Una región, todas las voces

‘Outsiders’: una ola global con lecciones latinoamericanas

Hace décadas, América Latina se acostumbró a que la política irrumpiera por la puerta de servicio y, sin pedir permiso, se sentara a la cabecera de la mesa. Cuando en 1990 un ingeniero agrónomo de ascendencia japonesa llamado Alberto Fujimori derrotó en Perú al laureado Vargas Llosa, los analistas intuyeron que algo había mutado en el vínculo entre ciudadanía y representación; cuando Hugo Chávez irrumpió ocho años después desde la rendija del antipartidismo venezolano, la corazonada se volvió patrón. Y cuando, ya en la tercera década del siglo, un comediante sin crédito partidario como Jimmy Morales se alzó en Guatemala, un maestro rural como Pedro Castillo sorprendió en Perú y un economista libertario como Javier Milei cabalgó la indignación argentina, quedó claro que los outsiders no eran una anomalía sino un síntoma ineludible de la época.

Así, la sorpresa global ante la elección de Donald Trump, la de un humorista televisivo como Volodímir Zelenski o la irrupción meteórica de Emmanuel Macron se nos hizo extrañamente familiar. Para el sur del Río Bravo, que un magnate, un cómico o un tecnócrata sin aparato propio conquistaran el poder a hombros de la irritación popular era, más que excentricidad, una rutina producto de décadas de ensayo y error. Esto nos decía algo, no solo de nuestro sistema político regional, sino de la dinámica global de la representación y de cómo las sociedades canalizan sus frustraciones cuando los canales tradicionales se atoran.

¿Por qué fuimos pioneros? Porque la región acumuló, antes y con más crudeza, tres fracturas que ahora recorren Occidente: promesas democráticas frustradas por crisis fiscales sucesivas, sistemas de partidos incapaces de metabolizar protestas y un presidencialismo personalista que la cultura popular asume sin escándalo. A ello se añadió un ecosistema mediático que, del talk-show televisivo al algoritmo, premió la estridencia instantánea. Fujimori cantaba villancicos en spots caseros y presentaba a su familia como prueba de “honradez, tecnología y trabajo”; Chávez transformó la cadena nacional en un reality perpetuo; Milei gritó “¡Que se vaya la casta!” en estudios convertidos en coliseos económicos mientras blandía motosierras como símbolo de purga. La desintermediación que hoy Europa descubre en TikTok, América Latina la probó con la televisión criolla de los noventa: cámara cercana, mensaje directísimo y una épica de salvación que saltaba por encima de Congresos, partidos y expertos.

Sin embargo, conviene no confundir al mensajero con la fiebre. Cada outsider vencedor desnuda fallas estructurales —corrupción, desigualdad, desencanto cultural— que la política convencional se resiste a admitir. Demonizarlos solo refuerza su relato antielitista y, lo que es peor, ignora que el votante evalúa resultados con pragmatismo feroz. Fujimori fue premiado mientras domó la hiperinflación y perdió legitimidad cuando forzó un autogolpe; Chávez conservó devoción popular mientras la renta petrolera financió misiones sociales y la evaporó al compás de la escasez; Milei será juzgado por su capacidad de domar los precios y recuperar el salario real, no por su estridencia dialéctica. El éxito o el fracaso de estos proyectos depende menos de su espectáculo y más de hasta qué punto convierten la frustración en bienestar tangible, seguridad cotidiana y horizonte de mérito para millones que carecen de él.

La experiencia latinoamericana arroja, por lo tanto, tres lecciones útiles al debate global. Primera: la respuesta no puede ser blindar la política contra la ciudadanía, sino modernizarla con primarias abiertas, control público en tiempo real y financiamiento transparente que reduzca la distancia moral entre representantes y representados. Cerrar las compuertas solo aumenta la presión de aguas turbias tras la represa. Segunda: los partidos que sobreviven ya no son máquinas clientelares ni catedrales ideológicas blindadas, sino plataformas porosas capaces de alojar movimientos, causas y liderazgos emergentes, incluso aquellos que incomodan a la vieja guardia. Tercera: la competencia sustantiva es por el futuro, no por la nostalgia —aunque a veces no lo parezca—. Cuando la oferta dominante se refugia en el pasado —o en un presente que no convence a la ciudadanía— el terreno queda expedito para el “que se vayan todos” con promesa de refundación exprés.

Mirar a los outsiders con pánico moral o con suficiencia académica impide reconocer que se alimentan de demandas legítimas: representación eficaz, ética pública y resultados palpables. El politólogo Guillermo O’Donnell previno sobre las “democracias delegativas”, regímenes que se legitiman en las urnas pero concentran el poder ejecutivo por la vía plebiscitaria en contextos de Estado débil. Hoy, cuando Estados occidentales votan al filo de la fractura social y coquetean con la política-reality, aquella advertencia suena menos a jerga doctoral que a manual de primeros auxilios constitucionales.

Más que preguntarnos cómo detener a los outsiders, conviene interrogar lo que su ascenso revela sobre nuestras democracias. El riesgo mayor no es que un comediante, un magnate o un economista heterodoxo lleguen al poder; el peligro es que, tras su mandato, las causas profundas de la frustración sigan intactas y se cronifique una política volcánica que erupciona cada pocos años sin remedio alguno. América Latina, pionera involuntaria, ofrece un espejo con vetas de advertencia y de oportunidad. Nos recuerda que la representación política, como la corteza terrestre, se resquebraja cuando la presión social no encuentra válvulas de desahogo. Y también enseña que las grietas pueden sellarse si las instituciones se actualizan, si los partidos se abren —por qué no, incluso, a ciertos outsiders domesticados— y si la ciudadanía se convierte en supervisora cotidiana, no en simple espectadora entre elecciones.
En última instancia, los outsiders no son la excepción: son el recordatorio de que la democracia es un proceso disputado y viviente, cuya legitimidad se renueva proyecto tras proyecto y voto tras voto. Ignorar esa verdad tectónica sería, esa sí, la verdadera anomalía.

El control de los jueces en el mundo

En todo el mundo el control de los jueces es parte del andamiaje constitucional de las autocracias electorales, es decir, regímenes que combinan el autoritarismo con tintes democráticos. Desde la teoría clásica, el Poder Judicial era un poder nulo que solo cuidaba de la Constitución; sin embargo, las democratizaciones lo han fortalecido y se ha convertido en un contrapeso para las mayorías y en un freno para ejecutivos que pretenden acumular poder.

Los nuevos autoritarismos son conscientes que los jueces pueden frenar sus planes para cambiar la correlación de fuerzas en el sistema político. El control de este poder es variado: desde la elección de jueces por voto bajo el argumento de democratizar la justicia hasta la designación de personajes cercanos al poder, pasando por la destitución de personajes que son incómodos.

Sin embargo, los liderazgos autocráticos se han sofisticado, y con ellos sus métodos. A través del andamiaje institucional se han creado organismos o cuerpos que sancionan, revisan y hasta cesan a juzgadores que pueden convertirse en personajes incómodos para el régimen. Ya sea por medio de tribunales de disciplina judicial, salas de conducta o comités disciplinarios, el objetivo es el mismo: el control de los jueces y, con ello, la limitación de la independencia judicial. Desde América Latina hasta Europa del Este, pasando por Asia, las personas juzgadoras están sometidas por diversos organismos.

El pasado 1 de junio México celebró sus primeras elecciones judiciales. Entre los cargos a elegir está el Tribunal de Disciplina Judicial, que se encargará de vigilar las sentencias y el comportamiento de los jueces. Cabe destacar que este órgano encuentra sus raíces en autocracias electorales como Polonia, Hungría o Rusia, por mencionar algunas en las que la revisión de sentencias, los criterios y el actuar de las y los juristas está marcado por la lealtad al partido en el gobierno y no por la garantía de la independencia judicial.

En Nicaragua existen la Inspectoría Judicial Disciplinaria y la Comisión Disciplinaria, las cuales se encargan de vigilar el comportamiento de los jueces; sin embargo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2006 se ha encargado de demoler los contrapesos. A finales de 2024 se removieron todos los jueces de la Corte Suprema y en 2025 la Asamblea Nacional desapareció la carrera judicial. Ahora los cargos son ocupados por allegados al régimen, pero estas instituciones sirven para inyectar miedo y sofocar cualquier intento de independencia.

