De la retórica a la acción: Colombia y el desafío de articular a América Latina y el Caribe

Juan Gabriel Jaramillo Giraldo
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De la retórica a la acción: Colombia y el desafío de articular a América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe se enfrenta a la necesidad de fortalecer sus vínculos estratégicos y de avanzar hacia una integración regional más efectiva en un periodo marcado por las tensiones geopolíticas, el auge del proteccionismo y el debilitamiento del orden internacional basado en reglas. Históricamente, la región ha mostrado dificultades para impulsar agendas comunes, articular posiciones frente a los desafíos globales y establecer mecanismos que dinamicen sus economías. Sin embargo, este contexto plantea la oportunidad de repensar el papel de América Latina y el Caribe en la arena internacional, consolidando una voz unificada que priorice el interés colectivo por encima de divisiones ideológicas.

En este sentido, la integración debe entenderse como una política de Estado capaz de abordar desafíos que trascienden fronteras, como la seguridad alimentaria, el cambio climático, los flujos comerciales y las crisis migratorias. Su carácter transnacional exige respuestas coordinadas entre los países de la región. Colombia, en un contexto de creciente apertura al diálogo regional y participación en foros multilaterales, tiene la oportunidad de impulsar una agenda basada en la cooperación, la confianza mutua y la construcción de consensos.

Asumir este rol implica que Colombia aproveche su posición como presidente pro tempore de organismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Alianza del Pacífico (AP), la Comunidad Andina (CAN) y la Asociación de Estados del Caribe (AEC). En estos espacios se requiere de una diplomacia activa que fortalezca las capacidades de concertación, fomente el diálogo político permanente y asegure que las iniciativas respondan a las demandas legítimas de la ciudadanía. 

Integración más allá del discurso

América Latina y el Caribe cuentan con una arquitectura institucional amplia y diversa que proclama objetivos comunes como la concertación política, el desarrollo sostenible, la equidad social y la integración económica. Sin embargo, muchos de estos organismos no logran traducir sus mandatos en resultados concretos. Esto se debe, en gran medida, a la visión cortoplacista de los Estados miembros, las persistentes disputas ideológicas y la duplicidad de esfuerzos, que socavan la efectividad de los compromisos adquiridos y frenan el avance de una integración con impacto real.

En este sentido, fomentar un comercio intrarregional más dinámico se perfila como un paso esencial para superar las barreras que han limitado la implementación de iniciativas regionales con potencial para mejorar la calidad de vida en la región. América Latina y el Caribe aún tienen una deuda pendiente en materia de integración económica: mientras que en Europa el comercio intrarregional representó alrededor del 68% de los intercambios totales en 2024, según estimaciones de la UNCTAD, en América Latina y el Caribe alcanzó el 13%, levemente superior al 12% reportado por África, el continente con la tasa más baja del mundo. Esta brecha refleja no solo una integración comercial débil, sino una asignatura pendiente para fortalecer los mercados.  

Para avanzar en esa dirección, no basta con el diálogo entre los actores regionales; es necesario coordinar estrategias entre los distintos bloques para reducir la fragmentación institucional y evitar duplicidades. La convergencia entre aliados es indispensable para generar sinergias orientadas a una mayor cohesión regional, particularmente en el escenario internacional. En un orden global en transformación, América Latina y el Caribe necesitan actuar de manera concertada para impulsar agendas comunes que maximicen sus capacidades y beneficios colectivos.

Grandes retos, nuevas oportunidades

Colombia ha orientado históricamente su política exterior bajo la doctrina del respice polum (“mirar hacia el norte”), priorizando relaciones estrechas con Washington en materia de cooperación bilateral. No obstante, este enfoque ha contribuido a un relativo distanciamiento de los procesos de integración con sus vecinos latinoamericanos. Frente a los desafíos actuales, se abre una oportunidad para revitalizar el enfoque del respice similia (“mirar hacia sus semejantes”), promoviendo vínculos más sólidos con los países de la región. Este giro está respaldado por el artículo 9 de la Constitución Política, que establece como mandato el impulso de la integración latinoamericana y caribeña como orientación fundamental de la política exterior colombiana. 

A propósito de la Cumbre del Gran Caribe, celebrada en Cartagena y Montería entre el 26 y el 30 de mayo de 2025, que reunió a jefes de Estado y de gobierno, organismos internacionales y líderes regionales para debatir temas como la transformación digital, la justicia climática y la economía azul, Colombia asumió un rol protagónico en la articulación de posiciones y la promoción del diálogo regional. Este espacio permitió al país proyectarse como un puente estratégico para la construcción de consensos y la coordinación de agendas comunes. Su ubicación geográfica privilegiada lo convierte en un nodo de conexión natural —y político— entre Centroamérica, Suramérica y el Caribe, afianzando su perfil como Estado bisagra en la integración regional.

La presidencia pro tempore de Colombia de diversos organismos multilaterales, como mencionábamos antes, representa una oportunidad estratégica para reconfigurar su política exterior con un enfoque regional. Esto implica transitar de un esquema predominantemente bilateral con Estados Unidos hacia una diversificación de alianzas en América Latina y el Caribe, fortaleciendo el multilateralismo regional y promoviendo soluciones colectivas a los desafíos compartidos. 

En un contexto global caracterizado por el aislamiento, las guerras comerciales, la proliferación de conflictos y la creciente fragmentación política, América Latina y el Caribe están llamados a actuar de manera concertada para mitigar los efectos adversos sobre sus economías y sociedades. Colombia, como eje de articulación regional, no puede desaprovechar esta coyuntura histórica: asumir un liderazgo integrador ya no es una opción, sino una necesidad impostergable para revitalizar el proyecto regional. 

De allí la importancia de que el gobierno del presidente Gustavo Petro asuma con coherencia y responsabilidad los compromisos adquiridos en el marco de los organismos multilaterales. La integración regional no solo requiere de voluntad política, sino de gestos concretos de compromiso. En ese sentido, causó preocupación la ausencia del mandatario colombiano, en calidad de anfitrión, durante la clausura de la Cumbre del Gran Caribe el pasado 30 de mayo. Este tipo de situaciones debilitan el liderazgo regional que Colombia busca ejercer y ponen en entredicho su capacidad de articular consensos desde una diplomacia activa y confiable.

Derivas políticas de la condena a prisión de Cristina Fernández de Kirchner

Diego M. Raus
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Derivas políticas de la condena a prisión de Cristina Fernández de Kirchner

El martes 10 de junio la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo, compuesto por varios fallos de instancias judiciales previas, que condenaba a seis años de prisión a la dos veces ex presidenta y ex vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (CFK). La causa Vialidad encontró a CFK culpable de mala administración de los recursos públicos, en tanto que jefa de estado, y enriquecimiento ilícito. El miércoles 18 la ex presidenta tuvo que presentarse en la sede del poder judicial para notificarse oficialmente de la condena y, oficialmente también, quedar detenida. Por su edad y sus antecedentes como ex jefa de estado, en condición de prisión domiciliaria.

