El efecto USAID en Colombia: la ayuda se va y la crisis se queda

Juan Gabriel Jaramillo Giraldo
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El efecto USAID en Colombia: la ayuda se va y la crisis se queda

Colombia ha sido un país azotado por el conflicto interno desde su independencia. La ausencia del Estado en las regiones más apartadas, sumada a la desigualdad estructural, ha permitido que grupos armados ocupen los espacios abandonados por el poder central, dejando a la población civil atrapada en medio de intereses contrapuestos. La precariedad en la satisfacción de necesidades básicas se ha convertido en la norma, lo que refleja la debilidad de un Estado que no logra garantizar condiciones de vida dignas a sus habitantes.

Ante la ineficacia de los gobiernos para abordar estas problemáticas, la cooperación internacional ha surgido como un instrumento clave para mitigar el sufrimiento humano y suplir la ausencia estatal. Organizaciones multilaterales, ONG y gobiernos extranjeros han implementado proyectos que van desde la recuperación de suelos erosionados hasta el fortalecimiento de la democracia y la consolidación de la paz. Estos esfuerzos han evidenciado la importancia del apoyo internacional en la resolución de los desafíos sociales de Colombia.

Conscientes de esta realidad, los sucesivos gobiernos colombianos han recurrido a la ayuda externa para reducir brechas sociales, especialmente aquella proveniente de su principal socio comercial: Estados Unidos. Desde la creación de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) en 1961, Bogotá y Washington han estrechado lazos mediante proyectos conjuntos destinados a disminuir las desigualdades en un país golpeado por el conflicto armado. USAID ha financiado programas de empoderamiento económico, gobernabilidad regional, agricultura sostenible e impacto medioambiental, desempeñando una actuación esencial en regiones donde el Estado tiene poca o nula presencia.

Abandonados a su suerte

Tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, manifestando la ambivalencia entre los objetivos de los programas de USAID y los intereses nacionales de los EE.UU., surge la incógnita sobre el futuro que le espera a las comunidades beneficiadas de los proyectos desarrollados en Colombia. Durante el periodo 2018-2024 el país recibió alrededor de 1.200 millones de dólares, destinados a financiar proyectos enfocados en la asistencia humanitaria, convirtiendo al territorio nacional en el principal receptor de la ayuda externa en América Latina y el Caribe.

Actualmente, Colombia vive una profunda crisis de orden público, especialmente en las zonas de frontera. El recrudecimiento de la violencia por parte de los grupos armados, quienes se disputan el control de las rentas criminales y el poder absoluto en zonas estratégicas para el desarrollo de las actividades delictivas, ha llevado al desplazamiento forzado de miles de personas que buscan salvaguardar su integridad en medio del abandono estatal. Ante tal situación, el flujo de recursos financieros y de personal altamente calificado provenientes de la agencia estadounidense permitían mitigar los efectos de una crisis que el Estado colombiano se ha visto incapaz de abordar.   

Casos como el de Tumaco, municipio ubicado en la costa pacífica, donde se han desarrollado programas conducentes a la protección de los derechos humanos y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, son una muestra fehaciente de la importancia de contar con un aliado estratégico en zonas de conflicto. No obstante, la salida de USAID del país y la eventual desintegración de su estructura organizativa dejan un vacío difícil de llenar. Para las comunidades locales, la presencia de la agencia estadounidense se ha convertido en la única esperanza que les puede brindar condiciones de vida dignas.

¿Y ahora qué?

Después de la revisión exhaustiva por parte de Washington a USAID, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dio a conocer la decisión adoptada por parte de la Casa Blanca, manifestando la cancelación oficial del 83% de sus contratos vigentes. Se trata de una decisión sin precedentes para una entidad que benefició durante más de siete décadas a las comunidades más vulnerables a nivel global. La falta de continuidad en las iniciativas locales podría llevar al resurgimiento de actividades ilícitas y al recrudecimiento de la violencia, y todo esto sumado a la probabilidad de que los avances sociales tiendan a desmoronarse sin la asistencia externa.

Este escenario plantea un interrogante clave: ¿hasta qué punto la cooperación internacional podría ser una solución duradera o reemplazar el papel del Estado? Esto nos lleva a pensar en la necesidad de implementar reformas estructurales para abordar los problemas internos, creando sinergias con los actores internacionales y asumiendo un rol más activo en la sostenibilidad de los proyectos. Esto permitiría que los beneficios adquiridos no desaparezcan con la partida o desintegración de los cooperantes, tal como viene sucediendo con USAID.

Ahora, el principal objetivo debería enfocarse en el diseño de políticas públicas que maximicen el impacto de los proyectos a largo plazo. De esta forma, la asistencia humanitaria podría ser vista como una acción complementaria para prevenir el sufrimiento humano y no como un sustituto de los deberes constitucionales. El cese de operaciones de USAID en Colombia advierte una verdad incómoda: la cooperación internacional podrá beneficiar a las comunidades en el corto plazo, pero jamás asumirá las responsabilidades del Estado.

Diplomacia científica para la acción climática en tiempos de negacionismos 

María Inés Carabajal
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Diplomacia científica para la acción climática en tiempos de negacionismos 

Desde las altas esferas de la política, los discursos que cuestionan las teorías científicas sobre el impacto de las actividades humanas en el planeta se han fortalecido. Se construyeron teorías conspirativas alrededor de las vacunas de Covid-19 y se disputa la agenda 2030 y los Objetivos de desarrollo sustentable (ODS). El mundo se volvió propenso al fomento de la desinformación que frecuentemente niega la evidencia científica sobre el cambio climático y la crisis ambiental. Muchos de estos discursos a menudo toman mayor preponderancia al construirse desde espacios de liderazgo político y viralizarse a través de medios de comunicación y redes sociales confundiendo a la ciudadanía.  

Las teorías conspirativas y la desconfianza en la ciencia no solo hacen parte de las narrativas, sino que tienen cada vez más incidencia en la formulación de políticas públicas, la toma de decisiones, el reordenamiento de las prioridades y las agendas, tanto nacionales como internacionales. Por lo tanto, reconfiguran las estructuras de financiamiento destinadas a generar evidencia científica que respalde la toma de decisiones.  

La tendencia hacia el escepticismo y el negacionismo de la ciencia toma una dimensión particularmente impactante cuando el discurso proviene de sectores políticos. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, ha impulsado políticas disruptivas con impactos negativos a nivel mundial, como el anuncio de su salida del Acuerdo de París, la declaración de la “emergencia energética” y “el Drill baby Drill”, hasta el desmantelamiento y recorte financiero de agencias de investigación y programas como sucede en los Institutos Nacional de Salud (NIH) y la Fundación Nacional de Ciencias (NSF). Esto ha aumentado la preocupación sobre la continuidad de las investigaciones en temas sensibles en la intersección de clima, ambiente y salud. 

Más allá de Donald Trump

El caso de Estados Unidos no es aislado, el conservadurismo toma renovadas formas y construye alianzas con actores políticos emergentes. El gobierno de Javier Milei en Argentina también está cercenando la estructura del Estado en la misma línea que Trump. En efecto, las políticas de corte neoliberal, la disminución o eliminación de presupuestos orientados a políticas públicas ambientales, de derechos humanos y género y el fomento de programas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para actividades de extracción de recursos naturales, van a contramano de las políticas de cuidado y protección del ambiente. 