En Europa del Este, los países que pertenecieron al bloque socialista pronto dejaron atrás la democracia liberal y la política fue monopolizada por líderes autoritarios. En Polonia, el entonces presidente, Andrzej Duda, reformó en 2017 el Poder Judicial y creó la Sala de Disciplina Judicial, la cual nació cooptada por miembros del Partido Ley y Justicia. Con ello se eliminó el último contrapeso del país.

En la vecina Hungría, Viktor Orbán impulsó una reforma judicial en 2011 con el objetivo de limpiarlo; removió a todos los jueces en funciones y fundó una Sala de Disciplina Judicial, con la cual se dedicó a perseguir a jueces, impulsó descuentos a sus pagos por resoluciones que contravenían la voluntad del gobierno y con ello sofocó la división de poderes. Desde 2022 la Unión Europea ha presionado para que el Poder Judicial se consolide y vuelva a tener su independencia; sin embargo, Orbán insiste en mantener el control absoluto.

En Turquía, el Consejo de Jueces y Fiscales es el órgano encargado de la designación y remoción de personas juzgadoras; el ejecutivo nombra a seis de trece miembros, y al resto lo nombra el Parlamento, donde Erdogan tiene mayoría. Este consejo se encarga desde 2014 de hacer purgas en el sistema judicial y cesar a los jueces incómodos. El argumento del líder turco es que buscó remover la corrupción que estaba anclada en este poder y con ello hacerlo más eficiente y adaptarlo a la Turquía del siglo XXI.

Cerca de Turquía está la Rusia de Vladimir Putin, el modelo de la autocracia moderna. Como buen autócrata, el Poder Judicial le pertenece. Sin embargo, dentro del Tribunal Supremo de la Federación Rusa está la Sala Disciplinaria, encargada de vigilar el comportamiento de los jueces. Esta sala nació en los albores del siglo XXI, en 2008, cuando Putin comenzaba a enquistarse en el poder. Putin, como nuevo zar ruso, tiene todo el control del país y los jueces, y con esto evita que las sentencias entren en contradicción con su proyecto político.

Putin ha erigido un régimen autoritario, y muestra de ello es que en 2009 el entonces miembro del Tribunal Supremo Vladimir Yaroslavtsev declaró en una entrevista que no había independencia judicial. Durante su encargo como juez votaba de forma opuesta a la mayoría putinista, pero esto se acabaría pronto. En 2010 los otros miembros del Tribunal Supremo lo acusaron de socavar la autoridad de este órgano y lo hicieron renunciar. Con esto la incomodidad se terminaba dentro del Poder Judicial.

Por otro lado, en Asia, países como Singapur cuentan con un Tribunal de Servicios Judiciales, que se encarga de la sanción y remoción de jueces. Cabe destacar que este país cuenta con régimen de partido hegemónico, es decir, desde la independencia solamente un partido ha ejercido el poder. Por consiguiente, los jueces que ocupan cargos altos no tienden a la independencia, sino que responden a los estímulos del poder político.

En Asia Central, países como Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán y Turkmenistán cuentan con Tribunales de Disciplina Judicial, que no son autónomos y sirven para mantener el control de los jueces. El desarrollo de estas naciones ha sido poco estudiado. Lo cierto es que, tras el derrumbe de la Unión Soviética, los autócratas se hicieron con el poder, lo que solo generó que el poder pasara de manos, pero nunca se democratizaron y mucho menos se construyeron contrapesos. 

Hay varios países que cuentan con este tipo de órganos que no necesariamente vigilan el desempeño de las personas juzgadoras para garantizar la independencia y la eficiencia, sino que sirven como una espada que impide la división de poderes. En las líneas anteriores se mencionaron algunos ejemplos de lo que se denominan autocracias electorales, pero también hay países que prefieren ejercer el control directamente desde el ejecutivo, como es el caso de Venezuela, China, Cuba, Corea del Norte y Vietnam, por mencionar algunos.

El fin del pacto de guerra negativo

Al igual que en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, el reciente conflicto entre Israel e Irán ha vuelto a poner la guerra en el debate público. El uso de la fuerza por parte del gobierno israelí, liderado por Benjamín Netanyahu, se consideró, en sí mismo, una medida extrema en diversos círculos decisorios a nivel mundial. La aleatoriedad de los objetivos elegidos para el lanzamiento de misiles y drones demostró, como en Gaza, la opción no solo de debilitar la capacidad de respuesta de Irán, sino también a su propio régimen político.

Las conexiones de Netanyahu con Estados Unidos, así como sus vínculos con las élites políticas y religiosas regionales, dejaron claro que su objetivo final no era simplemente acabar con el programa nuclear iraní. En realidad, pretendía usar la fuerza y la devastación para crear una nueva realidad geopolítica en Oriente Medio. Durante la última década, jefes de Estado y de gobierno han adoptado posturas similares, volviéndose cada vez más inflexibles en sus políticas exteriores. Con ello, optan por obstaculizar la resolución diplomática de conflictos y generar escaladas de violencia cada vez más devastadoras. La justificación de Netanyahu para librar una guerra preventiva contra Irán es el último, y quizás el último, momento en que ha cruzado la línea entre la diplomacia y la guerra. 

Al arrastrar a Donald Trump a la guerra que él mismo inició, Netanyahu deja claro que su intención era desestabilizar el régimen iraní y forzar un cambio de gobierno y sistema político en el país de los ayatolás. Desde 2023, se han grabado conversaciones entre el gobierno israelí y el heredero del último monarca iraní, así como con jeques palestinos que buscan suplantar a la Autoridad Palestina a cambio del apoyo político israelí. Si bien la guerra que Trump denominó la «Guerra de los Doce Días» no significó precisamente la victoria para ninguno de los dos bandos, sí tuvo el poder de cambiar importantes estándares en la ejecución de las prácticas de política exterior en todo el mundo. Es posible que varios países vean a sus élites buscando acercarse a las potencias globales para intentar recuperar el poder. 

América Latina no es ajena a este proceso. El intento de golpe de Estado de 2019 en Bolivia por parte de Jeanine Áñez contó con el apoyo explícito del gobierno argentino de Mauricio Macri. Juan Guaidó, por su parte, fue reconocido como el gobernante legítimo de Venezuela entre 2019 y 2022 por los países occidentales, a pesar de haberse autoproclamado presidente. Opositores al gobierno, de diversas ideologías, han utilizado esta postura para justificar posturas radicales a favor del derrocamiento de gobiernos o del fraude electoral, incluso cuando no son perseguidos en sus propios países ni enfrentan procesos judiciales por delitos cometidos.

Este es el principal riesgo que plantea el reciente conflicto internacional en Oriente Medio. Al vincular un asunto de seguridad nacional con la eliminación de todo un régimen político en otro país, a cientos de kilómetros de su territorio, Netanyahu ha utilizado la guerra como instrumento legítimo de política exterior. Esto sienta un precedente para el uso de la fuerza por parte de cualquier país que busque simplemente derrocar al gobierno de otro, no por motivos democráticos ni por violaciones de derechos humanos, sino para afirmar su voluntad y fuerza. En un escenario de creciente aplicación de las llamadas políticas de «máxima presión», especialmente por parte de Estados Unidos, esta es una posibilidad que no puede pasar desapercibida para los gobiernos latinoamericanos.

Uno de los acuerdos que trajo estabilidad tras la Segunda Guerra Mundial fue el llamado «pacto de guerra negativo». La creación de un conjunto de organizaciones internacionales, incluida la ONU, fue vista por potencias mundiales que no eran necesariamente aliadas como una forma de evitar la guerra. Si bien no conducían a un mundo de mayor cooperación, estas instituciones y acuerdos podían al menos evitar que los conflictos internacionales se resolvieran únicamente por la fuerza. Varios conflictos tuvieron lugar entre el comienzo de la Guerra Fría y el final de la década de 2010, pero el uso de la fuerza debía justificarse por algún beneficio colectivo, ya fuera para la comunidad internacional o para las poblaciones oprimidas y las víctimas de ataques de sus propios gobiernos.

