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Una región, todas las voces

Ecuador y la eterna consulta refundacional

Por
Yanina Welp
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En Ecuador, la consulta popular se ha vuelto un clásico recurso del poder. Daniel Noboa, que ha convocado una para el 16 de noviembre de 2025, sigue un libreto conocido: apelar al electorado para esquivar bloqueos institucionales. Lo han hecho casi todos sus antecesores. La pregunta no es si es original, sino si sirve para algo más que ganar tiempo.

¿Todo el poder para el Presidente?

Desde la recuperación de la democracia en 1978 —cuando el electorado votó entre opciones de Constitución—, ocho de los dieciséis presidentes del período han convocado veintidós consultas, con un total de ochenta y una preguntas, según la base de datos del Center for Research on Direct Democracy (c2d),

Dato no menor: pese a que en la constitución de 2008 la “Revolución Ciudadana” incorporó mecanismos que podía activar la ciudadanía, apenas se ha registrado una convocatoria de este tipo. Esta vio la luz tras un camino largo y sinuoso de una década de bloqueos institucionales: la consulta iniciada en 2013 sobre el Parque Nacional Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta, fue bloqueada por el gobierno de Rafael Correa, y reactivada en 2023. Más del 58% de la población votó por mantener bajo tierra casi mil millones de barriles de crudo, sin embargo, la implementación de los resultados, en cualquier caso, está en peligro.

Si de consultas populares se trata, los presidentes son los principales protagonistas. Sus objetivos han sido principalmente cuatro: ganar fuerza en contextos de debilidad personal y/o enfrentamientos con el Congreso (León Febres Cordero en 1986; Sixto Durán-Ballén en 1994 y 1995; Lenín Moreno en 2018; Guillermo Lasso en 2023; Daniel Noboa en 2024); legitimarse tras crisis o rupturas institucionales (Fabián Alarcón en 1997); movilizar las bases usando la consulta para hacer campaña (Correa en 2017, cuando la hizo coincidir con las elecciones y propuso un pacto ético que usó contra Lasso); o impulsar cambios en las reglas del juego, en especial mediante asambleas constituyentes (Alfredo Palacio en 2006; Rafael Correa en 2007 y 2011; Noboa en 2025).

Que lo intenten no quiere decir que siempre lo consigan. Pero dado que los últimos cinco presidentes lo han hecho cabría pensar que es un mecanismo efectivo. Veamos.

Del total de temas sometidos a voto popular (81), el 72 % de las preguntas fue aprobado (funcional al presidente). Sin embargo, las cosas no son simples. A menudo los votantes jerarquizan preferencias incongruentes: si desaprueban al presidente, rechazan “su consulta” para no fortalecerlo, aun cuando coincidan con el contenido. Por ejemplo, Sixto Durán-Ballén promovió dos consultas con quince preguntas, y todas fueron rechazadas, incluso algunas que a priori podían parecer muy populares. En Ecuador, país habituado al recurso plebiscitario, se suele convocar al “voto en plancha” (todo sí, o todo no).

Los mandatarios tienden a triunfar cuando articulan una narrativa de ruptura y la oposición está fragmentada (Correa 2011), y suelen perder cuando enfrentan desgaste institucional (Lasso 2023). También se han dado situaciones intermedias, como la de Noboa en su primer mandato, cuando logró el Sí en nueve de las once preguntas sometidas a votación, en medio de una crisis política y tensiones por la expansión extractivista.

Líder nuevo, estrategia vieja

Como sus predecesores, Noboa activa ahora un referendo para relegitimarse con una narrativa refundacional, pero también para impulsar reformas de calado. Busca activar el voto en bloque y construir un discurso de “modernización” frente al “bloqueo político”. Y es que no sólo se enfrenta al Congreso, también ha tenido conflictos con la Corte Constitucional.

Noboa intentó convocar una Asamblea Constituyente por decreto, pero la Corte declaró inconstitucional la medida. Luego envió un paquete de siete preguntas, al que se fueron sumando otras. La Corte rechazó algunas (como la que proponía autorizar la contratación laboral por horas en el sector turístico) y pidió enmiendas. Al fin, quedaron cuatro cuestiones de las que tres califican como referendos – se utilizan para aprobar reformas legales o constitucionales– y una como consulta popular –puede convocarse sobre cualquier asunto de interés público y, una vez calificadas por la Corte Constitucional, pasan directamente al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los referendos son sobre bases militares, financiamiento público a partidos y reducción del número de asambleístas. La consulta popular refiere a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, cuyos resultados deberán ser ratificados en referendo.

En cuanto a apoyos y rechazos, es previsible que la propuesta cuente con el respaldo de élites empresariales y sectores urbanos medios atraídos por el discurso de eficiencia. Noboa intenta desmarcarse del correísmo y del ciclo de inestabilidad anterior (Lasso), presentándose como el joven reformista que puede terminar lo que otros no pudieron. En la oposición están el correísmo, el movimiento indígena —cuya principal organización, la CONAIE, mantiene gran capacidad de movilización— y los ambientalistas.

La cuestión medioambiental ha sido central en la política ecuatoriana reciente. El presidente impulsa la mayor subasta petrolera de las últimas décadas y su propuesta constitucional busca impulsar una legislación más atractiva para inversores externos a costa de debilitar la protección ambiental, social, cultural y laboral.

Todos los caminos llevan a la incertidumbre

Ante la consulta hay tres escenarios posibles. Un resultado ambiguo podría reproducir el desgaste y la pérdida de autoridad que sufrió Lasso. Un triunfo del No daría impulso a la reorganización de la oposición correísta y al movimiento indígena, que en 2023 estuvo a un paso de entrar al balotaje. U un Sí rotundo podría otorgar a Noboa su mandato refundacional para promover la Constituyente. Sin embargo, sería apenas un movimiento más en el tablero: el paso siguiente sería elegir a los asambleístas encargados de redactar la nueva Constitución, que luego debería ser ratificada en referendo.La experiencia chilena mostró que los humores populares son cada vez más volátiles. En Ecuador, el punto de partida tampoco es alentador: la “eterna consulta” sustituye la construcción institucional por la ilusión de una salida plebiscitaria.

La revolución fallida de Milei: de motosierras libertarias a un rescate estadounidense

Por
Sahasranshu Dash
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Cuando Javier Milei asumió el cargo, en diciembre de 2023, blandiendo una motosierra como símbolo de campaña, prometió nada menos que una revolución libertaria. Forastero de la política tradicional, declaró la guerra a un Estado argentino sobreextendido, comprometiéndose a recortar ministerios, privatizar industrias, dolarizar la economía y reducir el gasto social hasta el hueso. Incluso propuso abolir el banco central. Muchos libertarios y entusiastas de las criptomonedas en el mundo recibieron su ascenso como el esperado amanecer del anarcocapitalismo en el poder: un experimento real para convertir la teoría radical del libre mercado en política nacional, inspirado en el concepto de “destrucción creativa” de Joseph Schumpeter.

Desde su llegada, Milei reforzó su imagen global. Disolvió el ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, amenazó con eliminar el femicidio del código penal y atacó la paridad de género en política. En Davos lanzó una dura crítica al “wokeísmo”, agrupando feminismo, diversidad, inclusión, equidad, aborto, ambientalismo e ideología de género bajo una misma “ideología woke” a combatir. Mujeres mapuches —miembros de uno de los grupos indígenas más grandes de Argentina— denunciaron un incremento de ataques racistas y misóginos.

Para conservadores desde Washington hasta Budapest y Nueva Delhi, esto fue electrizante. Abhijit Iyer-Mitra, propagandista alineado con Modi, elogió a Milei junto al fallido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk, viendo en ambos un ataque al estado de bienestar y a los enemigos del tradicionalismo cultural. En Milei, la derecha global encontró no solo a otro político, sino a un abanderado de su sueño de fusionar economía libertaria y radicalismo cultural.

Menos de dos años después, las contradicciones de su proyecto están expuestas. Las reservas están agotadas, los ingresos familiares estancados, el desempleo alto y la confianza pública deteriorada. Argentina sigue atrapada en crisis, repitiendo viejos ciclos. La historia advierte: Carlos Menem dejó enormes deudas y desempleo pese a dos mandatos entre 1989 y 1999; Fernando de la Rúa renunció en medio de un colapso; Cristina Fernández de Kirchner gobernó con crecientes subsidios y controles; Mauricio Macri enfrentó una crisis cambiaria en 2018 pese al respaldo del FMI.

