Una región, todas las voces

La lucha entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa

Culiacán lleva más de ocho meses sufriendo la violencia generada por la disputa interna del Cártel de Sinaloa entre las facciones de la Chapiza y la Mayiza. Los primeros, herederos del Chapo Guzmán, portan el logotipo de una rebanada de pizza; los segundos, continuadores del Mayo Zambada, de un sombrero norteño. El objetivo de los dos grupos es acabar con el otro, lo que ha llevado a la capital sinaloense a un estado de “narcopandemia”: la población se abstiene de salir de sus hogares y, si lo hace, sabe que debe regresar antes de que caiga el sol, pues la noche es el momento en el que ocurren los enfrentamientos más violentos. 

Ante este escenario de incertidumbre y terror, la duda que surge a cada instante es: ¿cuándo terminará esta situación? Aunque es difícil de responder, comienzan a aparecer indicios de que los del sombrero podrían hacerse con el control de la capital.

Sinaloa, conocida como “el granero de México” porque es el estado agrícola más importante del país, es también el lugar donde se originó la siembra de amapola y marihuana en México. Ya en el siglo XIX había pequeños cultivos en la sierra, pero fue a partir de la década de 1940 cuando la producción se incrementó debido a la demanda que se originó en Estados Unidos a raíz de la Segunda Guerra Mundial.

El nacimiento del Cártel de Guadalajara, en la década de los 80, cambió las reglas del juego del narcotráfico. Sus fundadores, los sinaloenses Félix Gallardo, Caro Quintero y Fonseca Carrillo, demostraron que el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos era un negocio muy lucrativo del cual todos querían formar parte. Rápidamente empezaron a surgir narcotraficantes, organizaciones criminales y brazos armados, todo esto ante un Estado mexicano que, por complicidad o incapacidad, no logró enfrentar el problema de manera efectiva. 

En 2018, la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, del partido Morena, prometía un cambio de rumbo en materia de seguridad, ya que en campaña afirmaba que acabaría con la violencia, regresando a los soldados a sus cuarteles y atacando las causas que llevan a las personas a delinquir y unirse al crimen organizado, lo que permitiría una pacificación y la reconciliación entre los mexicanos. 

Sin embargo, la realidad del país al concluir su sexenio fue otra: se registraron 199.952 mil homicidios, superando las cifras del sexenio de Calderón, con 120.463, y de Peña Nieto, con 156.066 (Vela, 2024). En materia de desaparecidos, se registraron más de 50.000 al final de su mandato, y en lo que respecta a las fuerzas armadas, no hubo un regreso a los cuarteles; al contrario, se empezó a emplear a los militares en funciones que normalmente no son de su competencia. Se creó la Guardia Nacional bajo el mando del Ejército, y, según Global Firepower (2025), México cuenta con 412.000 soldados en activo, lo que lo convierte en el país de América Latina con más militares, superando a Brasil y Colombia.

Este escenario no fue obstáculo para que Morena arrasara en las elecciones del 2024, dejando a una oposición disminuida. Unos días después de asumir la presidencia, Claudia Sheinbaum presentó la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México, basada en cuatro ejes: atender las causas, consolidar a la Guardia Nacional, fortalecer la inteligencia e investigación y coordinarse con los gobiernos estatales. Esto representa una continuación de la política implementada por su antecesor, pero con un discurso renovado. 

El Cártel de Sinaloa ha logrado sobrevivir al PRI y al PAN. La política de seguridad implementada por Morena no ha significado un debilitamiento de la organización: han operado como normalmente lo hacen, y con Claudia Sheinbaum parece que continuará esta tendencia. La amenaza, en realidad, proviene de quien actualmente ocupa la Casa Blanca. Donald Trump ya designó como terroristas a los cárteles mexicanos. Los narcotraficantes saben que, de ser capturados y extraditados a Estados Unidos, enfrentarían cadena perpetua. La ofensiva proviene de Estados Unidos, tanto contra el gobierno mexicano, por no detener el tráfico de fentanilo, como contra los cárteles, responsables de su producción y exportación. 

La captura en Estados Unidos del Mayo Zambada fue lo que desató la violencia en Culiacán y la fractura del Cártel de Sinaloa. La aparente traición por parte de una familiar del Chapo facilitó que el Mayo subiera a un avión que aterrizó en Texas, donde fue capturado. Inmediatamente, tanto los herederos del Chapo como los del Mayo comenzaron a disputarse el control del cártel. Sin embargo, ahora saben que, de ser capturados, pueden ser extraditados a Estados Unidos y que su vida termine entre rejas. Saben que no hay vuelta atrás, y han usado todo su arsenal.

Durante los ocho meses de enfrentamiento entre la Chapiza y la Mayiza, se ha señalado que quienes han perdido más miembros han sido los sucesores del Chapo Guzmán. En lo que respecta a los objetivos prioritarios, los de la pizza se han llevado la peor parte, ya que, hasta marzo, las fuerzas federales habían capturado a once de sus operadores, mientras que de la Mayiza solamente habían sido seis (Aispuro, 2025). A estas capturas se suma el operativo realizado por el Ejército mexicano a principios de año para capturar a Iván Archivaldo Guzmán, quien, según The Wall Street Journal, habría logrado escapar a través de túneles, como en algún momento hizo su padre, el Chapo. 

En los últimos días, la noticia de que Ovidio Guzmán, también hijo del Chapo, se declaró culpable de narcotráfico y colaboraría con el gobierno sería un duro golpe para los Chapitos. El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, confirmó la salida del país de 17 familiares de Ovidio hacia Estados Unidos como parte del proceso de negociación entre el narcotraficante y las autoridades estadounidenses.  

El escenario que se puede presentar es el siguiente: el grupo de los Chapitos sería diezmado ante la captura de personajes estratégicos, y las declaraciones de Ovidio Guzmán al gobierno de Estados Unidos incidirían en las finanzas y en los puntos de producción y distribución de drogas de la organización. Ante esto, la Mayiza lanzaría ofensivas que terminarían por darle el control de Culiacán y otros poblados colindantes con la capital. 

Este escenario muy probablemente daría lugar a otro: al estar Culiacán bajo el dominio de los del sombrero, los hombres de los Chapitos se trasladarían a otros poblados o ciudades, como Los Mochis o Guasave, donde se encontrarían con otros cárteles con un nivel de fuerza considerable, como el de este último. La violencia generada por el narcotráfico se terminaría en Culiacán, pero se trasladaría a otras regiones del estado, principalmente zonas rurales y agrícolas. Al ser Sinaloa el principal productor de alimentos del país, esta situación podría afectar a la producción y provocar un aumento en los precios.

México, históricamente, ha sido un país tanto de tránsito como de producción de drogas, y, particularmente, Sinaloa es uno de los principales productores de marihuana, amapola y, en los últimos años, fentanilo. Esta condición tiene un siglo, y difícilmente cambiará ante un mercado estadounidense que demanda este tipo de drogas y una política de seguridad del Estado mexicano que no ha buscado terminar con el problema, sino contenerlo. Los cárteles sinaloenses parecen una hidra de mil cabezas: un virtual triunfo de la Mayiza en Culiacán desencadenaría el nacimiento de otras organizaciones. 