En cuanto al cambio climático, Milei se ha mostrado escéptico a la evidencia científica, con discursos que niegan la incidencia humana en los ecosistemas y el clima. Una decisión en este sentido fue la instrucción de parte de Cancillería Nacional de retirar a la delegación oficial de la Conferencia de las Partes (CoP29) en Bakú, Azerbaiyán, con las implicancias políticas e internacionales que esto conlleva. Asimismo, siguiendo los pasos de Trump, a principios de febrero, el gobierno anunció su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aludiendo que las directrices de la OMS se orientan por influencias políticas y no están basadas en ciencia. 

Este proceso también se observó en Brasil durante el mandato de Jair Bolsonaro (2019-2023), particularmente en lo relacionado con la agenda ambiental. Recordemos que sus políticas, muy dinámicas, estuvieron marcadas por un fuerte retroceso. En efecto, bajo su gobierno se adoptó una postura abiertamente escéptica respecto al cambio climático y se redujeron significativamente las políticas ambientales en Brasil. Su administración estuvo marcada por la reducción de la protección del Amazonas, donde la deforestación alcanzó niveles récord, y el retiro de compromisos climáticos internacionales. 

En estos casos, la diplomacia científica como herramienta oficial para la articulación adecuada entre la ciencia y la política a nivel internacional no fue tenida en cuenta. Recordemos que la diplomacia científica es una práctica orientada a superar las brechas ideológicas, los desequilibrios de desarrollos tecnológicos desiguales y las barreras políticas en la protección y gestión del medio ambiente. 

¿Qué hay detrás del negacionismo? 

A pesar de las advertencias desde diversas disciplinas científicas, el negacionismo climático y la desinformación en materia ambiental presentan una visión del mundo que prioriza y sostiene la economía de los combustibles fósiles y el “business as usual”. Esta rechaza las políticas de cambio climático por considerarlas una amenaza al modelo de libre mercado, el desarrollo económico y las políticas extractivistas que impactan mayormente en los países del Sur Global. 

Entonces, ¿qué lugar ocupa el conocimiento científico en el marco de estos gobiernos? Decisiones de esta magnitud tienen grandes impactos en la política internacional y pueden fortalecer o debilitar la cooperación entre países. Justamente en estos momentos de incertidumbre es muy necesario fortalecer la diplomacia científica para encontrar soluciones a problemas de carácter intersectorial, inter/transdisciplinarios y transfronterizos. 

No hay ningún país ni sector social que de manera aislada pueda abordar la complejidad de problemas que se encuentran en la intersección del clima, el ambiente y la salud. A pesar de ello, los discursos negacionistas y las agendas políticas que no tienen en cuenta a la ciencia están profundizando las problemáticas socio-ambientales, debilitando la cooperación internacional y la diplomacia, afectando así a las poblaciones más vulnerables.     

La agenda climática y ambiental está atravesando desafíos significativos en países como Estados Unidos y Argentina donde las ideologías están por encima de los resultados científicos. Esto demuestra que la agenda climática está atrapada entre los esfuerzos por avanzar hacia un modelo sostenible y las resistencias conservadoras, sobre todo en sectores asociados con la extracción de recursos naturales y el uso de energías fósiles. 

En este contexto, resulta fundamental considerar el papel de la diplomacia científica, a través de la cooperación internacional y la comunicación basada en evidencia, como un mecanismo político-social eficaz para abordar el negacionismo climático. La diplomacia científica puede ser el puente para facilitar acuerdos internacionales y promover diálogos constructivos entre diversos actores, contrarrestando la desinformación y las noticias falsas. Además, contribuye a mejorar el acceso a la información, tanto de los sectores políticos como para la ciudadanía en general. 

Es urgente facilitar alianzas entre la ciencia, la política y la sociedad para generar una ciencia con impacto social que fortalezca la toma de decisiones responsable y promueva una gobernanza climática más efectiva.

Milei y su mito de la historia argentina

Federico Finchelstein   |   Emmanuel Guerisoli
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Milei y su mito de la historia argentina

Es claro que el gobierno de Javier Milei representa un corte con la cultura política de la democracia argentina desde 1983 en adelante. No es por falta de populismos en nuestra democracia que el populista Milei se diferencia de los gobiernos anteriores. Su mesianismo no se diferencia de aquellos que critica. El “cripto” escándalo lo acerca aquellos políticos que lo antecedieron en sacar rédito para pocos y aledaños y contribuir al empobrecimiento de los demás. Incluso su utilización y su manipulación de la memoria histórica la comparte con la centro-derecha macrista y el peronismo kirchnerista. Pero aquello que lo hace diferente es su negación del pasado y en particular del terrorismo de Estado.

Por segundo año consecutivo, el gobierno de Javier Milei decidió promocionar un video en la cuenta oficial de la Casa Rosada brindando una interpretación “alternativa” de la Argentina de la década de los 70s y, principalmente, de la dictadura militar y su rol histórico. El video es protagonizado, y seguramente guionado, por el intelectual orgánico Agustín Laje, coautor de un libro notable por su pobreza de contenidos y su ignorancia académica y conceptual titulado, “El libro negro de la nueva izquierda”.

El señor Laje es el principal ideólogo de la extrema derecha argentina, algo así como el Dr. Goebbels (ideólogo nazi) o Steve Bannon (ideólogo del trumpismo) de Milei. A diferencia del alemán que contaba con un doctorado, Laje dice que lo está cursando actualmente. Esto no lo hace menos emblemático de la pobreza intelectual de los nuevos populismos. Bannon tampoco es académico y dice prácticamente lo mismo. También hacía lo mismo el “filósofo” de Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho.

En concreto, no es necesario estudiar para repetir la propaganda de las dictaduras. Pero el objetivo es hacerlo desde una perspectiva que simule seriedad, objetividad y rigurosidad académica. Nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, ningún departamento de historia en Estados Unidos o América Latina incluiría en sus cursos este documento de propaganda digital como una interpretación histórica válida. El adoctrinamiento y la historia no se juntan.

Publicado el 24 de marzo, el video no es solo una provocación, es también un síntoma del síndrome autoritario del gobierno de Milei. Es decir, representa lo que el filósofo Walter Benjamin llamó un documento de barbarie. Su función es estética. Su fin no es repetir la historia sino negarla. En concreto, no discute la historia, pues afirma el mito y la propaganda más burda y lo hace desde el prestigio de la Casa Rosada (ya de por sí bastante desprestigiada).

El documento digital declara que lo que quiere es brindar una “historia completa” de la violencia de los 70s. Dice que no resucitará la así llamada teoría de los dos demonios, equiparando, falsamente, la violencia de la dictadura con la de las guerrillas. Sin embargo, Laje, repite los argumentos de los dictadores y la ideología del fascismo en Argentina: la junta, en nombre de occidente, salvó a la sociedad argentina de los guerrilleros y la izquierda, quienes querían implantar una dictadura comunista a través de la lucha armada.

Laje, intenta validar el documento citando libros y documentos que la cámara nos muestra generosamente, sin embargo, no incluye en su biblioteca a los historiadores expertos en el tema. Esta ausencia no es un tema menor, pues en una acrobacia de anti-intelectualismo transforma el estudio de la historia en mera propaganda. La música (ominosa y cómplice), el ambiente (oficial es decir la mesa de gabinete de Milei), y el mismo personaje que se postula como académico, generan una sensación que se pretende proyectar a la misma historia.