De forma notablemente similar, la posición política de Milei se ha debilitado. La derrota de su partido en las elecciones provinciales de septiembre en Buenos Aires, junto a acusaciones de corrupción contra su hermana y su asesor más cercano, ha mermado su autoridad. El Congreso anuló uno de sus vetos y se prepara para desafiar otros. El peso, ya frágil, rozó niveles críticos al aproximarse a romper la banda cambiaria estipulada por el FMI. El 17 de septiembre cruzó ese umbral, cotizando a 1,475 por dólar, obligando al banco central a gastar casi 1.000 millones de dólares en reservas para defender la moneda. El riesgo país se disparó y crecieron los temores de colapso.

Entonces ocurrió una intervención extraordinaria. El 22 de septiembre, minutos antes de la apertura de los mercados, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, escribió en X: “Argentina es un aliado sistémicamente importante para Estados Unidos… todas las opciones de estabilización están sobre la mesa. Argentina volverá a ser grande”. Sugirió que Washington podría usar líneas de swap, compras directas de moneda o el Fondo de Estabilización de Cambios para adquirir deuda argentina. Los mercados reaccionaron: los bonos argentinos subieron seis centavos a 71 centavos por dólar, el peso se fortaleció un 4% y las acciones aumentaron un 6%. El pánico dio paso al alivio.

Días después, en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Milei apareció junto a Trump y Bessent. Trump lo elogió por “limpiar el desastre” de Argentina y dejó entrever apoyo para 2027, aunque minimizó la idea de un rescate. Para Milei, fue una reivindicación: la afinidad ideológica con Trump se tradujo en respaldo concreto. Pero la ironía era notable. Un presidente presentado como un cruzado anarcocapitalista fue rescatado no por los mercados, sino por el actor estatal más intervencionista: el Tesoro de Estados Unidos, mediante un rescate gubernamental al estilo clásico. Esto recuerda cómo el DOGE de Musk y su retórica de motosierras terminaron en farsa —como el minipresupuesto de Liz Truss en Reino Unido o el colapso de Lehman Brothers.

La revolución libertaria de Milei se parece cada vez más a una continuación reciclada de los viejos fracasos argentinos. Como sus predecesores, consume reservas, suplica apoyo a Washington y reclama méritos por reducciones temporales de la inflación. Su promesa de “destrucción creativa” no reconstruyó la base productiva, ni impulsó la innovación, ni reparó el tejido social. Solo reorientó la dependencia argentina hacia afuera, haciendo al país nuevamente dependiente del patrocinio extranjero.

El apoyo de Trump añade otra paradoja. Para un líder que proclama “América primero”, rescatar a Argentina resulta incongruente. Pero la geopolítica lo explica. Con Washington tensando vínculos con potencias medianas como India y Brasil, y con potencias regionales como Colombia, muchos se inclinan hacia Pekín o Moscú. Argentina, por contraste, se alineó firmemente con Estados Unidos. Milei ha hecho eco de Trump sobre Cuba, Venezuela y las guerras estadounidenses en el extranjero, incluso llamando a demoler la mezquita de Al-Aqsa en Palestina, el tercer lugar más sagrado del islam, “para traer al Mesías”. A cambio recibe dólares y respaldo político. Lo que se presenta como solidaridad libertaria es, en realidad, una transacción geopolítica.

Pero el acuerdo solo posterga lo inevitable. Argentina se dirige a elecciones de medio término el 26 de octubre, y la débil actuación de Milei en Buenos Aires indica un posible resurgimiento peronista. Los inversores no solo están inquietos por las elecciones, sino también por sus perspectivas a largo plazo en 2027.

Algunos problemas son estructurales, como la dependencia crónica de Argentina del dólar estadounidense. Anclar el peso crea una economía dual —una doméstica y otra dolarizada— que deja la moneda sobrevaluada y vulnerable al colapso. Abandonar ese anclaje ha resultado igual de desestabilizador. Cuando Milei permitió brevemente flotar el peso, la confianza se desplomó, la inflación se disparó y la recesión se profundizó. Pronto tuvo que volver a un esquema similar al anclaje, defendido con reservas prestadas. Argentina sigue atrapada: el anclaje drena credibilidad y reservas, pero flotar expone a la economía a un colapso inmediato.

La inflación ha caído bajo Milei, de casi un 300% en 2024 a alrededor del 30% de hoy. Pero a un costo enorme: fuertes recortes en educación, infraestructura y bienestar han elevado la pobreza, mientras las clases profesionales, protegidas por un peso sobrevaluado, disfrutan de vacaciones baratas en el exterior. La pobreza en Argentina aumentó al 52,9% en el primer semestre de 2024, desde el 40,1% de un año antes, alcanzando el nivel más alto en más de dos décadas.

Al final, la experiencia de Milei pone de relieve los límites del libertarianismo en el poder. El libertarianismo prospera en oposición, con su retórica de libertad y motosierras. Pero en el gobierno choca con tres fuerzas inamovibles: mercados que exigen redes de seguridad, ciudadanos que requieren protección e instituciones políticas que resisten ser desmanteladas. Las dificultades de Milei muestran que el libertarianismo no puede escapar del Estado: solo remodela sus dependencias, a menudo de manera contradictoria y autoderrotista.

De la vulnerabilidad a la resiliencia: un cambio de paradigma para poner fin a la pobreza en América Latina y el Caribe

Por
Michelle Muschett
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En el 2024, América Latina y el Caribe alcanzó sus niveles más bajos de pobreza en su historia, sin embargo, todavía una de cada cuatro personas vive en condiciones de pobreza.  Pero el desafío va mucho más allá: un 31% adicional de la población se encuentra en situación de vulnerabilidad, apenas por encima de la línea de pobreza, y en riesgo de caer en ella ante cualquier choque, sea económico, climático, social o político. En otras palabras, más de la mitad de la población total de la región carece de mecanismos para hacer frente a crisis, o adversidades en sus vidas, sin sufrir retrocesos significativos –y a menudo permanentes- en su bienestar. 

Esta realidad desafía el pensamiento tradicional en materia de desarrollo que asume la movilidad social como algo lineal: que una vez las personas salen de la pobreza, continuarían en una tendencia ascendente de expansión de capacidades y oportunidades.  En otras palabras, el notable progreso de las últimas décadas en América Latina y el Caribe no fue suficiente para consolidar clases medias estables, lo que no solo compromete su trayectoria, sino que la pone en riesgo de sufrir retrocesos.

A esto, se suma otro desafío de particular importancia para la región: el aumento de la pobreza urbana. Si bien sus tasas siguen siendo inferiores a la pobreza rural, el número de personas en condición de pobreza en ciudades crece con mayor rapidez.  Esto en una región en la que el 82% de la población vive en áreas urbanas; muy por encima del promedio mundial del 58%.

En un contexto de creciente incertidumbre, en el que los riesgos tradicionales son cada vez más frecuentes e intensos, y se ven agravados por la rápida evolución tecnológica, la fragmentación social y un clima cada vez más cambiante, las políticas públicas para la reducción de la pobreza requieren de un cambio de paradigma.  Uno que les permita abordar la fragilidad de su trayectoria de desarrollo y al mismo tiempo dar resultados en medio de esta nueva complejidad.  Una cosa es clara: lo que funcionó en el pasado, ya no será suficiente.

Resiliencia como hoja de ruta

El Informe Regional de Desarrollo Humano del PNUD 2025 propone una salida a este desafío: poner la resiliencia al centro de la agenda de desarrollo en la región, como un habilitador de agencia y protector de libertades efectivas, pero también como hoja de ruta.   Se trata de dotar a las personas, a los hogares y a las comunidades de bienes y mecanismos que les permitan progresar y al mismo tiempo prevenir, mitigar y recuperarse del impacto de choques, pudiendo reconstruir sus vidas. Solo a través de un desarrollo humano resiliente las personas podrán vivir de vidas valiosas, con confianza en su futuro, sabiendo que están protegidas de impactos adversos.

En términos concretos, esto exige innovar en las estrategias de reducción de pobreza: incorporar la construcción de resiliencia como parte integral de sus objetivos.   Esto implica seguir avanzando hacia el concepto de universalidad en la provisión de servicios y en la protección social, expandiendo su cobertura y alcance para incluir también a la población en condiciones de vulnerabilidad que, por no considerarse en pobreza ni estar formalmente empleada, han sido tradicionalmente excluida de los sistemas de protección social.  Finalmente, estas estrategias deben promover la acumulación de activos y capacidades que permitan a los hogares anticiparse, resistir y recuperarse frente a eventos adversos, contribuyendo así a un desarrollo humano más resiliente e inclusivo.

