La insoportable levedad de la nube

Arthur Coelho Bezerra
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La insoportable levedad de la nube

Con la difusión de la computación en la nube en los últimos años, parece que hemos pasado de la modernidad líquida del famoso sociólogo Zygmunt Bauman a la modernidad gaseosa. Datos personales, registros gubernamentales, transacciones comerciales, propiedades industriales y secretos militares, todo parece estar guardado -y seguro- en la llamada “nube”.

La nube, término que sugiere una ligereza diáfana (y que, por eso mismo, encaja perfectamente en la gramática ideológica de las grandes tecnológicas), en realidad demanda una gigantesca red de centros de datos, grandes instalaciones de servidores físicos repartidos por distintas regiones del mundo y conectados a través de internet. Estos centros de datos que conforman la nube se utilizan para almacenar, procesar y distribuir datos y aplicaciones a usuarios, empresas y gobiernos. Para funcionar de manera eficiente, la nube depende de sistemas de refrigeración y energía, además de requerir el uso de aceites y lubricantes derivados del petróleo para el mantenimiento de los equipos, y de minerales como silicio, cobalto, litio y cobre (entre otros) para la construcción de hardware (computadoras, teléfonos inteligentes, etc.).

El desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) ha incrementado exponencialmente la necesidad de consumo de agua, petróleo y minerales por parte del sector tecnológico, utilizados para alimentar el apetito cada vez más insostenible de la nube. La computación en la nube es esencial para soportar la infraestructura de la IA moderna, y por ello es necesario buscar nuevas soluciones en una industria que se caracteriza por ser innovadora y disruptiva.

Es en este contexto que el recién inaugurado presidente Donald Trump declaró una emergencia energética en Estados Unidos tan pronto como asumió el cargo, repitiendo su mantra “perfora, nena, perfora”. Esta declaración de emergencia nacional permite flexibilizar las regulaciones ambientales en ese país, facilitando la apertura de nuevas áreas para la exploración de combustibles fósiles a través de la perforación y extracción de petróleo (llamado “oro líquido” por Trump) y gas. La solución de Trump para resolver los problemas del siglo XXI, al parecer, es volver al siglo XIX.

Por otra parte, literal y metafóricamente, una empresa china superó a Chat GPT en número de descargas en la App Store. Se trata de la startup tecnológica DeepSeek, con sede en Hangzhou, China, que recientemente lanzó un asistente digital gratuito que utiliza menos datos y cuesta una pequeña fracción (casi 20 veces menos) que los modelos de empresas de inteligencia artificial populares como OpenAI, Google o Meta. La noticia hizo que las acciones de Nvidia, el principal proveedor norteamericano de chips de inteligencia artificial, cayeran en picado, después de haber estado en alza durante los últimos dos años. Meta, Alphabet y Oracle fueron otras de las empresas que vieron caer sus acciones en el mercado debido al buen desempeño de DeepSeek.

Es bueno que la capacidad de China para crear soluciones de bajo costo en el campo de la tecnología digital ayude a presionar a los actuales líderes del mercado en la búsqueda de soluciones tecnológicas menos destructivas para el medio ambiente, además de permitir que startups y empresas más pequeñas de otros rincones del mundo accedan a la IA con una barrera de entrada más baja, aumentando la competencia global. 

Este puede ser el caso de Brasil, quien aprobó durante la V Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el año pasado, el Plan Brasileño de Inteligencia Artificial 2024-2028. Con una previsión de inversión de alrededor de R$ 23 mil millones en cuatro años, el ambicioso plan brasileño pretende elevar al país al estatus de referencia mundial en innovación y eficiencia en el uso de IA. Para alcanzar este objetivo es necesario, por supuesto, dar preferencia a soluciones tecnológicas más baratas y ecológicamente sostenibles, como las que ha encontrado nuestro importante socio comercial del Este.

Si China, desde la región del sol naciente, puede reducir la demanda mundial de energía y contribuir así a que gran parte de la sólida red de centros de datos se derrita en el aire, la reducción de las nubes podría significar que el futuro de la inteligencia artificial viva días más soleados.

Los prisioneros políticos de Cuba como monedas de cambio

Michael Lima Cuadra
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Los prisioneros políticos de Cuba como monedas de cambio

En sus últimos días, la administración de Biden, a través de un acuerdo a puerta cerrada con Cuba mediado por el Vaticano, reactivó varias concesiones controvertidas de la era de Obama. El 14 de enero de 2025 Cuba acordó liberar a 553 prisioneros. A cambio, Estados Unidos eliminó a Cuba de la Lista de Países Patrocinadores del Terrorismo, suspendió el Título III de la Ley Helms-Burton y suavizó las restricciones sobre entidades cubanas vinculadas al ejército.

Al día siguiente, el 15 de enero, en su audiencia de confirmación en el Senado, el nominado a secretario de Estado Marco Rubio reafirmó con contundencia el estatus del régimen cubano como estado patrocinador del terrorismo invocando pruebas irrefutables. Pocos días después, el 20 de enero, el presidente Donald Trump restableció esta designación en su primera orden ejecutiva, anulando varias políticas de la administración Biden. Con esta reclasificación socavó el poder de negociación que Cuba había conseguido con la liberación de prisioneros y señaló su apoyo al terrorismo durante décadas, lo que representa una amenaza significativa para la seguridad nacional de Estados Unidos. También reimpuso sanciones a entidades dirigidas por el ejército, reduciendo recursos dedicados a reprimir la disidencia y exportar el autoritarismo.

La historia demuestra que el régimen cubano utiliza recurrentemente a su pueblo como moneda de cambio, como evidencian la Crisis de los Balseros de 1994, el exilio de los prisioneros de la Primavera Negra y la liberación, en 2014, de un contratista estadounidense que fue intercambiado por espías cubanos para aliviar las sanciones contra la isla. El gobierno cubano presenta sus recientes liberaciones de prisioneros como un gesto humanitario hacia el Vaticano, pero el hecho de que Cuba y Estados Unidos lo hayan anunciado el mismo día plantea serias dudas sobre esta afirmación.