El nacionalismo como último refugio de mal gobierno

En América Latina, los mapas se redibujan más rápido en los discursos de campaña que en las oficinas de Cancillería. La isla Santa Rosa, hoy centro de la tensión entre Perú y Colombia, es apenas el último capítulo de una vieja receta regional: cuando peligra la estabilidad interna, siempre queda a mano un pedazo de tierra para agitar el nacionalismo. Aquí, la diplomacia suele ceder paso a la oratoria patriótica y la soberanía se convierte en combustible político que arde con más fuerza en tiempos de encuestas adversas.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, es el nuevo protagonista de esta historia de instigación geográfica. La confrontación estalló cuando el 7 de agosto reclamó como suya la mencionada isla, ubicada en la triple frontera entre su país, Perú y Brasil, en el corazón de la Amazonía, en protesta a que el 3 de julio el Congreso peruano haya creado allí, a través de una ley, el distrito de Santa Rosa de Loreto como parte de su territorio.

La isla en la que está ubicado este distrito surgió alrededor de 1970 debido a un proceso natural de fragmentación de la parte sur de la isla peruana de Chinería. Por el este limita con las ciudades de Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil). Allí viven netamente pobladores peruanos, que suman aproximadamente 1,800 habitantes, quienes tienen documento de identidad y gozan de los servicios estatales del Estado peruano.

Perú asegura que tratados internacionales como el de Río de Janeiro de 1934 lo respaldan y que la narrativa de Petro se da por desconocimiento, aunque, valgan verdades, al reclamar como suya la isla Petro intenta distraer la atención y tapar los escándalos internos que lo rodean, como el caso de corrupción sobre la compra de carrotanques con sobrecostos y el desvío de recursos para presuntamente sobornar a congresistas a cambio de apoyo a sus reformas sociales.

La justicia también investiga el aparente financiamiento ilícito de su campaña presidencial, en la que se presume que hubo donaciones de narcotraficantes a favor de su hijo Nicolás.

A todo esto, en junio de 2025 la desaprobación de Petro alcanzó su punto más alto, y aunque tuvo una recuperación moderada en agosto, el rechazo sigue marcadamente por encima del apoyo. El 89% de los colombianos cuestionan la crisis de inseguridad ciudadana que, aseguran, ha empeorado durante su mandato, y la convocatoria unilateral de consultas populares, como la de la reforma laboral. Tampoco ha habido mejoras en salud, por lo que se percibe un gobierno poco efectivo, y se restringió la exploración energética, lo que afecta las expectativas de crecimiento económico.

Estos episodios han golpeado con fuerza su credibilidad y lo han empujado a buscar una narrativa que le devuelva protagonismo y cohesione su bastión electoral.

¿Está Petro usando políticamente el tema? Claramente sí, lo está haciendo. Trasladó la celebración de la Batalla de Boyacá a Leticia para evadir una protesta minera que le estaba costando capital social. Llamó a la defensa de la soberanía y no descartó acudir a tribunales internacionales si no se resuelve el diferendo con Perú por las vías diplomáticas. Una puesta en escena en la que cada declaración altisonante adquiere un tono épico.

Por su lado, la sociedad peruana está convencida que el mandatario colombiano utiliza el tema como una cortina de humo. La maniobra llega justo cuando su coalición, el Pacto Histórico, necesita posicionarse de cara a las elecciones presidenciales de mayo de 2026. Y como en tantas otras historias latinoamericanas, el verdadero campo de batalla no está en el territorio en disputa, sino en la opinión pública.

Sino miremos el conflicto entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, que siempre se ha reactivado especialmente en momentos de crisis económica, sanciones y aislamiento diplomático de la dictadura de Nicolás Maduro. Aunque la disputa por este territorio se arrastra desde el siglo XIX, Maduro la ha convertido en un comodín recurrente cada vez que la economía colapsa o las protestas amenazan con encender las calles. Cosa de todos los días.

En diciembre de 2023, el referéndum sobre esta región fue un claro movimiento para llamar al nacionalismo y legitimar al gobierno antes de las elecciones que seis meses más tarde igual terminó perdiendo, pero mantuvo el poder con triquiñuelas judiciales denunciadas hasta hoy. Así demostró, una vez más, que la disputa territorial es para su régimen un salvavidas de prioritaria aparición.

Este año, Maduro redobló la presión con planes para instalar una zona militar especial y otorgar licencias petroleras en el área, acompañadas de maniobras militares en la frontera que buscan reforzar el discurso antiimperialista por el apoyo estadounidense a Guyana. Su actitud confirma que en América Latina la exaltación patriótica sigue siendo la coartada favorita para desviar la mirada de los problemas y escándalos internos.

En la Bolivia de Evo Morales pasó algo similar. Tras años de insistir en la demanda marítima contra Chile, el fallo de La Haya de 2018 fue completamente desfavorable para su país: determinó que Chile no tenía ninguna obligación jurídica ni diplomática de negociar una salida soberana al mar. Sin embargo, el expresidente y su entorno se aferraron a una frase del veredicto que señalaba que el fallo “no impedía” que ambos países conversaran, algo que en realidad solo aludía a la posibilidad de diálogos bilaterales voluntarios.

En los últimos meses, ya inhabilitado para postular, Morales llamó a votar nulo en las elecciones presidenciales de 2025 y volvió a dejar abierta la puerta a retomar la causa marítima como bandera. En su retórica, es probable que el tema del mar siga apareciendo como un recurso de agitación.

La isla, el mar o el río son solo excusas: lo que de verdad está en juego es el poder. El nacionalismo sigue siendo el refugio preferido de aquellos malos gobernantes que no quieren rendir cuentas por sus fracasos.

Mercenarios colombianos en Sudán: el negocio global de la seguridad privada

La reciente información sobre la presunta presencia de mercenarios colombianos en el conflicto sudanés, vinculados a operaciones privadas contratadas por Emiratos Árabes Unidos (EAU), es mucho más que un incidente aislado. La participación de ex militares colombianos en escenarios bélicos externos no es nueva, pero, en el caso de Sudán, revela la interacción de múltiples dinámicas como la privatización de la guerra, la proyección de poder de potencias globales y regionales, y una aproximación cada vez más fragmentada a la seguridad internacional.

Hoy, Sudán es el escenario de una guerra interna de enorme complejidad, donde las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) se disputan el control político, económico y territorial del país. El conflicto no es únicamente interno, sino que está alimentado por redes de alianzas regionales que convierten al territorio sudanés en un espacio de competencia estratégica. Emiratos Árabes Unidos ha sido acusado por su apoyo material a las RSF, mientras que hay evidencias de un respaldo egipcio a las SAF. Este alineamiento no responde sólo a afinidades políticas, sino a la ubicación estratégica de Sudán como puerta al Mar Rojo y enlace hacia el Sahel y el Cuerno de África.

En este contexto, la contratación de mercenarios – y otros actores relacionados con el mercenarismo – no es un accidente, sino un componente calculado. La experiencia de exmilitares colombianos en operaciones de contrainsurgencia, adquirida durante décadas de conflicto interno, los ha convertido en un recurso apreciado en el mercado global de la seguridad privada. Su perfil combina disciplina, resistencia física, conocimiento táctico y disposición a asumir riesgos por remuneraciones significativamente mayores a las que obtendrían en labores de seguridad civil. La demanda de este tipo de personal ha crecido en conflictos donde los Estados patrocinadores buscan mantener distancia formal de las operaciones directas, evitando implicaciones legales o diplomáticas.