Ciudades, innovación y democracia

Desde el punto de vista de focalización territorial, es fundamental considerar que, si bien las ciudades pueden ofrecer oportunidades para mejorar el bienestar, también plantean desafíos para quienes migran a ellas: dificultades de acceso a empleos dignos, altos costos de vida o segregación espacial, cuando no de exclusión social. Por otro lado, este fenómeno de urbanización también impone grandes presiones sobre los gobiernos subnacionales, con mayores demandas de suelo urbano e inversión pública, dificultades técnicas para diseñar políticas sociales eficaces ante esta realidad creciente, como pueda ser el aprovechar las oportunidades de economía de escala, la tecnología y desplegar la geolocalización de servicios o atender a las personas en situación de calle. Además, el medio urbano puede amplificar las privaciones, la vulnerabilidad y riesgo a (re)caer en situación, y condiciones de pobreza, ya sea por desempleo en tiempos de crisis, la imposibilidad de producir alimentos, o por el impacto de episodios climáticos adversos en infraestructuras críticas o asentamientos localizados en zonas de riesgo.

Poner fin a la pobreza a través de un desarrollo humano resiliente no es un tema exclusivo de política social; se trata de un imperativo para la consolidación democrática. La confianza en las instituciones y la legitimidad democrática se erosionan cuando los sistemas no responden a las expectativas, cuando no reducen las desigualdades sociales, ni garantizan el acceso efectivo a derechos, a oportunidades y condiciones de seguridad y prosperidad compartida sin restricción alguna a la agencia y libertades humanas.

En un contexto de incertidumbre y polarización creciente, la innovación para generar soluciones que respondan a las necesidades concretas de las personas es clave para construir resiliencia, cerrar brechas y acelerar la eliminación de la pobreza. La región ya ha demostrado su capacidad de innovar: fue pionera en incorporar mediciones multidimensionales de la pobreza y en desarrollar las transferencias monetarias condicionadas, luego replicadas en todo el mundo, y cuenta con innovaciones técnicas y sociales que podemos y debemos ampliar a escala. La resiliencia y lucha contra la pobreza no se da únicamente desde arriba, sino también desde los hogares, las comunidades, los territorios.

Pero para todo ello, la pobreza debe recuperar la centralidad que otrora tuvo en el debate público, incorporando ahora también la vulnerabilidad. Es necesario adoptar como prioridad política la focalización y alineación de esfuerzos, el ordenamiento de políticas públicas y el despliegue de nuevos instrumentos técnicos y de financiación que mejoren la eficacia y eficiencia de la inversión social, especialmente en contextos de restricción fiscal y dificultades de acceso a financiación al desarrollo.

Enfrentar estos desafíos exige una renovada visión del desarrollo en la región, que reconozca la pobreza como la privación de capacidades para llevar una vida plena y coloque la resiliencia en el centro de las estrategias de desarrollo. Solo desde la colaboración y la construcción colectiva podremos garantizar que las respuestas lleguen a donde deben llegar, y en la escala y forma adecuadas.

Lo que está en juego no es solo el futuro del desarrollo en la región, sino también el futuro de nuestras democracias. Avanzar hacia trayectorias de vida más dignas y seguras, menos vulnerables, y eliminar definitivamente la pobreza. Es posible, es lo justo y es impostergable.

La crisis de la universidad en América Latina

Por
Fernando Barrientos
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Bajo el gobierno de Javier Milei, las universidades argentinas han sufrido un recorte de casi un 30% de su presupuesto y los salarios de los docentes cayeron más de un 20%. En México, los recortes a las universidades en 2025 están llegando a más de un 32%, los más altos en los últimos diez años. Paralelamente, una diputada de Morena, el partido en el gobierno, propuso una iniciativa de ley para que las universidades de este país no exijan la tesis como requisito para obtener el grado. En Colombia, el exviceministro de Creatividad enfrenta cargos de falsificación de un título de magíster para acceder al cargo, lo que recuerda muchos casos similares pero impunes, como el de una ministra de la SCJN en México que plagió su tesis.

¿Qué tienen en común estos casos? Que son el producto de las crisis que enfrentan todas las universidades en la actualidad. Bajo otras circunstancias, los recortes a las universidades eran impensables y altamente cuestionables, la clase política y las mismas universidades hubieran condenado el fraude para obtener un grado y nadie pondría en tela de juicio el valor de una tesis. Hoy es muy probable que haya mucha gente que esté favor de estas prácticas, que las minimice o que directamente las justifique.

Los ataques externos

Desde principios del siglo XX, a las universidades de América Latina financiadas por el Estado se les exigió cooperar con las políticas del desarrollo; la lógica suponía que, a más graduados, un país podría acelerar sus capacidades de desarrollo en todos los ámbitos. Al inicio así sucedió, pero las universidades fueron presa de su éxito y para la segunda mitad de ese siglo se masificaron. Al someterse a esta dinámica, cedieron parte de su autonomía, y los Estados se vieron comprometidos a aumentar cada año sus presupuestos para sostener esa lógica que, poco a poco, fue carcomiendo sus fines científicos, humanísticos y de divulgación. Pero el neoliberalismo que impera en la región desde los años 80, y en el siglo XXI con mayor intensidad, no las despojó de esa carga, sino que las condicionó. Ya no responden a las necesidades de desarrollo de una sociedad guiada por el Estado, sino a las demandas del mercado. Las universidades dejaron de ser una inversión a largo plazo para convertirse en una carga gubernamental, pues lo que menos importa es la educación de calidad y el desarrollo de la ciencia. 

Hoy las universidades están obligadas a justificar la pertinencia de sus carreras y grados no en función del desarrollo del conocimiento universal sino de las demandas del mercado laboral. Así, a las universidades se las trata como centros de capacitación y expendedoras de títulos. Se han disminuido las exigencias académicas, las carreras no deben durar muchos años, entre más breves, mejor. La tesis ha perdido su valor como criterio de merecimiento de un grado: “¿Quién la va a leer?”. Se ha flexibilizado la obtención de títulos con exámenes estandarizados de egreso, símbolo de la mediocridad diseñados para facilitar, no para exigir. Al reducir los tiempos y requerimientos de titulación, los egresados están más prontos para ser explotados o, peor aún, no ser explotados, porque se está formando un ejército de subespecialistas que cuelgan un título que ha sido despojado de su valor: el esfuerzo intelectual. No es raro que mucha gente, sobre todo del ámbito político, se dedique a coleccionar títulos universitarios sin adquirir conocimiento, de allí la tolerancia al plagio o la minimización de prácticas fraudulentas. Incluso las grandes universidades privadas que habían resistido primero los embates del Estado omnipotente también cedieron a la lógica del mercado, y hoy compiten en el mercado de los títulos más fáciles de obtener.

La asfixia interna

Las universidades no son “torres de marfil”, un mito que se repite; la realidad es diametralmente opuesta. Debido a las presiones externas y a las exigencias del mercado, el profesorado, antes la columna vertebral de la educación superior, ha sido desplazado por el estudiantado. Pero a ambos se los ha reducido a meros agentes económicos del sistema: ahora unos son “facilitadores” y, los otros, meros clientes a los que hay que bridar educación a la carta y a la medida de sus posibilidades. La búsqueda del mérito se ha confundido con el privilegio, y ha sido sustituido por el buenismo, y la exigencia por la condescendencia. A pesar de ello, las diferentes y constantes generaciones de estudiantes continúan revitalizando a la universidad al plantear nuevos retos e introducir agendas originales; su natural rechazo al statu quo genera movimientos que impactan la esfera pública porque son el reflejo de las preocupaciones de las sociedades, pero, al someterse a la dinámica del mercado, esa vivacidad se está apagando. 

En la actualidad el prestigio universitario ya no se construye con la generación de conocimiento ni con la calidad de su transmisión, sino con los indicadores para el mercado. Esta dinámica ha obligado a las universidades a explotar al profesorado, convirtiéndolo en un instrumento de este sistema. Está obligado a dedicar más tiempo a labores burocráticas que a formar; cumple con horas de docencia, pero ya no ilumina ni da cátedra. La “vida académica” se consume en prepararse para evaluaciones continuas, llenar formatos que se duplican y triplican, porque cada agencia que sostiene el sistema lo exige de manera diferenciada; la investigación científica apenas ocupa un tiempo marginal.  