El relato de Laje, que es la posición oficial del gobierno, enmarca el “horror de los 70s” como un producto exclusivo de la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la guerra fría, convirtiendo a la insurgencia guerrillera latinoamericana en un fenómeno homogéneo cuyo accionar respondía a Moscú a través de Cuba. Los conflictos internos de todos los países latinoamericanos fueron, entonces, guerras de poder entre las superpotencias en donde las guerrillas eran títeres soviéticos y las juntas militares eran los últimos garantes del estilo de vida occidental en cuya defensa debieron actuar. Si la historia fuese así de simple, no serían necesarios los historiadores y alcanzaría con las explicaciones conspirativas de estos personajes que inculpan al exterior por los problemas internos del país.

En realidad, las llamadas “guerras sucias” latinoamericanas no fueron verdaderas guerras, sino militarizaciones ilegales de la represión estatal. Los Estados hicieron la “guerra” contra sus ciudadanos. En concreto, el Plan Cóndor fue una operación clandestina transnacional para eliminar la subversión latinoamericana, a través de la desaparición forzada y tortura de opositores a las juntas militares.

Los historiadores hablamos de terrorismo de Estado, mientras que Milei, Bolsonaro, Kast y sus acólitos recrean realidades alternativas a las cuales llaman verdad «completa».  Al igual que en el resto de América Latina, la violencia estatal no estaba justificada y no salvó al país de una dictadura comunista. La democracia se fortalece a partir de la historia y no de su negación.

El teatro como resistencia frente a las narrativas imperialistas

Sidny Aizpurúa
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El teatro como resistencia frente a las narrativas imperialistas

Antes de abordar lo que nos ocupa con la obra 1903, El Musical, hablemos del control de masas a través de la propaganda política, cuyo fin es persuadir en tiempos de guerra, buscando influir en emociones, ideologías políticas o culturales.

La propaganda política surge con los emperadores romanos como Julio César y Octavio Augusto, quienes utilizaron monumentos, monedas y discursos públicos para consolidar su poder y promover sus logros. En 1622, por iniciativa del papa Gregorio XV, se crea la Sacra Congregatio de Propaganda Fide para controlar desde Roma la evangelización a nivel mundial, pero también con el propósito de consolidar la autoridad papal en todo el orbe. Poco a poco, la propaganda se fue consolidando en regímenes totalitarios, como el de Lenin, quien implantó el comunismo en Rusia, y el de los nazis, que llegaron al poder en Alemania.

En la actualidad, cuando vemos una bandera estadounidense, escuchamos el nombre de «Trump» o incluso leemos las siglas «MAGA», no importa el contexto, lo primero que nuestra mente relaciona o connota, semióticamente hablando, es imperialismo vivo. Y en el ámbito panameño, esto se traduce en «soberanía», que tanto ha costado sostener en los libros de historia.

¿Pero…? ¿Cómo se relaciona esto con la obra de teatro 1903, El Musical?

Harold Lasswell, pionero en ciencias políticas y teoría de la comunicación, concibe este mecanismo como un flujo de información controlado que dirige o influye en la opinión pública y proporciona modelos o pautas de conducta. Esto no debe tomarse con aires de oscuridad. Si bien Donald Trump mueve sus fichas según sus intereses, el panameño tiene su historia vivida, representada en grandes escenarios con centenares de espectadores que no dejan morir su pasado.

La obra de teatro 1903, El Musical, es un gran ejemplo de propaganda política bien lograda: desde las escenografías, vestuarios y actores, hasta la música que podría convertirse en un himno de soberanía. La obra está representada como quien mueve con estrategia las fichas en un tablero de ajedrez. No es sino hasta el final del musical cuando se siente el «jaque mate», y no queda emoción que no pueda resumirse en al menos una lágrima.

El guion inicia con un Victoriano Lorenzo, uno de los grandes héroes de la historia panameña, tendido en el pavimento de lo que hoy conocemos como Plaza de Francia, un personaje olvidado en la historia, quien revive para recrear la separación de Panamá y Colombia. Los personajes están bien pensados, incluyendo los breves minutos que tiene Theodore Roosevelt, o la forma tan irónica de ver a Philippe Bunau-Varilla, que, si en algún momento quisieran borrarlo de los libros de historia seguiría siendo un antihéroe a quien Panamá «debe» su Canal, pero que, a su vez, nos vendió por 10 millones de dólares.

El poder de la música

Según un artículo de Eduardo Barreto Martín, investigador de la Universidad de Salamanca, sobre la relación entre la memoria democrática y los espacios culturales, la música no sólo refuerza los mensajes, sino que también facilita su memorización y crea conexiones emocionales en torno a un objetivo colectivo. En el caso de esta obra, los temas musicales cumplen una función clave en la narrativa y en la evocación de la identidad nacional. Canciones como “No se gana (pero se goza)” logran conectar con las emociones del público a través de versos como: «Sé para Panamá, sale el sol, otro día pa’l Gobierno meternos otro gol, únete al movimiento, juega tu rol que de esta tierra hay que volver a tomar el control». 

También destaca “Eres mi hogar”, que expresa un sentido de pertenencia con líneas como: La tierra que al partirse al mundo unirá… Eres mi hogar, no existe otro amor, no existe otro lugar. La canción “Bandera” eleva el símbolo patriótico a una representación de esperanza y sacrificio: Azul como los yeguas que uniremos, el rojo de la herida por sanar, el blanco de la paz por la que soñaron los mártires que te levantarán. Y, finalmente, la icónica “Sé para tu patria” se convierte en un himno de resistencia y coraje: Deja a un lado el miedo que te para, el guerrero que hay en ti hoy se para, párate y sé para Panamá, sé para tu patria.

Estas canciones funcionan como verdaderos detonantes propagandísticos. Su efecto puede compararse con el uso de la música durante la Primera Guerra Mundial, cuando se componían canciones para animar al público a apoyar el esfuerzo bélico, una estrategia que también fue eficaz durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la propaganda política no debe interpretarse necesariamente como algo negativo; puede ser un recurso poderoso para fortalecer la identidad y la memoria colectiva de un país.

Impacto social y contrapropaganda

El teatro, como herramienta política, no es nuevo. Isidora Aguirre relató cómo Salvador Allende le pidió incorporar su obra “Los que van quedando en el camino” para fortalecer su campaña presidencial. 1903 funciona de manera similar: es un contrarrelato que refuerza el orgullo panameño frente a narrativas externas que hoy, en 2025, amenazan con resurgir. Quizás no sea la maquinaria propagandística de Trump, pero en Panamá, al menos, sigue funcionando como un recordatorio de nuestra capacidad de resistencia.

Desde la representación simbólica, la crítica social, la idealización de héroes o villanos, la simplificación de ideas complejas, hasta la movilización del público, quedan reflejados en la obra, que logra captar la esencia de estos mecanismos. Al final, la figura de Ascanio Arosemena, dirigente estudiantil asesinado en 1964 durante los incidentes del Día de los Mártires, cuando un grupo de estudiantes ingresó a Zona del Canal de Panamá bajo administración estadounidense, se erige como un símbolo que abarca a todas las generaciones de panameños que han luchado por la soberanía de su patria, dejando un mensaje profundo de unidad que resuena con fuerza en el corazón de todos los espectadores.

El peso de las palabras en tiempos de polarización

Tamya Rebelo
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El peso de las palabras en tiempos de polarización

En un escenario global marcado por el ascenso de la extrema derecha conservadora, valores y creencias antagónicas dividen profundamente a las sociedades democráticas. Términos como feminismo, LGBTQIA+, clima, afrodescendientes y pueblos indígenas pueden influir en las elecciones, especialmente en tiempos de fuerte polarización. La campaña de Kamala Harris ilustró bien esta dinámica: aunque defendió cuestiones feministas, como el derecho al aborto, Harris evitó usar el término feminismo. Su estrategia fue clara: priorizar expresiones como los derechos humanos, la justicia social y la igualdad civil para llegar también a los votantes que no se identifican con el movimiento feminista.