El caso sudanés se enmarca, además, en la tendencia creciente hacia la externalización de la guerra. Las empresas militares privadas, así como contratistas individuales, operan en un espacio gris entre lo legal y lo clandestino, ejecutando misiones que pueden ir desde la protección de instalaciones estratégicas hasta el combate activo. En escenarios como el sudanés, donde las líneas de frente son volátiles, el valor táctico de tropas con entrenamiento sólido y experiencia en combate irregular puede generar inclinaciones pequeñas, pero decisivas, en el equilibrio de poder.

Para Colombia, esta presencia plantea interrogantes sobre las consecuencias indirectas de “exportar” capital humano militar. La participación de excombatientes en conflictos externos no sólo es un fenómeno económico, sino también geopolítico que implica la inserción de nacionales en acciones que pueden involucrar violaciones de derechos humanos o infringir sanciones internacionales; o incluso, puede convertirlos en víctimas de trata de personas o sumergirlos en dinámicas de explotación laboral. Y aunque estas acciones se desarrollen bajo contratos privados, la nacionalidad de los implicados no pasa desapercibida para los actores estatales y la comunidad internacional.

En Sudán, la participación de mercenarios extranjeros amplifica las dinámicas de internacionalización del conflicto. No es sólo que potencias como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita o Egipto jueguen sus cartas; sino que el despliegue de personal, no sólo colombiano, sino también latinoamericano, africano o europeo en tareas de combate evidencia que las guerras contemporáneas se sostienen con recursos humanos globalizados. Este patrón replica lo ocurrido en Yemen, Afganistán, Iraq o Libia, donde fuerzas locales y combatientes externos coexisten en un mosaico complejo de alianzas y rivalidades.

La importancia de los presuntos mercenarios colombianos en Sudán radica, por tanto, en su rol como multiplicadores de fuerza. En conflictos de baja intensidad pero alta fragmentación, una unidad pequeña y bien entrenada puede aportar ventajas tácticas desproporcionadas. Su conocimiento en guerra irregular, patrullaje y operaciones ofensivas les convierte en piezas útiles para actores que buscan rapidez y eficacia sin el costo político de desplegar tropas regulares.

Geopolíticamente, este fenómeno refleja una paradoja del orden internacional actual. Mientras los foros multilaterales promueven la resolución pacífica de controversias, la guerra se descentraliza hacia redes privadas, muchas veces alimentadas por economías emergentes exportadoras de fuerza militar. En ese esquema, Colombia se posiciona involuntariamente como proveedor de un recurso estratégico — combatientes experimentados a un costo relativamente bajo — que termina siendo instrumentalizado en conflictos donde el país no tiene intereses directos.

El riesgo de este fenómeno es doble. Por un lado, ubica a los exmilitares colombianos en el centro de conflictos con potencial de escalada regional, como el de Sudán, que involucra intereses de Estados Unidos, Europa, el Golfo Pérsico y hasta el África subsahariana. Por otro, alimenta una economía paralela de guerra que opera al margen de los marcos regulatorios internacionales. La pregunta entonces no es quién contrata a estos efectivos, sino qué implicaciones tiene para la proyección internacional de Colombia que sus nacionales participen, de forma sistemática, en guerras externas.

En un mundo donde la frontera entre combatiente y contratista privado se diluye, Sudán se convierte en un espejo incómodo que muestra cómo los conflictos modernos no son únicamente intra o interestatales, sino que también incluyen redes globalizadas donde el capital humano, la tecnología y la geopolítica se entrelazan. Los presuntos mercenarios colombianos no son una anomalía en este esquema, sino un engranaje más de una maquinaria bélica que ya no reconoce fronteras.

De ballenas a algoritmos: por qué América Latina puede liderar una IA inspirada en la naturaleza

América Latina y el Caribe experimentan una transformación digital vertiginosa. Las redes sociales, los algoritmos y la inteligencia artificial se han convertido en parte integral de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías están generando un impacto ambiental notable y están presionando a los ecosistemas naturales. 

Entre el progreso y el riesgo emerge una oportunidad: catalizar el desarrollo humano, desarrollando tecnologías inspiradas en formas y procesos de la naturaleza para encontrar un nuevo equilibrio entre innovación, sostenibilidad y bienestar colectivo.

Biomimetismo: un camino hacia una IA más sostenible

En la naturaleza, la eficiencia rara vez es casualidad. Las ballenas jorobadas, por ejemplo, no solo impresionan por su tamaño, sino por la sofisticada ingeniería de su cuerpo: las ondulaciones en sus aletas les permiten maniobrar con agilidad, y la textura de su piel reduce la fricción. 

Estos principios han inspirado turbinas eólicas más estables y barcos de alta velocidad con menor consumo de combustible. Del mismo modo, la inteligencia artificial (IA) podría beneficiarse de un rediseño inspirado en procesos biológicos, la denominada biomimesis: desde arquitecturas de computación que imiten redes de micelio para optimizar el flujo de datos, hasta sistemas de refrigeración modelados en termiteros para ahorrar energía o algoritmos que, como la fotosíntesis, impulsen energías limpias. 

La IA promete transformar la economía global. En América Latina y el Caribe (ALC), se proyecta que la IA contribuya hasta un 5,4% del PIB regional en 2030, equivalente a unos 0,5 billones de dólares. Sin embargo, esta revolución avanza acompañada de un impacto ambiental creciente. 

El desarrollo y entrenamiento de grandes modelos de lenguaje requieren enormes recursos. Entre 2020 y 2023, las emisiones de Alphabet, Amazon y Microsoft crecieron un 62% y su consumo eléctrico un 78%, superando los 100 TWh (lo que consumen Colombia y República Dominicana juntos). En 2022, Google y Microsoft incrementaron además en un 20% y un 34% el uso de agua en sus centros de datos. En América Latina, la instalación de centros de datos ya ha generado tensiones, especialmente en regiones con estrés hídrico como Chile, México y Uruguay. Proyectos recientes han sido cuestionados sobre la sostenibilidad de este modelo intensivo en recursos.

Frente a este panorama, urge repensar la arquitectura de la IA. El biomimetismo ofrece una vía inspiradora para reducir su huella ambiental. Al igual que los ejemplos citados de diseño de chips y centros de datos, las formas, procesos y ecosistemas naturales tienen el potencial de permitir ahorros de energía, e incrementos de la capacidad y la estabilidad de generación de energías renovables, en particular la solar y eólica. La integración de principios biomiméticos, aun de adopción incipiente, en el diseño y operación de la IA podría marcar la diferencia entre un modelo de desarrollo sostenible y uno que profundice las crisis ecológicas.

América Latina: un banco de ideas para la innovación

América Latina y el Caribe albergan el 60% de la biodiversidad terrestre global y vastos recursos minerales, teniendo así una oportunidad única en esta transición. La biodiversidad puede convertirse en una fuente inagotable de innovación bioinspirada, posicionando la región como líder en soluciones tecnológicas globales.

Este camino exige un cambio profundo de mentalidad y de política industrial. Hoy, gran parte de la bioinnovación en la región sigue centrada en la explotación de compuestos naturales para cosméticos o agroindustrias, sin un enfoque sistémico en sostenibilidad, ni un foco en el desarrollo local donde se ubica esta biodiversidad. 