La reducción de recursos para la investigación, la precariedad salarial, las demacradas jubilaciones, las exiguas plazas para absorber a las nuevas generaciones (un problema de dimensiones mayúsculas en sí mismo), además de que las mismas universidades son grandes organizaciones, generan una dinámica política interna que es poco visible: las luchas por el poder dentro de ellas son encarnizadas. Grupos de influencia, regularmente con deficientes credenciales académicas, patrimonializan los cargos y reparten los pocos recursos entre sus allegados, se fomenta el nepotismo y prima la lógica de la servidumbre. Este problema se profundiza cuando esos grupos tienen vínculos con los partidos políticos. La carrera burocrática universitaria para muchos “académicos” es su única razón de ser, las más de las veces los verdaderos académicos terminan estando bajo el yugo de liderazgos mediocres. Y con las dinámicas de mercado, también las universidades se han llenado de personas que se hacen pasar por “catedráticos” sin vocación por la docencia, que ven la academia como un pasatiempo de prestigio. 

¿Cuál es el futuro de la universidad?

En un mundo donde varios multimillonarios abandonaron la universidad para crear empresas de nuevas tecnologías, o en América Latina donde la música popular encumbra la fácil adquisición de dinero que ofrecen las actividades ilícitas, llevaría a creer que las universidades están en decadencia. El objetivo de las universidades no crear riqueza sino preservar y transmitir el conocimiento de la humanidad. Su rol es expandir las capacidades intelectuales de las personas, no solo formar cuadros para el mercado laboral, y si los títulos universitarios no sirvieran, nadie trataría de hacer fraude para obtenerlos. Solo en las universidades se puede estudiar e investigar en libertad, analizar los problemas y orientar la transformación del mundo. Sus valores e importancia son intangibles, y precisamente por ello se requiere preservarlas para que sigan cumpliendo sus funciones y transformarlas sin que pierdan su esencia.

La inteligencia artificial en campaña electoral: cómo y para qué

Por
Jesús Delgado Valery
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La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el ecosistema electoral ha acelerado dinámicas que ya conocíamos —automatización administrativa, segmentación de mensajes, monitoreo de redes— y ha creado otras completamente nuevas, como la producción masiva de deepfakes hiperrealistas y las campañas coordinadas de desinformación. Para los organismos electorales y la sociedad civil, el reto no es decidir si la IA “entra” o no en las elecciones, sino enfrentar su uso malicioso —cuando algunos actores buscan desacreditar autoridades o inclinar resultados— y, en paralelo, aprovechar sus beneficios para gestionar mejor los comicios y fortalecer la integridad informativa. Un reciente informe del International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) sintetiza bien esta agenda: la IA abre oportunidades en todo el ciclo electoral, pero también exige planes de respuesta, supervisión humana y marcos de transparencia para no erosionar la confianza pública. 

La cara oscura: deepfakes, bots y narrativas fabricadas

En América Latina, uno de los casos más recientes es el de Argentina. En mayo de 2025 circularon deepfakes que atribuían a referentes como el expresidente Mauricio Macri y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mensajes falsos en plena campaña. La verificación periodística documentó el alcance y la intencionalidad de esas piezas, difundidas incluso durante la “veda”, con la obvia pretensión de incidir en el voto y sembrar confusión. El propio Macri denunció públicamente los videos, y bases de incidentes sobre IA registraron el episodio como un intento de manipulación informativa en la jornada electoral. 

Ecuador vivió algo similar, pero con un formato más inquietante: “noticieros” falsos generados con IA que imitaban grafismos, tono y presentadores de medios reales. El resultado es una simulación de autoridad periodística puesta al servicio de contenidos engañosos. Monitoreos y verificaciones de medios como DW y France 24 describieron estas piezas —incluso con “presentadores” apócrifos—, un recordatorio de que la tecnología no solo deforma lo dicho por candidatos, sino que también suplanta marcas informativas para “parasitar” su credibilidad. 

En Estados Unidos, el año pasado la novedad no fue un video sino un audio: un robocall con una voz clonada de Joe Biden llamó a no votar en las primarias de New Hampshire. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) declaró ilegales las llamadas automáticas con voces generadas por IA y, más tarde, impuso una multa millonaria al consultor detrás de la operación, además de sancionar a una telefónica que transmitió las llamadas. Es un ejemplo de cómo regulación, investigación y sanción pueden desincentivar el uso malicioso de IA en procesos electorales reales. 

Bolivia, en su ciclo electoral de 2025, mostró la otra cara de la misma moneda: deepfakes, encuestas inventadas y ataques coordinados, con verificadores locales reportando cientos de piezas engañosas desde el inicio del año. La primera vuelta celebrada en agosto de este año estuvo marcada por narrativas fabricadas y contenidos sintéticos virales, lo que obligó a organizaciones de verificación y a la prensa a redoblar esfuerzos para frenar la bola de nieve informativa. La conclusión es clara: el costo marginal de producir falsedades “verosímiles” cayó, mientras que el costo de chequearlas sigue siendo alto y con un efecto muy limitado.

Saliendo de la región encontramos la misma realidad: Moldavia (República de Moldova), una ex república soviética, ofrece un laboratorio a cielo abierto de interferencias. En la antesala de sus comicios, se documentaron deepfakes dirigidos contra la presidenta Maia Sandu y campañas coordinadas vinculadas a redes prorrusas. Observatorios europeos y medios especializados reportaron videos manipulados que buscaban erosionar la credibilidad de liderazgos proeuropeos, una táctica ya conocida en la región. Aquí la lección es geopolítica: la IA potencia operaciones de influencia transnacional que desbordan la capacidad de respuesta de cualquier autoridad electoral aislada. 

La cara virtuosa: logística, padrones, revisión documental y respuesta a la desinformación

La misma tecnología que abarata el engaño puede —si se diseña y gobierna bien— mejorar la administración electoral. En la Provincia de Buenos Aires, la justicia electoral aplicó IA para reubicar a cientos de miles de electores, con el objetivo de acercar mesas y equilibrar capacidades de escuelas. El cambio generó debate —toda modificación masiva del padrón operativo lo genera—, pero ilustra un uso legítimo: algoritmos para optimizar la logística de la jornada y, potencialmente, reducir tiempos de traslado y saturación de locales. La clave es comunicar con anticipación, auditar criterios y mantener vías de reclamo efectivas. 

Perú, por su parte, presentó EleccIA, una herramienta del Jurado Nacional de Elecciones que aplica procesamiento de lenguaje natural para revisar planes de gobierno y expedientes de candidaturas. La promesa es reducir drásticamente los tiempos de lectura y encontrar omisiones o incongruencias con mayor consistencia. Es un uso típicamente back office de la IA: menos glamur, más impacto en trámites que hoy consumen semanas humanas y que, automatizados con supervisión, pueden liberar capacidades para la fiscalización y la resolución de controversias. 

En paralelo, las autoridades pueden usar IA para responder —no solo reaccionar— a la desinformación. Tableros que combinen análisis de redes con detección de coordinaciones anómalas, motores de búsqueda semántica para ubicar rumores en ascenso y laboratorios de digital forensics para etiquetar manipulaciones audiovisuales son ya parte del manual contemporáneo de integridad informativa. La experiencia comparada y los lineamientos de entidades como la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos, así como centros de investigación y think tanks, convergen en buenas prácticas: protocolos de respuesta rápida, alianzas con plataformas para etiquetar contenidos sintéticos y estrategias de alfabetización dirigidas a segmentos vulnerables. 

Qué funciona cuando todo se acelera

En entornos hiperveloces, la diferencia no la marcan eslóganes a favor o en contra de la tecnología, sino capacidades institucionales:

  • Gobernanza y trazabilidad. Si un organismo usa IA para depurar padrones, asignar locales o priorizar auditorías, debe poder explicar el porqué y el cómo: criterios, datos de entrenamiento, evaluación de sesgos, controles humanos. La explicabilidad ex ante es la mejor póliza contra sospechas ex post. El informe de IDEA insiste en la supervisión humana y en procedimientos de auditoría; no es un detalle técnico, es una garantía democrática. 
  • Ventanas de comunicación. La ciudadanía recibe mejor la tecnología cuando entiende su propósito y límites. Cambios logísticos como los de Buenos Aires exigen campañas pedagógicas, simuladores de local de votación y canales ágiles de reclamo.
  • Reglas y consecuencias. El caso estadounidense muestra que, ante un daño concreto —el robocall con la voz de Biden—, la respuesta regulatoria y sancionatoria se puede activar con rapidez, enviando señales disuasorias. 
  • Ecosistemas de verificación. Ninguna autoridad puede, sola, seguir el ritmo de la manipulación sintética. Red de verificadores, universidades, observatorios y plataformas deben coordinarse para detonar rumores y compartir signatures técnicas de deepfakes que puedan reutilizarse en toda la región. Los casos de Ecuador y Bolivia demuestran que el fact-checking distribuido reduce el tiempo de exposición de una falsedad. 