Obviamente, por lo antedicho y por el rol de CFK como líder de la principal estructura política de oposición al gobierno de Milei, esta situación, si bien esperada, generó una conmoción y movilización de partidarios todavía en marcha. A la vez impidió cualquier tipo de debate reflexivo y con ciertos fundamentos. La discusión se da entre los que consideran por definición que el fallo es una proscripción de la ex presidenta, quien se iba a presentar como candidata a legisladora provincial en las elecciones intermedias de octubre 2025, y quienes, con la misma convicción, consideran que la condena es justa y salda años de corrupción del kirchnerismo. En el medio, la nada.

A partir de allí considero que hay cinco puntos que se abren inmediatamente en la política argentina del presente a partir de este fallo. En primer lugar, la condena, que conlleva la pena de prohibición de ejercer cargos públicos de CFK ad eternum, pone en jaque político a la principal líder opositora del país y, junto a Milei, a una de las dos figuras políticas relevantes y referentes de la política argentina actual. Es decir, como muchos medios señalan coloquialmente, se ha sacado a Cristina de la cancha. Ahora solo juega a ganador un solo equipo/persona: el presidente.

En segundo lugar, el Partido Justicialista, el eterno partido peronista que tantas veces cambió de denominación, liderazgo (luego de Perón) y orientación política, quedó desestabilizado, dado que se preparaba para la importante elección de renovación parlamentaria de octubre contando con CFK como una figura excluyente para unificar en la decisión del voto al disperso electorado peronista. Si bien se habían empezado a posicionar otros liderazgos para esa elección, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la figura y presencia en la boleta electoral de CFK era un capital insustituible.

Por otro lado, el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) de Milei cuenta con estas elecciones para confirmar, o no, que definitivamente se ha convertido en una nueva hegemonía política en la Argentina. Por organización política nueva y porque lleva adelante un programa libertario en lo económico, antiwoke, bastante antiderechos y de absoluto alineamiento con Estados Unidos. Esta elección venidera es un termómetro para ver si LLA/Milei simplemente fue un emergente del hartazgo de gran parte de la sociedad —de izquierda a derecha— con el predominio kirchnerista de las últimas dos décadas o, como cree el gobierno, el intérprete de un drástico cambio político y cultural de la Argentina. 

En esta batalla electoral, el gobierno quería tener enfrente la candidatura de CFK, entendiendo que era una candidatura polarizante y que aglutinaba electorado a su favor. El fallo desbarató esta lectura y estrategia política del oficialismo. A barajar y dar de nuevo.

En quinto lugar, la salida de CFK y la búsqueda del mileísmo de una nueva estrategia electoral para octubre abre la posibilidad, y la necesidad, política de emergencia de una oposición política al agresivo programa político de LLA/Milei y su intención de reelección en 2027. Hasta esta semana, cualquier oposición frontal y relevante al gobierno incorporaba al peronismo en su formato kirchnerista. La posible lenta disolución del kirchnerismo, tanto al interior del peronismo como al exterior del sistema político del país, genera que naturalmente las corrientes opositoras se irán moviendo, entre octubre de 2025 y las presidenciales de 2027, en la conformación de espacios políticos que confluyan al final en un frente de clara confrontación con la política libertaria. Hay que entender que esta política polariza. No confluye en nada y para nadie. Es la política schmittiana de amigo-enemigo. El que debe ahora reorganizarse es el enemigo, es decir, la oposición.

Una encuesta de estos días de una consultora respetada, Zuban Córdoba, señalaba que, en porcentajes redondos, el 55 % de los encuestados entendían que el fallo condenatorio era justo, mientras que el 45 % lo consideraban parcial y proscriptivo. Pero, y este es el dato significativo, dentro del 55 % que adherían al fallo, el 70,9 % eran menores de 30 años. Es decir, en la población joven hay una mayoría que avalaba y creía en lo justo del fallo. 

Quizás haya que comenzar a leer que la población joven, la de presencia y protagonismo público en el corto y mediano plazo, está reclamando otra cosa, tiene otras expectativas.

Brasil en la montaña rusa del Déjà Vu Regulatorio de la IA

Katia Augusta Maciel   |   Inês Maciel
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Brasil en la montaña rusa del Déjà Vu Regulatorio de la IA

Abróchense los cinturones: la inteligencia artificial ya ha invadido la vida cotidiana brasileña como los extraterrestres de Mars Attacks (1996), implosionando certezas y exponiendo vulnerabilidades. No es mera coincidencia que la misma extraña nave espacial aparezca en Bacurau (2019); después de todo, Brasil siempre parece estar lidiando con algún tipo de invasión, ya sea tecnológica, política, cultural o extraterrestre. ¿Qué nos queda ante esta turbulencia? Intentar salir de la zona de impacto, mientras la regulación de la IA se tambalea en el Congreso y el país observa, entre perplejo y resignación, el avance de las máquinas. 

El desafío es monumental: ¿cómo equilibrar la innovación, la soberanía nacional, los derechos fundamentales y la seguridad jurídica sin caer en el viejo dilema del «camino corto»? El debate es antiguo, pero el tiempo apremia. Ya contamos con un mosaico de leyes —la Ley de Acceso a la Información, el Marco de Derechos Civiles en Internet, la Ley General de Protección de Datos—, pero carecemos de una regulación específica para la IA.

Lo cual, por cierto, no es solo nuestro problema. El impasse sobre cómo regular la inteligencia artificial es global. Europa, Estados Unidos y China también buscan a tientas un modelo capaz de equilibrar la innovación y la protección de los derechos, sin frenar el crecimiento ni dejar el futuro en manos invisibles del mercado. Recientemente, el Tribunal Supremo Federal lideró un debate histórico sobre la rendición de cuentas de las grandes tecnológicas. El mensaje es claro: no basta con externalizar las decisiones a algoritmos ni esperar que los gigantes digitales se autorregulen. El Estado debe asumir su papel, y la sociedad debe exigirlo.

Desde 2019, los proyectos de ley sobre IA han estado circulando en el Congreso. En 2022, un comité de expertos legales presentó al Senado el informe que dio lugar al Proyecto de Ley 2338/2023, el llamado «Marco Legal para la Inteligencia Artificial en Brasil». El proyecto superó una intensa consulta pública (35.806 votos a favor y 31.547 en contra), fue aprobado en el Senado y, desde marzo de 2025, espera la aprobación de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, la IA avanza a un ritmo acelerado, sin necesidad de autorización.