Para que la IA sea aliada y no amenaza para la biodiversidad en América Latina, se necesitan políticas que impulsen el biomimetismo, garanticen un acceso responsable a los datos y fortalezcan un ecosistema regional de innovación. Igualmente, es esencial formar una nueva generación de científicos, ingenieros y emprendedores que trabajen en la intersección entre biología, IA y diseño sostenible.

Del potencial a la acción: el papel de los gobiernos y otros actores en la IA biomimética

La falta de infraestructura digital y capacidades de cómputo limita el desarrollo de modelos propios de IA en la región. Muchas universidades carecen de laboratorios especializados, mientras la fuga de talento debilita la innovación local. A ello se suma la dependencia de hardware y software importado, que expone a los países a cuellos de botella geopolíticos y a la volatilidad de insumos estratégicos como los semiconductores.

Incluso en los casos donde existen capacidades técnicas, los marcos regulatorios son insuficientes o están desactualizados, lo que dificulta el acceso a datos de biodiversidad y frena la colaboración entre actores públicos, privados y comunitarios. 

Confiar en que el mercado, por sí solo, canalizará las inversiones necesarias para una IA biomimética es ingenuo con un gran número de actores que priorizan la rentabilidad inmediata sobre la sostenibilidad a largo plazo. Aprovechar la biodiversidad para el diseño tecnológico exige políticas que integren ciencia, industria y conservación. Los gobiernos deben fijar estándares de sostenibilidad, financiar investigación interdisciplinaria, asegurar la soberanía de los datos ambientales y crear hubs regionales que reúnan a ingenieros, biólogos y emprendedores. 

En este ámbito también hay buenas noticias. El Centro TIDE de la Universidad de Oxford va a lanzar en la próxima COP30, que se va a celebrar en Belem, a las puertas de la Amazonia brasileña, una iniciativa para diseñar soluciones de eficiencia energética y de impulso a energías renovables inspiradas en la naturaleza lideradas por start ups y centros de investigación en la región.

Esta revolución digital no tiene por qué convertirse en un nuevo ciclo extractivo de la naturaleza. Puede y debe ser una oportunidad para reconciliarnos con ella. Como enseñan las ballenas, a veces las soluciones más avanzadas están justo delante de nuestros ojos, o nadando en el océano, desde hace millones de años.

Este artículo presenta un avance del Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025, titulado “Bajo presión: Recalibrando el futuro del desarrollo”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en América Latina y el Caribe.

Bolivia: una segunda oportunidad para la élite política tradicional

Los resultados electorales de Bolivia, más allá de las interpretaciones triunfalistas o fatalistas de cada lado del espectro ideológico, constituyen, primero, una señal de que las instituciones liberales del país andino aún cuentan con salud, y segundo, que la economía tiene un impacto tremendo en la configuración política del país. 

En una especie de segunda oportunidad para la élite política tradicional boliviana, un expresidente (Jorge Quiroga) y el hijo de un expresidente (Rodrigo Paz) se disputan la segunda vuelta en Bolivia. Sin importar quién gane, lo que definirá el futuro político del país es cómo la élite política boliviana logre resolver los profundos problemas en el área económica y generar crecimiento e inclusión social.

De la inestabilidad crónica al ascenso del MAS

Estos problemas no son nuevos. Bolivia ha sido considerada uno de los países más pobres y políticamente inestables de América Latina. Según los datos registrados por el Cline Center for Advanced Social Research de la Universidad de Illinois, Bolivia tiene el dudoso privilegio de ser el país con más golpes de Estado de la región, con más de 40 desde el año 1947 (sumando tanto los fracasados como los exitosos). Individualmente, supera a cualquier país africano en esta categoría.

Durante los años 80 y 90, tras la salida de un período convulso marcado por dictaduras militares tanto de derecha como de izquierda, y una crisis económica, con hiperinflación incluida, gestada en el gobierno de izquierda de la Unidad Democrática y Popular (UDP), el sistema político se articuló en torno a tres partidos: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN, de orientación conservadora) y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Durante ese período, ninguno logró alcanzar mayorías absolutas —oscilaron entre el 20% y el 30% de las preferencias electorales—, por lo que las alianzas parlamentarias eran indispensables para gobernar.

No obstante, los malos resultados de las políticas de privatización a finales de los 90 y principios de los 2000 erosionaron esos modestos avances en estabilidad política. Esto favoreció el ascenso de Evo Morales, líder sindical cocalero, quien supo canalizar el voto protesta y la frustración con la élite política tradicional con su partido político Movimiento al Socialismo (MAS).

La victoria de Morales, con más del 50% de los votos en 2005, fue sorpresiva y representó la más contundente de la historia política reciente del país. Además, su legitimidad le permitió impulsar la convocatoria de una Asamblea Constituyente en 2009 y transformar el Estado boliviano, que pasó a llamarse Plurinacional, en un contexto que era especialmente favorable debido al boom de commodities impulsado por la alta demanda china.

El ciclo de hegemonía y caída de Morales

Las reformas ampliaron la representación indígena y extendieron el poder presidencial. El sistema judicial superior pasó a ser escogido por voto popular. Durante este periodo, la hegemonía de Morales fue total, y muchos politólogos han calificado su régimen como una forma de autocracia electoral o autoritarismo competitivo. 

Sin embargo, el límite a la reelección indefinida resultó ser un escollo importante, que nos recuerda la importancia de las instituciones y su capacidad para moldear el comportamiento político. Morales intentó franquear esta barrera con un referéndum en 2016, en el que se rechazó su intento de habilitarse, pero luego el Tribunal Constitucional avaló su candidatura, lo que fue ampliamente cuestionado.

La crisis que puso a Morales fuera del poder se originó durante el conteo de los resultados en las elecciones de 2019. Después de una campaña complicada, cuando los primeros boletines señalaban una inédita segunda vuelta, se interrumpió intempestivamente la publicación del conteo preliminar. Al reanudarse, Morales apareció como ganador en primera vuelta, lo que generó acusaciones de fraude. Un informe de la Organización de los Estados Americanos indicó irregularidades significativas, lo que desató una crisis política que culminó en su renuncia apoyada por altos mandos militares.

El MAS pareció deslegitimado, pero la mala gestión de la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, y la crisis económica de la pandemia le dieron nueva vida. Morales, impedido legalmente de competir, logró apadrinar la candidatura de su ministro de Economía, Luis Arce, quien resultó electo en 2020.

Sin embargo, la sombra de Morales se mantuvo. Su ambición de volver al centro político lo llevó a colisionar tanto con Arce como con el resto de su partido político, el MAS, al cual renunció finalmente en febrero de este año, después de incentivar protestas contra el gobierno e incluso soltar amenazas veladas de una posible guerra civil. 

La fundación del nuevo partido, Evo es Pueblo, mostró la dimensión del carácter personalista y caudillesco de Morales, a pesar de que su exvicepresidente, Álvaro García Linera, siempre intentó venderlo como un representante de los movimientos sociales e indigenista que gobernaba bajo la premisa de “gobernar obedeciendo”.

Crisis económica, segunda vuelta y el futuro incierto

Durante la administración de Luis Arce se agravó la crisis económica: inflación entre 20% y 25%, escasez de combustible y dólares, reservas internacionales casi agotadas, y déficit fiscal cercano al 11% del PIB. La producción de hidrocarburos cayó drásticamente y Bolivia, a pesar de ser un importante exportador de gas, comenzó a depender cada vez más de importaciones. En este contexto, en junio de 2024 se registró un intento de golpe fallido por parte del general Zúñiga.