Lo que presenciamos ahora es arriesgado para todas las poblaciones del mundo. Gradualmente, en las últimas décadas, varios países han abandonado esta justificación para el uso de la violencia. Incluso en intervenciones como las de Ucrania y Libia, por ejemplo, Rusia y Estados Unidos intentaron presentar el uso de la fuerza como un elemento necesario para el bien común. Al emplear la fuerza y atacar sin restricciones la infraestructura y la población civil, lo que el gobierno de Netanyahu está sentando ahora en el escenario internacional es un precedente para el regreso de la guerra total. La devastación, no la derrota política o militar, se convierte en el horizonte, al igual que la guerra civil que tanto marcó a América Latina a lo largo de sus procesos políticos en los siglos XIX y XX.

El exsecretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld, afirmó que la institución no estaba destinada a llevarnos al paraíso, sino a salvarnos del infierno. La rehabilitación de la guerra total como instrumento de política exterior podría estar llevándonos precisamente por el camino opuesto a su intención. En este contexto, América Latina podría dejar de ser escenario de una simple competencia por favores entre dos potencias y convertirse en escenario de intentos cada vez más enérgicos de intervenir en sus asuntos internos. Trump, con sus «aranceles recíprocos», ya ha dejado claro el camino que pretende tomar. Por el bien de nuestra autonomía y democracia, fruto de tantas luchas y disputas, los gobiernos latinoamericanos deberían alinearse no en torno a la devastación, sino en torno a la defensa de la cooperación.

Trump y la deriva autoritaria: ecos del fascismo en la democracia estadounidense

Trump está avanzando a pasos agigantados hacia un destino muy oscuro para la democracia. En el último mes, ha radicalizado sus frentes. En el frente externo, intensificó su accionar y, por ahora, ha zafado de la posibilidad de participar como actor principal en una guerra de consecuencias imprevisibles en Medio Oriente. En América Latina su promesa de castigar a Brasil por el proceso judicial a Jair Bolsonaro representa una forma clara de meterse en política interna a la vez que defiende la legitimidad de su propio pasado golpista en la persona de su imitador brasileño. Un ejemplo más de sus ataques a la independencia de poderes y al sistema democratico con evidentes dimensiones globales.

A esto se suma la imprevisibilidad de su política económica, en particular la guerra de tarifas, basada en un mercantilismo de escasa calidad intelectual; las mentiras sobre las cifras de desempleo; y la “hermosa” ley de Trump, aprobada en tiempo récord, que augura tiempos de mayor desigualdad económica y un déficit gigantesco.

También se destaca el aumento récord del presupuesto del ICE y su capacidad carcelaria (170 mil millones de dólares), cuyos agentes —encapuchados, vestidos como soldados de élite y armados hasta los dientes— arrestan tanto a inmigrantes indocumentados como a ciudadanos en escuelas, lugares de trabajo y tribunales.

A esto se suman actos de confusión entre lo público y lo privado que afectan directamente la fortuna del clan familiar de Trump. Comparados con los casos de corrupción en América Latina, los números resultan extravagantes. En los primeros tres meses de su presidencia, Trump incrementó su fortuna personal en 3 mil millones de dólares mediante dudosas ventas de criptomonedas “Trump” e inversiones de fondos estatales provenientes de Medio Oriente en la empresa familiar.

En cualquier otro país, si un presidente gana incluso menos de mil millones de dólares al mes, la palabra “corrupción” forma parte del análisis cotidiano. Sin embargo, Trump ha promovido abiertamente estos negocios y muchos aceptan la explicación oficial: lo hace en su tiempo libre, y aprovechar su posición en la Casa Blanca para generar riqueza no representa, según sus defensores, un problema.

Todas estas situaciones —la glorificación de la violencia y la guerra, la corrupción, y el descalabro de la previsibilidad económica— están interrelacionadas, especialmente con el último frente abierto por Trump: el interno. En este ámbito se está produciendo una escalada aún más rápida contra los pilares de la democracia.

De todas estas crisis, lo que convierte a Trump en una rara avis entre los presidentes de Estados Unidos no es solamente el beneficio económico personal o la crisis institucional, sino su voluntad monárquica o autocrática, que contradice la esencia misma de las normas constitucionales, tal como fueron entendidas históricamente.

Para decirlo más claramente: la percepción entre numerosos analistas de la política estadounidense es que Trump está profundizando su tendencia al fascismo. Me sumo a este diagnóstico como historiador especializado en el fenómeno. En tiempos recientes, Trump ha intensificado aún más su combinación de política y guerra mediante la clásica práctica fascista de militarizar la política.

También hemos presenciado una escalada represiva en California, combinada con una abierta glorificación ideológica de la violencia contra la oposición. Basta pensar en el presidente de la Cámara de Representantes, quien expresó su deseo de desprestigiar al gobernador Gavin Newsom mediante un linchamiento público más propio del Far West legendario que de una nación seria. Este jefe legislativo sugirió literalmente “embadurnarlo con alquitrán y emplumarlo”.

La inauguración de una cárcel para inmigrantes en los pantanos de Florida, denominada Alligator Alcatraz o “el Alcatraz de los caimanes”, cuya premisa —según el propio Trump— es que los animales se coman a los prófugos, constituye otro ejemplo de la glorificación de la violencia extralegal en una sociedad que parece abandonar su modernismo.

El llamado “desfile de Trump” debe entenderse también en el contexto de la crisis —y posible colapso— de la democracia en el país. Fue un ejemplo de culto autoritario al líder. En un clima de extrema polarización y demonización del otro, también han ocurrido asesinatos políticos “en solitario”, como los recientes casos en Michigan. Poco se sabe aún sobre las motivaciones del asesino, pero las respuestas del movimiento MAGA y el trumpismo resultan profundamente alarmantes.

En un país democrático, no debería haberse celebrado un desfile de cumpleaños disfrazado de aniversario militar. En todo caso, dada la gravedad del contexto, dicho evento debió haberse cancelado. Aunque fue un fracaso en términos de asistencia, Trump intentó utilizarlo para reforzar la ecuación entre su figura y el Estado, en particular con las fuerzas armadas. Como contrapartida, se registró una masiva respuesta de protestas pacíficas “antimonárquicas”, que dejaron en claro que su accionar va en contra de los valores democráticos fundamentales del país.

Los historiadores no somos adivinos, pero basándome en la evidencia de los fascismos pasados y presentes, creo que presenciaremos una escalada aún mayor en todos los frentes característicos del autoritarismo: más violencia y militarización, mayor demonización y represión, aumento de la propaganda, ataques a la prensa independiente, debilitamiento del poder judicial y desmantelamiento de las instituciones republicanas. Esperemos, también, ser testigos de una resistencia pacífica cada vez más fuerte frente a estos intentos de destruir la democracia estadounidense.

Cuatro formas de habitar Chile siendo migrante

Chile ha pasado en pocos años de ser un país de emigrantes a convertirse en un destino clave para la migración latinoamericana. Pero ese giro no ha estado libre de tensiones. Mientras los números aumentan, la inclusión real de quienes llegan sigue siendo desigual, compleja y, muchas veces, contradictoria.

¿Qué tan bienvenidos se sienten los migrantes en Chile? ¿Qué valoran? ¿Qué rechazan? ¿Qué los mantiene aquí? Una de las formas más innovadoras de responder esos interrogantes constituye la investigación desarrollada por el estudio GPS Ciudadano de Datavoz, consultora con sede en Chile, que en lugar de sondar las opiniones de los chilenos sobre cómo ven a los migrantes, fueron a preguntarle directamente a los propios migrantes latinoamericanos que llevan menos de 6 años en Chile, cómo viven su experiencia en este país.

Los resultados ofrecen una imagen ambigua. A nivel agregado, la mayoría declara sentirse bien en el lugar donde vive y afirma tener una mejor calidad de vida que en su país de origen. Sin embargo, la inclusión no es plena: un 41% percibe conflictos sociales por su origen, un 35,1% ha vivido discriminación, y poco más de la mitad sostiene que, si pudiera, volvería a su país.