El acto de nombrar una agenda va mucho más allá de una formalidad política, es una acción estratégica fundamental. No es casualidad que los estudios sobre la formación de la agenda converjan en un punto crucial: para que un tema gane relevancia en la agenda, su presentación debe ser cuidadosamente preparada para asegurar su aceptación por parte del público objetivo. La elección de las palabras y la estrategia de comunicación pueden determinar qué temas ganan visibilidad y cuáles quedan al margen o se excluyen deliberadamente del debate público.

La experiencia norteamericana no fue aislada. En 2022, Suecia sorprendió a todos al eliminar el término feminista de su política exterior, precisamente el país que, en 2014, había sido el primero en adoptar oficialmente una Política Exterior Feminista (PPF). Tobias Billström, entonces ministro de Asuntos Exteriores sueco, justificó la decisión afirmando que “las etiquetas tienden a oscurecer el contenido”. La declaración causó sorpresa, ya que el feminismo y la igualdad de género se habían mencionado con frecuencia en discursos anteriores para resaltar la trayectoria de Suecia en la promoción de políticas de género.

El rechazo al uso del término feminismo también aparece en el caso argentino, pero de forma mucho más agresiva que en el contexto sueco. Argentina, históricamente líder regional en debates sobre los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQIA+, enfrenta un retroceso en estas políticas bajo la presidencia de Javier Milei, elegido en 2023. Milei critica abiertamente el feminismo, calificándolo de “lucha ridícula” y “agenda socialista disfrazada”. Aunque el país no contó con una Política Exterior Feminista oficial, mantuvo iniciativas relevantes bajo el liderazgo de la Representante Especial para Asuntos Feministas, Marita Perceval. Desde que asumió el cargo, Milei ha abolido el Ministerio de la Mujer y ha recortado la financiación de programas centrados en cuestiones feministas y LGBTQIA+.

Tendencia

Un estudio reciente del Observatorio de Política Exterior Feminista Inclusiva (OPEFI) vincula la eliminación del término “feminista” en la política exterior con la tendencia mundial de fortalecimiento de la extrema derecha conservadora. Los ataques a las normas de igualdad de género a nivel nacional e internacional, aunque no son nuevos, han ganado fuerza e intensidad en los últimos años. Uno de los efectos inmediatos de este proceso ha sido la exclusión deliberada de las discusiones sobre el feminismo de las prácticas externas del Estado.

La investigación de OPEFI encontró que, en los casos de Argentina y Suecia, las cuestiones feministas fueron presentadas como secundarias o contraproducentes frente a desafíos “más urgentes”, como la seguridad y la economía. Como consecuencia de ello, las reflexiones críticas sobre el género y la raza han sido marginadas o sistemáticamente borradas de las acciones de política exterior.

Mientras Suecia sostiene que abandonar el término feminista no significa el fin de los esfuerzos por la igualdad de género, la Argentina de Milei se empeña en presentar al feminismo como una amenaza a la sociedad y lucha por su completo abandono.

Deconstrucción de la relevancia de los feminismos

Otro punto que plantea el estudio es que los actores conservadores y de extrema derecha invierten activamente en deconstruir la relevancia del feminismo. El discurso del gobierno busca disociar la agenda feminista de las políticas públicas, reforzando la percepción de que estas iniciativas son incompatibles con los valores y costumbres nacionales. En estos casos, los conceptos se reinterpretan para adaptarlos a la conveniencia política y fortalecer una ideología antigénero.

Esta dinámica pone de relieve la creciente fragilidad de los valores que han sustentado el orden liberal internacional desde el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2025 representa un impulso significativo al conservadurismo de extrema derecha, dando legitimidad y alcance global a discursos que socavan los principios de igualdad y diversidad.

Trump distorsiona y rechaza las ideas de género y raza, creando un terreno fértil para discursos reaccionarios. Declaraciones como “hemos acabado con la tiranía de las políticas de diversidad, equidad e inclusión” y “hemos firmado una orden ejecutiva que oficializa la política estadounidense de que solo hay dos géneros: masculino y femenino” ilustran cómo el rechazo a la agenda de diversidad se ha convertido en un pilar central del trumpismo. Más que mera retórica, estas declaraciones consolidan un proyecto político orientado a desmantelar las estructuras institucionales orientadas a la igualdad de género.

La administración Trump fortalece a la derecha radical en Estados Unidos e inspira políticas similares en el exterior, impulsando retrocesos en derechos ya conquistados. Estados Unidos y Argentina ahora comparten una cruzada moral contra la llamada ideología “woke” y las políticas hacia las personas trans. En el Foro Económico Mundial de 2025, Milei calificó al woke como un “virus mental”. Trump declaró ante el Congreso de Estados Unidos que Estados Unidos “ya no es woke” y ahora tiene una orden ejecutiva que prohíbe a las escuelas públicas “adoctrinar a los niños con ideología transgénero”, una medida seguida por Milei, quien derogó la Ley de Identidad de Género de Argentina.

En este contexto, conectar los feminismos y la política exterior se vuelve aún más difícil. Los ataques a las normas de género van más allá de los cálculos electorales; son parte de un proyecto político más amplio para reconfigurar los parámetros globales. A medida que los líderes populistas de extrema derecha ganan espacio y legitimidad para cuestionar estas cuestiones, el debate trasciende al uso de ciertas palabras. Los logros de los movimientos feministas corren el riesgo de quedar marginados, reducidos a un papel secundario o incluso borrados del debate público.

No hay engaño: los ciudadanos de las potencias apoyan las políticas imperialistas

Enrique Gomáriz Moraga
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No hay engaño: los ciudadanos de las potencias apoyan las políticas imperialistas

En los últimos días he podido comprobar como dos exámenes geopolíticos brillantes, de orientación política opuesta, pueden cometer sin embargo el mismo error analítico. El primero corresponde al artículo de Carmen Claudín, publicado en el diario El País (20/2/25) y titulado “Contra la internacional oscurantista de Trump y Putin”, donde la investigadora rechaza enfáticamente el acercamiento entre el presidente norteamericano y el ruso, para poner fin a la guerra en Ucrania, subordinando a Kiev. El segundo análisis brillante ha consistido en el discurso del economista estadounidense Jeffry Sachs en el Parlamento Europeo, sobre la continua doctrina de Washington de perseguir la hegemonía mundial desde una perspectiva unilateral y la persistente subordinación de Europa a esa estrategia de dominación imperial.

Como es fácil de observar ambos planteamientos políticos son completamente opuestos. Sin embargo, los dos coinciden en un error fundamental: consideran que los gobiernos de ambos países son capaces de conducir las políticas geoestratégicas engañando o confundiendo a sus respectivas poblaciones. En el texto de Claudín, tanto Trump como Putin aparecen como dictadores, de espaldas al interés de su ciudadanía. Algo que es totalmente falso. En ambos casos, los presidentes cuentan con el apoyo de la mayoría de su población, tanto si se mide mediante sondeos de opinión, como mediante comicios electorales. Repetir que Trump y Putin no nos gustan, no conduce a ninguna parte. Es necesario identificar cual es la causa de que tengan el apoyo de la mayoría de su ciudadanía.

