MAS, como Venezuela, Cuba o Rusia. Más exigente será la recomposición del tejido institucional que otorgue solidez al Estado de derecho y calidad a la democracia.

Sin embargo, los desafíos mayores y urgentes se sitúan en el ámbito socioeconómico ya que las proyecciones del Banco Mundial anticipan, al menos, dos años de recesión lo cual ante las expectativas de soluciones prontas y con bajo costo social generan una ecuación de extrema complejidad. El desafío estriba menos en las fórmulas técnicas que en la implementación de una hábil gobernabilidad que evite el colapso ante una eventual resistencia social, a cuya cabeza Morales procuraría colocarse. El desenlace decidirá el éxito de la gestión de Rodrigo Paz, de la democracia y la estabilidad del país.  

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