En el extranjero, el ritmo es diferente. Según el Índice de IA de Stanford y la Herramienta de Vibración Global 2024, Estados Unidos lidera el ranking mundial de contratación en IA, seguido de cerca por China y el Reino Unido. Brasil, aunque lejos de los líderes, destaca por su crecimiento relativo: fue el segundo país con más contrataciones en 2024, con un crecimiento del 30,8%, solo por detrás de India. El ecosistema nacional de IA se está expandiendo rápidamente, lo cual es positivo, o alarmante, según se mire.

El informe «Valor en Movimiento» de PwC proyecta que la IA podría sumar hasta 13 puntos porcentuales al PIB de Brasil para 2035, si se implementa de forma responsable y con la confianza de la sociedad. Solo en 2025, el impacto estimado es de 130 000 millones de dólares. Big Tech, Big Data, Big Numbers: todo es superlativo en el horizonte digital. Pero mientras el PIB sueña, la privacidad y la autonomía de los ciudadanos se convierten en moneda de cambio. ¿Cómo podemos confiar en tecnologías que utilizan grandes volúmenes de datos sin una regulación adecuada? Esta situación provoca que cada vez más personas rechacen las condiciones que permiten que sus datos personales, recopilados automáticamente por robots en miles de sitios web, se utilicen para entrenar la inteligencia artificial.

El gobierno, al menos en teoría, está intentando avanzar. En 2021, lanzó la Estrategia Brasileña de Inteligencia Artificial (EBIA), reconociendo los impactos transversales de la tecnología. Pero en la práctica, se enfrenta a dos obstáculos: la dificultad de articulación política y la falta de infraestructura soberana. ¿El resultado? Lentitud, desarmonía y una sensación crónica de déjà vu regulatorio. El ritmo de la tecnología es exponencial; el ritmo del Congreso es glacial.

El mayor obstáculo es quizás la insuficiencia de las herramientas regulatorias: leyes arcaicas intentan contener algoritmos que aprenden por sí solos. El resultado es un vacío ético y legal, donde la innovación se desboca y las consecuencias se posponen. Como siempre, el lobby trabaja entre bastidores. Y por si fuera poco, existen desafíos históricos —infraestructuras deficientes, educación desfasada y una burocracia que parece diseñada por Kafka en sus días más inspirados— y también prácticos.

El avance de la IA puede generar crisis en cadenas de producción enteras, y aún se debate poco sobre el enorme impacto ambiental del uso masivo de estas tecnologías. Están apareciendo centros de datos en Sergipe, Alagoas, São Paulo, Río de Janeiro y otros estados, en una fiebre del oro digital que recuerda al viejo ciclo del extractivismo: demasiada prisa, muy poca reflexión.

En cuanto a la infraestructura, seguimos siendo dependientes: no tenemos suficientes cables submarinos ni producimos nuestros propios chips. Mientras tanto, Starlink de Elon Musk cubre el 90% de las ciudades de la Amazonía Legal con internet satelital, llegando a lugares a los que el Estado no puede acceder, incluyendo zonas mineras, según Ibama. Este es el vampirismo de las grandes tecnológicas: capturan miles de millones de dólares en datos mientras nosotros, voluntariamente, ofrecemos nuestra sangre, sudor y privacidad.

Sin embargo, es fundamental no confundir regulación con censura. Regular no significa restringir la libertad de expresión, sino garantizar los derechos, la transparencia y la rendición de cuentas. El debate debe estar informado, no contaminado por falacias ni alarmismo. Regular la IA —y las plataformas digitales— significa crear un entorno seguro para la innovación, protegiendo a la ciudadanía y la democracia.

Entonces, ¿qué debemos hacer como sociedad civil? Leer, informarnos y compartir contenido de calidad. En tiempos de noticias falsas y bravuconería, el contacto visual y la credibilidad personal son armas de resistencia. Es urgente presionar al Congreso y al Gobierno Federal para que prioricen la regulación de la IA. Solo así podremos avanzar en debates igualmente cruciales: cómo garantizar la soberanía digital, democratizar el acceso y educar a la ciudadanía para la inclusión cibercultural.

Brasil, con su potencial en energías renovables, puede cambiar esta situación, si así lo desea. Necesitamos plataformas digitales que respeten nuestros intereses, reglas claras y una infraestructura menos dependiente. No es fácil, pero tampoco imposible. El futuro digital del país depende de nuestra capacidad para salir de la zona de turbulencia y tomar el control del barco. Y si todo sale bien, nuestro grito no será «¡Eureka!», sino «¡Uf!», aliviados de haber dejado finalmente de intentar recuperar el tiempo perdido y, quién sabe, liderado la siguiente ola.

En colaboración con la Red Nacional de Combate a la Desinformación (RNCD) de Brasil, el Ibict y el ICIE, Latinoamérica21, junto con The Conversation Brasil, Brasil de Fato y otras plataformas aliadas impulsamos la difusión de contenidos que promuevan una ciudadanía más informada y crítica, para enfrentar la desinformación, una amenaza creciente para la democracia, la ciencia y los derechos humanos. 

*Este artículo se basó en las sugerencias de los investigadores Marcelo Bressan, Leo Falcão y Rodrigo Ríos, del Laboratorio de Diseño Narrativo, Imaginación y Experiencias (NIX) de la Escuela César, y Marcelo de Carvalho, profesor de la UFF.

Las políticas del Gobierno de Boric hacia el pueblo mapuche son más de lo mismo

Victor Tricot
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Las políticas del Gobierno de Boric hacia el pueblo mapuche son más de lo mismo

Gabriel Boric, el joven presidente proveniente del movimiento estudiantil de la década anterior, asumió su gobierno encarnando la pulsión por el cambio expresado durante el estallido social de 2019 y aupado por el rechazo a la ultraderecha pinochetista que había triunfado en la primera vuelta de la elección presidencial. Pero ya en su primer año, el gobierno mostró que su línea, de cara a la cuestión Mapuche, sería el continuum de dominación del Estado chileno sobre los pueblos indígenas. De hecho, su período ha estado marcado por las luchas de estos pueblos por abrir espacios de participación política, integrar procesos políticos e institucionales, la entrega de propuestas concretas, ataques racistas, militarización de territorios y la sempiterna desilusión por la falta de resultados.

Para comprender las políticas implementadas desde el Estado durante el gobierno de Gabriel Boric, es necesario profundizar en tres puntos fundamentales:  la derrota de la Convención Constitucional y sus consecuencias; el Plan Buen Vivir y el mantenimiento del estado de excepción; y finalmente, la instauración de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.

En primer lugar, la derrota estrepitosa en las urnas de la propuesta constitucional elaborada entre 2021 y 2022 por la Convención Constitucional, dejó huellas persistentes. El proceso había iniciado con la ilusión de la inclusión, por primera vez, de escaños reservados para indígenas (7 mapuche), su primera presidente fue Elisa Loncon, dirigente mapuche, y el borrador incluyó muchas demandas de largo plazo de los pueblos indígenas. Pero la ilusión dio lugar a la decepción tras la derrota por un amplio margen en el plebiscito de septiembre de 2022, siendo además las propuestas indígenas, en particular la plurinacionalidad, señaladas como las grandes responsables de la derrota.

