El déjà vu electoral de Ecuador

Selene López
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El déjà vu electoral de Ecuador

En apenas tres años, Ecuador ha experimentado cuatro procesos electorales, un ritmo vertiginoso que refleja la profunda inestabilidad política del país. El desenlace de ayer en la primera vuelta confirma un escenario ya conocido: una reedición del balotaje de 2023.

Por un lado, Daniel Noboa, heredero de uno de los conglomerados más poderosos del país, representa la continuidad de un proyecto político aún en construcción. Por el otro, Luisa González, figura emblemática de la marea rosa que recorrió América Latina en la primera mitad del siglo XXI, busca devolver al correísmo al poder tras dos intentos consecutivos fallidos en la carrera presidencial.

Ambos candidatos suman más del 88,62% de los votos, consolidando así la elección en primera vuelta más polarizada de Ecuador desde el retorno a la democracia.

El correísmo resurge: ¿podrá Luisa González romper el techo electoral?

El correísmo, agrupado en la Revolución Ciudadana (RC), ha demostrado una vez más su capacidad de resistencia electoral. Desde la salida de Rafael Correa del poder en 2017, el movimiento ha enfrentado proscripciones, persecuciones judiciales y un desgaste natural tras más de una década en el gobierno. Sin embargo, sigue siendo una de las fuerzas políticas mejor organizadas del país, con una base de apoyo sólida en sectores populares y rurales, especialmente en la Costa, donde la RC es vista como la única alternativa con proyecto de protección social en el país.

Esta elección marca un punto de inflexión. Con Luisa González alcanzando el 44,17% de los votos, la RC se encuentra en su posición más fuerte desde 2017. A diferencia de elecciones anteriores, donde el techo electoral parecía infranqueable, hoy se vislumbra una oportunidad real de superarlo.

Uno de los factores clave en este proceso es la evolución de Luisa González como figura política. En 2021, su irrupción en la escena nacional fue abrupta, fue una figura nueva, y aunque logró consolidarse como la candidata del correísmo, su falta de trayectoria le impidió conectar más allá del voto duro. Hoy, su historia es diferente. Ha demostrado mayor experiencia y madurez, intentando construir una identidad propia que no solo se apoye en el legado de la Revolución Ciudadana, sino que también proyecte un liderazgo autónomo y renovado.

Además, el contexto actual juega a su favor. Ecuador atraviesa una de sus crisis más profundas en décadas, marcada por la inseguridad, la precarización económica y la inestabilidad política. En este escenario, la demanda de estabilidad y protección social se ha vuelto central en la decisión de los votantes. Para una parte significativa de la población, la RC sigue siendo la opción más creíble para devolver al país una sensación de orden y seguridad.

Aunque el desafío de superar el voto de rechazo y ampliar su base electoral sigue vigente, la posibilidad de recuperar la presidencia es más real que nunca. El respaldo de un aliado clave como Leonidas Iza, líder indígena con una base electoral significativa y el 4,76% de los votos en la primera vuelta, podría ser determinante. Con esta posible alianza y una estrategia efectiva para atraer indecisos, Luisa González tiene la oportunidad de lograr lo que en 2021 y 2023 parecía imposible: llevar al correísmo de vuelta al poder.

Daniel Noboa: la fortaleza de un liderazgo en construcción

A pesar de apagones de 14 horas y una crisis de seguridad sin precedentes—2024 cerró como uno de los años más violentos, con 8.008 homicidios—Daniel Noboa mantiene una popularidad notable: un 44,44% para un incumbente, una cifra alta en el actual contexto de crisis.

Su aprobación no se basa en la eficiencia, sino en la percepción de firmeza. Acciones como la militarización de las calles o la incursión en la embajada mexicana han reforzado su imagen de “presidente que actúa”, más allá de los resultados concretos.

Incluso eventos traumáticos, como la desaparición de cuatro niños, no han debilitado su respaldo. En una sociedad que ha naturalizado la violencia, la legalidad pasa a un segundo plano cuando lo que se exige es soluciones inmediatas, sin importar el costo.

Su respaldo trasciende el anticorreísmo y las élites económicas altas, atrayendo a diversos sectores de la sociedad: mujeres, jóvenes, clases medias y bajas, así como a sectores populares empobrecidos que buscan estabilidad en medio del caos. Una de las ideas más reveladoras de la socióloga Arlie Hochschild es que la clase trabajadora no necesariamente rechaza a los ricos; por el contrario, los admira cuando percibe en ellos esfuerzo y éxito. Lo que valoran es la movilidad social ascendente y la posibilidad de mejorar sus propias condiciones de vida. Sin embargo, desconfían profundamente de las élites urbanas sobreeducadas, a quienes perciben como arrogantes y desconectadas de la realidad cotidiana.

Según el Latinobarómetro 2024, muchos ecuatorianos mantienen la esperanza de que su situación personal mejorará en el futuro, aunque muestran escepticismo respecto al progreso del país en su conjunto. Esta contradicción—optimismo individual frente a pesimismo colectivo—ayuda a comprender el arraigo de Daniel Noboa en el imaginario popular. Su éxito empresarial no es interpretado como un privilegio heredado, sino como un símbolo de esperanza y una promesa personalizable: si él lo logró, quizás otros también puedan hacerlo. Esta narrativa refuerza su conexión con amplios sectores de la población, que ven en su trayectoria un reflejo de sus propias aspiraciones.

En un Ecuador profundamente marcado por el rechazo hacia la clase política tradicional y la desconfianza generalizada en las instituciones, Noboa no solo representa la continuidad de un proyecto político aún difuso y lleno de contradicciones, sino que también encarna un liderazgo percibido como novedoso y alejado del tradicionalismo político, instalando la idea de un nuevo ecuador, para muchos, su figura se ha convertido en un símbolo de estabilidad y renovación.

En un Ecuador profundamente marcado por el rechazo hacia la clase política tradicional y la desconfianza generalizada en las instituciones, Noboa no solo encarna la continuidad de un proyecto político aún difuso y lleno de contradicciones, sino que también representa un liderazgo percibido como novedoso y distante del tradicionalismo político. Su figura ha logrado instalar la idea de un «nuevo Ecuador», convirtiéndose, para muchos, en un símbolo de renovación.

Cierre: Un Ecuador en busca de rumbo

Más allá de las diferencias entre ambos candidatos, lo que subyace es una demanda común: la necesidad de orden y estabilidad en un país que ha visto cómo la violencia, la precariedad económica y la desconfianza institucional se han convertido en realidades cotidianas.

La polarización entre Daniel Noboa y Luisa González, dos figuras que encarnan proyectos políticos antagónicos pero igualmente arraigados en el imaginario popular, evidencia las tensiones profundas que atraviesan la sociedad ecuatoriana. La elección no solo definirá el futuro político de Ecuador, sino también la capacidad de sus líderes para responder a las expectativas de una ciudadanía que, aunque dividida, comparte un anhelo de cambio.

Ningún ser humano es ilegal

Raquel Araujo de Jesús
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Ningún ser humano es ilegal

Elegido para presidir Estados Unidos entre 2025 y 2029, el inicio del segundo mandato presidencial del republicano Donald Trump está marcado por una serie de polémicas. Las medidas que ha venido adoptando desde su toma de posesión, a pesar de no ser mayores sorpresas, pues ya eran parte de su campaña, han repercutido en discusiones en el ámbito de la política internacional. Una de estas medidas, ampliamente difundida por medios nacionales e internacionales, es la llamada “deportación masiva” de inmigrantes indocumentados y/o en situación migratoria irregular en Estados Unidos. Muchos de éstos, a su vez, están siendo enviados a sus países de origen esposados ​​y atados por los pies bajo el argumento de que podrían, potencialmente resistirse a la detención y/o causar disturbios, poniendo en riesgo la integridad física de los agentes de deportación y la seguridad de los vuelos.