Lo que viene: IA aliada de la integridad

Si miramos el mapa —Argentina y Ecuador con deepfakes virales, Estados Unidos con sanciones ejemplificadoras, Bolivia con campañas coordinadas de contenido fabricado, Moldavia bajo el asedio de redes prorrusas— queda claro que la IA no es un accesorio electoral. Es un condicionante estructural de la confianza. Pero también es una oportunidad para profesionalizar la administración: asignación de recursos más eficiente, revisión documental más rápida, monitoreo de conversación pública más inteligente. La cuestión no es si la IA “sirve”, sino para qué y bajo qué reglas.

Para organismos electorales y sociedad civil, el camino razonable combina tres vectores: uso estratégico (automatizar donde hay cuello de botella, con supervisión humana explícita), defensa informativa (detectar y neutralizar contenidos sintéticos coordinados antes de que maduren) y transparencia hacia el público (explicar cada decisión algorítmica con lenguaje accesible y canales de auditoría). Ese es el puente entre una tecnología que puede ser un arma y una herramienta que, bien gobernada, mejora los resultados de la democracia.

La ilusión dorada: por qué América Latina no necesita más magnates en el poder

Por
Ricardo Aceves
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Las declaraciones recientes del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, uno de los más ricos del país, sobre una posible candidatura presidencial en México para 2030 no son una noticia política más. Son la manifestación de un patrón regional peligroso que América Latina ha experimentado durante las últimas décadas: la seducción de los empresarios convertidos en salvadores políticos. Su promesa de hacer «lo que sea necesario» por México recuerda a otros magnates que prometieron administrar países como empresas exitosas, lo cual siempre termina por evidenciar que la democracia no funciona según las reglas del mercado.

El espejismo de la eficiencia empresarial

La crisis de representación política en América Latina es terreno fértil para el florecimiento de narrativas seductoras: si estos hombres construyeron imperios empresariales, seguramente podrán «arreglar» países enteros. Esta lógica ignora una diferencia fundamental entre administrar una corporación y gobernar una democracia. En una empresa, las decisiones son verticales y los objetivos están claramente definidos por el beneficio. En una democracia, el poder debe ser compartido, negociado y ejercido pensando en el bien común, no en la maximización de ganancias.

La experiencia regional ha demostrado que esta diferencia no es meramente teórica. Es la línea divisoria entre el éxito democrático y el fracaso autoritario.

Ecuador: La promesa inconclusa del presidente más joven

Daniel Noboa representa el caso más reciente de este fenómeno regional. Hijo de un magnate bananero, llegó al poder en 2023 a los 35 años como el presidente más joven en la historia de Ecuador, con credenciales académicas de Harvard y NYU, y la promesa de resolver la crisis de seguridad que asfixiaba al país.

Su respuesta a la crisis ha sido predominantemente militarista: declaración de «conflicto armado interno», más de 120.000 operaciones conjuntas policía-ejército en los primeros seis meses, y la detención de casi 35.000 personas. Pero mientras implementaba estas medidas de «mano dura», la inversión en salud cayó 8% y el gasto en educación se estancó durante su primer año de gobierno.

El caso ecuatoriano revela una paradoja fundamental: la capacidad para tomar decisiones ejecutivas rápidas choca con la complejidad de problemas estructurales que requieren soluciones integrales. La crisis de seguridad en Ecuador no es únicamente un problema policial, sino el síntoma de desigualdades económicas profundas, instituciones debilitadas y ausencia de oportunidades para millones de jóvenes. Problemas que no se resuelven con la lógica empresarial de la eficiencia y los resultados inmediatos.

Argentina: Cuando el gradualismo se convierte en estancamiento

El caso de Mauricio Macri en Argentina representa quizás la lección más clara de por qué los empresarios no son necesariamente mejores administradores del Estado. Este llegó al poder en 2015 con credenciales impecables: había dirigido exitosamente Boca Juniors y había sido jefe de gobierno de Buenos Aires. Su propuesta era simple y atractiva: aplicar la eficiencia empresarial para resolver los problemas crónicos argentinos.

Cuatro años después, Argentina estaba peor que cuando Macri asumió. La inflación se había disparado, la pobreza había aumentado y el país había caído en una recesión profunda. Su «revolución de la alegría» terminó en una derrota electoral contundente. El proyecto que se había planteado «para 20 años» se desplomó en menos de un mandato presidencial.

Chile: Prosperidad sin legitimidad

Sebastián Piñera, el empresario más rico de Chile, tuvo dos oportunidades de demostrar que los magnates podían gobernar mejor. Su primer mandato mostró algunos indicadores económicos positivos, pero su segundo período reveló las grietas profundas de un modelo que priorizaba el crecimiento por encima de la equidad social.

El estallido social de octubre de 2019 no fue un accidente. Fue la explosión de décadas de descontento acumulado bajo un modelo que, aunque generaba riqueza, la concentraba en pocas manos. Piñera, con una fortuna de 2.900 millones de dólares, personificaba exactamente aquello contra lo que protestaban los chilenos: la desigualdad extrema disfrazada de éxito económico.

Brasil: Cuando el “empresarialismo” abraza el autoritarismo

El caso de Jair Bolsonaro ilustra hacia dónde pueden derivar los gobiernos que priorizan la lógica empresarial por encima de la democrática. Aunque técnicamente no era empresario, su gobierno funcionó exclusivamente para beneficiar al sector privado, implementando políticas que favorecieron a las corporaciones mientras la violencia, la pobreza y la polarización social aumentaban.

La gestión de Bolsonaro demostró las consecuencias más extremas de aplicar mentalidad empresarial al Estado: concentración de poder, desprecio por las instituciones democráticas y subordinación sistemática del interés público a los intereses del capital.

Los riesgos estructurales de los magnates en el poder

La investigación académica sobre este fenómeno ha identificado patrones consistentes. Primero, la «captura del Estado» es inevitable cuando quienes tienen intereses económicos específicos acceden directamente al poder político. Segundo, los empresarios carecen de la cultura democrática necesaria para gobernar, proviniendo de estructuras jerárquicas donde la toma de decisiones es unilateral. Tercero, cuando los empresarios más ricos acceden al poder político, se produce una concentración peligrosa que amenaza los fundamentos democráticos.

América Latina ya enfrenta niveles extremos de desigualdad, con apenas 106 personas acumulando más de 565.000 millones de dólares. Esta concentración de riqueza, combinada con acceso directo al poder político, crea una oligarquía donde rige la lógica de «un dólar, un voto» en lugar de «una persona, un voto».

El caso Salinas Pliego: México en la encrucijada

Ricardo Salinas Pliego encarna todos estos riesgos estructurales. Su confrontación abierta con las instituciones fiscales mexicanas, su uso de medios de comunicación como herramientas políticas personales, y su coqueteo con movimientos ultraderechistas globales lo posicionan como una versión mexicana de los empresarios autoritarios que han fracasado estrepitosamente en otros países de la región.

Su retórica populista de presentarse como víctima de «persecución política» mientras evade obligaciones fiscales multimillonarias demuestra la misma hipocresía que caracterizó a otros magnates convertidos en políticos. Su promesa de hacer «lo que sea necesario» por México suena peligrosamente similar a los discursos mesiánicos de otros outsiders que terminaron dañando profundamente a sus países.

La lección regional

La experiencia latinoamericana del siglo XXI ha proporcionado evidencia abrumadora de que los empresarios no son mejores administradores del Estado que los políticos profesionales. México tiene la oportunidad de aprender de estas experiencias. La democracia no necesita magnates que la administren como empresas privadas; necesita instituciones fuertes, políticos con experiencia democrática y un compromiso genuino con el pluralismo y el bien común.