Si bien el reencuentro de los presos políticos cubanos con sus familias es una buena noticia, se trata de excarcelaciones condicionales, no de verdaderas liberaciones. Por ejemplo, algunos líderes destacados como José Daniel Ferrer se enfrentan a la amenaza de volver a ser encarcelados si violan ciertas disposiciones ambiguas de la “legalidad socialista” diseñadas para criminalizar la disidencia. Otros presos, como Donaida Pérez Paseiro, han denunciado amenazas similares. En un sistema carente de independencia judicial, en el que los presos políticos que son víctimas de tortura no pueden recurrir a la justicia para defenderse de sus agresores, las alusiones a las intenciones humanitarias no tienen credibilidad alguna. Esta apariencia de progreso oculta una cruda realidad: la “puerta giratoria de represión” en Cuba no ha dejado de funcionar. De los 553 prisioneros políticos cuya liberación condicional fue anunciada, solo 166 han sido excarcelados, mientras que otros 1.161 siguen tras las rejas, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Prisoners Defenders.

Si no se hubiera anulado, la orden ejecutiva del presidente Biden para retirar a Cuba de la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo habría debilitado la posición internacional de Estados Unidos. Intercambiar prisioneros por concesiones contradice compromisos adquiridos de Estados Unidos como la Declaración contra la Detención Arbitraria, que lucha contra el uso de vidas humanas como moneda de cambio con fines políticos. Estas negociaciones, revertidas por la administración Trump, habrían sentado un peligroso precedente, ya que habrían alentado a autócratas de todo el mundo a recurrir a los prisioneros como fichas de negociación y amenazado el derecho internacional, la seguridad y los derechos humanos.

La evidencia histórica respalda de manera clara la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo. Durante más de seis décadas, el país ha dado apoyo a grupos armados y terroristas internacionales, e incluso ha dado refugio a líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización colombiana narcoterrorista involucrada en el tráfico de drogas, la minería ilegal y la extorsión. Esto coincide con su estrategia, vagamente disfrazada en las últimas décadas como promoción de la paz.

En 2019, después de que el ELN atentara contra una academia de policía en Bogotá, matando a 22 cadetes, Cuba rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a los negociadores del ELN alegando protocolos diplomáticos mientras seguía dándoles refugio. Aunque menos evidente que sus vínculos con Venezuela, la relación de larga duración de Cuba con el ELN sugiere que sus líderes aún podrían coordinar actividades desde territorio cubano. Dado el papel del ELN como fuerza paramilitar del régimen de Maduro, financiada por el narcotráfico, la implicación de Cuba en este tema no tiene nada de neutral o pacífica.

El argumento humanitario para retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo ignora el alto costo humano de los grupos a los que respalda. El ELN, con 6.000 miembros, financia al ejército de Venezuela mediante el narcotráfico mientras comete atrocidades. Desde el 16 de enero de 2025, ha lanzado una ofensiva contra disidentes de las FARC en Catatumbo, una zona clave en la producción de cocaína cerca de la frontera con Venezuela. En pocas semanas, este conflicto ha dejado entre 60 y 80 civiles muertos y ha provocado el desplazamiento de más de 48 mil  personas, según la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Norte de Santander y el Ministerio de Defensa.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, quien en su momento abogó por retirar a Cuba de la lista del terrorismo y revocó órdenes de arresto contra líderes del ELN, acusa ahora al grupo de cometer crímenes de guerra. En línea con el mandatario, la Fiscalía General de Colombia anunció el 22 de enero que había reactivado órdenes de arresto internacionales contra 31 líderes del ELN, incluidos algunos a los que en distintos momentos Cuba había dado refugio, lo que refuerza aún más la justificación para volver a designar a Cuba como estado patrocinador del terrorismo.

Cuba también da refugio a fugitivos de Estados Unidos como Assata Shakur y William Morales, ambos vinculados al terrorismo, y mantiene estrechos lazos con Irán, con quien intercambia inteligencia a cambio de beneficios financieros. Además, el régimen fortalece redes terroristas globales como Hezbollah y Hamás mediante apoyo diplomático y logístico.

El papel clave del régimen cubano en el fortalecimiento del régimen de Maduro en Venezuela, acusado de crímenes de lesa humanidad y de vender pasaportes a operativos de Hezbollah, resalta aún más su influencia desestabilizadora. De hecho, Cuba ayudó a Venezuela a rediseñar sus fuerzas armadas y el servicio de inteligencia militar, según detalló una Misión de Determinación de los Hechos de la ONU en 2022. Al exportar su modelo de control totalitario, Cuba ha ayudado a Maduro a mantenerse en el poder mediante la represión, consolidando así su condición de patrocinador del terrorismo.

La reinstauración de sanciones por parte de la administración Trump a las entidades controladas por GAESA, el conglomerado militar de Cuba, reintrodujo una política de máxima presión para rechazar estrategias que fortalecían a las autocracias. Entre 2021 y 2023 GAESA desvió el 36% del PIB de Cuba al turismo, descuidando los servicios esenciales y agravando la pobreza, lo que obligó a casi un millón de cubanos a huir. Gracias a unos documentados filtrados se descubrió que GAVIOTA, una subsidiaria de GAESA, tenía 4.300 millones de dólares en cuentas en el extranjero, probablemente destinados a financiar lobbies y generar desestabilización, mientras el régimen afirmaba que necesitaba 339 millones de dólares anuales para alimentos y medicinas. Levantar las sanciones solo habría reforzado el control autoritario y la represión.

La historia muestra que las concesiones a regímenes como el de Cuba refuerzan su control represivo. Así, aunque aumentar la presión puede hacer que se fortalezcan aún más, es la estrategia más eficaz para mermar los recursos que destinan a suprimir la disidencia, exportar el autoritarismo y apoyar el terrorismo. Para contrarrestar su influencia, fomentar la libertad y proteger los intereses de Estados Unidos, esta política debe perdurar más allá de una sola administración, ya que las dictaduras a menudo sobreviven a las presiones democráticas esperando cambios en estas políticas.

Trump y el hemisferio en tensión 

Pablo Policzer   |   Antonio Quiñones
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Trump y el hemisferio en tensión 

«Ellos nos necesitan más que nosotros a ellos…», declaró Donald Trump desde la Oficina Oval al referirse a América Latina tras asumir la presidencia de Estados Unidos. Esta frase marcó el tono de una administración caracterizada por su nacionalismo y enfoque transaccional en política exterior. Desde el inicio, Trump dejó en claro que la estabilidad y seguridad de la región serían tratadas como asuntos estratégicos alineados con los intereses de Washington.