Si bien la deportación es una medida controvertida, vale la pena resaltar que el Estado, en su concepción moderna, es soberano para decidir qué política migratoria adoptará en su territorio nacional. Esta política, sin embargo, debe estar en consonancia con los compromisos internacionales que ha asumido. En este sentido, la filósofa y ensayista italiana Donatella Di Cesare (2020) identifica que las democracias liberales contemporáneas están marcadas por un dilema filosófico, el cual se compone de una tensión política entre el principio de soberanía estatal y los derechos humanos. Según el autor, el derecho a la exclusión, es decir, a definir quién es nacional, ciudadano con derechos, y quién es extranjero, es el sello distintivo del principio de soberanía estatal y uno de los elementos fundadores del Estado moderno y, por tanto, del sistema internacional en el que estamos insertos.

Así, la frontera estatal que cruza el sujeto migrante no es simplemente una línea imaginaria que marca el límite de un Estado y el inicio de otro, sino un espacio complejo de disputas, encuentros, posibilidades y límites. Se trata pues de una paradoja democrática que opera según la lógica de proteger la nación, la pertenencia, discriminando y excluyendo al “otro”, al extranjero, a aquel que no pertenece a la nación.

Desde mediados del siglo XX asistimos a un aumento de los flujos migratorios internacionales, intensificados aún más por los efectos de la globalización desde los años 1990. Conflictos armados internos e internacionales, desastres ambientales causados ​​o no por la acción humana, pobreza, desigualdades sociales, diferencias históricas, la falta de oportunidades, la búsqueda de mejores condiciones de vida, son algunas de las principales razones que hacen que una persona decida migrar, a un país distinto al de su nacionalidad.

Con el objetivo de proporcionar un movimiento migratorio seguro y ordenado, en el que se puedan asegurar los derechos humanos del sujeto migrante, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha desarrollado instrumentos normativos, como declaraciones y tratados internacionales, que deben ser respetados por sus Estados miembros y que tratan esta cuestión. Sin embargo, aunque la Declaración Universal de Derechos Humanos, redactada en 1948, establece, por ejemplo, en su artículo decimotercero que todo humano tiene derecho a migrar, en la práctica las migraciones son vistas como un problema para el sistema internacional y una amenaza potencial para el Estado-nación. Por esta razón, muchos Estados han adoptado políticas migratorias cada vez más restrictivas para contener, o al menos dificultar, estos movimientos de personas.

En general, las políticas migratorias internacionales restrictivas están asociadas a una narrativa y una lógica de “crisis”, presente en ciertos discursos políticos y difundida y reforzada por los medios de comunicación, que identifican los movimientos migratorios como problemas imponentes y culpabilizan a los migrantes de problemas que enfrentan los países y sociedades que reciben a estas poblaciones. Así, además de alimentar prácticas discursivas xenófobas y racistas, según la experta Carolina Moulin, el argumento de la “crisis migratoria” convierte una cuestión de derechos en una cuestión de seguridad, resultando en lo que la autora llama una “política de contención de los excesos”, de una fuerza de trabajo necesaria pero nunca bienvenida.

En este contexto, la política de Trump de deportar personas en cantidades sin precedentes, así como el uso indiscriminado de esposas, cadenas y otras formas de trato degradante, supuestamente estaría justificada, ya que ahora los inmigrantes están asociados con todos los delitos y problemas relacionados con el bienestar social de la población estadounidense.

Como resultado, la persona migrante es objeto de un proceso de criminalización y cuando se encuentra en situación no regulada, se le coloca la etiqueta de “ilegal”, como si un ser humano pudiera ser considerado ilegal por el simple hecho de existir, buscar y construir otra realidad para sí y su familia. Según el experto Di Cesare “[…] vista como una delincuencia en sí misma, la inmigración sería una fuente de criminalidad. […] el inmigrante se convierte así en un criminal potencial, un bandido furtivo, un terrorista implícito, un enemigo oculto.”

El efecto de esta narrativa, a su vez, no se limita a los migrantes irregulares, quienes no cuentan con la documentación necesaria, sino que afecta también a los migrantes documentados, es decir, aquellos en situación migratoria regular, quienes son estigmatizados cotidianamente. En vista de ello, desde una perspectiva de derechos humanos, lo que estamos presenciando en Estados Unidos, en general, es un profundo retroceso en la política de acogida de los migrantes, lo que pone de relieve el actual colapso de la hospitalidad cosmopolita liberal kantiana.

*Las opiniones, hipótesis y conclusiones o recomendaciones expresadas en este material son responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de FAPESP

El Greenwashing en Brasil y el giro conservador del sector tecnológico

Camila Cassis   |   Teresa Bastiani
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El Greenwashing en Brasil y el giro conservador del sector tecnológico

En los últimos años, la crisis climática se ha convertido en uno de los debates más importantes que enfrenta la humanidad. Las empresas han ido incorporando discursos sobre responsabilidad corporativa, criterios ESG (ambiental, social y gobernanza por sus siglas en inglés) y sostenibilidad en sus estrategias. ¿Pero qué pasa cuando esas promesas son sólo palabras? En Brasil, una investigación de Market Analysis (2024) expone que el 85% de las declaraciones ambientales realizadas por los productos tecnológicos analizados son greenwashing. En otras palabras, casi todo lo que se vende como “verde” no es más que maquillaje para conquistar a los consumidores.

Los datos muestran que, a pesar del importante crecimiento del número de declaraciones medioambientales en las etiquetas (un aumento del 46% desde 2010, año del primer análisis de mercado sobre este tema), la proporción de declaraciones engañosas se ha mantenido prácticamente sin cambios. El sector de la electrónica y los accesorios surge como símbolo de regresión. Para 2024, solo el 9% de los productos de esta categoría contaba con certificaciones ambientales verificadas, una caída drástica respecto del 47% en 2014, cuando Market Analysis realizó su segunda edición de la encuesta. 

¿Cómo una industria tan central como la innovación tecnológica pudo haber abandonado su potencial de liderar la agenda ambiental? En lugar de avanzar, la industria parece haber redoblado sus prácticas de greenwashing, y el 92% de las afirmaciones ambientales son ahora puro “lavado verde”.

Para entender este cambio es necesario observar dos números. Este cambio no se produce de forma aislada, sino que refleja una tendencia más amplia que algunos han llamado el “giro conservador” en el sector tecnológico en los últimos años. Un ejemplo emblemático es la posición de Donald Trump en 2025, con la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París y la declaración de una “emergencia energética nacional”, priorizando la exploración de combustibles fósiles. 

Estas decisiones no sólo afectan al sector energético, sino que también envían un mensaje claro al mundo empresarial: la protección y el cuidado del medio ambiente no pueden dejarse de lado en nombre del crecimiento económico. En este contexto, no es difícil imaginar que sectores como el tecnológico, que operan con poca supervisión en cuestiones ambientales, se sientan autorizados a adoptar posiciones menos comprometidas con la sostenibilidad.