Esto fue interpretado desde la derecha como un portazo de los chilenos a las demandas mapuches, con consecuencias claras en cuanto a la presencia e influencia del movimiento indígena, tanto en las calles como en el proceso constitucional ulterior de 2023, donde sólo hubo un representante indígena, quien luego renunció. Este segundo proceso, coincidió con un aumento del apoyo a la derecha y extrema derecha en las encuestas, con la demonización de las demandas mapuche y la normalización del discurso racista y xenófobo, especialmente en redes sociales, del cual la ex presidenta de la convención, Elisa Loncon, fue la principal víctima.

Este contexto golpeó a la izquierda y a los movimientos y organizaciones sociales chilenas, pero sobre todo al gobierno, quien perdió el control de la agenda. Boric había llegado al poder apoyando medidas de reparación territoriales y derechos colectivos de los mapuche, criticando, a su vez, la utilización del estado de excepción en la zona por parte del gobierno de Sebastián Piñera.

Si bien el gobierno entrante no renovó el estado de excepción, a pocos meses de asumir Boric lo volvió a implementar argumentando el incremento de los ataques incendiarios. En la práctica, se trata de la militarización de la zona con presencia de Carabineros, militares, la Armada y el patrullaje de la aviación para controlar el territorio. Los actos de violencia han disminuido, pero la zona lleva ya más de tres años (prácticamente todo el periodo de Boric) bajo control militar. De esta manera, el Gobierno está recurriendo al mismo recurso que se ha utilizado desde la invasión de esos territorios: la represión y la coerción. El Estado de excepción se ha renovado más de 50 veces.

A partir de 2022, el gobierno de Boric implementó lo que se ha bautizado “Plan Buen Vivir”, en referencia al concepto de la cosmovisión indígena, pero que en este caso refiere a un plan de políticas públicas en medio del estado de emergencia. El plan incluye la construcción de caminos, el acceso a agua potable, inversión en infraestructura para comunidades y diálogo territorial.

A nueve meses de finalizar el gobierno de Boric, se ha presentado el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento creado en 2023 con el objetivo de encontrar soluciones a mediano y largo plazo para el conflicto en la Araucanía. La instancia estuvo conformada por ocho miembros, incluido representantes mapuches de largo recorrido en el movimiento y políticos como Francisco Huenchumilla (Senador) y Adolfo Millabur (ex convencional).

Entre las 21 recomendaciones del informe se incluyen promesas ya sempiternas como el reconocimiento constitucional, la revitalización de la lengua o representación política, u otras más novedosas como la reparación de todas las víctimas de la violencia. Estas medidas fueron respaldadas por siete de los ocho miembros de la Comisión, con la particularidad que uno de los votos positivos fue de una miembro del Partido Republicano (extrema derecha) quien acusó presiones de su partido para rechazar el informe. Como consecuencia, esta debió renunciar a su partido.

Las recomendaciones han sido recibidas con moderación y cautela porque plantean demandas históricas como el hacerse cargo de la apropiación de las tierras por parte del Estado, génesis del conflicto. Y es que, a lo largo de las últimas décadas, muchas instancias han generado la ilusión de poner fin al conflicto, pero finalmente han quedado aparcadas en algún escritorio. Además, muchas de estas recomendaciones deben seguir su debido proceso legislativo lo cual termina dependiendo del calendario electoral.

A nueve meses del final del mandato parece ilusorio pensar que estas iniciativas se vayan a poder concretar, sobre todo teniendo en cuenta que es muy probable que en las próximas elecciones se imponga la derecha pinochetista. En este marco, incluso hasta el propio nombre de la Comisión: por la “Paz y el Entendimiento”, en un territorio militarizado parece irónico.

Por lo tanto, podemos decir que las políticas implementadas durante el gobierno de Boric con respecto a los mapuche representan más una continuidad con los gobiernos anteriores, que un verdadero intento por poner fin al conflicto.

¿Hacia dónde va la cooperación de la UE en Latinoamérica?

Mario Carvajal
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¿Hacia dónde va la cooperación de la UE en Latinoamérica?

Aunque existe una preocupación por la ausencia de la Unión Europea en asumir el vacío dejado por USAID en América Latina, esto no significa que no existan ventanas de oportunidades de cooperación para fortalecer los lazos entre ambas regiones. En julio del 2023, por ejemplo, la Comisión Europea anunció una inversión de 45.000 millones de euros para profundizar y fortalecer las relaciones. Según la CAF, entre los temas de la agenda de cooperación, se mencionaron proyectos que “van desde la producción de hidrógeno limpio, materias primas críticas o la ampliación de la red de cableado de datos de alto rendimiento, hasta la producción de vacunas más avanzadas”.

La agenda de la UE en América Latina y el Caribe tiene como principales objetivos la lucha contra el cambio climático y el incentivo a las energías renovables, el fortalecimiento de los servicios digitales, la electromovilidad y asignación de un nuevo papel a los recursos naturales, mediante la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de la industria agrícola. No obstante, existen algunos obstáculos para que esta cooperación se profundice de manera adecuada.

Comercio existente

América Latina y el Caribe y la UE tienen una relación estrecha. Según datos de la CAF, la UE es el tercer socio comercial más importante para la región, detrás de Estados Unidos y China. Además, el viejo continente es la principal fuente de inversión extranjera directa, con un stock acumulado estimado en 800.000 millones de euros para el 2023. Para este entonces, las empresas europeas habían invertido más en América Latina y el Caribe que sus pares en China, Japón, Rusia e India juntos. Esto demuestra que las relaciones, actualmente, no solo están en un buen estado, sino que tiene un potencial de crecimiento importante.

Según datos de la misma institución, en 2022 el comercio total de mercancías entre la UE y Latinoamérica fue de 293.090 millones de euros. Esto es equivalente al 4.8% de las importaciones de afuera de la UE y al 5.8% del total de las exportaciones fuera de la UE. Además, entre 2013 y 2022, hubo un aumento del 59% de importaciones y 37% de las exportaciones entre estas dos regiones. Esto evidencia un rápido incremento en las relaciones comerciales.

El proceso también fue acompañado por una relación relativamente equilibrada, pues el superávit de la UE es solo de 5.000 millones de euros. Ese valor es mucho menor si se compara con Estados Unidos; en 2023 tuvo un superávit comercial con la región de 27.150 millones de dólares. Para China, el valor para el mismo año fue de 33.000 millones de dólares. Por esto, la UE tiene una legitimidad importante con la región al ofrecer una relación comercial y económica más equilibrada que sus pares. Entonces, es importante analizar dónde están enfocados los proyectos de inversión y cooperación en América Latina.

América Latina en las inversiones de la UE

Estas son solo algunas de las iniciativas de inversión por parte de la UE en América Latina y el Caribe anunciadas en el 2023.