En este contexto, los gobiernos del hemisferio, incluidos los aliados más cercanos de Estados Unidos, enfrentan una disyuntiva: alinearse con la agenda de Washington o afrontar severas sanciones. Un ejemplo inmediato fue la crisis diplomática de los aviones entre Washington y Colombia, donde en cuestión de horas la administración de Trump proyectó su poder y dejó claro que la cooperación con EE. UU.—en este caso, que Colombia recibiera a los deportados—no era opcional. Las repercusiones no tardaron. Panamá renunció a renovar acuerdos con China sobre el canal interoceánico, el gobierno venezolano liberó sin condiciones a ciudadanos estadounidenses retenidos y tanto México como Canadá reforzaron su cooperación en materia de migración y seguridad.

El mensaje para el resto del continente es que Washington no tolerará la falta de alineamiento. Los países que no cooperen enfrentarán sanciones económicas, incluidos aranceles que afectarían su balanza comercial, sus calificaciones de riesgo y su acceso a mercados financieros. Sin embargo, la realidad geopolítica sugiere una interdependencia mayor de la que Trump ha planteado. Si bien los principales desafíos de seguridad y estabilidad para EE. UU.—como el crimen organizado, el narcotráfico y la migración masiva—tienen su origen en América Latina, también la región posee la clave para su posible solución. Frente a esta realidad, la Casa Blanca haría bien en adoptar una política menos agresiva y más cooperativa, adaptada a la variedad de actores, intereses y situaciones en la región.

El crimen organizado: Una amenaza transnacional

El crimen organizado es uno de los principales desafíos de seguridad en el hemisferio. Las redes criminales no solo controlan el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, sino que también participan en el tráfico de personas, el contrabando de armas y la minería ilegal. En México, los cárteles han evolucionado de simples narcotraficantes a actores que controlan territorios, establecen economías paralelas con fuertes conexiones globales, y desafían al Estado. En América Central, pandillas como la MS-13 y el Barrio 18 han consolidado redes transnacionales, a pesar de la política de “mano dura” implementada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuyo éxito en la reducción de la violencia sigue generando dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo.

En Colombia, lejos de pacificarse tras el acuerdo con las FARC, la crisis de seguridad se ha agravado. La fragmentación de excombatientes y el fortalecimiento de grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo han consolidado economías ilícitas que expanden su influencia más allá de las fronteras colombianas. Lo que antes era un problema concentrado en unos pocos países—México, Colombia, Brasil y el Triángulo Norte de Centroamérica—ahora se ha extendido a naciones tradicionalmente consideradas estables. En Chile, los puertos se han convertido en centros clave para el contrabando de drogas, mientras que la violencia asociada a ajustes de cuentas ha aumentado la tasa de homicidios. Costa Rica, históricamente una “isla de paz» en Centroamérica, ha visto un aumento sin precedentes en los asesinatos vinculados a disputas entre bandas locales. Incluso Uruguay, con su reputación de estabilidad, ha experimentado un incremento en el lavado de dinero y la violencia asociada al narcotráfico.

La capacidad de estas redes para adaptarse y penetrar nuevos mercados demuestra que ningún país está exento de su impacto. Esta expansión del crimen organizado resalta la necesidad de respuestas regionales coordinadas. Sin una estrategia conjunta, las organizaciones criminales seguirán expandiendo su influencia, desafiando a los Estados y erosionando la seguridad regional.

¿Mano dura o estrategias integrales?

América Latina ha oscilado entre enfoques represivos y estrategias más integrales en materia de seguridad. El éxito inmediato de las políticas de mano dura en algunos países ha generado interés en replicarlas, pero sus limitaciones son evidentes. El caso de El Salvador bajo Bukele ha demostrado que un régimen de excepción puede reducir drásticamente los homicidios y desmantelar estructuras criminales en el corto plazo. Su alta popularidad parece validar este enfoque, pero las denuncias de violaciones a los derechos humanos y la centralización del poder plantean dudas sobre su sostenibilidad.

En contraste, países como México y Brasil, con redes criminales más consolidadas y Estados debilitados por la corrupción, enfrentan obstáculos adicionales para aplicar estrategias similares. Sin inversión en desarrollo económico e institucionalidad, las medidas punitivas pueden derivar en un efecto boomerang: la diversificación de actividades criminales y el aumento de la violencia. La represión sin acompañamiento de políticas sociales y económicas tiende a generar reconfiguraciones dentro del crimen organizado en lugar de su desarticulación definitiva.

Diversidad de actores y respuestas desiguales

La política de seguridad en América Latina es heterogénea y la relación con EE. UU. varía según los intereses y alineamientos políticos de cada país. México ha adoptado un enfoque pragmático en migración y seguridad, priorizando la cooperación con Washington a pesar de la retórica soberanista de sus líderes. En el extremo opuesto, Venezuela y Nicaragua han optado por una postura confrontacional, fortaleciendo lazos con China y Rusia como contrapeso geopolítico. Brasil, con su liderazgo en el BRICS, equilibra su relación con Estados Unidos con su influencia en foros internacionales alternativos. Chile, aunque históricamente un socio clave de Washington, ha fluctuado entre estrategias de diálogo y medidas punitivas en materia de seguridad interna, particularmente en el conflicto mapuche.

Este panorama resalta la necesidad de que EE. UU. adopte estrategias diferenciadas según el contexto de cada país. La aplicación de políticas uniformes en áreas como seguridad, comercio o cooperación resultaría ineficaz. En su lugar, una aproximación más flexible, adaptada a las realidades locales, permitiría obtener mejores resultados en la lucha contra el crimen organizado y en la estabilidad hemisférica.

¿Una sorpresa en el segundo mandato de Trump?

El regreso de Trump a la Casa Blanca coloca al hemisferio en una encrucijada. Su administración podría optar por políticas punitivas y unilaterales, en línea con su retórica inicial, lo que aumentaría las tensiones con gobiernos de la región. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Trump adopte un enfoque más pragmático, reconociendo que la seguridad regional depende de la cooperación con América Latina y que la región no es homogénea. La lucha contra el crimen organizado y la contención de la migración ilegal requieren esfuerzos conjuntos. Una estrategia basada solo en presión sin incentivos de colaboración será contraproducente para los propios intereses de EE. UU.

La relación de América Latina con EE. UU. atraviesa una fase de redefinición, donde la seguridad y la estabilidad regional serán factores clave en el nuevo equilibrio de poder hemisférico. En este contexto, el dilema para los gobiernos latinoamericanos no se reduce a ajustarse a las presiones de Washington o buscar otros aliados geopolíticos. Si las soluciones a los problemas que el propio Trump ha señalado se encuentran en la región, también existen más oportunidades de colaboración pragmática de las que parecen evidentes a primera vista.