Y, por supuesto, la tecnología no es inmune a las presiones políticas y a las decisiones estratégicas de sus líderes. Recientemente, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, lo ilustró perfectamente. Su decisión de recortar equipos centrados en el impacto social y redirigir recursos al metaverso y la inteligencia artificial simboliza las prioridades de una industria que ve la innovación como su único propósito. Zuckerberg sostuvo que las empresas deberían centrarse en el “crecimiento y la innovación” y clasificó las agendas ambientales como “restrictivas” o “ineficaces”. Al escuchar esto, uno se pregunta: ¿Están las empresas tecnológicas demostrando que pueden escapar del escrutinio público sacrificando su compromiso con el planeta?

Curiosamente, mientras el sector tecnológico está retrocediendo, otros sectores están demostrando que es posible avanzar. Entre 2014 y 2024, categorías como “juguetes y artículos para bebé” y “cosméticos e higiene” vieron incrementos del 29% y del 14%, respectivamente, en el número de certificaciones ambientales otorgados. Estos datos son un claro reflejo de unos consumidores y empresas cada vez más exigentes que entienden el valor de las prácticas transparentes. Entonces, ¿por qué la tecnología, un sector del cual se espera que lidere el futuro, decidió ignorar esta tendencia? ¿Está el sector tan obsesionado con el crecimiento y el rendimiento que parece que el futuro no dependiera de un planeta habitable?

Lo que estamos presenciando son más que simples reveses. Es la señal de una profunda desconexión entre las prioridades del sector tecnológico y las necesidades globales. El greenwashing no es sólo una estrategia de marketing, es una elección ética, o más bien, la falta de ella. Y a medida que el sector tecnológico continúa creando el mundo digital del mañana, está construyendo una base inestable basada en promesas vacías e incumplidas.

Si la industria tecnológica no reconsidera sus decisiones, corre el riesgo de alejarse de una generación que valora la autenticidad y la responsabilidad. Lo que es más importante, pierde la oportunidad de ser el agente transformador que exige la crisis climática. Las empresas tienen la oportunidad de dejar de lado el “lavado verde” y asumir un papel real en la construcción de un futuro sostenible. ¿Pero están dispuestos a renunciar a la comodidad de las falsas promesas en aras de algo mayor? Por ahora todo indica que no será así.

Elecciones en Ecuador: entre la desconfianza y la resignación

Carolina Elizalde
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Elecciones en Ecuador: entre la desconfianza y la resignación

Ecuador atraviesa un momento crítico marcado por una creciente desconfianza en el Estado y sus gobernantes. Las elecciones han dejado de ser vistas como una oportunidad para la renovación política y, en su lugar, generan incertidumbre. La inestabilidad, reflejada en los constantes cambios de presidentes desde 1979, refuerza la percepción de que el proceso electoral de 2025 difícilmente traerá un cambio real. Con 16 candidatos, muchos de ellos con propuestas similares y menos del 5% de apoyo popular, el electorado enfrenta opciones poco convincentes. Esta fragmentación evidencia una cultura política débil, sin cohesión partidaria ni representación genuina.

La reciente crisis política, marcada por una muerte cruzada y un gobierno de corto plazo centrado en la reelección, ha profundizado este escepticismo. En este contexto, el voto se percibe más como una obligación que como un derecho, lo cual ha reducido la participación activa. Las promesas de cambio parecen vacías, mientras la confianza en el sistema político ecuatoriano sigue deteriorándose.

La cultura política, entendida como el conjunto de valores, creencias y actitudes de los ciudadanos hacia el sistema, es clave para la democracia. Según los expertos Gabriel Almond y Sidney Verba, una cultura política fuerte requiere coherencia entre las creencias ciudadanas y las acciones de los gobernantes. En sus estudios de política comparada, los expertos sostienen que las democracias dependen de una participación activa donde el voto es solo una parte del compromiso político.

En Ecuador, la falta de una cultura política consolidada se refleja en la baja participación activa, lo que refuerza un ciclo de desconfianza e inestabilidad. Y sin una cultura política que promueva el diálogo, la transparencia y la rendición de cuentas, Ecuador seguirá atrapado en un ciclo de desconfianza que impide una democracia estable.

Inestabilidad política: un fenómeno recurrente

La inestabilidad política en Ecuador se ha evidenciado en la interrupción de mandatos presidenciales. Desde 1979 hasta 2023, cinco presidentes no completaron su periodo, revelando una crisis institucional persistente. Esta situación ha generado incertidumbre, debilitando la relación entre gobernantes y ciudadanos, lo cual a su vez ha debilitado la solidez de las instituciones democráticas.

El gobierno de Alianza País, liderado por Rafael Correa (2007-2017), brindó una percepción de estabilidad frente a gestiones previas. No obstante, los casos de corrupción y su estilo polarizador erosionaron la confianza pública. Esta situación conllevó una fragmentación interna que debilitó al movimiento y alejó a nuevas generaciones. Los gobiernos siguientes, pese a marcar distancia, no consolidaron una percepción similar de solidez. Y recientemente, las crisis de seguridad, energética y económica han acentuado la desconexión entre el Estado y la ciudadanía.

Desconexión entre ciudadanos y gobernantes

La desconexión entre las creencias políticas de los ciudadanos y las acciones de los gobernantes es un factor clave en la crisis política de Ecuador. Esto se refleja especialmente en el creciente desinterés de los jóvenes de 18 a 30 años. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), solo el 25% de este grupo participa activamente en procesos políticos más allá del voto, lo que demuestra una falta de confianza en los partidos tradicionales.

La desafección política se debe en gran parte a la escasa representación y a la percepción de que las promesas electorales no generan cambios reales. La falta de liderazgo auténtico y la incapacidad de transformación agravan el desencanto, especialmente entre los jóvenes, quienes, pese a los intentos de algunos candidatos por acercarse a ellos, ven la política como un ámbito reservado para expertos. Las elecciones se han convertido en un ejercicio de «supervivencia política», donde se elige al «menos peor» en lugar de propuestas concretas y viables, perpetuando la crisis de representación y la desconfianza.

En este marco, el panorama político ecuatoriano de cara a las próximas elecciones presidenciales está marcado por la incertidumbre y la desconfianza. Mientras un sector del electorado mantiene esperanzas de cambio, la mayoría se muestra apática o desilusionada. Este desinterés, especialmente entre los jóvenes, evidencia la falta de una cultura política sólida que exija la implementación de las promesas de campaña en acciones concretas.

El ejercicio político no culmina en la urna, sino que cobra sentido a partir de ella. La democracia no se sostiene solo con el voto, sino con ciudadanos informados, críticos y comprometidos con el futuro del país. Exigir transparencia, el cumplimiento de promesas y una gestión responsable no es una opción, sino un deber. El futuro de Ecuador no puede reducirse a la defensa de intereses individuales, sino entenderse como un esfuerzo colectivo donde la participación activa de la sociedad y la responsabilidad de los gobernantes sean la verdadera fuerza del cambio.

A contracorriente: el acuerdo UE-Mercosur y la política comercial de Trump

Detlef Nolte   |   Ana Paula Tostes
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A contracorriente: el acuerdo UE-Mercosur y la política comercial de Trump

Con la toma de posesión de Donald Trump, ha vuelto la política de “America First” que incluye los aranceles como arma de presión económica y expresión de una política proteccionista. Durante el primer mandato de Trump, las negociaciones entre la UE y Mercosur concluyeron (en junio de 2019) con un primer borrador de un Acuerdo de Asociación. La conclusión de las negociaciones, tras más de 20 años de altibajos, se consideró en su momento como una señal de la UE y del Mercosur a favor del libre comercio y en contra de la política proteccionista de la administración Trump.