Finalmente, la crisis económica y política ha destruido la hegemonía de 20 años del MAS. Su colapso ha sido monumental: su candidato obtuvo solo alrededor del 3% y desapareció del Senado. Por otro lado, el voto nulo llegó alrededor del 18%, un récord impulsado por el llamado de Morales. Se convocó una segunda vuelta para octubre, algo inédito desde la instauración de la democracia en Bolivia.

El futuro político del país andino aún está por definirse en esas futuras elecciones, pero hay dos interrogantes decisivos. En primer lugar, si el nuevo gobierno será capaz de reordenar la economía y reactivar el crecimiento sin provocar tensiones sociales desestabilizadoras. En segundo lugar, cuál será el rol de Evo Morales, quien con su nuevo partido podría intentar recuperar protagonismo articulando, como en el pasado, la movilización social disruptiva con la participación electoral.

Que la élite política boliviana sea capaz de superar intereses de corto plazo para garantizar el futuro del país será crucial.

El impacto del liderazgo femenino con acento latino en Naciones Unidas

Secretary Blinken Delivers Remarks at the International Migration Review ForumSecretary of State Antony J. Blinken delivers remarks at the International Migration Review Forum in New York, New York, on May 19, 2022. [State Department photo by Freddie Everett/ Public Domain]. More: Original public domain image from Flickr

En 2016, fui candidata para el cargo de Secretaria General de la ONU. En ese momento era creencia generalizada que, después de 70 años de existencia de la organización, ya era hora de que una mujer ocupara ese puesto. Éramos siete candidatas, con perfiles y trayectorias diversas, todas muy capaces y serias aspirantes. En total, competimos siete mujeres y seis hombres —y al final, fue un hombre el elegido. Por supuesto, António Guterres era un candidato con muchos méritos, cualidades y experiencia. Lo único que le faltaba era ser mujer, que era justamente lo que muchas y muchos esperábamos de la ONU como un paso hacia adelante en su compromiso con la igualdad de género.

Después de ese momento, junto con otras dos compañeras candidatas, Helen Clark e Irina Bokova, fundamos GWL Voices, con el propósito de destacar lo estratégico, eficaz y democrático que suponía, y supone, renovar los liderazgos dentro del sistema. Hoy, somos casi 80 mujeres líderes del ámbito multilateral analizando anualmente los datos de la representación de las mujeres en los puestos de liderazgo del sistema multilateral, con la valoración de los ojos de nuestra dilatada experiencia dentro del sistema, y en este artículo te vengo a hablar algo muy concreto, la próxima elección a la Secretaría General de Naciones Unidas y nuestra campaña “Madam Secretary General”

La ONU se construyó sobre ideales de igualdad. Su Carta comienza con “Nosotros los pueblos”, no dice “Nosotros los hombres”. Declara explícitamente que “los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos”, palabras que fueron moldeadas, en parte, por mujeres visionarias de América Latina en 1945, como Bertha Lutz, Minerva Bernardino y Amalia de Castillo Ledón que impulsaron la igualdad de género en los textos fundacionales. Las mujeres estaban listas para liderar la ONU entonces, y lo están hoy. 

Es evidente y urgente la necesidad de un liderazgo transformador, y eso significa abrir la puerta a quienes históricamente han sido excluidas. Incorporar una perspectiva diferente que ha estado ausente durante demasiado tiempo, 80 años, nada menos. Las mujeres se destacan por saber escuchar, tender puentes, resolver problemas y enfocarse en el impacto. Cuidan las instituciones mientras impulsan el cambio, y gestionan los recursos con eficacia. Estas no son cualidades abstractas—son habilidades que las mujeres aplican cada día en sus hogares, empresas y gobiernos y es hora de llevarlas al escenario global.

En un momento en que los desafíos globales emergen con formas que nunca anticipamos, en donde la tentación por competir y pelear por todos los espacios es creciente, el liderazgo con una perspectiva nueva es crucial. Un liderazgo que, desde la firmeza de las convicciones, sea capaz de construir en base a la cooperación y a soluciones que beneficien a las grandes mayorías. ¿Y qué podría ser más transformador para las Naciones Unidas que, por primera vez en su historia, tenga a una mujer al frente? Una Secretaria General permitiría que la población del mundo se viera representada plenamente y aportaría un estilo de liderazgo que el sistema multilateral necesita con urgencia en un mundo sumergido en la escalada de tensiones.

Entonces, ¿por qué no? La pregunta no es si una mujer puede liderar la ONU, sino cómo su liderazgo puede impulsar un cambio real. No esperamos que una sola mujer repare un sistema de 80 años de la noche a la mañana—esto no se trata de encontrar una superheroína. Pero sí sabemos que el cambio sistémico comienza con un liderazgo distinto, y eso implica romper con el ciclo de nombrar siempre a los mismos tipos de líderes con las mismas perspectivas.

Recuperar la legitimidad significa alinear el liderazgo de la ONU con los valores que promueve: igualdad, representación y justicia. Y eso comienza por abrir, de una vez por todas, la puerta para que una mujer asuma el liderazgo. Por eso, la pregunta debería ser: “¿Por qué no elegir a una candidata excelente que, además, refuerce la legitimidad de la ONU poniendo fin a la exclusión de la mitad de los pueblos?”

En 2026, las Naciones Unidas tienen una nueva oportunidad para romper barreras y elegir, por primera vez en su historia, a una mujer como Secretaria General. Con una posible rotación regional que favorece a América Latina, varias mujeres líderes altamente cualificadas de la región podrían asumir este cargo. Sería una excelente manera de hacer realidad las palabras de aquellas visionarias que influyeron en la Carta Fundacional.

Hagamos historia. Démosle a la ONU el liderazgo que nunca ha tenido, pero que necesita más que nunca. El momento es ahora. 


*Este texto se enmarca en la colaboración entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Latinoamérica21 para la difusión de la plataforma Voces de Mujeres Iberoamericanas. Conoce y únete AQUÍ a la Plataforma.

La teología del dominio y las guerras culturales en la política brasileña 

La corriente dominionista propone la construcción de naciones cristianas a través de la ocupación de instituciones claves de la sociedad, como forma de prepararse para la “segunda venida” de Jesús. Sostenida por la creencia de que el mundo está involucrado en una lucha espiritual del “bien” contra el “mal”, moviliza a las iglesias y a los líderes religiosos para actuar en el campo político-institucional con el objetivo de expandir sus agendas morales e imponer sus valores religiosos a la sociedad.

La Teología del Dominio está relacionada con un concepto de familia que representa el pilar de la sociedad, un espacio donde los valores religiosos se transmiten de generación en generación, basado en la unión entre el hombre y la mujer (Génesis 2:24), con el propósito del amor, la procreación y la educación de los hijos (Efesios 6:4). En esa teología, la moral es un sistema inmutable, revelada por Dios y transmitida por líderes religiosos. Este sistema sirve, además, como mecanismo de control social sobre la sexualidad, el cuerpo y las estructuras familiares. El dominionismo se configura como una forma de activismo político-religioso que busca “reconquistar” la sociedad para Dios a través de la ocupación estratégica de las instituciones.