La democracia: ¿el peor sistema de gobierno?

Ernesto Hernández Norzagaray
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La democracia: ¿el peor sistema de gobierno?

En los últimos días y semanas hemos sido testigos más que nunca del valor de la democracia, en un tiempo en el que dominan como nunca los grandes capitales del mundo y los populismos de los dos bandos.  

He aquí la afirmación que alguien sagazmente planteó sobre la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos acompañado de algunos de los hombres y mujeres más ricos del mundo, entre ellos los mexicanos Slim: ¿cuántos millones de dólares habría en las cuentas de esos varios centenares de hombres y mujeres vestidos formalmente que aplaudían o no, como rechazo, las posturas más radicales del enfant terrible de la democracia estadounidense? 

Sin embargo, resulta significativa, simbólica y disruptiva la constante referencia a la democracia como modelo de vida, y no se trata de un dato menor en tiempos de globalización: está demostrado que para este modelo funcione necesita de instituciones para conservar los equilibrios dentro y fuera de un país o un bloque democrático.  

Y ese, el de las instituciones que funcionan para sostener la democracia, es un valor de la democracia que no vemos en las autocracias de China o Rusia. Ese valor está en Estados Unidos, y, también, como se ha visto en las últimas semanas, en Canadá. 

Entonces, exploremos a la luz actual el viejo argumento de Winston Churchill, que alguna vez apostilló: “La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado”. ¿Ha perdido vigencia este postulado y existen mejores sistemas políticos? Nada parece demostrarlo aún, cuando, evidentemente, no estamos hablando de la misma democracia de la segunda posguerra, más interesada en la construcción de instituciones supranacionales capaces de evitar nuevas conflagraciones mundiales que en convertirse en la mejor coartada del principio liberal del laissez faire, laissez passer. 

La de hoy es una democracia basada superlativamente en el libre mercado, y eso, que es una fortaleza para los agentes económicos, significa una debilidad para las sociedades, que ven crecer impunemente las desigualdades y el surgimiento de todo tipo de populismos de izquierda y derecha. 

Sin embargo, las autocracias que se multiplican por el mundo confiscan derechos e imponen obligaciones en medio de una gran propaganda gubernamental que obnubila realidades en perjuicio de los ciudadanos, que se quedan sin asideros legales para defender lo conquistado en emblemáticas luchas por los derechos civiles. Aun así, las democracias todavía son un pilar de la convivencia en la diferencia entre los seres humanos.  

La experiencia reciente de la renuncia de Pierre Trudeau al cargo de primer ministro de Canadá, por ejemplo, demuestra que el sistema democrático parlamentario es capaz de procesar ordenadamente las crisis políticas.  

La crisis en el gobierno liberal rompió la cohesión, lo que llevó a la renuncia de la ministra de Finanzas y a que sectores del Partido Liberal le pidieran a Trudeau que renunciara al cargo para elegir a un nuevo primer ministro. La oposición, en su papel de contrapeso, le exigía que convocara nuevas elecciones para construir una nueva mayoría y contar con un nuevo dirigente político que haga frente a las pretensiones anexionistas de la segunda era Trump. Trudeau renuncia, pero no convoca elecciones porque simplemente son las reglas del juego democrático. La oposición conservadora las acepta y da vuelta a la página para enfocarse en hacer oír su voz con la vuelta de Trump a la Casa Blanca y prepararse para las elecciones de octubre próximo.  

Esta dinámica gobierno-oposición se repite también en Estados Unidos desde el momento en el que Kamala Harris sale a decir a los suyos, como buena demócrata, que reconoce la derrota electoral, y al día siguiente, como es usual en democracia, vuelve a sus funciones de vicepresidenta de la administración Biden. Desde ese momento, toda la escenografía queda al servicio del presidente electo.  

Mejor todavía: Harris, en ese doble carácter de excandidata presidencial y vicepresidenta, asiste a la ceremonia de habilitación de Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos y ocupa un lugar privilegiado al lado del presidente Biden. Algo que, por cierto, no hizo Trump cuando, como candidato derrotado, no asistió a la ceremonia de investidura de Biden ante los representantes de los poderes públicos e invitados especiales, y, en última instancia, ante el mundo, que en esta ocasión seguía expectante un ritual sucesorio cargado de símbolos y mensajes.  

Ese ritual iba desde poner una ofrenda floral en la Estatua del Soldado Desconocido hasta prestar juramento con la mano derecha en alto mientras la izquierda descansaba sobre dos biblias, la suya y otra perteneciente al expresidente Abraham Lincoln bajo el lema “Nuestra democracia duradera, una promesa constitucional”; desde la cena a la luz de las velas con los principales donantes de su campaña hasta la salva de cañones que estremecieron la rotonda del Capitolio; desde la presencia de los ministros de la Corte hasta los miembros del Senado y la Cámara de Representantes con los dueños del dinero y dirigentes religiosos hiperactivos.  

También fuimos testigos de la protocolaria y civilizada foto de despedida con Joe Biden y esposa, que, minutos después de la ceremonia sucesoria, se subieron a un helicóptero y con ese ritual se cumplía la máxima del poder: “Muera el rey, viva el rey”. No menos importante para América latina es la ausencia en el acto de los presidentes Sheinbaum y Trudeau, cargada de malos augurios para el sur, mientras cobra relevancia mediática la invitación a los presidentes de Argentina, Ecuador y El Salvador, que se sella con el discurso de toma de posesión señalando la frontera mexicana como el origen de todos los males de su país. 

En definitiva, el juego democrático demuestra su capacidad para que los ciudadanos se expresen en las urnas y conserven o releven gobiernos al gusto de las mayorías. Unos gobiernos que, en nombre de ellas, toman decisiones públicas que pueden llegar a acabar con la democracia y hasta desatar los demonios en el mundo. Cabe preguntarse: ¿hay algún mejor sistema político que este?  

Petro, Trump y el mundo después de Estados Unidos

Rafael F. Castro Alegría
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Petro, Trump y el mundo después de Estados Unidos

La disputa diplomática entre Donald Trump y Gustavo Petro (así como las medidas que ha anunciado el presidente estadounidense desde su asunción del cargo) han puesto el reflector en un aspecto clave de las relaciones internacionales contemporáneas: la acelerada construcción de un mundo pos-Estados Unidos. Esto plantea el monumental reto para Colombia de construir una mayor autonomía política y económica en su relacionamiento internacional. Aunque todavía no son claras las características del mundo que está emergiendo, podemos ver algunos de los aspectos que el país norteamericano va dejando atrás: la defensa a ultranza del libre comercio, las instituciones internacionales, y el ideal de ser el faro global de la libertad y democracia.