Posteriormente las negociaciones quedaron bloqueadas por la disputa sobre una mayor garantía de protección del clima como demanda de la UE, el proteccionismo agrícola encubierto de Francia y la desastrosa política medioambiental y climática de Bolsonaro. El escepticismo sobre si el acuerdo llegase a firmarse volvió a aumentar. Sin embargo, tras la elección de Trump, la Comisión Europea y Mercosur acordaron un texto modificado con anexos a principios de diciembre de 2024, que aún debe ser firmado y ratificado por las partes.

El inminente cambio de gobierno en Estados Unidos después del triunfo electoral de Trump puede haber influido en la conclusión de las renegociaciones. No se puede descartar que la reacción contra la política proteccionista estadounidense en Europa y América del Sur también podría influir en la firma y posterior ratificación del acuerdo. De esta manera, Donald Trump se convertiría en el partero del acuerdo UE-Mercosur.

Con el acuerdo, ambas partes marcarían una clara contraposición a la política estadounidense. A diferencia de Trump, el Mercosur y la UE están a favor de una liberalización comercial amplia y la consolidación de sus relaciones comerciales sobre una base jurídica que crea seguridad para empresas y gobiernos. La UE y el Mercosur se refieren al Acuerdo de París, del que Trump ha vuelto a retirar a Estados Unidos. En cambio, la UE y el Mercosur reafirman su validez y se comprometen a cumplirlo.

El acuerdo entre la UE y el Mercosur es un acuerdo basado en una asociación entre iguales que toma en cuenta las preocupaciones del socio. Esto no siempre ha sido así. Durante mucho tiempo, la UE ha intentado imponer unilateralmente sus intereses o ha dictado normas de acceso al mercado europeo, que repercuten directamente en terceros países y van más allá de lo acordado en el acuerdo con el Mercosur.

Con Lula, Brasil ha conseguido convertir las negociaciones en un conflicto de intereses Norte-Sur en el que la UE quiere hacer valer sus intereses unilateralmente y no hace ninguna concesión a los socios del Mercosur ni tiene suficientemente en cuenta sus intereses. En el nuevo texto del acuerdo, la UE y Mercosur se han hecho concesiones mutuas.

Los gobiernos del Mercosur, especialmente Brasil, ponen énfasis en las concesiones en materia de la liberalización de contratación pública (como la exclusión total de las compras realizadas por el Sistema Único de Salud y la preservación de márgenes de preferencia para bienes y servicios nacionales), el derecho a aplicar tarifas de exportación sobre minerales críticos para fomentar la creación de valor añadido local, y la protección de la industria automovilística nacional con eliminaciones arancelarias durante un período más largo (especialmente para vehículos eléctricos, vehículos de hidrógeno y otras nuevas tecnologías) y la creación de un mecanismo de salvaguardia de inversiones en el sector.

La UE ha logrado su objetivo de dar mayor peso a la protección del medio ambiente y del clima. En el nuevo texto las partes reiteran su compromiso con el Acuerdo de París que definen como elemento esencial del acuerdo entre la UE y el Mercosur. El texto establece que en el caso de una violación grave y sustancial de las obligaciones se podrán adoptar medidas apropiadas que como último recurso incluyen la suspensión, total o parcial, del acuerdo. El nuevo anexo sobre comercio y desarrollo sostenible la UE y el Mercosur reafirman sus compromisos internacionales de evitar una mayor deforestación e intensificar los esfuerzos para estabilizar o aumentar la cubierta forestal a partir de 2030.

Para los gobiernos del Mercosur, los elementos de cooperación y de confianza mutua en el nuevo texto del acuerdo revisten especial importancia. Durante mucho tiempo, la posición de la UE se caracterizó por la desconfianza hacia Mercosur, y se puso en duda su voluntad de aplicar sus compromisos en materia de protección del medio ambiente y del clima. Los gobiernos del Mercosur hacen hincapié que la UE ahora confía en los propios Estados del Mercosur para supervisar y comprobar si se cumplen las normas medioambientales de la UE al exportar mercancías al mercado europeo. Además, la UE promete apoyo financiero para adaptarse a los nuevos requisitos medioambientales y de protección del clima en el comercio, así como un trato preferencial para los productos sostenibles de Mercosur y la creación de un programa especial para canalizar la cooperación en el marco del acuerdo. En resumen, se trata de un avance significativo hacia una agenda birregional y compartida para combatir el cambio climático y promover el desarrollo sostenible.

El texto está ahora en proceso de revisión jurídica y de traducción a las lenguas oficiales de la UE. A continuación, la Comisión Europea presentará el acuerdo al Consejo Europeo para su aprobación (por mayoría cualificada). A continuación, debe decidirse si se divide el acuerdo de asociación y se vota por separado la parte comercial (ratificación sólo por el Parlamento Europeo) o en su totalidad (ratificación también por los parlamentos nacionales y, en algunos casos, subnacionales).

Aunque la firma y ratificación del acuerdo por parte de los Estados del Mercosur puede darse por segura, ahora depende de la Unión Europea si aprovecha la oportunidad para posicionarse como antítesis de la política comercial de Trump y reivindicarse como potencia normativa. Sería trágico que las aspiraciones geopolíticas y geoeconómicas de la UE se sacrificaran en el altar del proteccionismo agrícola francés.

China y el Canal de Panamá: ¿negocios o dominio estratégico?

César Eduardo Santos
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China y el Canal de Panamá: ¿negocios o dominio estratégico?

Después de que Donald Trump declarase, en más de una ocasión, que Estados Unidos recuperaría el control del Canal de Panamá frente al avance de China en el hemisferio, varios sectores de la opinión pública se mostraron dubitativos. Incluso entre algunos especialistas latinoamericanos con quienes comparto foros de discusión saltaba la interrogante sobre si las declaraciones de Trump acerca de la apropiación china del Canal están bien fundadas o, por el contrario, son trampas retóricas para obligar al gobierno de José Raúl Mulino a alinearse con la agenda estadounidense. 

Por paradójico que parezca, creo que se trata de una mezcla de las dos cosas. Como muestran algunos informes del centro Expediente Abierto sobre la influencia de China en Panamá y la presencia de compañías estatales chinas en Centroamérica, es evidente el aumento de operaciones que el Estado-partido chino ha desplegado en la región durante la última década. Por otro lado, es difícil asegurar que algunas entidades vinculadas a Hong Kong respondan a los intereses del Partido Comunista Chino (PCCh), como sí lo hacen las empresas con base en China continental. 

El estatus de Hutchison Holdings

En el discurso de Trump, como en el de Marco Rubio durante su audiencia de confirmación como Secretario de Estado, parece que la preocupación fundamental en torno al Canal de Panamá son las operaciones de Hutchison Ports PPC, una empresa hongkonesa que controla los puertos de Cristóbal y Balboa en los dos extremos del corredor transoceánico. 

No obstante, la propiedad de esta compañía, cuyos orígenes remontan al siglo XIX, ha sido históricamente privada. Hutchison Ports PCC es una filial de CK Hutchison Holdings Limited —antes Hutchison Whampoa— a la que, en 1997, le fue otorgada la concesión para operar los puertos ya mencionados. Esto ocurrió algunos meses antes de la Declaración Conjunta Sino-Británica, mediante la que Reino Unido cedía la soberanía de Hong Kong a la República Popular China.

Así, desde julio de 1997, Hong Kong forma parte inalienable de Pekín, bajo el mecanismo de un país, dos sistemas. Debido a ello, la región disfrutó, por casi dos décadas, de autonomía política —consagrada en la Basic Law— y libertad financiera. Este hecho permitió la conformación de un sistema de partidos, la emergencia de movimientos sociales como el escolarismo, y la proyección de Hong Kong como un centro financiero global, con una de las bolsas de valores más importantes del mundo. Fue en este entorno político, cultural y de negocios que Hutchison Ports desarrolló buena parte de sus operaciones, después de haberle sido concedida la gestión de los puertos de Balboa y Cristóbal.