El mensaje debe ser claro: América Latina no necesita más experimentos con empresarios autoritarios disfrazados de renovadores democráticos. La región necesita fortalecer sus instituciones democráticas, no entregarlas a quienes ven a los países como oportunidades de negocio.

El fin del gobierno de Dina Boluarte y el patrón de los fracasos presidenciales en la región

Por
Christopher Martínez
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El 10 de octubre, el Congreso peruano aprobó una moción de vacancia por “permanente incapacidad moral” y puso fin al gobierno de Dina Boluarte. El suyo se convierte así en el caso número 25 de “fracaso presidencial” (esto es, todos los presidentes que han sido obligados a dejar el poder) en América Latina desde 1980 a la fecha, si contamos a aquellos que han permanecido en el cargo por un periodo significativo (quedan excluidos casos como los de Rosalía Arteaga de Ecuador, Adolfo Rodríguez Saá en Argentina, y Manuel Merino de Perú que ejercieron presidencias interinas por menos de dos semanas).

La moción de censura que vacó el máximo cargo de Perú fue el noveno intento desde que asumió la presidencia en diciembre de 2022 tras la caída de Pedro Castillo luego de su fallido intento de autogolpe. Con ello, Perú alcanzó un nuevo récord regional: cinco presidentes “fracasados” antes de concluir su mandato, superando a Bolivia y Ecuador, que acumulan cuatro casos cada uno.

Más que un episodio aislado, la salida de Boluarte confirma un patrón que he documentado en mi libro Why Presidents Fail (2024): la creciente dificultad de los mandatarios latinoamericanos para sostenerse en el poder.

Las causas inmediatas

Los análisis sobre los principales desafíos enfrentados por la administración Boluarte identifican tres factores principales que ayudan a explicar su caída. El primero es la frecuencia y magnitud de las protestas callejeras. En solo dos años, su gobierno fue testigo de más de 1.700 protestas, según el Observatorio para la Democracia y Gobernabilidad. Las manifestaciones dirigidas específicamente contra el Ejecutivo son un factor clave para explicar la inestabilidad presidencial. Según mi investigación, cada protesta masiva de ese tipo aumenta en casi 30% el riesgo de que una presidencia fracase.

El segundo factor es el peso de los escándalos presidenciales. El llamado caso Rolex y las acusaciones por enriquecimiento ilícito, sumados a su polémica ausencia para someterse a cirugías estéticas, combinaron elementos de corrupción y moralidad pública. En mis estudios, este tipo de escándalos –ya sean por corrupción, escándalos morales o abuso de poder– elevan en promedio un 13% el riesgo de que un presidente sea forzado a dejar el cargo.

El tercer elemento es la inseguridad y el crimen organizado. Como señaló el analista Will Freeman, Boluarte podría ser la primera presidenta latinoamericana destituida por su incapacidad de enfrentar el crimen organizado. Este es un aspecto novedoso en la explicación de las presidencias fracasadas: la erosión del control territorial y la inseguridad como detonantes de crisis políticas.

El trasfondo estructural

Pero las causas inmediatas solo cuentan una parte de la historia. La inestabilidad de Perú –y de Boluarte en particular– tiene raíces más profundas en la debilidad crónica de sus partidos.

Los presidentes en cualquier país, tanto para que sus proyectos se aprueben como para que sus gobiernos sean estables, necesitan de relativamente buenas relaciones con los partidos. Esto puede lograrse en países con partidos débiles, medianamente institucionalizados, o fuertes. No obstante, como argumento en Why Presidents Fail, solo en el caso de estos últimos las relaciones presidente-partidos se sustentan en aspectos programáticos y en visiones compartidas de largo plazo. En los partidos oficialistas, estos elementos generan lealtad real hacia el presidente; en los de oposición, produce un espíritu republicano, institucional, que los induce a respetar los procesos y principios democráticos. Todo esto contribuye a presidencias más duraderas y democráticas.

Por el contrario, cuando los partidos son parcialmente institucionalizados o claramente débiles, la cooperación presidente-partidos descansa en aspectos meramente instrumentales y superficiales, y en lógicas de quid pro quo; todas orientadas al corto plazo. Sin embargo, esa estabilidad es engañosa: no descansa en convicciones ideológicas ni en acuerdos programáticos, sino en intercambio de favores, en “lealtades” transaccionales y efímeras, las cuales rápidamente pueden cambiar de dueño.

En este tipo de sistemas, el cortoplacismo domina. Las alianzas cambian al ritmo de las conveniencias inmediatas, y la “compra de voluntades” reemplaza las visiones políticas orientada al largo plazo. En ese escenario, la caída de un presidente depende menos de una convicción moral o ideológica y más de la convergencia circunstancial de actores dispuestos a coordinar su destitución sin mayor consideración por las implicaciones futuras de sus acciones.

Del blindaje al abandono

Durante más de dos años, Boluarte se benefició de esa lógica. Los partidos representados en el Congreso la protegieron de ocho mociones de vacancia entre enero de 2023 y mayo de 2024. Pero su supervivencia claramente no respondía a una coalición ideológica, sino a un pacto de conveniencia. Más bien a una “coalición autoritaria” como la etiquetó el académico peruano Omar Coronel. Esta coalición ad hoc, virtualmente sustentada en asegurar el poder y los cargos políticos hasta 2026, fue clave para explicar la estabilidad del gobierno de Boluarte a pesar de los significativos desafíos a su autoridad por parte de las masivas olas de protestas antigubernamentales. La propia naturaleza de este tipo de coaliciones no puede entenderse sino en un contexto de partidos débiles o inexistentes, como es el caso de Perú.

Cuando la presidenta se volvió (aun más) impopular, incapaz de ofrecer una respuesta al avance del crimen organizado y debilitada por los escándalos, su utilidad política se agotó. Las protestas de las últimas semanas de la “Generación Z” y las movilizaciones de transportistas cansados de las extorsiones y sicariatos debilitaron significativamente a Boluarte. La gota que rebalsó el vaso fue el ataque armado al popular grupo de cumbia Agua Marina el 8 de octubre. Este trágico evento no solo validó las demandas sociales, sino que dejó sin margen de maniobra a los partidos oficialistas en el Congreso. Estos últimos, en un esfuerzo clásicamente egoísta y cortoplacista para mejorar sus chances de ganar la reelección, abandonaron raudamente a Dina Boluarte. Las mismas fuerzas que habían cerrado filas en su defensa decidieron abrirle la puerta de salida en una votación unánime.

¿Expectativas?

A diferencia de otras crisis presidenciales, el reemplazante de Boluarte proviene del mismo sector político que fue blanco de las protestas, aunque la expresidenta concentraba el grueso del descontento. Se trata, en rigor, de una suerte de gatopardismo sucesorio: cambiar algo para que nada cambie. Bajo estas condiciones, la transición corre el riesgo de fracasar incluso antes de concretarse en su intento por desescalar –aunque sea temporalmente– la crisis.

Gerrymandering 2025: la batalla de los mapas electorales en EEUU

Por
Xavier Rodríguez-Franco
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En Estados Unidos se está librando una batalla, en ocasiones soterrada por otros aspectos controversiales que ha traído la segunda administración Trump, pero que podría ser decisiva en el futuro inmediato. Se trata del redibujo de los mapas electorales. También conocido como “gerrymandering”, es una práctica que data desde los orígenes del país y que consiste en el rediseño de los límites de los distritos electorales conforme a los cambios demográficos que tienen los estados, en este caso, basado en el censo de 2020. Un proceso que ambos partidos han utilizado para asegurarse ventajas en la representación parlamentaria, conforme a los patrones de voto de los ciudadanos. Sin embargo, el contexto actual es distinto: la Casa Blanca lo promueve como una prioridad existencial de cara a las elecciones de medio término de 2026, apoyándose en el fallo de la Corte Suprema de 2019, que determinó no tener jurisdicción para regular esta manipulación de distritos, dejando el camino abierto para que los estados hagan estos ajustes conforme a su propia legislación electoral.

Pero el problema va más allá de lo estrictamente legal. En el fondo, se trata de una práctica que erosiona la confianza en las instituciones, ya que en lugar de que los votantes elijan a sus representantes, son los políticos y sus cálculos quienes, terminan eligiendo a sus votantes. Distorsionando consigo la esencia de la democracia y normalizando un modelo donde lo que importa no es convencer a la ciudadanía, sino redibujar los mapas para asegurar mayorías perpetuando además la segmentación de la sociedad en virtud de su preferencia electoral. 