En América del Sur, en Argentina hay proyectos vinculados a la transmisión energética, programas de desarrollo rural, movilidad sostenible, transición energética –en especial en hidrógeno verde– al igual que en materias primas críticas, mejor manejo de residuos y apoyo a pequeñas y medianas empresas para la economía verde. El enfoque en Brasil está en proyectos de energía renovable, modernización de sistemas de saneamiento y agua, iniciativas a proteger bosques tropicales y apoyo a pequeñas y medianas empresas en tecnologías verdes. Por su parte, en Uruguay la inversión estará dirigida a agua y saneamiento, impulso a la movilidad urbana eléctrica y producción de hidrógeno. Y en Chile, la UE se enfocará en producción de hidrógeno, transporte y producción de combustible neutro en carbono.

Hacia el centro del continente, en Colombia el enfoque está en economía sostenible, e-movilidad y en el esfuerzo para llegar en 2026 a un 85% de conectividad digital para la población. Para Costa Rica las prioridades son proyectos de salud, e-movilidad y bonos verdes. Y en Panamá, la UE se enfocará en proyectos de energía en transición, la descarbonización del Canal, la transformación digital, el sector biofarmacéutico y vacunas.

Dificultades

De todos modos, existe una falta de alineación de las necesidades y las soluciones entre las partes. Esto no solo dificulta los proyectos mencionados anteriormente, sino también aquellos dirigidos a apoyar la creación de empresas de innovación en América Latina y el Caribe. Según un informe de la EU-Lac Foundation, existe una desconexión importante entre los objetivos claros por parte de los actores del ecosistema de innovación y la compresión de lo que los empresarios pretender conseguir. Igualmente, el acceso limitado a las reuniones internacionales ha dificultado la creación de relaciones sostenibles y oportunidades de establecer contacto. Además, la desconexión entre las preocupaciones y necesidades de las contrapartes potenciales deriva en soluciones menos significativas y eficaces, incapaces de abordar estas cuestiones con eficacia.

En segundo lugar, en América Latina y el Caribe existe una brecha de talento en temas como la sostenibilidad, la internacionalización de industrias y la industria digital que limitan el accionar y capacidad de innovación de la región. Las barreras lingüísticas también han afectado la generación de asociaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe que puedan transferir este conocimiento.

En tercer lugar, la diferencia entre los marcos normativos de la UE, con un enfoque más preventivo y estructurado, y América Latina y el Caribe, mucho más flexibles para promover temas de innovación, y menos fijos a largo plazo, hacen que las inversiones, tanto en dinero y tiempo, puedan a veces ser exhaustivas.

Aprovechar la oportunidad

La Unión Europea y América Latina y el Caribe tiene aún mucho potencial de crecimiento. No solo en temas económico y comerciales, sino también en temas de cooperación internacional. Adicionalmente, existe una clara intención por parte del viejo continente de aumentar sus niveles de cooperación, aun cuando no logre asumir el vacío de USAID.

No obstante, es importante tener en cuenta que existen una serie de riesgos operativos que afectan la eficacia y el nivel de cooperación e inversión entre las partes. De esta manera, si América Latina y el Caribe quiere aprovechar la inversión de la UE deberá trabajar para disminuir estas dificultades. De lo contrario, la UE podría perder su interés en la región y América Latina y el Caribe perdería una oportunidad dorada para diversificar sus fuentes de cooperación internacional.

¿Continúa retrocediendo el consenso democrático en la Argentina?

Santiago Leiras
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¿Continúa retrocediendo el consenso democrático en la Argentina?

Nos encontramos frente al desafío de un nuevo año electoral en la Argentina; en efecto, trece provincias celebran elecciones legislativas a nivel nacional, once de ellas elecciones a nivel subnacional y local y dos estados llevarán a cabo elecciones para la renovación del titular ejecutivo —Corrientes y Santiago del Estero.

Sin embargo, este prolongado año electoral coexiste con una creciente preocupación sobre el derrotero de una democracia en nuestro país que cumple en el mes de diciembre próximo 42 años de vigencia institucional y enfrenta un deterioro del consenso político sobre el que se ha respaldado.

¿En qué consiste el consenso político? 

Todo consenso político se funda en algún principio de acuerdo sobre reglas (formales o informales) y/o valores. En el terreno particular de los valores, podemos establecer la existencia mínima de un consenso democrático en la medida en que resulta factible reconocer al menos dos condiciones básicas: 1) existencia del mutuo reconocimiento de los actores como adversarios y al mismo tiempo como interlocutores legítimos, y 2) la exclusión del uso de la violencia física y simbólica para dirimir la disputa política.

El retorno de la democracia en 1983 trajo aparejada la emergencia de un conjunto de prácticas políticas más bien acordes con cierto estilo consensual: la unidad partidaria frente a la sublevación militar de Semana Santa en 1987, los acuerdos que hicieron posible la reforma constitucional de 1994, la experiencia cuasi coalicional de Eduardo Duhalde y la conformación de la Mesa de Diálogo auspiciada por la Iglesia católica en el marco de la crisis social del 2001/2002 constituyen algunos emblemáticos ejemplos de una mayor inclinación al compromiso, independientemente del juicio de valor que puedan merecer esas iniciativas de “unidad en la diversidad”.

El conflicto entre un novel gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y las organizaciones agropecuarias en los primeros meses del año 2008 sobre la “Resolución 125” constituyó una bisagra, en la medida en que reinstaló una dinámica de confrontación prácticamente abandonada desde el retorno de la democracia en 1983 en una transición de una política como expresión de compromiso hacia una visión agonal de la misma: la competencia política se dirime ya no entre adversarios sino entre enemigos irreconciliables (por momentos ma non troppo).

El retorno de la confrontación trajo aparejada la emergencia/enunciación de una serie de expresiones tendientes tanto a la descalificación del adversario (ahora enemigo político) como así también a la exacerbación de divisiones (pre) existentes en la sociedad argentina; en este contexto, aparecieron durante el kirchnerismo términos de dudosa capacidad explicativa pero de indudable eficacia persuasoria, como la categoría de “destituyente” o la utilización de expresiones tendientes a la animalización de los líderes políticos y/o de los espacios políticos representados por esos líderes como el “gato”, la “yegua” y la reaparición del término “gorilas”.

Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner: ¿continuidad o cambio?

La experiencia de Javier Milei profundiza el antagonismo en el plano narrativo mediante el uso de expresiones como la “casta” para referirse a la clase política y en la actualidad a los medios de comunicación independientes, “ratas” para caracterizar a diferentes actores con representación en las instituciones legislativas, y “mandriles”, “econochantas” o “ñoños republicanos” referidas a segmentos que manifiestan su disenso con diferentes aspectos de la política oficial, sean estos de índole sustantiva o formal.