No obstante, tras su ascenso como líder del PCCh en 2013, y sobre todo en los años previos a la pandemia del Covid-19, Xi Jinping desplegó varios esfuerzos por asfixiar la autonomía política hongkonesa. El más efectivo fue la Ley de Seguridad Nacional de 2020, que desarticuló los movimientos prodemocráticos en la otrora Región Administrativa Especial, suprimió libertades y posibilitó el encarcelamiento de líderes autonomistas. Posteriormente, Xi también puso en marcha el proyecto de “la Gran Área de la Bahía”, con el fin de asimilar los territorios de Hong Kong y Macao con el resto de China. Así, el atractivo hongkonés como un oasis de libertad en medio del dominio comunista ha sido paulatinamente derruido. 

Por motivos tales, es sumamente difícil determinar en qué medida el PCCh tiene injerencia sobre las decisiones de Hutchison Ports. Es incontestable que el gobierno de Xi Jinping ha reducido la iniciativa privada nacional al mínimo, no solo mediante una economía centrada en las “nuevas fuerzas productivas” y los grandes subsidios a las compañías estatales, sino también con la captura de las mesas directivas de varias empresas transnacionales chinas. 

Como menciona el profesor Yong Deng en su libro China’s Strategic Opportunity (2022), hacia 2018 cerca del 50% de las empresas privadas de China habían establecido un comité con miembros del PCCh, en comparación con un 4% en 1993. No obstante, Hutchison Holdings parece mantener sólidos niveles de transparencia, pudiendo incluso consultarse quiénes son sus directivos desde su página web. La decisión del gobierno panameño para iniciar una auditoría a las actividades de esta empresa en el Canal busca aclarar cualquier duda sobre el rol del PCCh al respecto.

Las otras entidades chinas en el Canal

Más allá de las inquietudes sobre el potencial vínculo de Hutchison Holdings con el PCCh, alrededor del Canal de Panamá existen algunos proyectos operados por compañías estatales chinas. China Communications Construction Company (CCCC), a través de subsidiarias y joint ventures, se ha involucrado en la construcción y gestión de infraestructura en el corredor transoceánico. Como es casi de dominio público entre quienes estudiamos las operaciones globales de China, CCCC ha enfrentado sanciones del Banco Mundial por llevar a cabo prácticas fraudulentas. 

En Panamá, CCCC fue la encargada de construir la terminal de cruceros de Amador, a través de un consorcio formado por su filial, China Harbour Engineering Company (CHEC), y la empresa belga Jan de Nul. Esta obra se encuentra en la entrada del Canal por el Pacífico y, si bien es un puerto de uso turístico, en fechas recientes se reportó que han aparcado ahí tanqueros de gas licuado de petróleo.

Por otro lado, en el Consorcio Panamá Cuarto Puente, encargado de llevar a cabo el cuarto puente vehicular sobre el Canal de Panamá, también participa CHEC. A pesar de que el proyecto se encuentra aún en etapa inicial, ya ha presentado irregularidades. De acuerdo con la prensa panameña, la adjudicación de esta obra a la filial de CCCC ocurrió en medio de sospechas de sobornos.

Juan Carlos Varela, expresidente de Panamá, se reunió durante el proceso de licitación del proyecto con altos funcionarios de dichas corporaciones. En septiembre de 2017 lo hizo con Tang Qiaoling, gerente general de CHEC, y, en noviembre del mismo año, con Chen Fen Jian, presidente de CCCC. Finalmente, en junio de 2018 se concesionaron las obras del cuarto puente a estas empresas, no obstante haber recibido el puntaje más bajo en la evaluación técnica. 

Mientras que el estatus de Hutchison Holdings respecto a China es aún difícil de conocer, las actividades de empresas depredadoras como CCCC y CHEC deben llamar la atención no solo del gobierno de los Estados Unidos sino también de Panamá. Estas compañías dependientes del Estado-partido chino han buscado ampliar sus operaciones sobre infraestructura crítica en la nación canalera y en el resto de América Latina. 

Así lo demuestra la intención fallida de CCCC por construir la terminal de contenedores Panamá Colón Container Port, cuya concesión fue retirada a las empresas chinas Shanghai Georgeous y Landbridge Group por incumplimiento contractual. También es notable su expansión en países como El Salvador, donde CHEC desarrolló el hace poco inaugurado muelle turístico del puerto La Libertad, o en Colombia, donde la iniciativa en marcha de la primera línea del metro de Bogotá está a cargo de la misma compañía.

Milei y la construcción de un partido que le haga perdurar

Fernando Domínguez Sardou
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Milei y la construcción de un partido que le haga perdurar

La construcción de partidos para los dirigentes outsiders es esencial para su supervivencia y la experiencia argentina demuestra que para sobrevivir en política, es necesario integrar un partido político. Consciente de ello, a lo largo de su primer año de gobierno, uno de los objetivos de Javier Milei ha sido la construcción de su partido para poder seguir siendo competitivo electoralmente.

El año 2025 es un año de particular relevancia para la presidencia de Javier Milei. No solo por el contexto internacional o por la visibilidad que ha ganado en la agenda mediática y política global. Lo es porque en 2025 deberá superar la primera prueba electoral. En las elecciones de 2021 y 2023, el hoy presidente argentino se postuló como un “candidato antisistema”. Es decir, concentró sus propuestas a partir de una clásica formulación de “nosotros contra ellos”, donde el “ellos” era la clase y el sistema político en su conjunto, al que denominó “casta”. Sin embargo, una vez que estos movimientos y líderes llegan al gobierno tienen la necesidad de reinventarse, pues ya encabezan el sistema.

Milei ganó las elecciones de 2023 con una candidatura ad hoc, sin un partido, con una alianza débil llamada “La Libertad Avanza”. En términos de apoyos de estructura partidaria, La Libertad Avanza (LLA) resultaba desconocida para el electorado argentino, y en las elecciones primarias y generales, tuvo múltiples problemas para tener representantes en las mesas electorales. De hecho, para la segunda vuelta, el principal aporte de Mauricio Macri al sector mileísta fue brindarle gran parte de la estructura de fiscalización de su partido, Pro, a nivel nacional. Ello convirtió a Milei en un candidato viable, y eventualmente ganador. A partir de su triunfo en noviembre de 2023, uno de los grandes esfuerzos de Milei ha sido el de conformar una fuerza política.

Bajo el liderazgo de Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y el estratega del gobierno, Santiago Caputo, La Libertad Avanza comenzó un camino de construcción partidaria, que tuvo distintos pasos. Uno de los primeros pasos fue una purga, que incluyó la solidificación de los relativamente pequeños bloques oficialistas en el Congreso Nacional, y la conformación de una fuerte disciplina partidaria. Esto llevó al surgimiento de bloques alternativos, ajenos a LLA, con integrantes originalmente elegidos por el oficialismo. Los casos más destacados son la expulsión del bloque del senador Francisco Paoltroni, y las salidas de los diputados Zago y Arrieta, en el marco de conflictos con el gobierno. En algunos casos, estos diputados siguieron acompañando al Ejecutivo y en otros se han convertido en opositores. Y en otros casos, como el de Carolina Píparo, han salido del bloque oficialista y han vuelto tiempo después.