Para una parte importante de las élites políticas colombianas (y latinoamericanas) es difícil aceptar esta transición. Lo es también para los medios de comunicación hegemónicos. El imaginario pro-estadounidense aún late fuerte, y es por eso que albergan la esperanza de que el alineamiento político y las buenas formas diplomáticas continuarán protegiéndonos de las andanadas y el matoneo estadounidense.

Nada más alejado de la realidad. Si bien vale la pena evitar, en tanto sea posible, nuevas y prolongadas confrontaciones, ni la más aséptica de las retóricas nos protegerá de Trump ni de las realidades estructurales del mundo que está emergiendo. Ahí es donde se equivocan los adalides de agachar siempre la cabeza. No obstante, eso no significa ser temerarios y colocarnos en la mira cada vez que haya una controversia. Hay que jugar también el juego de largo plazo, bajándole a la grandilocuencia y subiéndole a la diplomacia estratégica.

Táctica y estrategia en un mundo más conflictivo

El panorama internacional muestra una creciente conflictividad que ha llevado a actores como la Unión Europea a querer reducir sus dependencias comerciales y buscar una mayor “autonomía estratégica” en el marco de las confrontaciones económicas entre Estados Unidos y China. El enfrentamiento Trump-Petro, se mostró como un síntoma, no sólo para la clase política sino también para los gremios económicos, de los peligros de una excesiva dependencia del Estados Unidos de Trump.

La tarea que esto plantea no es sencilla, pero es de crítica importancia y urgencia. Es necesario fortalecer los lazos comerciales y políticos con otros actores internacionales (en Asia y África, por ejemplo). Esto implica no sólo un esfuerzo estratégico y diplomático de profundización de relaciones y construcción de nuevas agendas, sino también un apoyo decisivo para que las empresas puedan abrirse a nuevos mercados. Nunca está de más señalar que eso debería pasar también por una transformación productiva aún más ambiciosa, que nos pueda sacar del lastre de que nuestra economía dependa tanto de las materias primas y sus volátiles precios internacionales.

Como lo ha señalado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en diversos informes, uno de los caminos para lograr esto es una mayor integración regional. Si bien parece difícil avanzar mucho en la agenda de integración en el actual contexto de profundos antagonismos políticos internos y regionales, es un imperativo. Quizás las crecientes amenazas estadounidenses puedan ser un nuevo incentivo para profundizar lazos, así la reciente cancelación de la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) nos obligue a permanecer cautelosos.

Una de las fórmulas que venimos discutiendo en la academia es avanzar en la integración de manera más segmentada y no con organizaciones que abarquen demasiados temas. Asimismo, se puede apuntar a temas que generen consensos mínimos con varios países de la región. La CEPAL destaca, por ejemplo, la urgencia de construir una mayor autosuficiencia sanitaria (que mostró la pandemia) y alimentaria (que subrayó la invasión rusa de Ucrania).

Imaginar políticamente el día después de Estados Unidos

Además de construir una mayor autonomía nacional, regional y defendernos de los ataques comerciales y políticos de Estados Unidos, es necesario también pensar más radicalmente en el mundo que queremos construir. El avance global de la extrema derecha pretende echar por la borda muchas de las conquistas de derechos logradas en las últimas décadas. Nuestra respuesta no puede ser meramente defensiva y reactiva. Debemos ser capaces también de imaginar políticamente ese mundo más allá de Estados Unidos y construir una agenda concreta para materializarlo.

Desde Colombia se ha apostado por algunas ideas y políticas en esa dirección: la política exterior feminista, el impuesto a los superricos y la apuesta por la transición climática y energética. Es indispensable también: reformar las instituciones de la gobernanza global y avanzar en nuevas instituciones que puedan ser más efectivas y justas; promover un multilateralismo renovado, con enfoques que represente mejor las necesidades del sur global y permita una participación equitativa de todos los actores internacionales; y defender con ahínco que el derecho internacional no se aplique de manera selectiva en conflictos como el de Gaza y Ucrania.

Todo lo anterior, debe apuntar también a metas sociales específicas como erradicar el hambre a nivel global -bandera que ha defendido de forma contundente el gobierno brasileño-. Atrevámonos a imaginar un mundo radicalmente distinto y a avanzar con inteligencia, autonomía y diplomacia para materializarlo. La autonomía implica una diplomacia económica activa, un rediseño de las políticas industriales y un fortalecimiento de la investigación y el desarrollo tecnológico. Esta debe ser una apuesta de país construida con las ciudades y regiones, y con todos los actores sociales, políticos y económicos.

Asimismo, la autonomía no es un regalo ni una declaración de intenciones: es una construcción política, económica y cultural que requiere determinación y voluntad política.

El mundo está cambiando; es hora de que Colombia también lo haga.

‘Dark web’: una amenaza oculta y latente en América Latina

Henry M. Rodríguez
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‘Dark web’: una amenaza oculta y latente en América Latina

El lado oculto de internet, conocido como la dark web, se ha convertido en un entorno propicio para las actividades ilícitas, bajo el amparo del anonimato, que incluyen la venta de drogas y armas, prostitución infantil, ciberdelitos y robo de datos personales, entre otros. Se trata de un fenómeno alarmante que plantea serios desafíos para la ciberseguridad global y que evidencia la necesidad de desarrollar estrategias de defensa más robustas y proactivas, especialmente en Latinoamérica, donde poco o nada conocemos de este tipo de operaciones.

Mientras los ciberdelincuentes avanzan en la sofisticación de sus métodos y utilizan la red oculta para el comercio ilícito, la adquisición y distribución de vulnerabilidades de software, el desarrollo de malware personalizado o la coordinación de ataques contra infraestructuras críticas, las autoridades no han logrado hallar los mecanismos para abordar la problemática en su magnitud. La falta de recursos especializados y la escasa concienciación sobre los riesgos inherentes a este entorno han dejado a los gobiernos en una posición vulnerable frente a las amenazas que emanan de las sombras de la internet.