Un gobierno débil y al mismo tiempo con una inocultable vocación hegemónica y un presidente bifronte que no ha logrado resolver el dilema entre el profeta de vocación y el político pragmático de profesión: La Libertad Avanza, en la confrontación. 

Esta inclinación a la confrontación puede explicar una inusual capacidad de autoprovocarse crisis que no han afectado a su gobernabilidad pero podrían contribuir a su erosión de persistir en esa tesitura en contextos menos favorables. En este clima podemos mencionar la alocución del presidente Milei en el foro de Davos, el episodio denominado como “criptogate” o la insistencia del poder ejecutivo en las inviables candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia, solo para destacar algunas. 

En conclusión

Nos encontramos frente a un contexto político caracterizado por una disminución de la tolerancia hacia el adversario, un debilitamiento del consenso acerca de la exclusión de la violencia verbal y física como recurso político y el eterno retorno de las “fantasías priistas” en los sucesivos oficialismos gobernantes. 

La continuidad de estilo político y el cambio en el contenido ideológico de la política pública parecen representar un signo de los nuevos/viejos tiempos.

Como en aquella broma que se suele hacer en la red social X (ex Twitter), no importa (desde 2008 hasta nuestros días) cuándo escribas esto.

Sequía, cambio climático y diplomacia científica: una respuesta colectiva desde América Latina

Anna Stewart-Ibarra   |   Sofía Kalormakis
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Sequía, cambio climático y diplomacia científica: una respuesta colectiva desde América Latina

La sequía ya no es solo un fenómeno natural o cíclico: es uno de los impactos más destructivos del cambio climático en América Latina y el Caribe. A medida que las temperaturas globales aumentan —como lo confirma la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que reportó que 2024 fue el año más caliente en 174 años—, los eventos extremos como sequías prolongadas, incendios forestales, olas de calor e inundaciones se intensifican. Sus consecuencias se extienden desde la agricultura hasta la energía y el transporte, afectando la vida cotidiana y la seguridad de millones de personas.

Ante esta amenaza creciente, los países de la región están activando estrategias compartidas para monitorear, anticipar y reducir los impactos de las sequías. Durante la reciente CoP-33 del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI), celebrada en Asunción, Paraguay, se consolidaron varias iniciativas multilaterales que combinan ciencia, datos abiertos y cooperación política. Una de ellas es el Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica (SISSA), que provee herramientas coproducidas con actores locales para fortalecer capacidades institucionales y fomentar la gobernanza del riesgo en sectores claves como la agricultura y el agua.

Un ejemplo del uso de estas herramientas en la agricultura es el desarrollado por la provincia argentina de Córdoba, donde se consolida y amplía la información climática local para realizar seguimientos y predicciones del contenido de agua en el suelo. Además, se utiliza el índice estandarizado de precipitación – caudal (TSI) para generar modelos de predicción hidrológica que impactan la hidroenergía regional.

Otra iniciativa pionera es la Red de Laboratorios de Observación de la Tierra para la Reducción del Riesgo de Desastres (REDLABOT), liderada por la Agencia Espacial de Paraguay (AEP), en alianza con Geo Lab, ESRI Panamá y la NASA. Esta red nació tras las inundaciones extremas de 2019 y hoy integra tecnología geoespacial para enfrentar sequías, incendios y otros eventos climáticos con información en tiempo real. Como señaló el director de AEP, Alejandro Román, el objetivo es claro: “bajar los beneficios del espacio a nuestros países emergentes y construir capacidades nacionales en agricultura, educación y gestión de emergencias”.

Algunos de los principales eventos meteorológicos y climáticos extremos que afectaron a la región durante el año 2024 ocurrieron en Belice y Panamá, de acuerdo con el reporte “Estado del clima en América Latina y el Caribe 2024” de la OMM. En Belice, las condiciones extremadamente secas, agravadas por intensas olas de calor, provocaron el peor episodio de incendios forestales en la historia reciente del país. Mientras que en Panamá, la sequía en el Canal de Panamá, que comenzó en 2022, fue catalogada en enero de 2024 como la peor en la historia de esa vía interoceánica. En respuesta a estos fenómenos, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina reforzaron la organización de proyectos multilaterales de monitoreo y alerta temprana utilizando la diplomacia científica para construir resiliencia climática conjunta.

En este contexto, los sistemas de alerta temprana no son simplemente herramientas técnicas, sino plataformas para la acción colectiva. Pero su efectividad depende de otro pilar fundamental: la diplomacia científica. Esta práctica, que conecta a investigadores, tomadores de decisiones y comunidades a través de las fronteras, se ha consolidado como una vía clave para fortalecer respuestas regionales coordinadas. Durante la CoP-33, el IAI lideró talleres y capacitaciones en diplomacia científica con participantes de Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, apostando por una agenda regional común hacia la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas (COP30) que se celebrará en Brasil en noviembre de 2025.

Todos estos esfuerzos fueron reconocidos en la declaración firmada por los gobiernos e instituciones participantes, que reafirma el compromiso con: fortalecer sistemas de alerta temprana multirriesgo; integrar conocimientos científicos, indígenas y tradicionales; compartir datos abiertos y metodologías; y movilizar recursos financieros para investigación y acción climática. Esta declaración simboliza un llamado urgente a actuar en conjunto, poniendo la ciencia al servicio de políticas resilientes y sostenibles.

Un ejemplo concreto de esta cooperación regional fue la coordinación entre Paraguay, Argentina y Brasil para garantizar el funcionamiento de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá durante los años de bajante extraordinaria del río Paraná. Entre 2018 y 2021, los países involucrados establecieron acuerdos técnicos y operativos que permitieron mantener la generación energética, garantizar la navegación fluvial segura y asegurar el abastecimiento de agua a comunidades ribereñas.

Las llamadas “ventanas de navegación” permitieron el paso organizado de convoyes de carga mediante una operación conjunta basada en previsiones hidrológicas, logística compartida y el uso de plataformas tecnológicas. Este caso es una demostración de cómo la diplomacia técnica y científica puede traducirse en soluciones concretas frente a desafíos climáticos extremos.

La sequía es y seguirá siendo una amenaza, pero no estamos indefensos. Con conocimiento compartido, alianzas estratégicas y diplomacia científica, la región puede no solo mitigar sus efectos, sino también preparar el terreno para una transformación profunda. La ciencia no puede actuar sola, pero ninguna transformación será posible sin ella.

*Este es un texto de la plataforma Voces de Mujeres Iberoamericanas en una colaboración entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Latinoamérica21. Únete AQUÍ a la Plataforma.