Es importante considerar que las elecciones de mitad de mandato (Midterm) tradicionalmente refuerzan la posición parlamentaria de la oposición, tal como le ocurrió al propio Trump durante su primera administración. Por tanto, las de 2026 no serán la excepción, más aún si tomamos en cuenta la sostenida disminución del respaldo popular al partido republicano durante los últimos meses. Trump lo sabe y por ello su interés para que el rediseño electoral le evite un nuevo bloqueo parlamentario como el que experimentó en su primer mandato.

Texas y California: los grandes protagonistas del Gerrymandering 2025

Lo que comenzó en Texas, podría expandirse pronto a otros ocho estados y convertirse en uno de los principales focos de la polarización política que caracteriza la administración “Trump 2.0”. Con el apoyo del gobernador Greg Abbott, los republicanos buscan rediseñar sus distritos de manera que puedan sumar hasta cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes en 2026. El método es simple: dividir áreas urbanas de mayoría demócrata, como Houston y Dallas, para diluir el peso tradicional que ha tenido el voto hispano y afro-americano en estas zonas urbanas.

La tensión se agrava en un contexto marcado por el repunte de la violencia política: protestas cada vez más radicales, tiroteos con motivación ideológica, ataques a líderes políticos —como el que sufrió el propio Trump en 2024— e incluso el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en Utah. Un país altamente polarizado que además combina manipulación electoral en la dinámica política.

Por su parte, para los demócratas, la situación plantea un dilema incómodo. Durante años han denunciado el gerrymandering, pero ahora, en estados como California, empiezan a considerar hacer lo mismo para contrarrestar el avance de los republicanos de Texas. Al punto de que el gobernador Gavin Newsom ha llegado a plantear un rediseño de los distritos bajo el argumento de “defender la democracia”. Un discurso que refleja una contradicción evidente: criticar en Texas lo que se va a replicar en California. Dejando claro que los demócratas a nivel nacional aún no cuentan con una estrategia nacional sólida frente a un Partido Republicano que parece ir un paso adelante en esta disputa territorial.

¿Cómo se vive el rediseño electoral en otros estados?

En Florida, el rediseño de distritos impulsado por el Gobernador Ron DeSantis fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema estatal, pero ya hay comités listos para proponer nuevas versiones de los mapas electorales, especialmente en el distrito norte del estado. En el caso de Ohio, un nuevo mapa podría dar hasta tres escaños adicionales a los republicanos, aprovechando su robusta mayoría parlamentaria en el congreso estatal. Por su parte, en los casos de Indiana y Misuri, dos estados tradicionalmente republicanos, las posibilidades de aprobar cambios aún son inciertas por algunas restricciones judiciales, sin embargo las mayorías republicanas en sus congresos podrían revertirlas con cierta solvencia. En Illinois, en cambio, el gobernador demócrata JB Pritzker ha dejado abierta la puerta a un rediseño que beneficie a su partido. Con lo cual se repite el patrón: donde cada partido tiene poder, la tentación de manipular el mapa electoral prevalece.

Por ahora, los republicanos dominan el debate, la iniciativa estratégica y marcan la agenda. Los demócratas, divididos entre sus principios y la necesidad de contener políticamente este inminente re-dibujo electoral, parecen más reactivos que proactivos. Y mientras tanto, la ciudadanía observa cómo el sistema político se convierte en una partida de ajedrez donde lo esencial no es el voto libre, sino la geometría de estos nuevos distritos.

Sin embargo, lo que está en juego va más allá del control de la Cámara de Representantes o el Senado. Lo preocupante es que el gerrymandering pierda a sus críticos y se normalice. Lo cual se suma al uso partidista de las fuerzas armadas y en especial la retórica del “enemigo interno” que se emplea desde la Casa Blanca. De hecho, Trump ha ordenado despliegues de tropas en ciudades gobernadas por demócratas, con el argumento de combatir la inmigración irregular, la delincuencia y la falta de vivienda. Aunque la ley federal prohíbe el uso de fuerzas militares para la aplicación de normas internas, los operativos ya comenzaron en Los Ángeles, Washington D.C. y Austin, con planes de extenderse a otras ciudades como Chicago, Portland o San Francisco.

Estas medidas refuerzan la idea de que existe un “enemigo interno” encarnado en los estados y ciudades opositores, erosionando la pluralidad y la tradición de alternancia de la democracia estadounidense. De modo que al no recibir críticas dentro del propio partido, se consolida el “vale todo ” para asegurar el control político. En este escenario, el verdadero desafío no será únicamente quién gane en 2026, sino saber si la democracia estadounidense logrará resistir esta sostenida etapa de polarización extrema y concentración de poderes.

Amnistía y Estado de Derecho

Por
Juan Vicente Bachiller
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El juicio al expresidente Jair Bolsonaro y a sus cómplices por la tentativa de golpe de Estado que pretendía impedir la toma de posesión de Lula en 2022 ha reabierto en Brasil el debate sobre la posibilidad de amnistiar a los involucrados en este intento de revertir el orden democrático. Tras ser condenados a penas de prisión por el Tribunal Supremo, una ley de amnistía aprobada por el Parlamento sería su última esperanza para evitar la cárcel.

Lo que sorprende es la naturalidad con la que algunos defienden esta posibilidad, como si conceder amnistías —es decir, revisar sentencias judiciales— fuera una atribución común del Poder Legislativo. Esta postura no solo desvirtúa el espíritu de las leyes de amnistía como instrumentos de reconciliación, sino que vulnera la lógica del Estado de Derecho.

Históricamente, la amnistía ha sido usada legítimamente en transiciones hacia la democracia o en procesos de pacificación tras conflictos internos. Aunque no cierran definitivamente las heridas, suelen pensarse como herramientas para la reconciliación nacional y el inicio de una nueva etapa política. Fuera de estos contextos excepcionales, las amnistías se convierten en mecanismos para que políticos en el poder perdonen los crímenes de sus aliados, violando principios constitucionales como la separación de poderes, la jerarquía normativa y la interdicción de la arbitrariedad.

En términos generales, la amnistía implica el perdón a políticos, militantes, activistas y autoridades por crímenes derivados de su acción política. Estos delitos suelen ocurrir en guerras civiles, conflictos armados o regímenes dictatoriales, tanto por quienes buscan subvertir el orden como por quienes lo defienden. En estos casos, la amnistía forma parte de la justicia transicional. Su objetivo es abrir un nuevo ciclo de reconciliación y fortalecimiento institucional para evitar futuras violaciones de derechos humanos.

En este marco, las leyes de amnistía se convierten en hitos de nuevos procesos constituyentes. No hay contradicción entre su incorporación al orden jurídico y el perdón de delitos políticos, incluso violentos. Como se aprueban en momentos de redefinición legal, el único límite es la legitimidad del proceso, un concepto difuso pero vinculado al consenso social sobre sus beneficios. Por eso, la amnistía no puede beneficiar solo a un bando: debe incluir tanto a opositores como a agentes estatales y defensores del régimen anterior.

Un ejemplo paradigmático fue la Ley de Amnistía sudafricana de 1995, que creó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Esta investigó crímenes tanto del apartheid como de los movimientos de liberación, y precedió la Constitución definitiva de 1996.

En otros casos, las amnistías se conceden sin ruptura constitucional, pero con el fin de cerrar conflictos armados que debilitan el Estado de Derecho. En estos procesos, la legitimidad se garantiza mediante el control efectuado por el supremo intérprete de la constitución. Esto permite fórmulas innovadoras, como la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, creada para el fin del conflicto con las FARC y supervisada por la Corte Constitucional. El objetivo fue equilibrar el respeto por la ley con las necesidades de la justicia transicional.

Estos dos modelos muestran que la amnistía, como medida excepcional, requiere amplia legitimidad para ser vista como un bien superior y no como una arbitrariedad en favor de un grupo político. Un ejemplo contrario fueron las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) en Argentina, que protegieron a militares responsables de crímenes durante la dictadura. Aunque no eran amnistías en sentido estricto —pues lo que hacían era limitar la posibilidad futura de juzgar a los represores— tampoco incluyeron reconocimiento judicial de los delitos, ni pedidos de perdón o propósito de enmienda.

Ambas leyes fueron derogadas en 2003 y declaradas inconstitucionales en 2005 por la Corte Suprema argentina. Esto refuerza la idea de que, sin consenso social, el perdón a crímenes políticos es una arbitrariedad que no encaja en un Estado de Derecho.