Los dominionistas creen que los cristianos tienen el deber de dominar las siete esferas de la sociedad (familia, educación, medios de comunicación, política, economía, artes y religión) para establecer el Reino de Dios en la Tierra. La visión dominionista es postmilenial: se cree que antes de la “segunda venida” de Cristo, los cristianos deben restaurar la moralidad bíblica e instituir un orden social basado en los valores del Evangelio. Esto justifica el compromiso político de los pentecostales, que se presentan como soldados espirituales en la lucha contra el “mal”, representado por ideas como el feminismo, los derechos LGBTQIA+, el comunismo y el secularismo. La política se convierte en un campo de batalla espiritual, en el que el objetivo no es negociar, sino derrotar al enemigo.

Esta configuración religiosa se consolidó en Brasil con la elección del presidente Bolsonaro en 2018, apoyado por denominaciones pentecostales como la Iglesia Universal del Reino de Dios y la Asamblea de Dios. Su gobierno incorporó a líderes religiosos en ministerios estratégicos y promovió una alianza entre el cristianismo conservador y el proyecto político autoritario. El fenómeno, entendido como «Christofascism», establece un tipo de fundamentalismo que instrumentaliza la fe para legitimar el autoritarismo, la jerarquía y la intolerancia.  

El dominionismo utiliza la política para moldear la opinión pública y captar el apoyo de los votantes, promoviendo una legislación que refleje sus valores y concepciones morales. Uno de los protagonistas de estas batallas culturales es el diputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), el más votado en 2022. Alineado con el dominiomismo, es autor del libro «O cristão e a política: descubra como vencer a guerra cultural» (2023), en el que llama a los cristianos a luchar contra el comunismo, el feminismo, la «ideología de género» y los derechos LGBTQIA+.

El lenguaje agresivo y carismático de este líder radical lo convierte en una figura central en la actuación política-religiosa. El ascenso del diputado representa la consolidación de una nueva generación de políticos evangélicos, mediáticos, combativos e ideológicamente alineados con la extrema derecha. Su discurso refuerza la polarización temática y contribuye al avance de una agenda autoritaria que pone en riesgo los pilares del estado democrático de derecho.

Sobre el tema de las uniones entre personas del mismo sexo, la investigación muestra que, aunque la Corte Suprema (STF) reconoció este derecho en 2011, los parlamentarios conservadores buscaron revertir este logro con proyectos como el PL 5167/09, que pretende prohibir el reconocimiento legal. Otros proyectos de ley intentan cambiar el Código Civil para restringir la noción de familia a la unión entre un hombre y una mujer biológicos. En respuesta, sectores progresistas han propuesto iniciativas para consolidar los derechos de las parejas LGBTQIA+ en la legislación ordinaria, pero estos proyectos enfrentan una fuerte resistencia.

En el campo del aborto, la mayoría de los proyectos de ley analizados tienen como objetivo restringir aún más el acceso al procedimiento, incluso en los casos en que ya está legalizado. La retórica utilizada se basa en principios religiosos, como la defensa de la vida desde la concepción, y el argumento de que el aborto es una forma de asesinato sancionada por el estado. Por otro lado, los movimientos feministas y las organizaciones de derechos humanos defienden la despenalización como un asunto de salud pública, equidad y autonomía de las mujeres.

La educación es otro terreno de intensa disputa. El proyecto «Escuela sin Partido», defendido por parlamentarios dominionistas, busca eliminar de las aulas los debates sobre género, sexualidad y derechos humanos. La escuela se presenta como un espacio de «adoctrinamiento ideológico», que necesitaría ser rescatado para «proteger la infancia» y los «valores familiares». El proyecto pretende, en la práctica, restringir la libertad de cátedra e imponer una visión religiosa conservadora en el plan de estudios escolar.

La extrema derecha en Brasil defiende valores como la familia nuclear tradicional, de acuerdo con los preceptos bíblicos y la moral religiosa, y rechaza ideas como la igualdad de género, la diversidad y la inclusión social. Los grupos pentecostales están afiliados a esa ideología, con una visión de un estado limitado que sería guiado por Dios y por encima de la ley. Los pentecostales, que se han traducido políticamente en una alianza con la extrema derecha, sirve como uno de los pilares de apoyo para estas batallas culturales en Brasil. Las iglesias, especialmente las asociaciones evangélicas neopentecostales, han garantizado a los políticos una amplia base de apoyo social. Y la expansión del activismo religioso evangélico pentecostal se evidencia en las propuestas legislativas presentadas entre 2018-2024.

Estas agendas incluían la criminalización de la educación y los derechos reproductivos, entre otros, todos percibidos como violaciones de los derechos humanos. Los líderes religiosos alineados con la Teología de la Prosperidad y la Teología del Dominionismo también ganaron protagonismo y proyección en los medios de comunicación, usurpando la agenda moral y vigilante para despertar el compromiso, la monetización y la adhesión religiosa en las redes sociales. El Poder Judicial brasileño se ha convertido en un importante contrapeso para controlar los avances conservadores, pero es blanco de críticas y amenazas de la extrema derecha, que busca reducir sus poderes e influir en la opinión pública en su contra.

Finalmente, se cree que la moralización de la política basada en valores religiosos excluyentes pone en jaque el pluralismo y la laicidad del Estado. La Teología del Dominio, al transformar las disputas políticas legítimas en batallas espirituales entre el bien y el mal, elimina el espacio para el diálogo, la negociación y el reconocimiento de la diversidad. El avance de este modelo es una amenaza para la democracia, especialmente porque instrumentaliza la fe para legitimar la exclusión de las minorías y la criminalización de los derechos fundamentales.

El auge del capitalismo autoritario

En el libro La crisis del capitalismo democrático, Martin Wolf analiza cómo el orden liberal que se estableció con el triunfo de Estados Unidos sobre la Unión Soviética, basado en la democracia y el libre mercado, hoy se ha fracturado. Si bien no se trata del “fin de la historia”, como afirmó en su momento Francis Fukuyama, sí se estableció un modelo de producción ligado a un régimen específico, es decir: el capitalismo y la democracia.

Si bien en la actualidad las constantes crisis y la creciente desigualdad se han traducido en un aumento del malestar con la democracia, no ha pasado lo mismo con el capitalismo. Mientras que el mundo se ha llenado de autócratas iliberales que amenazan la democracia, el modo de producción capitalista permanece intacto.

En un mundo en crisis y con tantos líderes iliberales, el autoritarismo se ha vuelto una constante. Tanto Donald Trump en Estados Unidos como Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador o Daniel Noboa del Ecuador han sido catalogados como líderes autoritarios surgidos de la reacción del mercado. Con este panorama, podría decirse que el mundo está viviendo el auge del capitalismo autoritario.

La seducción por el autoritarismo crece, según estudios como V-DEM. Por su parte, los datos del Latinobarómetro y el Eurobarómetro muestran que la gente está dispuesta a someterse a un régimen autoritario siempre y cuando brinde seguridad, estabilidad económica, empleo y bienestar individual.

Desde la crisis de 2008-2009 el libre mercado ha ido afectando a las democracias occidentales. Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania vieron un estancamiento en sus economías, lo que impactó en el pluralismo. El establishment intentó subsanar las desigualdades sin éxito, pero surgieron voces que movilizaron los sentimientos de malestar, que  encontraron resonancia en la ciudadanía. La aparición de partidos antisistema o líderes carismáticos fue bien recibida por muchos ciudadanos que buscaban algo nuevo sin importarles que el cambio afectara a la democracia.