En el caso de Jeffrey Sachs el discurso es un poco más complejo, pero no demasiado. Según su relato, en Estados Unidos es la estructura gubernamental, atravesada por los lobbies privados, la que dirige por décadas la política imperial del país, ante una ciudadanía engañada o, como poco, inerme. Tampoco es cierto. Esa concepción progresista de que Trump ha ganado las elecciones engañando a la mayoría de la población ya no tiene mucho recorrido. Ha llegado la hora de identificar que los mandatarios de las potencias militares (Estados Unidos, Rusia y China) se basan en una visión de mundo compartida con la mayaría de su población.

En el caso de Estados Unidos, el “America First” que ha atraído a tanta gente guarda directa relación con la concepción de que Estados Unidos es la primera potencia mundial y tiene derecho a impulsar una política unilateral. Es solo una modalidad distinta de la que han impulsado los gobiernos del partido demócrata durante más de treinta años respecto del papel de Estados Unidos en el mundo. Ello no significa desconocer las diferencias notables que existen a nivel nacional entre los gobiernos de ambos partidos. Pero la cuestión central es que la mayoría de la población estadounidense apoya la hegemonía geopolítica de su país; es decir, se siente a gusto siendo parte de una potencia que domina el mundo.

En el caso de Rusia la percepción de la gente es menos unilineal. El sentimiento de que Rusia ha sido humillada por occidente desde la desaparición de la Unión Soviética es mayoritariamente compartido por la población. Y ese es el principal capital político de Putin: devolverle al pueblo ruso el respeto internacional que se merece un país que, a fin de cuentas, sigue siendo una potencia nuclear.

Una versión diferente de esa reivindicación histórica también sucede en China. La subordinación a que fue sometida por las potencias occidentales (y por Japón) tiende a desaparecer ahora que también es una potencia económica, militar y nuclear. Todo indica que, después de comprobar que no podrían hacerlo (convertirse en potencia), al tiempo que transitaban hacia la democracia, parece que la población ha aceptado que tiene que elegir, y prefiere ser parte de una potencia mundial aunque no sea democrática. Desde luego, en el caso de China no puede hablarse correctamente de manipulación, porque su sistema es de partido único, es decir, se basa en la no elección política.

En suma, parece que es infundado seguir manteniendo que las políticas imperiales de las potencias militares no tienen el apoyo mayoritario de su población. La mayoría de la gente de esos países se siente cómoda perteneciendo a naciones que se disputan la dominación del mundo. Eso recuerda la vieja discusión acerca de si la mayoría del pueblo alemán apoyaba la política imperial de Hitler o simplemente fue engañada por el régimen nazi.

Hoy pocos historiadores refutan que, sobre todo al comienzo de la guerra mundial, Hitler tenía el apoyo mayoritario de la población alemana. Eso no significa desconocer que una parte apreciable de la ciudadanía alemana no participó del planteamiento nazi, ni tampoco desconocer que el régimen se esforzó por manipular las mentes y los corazones de su población. Pero la mayoría compartió los sentimientos del desagravio respecto de Versalles que significaba convertirse en una potencia militar capaz de dominar Europa y el mundo.

Y para agotar el vaso de amarguras, hay que aceptar que el apoyo popular a las políticas hegemónicas de las potencias puede incluir el apoyo a las guerras. Como se ha dicho, el cambio hacia la guerra moderna que significó la guerra franco-prusiana de 1870 (mecanización, artillería estratégica, etc.) fue acompañado por la demanda popular del chovinismo francés, acostumbrado a la grandeza del imperio napoleónico, de aplastar de una vez a Prusia. Las calles de París y otras capitales francesas se llenaron de nutridas manifestaciones al grito de ¡A Berlín! ¡A Berlín! Como se sabe, esta guerra se convirtió en una verdadera catástrofe para Francia, que vio llegar a las tropas prusianas hasta París y tuvo como consecuencia geopolítica la caída del imperio francés y el nacimiento del imperio alemán.

Desde luego, el apoyo popular que tiene lugar en las grandes potencias a sus políticas imperiales no implica automáticamente la adscripción al belicismo, existe una cantidad de mediaciones entre ambos posicionamientos. Pero la relación existe. O dicho desde el ángulo opuesto, el valor-paz se mantiene, pero compite con otros valores e intereses en coexistencia y aun en competencia. Y todo depende de cual sea el resultado de esa correlación de fuerzas. Lo que ya no puede mantenerse es que el apoyo de la gente a las políticas imperiales sea el simple producto del engaño de unos líderes muy habilidosos y sus gobiernos.

Sudáfrica bajo fuego: una oportunidad para América Latina en un mundo multipolar

Jerónimo Delgado-Caicedo
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Sudáfrica bajo fuego: una oportunidad para América Latina en un mundo multipolar

En un momento en el que el tablero geopolítico global atraviesa una reconfiguración acelerada, el reciente enfrentamiento entre la administración Trump y el gobierno de Sudáfrica no solo revela tensiones ideológicas, sino que también abre una ventana estratégica para los países de América Latina. Más allá de las razones que han llevado al presidente estadounidense a atacar políticamente a Sudáfrica, lo cierto es que este país africano se está consolidando como un actor determinante y un defensor de los intereses de los países más vulnerables del Sur Global. Así, América Latina, en lugar de limitar su mirada a los polos tradicionales de poder, haría bien en profundizar su relación con Pretoria como parte de una estrategia integral de desarrollo, paz y comercio sostenible.

¿Por qué Trump ataca a Sudáfrica?

Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, sus decisiones han estado marcadas por un nacionalismo económico exacerbado, una visión transaccional de la diplomacia y una postura crítica frente a gobiernos que considera contrarios a los intereses geopolíticos de Washington. Sudáfrica no ha escapado de esta lógica.

El punto de quiebre más reciente fue la decisión del gobierno sudafricano de avanzar con una política de expropiación de tierras sin compensación como parte de su programa de reforma agraria, cuyo objetivo es reparar las profundas desigualdades heredadas del apartheid. Si bien esta ley puede percibirse como problemática, lo cierto es que el gobierno sudafricano ha dejado claro que solo se aplicaría en casos específicos, de forma gradual y con múltiples salvaguardas para garantizar los derechos tanto de los terratenientes como de los posteriores receptores de las tierras. Sin embargo, Trump, con su tradicional estilo provocador y basado en una narrativa promovida por medios de extrema derecha como Fox News y grupos nacionalistas blancos, calificó esta medida como un acto de “discriminación racial inversa” y como un atentado contra la propiedad privada, que dio pie a una ofensiva política y económica contra el país africano.

Pero esto no es lo único que molesta a Trump. Sudáfrica ha venido adoptando una postura crítica hacia potencias occidentales en temas clave como el conflicto en Gaza, el papel de la OTAN en Ucrania y la hegemonía del dólar en el comercio global. A esto se suma su demanda contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia y su protagonismo en los BRICS, grupo del que forma parte junto con Brasil, Rusia, India, China, Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y Emiratos Árabes Unidos, y que ha consolidado una agenda contraria a la unipolaridad que durante décadas encabezó Estados Unidos.

En respuesta, la administración Trump ha suspendido más de 400 millones de dólares en ayudas a Sudáfrica, bloqueado acuerdos comerciales y ofrecido un “camino rápido” a la ciudadanía estadounidense para los agricultores sudafricanos blancos, presentados como víctimas de la nueva ley de reforma agraria, en una jugada tan simbólica como estratégica que busca reforzar su narrativa nacionalista.

Más allá del conflicto: lo que Sudáfrica representa

Sudáfrica no es un país más del África subsahariana. Es la economía más industrializada del continente, miembro del G20, potencia regional y un puente natural entre los intereses del Sur Global y los debates del Norte desarrollado. Además, posee una democracia robusta —aunque imperfecta—, instituciones consolidadas y una sociedad civil vibrante que ha sabido enfrentar desafíos complejos como la reconciliación post-apartheid, la corrupción y la desigualdad estructural.