Del barril al branding: El Chavo del Ocho como estrategia de nostalgia y mercado

Ricardo Prado Hurtado
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Del barril al branding: El Chavo del Ocho como estrategia de nostalgia y mercado

A once años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, creador de El Chavo del Ocho, a través de la plataforma MAX se lanza una serie biográfica sobre su vida. En este contexto, no deja de ser sorprendente que, desde su lanzamiento en 1973, haya superado su condición de simple comedia para convertirse en un referente cultural que atraviesa generaciones y fronteras, retratando la vida en una vecindad marcada por la pobreza, la violencia y la exclusión, problemáticas compartidas por amplios sectores de Latinoamérica.

Personajes que se relacionan mediante golpes, gritos y humillaciones forman parte de una narrativa que, aunque humorística, refleja una realidad social persistente. No sorprende, entonces, que este ícono televisivo haya sido objeto de múltiples apropiaciones culturales y comerciales: desde estatuas y homenajes hasta su uso en grandes campañas publicitarias.

La presencia del Chavo en restaurantes, tiendas o anuncios de marcas transnacionales confirma su permanencia simbólica. Que en los últimos cinco años siga vigente no solo es testimonio de su valor cultural, sino también un indicio de cuánto (o cuán poco) han cambiado las condiciones sociales en la región.

La violencia entre pares, la burla constante hacia el más débil y la precariedad económica donde pagar o cobrar la renta define la vida cotidiana siguen siendo parte de nuestra realidad. Asimismo, los modelos familiares alternativos representados en la serie —madres y padres solteros, adultos mayores solos, y un chico que viven en situación de calle— rompen con la idealización tradicional de la familia nuclear.

Estos elementos además de no perder actualidad, se actualizan en la memoria colectiva porque El Chavo comunica en un código afectivo e identitario con el que muchos latinoamericanos aún se reconocen.

En años recientes, la incorporación de tecnologías como el deepfake ha permitido resignificar la serie para conectarla con nuevas audiencias, pues como enfatizó Roland Barthes, los símbolos culturales se transforman en mitos cuando adquieren significados emocionales que rebasan lo literal.

Así, El Chavo del Ocho, concebido como una crítica humorística a las desigualdades, se convierte en símbolo de nostalgia compartida para los latinoamericanos y en plataforma de conexión emocional para productos y marcas que explotan nuestra conexión con el programa.

Un ejemplo notable es la marca brasileña Ypê, que lanzó una campaña en la que recreó con gran fidelidad a los personajes y escenarios originales. La estrategia, que apeló a la emoción, activó un proceso simbólico donde los personajes no solo evocan la infancia, sino que legitimaron su producto como aspiracional. 

Otro caso es el de Dish Latino, que empleó deepfake para integrar a Eugenio Derbez en una narrativa compartida con El Chavo, generando un diálogo emocional entre pasado y presente. Esta operación ilustra cómo la imagen sustituye a la realidad y se convierte en su propia verdad. Sin embargo, la calidad técnica fue cuestionada, lo que limitó el impacto simbólico de la campaña.

En contraste, Sabritas Switch presentó un uso más refinado del deepfake, recreando un sketch clásico del Chavo para promocionar el cambio creativo de sabores. Esta campaña representa una lectura “oblicua” del mito, en la que los consumidores resignifican el contenido según su contexto cultural. Aunque la técnica fue mejor ejecutada, también recibió críticas por alterar una figura que posee un alto capital cultural y emocional.

Un cuarto caso es el de Samsung, que reconstruyó la vecindad —incluido el interior del departamento de La Bruja del 71, inédito hasta entonces— para promocionar electrodomésticos inteligentes. Esta puesta en escena potencia el “efecto de realidad” al reforzar la conexión emocional a través de los detalles del entorno. La marca logra así resignificar la narrativa del programa y presentar la tecnología como deseable y cercana.

La reciente decisión de los herederos de Gómez Bolaños de licenciar los derechos de la serie a diversas marcas confirma su enorme valor comercial. A pesar de que dejó de retransmitirse en México en 2020 por conflictos legales, el programa sigue vivo, sobre todo en Brasil, donde ha sido plenamente adoptado como parte de su cultura popular. Esta capacidad de adaptación, sin perder el núcleo emocional, responde a lo que se ha definido como una mitología cultural.

Sin embargo, estas estrategias también plantean interrogantes éticos. Si bien las campañas aprovechan la nostalgia y los (anti)valores del Chavo, corren el riesgo de banalizar problemáticas estructurales. Los objetos, al convertirse en fetiches ideológicos, trivializan realidades como la pobreza o la exclusión al transformarlas en mercancía. De este modo, el mensaje original del programa —una crítica social disfrazada de comedia— corre el riesgo de diluirse por completo, reducido a instrumento de consumo.

Venezuela: de elecciones fraudulentas a elecciones clandestinas

Jesús Delgado Valery
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Venezuela: de elecciones fraudulentas a elecciones clandestinas

Las elecciones parlamentarias y regionales celebradas el pasado 25 de mayo en Venezuela estuvieron marcadas por una combinación crítica de irregularidades estructurales, opacidad institucional y una altísima abstención ciudadana, reflejo de la profundización autocrática que atraviesa el país. Desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) incurriera en un fraude electoral masivo el 28 de julio de 2024 para desconocer la victoria contundente del opositor Edmundo González Urrutia, el ente electoral perdió la poca credibilidad que le quedaba. Sin presentar resultados desagregados por mesa, sin una página web y sin que se celebraran las auditorías posteriores a la jornada electoral de 2024, el CNE adjudicó en tiempo récord la presidencia a Nicolás Maduro, aunque las actas emitidas por las máquinas de votación y recuperadas por los testigos opositores le daban una amplia victoria a González.

En ese contexto se convocaban las elecciones parlamentarias y regionales de 2025. Originalmente pautadas para el mes de abril, finalmente fueron celebradas el 25 de mayo. Desde su misma convocatoria, el proceso mostró graves falencias. No se publicó en Gaceta Oficial la resolución formal para llamar a elecciones ni se presentó públicamente el cronograma de actividades, no se permitió la inscripción y actualización en el registro electoral. Las garantías técnicas también brillaron por su ausencia: las auditorías al sistema no contaron con la participación de actores imparciales, y la infraestructura digital del CNE, incluida su página web, estuvo inactiva, bloqueando el acceso público a información esencial. Sin mecanismos de control independientes ni herramientas de fiscalización abiertas, el proceso careció de los mínimos estándares de transparencia.

La líder de la oposición, María Corina Machado, invitó desde la clandestinidad a los opositores a abstenerse de participar en un proceso con estas características. Por su parte, representantes de la oposición minoritaria como Henrique Capriles, Manuel Rosales o Juan Requesens promovieron la vía electoral. 

Si había alguna duda sobre quién lidera a los sectores opositores, quedó resuelta el 25 de mayo: la ciudadanía venezolana no participó en los comicios. Las imágenes de centros de votación vacíos circularon ampliamente en medios y redes, reflejando un rechazo de los electores que el gobierno no pudo ocultar.