Mientras Occidente se estancaba, otras naciones mantenían su crecimiento y China, Singapur y la India se erigieron como bastiones del auge capitalista. Muchas naciones sin democracia –como la conocemos–, con límites a los derechos humanos y sin posibilidad de cuestionar el statu quo se vieron beneficiadas por la bonanza económica, lo cual llamó la atención en muchas partes del mundo. Mientras la democracia que prometía igualdad y progreso decepcionaba a las mayorías, el autoritarismo parecía un camino viable.

La tercera ola de la democratización, de acuerdo con Samuel Huntington, no logró la germinación del pluralismo y tampoco creó economías competitivas. En América Latina, el ascenso de outsiders ha sido una constante. Tras casi quince años de gobiernos progresistas, la derecha se fortaleció como resultado del ascenso de Donald Trump en Estados Unidos. Esto impulsó a personajes radicales como Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina o Daniel Noboa en Ecuador. Todos estos líderes juegan dentro de las reglas del capitalismo y, asociados con las élites económicas y con el deseo de reactivar las economías de sus naciones, han mermado la democracia. De hecho, ciertos analistas consideran que sus victorias representan una reacción agresiva del mercado.

Lo cierto es que los proyectos de reducción de la burocracia y la simplificación administrativa de Milei y Noboa no entusiasman a la población. La denuncia de la crisis económica por parte del peronismo en Argentina y el miedo hacia Rafael Correa y su Revolución Ciudadana en Ecuador fueron armas para capitalizar los votos. Mientras que la inversión en criptomonedas del bukelismo no es una preocupación para los salvadoreños, su mano dura contra las pandillas ha disparado su popularidad.

En este contexto, la reciente aprobación en el Congreso de El Salvador de la reelección indefinida coloca a Bukele en la antesala de una autocracia cerrada. En Ecuador, Noboa pugna por un régimen híbrido y el populismo punitivo, mientras que en Brasil el bolsonarismo muestra músculo y cuestiona el papel de los jueces y el gobierno de Lula Da Silva.

En definitiva, el mundo se ha reconfigurado con el autoritarismo de ciertos líderes carismáticos, lo cual está dando lugar a una nueva era: el capitalismo autoritario.

Rechazo cortés: cómo América Latina está construyendo nuevas alianzas

América Latina se encuentra en un momento decisivo en el terreno geopolítico. En lugar de seguir subordinándose a los intereses de Estados Unidos y Europa, la región busca, discreta pero decididamente, forjar nuevas alianzas. Si bien su tono sigue siendo diplomático, la dirección es clara: alejarse de las dependencias arraigadas y avanzar hacia una mayor independencia y relaciones de igualdad. Lo que emerge no es una revuelta, sino una emancipación silenciosa.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el reajuste de la política exterior de muchos países latinoamericanos ha entrado en una nueva fase, no solo como una reacción directa al presidente estadounidense y sus políticas, sino también como una expresión de la creciente confianza de las naciones en sí mismas. En medio de un orden mundial cada vez más multipolar, los países entre México y Chile intentan reestructurar sus relaciones con los centros de poder globales. Existe una clara tendencia, particularmente en países liderados por gobiernos de izquierda: menos subyugación, combinada con más independencia. En lugar de vincularse unilateralmente con Estados Unidos como en décadas anteriores, muchos gobiernos buscan activamente alternativas económicas y políticas, ya sea con China, la UE o impulsando los lazos regionales. No se trata de una ruptura radical, sino de la búsqueda de una vía nueva y más equitativa.

Sin embargo, los frentes distan mucho de ser homogéneos. América Latina no es un bloque homogéneo, sino una región con desarrollos políticos, económicos y sociales muy divergentes. Esta tendencia se refleja en el Índice de Transformación Bertelsmann (BTI) 2024, que destaca claramente la desigualdad en la evolución política de América Latina. Mientras países como Colombia y Chile avanzan en materia de democratización y gobernanza, otros, como El Salvador, muestran tendencias autoritarias que afectan la estabilidad política.

La región sigue profundamente dividida ideológica, económica y estratégicamente. Países con gobiernos conservadores, como Ecuador, El Salvador y Honduras, están intensificando su cooperación con Estados Unidos, a menudo en el ámbito de la política de seguridad y con la participación de asesores militares estadounidenses. Por otro lado, gobiernos progresistas, como los de Brasil, Colombia y Chile, buscan cada vez más conectar con otras regiones del mundo. Sin embargo, esta división no se basa simplemente en líneas pro o antiestadounidenses, sino que se centra en el grado de soberanía que un país puede asegurar en un sistema internacional caracterizado por la dependencia y la competencia.

Nueva confianza en sí misma, viejos patrones

Una de las señales más visibles de la actual reorientación geopolítica de América Latina es la creciente importancia de China. En foros como la reunión China-CELAC, celebrada en Pekín en mayo, se pone de manifiesto la intensa cooperación que ya existe, no solo a nivel económico, sino también en materia de educación y políticas de seguridad. China está atrayendo socios con préstamos, inversiones en infraestructura, tecnologías digitales, educación y energías renovables. En los últimos años, se ha convertido en la principal potencia comercial de la región, construyendo megapuertos y áreas metropolitanas, y ya ha reemplazado a Estados Unidos como socio más importante en países como Brasil, Perú y Chile. Más de dos tercios de los países latinoamericanos forman parte de la «Nueva Ruta de la Seda» de China, una iniciativa global de infraestructura que ha ampliado el acceso estratégico a mercados y materias primas desde 2013.

En este contexto, Europa se ha convertido en un actor más que compite por la influencia en la región. En Berlín, ha aumentado la conciencia sobre la importancia estratégica de América Latina. El actual acuerdo de coalición enfatiza la «especial importancia» del continente, exige la conclusión del acuerdo UE-Mercosur y nombra explícitamente a Brasil, México, Argentina y Colombia como socios clave. La atención se centra en materias primas como el litio, la energía verde y la expansión de cadenas de valor estratégicas. Alemania impulsa una cooperación económica concreta, por ejemplo, en materia de hidrógeno o en asociaciones justas sobre materias primas. Sin embargo, también en este caso, el éxito de las ofertas europeas dependerá de si se entienden realmente como una asociación entre iguales, en lugar de una expresión más del interés europeo por monopolizar las materias primas. Los países latinoamericanos son conscientes de su papel estratégico y de las cartas que tienen en la mano en las negociaciones.

Al mismo tiempo, estados autoritarios como Nicaragua están aprovechando la apertura geopolítica para romper relaciones con Taiwán y forjar lazos más estrechos con China. Esto a menudo se hace con un guiño a la retórica de Pekín de respeto mutuo y no injerencia, valores que resuenan en una región con una larga historia de influencia externa. Sin embargo, utilizar la soberanía estatal como pretexto para restringir las voces críticas dentro y fuera del país es una herramienta esencial para regímenes autocráticos como Nicaragua y China. En el Índice de Transformación de Bertelsmann (BTI), por ejemplo, ambos países obtienen sistemáticamente puntuaciones bajas en separación de poderes, libertad de expresión y libertad de prensa, así como en la participación de la sociedad civil.