Lo interesante de estas percepciones es que varían en diferentes segmentos. Específicamente, identificamos cuatro grupos que han asimilado de manera diferenciada sus experiencias de inclusión en la sociedad chilena. El grupo más grande corresponde al que denominamos optimistas desvinculados compuesto poco más de un tercio de los encuestados y se trata de personas que valoran positivamente su calidad de vida, pero que se mantienen al margen de los conflictos sociales y muestran escaso interés en la política. Se trata mayoritariamente de mujeres de diversas nacionalidades, con presencia significativa de peruanos y bolivianos, y una menor proporción de venezolanos. Además, se concentran principalmente en dos rangos etarios: adultos mayores (más de 55 años) y jóvenes entre 25 y 34 años.

En contraste, los integrados y satisfechos, representan un poco menos de un cuarto de los encuestados y reportan altos niveles de bienestar, integración y baja discriminación. Predominan en este grupo personas venezolanas de entre 35 y 54 años, con una distribución de género más equilibrada.

Los críticos o desencantados (30,2%) perciben altos niveles de discriminación y conflicto, y manifiestan un fuerte deseo de retornar a su país de origen. También son en su mayoría venezolanos, relativamente jóvenes (entre 25 y 34 años) y presentan el mayor interés por la política.

Finalmente, los ambivalentes o en tensión representan a poco menos de uno de cada diez encuestados y transitan entre la incertidumbre sobre su futuro y una baja valoración de su calidad de vida. Se trata principalmente de jóvenes venezolanos, bolivianos y peruanos de entre 18 y 24 años.

Estos perfiles nos muestran que las experiencias migratorias no son homogéneas y que las formas de integración o desconexión con la sociedad chilena parecen estar asociadas a múltiples factores, como el país de origen, la edad, el género y las expectativas de vida futura.

Las razones para permanecer en Chile también varían. Mientras los grupos Ambivalentes y Críticos se mueven principalmente por razones económicas y familiares, los Integrados valoran además el bienestar general y la educación de sus hijos. En los Optimistas desvinculados, los vínculos afectivos y la cercanía de familiares son claves.


Un dato particularmente revelador es el interés en la política: los grupos más críticos se muestran más atentos y activos, mientras quienes se sienten más cómodos tienden a desentenderse del espacio público. Este desinterés alcanza al 37,3% en el grupo de Optimistas desvinculados y puede ser reflejo de una integración pasiva, centrada en beneficios individuales más que en una pertenencia cívica.

Este mapa de trayectorias migrantes muestra que no hay una sola experiencia. Hay múltiples formas de estar en Chile: desde quienes se sienten parte del país, hasta quienes simplemente resisten el día a día. Lo que sí queda claro es que la integración no es automática: es un proceso condicionado por la edad, el origen, las expectativas y, sobre todo, por el trato recibido.

La política migratoria en Chile enfrenta el desafío no solo de administrar flujos, sino de construir vínculos. Integrar no es contener ni asimilar: es reconocer trayectorias diversas, habilitar espacios de participación y entender que la inclusión real no ocurre en los márgenes, sino en el centro de la sociedad. Hoy, muchas personas migrantes viven en Chile como una apuesta pragmática, más que como una elección convencida. Y eso tiene consecuencias profundas en la forma en que se relacionan con el país, sus instituciones y su democracia.

Los desafíos de la inclusión no se resuelven solo con políticas migratorias o discursos de bienvenida. Requieren comprender las diferencias al interior del propio grupo migrante, reconocer sus motivaciones y abrir canales reales de participación. No se trata solo de «ver cómo los chilenos miran a los migrantes», sino de generar una mirada recíproca, que evite desencuentros silenciosos y preserve nuestra cohesión social.

Muchas de las tensiones entre integración, desarraigo, discriminación y participación que vive la sociedad chilena, resuenan en otros países de América Latina que también están recibiendo nuevas olas migratorias. Reconocer estas trayectorias diversas no es solo un desafío nacional: es un imperativo regional, si aspiramos a construir sociedades más inclusivas, democráticas y cohesionadas. En un continente en permanente movimiento, entender al otro no es una opción: es nuestra única posibilidad de futuro compartido.

Imaginación “desde abajo”: repensar el futuro en tiempos del Antropoceno

Si hay algo que ha destacado a la humanidad es su capacidad de imaginar, recrear y construir horizontes de futuro. Sin embargo, frente a la triple crisis planetaria, englobada por la  contaminación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, nuestra capacidad para imaginar respuestas y acciones colectivas se ha ido aplacando, al menos desde las altas esferas políticas internacionales e intergubernamentales que están encontrando límites a la gobernanza “desde arriba”. 

“Desde abajo”, en América Latina el panorama es otro. Hay una diversidad de propuestas y experiencias que interpelan la policrisis que atravesamos como sociedad global. Tal vez sea el momento de tomar seriamente en consideración propuestas locales, con enfoque territorial, que no solo sean ambientalmente sustentables sino también socialmente justas. Solo entonces seremos realmente capaces de generar las transformaciones necesarias para abordar la crisis múltiple. 

Las grandes paradojas del Antropoceno

A lo largo del último siglo y especialmente las últimas décadas, se han producido los más altos niveles de desarrollo científico, tecnológico y social, sea en salud, educación o en temas ambientales, entre otros. Un ejemplo ha sido el manejo internacional de la pandemia de Covid-19, que marcó un antes y un después en la gestión pública de la emergencia por parte de organismos intergubernamentales junto al sistema científico y político. No sólo porque puso de relieve las amenazas del cambio climático, sino porque ilustró que es posible tomar medidas colectivas en tiempos de emergencia. 

La pandemia evidenció también la contracara de los avances tecnológicos y sociales: el modelo de desarrollo capitalista basado fundamentalmente en la explotación desenfrenada de la naturaleza que ha puesto en peligro la vida en el planeta. 

El nivel de transformación del mundo es tan impactante que algunos científicos han propuesto denominar nuestra época como la del Antropoceno, resaltando que los seres humanos nos hemos convertido en fuerzas de cambio inexorables. 

Si bien no se ha logrado un acuerdo científico para renombrar esta época, el Antropoceno es un lente muy potente para reflexionar sobre las paradojas de la crisis climática y ambiental, pero también para recrear la imaginación en tiempos de crisis múltiples y construir horizontes comunes. Menos demoledores y más justos para la vida en el planeta.

Las paradojas del Antropoceno, son las paradojas de la crisis ambiental. La primera de ellas se encuentra en la misma denominación del “Anthropos”, ¿somos todos los seres humanos responsables en la misma medida de la crisis actual o necesitamos establecer criterios claros para entender cómo llegamos hasta aquí? El Antropoceno, como concepto, presenta ciertas limitaciones al difuminar las responsabilidades, pudiendo obturar las discusiones sobre las estrategias de acción efectivas para su abordaje. Si todos somos responsables, entonces nadie lo es. 

La segunda paradoja, es la vulnerabilidad de los seres humanos frente a la omnipotencia continua de control planetario. El Covid-19 es nuevamente una muestra de esa fragilidad. Un virus de origen zoonótico afectó velozmente a la población mundial generando una pandemia sin precedentes y poniendo en jaqué el sistema social, económico y político planetario. La contracara de esta fragilidad es la idea de omnipotencia y control de la naturaleza que ha predominado a lo largo de la historia. Aquí, el hombre se distingue de las demás especies por su capacidad de transformar, controlar y domesticar la naturaleza a través de la ciencia y la tecnología.

La tercera paradoja del Antropoceno radica en el riesgo existencial en el cual nos encontramos. Estamos viviendo la mayor ocurrencia de eventos extremos como olas de calor, incendios e inundaciones, producto del cambio climático. Este es sólo un eje del rompecabezas que genera efectos en cascada de vulnerabilidades crecientes y desiguales en el mundo. 