Una vez que se consolidó la base mileísta, se dieron dos situaciones simultáneos en la construcción partidaria: la formalización de un partido político como figura legal para competir electoralmente -y no depender de alianzas con otros partidos-, y la estructuración y consolidación de bloques partidarios propios en las distintas legislaturas provinciales (de manera análoga a lo ocurrido a nivel nacional). Esto evidencia un elemento crucial de la construcción partidaria: como todo partido, LLA tiene líneas internas. Dos ejemplos de ello son la conflictividad interna en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires entre el sector liderado por Ramiro Marra, y un sector alineado con Karina Milei; y las elecciones internas partidarias desarrolladas en enero en  Entre Ríos, donde hubo ciertos niveles de conflictividad, pero un proceso reconocido internamente por todas las partes.

A partir de allí, Milei comenzó a trazar su estrategia para las elecciones de 2025, diferenciándose de sus aliados, en particular el Pro y Mauricio Macri. Los objetivos de ambos partidos son distintos: mientras que LLA necesita ganar las elecciones para refrendar su gestión y aumentar su contingente legislativo, Pro piensa en retener sus cuotas de poder e influencia, y particularmente, hacer una buena elección en la Ciudad de Buenos Aires.

Aunque en alguna medida estos objetivos pueden ser convergentes, la presión de Pro resulta contraria a la necesidad de LLA de liderar el proceso. Por ello, en los últimos días se han observado roces entre ambas fuerzas, y en simultáneo, para reforzar su poder territorial, LLA salió a conquistar dirigentes de Pro. La primera pieza trascendente de esto es el líder del distrito de Tres de Febrero, en el conurbano bonaerense, Diego Valenzuela.

Para que Milei, quien llegó como un outsider logre mantenerse en el tiempo es esencial que construya su propio partido. Lo mismo sucedió con José Antonio Kast en Chile, que en su proceso disidente de las fuerzas políticas tradicionales de derecha, tuvo que crear su “Partido Republicano”, y desde allí, salir a competir en procesos electorales donde no era -ni podía ser- candidato. Aunque perdió caudal electoral (y respaldo en la opinión pública) en ese proceso, la construcción partidaria le permitió estructurar su oferta y hacerla más nítida.

La contracara de este proceso es el bolsonarismo que de forma análoga a la de Javier Milei, intentó construir un partido político desde el gobierno. Sin embargo, dada la naturaleza del sistema partidario y del federalismo brasileños, le resultó imposible. Su estructura sigue poblada de coaliciones de liderazgos de derecha a lo largo de toda la geografía brasileña. Esto no impide que Bolsonaro y el bolsonarismo no hayan mantenido una posición competitiva, cambiando el eje de la política brasileña.

El tiempo, y este año en particular, nos mostrarán si Milei está más cerca del “modelo Kast” o del “modelo Bolsonaro”. Dicho de otro modo, si estamos frente a un líder que busca dejar una idea nítida, o buscar coaliciones que le hagan sostenible su acción de gobierno.

El potencial de la región para liderar la transición hacia una economía azul sostenible

Larisse Faroni-Perez
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El potencial de la región para liderar la transición hacia una economía azul sostenible

América Latina y el Caribe (ALC) alberga el 19 % de las ecorregiones marinas del mundo. Bañadas por el Caribe, el Atlántico, la Antártida y el Pacífico, estas aguas juegan un papel central en la regulación del clima global y se encuentran entre los mayores reservorios de biodiversidad marina del planeta. Además, concentran el 25 % de la biodiversidad marina mundial.

Los manglares brasileños y del Caribe son viveros de vida, que almacenan miles de millones de toneladas de carbono en el suelo y en los árboles, incluidas hojas, troncos y raíces, conocido como carbono azul. Estos ecosistemas pueden almacenar hasta cuatro veces más carbono por hectárea que los bosques tropicales y también actúan como barreras naturales contra las tormentas tropicales, protegiendo a las comunidades costeras. En el Pacífico, la Corriente de Humboldt, una de las más productivas del mundo, es responsable de alrededor del 20 % de la captura mundial de peces, sustentando las economías de Chile y Perú. Solo en Brasil, la economía azul representa aproximadamente el 20 % del PIB, y destaca como un sector estratégico.

Sin embargo, la acidificación de los océanos, causada por el aumento de la absorción de CO₂ atmosférico por el agua de mar, amenaza a organismos como corales, crustáceos y moluscos, y afecta a procesos biológicos esenciales como la reproducción, la formación de conchas y esqueletos, la señalización química y el comportamiento alimentario. Millones de toneladas de plástico, fertilizantes agrícolas y pesticidas contaminan el océano, mientras que la sobrepesca y la pérdida de hábitat amenazan los ecosistemas marinos. Estas presiones acumulativas comprometen la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y los medios de vida de millones de personas, lo que desencadena un efecto dominó sobre la vida marina y sectores clave como el turismo y la pesca, pilares económicos de la región.

Además, la minería en aguas profundas, que carece de una regulación internacional efectiva y está impulsada por la creciente demanda de minerales raros, puede liberar sedimentos tóxicos y metales pesados. Esta actividad ocurre en un entorno complejo, donde los impactos se propagan en varias direcciones, lo que afecta tanto al fondo marino como a las corrientes oceánicas que conectan diferentes regiones del planeta. Al mismo tiempo, la exploración y el transporte de petróleo en alta mar, esenciales para el comercio mundial, aumentan los riesgos de derrames de petróleo y la introducción de especies invasoras y patógenos.

El cambio climático aumenta los desafíos a la biodiversidad, pero sus efectos también comprometen las economías y las vidas humanas. En toda la región, las comunidades costeras e insulares enfrentan una peligrosa combinación de impactos, incluido el calentamiento de los océanos, el aumento del nivel del mar, olas de calor, mareas ciclónicas extremas, lluvias torrenciales e inundaciones, tornados, huracanes y erosión costera. Estos fenómenos amenazan la supervivencia de quienes habitan estos territorios, y ponen en riesgo pilares económicos como el turismo y la infraestructura portuaria, lo que sacude toda la cadena productiva de la región.

Las crisis climáticas y de biodiversidad necesitan un planeta azul

La Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO ha colaborado con 23 países de la región en la implementación de la Planificación Espacial Marina (PEM), un proceso público de análisis y organización de las actividades humanas en las áreas marinas. El PEM busca conciliar, de manera políticamente negociada, los objetivos ecológicos, económicos y sociales, siendo esenciales para la gobernanza global de los océanos y para el cumplimiento de las metas de los acuerdos internacionales, como el Clima y la Biodiversidad.

Las soluciones basadas en la naturaleza (SBN), como la restauración de ecosistemas y las iniciativas de economía regenerativa, son esenciales para revertir el colapso de los servicios de los ecosistemas marinos y garantizar la sostenibilidad socioeconómica.

La integración de PEM y SBN ofrece un camino transformador para alinear los objetivos climáticos y de biodiversidad, acelerando los esfuerzos para mapear, restaurar y gestionar de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros y promoviendo tanto la resiliencia climática como la conservación de la biodiversidad.

Mecanismos y oportunidades financieras

Alrededor del 23,2 % de las áreas marinas de América Latina y el Caribe (ALC) están bajo alguna forma de conservación, pero la expansión y la implementación efectiva de las Áreas Marinas Protegidas son cruciales para equilibrar el crecimiento económico y la conservación de la biodiversidad.

Iniciativas como el reciente acuerdo de “deuda por naturaleza” de Ecuador, que utiliza bonos azules para destinar 12 millones de dólares anuales a la conservación en las Islas Galápagos, resaltan el potencial de los mecanismos financieros innovadores. En 20 años, la iniciativa movilizará US$450 millones, estableciendo así un modelo prometedor para la región.

