El conflicto armado colombiano ha dejado una profunda marca en la sociedad y el territorio. Aunque hubo mucha esperanza sobre lo que podía ocurrir en el país tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), lo cierto es que desde entonces se ha venido registrando el recrudecimiento de la violencia en diversas regiones. Esta situación afecta de manera desproporcionada a la población civil pues, entre otras, la expone altamente a ser objeto de violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), como lo ha registrado el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia.
Las niñas, niños y adolescentes; comunidades rurales y étnicas; mujeres; y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales diversas, son algunos de los grupos poblacionales que sufren las afectaciones diferenciadas del conflicto armado. A estos, se suman las personas migrantes que se vieron forzadas a abandonar sus países por diferentes causas y que residen o están de paso por Colombia. Al fenómeno en el que se encuentran inmersas estas últimas se le ha venido conociendo bajo el nombre de doble afectación por la importancia que ha requerido el uso del concepto para visibilizar explícitamente su situación. Aun así, hay una diversidad de casos en los que estas personas –en contexto de movilidad forzada internacional, víctimas del conflicto armado–, experimentan dinámicas de afectación triple y múltiple.
En el nororiente colombiano, en la zona de frontera con Venezuela, se encuentra la región del Catatumbo, integrada por varios municipios y resguardos indígenas. El Catatumbo ha sido una zona fuertemente golpeada por la violencia desde hace varias décadas.
A mediados de enero del 2025, esta región fue noticia por la violencia perpetrados por grupos armados no estatales (GANE), que forzaron a las personas habitantes del lugar a desplazarse hacia los municipios de Cúcuta, Ocaña, Tibú y Hacarí. Según Human Rights Watch (HRW), uno de estos grupos inició una campaña para recuperar el control de zonas del Catatumbo, en virtud de la cual se ha asesinado, secuestrado y desaparecido a población civil acusada de tener vínculos con otro GANE presente en la zona y que surgió después de la firma del referido Acuerdo de Paz de 2016.
HRW reporta que los enfrentamientos entre estos grupos han obligado a más de 56.000 personas a huir de sus hogares. Por su parte, ACNUR precisó que, a un mes de ocurrencia de los hechos, los enfrentamientos habían afectado a unas 80.000 personas, de las cuales, más de 52.000 habían sido forzadas a huir de sus hogares y comunidades. Otras 19.000 personas habían enfrentado restricciones a su libertad de movimiento, mientras que más de 8.600 permanecían en confinamiento sin posibilidad de desplazarse. Entre las personas afectadas, se encontraban más de 47.000 niñas, niños y adolescentes, así como unas 4.600 personas refugiadas y migrantes venezolanas. Desde ACNUR se declaró que “desde que existen datos oficiales, este es el mayor desplazamiento masivo en Colombia generado por un mismo hecho”.
Esto corrobora que las personas venezolanas forzadas a migrar hacia Colombia, ya vulnerables por haber huido de su país, se convierten en víctimas del conflicto armado. Según los datos más recientes de Migración Colombia, hasta enero de 2025 había casi tres millones de personas migrantes provenientes de Venezuela en el país. Sin embargo, no se sabe con certeza cuántas de estas han sufrido, por lo menos, un hecho victimizante con ocasión del conflicto armado. Pues, además del generalizado y alto subregistro que existe en Colombia de las violaciones al DIH y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), no se cuenta con datos oficiales públicos que den cuenta de la situación.
No obstante, el citado reporte del ACNUR prende todas las alarmas, no sólo porque alerta sobre el impacto del conflicto armado en la población en contexto de movilidad forzada internacional, sino por todas las barreras que enfrentan estas personas para el reconocimiento de sus derechos fundamentales como víctimas (contemplados, entre otras, en la Ley para las Víctimas).
La primera de las dificultades es la falta de acceso a información sobre rutas de atención y derechos. A propósito de esto, se han conocido casos en los que las personas que sufrieron el desplazamiento forzado en el Catatumbo (junto con los demás hechos victimizantes que vivieron), no sabían por qué les habían incluido en un censo con posterioridad a los hechos. También hubo víctimas que desconocían su derecho a la verdad, justicia y reparación integral, con todo lo que el reconocimiento de estos derechos implica.
La segunda barrera tiene que ver con los impedimentos que sufren, derivados de su nacionalidad y/o estatus migratorio, para presentar la declaración del o los hechos padecidos, ante entidades que integran el Ministerio Público. Si bien se conoce que para lo ocurrido entre enero y febrero (aunque los hechos de violencia en el Catatumbo hasta el mes de marzo no mermaban) se activó una ruta de atención para la declaración masiva, hubo muchas personas que quedaron por fuera de esta. No obstante, se resalta la labor del Ministerio Público a finales de abril para asegurar que durante una jornada, víctimas del conflicto armado pudieran presentar su declaración.
El tercer obstáculo tiene que ver con la no inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV) por parte de la Unidad para las Víctimas (UARIV) y, en consecuencia, el no reconocimiento jurídico o formal de su condición de víctimas. En todos los casos que hemos conocido desde la Red-LEM, esto se debe al estatus migratorio de las personas y/o a exigencias desproporcionadas para probar el hecho, particularmente, cuando se trata de desplazamiento forzado.
Los hechos ocurridos en el Catatumbo, tan estremecedores como preocupantes, se añaden a una serie de situaciones de violencia que han tenido lugar en distintos puntos del territorio colombiano, con consecuencias adversas para las personas –como el desplazamiento interno–, según la Defensoría del Pueblo de Colombia. El escalamiento del conflicto, que ya hemos advertido antes, requiere una respuesta firme y coordinada por parte de las autoridades colombianas. Dicha respuesta debe ser garante de los derechos de las víctimas del conflicto armado, entre ellas, quienes se encuentran en contextos de movilidad forzada internacional, como ocurre con los migrantes venezolanas víctimas del conflicto armado en el Catatumbo.