Muestra de ello es que, a pesar del desmantelamiento de plataformas emblemáticas de mercado negro como Silk Road, las actividades ilícitas en la red oscura no solo persisten, sino que continúan en aumento, dada la naturaleza descentralizada de este entorno digital, que representa una gran dificultad para la implementación de medidas de control efectivas. Al mismo tiempo, la fragmentación de las jurisdicciones ha obstaculizado una acción coordinada contra los ciberdelincuentes, y las medidas preventivas al respecto siguen siendo, francamente, insuficientes. 

Qué es la dark web y sus implicaciones en Latinoamérica

La dark web es una sección de internet accesible únicamente a través de software especializado que se ha consolidado como un espacio propicio para las actividades ilícitas a nivel global. En su entorno, plataformas similares a mercados electrónicos convencionales permiten la proliferación de redes criminales que aprovechan el anonimato y la descentralización para operar sin restricciones. Se trata de un fenómeno que ha sido denominado por algunos expertos como una forma de “globalización desviada”, en la que los actores delictivos trascienden las fronteras y las normativas locales.

Pero además del comercio ilícito, esta red alberga sitios diseñados para vulnerar la seguridad informática, mediante malware y spyware. La dark web también facilita la comunicación anónima en foros y correos privados, utilizados incluso por figuras como Edward Snowden (antiguo empleado de la CIA) para divulgar información clasificada.

Particularmente en América Latina y el Caribe ha demostrado ser un recurso estratégico para el crimen organizado. Un reporte de Insight Incrime señala que los cárteles latinoamericanos han utilizado la red oscura para localizar compradores de envíos de cocaína a gran escala, mientras que pandillas centroamericanas han encontrado en estos foros un medio para coordinar el tráfico transfronterizo. La investigación señala, además, que los narcotraficantes recurren a plataformas subterráneas para adquirir opioides sintéticos provenientes de Asia, lo que evidencia un uso sofisticado de esta tecnología para fortalecer sus operaciones internacionales.

Junto con el tráfico de narcóticos, la dark web también ha sido un canal clave para otras actividades ilícitas, como la distribución de pornografía infantil. Investigaciones internacionales que condujeron al cierre de sitios como Playpen revelaron vínculos directos con arrestos en países como Chile y Perú, mientras que México se ha convertido en un actor relevante en esta industria ilegal. 

Por su parte, a lo largo de 2023 los analistas de SOCRadar identificaron tendencias alarmantes que vinculan a empresas de América Latina con actores de amenazas cibernéticas asociadas a la dark. Durante este periodo, las organizaciones enfrentaron un aumento sostenido de ataques cibernéticos, con 3.561 publicaciones en foros de la dark web atribuidas a 1.331 actores maliciosos. Las industrias más afectadas incluyeron administración pública, tecnología de la información, finanzas y seguros. A su vez, el comercio de datos de usuarios comprometidos ha sido predominante.

En concordancia, informes como los de Kaspersky han subrayado la necesidad de respuestas más robustas y coordinadas por parte de las autoridades internacionales ante la creciente sofisticación de las transacciones realizadas en la dark web. La urgencia de fortalecer las defensas cibernéticas mediante la colaboración entre países, el desarrollo de herramientas tecnológicas avanzadas y el fortalecimiento de las capacidades locales es apremiante, pues no solo se trata de un desafío de seguridad sino también de una amenaza creciente para las economías y las sociedades de la región.

El impacto del anonimato

La red oscura ha sido diseñada para proteger la privacidad en línea, enmascarar tanto la ubicación como las actividades de sus usuarios y dificultar el rastreo y la persecución de las actividades ilícitas. Su estructura se apoya en características legítimas de la tecnología moderna, como el cifrado, la anonimización y las criptomonedas, para facilitar transacciones que evadan los controles tradicionales. 

A su vez, el uso de monedas virtuales centralizadas y criptomonedas descentralizadas ha transformado el lavado de dinero y otros delitos financieros en prioridades críticas para los organismos de seguridad. Bajo este modelo de transacciones, que incluye técnicas como el mixing de criptomonedas, la dificultad de rastrear el origen de los fondos es tan compleja como las labores de enjuiciamiento. 

Paralelamente, el empleo de herramientas como Tor ha transformado la forma en la que operan los cibercriminales, ya que les permite navegar de manera anónima y así evadir la detección por parte de las autoridades. El asunto no comienza allí. La proliferación de tutoriales, foros y recursos en línea ha facilitado el acceso de delincuentes emergentes a técnicas avanzadas de hacking y fraude. Incluso en plataformas accesibles es posible encontrar foros, videos y materiales que instruyen sobre la ejecución de ataques cibernéticos o la adquisición de productos ilícitos en la red. Hablamos de un alcance exponencial, que ha permitido y seguirá permitiendo la participación de individuos con y sin experiencia previa, mientras los riesgos asociados a estas actividades son inimaginables.

La amenaza de la dark web trasciende fronteras y es un desafío constante para las autoridades. Si bien algunos países han adoptado medidas legales más estrictas para frenar estas actividades, otros (como los latinoamericanos) enfrentan serias dificultades para comprender y abordar el fenómeno de manera efectiva. Sin embargo, el futuro de la lucha contra los delitos en la dark web dependerá de un enfoque integral, que combine educación para generar conciencia sobre los riesgos, regulación que establezca límites claros y colaboración internacional que permita desmantelar las estructuras delictivas. Es necesario poner el debate sobre la mesa, no solo para mitigar los impactos del presente, sino también para construir un entorno digital más seguro, donde los avances tecnológicos sean utilizados para el progreso y no para la explotación.

El regreso de Trump y la supuesta oligoautocracia

Bianca Casais
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El regreso de Trump y la supuesta oligoautocracia

El 20 de enero, Trump regresó a la Casa Blanca, en una transición de poder pacífica, a diferencia de lo que ocurrió hace cuatro años, cuando él mismo se negó a asistir a la toma de posesión de Biden e incitó a sus partidarios a asaltar el Capitolio. El regreso de Trump es, sin duda, el resultado de la manifestación de la voluntad de la mayoría de la sociedad norteamericana (51%). Pero, aunque la transición pacífica demuestra la resistencia de las instituciones, se pone en tela de juicio la continuidad de la práctica democrática.

Lo que está en juego con el proyecto trumpista es la realización del potencial de autocratización y, en última instancia, el derecho a ser ciudadano estadounidense. Ésta es su principal agenda política: definir quién tiene derecho a las garantías fundamentales, a la posibilidad de impugnación y a la protección de la expresión del poder.