Los bonos azules surgen como instrumentos poderosos para financiar la conservación ambiental y el desarrollo sostenible, alineando la preservación con la reducción de la deuda soberana. Ejemplos como el Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental, que conecta áreas protegidas en Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador, demuestran cómo las colaboraciones multilaterales fortalecen la conectividad ecológica y la conservación.

En Brasil, los manglares, los arrecifes amazónicos y el banco de rodolitos más grande del mundo resaltan el potencial del país para iniciativas de carbono azul y créditos de biodiversidad. Además, la región de Abrolhos y Vitória-Trindade, candidata a Reserva de la Biosfera, reafirma su potencial para los bonos azules y refuerza la posición de América Latina como guardiana de ecosistemas únicos y estratégicos en el planeta.

Las políticas de pago por servicios ambientales pueden incluir a las comunidades tradicionales y a los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad, integrándolos en los planes y estrategias nacionales y regionales. Estas iniciativas promueven la economía regenerativa y la justicia socioambiental y reconocen el papel activo de estas comunidades en la conservación de la naturaleza, y también pueden apoyar las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y la implementación de las Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad (NBSAP).

El futuro azul de América Latina y el Caribe: ¿colapso o innovación?

La creciente vulnerabilidad de la riqueza marina a las presiones globales exige una acción urgente y coordinada. Con una gobernanza sólida y alianzas público-privadas, América Latina y el Caribe tiene el potencial de liderar la transición hacia una economía azul sostenible. La ampliación de las Áreas Marinas Protegidas y el uso de instrumentos financieros innovadores fortalecen la conservación de la biodiversidad, dinamizan la economía regional y se integran con los planes nacionales y regionales alineados con los acuerdos globales, como los de Clima y Biodiversidad.

Este modelo orquesta una transición para aprovechar el capital natural del Sur Global y brindar servicios ecosistémicos esenciales, garantizando el sustento de millones de personas y la salud del planeta. ¿Serán América Latina y el Caribe víctimas de un colapso inminente o líderes de una transformación?

*Un texto producido en conjunto con el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Las opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las de sus organizaciones.

“Contra esto y aquello”: reacción al nuevo gobierno de Trump

Armando Chaguaceda
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“Contra esto y aquello”: reacción al nuevo gobierno de Trump

Este 20 de enero Donald Trump ha tomado nuevamente posesión de la presidencia del país más poderoso del planeta. Con sus arranques neoimperiales, su desprecio por los migrantes, los gobiernos aliados y el multilateralismo, este Trump 3.0 está ya afectando a la reputación de USA y el sistema de alianzas de Occidente, pilar del poder global estadounidense. Las narrativas de la ambición china y la agresividad rusa encuentran, en las torpes bravuconadas trumpistas, su mejor legitimación. México, mi país adoptivo, inmerso aún en plena borrachera de la hegemonía populista criolla, pasará pruebas severas en lo comercial y lo geopolítico. Inevitable recordar, de nuevo, la frase atribuida a Don Porfirio.

Y es que la agenda de política exterior del grupo dominante dentro del nuevo gobierno de EEUU -incluido el propio Presidente- es una mezcla poco coherente de mercantilismo, aislacionismo y revisionismo iliberales. Obra de un populismo que, alcanzado el Gobierno, busca colonizar el Estado, con potencial para un cambio de régimen. Dicha perspectiva atenta contra la defensa del orden liberal asumida -no sin contradicciones- por el Estado norteamericano desde 1945. Afectando las causas de solidaridad democrática, empoderamiento cívico y ayuda humanitaria a nivel global. Una agenda sin la cual este mundo estaría aún peor, ante el avance de las viejas y nuevas autocracias.

En simultáneo, para ciertos temas —como las crisis de Cuba y Venezuela— puede que el trumpismo corrija malas decisiones del pasado, dada la incapacidad de sus antecesores y las preferencias normativas de un sector republicano. Como escribió S. Fitzgerald, en magnífica síntesis de la complejidad y contradictoriedad del mundo, “la prueba de una inteligencia de primer nivel es la capacidad de tener dos ideas opuestas en la mente al mismo tiempo y seguir manteniendo la capacidad de funcionar”. Pues lo mismo aplica, allende la mente, a los hechos de la realidad que aquella trata de desentrañar. El mundo no se basa, tout court, en un orden y guión coherentes. A veces los malos hacen ciertas buenas cosas, y viceversa. A veces…

Después de la ceremonia de toma de posesión de Trump y sus polémicas frases sobre retomar el control del canal de Panamá —la única referencia directa a la política exterior en su discurso— veo varios puntos para reflexionar y, quizá, debatir. 1) Pragmática: ¿es eficaz, para los propios interés e imagen de Estados Unidos, que el modo de hacer un giro para corregir la real influencia china sea a partir de resucitar un lenguaje de “Doctrina Monroe” típico del siglo XIX? ¿Podrán conseguir así lo que buscan o se granjearan más enemistad en el país target y la zona? 2) Normativa: ¿es defendible, para quienes asumimos un compromiso con la democracia liberal como orden doméstico y global, que una gran potencia reclame de este modo burdo intereses (legítimos o no) sobre otros países, en especial sobre países con gobiernos y sociedades amistosas y que no significan una amenaza directa para la potencia?

Si la respuesta a este segundo punto es “sí”, pues vayamos a dar desde ya legitimidad a las ambiciones chinas y rusas sobre sus vecinos. Y despejémonos del disfraz de que defendemos el orden liberal, pues solo apoyamos aquel imperialismo que nos es culturalmente afín. Porque simpatizar con McKinley y Teddy Roosevelt y presentarse como demócrata era plausible en el mundo de inicios del XX. Pero después de 1918 y en especial de 1945, la grandeza de la democracia liberal y el orden amparado por Occidente se basa tanto en la fuerza armada como en un ejemplo moral y legal. Lo otro, creo, es que hagamos como los intelectuales y académicos en 1914: nos desbandamos de todos los espacios comunes para afiliarnos al imperialismo que más nos convoca.

No sostengo mi opinión desde una postura de “bobería progre” o naive, porque he sostenido desde hace tiempo la necesidad —basada en evidencias y en la psicología del adversario— de responder duro, incluso con recursos militares, a las acciones de las dictaduras regionales, de China, Rusia y sus otros aliados y cómplices en la región; de lo cual he escrito recientemente en Letras Libres y El Mundo. En todo caso, simpatizo con la visión de los halcones liberales de la Guerra Fría pero no con las del unilateralismo imperialista, sea clásico (XIX) o novísimo (XXI). Vienen tiempos complicados para los demócratas, diestros y zurdos, del centro político en Occidente. En nuestros mundos políticos, asociativos y culturales, veremos los efectos nocivos del envalentonamiento de la extrema derecha iliberal. Perfecto match de las posturas de izquierda radical que, al menos en este hemisferio, hemos padecido por un cuarto de siglo bolivariano.