En este contexto, ¿por qué no pensar en la idea de Antropoceno como una oportunidad para la emancipación, a través de la construcción de una nueva conciencia planetaria pero basada en lo local, en las relaciones sociales y de cuidado que se construyen desde los territorios? Tal vez, una manera de empezar sea conectar el Antropoceno con experiencias de transformación locales que ya están sucediendo y que hacen este mundo más habitable. Esta puede ser una oportunidad para ser audaces y reimaginar transformaciones sociales, éticas y tecnológicas que den lugar a renovadas formas de vida más sostenibles, justas y democráticas. 

Acción climática desde el territorio

La búsqueda de este horizonte colectivo basada en la imaginación “desde abajo” no es solo una idea conceptual: son prácticas concretas, muchas veces invisibilizadas, que abren caminos desde lo local y territorial. No hace falta ir lejos, en América Latina podemos encontrar una gran diversidad de propuestas y acciones emancipadoras, tanto en el campo como en la ciudad. A través de su capacidad de resistencia, reinvención y recreación de imaginarios colectivos, la región se convierte en una fuente de alternativas diversas para interpelar nuestro habitar en el Antropoceno. 

Una de las experiencias más potentes y menos visibilizadas en las ciudades es la que realizan las cooperativas de recicladores urbanos de la región. Las cooperativas y los recicladores son actores claves en la sustentabilidad de las ciudades. La separación de residuos, la recolección, el acopio y la recuperación de materiales reciclables son prácticas cotidianas que no solo aportan al cuidado del ambiente, sino que también sostienen economías populares, comunitarias y solidarias. Lejos de ser simples gestores de residuos, los recicladores urbanos resignifican lo que la ciudad descarta, convirtiendo basura en un recurso de la economía circular, dándole nuevos usos a los desechos que, si no, terminarían contaminando los océanos o en vertederos de las grandes ciudades. 

¿Qué hacemos con nuestros residuos, sabemos a dónde van, separarlos en origen hace la diferencia? Estas son algunas preguntas para lograr la necesaria conexión. Incluso, la concientización sobre estos procesos puede ser la clave para ampliar la imaginación, demandar políticas públicas y crear  mejores condiciones que apoyen a las iniciativas locales.

Otra experiencia de conexión con el Antropoceno es la producción de alimentos. ¿De dónde vienen los alimentos que consumimos, quienes los producen, cómo circulan y llegan a nuestras mesas?

Según datos de la FAO, el 70% de la producción de alimentos proviene de la agricultura familiar, tiene un carácter diversificado y resiliente y puede brindar respuestas a las necesidades sociales, económicas y ambientales frente al cambio climático. Con un porcentaje bajo de propiedad de la tierra, la agricultura de pequeña escala es la que contribuye a la seguridad alimentaria. Ahora bien, un enfoque integrado del sistema alimentario requerirá también la necesidad de incluir dietas más saludables, la reducción del desperdicio de alimentos y un mayor apoyo a la producción agroecológica y campesino-indígena.  

Estas experiencias ilustran de qué forma la imaginación “desde abajo” no espera grandes soluciones tecnocráticas, sino que actúa desde lo cotidiano, transformando el presente con creatividad, compromiso y resistencia. En tiempos de Policrisis, es necesario reconocer y visibilizar las acciones que ya están sucediendo en los territorios. La producción de alimentos y las acciones de reciclado con inclusión social nos recuerdan que los caminos hacia la sostenibilidad y la justicia climática pueden y deben construirse desde lo local, desde los márgenes, desde quienes han sido históricamente invisibilizados.

En definitiva, si queremos afrontar el Antropoceno con seriedad, necesitamos poner en diálogo la imaginación y las prácticas que surgen “desde arriba” con las desarrolladas “desde abajo”. Generar alianzas inclusivas que puedan transformar la crisis en oportunidad. Aprovechemos la imaginación que ya existe en nuestra región para convertir el caos en un horizonte de cambios. 

*Este texto se enmarca en la colaboración entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Latinoamérica21 para la difusión de la plataforma Voces de Mujeres Iberoamericanas. Conoce y únete AQUÍ a la Plataforma.

Los ‘influencers’ peligrosos: el crimen organizado en las redes sociales

Las bandas delincuenciales han aprendido a moverse con fluidez en las redes sociales. Con TikTok como nuevo territorio de conquista, sus estrategias de reclutamiento apuntan a las emociones, los símbolos y los vacíos del sistema. ¿Pueden nuestras políticas publicas alcanzar la velocidad del algoritmo?

Un reciente informe elaborado por el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, en alianza con el Civic A.I. Lab de la Universidad de Northeastern, confirma una tendencia alarmante: el uso sistemático de TikTok por parte de organizaciones criminales para el reclutamiento de jóvenes.

La investigación reflejó que más de 100 cuentas activas están usando patrones de comunicación diseñados estratégicamente para captar a un público vulnerable. ¿De qué manera? Prometiendo empleo con salarios atractivos, hospedaje y entrenamiento a cambio de incorporarse a las fuerzas del cártel; adaptando sus tácticas a entornos digitales de alta penetración juvenil, y enfocando su narrativa, específicamente, a segmentos como madres solteras y estudiantes.

A través de las redes, han logrado exponer un refinamiento discursivo que va más allá de la propaganda tradicional. Para ello, han sofisticado sus métodos. A partir del uso de simbología codificada —como emojis, hashtags y hasta referencias musicales—, no solo han facilitado la identificación entre pares criminales, sino que también han logrado eludir los mecanismos de moderación de la plataforma. 

En este ecosistema digital criminal, cuya estética se combina con ofertas aparentemente inofensivas de “negocios rentables”, se ha creado un espacio propicio para el enganche progresivo de nuevas generaciones. Señala el estudio que, aunque el 46 % de las cuentas se dedica al reclutamiento explícito, un porcentaje importante opera bajo modalidades de disimulo, lo cual dificulta la detección algorítmica y logra transgredir los modelos actuales de gobernanza digital en las redes sociales.

La era del crimen segmentado

Los hallazgos asociados a la segmentación funcional del contenido criminal en TikTok confirman que las organizaciones delictivas actualmente están operando con una lógica de marketing digital avanzado. Lejos de tratarse de publicaciones aleatorias, los perfiles están diseñados para cumplir roles específicos dentro del proceso de captación: unos persuaden, otros preparan el terreno simbólico y otros ejecutan el contacto final. 

Bajo una detallada arquitectura de comunicación criminal, el crimen organizado ha comprendido el potencial de las plataformas digitales no solo como canal de difusión, sino como entorno estratégico para construir narrativas de poder y pertenencia dirigidas a públicos vulnerables.

En términos de seguridad digital, el reto para los mecanismos tradicionales de monitoreo y control es enorme. La delgada línea entre propaganda, oferta laboral y crimen explícito plantea una dificultad inédita a la intervención oportuna, sobre todo cuando los contenidos están diseñados para eludir los filtros algorítmicos con códigos visuales y narrativas ambiguas. A ello se suma la fragmentación del contenido: la ausencia de símbolos criminales en algunas cuentas y el uso de mensajes neutrales, o aparentemente legales, complica aún más la identificación temprana de riesgos, tanto para los usuarios como para las autoridades.

Dicho escenario requiere una revisión profunda de las políticas públicas enfocadas a la protección de menores y jóvenes en entornos digitales y plantea una serie de interrogantes: ¿cómo integrar sistemas capaces de detectar patrones más allá de las palabras clave?, ¿qué tipo de campañas educativas podrían exponer con claridad el funcionamiento de esta maquinaria de captación?, ¿cómo regular sin censurar? ¿cómo intervenir sin criminalizar expresiones culturales? 

Son preguntas ineludibles y que ameritan una pronta respuesta, pues mientras las plataformas sigan siendo terreno fértil para la expansión del crimen digitalizado, cualquier intento de contención será, en el mejor de los casos, reactivo e insuficiente.

Un reto continental

Un estudio de la Secretaría de Gobernación de México (2021) advirtió que los grupos delictivos ya utilizaban Facebook, Instagram y chats de juegos populares para contactar a menores, y se identificaron patrones de reclutamiento digital en todo el país.