Desde la campaña electoral, Trump ha abogado por cambios radicales en las políticas de inmigración, medio ambiente, diversidad y protección de las minorías. Y, para aquellos que pensaron que éstas eran promesas de campaña vacías, quedaron desconcertados por la demostración de voluntad y urgencia. Como primeros actos de su administración, promovió la revocación de políticas del gobierno anterior y adelantó lo que viene: imposición de impuestos a países extranjeros, restablecimiento de la política de “Permanecer en México”, revocación del Green New Deal y el establecimiento de la “política oficial con sólo dos géneros: masculino y femenino”. Justificó dichos cambios como su responsabilidad como “comandante en control” de defender al país de “amenazas e invasiones” y elevar a Estados Unidos a “una nación orgullosa, próspera y libre”. 

Subvirtiendo la práctica democrática, la retórica trumpista está marcada por una exaltación chovinista, con rastros de expansionismo imperialista y nostalgia por un pasado dominado por las clases hegemónicas. Su movilización política se produce a partir de la tensión entre los valores de la “identidad blanca” –definida por Ashley Jardina como un sentimiento de identidad blanca colectiva en reacción a la ampliación de derechos y el sentimiento de compartir el poder político-económico con otros grupos– y la garantía de protección de los derechos de los grupos minoritarios. 

En este movimiento se agrupan individuos provenientes de grupos dominantes, pero que se encuentran resentidos ante la ampliación de derechos y garantías, motivándolos por la percepción de amenaza y el deseo de retomar la hegemonía socioeconómica-cultural blanca. Más allá de la mera política identitaria, el lema: “MAGA – Make America Great Again” resume la visión de Trump de recuperar “Estados Unidos” según intereses supremacistas.

Además, su ascenso está asociado a dos factores coyunturales: el descontento popular con las respuestas gubernamentales (crisis de representación) y la fragmentación de la sociedad en diferentes valores y visiones del mundo. Se está formando la tormenta perfecta para propagar la segregación, la venganza y la incredulidad institucional.

Así, bravuconería o no, Trump proyecta su acción política hacia (i) el rescate y absolutización de valores hegemónicos en decadencia y (ii) el señalamiento de chivos expiatorios como causa de los males de Estados Unidos. Con ello, no se ve obligado a presentar una propuesta de amplias mejoras y, poniendo patas arriba la democracia, construye su plan supremacista, orientado a garantizar la libertad, la protección y los derechos con quienes comparte convicciones y reconoce la condición de ciudadano, en detrimento de retrocesos en derechos de las minorías.

Modus operandi

Estos aspectos son parte de la creciente ola reaccionaria actual, que predica la prosperidad a través de políticas basadas en el “antimultilateralismo” y el proteccionismo supremacista-patrimonialista. El objetivo es deslindarse de la responsabilidad por los impactos colectivos resultantes de esta agenda aislacionista, que resulta en el rechazo de compromisos globales, como los acuerdos climáticos y comerciales.

Con sus matices, líderes como Javier Milei, Viktor Orbán y Nayib Bukele comparten este modo de gobernar, defendiendo agendas identitarias o de eficiencia económica para movilizar a una mayoría y justificar los “efectos secundarios” de la opresión para las minorías. Estos líderes son verdaderas expresiones autoritarias, que utilizan el conservadurismo identitario para obtener el apoyo y el patrocinio necesarios y, de esta manera, imponer estos valores a todos. Es la lógica de la tiranía de la mayoría, que ignora intencionalmente aspectos de equidad y justicia social. Y esto es precisamente lo que la práctica democrática intenta evitar.

En esta línea, la señalización de alineamiento con Trump por parte de los CEO de las grandes tecnológicas implica efectos (graves) para la sociedad. Aceptando su propuesta, los controladores de los canales de comunicación globales se embarcaron en una aventura conjunta con Trump, literalmente. Mucho más que un apoyo, es la consolidación explícita de la alianza oligo-autocrática para, a través de la colaboración mutua, llevar adelante sus proyectos político-económicos sin obligación de rendición de cuentas socio-colectiva.

No nos engañemos: no hay ganancia para la libertad individual ni para los derechos colectivos. El desmantelamiento del marco de protección y equidad busca, únicamente, garantizar el libertinaje para que ciertas entidades promuevan políticas de altísimo impacto socioeconómico sin rendir cuentas.

Por otro lado, la expresión de voluntad del líder político de acabar con las políticas de diversidad y la verificación de datos genera incentivos sociales (malos), como la promoción de la desinformación y la intolerancia en la sociedad. Sin duda, se sentirán impactos económicos, ya sea en el mercado laboral o a través del aumento de los costos de transacción, dada la mayor incertidumbre y fragilidad institucional. También aumenta el sentimiento de miedo, lo que genera un mayor apoyo popular a políticas violentas de seguridad pública y al exterminio de grupos minoritarios. El abandono de las regulaciones ambientales y la reanudación de la exploración de combustibles fósiles pueden, a corto plazo, flexibilizar y abaratar los costos de producción, pero el cuestionable beneficio individual impondrá un alto costo global, sobre todo para los países pobres, que sufrirán más severamente las consecuencias del cambio climático: es la conclusión del estudio de la premio Nobel Esther Duflo.

Normalizar lo que debería ser aborrecible parece ser la tendencia en política. Es hacia allí hacia donde el entonces presidente pretende devolver Estados Unidos: hacia la condescendencia opresora de una parte de la sociedad con la implementación de un proyecto supremacista y oligárquico, a pesar del orden mundial colectivo. Sin embargo, apoyar políticas que buscan ganancias individualistas, refuerzan privilegios o segregan estructuras es ser complaciente con la perpetuación de violaciones históricas y eximir de responsabilidad a los actores involucrados.

Es importante, por tanto, desenmascarar los eufemismos y no tratar lo persecutorio y opresivo como mero proteccionismo o identitarismo conservador. El gran peligro de no nombrar las cosas correctamente es que permite a grupos poderosos patrocinar regímenes autoritarios y daños colectivos y beneficiarse de ellos sin consecuencias. Hay, por tanto, sectores organizados que ven la democracia como una limitación y una barrera para la realización de sus intereses oligárquicos. El pionero Elon Musk, que ahora forma parte de la administración Trump, identificó el potencial de ganancias en la diversificación de la inversión en tecnología, redes sociales y líderes autocráticos. Otros inversores con gran poder (económico y político) están siguiendo oportunamente la recomendación, sin ningún tipo de pudor.