Dicho eso, si en Latinoamérica un Trump envalentonado revive ahora una clara política imperial de esferas de influencias —algo distinto a lo que apoyó Estados Unidos en la región desde fines del siglo pasado—, lamentaremos toda la mentira y desdén vertidos sobre el orden liberal por la academia y militancia del latinoamericanismo radical. Las mismas que han bloqueado cualquier aplicación de la Carta Interamericana, las que torpedean todo el tiempo a la Organización de Estados Americanos. Las que han regalado las causas impostergables y justas de los pueblos de Cuba y Venezuela —causas mías y de otros muchos millones— a la solidaridad, auténtica o interesada, de la derecha extrema. Siempre desleales con la república liberal, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Puede ser que incluso ellos acaben evocando con nostalgia, en esta nueva era, los tiempos que terminan. A ver si sus citas ridículas de Galeano y falsas poses guerrilleras les sirven de algo si el Imperio de Teddy Roosevelt se impone sobre la república de J.F. Kennedy. Entretanto por aquí seguiremos, pensando y peleando…. como (pre)escribió Unamuno, “contra esto y aquello”.

El terreno donde se juega la política

Manuel Alcántara
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El terreno donde se juega la política

Uno de los argumentos que se encuentran entre las explicaciones acerca del deterioro de la política, y por ende de la aparición de individuos atrabiliarios al frente de ella, es el de que no resuelve los problemas de la gente. Por otra parte, a renglón seguido, tampoco se precisa cuáles son, fuera de cuestiones generales e imprecisas que con frecuencia son fruto de construcciones del nuevo demiurgo que son las redes sociales. Se dice, además, desde hace al menos una década, que el panorama está dominado por una situación de desencanto generalizado agudizada más aun en las nuevas cohortes que se incorporan a la vida pública.

Aunque hay algunos indicios desde la demoscopia que pudieran avalar cierta correlación entre esos aspectos, la evidencia empírica de dichas afirmaciones en términos de causalidad es bastante cuestionable. Eso es así por cuanto que no se consideran otras cuestiones alternativas vinculadas a los enormes cambios socioculturales registrados en los distintos países donde la revolución digital y el nuevo complejo tecnológico industrial juegan un papel sobresaliente.

Desde inicios del presente siglo la política se encuentra bajo los parámetros de un escenario que al menos acoge cinco aspectos: la canalización de la representación, y en buena medida de la participación, en las redes sociales; el anonimato o, si se prefiere, la expresión difusa de la anomia; la simplificación del discurso político; el peso determinante de las emociones; y el mantenimiento de patrones formales clásicos de actuación en la esfera pública. La atención de las necesidades precisas de la gente en el día a día se vertebran a través de ellos.

La confrontación hace tiempo que ha dejado de ser ideológica, en los términos clásicos acuñados hace más de un siglo -de ahí que sea tan cuestionable la utilización en el presente del binomio izquierda y derecha-, o de proyectos de sociedad y de ejecución de políticas públicas, diseñados de manera racional. En su lugar la liza se sitúa en escenarios definidos por asuntos identitarios en los que los afectos y sus relatos interpretativos tienen mucho que ver. Las denominadas guerras culturales han terminado constituyendo el lugar pasional central de la pugna política.

Tres términos -diversidad, equidad e inclusión-, cuyas iniciales (DEI) constituyen un glosario de actuación política, fuera primero a favor o, como sucede ahora, en contra, han configurado parte de la batalla que ha lidiado la política. Una triada larvada durante décadas de una revolución inequívocamente cultural pero alzada también en relación con cambios de naturaleza económica y social. Durante medio siglo han sido los ejes de iniciativas destinadas a combatir el racismo sistémico, la discriminación de la mujer, el desvelo por las minorías y el abandono de toda preocupación medioambiental, por referirme a cuatro de los aspectos más sobresalientes, que terminaron en distintos programas bajo el calificativo inicial de “acciones afirmativas”.

No obstante, y en consonancia con el profundo cambio de valores registrados desde el comienzo de este siglo, hoy viven un momento de profunda zozobra. Hasta inicios del año pasado nueve estados en Estados Unidos habían aprobado ya leyes de ese tipo, mientras que solo Washington y Nuevo México habían pasado proyectos de ley desde 2022 que exigían que las instituciones de educación superior ofrecieran capacitación en DEI o antirracismo. Ahora, un decreto ejecutivo del nuevo presidente no solo ha borrado de un plumazo su implementación en la administración pública estadounidense, sino que articula mecanismos para perseguir a sus anteriores implementadores.

Son tiempos complejos, cualquiera dirá que como siempre, pero hay tres factores que no admiten cuestionamiento alguno: la humanidad ha alcanzado, y seguirá haciéndolo por lo menos durante el próximo cuarto de siglo, su número más alto de población; el porcentaje de esta que vive en ciudades ha alcanzado la cota más alta de la historia (25% vive en ciudades de más de un millón de habitantes); y las tecnologías digitales se han expandido como nunca de manera exponencial en términos temporales y físicos. El escenario impone una aproximación a las cosas en términos probabilísticos en los que por su propia naturaleza la inteligencia artificial se encuentra en su salsa. Todo lo contrario de lo que han venido siendo hasta la fecha las principales fuentes de actuación humana. Mientras que los resultados del modelo de la inteligencia artificial son probabilísticos la verdad no lo es. ¿Qué hacer con un modelo de diseño de políticas públicas establecido mediante un algoritmo?

Buena parte de la humanidad vive en una especie de consumismo ermitaño bajo el que la triada del DEI se agazapa. Atrapada en el circuito que define la vivienda, cada vez habitada por un menor número de personas, el centro multiusos, que une lo comercial con el ocio, y el trabajo, subsiste bajo un ritmo de acción que apenas se interrumpe. Quizá el cansancio cuando no la soledad sean las notas dominantes. Millones de edificios de perfil similar, aunque respetando cierta diferencia en el estilo, cobijan a la gente en las millonarias, en población, ciudades del orbe.

La cada vez mayor diversidad se camufla en las celdas donde moran los individuos bajo el paraguas del egotismo. La equidad siempre pendiente se distrae tras la aparente pantalla de igualitarismo que dicta la supuesta pertenencia a una clase media aparentemente mayoritaria y a una inmensa comunidad acogida en la red social de turno. La inclusión, por último, queda supuestamente garantizada por el auto convencimiento del papel que juega la condición de usuario empoderado con voz en el universo mediático y como propietario inmobiliario de una mayoría no despreciable, aunque esta sea a cuenta de una hipoteca a veinte años vista. El terreno para la política en los términos en que estuvo definida durante el último siglo es precario y está a punto de desvanecerse por completo.

Pero no solo se trata de la relevancia de los asuntos culturales centrados en cuestiones identitarias que han arrinconado temas si se quiere más prosaicos de los que al parecer nadie quiere hablar. Pienso en la calidad de la educación, de la asistencia sanitaria en general, en el precio de los fármacos, en el tortuoso ir y venir durante horas de millones del trabajo a sus residencias, en la pésima calidad del agua y del aire que nos rodea. Pero también en la forma en que la política se focaliza en la oferta tan particularista como es la centralidad de las candidaturas denominadas, cada vez más, de independientes y vacías de todo contenido salvo en lo atinente al retrato robot personal construido por la agencia consultora al uso.

En efecto, una vieja cuestión ajustada a la preeminencia de pulsiones individualistas en torno a figuras prominentes está también presente como antes también lo estuvo bajo los patrones del populismo clásico. Lo diferente, sin embargo, estriba en la construcción de la oferta caudillista con tecnologías más sofisticadas y eficaces, de carácter universal, pero que igualmente usan una lógica en la que dominan cuestiones afectivas asidas a aspectos que simplifican la realidad y que reducen su resolución a términos banales binarios. Tecnologías que, por otra parte, en manos de los mayores emporios empresariales que jamás antes existieron son instrumento de alienación masiva y de socavamiento, mediante la singularidad, de las pulsiones igualitarias y libertadoras que una vez prevalecieron.

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