Pese a este contexto, el CNE anunció una participación de 5,5 millones de personas, equivalente al 25 % del padrón electoral (21.485.669 ciudadanos), pero al mismo tiempo aseguró que esa cifra representaba el 42 % de los electores habilitados, sin ofrecer ninguna explicación ni datos verificables que sustenten este cálculo. Los resultados oficiales resultan no solo incontrastables —por falta de acceso a datos y auditorías independientes—, sino además inconsistentes, lo que profundiza la desconfianza ciudadana.

Un día después de la elección, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y el estratega electoral de Maduro (fue rector del CNE y luego Jefe de Campaña de Maduro), anunció detalles de los resultados que ni siquiera el propio ente electoral había publicado. Por ejemplo, aseguró que Henrique Capriles y otros candidatos que no forman parte del oficialista Polo Patriótico habían conseguido curules en la Asamblea Nacional que entrará en funcionamiento en 2026.

La opacidad con respecto a los resultados es de tal magnitud que no hay garantías de que este grupo de opositores hayan sido efectivamente electos. Andrés Caleca, excandidato opositor en las primarias de 2023 y expresidente del Consejo Nacional Electoral, aseguró que si se dan por ciertos los resultados anunciados, y si se aplica correctamente el método de distribución de bancas establecido legalmente (D’Hondt), a este grupo de opositores que decidieron participar les asignaron artificialmente más bancas de las que les corresponden. 

De manera que al parecer Venezuela está ingresando en una nueva etapa en la que ya los resultados electorales no solo son inescrutables e inconsistentes, sino que finalmente no son decisivos a la hora de la asignación de cargos.

Diez días después de las elecciones parlamentarias y regionales, y sin publicar sus resultados desagregados por mesa (aunque ya los cargos fueron asignados), el CNE convocó las elecciones municipales para el próximo 27 de julio.

Desde el fraude masivo del 28 de julio de 2024 quedó claro que el gobierno de Nicolás Maduro ha abandonado la vía electoral. Aunque ya se habían manipulado elecciones anteriormente (estado Bolívar y Consulta Popular en 2017), o desconocido los resultados (legislativas 2015), nunca se había fraguado un fraude de tal magnitud como el del año pasado.

En los últimos años la oposición venezolana, a pesar de las condiciones adversas, fue a un proceso de negociación con el gobierno a través de la mediación internacional, celebró un proceso de elecciones primarias para legitimar sus liderazgos en el que fue aclamada María Corina Machado, y, a pesar de su ilegal inhabilitación para las elecciones presidenciales de 2024, siguió en la ruta electoral y designó a Edmundo González como candidato sustituto. Diseñó un mensaje movilizador, canalizó el descontento y lo convirtió en participación e incluso construyó una estructura de control del voto (comanditos) que le permitió hacerse con casi el 80 % de las actas de escrutinio emitidas por las máquinas de votación, con lo que pudo demostrar la victoria opositora. A pesar de estos esfuerzos en un contexto sumamente desigual, el gobierno de Nicolás Maduro ha optado por el desconocimiento de los resultados, la represión y la violación de los derechos humanos.

Cuando el voto no tiene consecuencias no hay incentivos para la participación. Los venezolanos decidieron abstenerse en las elecciones regionales y parlamentarias, y seguramente lo hagan en las municipales del 27 de julio, porque el poder de cambio del sufragio ha quedado anulado.

El Día Mundial de los Refugiados nos exige más que solidaridad

Gerardo Carballo Barral
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El Día Mundial de los Refugiados nos exige más que solidaridad

Cada año que llega este día encontramos menos motivos para celebrar. El Día Mundial del Refugiado se ha convertido en un eufemismo: no porque haya menos personas forzadas a huir, sino porque cada vez hay menos personas reconocidas como refugiadas.

Mientras que los factores que impulsan el desplazamiento forzado aumentan —conflictos, violencia generalizada, inestabilidad social y económica y los impactos del cambio climático— los instrumentos jurídicos creados para proteger a estas personas están siendo cuestionados, debilitados o, simplemente, ignorados. A finales de 2024, el número de personas desplazadas por la fuerza alcanzó los 123,2 millones, un aumento del 6% respecto a 2023. Sin embargo, solo 42,7 millones fueron reconocidas como refugiadas. En América Latina y el Caribe se ha observado en el último año un incremento en las solicitudes de asilo de países como Colombia y Venezuela, pero también de Haití, México y Honduras y un aumento de las personas desplazadas internamente en Ecuador y Haití.

Peor aún, erosionar estos marcos normativos parece dar rédito electoral. La idea de un Estado-nación fuerte reaparece con fuerza como respuesta desesperada —y profundamente ineficaz— ante fenómenos que son transnacionales por naturaleza. Quienes trabajamos en el ámbito del desplazamiento y refugio sabemos que las soluciones no son unilaterales. Exigen acuerdos y multilaterales como el Pacto Mundial sobre los Refugiados, el Proceso de Quito y el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones Duraderas.

Afortunadamente, en América Latina y el Caribe contamos con un instrumento pionero: la Declaración de Cartagena, que hace 40 años amplió la definición del concepto de “refugiado” para incluir a personas afectadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que perturban gravemente el orden público. Esto permitió a los Estados proteger a un número más grande de personas desplazadas en la región. Aunque no es legalmente vinculante, está en vigor en 14 países. En diciembre del año pasado Chile adoptó el Plan de Acción 2024-2034, incorporando temas clave como el desplazamiento por desastres y los impactos del cambio climático. Próximamente se pondrá en marcha un mecanismo de seguimiento gracias al trabajo conjunto de la sociedad civil.

Este 20 de junio el lema del Día Mundial del Refugiado es “solidaridad con las personas refugiadas”. Pero, seamos claros: la solidaridad no basta. El sistema humanitario atraviesa una crisis sin precedentes, con recortes de personal y recursos que ponen en riesgo la respuesta a necesidades urgentes. La solidaridad con las personas refugiadas es necesaria, pero no suficiente. El universalismo que sustentó el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados está tambaleándose.

Los cambios recientes en la política migratoria de Estados Unidos -la suspensión de CBP One, el aumento de las deportaciones y restricciones al asilo- han llevado a muchas personas a emprender la ruta Norte-Sur dentro del continente. Las dinámicas migratorias y los perfiles de quienes se desplazan han cambiado, pero hay una constante cruel: la ausencia de mecanismos efectivos de protección.

La protección de las personas refugiadas no puede limitarse a respuestas reactivas. Debe ser entendida como un proceso transversal: empieza en las fronteras, se sostiene en las comunidades y se garantiza con voluntad colectiva y responsabilidad compartida. Nadie elige convertirse en una persona refugiada, pero sí está en nuestras manos que la solidaridad sea el punto de partida, no el premio de consuelo. Si queremos proteger los derechos de las personas desplazadas hoy debemos comprometernos política, jurídica y financieramente a garantizar su dignidad y su futuro.

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