Estos ejemplos demuestran que América Latina no es un bloque geopolítico. Los intereses nacionales, las constelaciones políticas internas y las estrategias de comercio exterior influyen en la región.

Soberanía a través de la diversidad

Un nuevo paradigma de política exterior parece estar ganando terreno en la región: la soberanía a través de la diversidad. América Latina no busca una ruptura con Estados Unidos; sus lazos económicos y culturales son demasiado profundos para ello. Sin embargo, ya no busca una lealtad incondicional, sino que los gobiernos optan por una política exterior pragmática.

No obstante, este nuevo rumbo no está exento de riesgos. Una proximidad excesiva a China puede generar nuevas dependencias tan restrictivas como la anterior dependencia de la región de Washington. El reto reside en cooperar con todos los actores sin subordinarse a ninguno. La participación de Gustavo Petro en la Cumbre de la CELAC en Pekín subraya esta ambición. El mandatario colombiano se pronunció a favor de una cooperación multilateral que no esté subordinada a ninguna gran potencia. Junto con los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y Chile, Gabriel Boric, enfatizó que América Latina estaba reivindicando su lugar en la estructura de poder global, no como un suplicante, sino como un socio con sus propias ideas de desarrollo, paz y prosperidad.

Cambio a través de la diversificación

En el nuevo marco geopolítico, América Latina se encuentra, por lo tanto, en proceso de redefinir su papel. Ya no es simplemente el receptor de los intereses de la política exterior, sino cada vez más un actor estratégico con su propia agenda. Sin embargo, la realidad sigue siendo compleja. Mientras algunos Estados se están abriendo en materia de política exterior y cultivando la diversidad diplomática, otros están recayendo en viejos patrones de cooperación militar con EE.UU., como Ecuador, Panamá y Perú. Los tres países negociaron recientemente maniobras conjuntas, intercambios de tecnología y entrenamiento militar con el Pentágono.

La tentación de recurrir a los económicamente más poderosos sigue siendo grande, independientemente de si estos centros de poder se encuentran en Washington, Pekín o Bruselas. Sin embargo, la región parece haber comprendido que la independencia geopolítica no se logra con retórica estridente, sino con una diversificación discreta pero constante. El hecho de que América Latina se pregunte ahora con quién quiere trabajar, en lugar de con quién tiene que hacerlo, puede marcar el comienzo de un nuevo capítulo: uno que se centre menos en la dependencia y más en tratar con los socios en igualdad de condiciones. Es un avance pequeño, pero abre el camino.

Raíces de la resiliencia: salvaguardando los manglares del Caribe

La región del Gran Caribe, que abarca el Golfo de México, el Mar Caribe y los Grandes Ecosistemas Marinos de la Plataforma Norte de Brasil, alberga al 26% de los manglares del planeta. Por ello, la urgencia de proteger estos frágiles ecosistemas es innegable. Entre 1980 y 2010 se perdieron en la región 7.000 km² de manglares a un ritmo de 230 km² por año. Si este ritmo continúa, los manglares podrían desaparecer por completo del Caribe en 60 años.

Los manglares son esenciales para la resiliencia climática: capturan carbono, reducen el riesgo de inundaciones y protegen la calidad del agua para las comunidades costeras. En el Caribe, constituyen una barrera crucial para las comunidades cada vez más vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos, intensificados por la crisis climática. Además de la protección, estos ecosistemas apuntalan la seguridad alimentaria y el sustento económico de millones de personas en todo el mundo, actuando como criaderos naturales para casi 800 mil millones de peces, camarones, bivalvos y cangrejos cada año.

A menos de 100 días de que se celebre la COP30 en Belém, Brasil, la urgencia de acelerar la acción colectiva y mostrar resultados concretos nunca ha sido tan evidente. Como Embajador Global de Mangrove Breakthrough, estoy comprometido con nuestro ambicioso objetivo: movilizar 4 mil millones de dólares para proteger y restaurar 15 millones de hectáreas de manglares a nivel mundial para 2030. Más de la mitad de los 40 gobiernos nacionales y subnacionales que han respaldado la iniciativa provienen de América Latina y el Caribe, incluyendo Jamaica, República Dominicana, Cuba, México y Brasil, que ostenta la presidencia de la COP30.

Los manglares brindan un apoyo fundamental a las comunidades costeras que se encuentran en la primera línea de la crisis climática. En una región altamente vulnerable a huracanes y otros fenómenos meteorológicos extremos, los manglares actúan como barreras naturales vitales, protegiendo a las comunidades de inundaciones y vientos fuertes durante las tormentas, además de frenar la erosión. Además, pueden reducir la altura de las olas hasta en un 66%, proporcionando un soporte crucial para las zonas costeras a medida que sube el nivel del mar.

La protección y restauración de los manglares no solo es esencial para su propia supervivencia, sino también para la salud de los arrecifes de coral y las praderas marinas, que están funcionalmente vinculados y son igualmente vitales para la región. El Caribe alberga el 10% de los arrecifes de coral del mundo, y el ritmo actual de deforestación de manglares amenaza con devastar el funcionamiento, la pesca, la biodiversidad y la resiliencia de estos arrecifes.

Una mayor degradación de estos ecosistemas interconectados podría asestar un golpe devastador a los medios de vida que dependen de ellos. Las poblaciones de peces de manglares, de las que dependen muchas comunidades costeras, han ido disminuyendo con el tiempo. Un estudio realizado en 2020 por los Centros Nacionales de Ciencias Oceánicas Costeras reveló que la biodiversidad en una bahía de manglares en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos había disminuido entre un 30% y un 50% en comparación con tan solo unas décadas antes.

El turismo de manglares también ofrece importantes oportunidades económicas en el Caribe, una región donde esta actividad económica representa casi el 31% de su PIB. A nivel mundial, el turismo de manglares genera miles de millones de dólares de ingresos y decenas de millones de turistas cada año.

Los ecosistemas de manglares son sumideros de carbono cruciales, con la capacidad de almacenar hasta cuatro veces más dióxido de carbono que los bosques terrestres. Esta superpotencia los convierte en aliados clave para las naciones caribeñas que buscan cumplir sus objetivos climáticos nacionales e internacionales. Los países que aspiran a ser líderes climáticos ambiciosos deberían priorizar los manglares en sus políticas ambientales.

Si bien los ecosistemas de manglares del Gran Caribe han sufrido disminuciones significativas en las últimas décadas, los próximos años ofrecen una oportunidad crucial para sentar las bases de un futuro más resiliente. Tenemos un camino claro a seguir —a través de iniciativas como Mangrove Breakthrough y con la creciente voluntad política de muchas naciones— para proteger y restaurar estos bosques vitales. Los gobiernos de la región y de todo el mundo han respaldado nuestra iniciativa, al igual que decenas de instituciones financieras, ONG y organizaciones de investigación.

Para asegurar el futuro de las naciones caribeñas, debemos actuar con decisión para proteger los manglares que quedan y restaurar los que ya hemos perdido. El fracaso no es una opción. Al colaborar con organizaciones como la Asociación de Estados del Caribe para impulsar la cooperación regional, podemos adoptar soluciones basadas en la naturaleza que salvaguarden los manglares y los ecosistemas que sustentan. De este modo, sentamos las bases para una verdadera resiliencia, garantizando un futuro más seguro y sostenible para las generaciones venideras.