Pero esta tendencia no es exclusiva de México. En diferentes países de América Latina, el crimen organizado ha diversificado sus canales de captación juvenil. Plataformas como TikTok, Facebook, WhatsApp e incluso videojuegos en línea se han convertido en herramientas clave para cárteles y pandillas, que aprovechan su lenguaje visual y algorítmico para atraer a adolescentes mediante ofertas falsas de empleo, ayuda económica o discursos seductores ligados al poder, la pertenencia y el dinero rápido.

En Colombia, la ONU ya advirtió que estos canales se han convertido en importantes vitrinas para romantizar la vida criminal, con el fin de atraer a niños y adolescentes a los grupos armados ilegales como Disidentes y Clan del Golfo, mediante promesas falsas y símbolos de poder. Entre tanto, las autoridades colombianas advierten que cada 48 horas un menor es vinculado a estas estructuras armadas mediante contenidos que burlan los filtros y normativas digitales.

Brasil, Ecuador o Bolivia no son ajenos a esta problemática. Grupos delincuenciales estarían empleando TikTok y otras aplicaciones para difundir videos en los que se normaliza la violencia y se exalta el estilo de vida criminal, como vehículos de seducción hacia la vida delictiva. El auge de TikTok para estas finalidades ha llegado a tal punto que incluso los mismos integrantes de redes criminales suelen compartir contenido que los incrimina. 

La expansión continental del reclutamiento digital obliga, definitivamente, a repensar las estrategias de prevención con una mirada regional, intersectorial e inmediata. Si el crimen organizado adapta sus tácticas al pulso de las redes sociales, los Estados y las sociedades deberían actuar con igual agilidad para blindar a las nuevas generaciones. De lo contrario, el algoritmo seguirá reclutando allí donde el Estado no llega.

¿Es posible contener este fenómeno?

Las respuestas estatales a la delincuencia han partido históricamente de marcos penales lineales, anclados en la legalidad. No obstante, el narcotráfico y el crimen organizado, como fenómeno complejo, está rebasando esta mirada al enraizarse en contextos de desigualdad, exclusión y debilidad institucional. 

Desde esta perspectiva, estudios como El uso de TikTok en la banalización y mimetización del narcotráfico como fenómeno criminal transnacional señalan que plataformas como TikTok han permitido a estos actores transformar el crimen en una narrativa aspiracional, posicionando su estilo de vida como modelo de éxito entre jóvenes, sin alternativas reales de movilidad social. Se trata de un reto no menor: las estructuras criminales están desbordando la capacidad de control estatal con una estrategia comunicativa, eficaz y visualmente seductora.

No en vano, la sofisticación con la que los grupos criminales vienen operando en el entorno digital, donde producen contenidos que a menudo eluden las categorías legales tradicionales, muestra que el combate a estas estructuras requiere de enfoques más complejos y adaptativos. Son tantos los vacíos que es necesario romper con las visiones unidimensionales de seguridad y abrirse a un análisis más interdisciplinario. 

Porque este es el punto: no gobernamos las redes, las redes nos gobiernan; y en la medida que las autoridades continúen actuando bajo marcos rígidos y burocráticos, los grupos criminales seguirán desplegando sus estrategias flexibles y eficaces en el vasto universo de las redes sociales. Entre otras cosas, porque el crimen ya ha aprendido a operar desde la persuasión, la narrativa y la representación simbólica. ¿Y de este lado? ¿Seguiremos rezagados? Es urgente una nueva generación de políticas públicas que integren prevención, investigación profunda, financiamiento sostenido y una articulación real entre actores estatales, académicos y sociales. Solo así podremos comprender —y eventualmente contener— el poder expansivo que ha adquirido la criminalidad en el ecosistema digital.

La Geopolítica del Desencanto: Trump como símbolo de un orden en disputa

La lectura de la reaparición de Donald Trump en la escena internacional como una figura disruptiva no puede quedarse en el capricho de una personalidad arrolladora. Con su estilo provocador, no solo genera desconcierto: también aplica (aunque quizás de forma intuitiva) estrategias conocidas en psicología económica. El “anchoring” que describieron Kahneman y Tversky —fijar un punto de partida extremo para luego negociar desde allí— aparece en sus posturas duras iniciales, que luego modera al negociar tratados o compromisos.

Trump es, en muchos sentidos, un síntoma, un catalizador; una lente incómoda, pero útil, para leer los procesos de reconfiguración global. El enfocarnos en el mero personaje ayuda a comprender el estilo de liderazgo y tal vez su estrategia política, pero nos deja faltos de respuestas. 

Desde la crisis financiera de 2008, pasando por la pandemia, hasta los actuales conflictos armados —Rusia-Ucrania, Israel-Hamás, Yemen, Sudán— asistimos a un momento de profunda inestabilidad. Hay varias situaciones en evolución. Los «tarifazos arancelarios» por parte de Trump, cuyo último capítulo es la decisión de Canadá de pausar nuevos impuestos a las tecnológicas. El bombardeo estadounidense contra instalaciones del programa nuclear iraní, con el consiguiente riesgo de una escalada regional. En suma, guerras calientes conviven con tensiones crecientes en el comercio mundial, disputas por materias primas estratégicas (como las tierras raras), urgencias energéticas y desafíos medioambientales.

Trump, el “bulldozer” geopolítico 

La geopolítica, en sus tres niveles discursivos, está volviendo al centro del debate. Por un lado es utilizada entre expertos dentro de la academia. Además hay una amplia producción por parte de gobiernos e instituciones como ONGs y think tanks sobre todo desde la segunda mitad del S.XX. Y luego hay un gran uso del discurso que Gerard Toal califica como ¨geopolítica popular¨: la vinculada a los medios, películas y conversaciones en la calle. Basta mirar la curva de búsquedas de la palabra ¨geopolitics¨ en Google Trends para notar que el interés de la gente por la geopolítica crece exponencialmente. Buscar patrones y tendencias en el manejo del territorio y el poder actual tiene mucho potencial analítico. 

En ese contexto, la psicología nos queda corte para entender el fenómeno Trump, pero también el análisis excede al comercio y a la economía. Trump no es tanto el creador de una nueva política exterior, sino más bien un signo de los tiempos: refleja una fractura interna de Estados Unidos y, al mismo tiempo, cataliza un reordenamiento global.

Geografía y poder: la herencia de Tucídides en clave contemporánea

En un escenario donde la pax americana ya no puede sostenerse en sus propios términos, se buscan explicaciones para la nueva realidad. El politólogo Graham Allison rescató el concepto de ¨La Trampa de Tucídides¨, de la tensión estructural que ocurre cuando una potencia emergente amenaza con desplazar a una hegemónica, haciendo un paralelismo entre Atenas y Esparta con China y Estados Unidos. Fareed Zakaria entiende que entramos en un “mundo post-norteamericano”, donde los Estados Unidos ya no dicta las reglas en solitario, sino que el ascenso relativo de otras potencias dispersa el poder. 

Eyectados hacia un nuevo reordenamiento, la retirada parcial de Estados Unidos de la escena global, más gestual que efectiva, ha abierto espacio para la multiplicación de actores estratégicos. Europa enfrenta su vecindad inestable (Rusia, Medio Oriente, África del Norte) mientras intenta redefinir su rol en materia de defensa, inmigración y energía. Asia, por su parte, se posiciona con determinación y extiende sus tentáculos tecnológicos y logísticos por el mundo, llegando a América Latina -que ha sido tradicionalmente el ¨patio trasero¨ de los Estados Unidos-, como demuestran el Puerto Chancay en Perú, autos y baterías eléctricos en Brasil, construcción de parques solares, y el centro de datos de Huawei entre otros proyectos.

China no solo pugna por poder económico; disputa narrativas. Citando a Kishore Mahbubani, mientras Estados Unidos ha estado presente en Asia durante un siglo, China ha estado allí durante mil años. Y probablemente lo seguirá estando. Esta perspectiva histórica no solo relativiza la influencia occidental, sino que interpela las formas de lectura de los cambios globales: no todo puede observarse desde Washington.

Vietnam es un ejemplo de cómo los procesos de industrialización actuales, mediadas por la globalización y la tecnología, reconfiguran clases sociales y estructuras económicas. Sociedades que absorben población campesina hacia el trabajo industrial en crecimiento, frente a otras —como muchas occidentales— donde la clase media envejecida y precarizada experimenta el deterioro como pérdida relativa. Son dos dinámicas temporales y estructurales distintas, en competencia asimétrica. A esto se les yuxtaponen políticas públicas de desarrollo con ventanas temporales diferenciadas.