Desde el punto de vista económico, Sudáfrica es un actor con capacidad para impulsar alianzas estratégicas en sectores como minería responsable, energías renovables, agroindustria, educación superior y tecnología. Su participación activa en foros multilaterales como la ONU, la Unión Africana, la SADC y el propio BRICS la convierte en un interlocutor privilegiado para cualquier país que desee diversificar sus alianzas globales.

En resumen, lejos de ser una nación “problemática”, Sudáfrica encarna muchas de las aspiraciones de una globalización más equitativa, inclusiva y sustentada en la cooperación Sur-Sur. Y ahí es donde América Latina tiene mucho que ganar.

América Latina: entre el pragmatismo y la audacia

Durante décadas, la política exterior de numerosos países latinoamericanos ha estado marcada por un alineamiento con Washington. Y aunque esa alianza ha traído beneficios importantes en materia de seguridad, comercio y cooperación internacional, también ha limitado la capacidad de la región para construir una agenda más autónoma y diversificada. Hoy, cuando Estados Unidos se ve envuelto en una confrontación ideológica y estratégica con un país clave del hemisferio sur, América Latina tiene la oportunidad —y el deber— de repensar sus prioridades.

Establecer una relación más cercana y multidimensional con Sudáfrica no solo serviría para consolidar una autonomía estratégica regional, sino que abriría oportunidades concretas en varias áreas:

1. Comercio y diversificación de mercados

Sudáfrica representa un mercado potencial de más de 60 millones de personas con una demanda creciente de productos agrícolas, energéticos e industriales. Los países latinoamericanos, con su riqueza en recursos naturales, capacidades agrícolas y un sector terciario en crecimiento, pueden posicionarse como proveedores clave de alimentos, insumos y servicios. Fortalecer esta relación permitiría reducir la excesiva dependencia del comercio con Estados Unidos, Unión Europea o China.

2. Transferencia de conocimiento y cooperación Sur-Sur

Sudáfrica ha desarrollado políticas públicas innovadoras en campos como salud pública, educación inclusiva, urbanismo sostenible y gestión de recursos naturales. América Latina podría beneficiarse enormemente de intercambios técnicos y académicos con instituciones sudafricanas, especialmente en temas relacionados con equidad social, minería sostenible y desarrollo rural.

3. Seguridad y paz

Tanto Sudáfrica como varios países latinoamericanos han transitado procesos complejos de reconciliación nacional. El país africano se convirtió en un referente global con su Comisión de la Verdad y su modelo de justicia restaurativa. En contextos latinoamericanos marcados por el conflicto interno, la desigualdad o la violencia estructural, una cooperación bilateral centrada en construcción de paz, memoria y reparación puede generar sinergias valiosas.

4. Alianzas en foros multilaterales

La creciente influencia de Sudáfrica en bloques como los BRICS y su liderazgo en el continente africano pueden abrir nuevas puertas diplomáticas a América Latina en su conjunto. En un mundo multipolar, construir alianzas con países como Sudáfrica permite ampliar la capacidad de incidencia global de la región, sin quedar atrapada en lógicas de bloques o lealtades geopolíticas rígidas.

Lo que está en juego

La crisis entre Trump y Sudáfrica no es un episodio aislado. Es una muestra más de cómo el orden internacional está cambiando aceleradamente. En ese nuevo escenario, los países que logren navegar con flexibilidad y visión estratégica tendrán mayores posibilidades de asegurar su bienestar y estabilidad.

América Latina tiene la posibilidad de leer correctamente el momento histórico, abandonar políticas exteriores excesivamente reactivas y construir una agenda basada en principios de cooperación, equidad y pluralidad. Acercarse a Sudáfrica no significa romper con Estados Unidos, sino sumar nuevas voces y aliados a una conversación global donde el Sur también puede —y debe— jugar un papel de liderazgo.

En tiempos de tensiones globales, la audacia diplomática es un ejemplo valioso de una región que cree en un sistema internacional basado en la paz, el desarrollo y la soberanía. Sudáfrica no es un enemigo a evitar, como pretende Trump, sino un socio estratégico a valorar. Y América Latina, si actúa con inteligencia colectiva, puede encontrar en Pretoria un gran aliado en estos momentos de incertidumbre geopolítica.

Todos somos Khalil

Emmanuel Guerisoli
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Todos somos Khalil

El nombre Mahmoud Khalil está destinado a quedar grabado en la historia de los Estados Unidos. Lo que aún está por verse es si será un símbolo de la perseverante resistencia de la democracia estadounidense o de su agonizante fin. El caso Khalil ha puesto en juego el estado de derecho, y su resolución puede solidificar las bases de un régimen autoritario con Trump como dictador.

El 8 de marzo por la noche, Mahmoud Khalil fue arrestado en la entrada de su domicilio y enfrente de su esposa embarazada de 8 meses. Los oficiales, vestidos de civil, lo esposaron y declararon que iba a ser deportado dado a que su visa de estudiante había sido revocada. Khalil argumentó que, si bien no es ciudadano estadounidense, cuenta con una green card que le brinda residencia permanente. Los oficiales, algo sorprendidos, dijeron que la green card también había sido revocada y se lo llevaron en un vehículo sin matrícula. En ningún momento mostraron una orden de arresto, una sentencia judicial, o alguna identificación oficial demostrando que eran autoridades legítimas de alguna agencia federal. Mahmoud Khalil no fue ni detenido, ni arrestado: fue “secuestrado”.

Khalil fue rápidamente trasladado desde Nueva York a New Jersey, primero, y luego en avión a Louisiana. Su inminente deportación sólo fue temporalmente suspendida luego de que sus abogados interpusieron un pedido de habeas corpus ante un juez federal en Nueva York. Su primera aparición frente a una corte migratoria en Louisiana tiene fecha para el próximo 27 de marzo. Lo más sorprendente, y peligroso, es que su detención y revocación de residencia no fue debido a la comisión de algún delito, sino al poder discrecional y arbitrario del ejecutivo estadounidense. Mahmood Khalil es un prisionero político.

El Secretario de Estado Marco Rubio, siguiendo las instrucciones del Presidente Trump, legalizó su accionar en las provisiones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 que lo autoriza a expulsar extranjeros, residentes o no, cuya presencia o actividades representen un perjuicio para la política exterior o la seguridad nacional. El ejecutivo argumenta que Khalil, en su rol de líder de las protestas estudiantiles en la universidad de Columbia, en contra de la guerra en Gaza, promovió la ideología antisemita y actos pro-Hamas. Para los abogados de Khalil, Trump utiliza este caso para atacar el derecho a la protesta y censurar opiniones contrarias a políticas de su gobierno, de los Estados Unidos y de Israel. La realidad es algo más compleja y tenebrosa.

Durante su campaña presidencial, Trump prometió deportar a todos los estudiantes extranjeros que participaron en las protestas universitarias en contra del accionar israelí, clasificándolos como antisemitas y simpatizantes de Hamas. Diputados y senadores Republicanos, y algunos Demócratas también, mantuvieron audiencias públicas con las rectoras de Columbia, Harvard, MIT, y Penn, en donde fueron sometidas a “juicios espectáculo”, llevándolas a sus eventuales respectivas renuncias. Esta fue la primera gran victoria del conservadurismo Republicano en su llamada guerra cultural contra el progresismo.