De forma análoga, la propuesta de amnistiar el intento de golpe de Estado de 2022, defendida por el bolsonarismo, supondría impunidad para un grupo político específico, aprovechando una eventual mayoría parlamentaria. Esta no ofrece a la sociedad brasileña arrepentimiento, reconocimiento del daño causado ni ninguna solución real a conflicto alguno, ya que el único potencialmente existente sería el que se habría desencadenado si el golpe hubiera tenido éxito.

Tal falta de legitimidad también encuentra paralelo en la reciente Ley de Amnistía promovida por el gobierno de Pedro Sánchez en España, que benefició a líderes independentistas catalanes tras el intento de secesión de 2017. Aquel proceso fue juzgado por el Tribunal Supremo como un intento de suprimir violentamente el Estado de Derecho en parte del territorio nacional y los responsables fueron condenados a prisión. Inicialmente, el gobierno español rechazó la amnistía por considerarla inconstitucional. Sin embargo, tras las ajustadas elecciones de 2023, la medida fue aceptada como moneda de cambio para asegurar la investidura del presidente. Es decir, que en una democracia consolidada, sin mediar las circunstancias que justifiquen un proceso de justicia transicional ni conflicto armado, y afectando solo a un grupo político, la amnistía fue usada como herramienta de negociación parlamentaria. Esto arroja luz sobre las intenciones del bolsonarismo: al igual que en España, se busca aprovechar una mayoría legislativa para anular una sentencia judicial y borrar los crímenes de quienes intentaron derrocar el régimen democrático por medios violentos.

Aunque las interpretaciones constitucionales sobre la amnistía en el Estado de Derecho pueden ser diversas, hay un principio que no admite matices: sin límites claros, estas leyes pueden convertirse en instrumentos de impunidad que erosionan los cimientos de la democracia. Cuando un régimen democrático ha activado sus mecanismos institucionales —como el control judicial sobre quienes intentan subvertir el orden constitucional— no hay espacio legítimo para leyes que borren esos crímenes. Permitir que el poder legislativo deshaga lo que el poder judicial ha sancionado es abrir la puerta al decisionismo, donde la ley se adapta al interés particular de eventuales mayorías políticas. De ser así, el poder sin frenos acabaría campando a sus anchas, y estaríamos más cerca del gobierno de los hombres que del gobierno de las leyes. 

La intrincada ruta hacia la democracia en Venezuela: el Nobel de la Paz de Maria Corina Machado

Por
María Isabel Puerta Riera
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En estos últimos años, María Corina Machado ha representado la cara más visible de la oposición democrática en Venezuela. En una larga lucha en contra del régimen chavista, llena de desencuentros en el seno de la propia oposición, la evolución política de Machado es en sí misma un reflejo de la propia madurez política del pueblo venezolano.

Atrás quedaron los llamados a la abstención electoral y los intentos de vías alternas para forzar la salida de Nicolás Maduro del poder, cuando el deseo de cambio se canalizó hacia demostrar fuerza electoral, obligando al régimen autoritario a cometer uno de los fraudes electorales más escandalosos de la historia política reciente de Latinoamérica.

El camino no ha sido fácil, las desavenencias momentáneamente se pusieron en pausa dado el abrumador apoyo del liderazgo de Machado, refrendado por los resultados de la elección primaria en 2023. El desconocimiento del resultado electoral de julio de 2024 y el consecuente inicio de una brutal persecución política, con el candidato ganador de la elección, Edmundo González, huyendo hacia el exilio en España y Machado en la clandestinidad, marcaron el cierre de la opción electoral en Venezuela. En esta nueva etapa de resistencia política, los venezolanos dentro y fuera del país han sido testigos de la consolidación del régimen autocrático de Maduro, mientras el resto del mundo se ocupa de lidiar con otras expresiones anti-democráticas en Europa y el norte de América.

El abandono de Latinoamérica, y más concretamente la crisis venezolana, volvió a dejar en evidencia el desamparo político de los venezolanos, con sus líderes perseguidos y evadiendo las amenazas de encarcelamiento del régimen de Maduro. Por otra parte, a diferencia de otros momentos de tensión entre el régimen de Maduro y la oposición, los venezolanos que participaron en la elección presidencial de julio de 2024 fueron objeto de acusaciones fabricadas, sin ningún asidero legal, como medida de amedrentamiento y castigo a la oposición.

En estas circunstancias, y con la nueva administración de Donald Trump, los esfuerzos de Machado se concentraron en mantener viva la esperanza mientras seguía con su campaña de presión sobre Estados Unidos, principalmente, para volver a lograr su atención y apoyo a la transición democrática. La dinámica política de la segunda administración de Trump sigue siendo errática, y prueba de ello ha sido el pulso entre dos visiones sobre el conflicto venezolano en el círculo inmediato del presidente, representadas por su Secretario de Estado, Marco Rubio, y su enviado especial, Richard Grenell.

Mientras Grenell ha favorecido el mantenimiento de un canal de comunicación con el régimen de Maduro, que le permitió al inicio del segundo mandato la entrega de seis rehenes estadounidenses presos en Venezuela, Rubio ha representado el ala dura en la definición de la agenda política hacia Venezuela. En una de las primeras negociaciones bajo su responsabilidad estuvo el intercambio de más de 200 ciudadanos venezolanos deportados a El Salvador a cambio de diez ciudadanos estadounidenses que permanecían en manos del régimen político de Maduro.

Las oscilaciones entre estos dos funcionarios con cercanía al presidente y por ende influencia sobre su agenda política no han dejado de provocar incertidumbre sobre el rol definitivo de Estados Unidos en la situación de Venezuela, especialmente con el manejo de las licencias petroleras. Las dos ópticas han provocado choques entre los personajes en cuestión, reflejándose en las autorizaciones y terminaciones de dichas licencias a Chevron, debido a las presiones recibidas desde el Congreso.

En este complejo escenario, se profundizan los niveles de incertidumbre con el cambio estratégico de la administración de Trump. La dirección que estaban tomando las conversaciones del enviado especial Grenell con el entorno inmediato de Maduro se oponía a la estrategia favorecida por el sector representado por Rubio. El fracaso de las negociaciones que inicialmente se habían emprendido para la liberación de los venezolanos deportados a El Salvador se debió a los enfrentamientos entre Grenell y Rubio.

El inicio de un despliegue militar en el Caribe a mediados de agosto de este año de efectivos de las fuerzas aéreas y navales fue justificado por la administración de Trump como una respuesta a las actividades del narcotráfico en la región. Sin embargo, la naturaleza del despliegue militar ha provocado reacciones diversas que van desde la cautela hasta la celebración. Quienes se muestran escépticos sobre las verdaderas intenciones del Presidente Trump compiten con la esperanza de quienes apuestan por una intervención en Venezuela.

Los ataques a las embarcaciones que la administración de Trump alega se encontraban transportando narcóticos han sido recibidos con aprobación por unos y frustración por otros que dudan de la veracidad de las acusaciones en contra de quienes han perecido en estos ataques que ya suman 21 fatalidades. En este escenario, el tema de Venezuela vuelve a tener la atención de la administración, pero desde una aproximación muy diferente a la de su primera administración.

El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado representa un reconocimiento a su trayectoria política, a la madurez de su liderazgo político y a la resiliencia del pueblo venezolano. El reto que se le plantea en su rol como la cara más visible de la lucha política venezolana es la continuación del proceso de transición democrática en Venezuela. El Comité del premio en su otorgamiento destaca además del carácter pacífico de la lucha de Machado en la defensa de los derechos democráticos de los venezolanos, su coraje cívico.

Machado necesita más que nunca el apoyo de un presidente que no solamente cree que es el auténtico merecedor del Premio Nobel de la Paz, sino que está decidido a resolver la situación de Venezuela, en esta ocasión, por la vía militar.

Ahora bien, Machado tiene un mandato adicional, que dejó Alfred Nobel en su testamento como criterio para el otorgamiento del premio: la contribución a la unión de la oposición en su país, la oposición a la militarización de la sociedad venezolana y el apoyo a una transición pacífica hacia la democracia.

La estrategia de Trump podría estar en contradicción con las bases descritas en el premio, por lo que a Machado le corresponde continuar preservando la unidad opositora mientras insiste en ampliar el apoyo de la administración de Trump a la causa democrática venezolana, preservando la viabilidad de una transición que mantenga alejada la posibilidad de un régimen controlado por factores civiles o militares ajenos al pueblo venezolano.

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