En China, Corea del Sur, Japón, Taiwán, India o Rusia hay estrategias de desarrollo orientadas al largo plazo que están dando frutos. Mientras, en Estados Unidos, una visión a corto plazo da como resultado sectores internos a distintas velocidades. Una especie de ¨dumping político¨ funciona entre sistemas que logran sostener una estrategia económica y política entre otras circunstancias a costa de la falta de alternancia en el gobierno y la supresión de la oposición, versus las democracias en las que la fecha de caducidad de los mandatos no está logrando muchas veces mantener objetivos a mediano o largo plazo. En América Latina se padece lo peor de los dos mundos. Hace 500 años se vive una inserción asimétrica a la economía que genera desigualdad social interna e impactos ambientales muy fuertes.

Trump, más que Trump: el producto de una erosión estructural

Volviendo a la figura de Trump, proponemos una mirada que excede la psicología o la moralidad del personaje. Trump no es únicamente una anomalía. Es, en todo caso, una consecuencia de los desajustes al interior de un sistema económico y político desgastado. Estados Unidos experimenta una fractura interna marcada por el debilitamiento de su clase media, la concentración de poder en sectores financieros y el empobrecimiento de amplias capas sociales desde hace décadas.

La globalización ha sido el verdadero tsunami de las últimas tres décadas. Alteró las cadenas de valor, desplazó centros productivos, fragmentó sociedades. Y lo hizo de manera desigual. Mientras algunas élites globalizadas ganaron acceso a nuevos mercados y recursos, otras —más nacionales, menos móviles— , pero no necesariamente las clases bajas, comenzaron a perder terreno. Trump, al igual que otras figuras como Bolsonaro, Le Pen o Milei, expresa esa tensión.

No se trata, entonces, de evaluar si Trump tiene razón, sino de comprender qué nos está diciendo su éxito político. Quizás su mérito sea haber señalado (intencionalmente o no) que el sistema global se está resquebrajando. La pérdida de competitividad e influencia de Estados Unidos lleva a Trump a ensayar medidas unilaterales que tensan aún más el tablero, desde ataques preventivos a enemigos estratégicos hasta presiones comerciales sobre socios históricos como Canadá. Pero también obliga a actores intermedios —Europa, América Latina, Sudeste Asiático— a repensar sus propios márgenes de maniobra. 

América Latina ante el tablero revuelto

La cuestión clave no es tanto si las regiones o países deben apoyar o rechazar a Estados Unidos o a China, o con qué lógica jugar a corto plazo en el mercado arancelario o en el de la estridencia comunicacional, sino cómo posicionarse en este mundo reconfigurado. Con vasto territorio, recursos naturales estratégicos y aún una ventana demográfica activa, países como Brasil o Argentina tienen oportunidades que no deberían dilapidarse en lecturas reactivas o viscerales. La geopolítica puede y debe ayudar a pensar estratégicamente: desde nuestra ubicación, desde nuestros intereses, desde nuestras capacidades.

Responder a las medidas unilaterales de Trump con represalias puramente emocionales o mecánicas —aumentando aranceles, por ejemplo— puede ser tan ineficaz como ingenuo. Lo que se necesita es una lectura compleja, multidisciplinaria, capaz de articular economía, sociología, historia y política exterior. Una lectura que entienda que el mundo no es unívoco y que los liderazgos carismáticos —sean de derecha o de izquierda— no pueden reemplazar el análisis estructural. Los consensos que trascienden ciclos políticos son los que a largo plazo beneficiarán a nuestras economías y sociedades.

Menos cortoplacismo, más realismo

La incertidumbre geopolítica actual no desaparecerá pronto. El orden global está en disputa, las narrativas se multiplican, los actores se reconfiguran. Trump —amado u odiado— no es el comienzo ni el fin del proceso. Es un espejo roto que refleja múltiples crisis: la del modelo neoliberal, la del multilateralismo, la de la confianza en las élites. Comprenderlo requiere algo más que condenas morales o simpatías ideológicas.

Si la geopolítica vuelve al centro del análisis es porque necesitamos herramientas complejas para pensar un mundo que se ha vuelto interconectado y a la vez competitivo. Y como nos recuerda la historia, no hay peor error que enfrentar una crisis con marcos viejos. Trump no es el terremoto, es la grieta. Y si no cambiamos el lente, solo veremos los escombros, no las estructuras que siguen crujiendo bajo nuestros pies.

Elección judicial mexicana, donde la oposición no tiene nada que reclamar

México cruzó un umbral institucional el 1 de junio de 2025: por primera vez en su historia, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, el Tribunal de Disciplina Judicial y otros órganos del sistema judicial fueron elegidos mediante voto popular. Esta reforma, de profundas implicaciones estructurales, no nació de un diagnóstico técnico consensuado ni de una presión ciudadana articulada. Fue el desenlace de una narrativa que, en medio del desgaste institucional acumulado, logró consolidar su legitimidad.

Durante años, el sistema de justicia cargó con el descrédito social: la percepción de impunidad, la opacidad de muchos jueces, el distanciamiento del Poder Judicial respecto a las causas ciudadanas y una imagen generalizada de elitismo. En ese contexto, la propuesta de “democratizar la justicia” a través del voto popular ganó terreno. Lo que en otro momento habría parecido inviable —elegir jueces y magistrados como si se tratara de diputados o alcaldes— se convirtió en una solución políticamente viable frente a una demanda difusa de cambio.

Esa narrativa prosperó en buena parte por la falta de oposición efectiva. Los partidos tradicionales, lejos de articular una defensa técnica del modelo republicano, arrastraban una corresponsabilidad evidente en la degradación del sistema judicial. Durante años fueron parte —por acción u omisión— de un diseño institucional que perdió legitimidad ante la ciudadanía.

Cuando llegó el momento de participar, optaron por el repliegue. No impulsaron candidaturas competitivas, no ofrecieron una narrativa alternativa, y tampoco defendieron públicamente la autonomía judicial desde una lógica ciudadana. Algunos actores limitaron su intervención a críticas en foros cerrados, sin capacidad de movilización ni propuestas concretas. Otros, simplemente, callaron. Esta omisión, más por impotencia que por estrategia, dejó el terreno libre a una elección sin competencia real, donde la contienda ocurrió casi exclusivamente entre candidaturas individuales, sin proyecto político que las respaldara.

Este abandono no puede explicarse sin revisar el deterioro interno de los partidos que, por décadas, dominaron el sistema político. El PAN comenzó a perder su identidad cuando dejó de ser una comunidad de principios para convertirse en una maquinaria pragmática de acceso al poder. El éxodo de figuras históricas como Pablo Emilio Madero, Bernardo Bátiz o Jesús González Schmal fue una advertencia temprana. En lugar de renovar su vocación republicana, el partido fue capturado por cacicazgos locales —como los Yunes en Veracruz o los Moreno Valle en Puebla— que lo vaciaron ideológicamente.

El PRI, por su parte, inició su declive tras perder la presidencia en el año 2000. Con el fin del presidencialismo hegemónico, también desapareció la disciplina interna que lo cohesionaba. Lo que siguió fue una lenta fragmentación territorial, pérdida de liderazgo y descomposición doctrinaria. Aunque recuperó el poder en 2012, el “nuevo PRI” pareció enfocado en ejecutar su propia ruta de extinción. En esta elección, su papel fue meramente testimonial.

El PRD, finalmente, no sobrevivió al liderazgo que ayudó a encumbrar: el de Andrés Manuel López Obrador. Desde 2012, su militancia y dirigencia migraron a Morena, y lo que alguna vez fue una izquierda con vocación crítica se redujo a una sigla sin contenido, sin estructura ni base social. En este proceso electoral, ni siquiera logró articular una posición reconocible.