Las acusaciones infundadas de antisemitismo y apoyo a Hamas en las protestas fueron solo una excusa para comenzar un ataque despiadado contra las instituciones universitarias estadounidenses que son vistas como los centros de las elites culturales de adoctrinarían progresista. Estas últimas, según la derecha conservadora y reaccionaria, revelaron su antipatriotismo al apoyar protestas lideradas por estudiantes extranjeros catalogados como antisemitas y anti americanos por criticar a activamente los Estados Unidos y a Israel.

Apenas unas horas después de la ceremonia de transición, Trump publicó varios decretos eliminando toda medida federal que promoviera los valores de diversidad, equidad e igualdad. Sus efectos se sintieron más allá de la burocracia del gobierno federal: todo tipo de subvención y crédito a corporaciones, y fondos de investigación a centros de desarrollo en ciencia y tecnología y a instituciones académicas fueron suspendidos.

Para los Republicanos, diversidad, equidad, e igualdad, son los pilares del así llamado “marxismo cultural” que incluye, según ellos, el multiculturalismo, el feminismo, la sexualidad queer, la teoría de raza crítica y el postcolonialismo. Todas ideas que iniciaron en la contracultura de los 60s y 70s y lograron amenazar los valores tradicionales a través de su popularización en los 90s en las universidades y en los 2000s-2010s con los medios de alcance masivo.

La Universidad de Columbia es la primera batalla de esta guerra cultural. Días previos a la detención de Khalil, Trump retuvo más de 400 millones de dólares en fondos de investigación del gobierno federal argumentando que Columbia no había protegido a sus estudiantes judíos. Para obtener los fondos, Columbia debía sancionar y expulsar a los estudiantes responsables, borrar la diversidad como factor en su admisión de estudiantes, permitir que agentes de inmigración accedan al campus y eliminar los departamentos de Medio Oriente, África, y Asia. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia lanzó una investigación contra grupos estudiantiles por “actividades de apoyo al terrorismo”.

La intimación tuvo efecto dado que Columbia expulsó a más de 20 estudiantes y se le revocó las visas a varios estudiantes extranjeros, siendo esta una exitosa prueba piloto. El Departamento de educación envió intimaciones similares a más de 60 universidades amenazando con cortar fondos federales si no eliminaban ciertos programas o cancelaban ciertos cursos; particularmente los relacionados con cuestiones de raza, feminismo, teoría queer, y colonialismo.

El proyecto político del Trumpismo y de sus aliados ideológicos como Orban, Milei, Bukele, Netanyahu, y Putin, entre otros, consiste en instalar regímenes autoritario, por lo que la erradicación del pensamiento crítico, de la libertad de investigación y enseñanza, y el progresismo en las universidades es el primer paso. Cancelar fondos y subvenciones federales es simplemente una estrategia de disciplinamiento.

Asimismo, lo es el caso Khalil que es una cuestión de libertad de expresión y no de seguridad nacional. Revocar las visas y deportaciones a extranjeros simplemente por sus opiniones, es una táctica cuyo objetivo es infundir miedo y pánico para silenciar a opositores y disciplinar a la opinión pública. No es coincidencia que la ley utilizada para deportar a Khalil fue promulgada durante el auge del MaCartismo, y contempla, además de la expulsión de extranjeros simpatizantes de ideologías totalitarias y antiamericanas, la desnacionalización de ciudadanos estadounidenses.

Lo que está comenzando a surgir en Estados Unidos es un nuevo MaCartismo, cacería de brujas ideológica y censura de opiniones disidentes críticas del país, acompañado por medidas autoritarias dignas de las Juntas Latinoamericanas de los 70s, cierre de universidades debido a actividades subversivas, “desaparición forzosa de terroristas” y criminalización de las protestas.

La supervivencia del estado de derecho depende de que las cortes limiten el poder discrecional del ejecutivo. La justicia debe rechazar el argumento de que Khalil representa un peligro para la seguridad nacional y afianzar el derecho de expresión, opinión y protesta de todos los individuos presentes en territorio estadounidense. El problema es que es posible que Trump ignore tal decisión judicial y deporte a Khalil, de la misma manera que en los últimos días se llevaron a cabo deportaciones de venezolanos y de una médica y profesora libanesa con visa de trabajo a pesar de órdenes judiciales que suspendían las expulsiones.

Trump argumenta que la ley de Enemigos Foráneos de 1798 permite interpretar la presencia de ciertos extranjeros en suelo estadounidense como una invasión, autorizando deportaciones sin revisión judicial. Asimismo, legisladores Republicanos han lanzado resoluciones para iniciar juicios políticos contra jueces federales que han declarado las acciones de Trump como inconstitucionales. Trump ha amenazado con destituir a tales jueces, invitando una objeción pública y muy poco usual del Presidente de la Corte Suprema, y desencadenando lo que se perfila como una grave crisis constitucional. El fin de un poder judicial independiente es el último eslabón previo a un régimen autoritario.

La libertad de Khalil es la libertad de todos.

Bolivia: la tormenta política perfecta… ¿para quién?

Franz Flores
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Bolivia: la tormenta política perfecta… ¿para quién?

En este período, los bolivianos están demostrando una gran capacidad para soportar una crisis. Por una parte, hace varios días que el aparato productivo casi se ha detenido por la escasez de carburantes, con el claro riesgo de que salte por los aires el precio del dólar junto con el precio del pan, de la carne y las verduras. En segundo lugar, el gobierno ha perdido toda capacidad de iniciativa política y solo lanza medidas —diez, en realidad— que no afectan a la estructura misma del problema. En tercer lugar, los partidos políticos se han convertido en maquinarias electorales dominadas por marketeros electorales que tratan de vender gato por liebre. Tenemos incertidumbre, ausencia de gobierno y pérdida del sentido de la política, los ingredientes ideales para una tormenta política perfecta. 

Por si esto fuera poco, la oposición partidaria anti-MAS (Movimiento al Socialismo) no ofrece nada alternativo al gobierno de Luis Arce. Ante la crisis de ausencia de dólares, el súbdito coreano-boliviano Chi Hyun Chung propone importar dólares, que es tanto como decir que tendrá que recurrir a los préstamos para salir del problema. Por su parte, Samuel Doria sostiene que lo hará en 100 días y con “toda la ayuda internacional que sea posible obtener”: en otras palabras, tenderá la mano para que el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial nos den los ausentes dólares. Finalmente, Jorge Tuto Quiroga propone recurrir a los organismos internacionales, lo que parece razonable, pero lo dice mientras aplaude que la actual Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) haya cerrado el paso a la llegada de estas divisas.  

En este contexto, Evo Morales no ha perdido de vista su objetivo de tumbar al gobierno de Arce, pero ha cambiado notablemente de estrategia. Ha dejado se usar su poder de movilización callejera y caminera (donde perdía popularidad porque se lo veía como causante de la crisis) y ha decidido concentrarse en la ALP, donde su bancada (más los legisladores anti-MAS) bloquean la aprobación de préstamos de organismos internacionales. Son 1.600 millones de dólares en total. En suma, ya no bloquea caminos, ahora bloquea en la ALP. 

Morales, que se mueve como pez en el agua cuando las aguas turbulentas de la política empiezan a ponerse bravas, está logrando su objetivo de generar una fuerte crisis de gobernabilidad a la gestión de Arce, bajo el riesgo de que derive en algo mayor. Esta misma estrategia le funcionó en 2003 para tumbar a Gonzalo Sánchez de Lozada y en 2005 contra Carlos Mesa. ¿Por qué no podría hacerlo en 2025?

Por supuesto que detrás de las acciones de los actores partidarios está el cálculo electoral. Suponen que el desgaste político de Arce más la inhabilitación de Evo como candidato hará que los votos, como por arte de magia, migren desde diversos sectores hacia sus candidaturas. Suponen que la coyuntura actual afecta a la imagen tanto de Arce como de Evo: al primero lo verían como el economista incapaz, y al segundo como el causante de la crisis. 

Empero son lógicas equivocadas. Nada hace suponer que la clase media y campesina que hoy son interpeladas por unos discursos de corte nacional populista por el MAS y por Evo Morales vayan de pronto a abrirse a propuestas o discursos libertarios o liberales al estilo de Milei o Trump.  

La otra suposición es que Morales carece de capacidad de efecto político por estar inhabilitado en las elecciones de este año. Como van las cosas, es probable que Evo no figure en la papeleta electoral pero puede colocar a un sucesor que capte el 30% de respaldo del que goza el expresidente cocalero. No es poca cosa. 

Desde su autoencierro en el Chapare (Cochabamba), Morales está demostrando que, sin necesidad de moverse, puede afectar y hasta ordenar la agenda política boliviana. A él no le interesan las elecciones generales: él va tras la cabeza del presidente Arce (una cabeza que hoy por hoy habla poco y propone menos). En este contexto, muchos opositores o simplemente críticos con el gobierno baten palmas por la crisis económica y política actual porque creen que debilita al oficialismo y fortalece a una de las oposiciones. Están lamentablemente errados: quien se beneficia de todo este descalabro es Morales, cuyo poder puede quedar intacto en las elecciones de agosto de este año, esté o no su foto en la papeleta electoral.

¿Hay oportunidades de cooperación en defensa entre Europa y Latinoamérica?

Andrea Valdelamar
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¿Hay oportunidades de cooperación en defensa entre Europa y Latinoamérica?

La cooperación en seguridad y defensa entre Europa y América Latina ha cobrado un nuevo impulso frente a los crecientes desafíos geopolíticos y amenazas transnacionales. La defensa de la democracia, la ciberseguridad, la desinformación y el crimen organizado son algunos retos compartidos que exigen una respuesta coordinada.

La designación de la embajada de Alemania en Colombia como embajada de contacto de la OTAN para América Latina representa una oportunidad estratégica para consolidar esta relación.

Democracia y autoritarismos

La defensa de los valores democráticos es un pilar central de la cooperación entre Europa y América Latina. La expansión de regímenes autoritarios y la erosión de las instituciones democráticas en la región latinoamericana han encendido las alarmas en la comunidad internacional.

Desde Europa, la defensa de la democracia se ha articulado mediante iniciativas como la Política Europea de Vecindad y los programas de apoyo a las instituciones democráticas. Para fortalecer esta cooperación, resulta esencial implementar mecanismos que permitan vigilar y sancionar a actores externos que interfieran en los procesos democráticos. Asimismo, la creación de plataformas de diálogo político pueden facilitar el fortalecimiento institucional. El apoyo a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes permitirá consolidar una narrativa democrática y contrarrestar la influencia de actores autoritarios.

Un desafío adicional proviene de la creciente influencia de China y Rusia en la región. La inversión china en sectores estratégicos como la minería, las telecomunicaciones y la energía podría afectar la estabilidad institucional y política. La presencia rusa en el ámbito militar y tecnológico añade una dimensión geopolítica compleja que requiere una respuesta estratégica coordinada.

Ciberseguridad y desinformación

En el actual entorno digital, las amenazas a la ciberseguridad y la desinformación desestabilizan las democracias y erosionan la confianza pública. América Latina ha sido objeto de campañas de desinformación dirigidas desde actores estatales y no estatales, muchas veces vinculadas a intereses geopolíticos externos. Un ejemplo claro de esta dinámica es la difusión de noticias falsas durante procesos electorales en Colombia y Brasil. Esto generó una profunda desconfianza en las instituciones y ha contribuido a la polarización política y social.

Para enfrentar este desafío, la cooperación con Europa puede centrarse en el intercambio de tecnología y mejores prácticas para la protección de infraestructuras críticas. La creación de mecanismos conjuntos para identificar y contrarrestar campañas de desinformación permitirá desarrollar respuestas más rápidas y efectivas ante ataques informáticos y campañas de manipulación. Igualmente, la formación de capacidades nacionales y regionales en ciberdefensa fortalecerá las estructuras de seguridad digital en América Latina.

La OTAN ha identificado la ciberseguridad como una prioridad para la cooperación con Colombia. La embajada de Alemania como embajada de contacto podría facilitar la transferencia de tecnología y formación especializada, fortaleciendo las capacidades de ciberdefensa en la región.

Crimen organizado transnacional

El narcotráfico, la trata de personas y el contrabando de armas, entre otros, representa un desafío compartido para América Latina y Europa. La experiencia de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia armada la posiciona como un socio estratégico para la OTAN y la UE.

El tráfico de drogas hacia Europa aumentó en los últimos años y llevó a las agencias de seguridad europeas a buscar una cooperación más estrecha con Colombia. ¿Con qué fin? Para interrumpir las rutas del narcotráfico y debilitar las redes criminales que operan en ambos continentes. Las operaciones conjuntas y el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia son fundamentales para reducir el impacto del crimen organizado y mejorar la seguridad transatlántica.

Colombia como socio OTAN

Desde su designación como socio global de la OTAN en 2017, Colombia consolidó su papel como un aliado estratégico mediante ejercicios militares conjuntos y misiones de paz. La embajada de Alemania, como punto de contacto, permitirá ampliar la cooperación en la región. Además, podrá promover un enfoque integral de seguridad que combine defensa militar y seguridad ciudadana.

La cooperación trilateral entre América Latina, Europa y la OTAN también puede extenderse a operaciones de mantenimiento de la paz y respuesta a crisis. La experiencia de Colombia en escenarios complejos, sumada a la capacidad logística y estratégica de la OTAN, permitirá desarrollar una arquitectura de seguridad más robusta y efectiva en la región.

Perspectivas de la cooperación estratégica

La cooperación entre Europa y América Latina en materia de seguridad y defensa se proyecta como un componente clave de las relaciones transatlánticas en la próxima década. La creciente presencia de China y Rusia en la región ha llevado a que actores europeos busquen consolidar su influencia mediante mecanismos de seguridad y cooperación económica. El concepto de friend-shoring, que implica trasladar las cadenas de suministro hacia países aliados, ofrece una oportunidad para fortalecer la cooperación en seguridad y defensa​.

La experiencia de Colombia en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, junto con el respaldo estratégico de la OTAN, posiciona al país como un socio clave en el desarrollo de una arquitectura de seguridad regional. Asimismo, la cooperación en seguridad podría extenderse hacia la seguridad ambiental. En esta área, Colombia y la OTAN podrían desarrollar protocolos conjuntos para enfrentar amenazas climáticas y desastres naturales, aprovechando la experiencia de la OTAN en respuesta rápida a crisis humanitarias.

Oportunidad para ambas regiones

Europa y América Latina enfrentan desafíos comunes en materia de seguridad y defensa que requieren una cooperación estratégica más profunda. La defensa de la democracia, la ciberseguridad, la lucha contra el crimen organizado y la estabilidad regional son áreas en las que la experiencia de Colombia y el respaldo de la OTAN pueden marcar una diferencia sustancial. La designación de la embajada de Alemania como embajada de contacto de la OTAN en Colombia constituye una oportunidad para fortalecer esta cooperación y consolidar una alianza transatlántica más robusta y efectiva.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

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