Pero las carencias no fueron solo políticas. Desde el plano técnico, la reforma evidenció debilidades profundas producto de su implementación precipitada. Los requisitos de elegibilidad fueron laxos, y aunque la apertura de candidaturas se presentó como un gesto democratizador, la mayoría de los perfiles carecieron de evaluaciones objetivas que permitieran distinguir entre trayectorias sólidas y postulaciones improvisadas. A esto se sumó el desinterés de los partidos por elevar el estándar profesional del proceso.

El modelo de comunicación institucional tampoco cumplió su objetivo. La información fue confusa, mal calendarizada, dispersa y sin un enfoque pedagógico claro. No hubo debates públicos ni espacios estructurados para contrastar perfiles. La mayoría de la ciudadanía votó sin saber con claridad qué funciones tendría la persona que elegía. La autoridad electoral, sin tiempo ni herramientas suficientes, no logró traducir la relevancia constitucional del proceso en una narrativa comprensible.

La fiscalización también requiere ajustes profundos. No solo para garantizar transparencia y equidad, sino para establecer límites claros al financiamiento, y prevenir que el Poder Judicial se convierta en un nuevo espacio de clientelismo político. Un tema especialmente sensible fue el uso de “acordeones” o materiales de apoyo durante el voto. La falta de regulación específica generó dudas razonables sobre la validez del sufragio. Corresponde al INE definir, con claridad normativa, los alcances y las condiciones de estos instrumentos para futuros procesos.

Todo lo anterior se reflejó en una cifra contundente: solo el 13 % del padrón participó en la elección. Aunque jurídicamente válida, esa participación obliga a una revisión profunda del modelo: sus límites, sus carencias y sus posibilidades. Se necesita construir un marco normativo más transparente, más exigente y más funcional antes del siguiente ejercicio en 2027.

En este panorama emerge con fuerza un nombre que no puede pasarse por alto: Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco, defensor de los pueblos originarios y próximo presidente de la Suprema Corte. Obtuvo alrededor de seis millones de votos —una cifra extraordinaria en una elección de baja participación—, lo que refleja no solo eficacia territorial, sino una conexión simbólica con sectores históricamente excluidos. Su candidatura encarnó una narrativa distinta: justicia desde el territorio, no desde el escritorio; justicia con rostro indígena. Y esa narrativa logró traspasar las fronteras del cálculo político convencional.

Más allá de las críticas sobre el uso de formatos prefabricados o apoyo visual, su votación revela el surgimiento de un nuevo actor en el ajedrez político nacional, con legitimidad social y una potencia simbólica difícil de ignorar.

La elección judicial de 2025 no debe entenderse solo como una anomalía, sino como el inicio de una nueva etapa constitucional. Si este modelo habrá de continuar —como establece ya la Carta Magna—, es imprescindible corregir sus fallas de origen: fortalecer los filtros de acceso, garantizar campañas sujetas al escrutinio público, fomentar una participación informada y asumir que los actores políticos tienen una responsabilidad histórica que no pueden seguir eludiendo.

La justicia se ha abierto al voto popular. Es una realidad constitucional. No será de otro modo. Toca revisarla, fortalecerla y evaluarla. Y, llegado el momento, volver a someterla al juicio de las urnas en 2027.

Trump, el 4 de julio y el uso político de la memoria

Las efemérides en el orden político generalmente sirven para construir o consolidar relatos significativos que ayudan a consolidar a la comunidad en su conjunto o a un determinado y particular estado de cosas. Días festivos en los que el asueto laboral se ve salpicado de declaraciones oficiales y de eventos para que el orgullo local o, en su caso, nacional se vea satisfecho. Momentos en los que reivindicar el pasado y proyectar el futuro. Jornadas de cariz muy diferente que impregnan la atmósfera de trascendencia. Algunas sobrepasan las fronteras para adquirir carácter universal. Así acontece con el 4 y el 14 de julio, días que superan el marco estadounidense o el francés para proyectar su significado más allá, pero también, de configuración muy diferente, sucede con el 1 de mayo.

En el discurso del día de los caídos Donald Trump subrayó que habría una gran celebración el 4 de julio de 2026 para conmemorar el 250.º aniversario de Estados Unidos. De manera enfática señaló que «En cierto modo, me alegro de haberme perdido ese segundo mandato, porque [risas] no sería su presidente. … Además, en 2026 tenemos la Copa del Mundo y en 2028 los Juegos Olímpicos en Los Ángeles». Para terminar “¿Se imaginan? Me perdí esos cuatro años, ¡y ahora miren lo que tengo! Lo tengo todo. Es increíble cómo funcionan las cosas. Dios lo hizo; yo también lo creo. [Aplausos]. Dios lo hizo”.

Pero eso será el año que viene. ¿Qué puede señalar el mandatario norteamericano para la conmemoración de 2025 apenas cinco meses y medio después de su toma de posesión el pasado 20 de enero y del discurso en el que pronunció en seis ocasiones la palabra Panamá? Quiero centrarme únicamente en tres aspectos de lo mucho acontecido en ese lapso referidos al ámbito doméstico de la ciencia, al (des)orden regional en el vecindario y a sus relaciones con sus antiguos aliados europeos. Asuntos que pueden ayudar a dibujar una cartografía muy particular de este 4 de julio.

En mayo pasado, un artículo de The Economist contabilizaba que desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, se habían cancelado o retirado alrededor de 8.000 millones de dólares a científicos o sus instituciones, lo que equivalía a casi el 16% del presupuesto anual de subvenciones federales para la educación superior. Se rescindieron otros 12.200 millones de dólares, pero los tribunales los han restablecido desde entonces. Los NIH y la NSF habían cancelado más de 3.000 subvenciones ya aprobadas, según Grant Watch, un sitio web de seguimiento dirigido por académicos; un número desconocido había sido desechado por el Departamento de Energía, el Departamento de Defensa y otros. La mayoría de las cancelaciones habían afectado a investigaciones que no le gustan a Trump y a su equipo, incluido el trabajo que parece asociado con la DEI y la investigación sobre el cambio climático, la desinformación, la covid-19 y las vacunas. Otras cancelaciones se habían centrado en trabajos realizados en universidades de élite. Ello ha supuesto que el número de solicitudes de empleo en el extranjero de científicos estadounidenses aumentara un tercio con respecto al mismo período del año anterior; el número de investigadores extranjeros que solicitan venir a Estados Unidos disminuyó una cuarta parte.

Zhu Jingyang, embajador de China en Colombia formulaba recientemente en La Silla Vacía una irónica diatriba de que “el actual presidente de Estados Unidos tiene un apodo en nuestras redes sociales. Le decimos ‘camarada’, porque nos ayuda a construir nación. Menudo favor el que le está haciendo a su propio país con el objetivo de ‘Make America Great Again’. No, está ayudando a hacer grandes a otros”. Fuera de esta invectiva no exenta de sarcasmo. En América Latina, dejando de lado los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, Trump ha tensionado al máximo las relaciones con Colombia, México y Panamá, tres países que siempre mostraron un nivel de colaboración y de cercanía con Estados Unidos, mantiene un distanciamiento significativo con Brasil y Chile y, en dirección opuesta, solo ha consolidado relaciones de inequívoca amistad con Argentina, Ecuador y El Salvador.

En relación con sus tradicionales socios europeos el horizonte es asimismo complejo. Fuera del conflicto suscitado por las tarifas y por la incapacidad de mejorar la situación en el escenario bélico de Ucrania y del oriente próximo, su empecinamiento a la hora de querer comprometer mayores compromisos presupuestarios en defensa ha supuesto la apertura de un conflicto de consecuencias impredecibles. El gobierno español, liderado por el socialista Pedro Sánchez, ha cuestionado la demanda estadounidense de alcanzar un presupuesto de defensa que llegue al 5% del PIB.

En ausencia de una política común europea de defensa, el envite supone una caprichosa medida bajo el señuelo de que los Estados Unidos han pagado demasiado durante mucho tiempo sin tener en cuenta los beneficios indirectos obtenidos del mercado europeo. Por otra parte, y como ha puesto de relieve la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada en Sevilla, la desatención de la misma para dedicar esfuerzos financieros al gasto militar en un escenario de pleno rearme es la peor de las medidas de cara al futuro, puesto que la estabilidad global se juega también en el Sur Global.