Al predecir que “el sueño americano regresará”, Trump deja claro a quién se le permitirá soñar. Cabe preguntarse si habrá condiciones institucionales, políticas y sociales para resistir y detener la pesadilla de otros –incluso más allá del muro–, cuyo sueño no parece encajar en esta supuesta oligoautocracia norteamericana en marcha.

El nexo entre clima, biodiversidad y agua: la protección de los servicios ecosistémicos en Sudamérica

Carlos A. Joly   |   Cristiana S. Seixas
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El nexo entre clima, biodiversidad y agua: la protección de los servicios ecosistémicos en Sudamérica

En los últimos años, incendios forestales sin precedentes han devastado regiones de todo el mundo, entre ellas Australia en 2019-2020, Canadá en 2023 y, más recientemente, Brasil, otros países de América del Sur y California en Estados Unidos. En Brasil, los incendios en la Amazonia y el Pantanal (el humedal tropical más grande del mundo) destruyeron más de 20 millones de hectáreas en 2024, mientras que en Bolivia ardieron al menos 4 millones de hectáreas. Al hacer que las condiciones atmosféricas sean más cálidas y secas, el cambio climático aumenta el riesgo de incendios, causando trágicas pérdidas de vidas humanas, daños económicos extremadamente altos y una pérdida masiva de biodiversidad, con la destrucción de innumerables especies de todo tipo.

No hay evidencia científica de que la tendencia del cambio climático se revertirá en los próximos años. Por el contrario, continuará, y es probable que provoque escasez de agua y alimentos, la desaparición de bosques nativos, menor cantidad de abejas para polinizar los cultivos y menos espacios naturales para que disfrutemos. En otras palabras, la aceleración del cambio climático y los incendios resultantes en todo el mundo no solo están teniendo un enorme impacto en la pérdida de biodiversidad, sino que también están disminuyendo, a un ritmo acelerado, los servicios ecosistémicos, como la regulación de la cantidad y calidad del agua dulce, de la que depende el bienestar humano.

Los servicios ecosistémicos, que son los beneficios que la naturaleza proporciona a las personas, o en términos más simples, todo lo que la naturaleza hace para ayudarnos a tener una vida saludable, dependen de la conservación, el uso sostenible y la restauración de la naturaleza. Un futuro con servicios ecosistémicos en declive es un futuro de menor calidad de vida y mayor inequidad, ya que la escasez de alimentos, energía y agua será la regla y no la excepción. 

Las poblaciones ya vulnerables de las áreas rurales y urbanas sufrirán desproporcionadamente los impactos de la pérdida de servicios ecosistémicos. En unas pocas décadas, se espera que el cambio climático sea el principal impulsor de la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos, lo que conducirá a lo que se conoce como injusticia climática. Los desastres naturales intensificados por el cambio climático, como huracanes e inundaciones, en América Latina y el Caribe, se han triplicado en los últimos 50 años. Los desastres pueden reducir el PIB hasta en un 0,9 por ciento en los países de bajos ingresos del continente, mientras que en el Caribe pueden destruir el 3,6 por ciento. El cambio climático también impulsará la migración de 17 millones de personas para 2050.

Además de reducir el consumismo y el uso de combustibles fósiles, las soluciones basadas en la naturaleza son una de las mejores opciones que tenemos como sociedad global para luchar contra el cambio climático. Estas consisten en acciones que utilizan la naturaleza y los procesos naturales para resolver problemas ambientales, por ejemplo, restaurando o protegiendo los bosques para tener agua limpia o absorbiendo carbono para luchar contra el cambio climático. Estas soluciones pueden mejorar el medio ambiente al tiempo que benefician a las personas, haciendo que las comunidades sean más saludables y resilientes.

Un ejemplo de solución basada en la naturaleza es el Proyecto de Conservación del Agua – Extrema en el municipio brasileño del mismo nombre. Se considera un modelo exitoso de Pago por Servicios Ecosistémicos (PSA), donde los agricultores y propietarios de tierras locales son compensados ​​por conservar y restaurar áreas forestales que protegen las fuentes de agua. El proyecto, que comenzó en 2005, ha ganado atención a lo largo de los años por su papel en el aumento de la disponibilidad de agua para las áreas urbanas circundantes, incluida la zona metropolitana de São Paulo. Esta iniciativa ha restaurado además, más de 5.000 hectáreas de bosque, lo que ha permitido proteger la biodiversidad.

Ubicado en el estado de Minas Gerais, el municipio de Extrema prioriza la conservación del agua en la cuenca de los ríos Piracicaba, Capivari y Jundiaí (PCJ). El proyecto ofrece incentivos financieros (unos 70 dólares por hectárea al año) a los propietarios rurales para restaurar áreas degradadas, proteger manantiales y adoptar prácticas sostenibles como la agroforestería. Hasta la fecha, el proyecto ha beneficiado a más de 2.500 familias, ha mejorado las condiciones agrícolas y ha mejorado los servicios ecosistémicos, como la filtración de agua y la resistencia a la sequía.

Las acciones clave de este proyecto incluyen la plantación de más de 80 especies de árboles nativos para restaurar las zonas ribereñas y mejorar el ciclo del agua, la recolección de agua de lluvia, el control de la erosión, la agricultura sostenible y el uso de imágenes satelitales e inspecciones de campo para garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales.

La iniciativa se basa en el liderazgo municipal, la participación de las bases y un modelo de gobernanza de abajo hacia arriba, que fomenta la confianza y la participación a largo plazo. Además, integra tecnologías avanzadas como la teledetección, imágenes satelitales, SIG (sistemas de información geográfica) y sistemas de riego inteligentes para una gestión eficiente de los recursos.

El proyecto Extrema comparte similitudes y diferencias con las iniciativas de PSA en otros países. En comparación con el PSA de Costa Rica, que, desde la década de 1990, comenzó a compensar a los propietarios de tierras por la reforestación, la conservación de la biodiversidad y la protección del agua, el Proyecto Extrema también utiliza los mismos modelos de incentivos financieros financiados por los usuarios de los servicios ambientales (por ejemplo, las empresas hidroeléctricas) para promover prácticas sostenibles. A diferencia del primero, que opera a nivel nacional, el proyecto Extrema está más localizado y se centra en una cuenca hidrográfica específica (la cuenca del río Jaguari). El proyecto también enfatiza la colaboración directa con otros municipios dentro de esta cuenca, promoviendo un mejor enfoque de gobernanza regional.

El Fondo de Agua de Ecuador financia proyectos de conservación en los Andes para proteger las fuentes de agua para el consumo urbano. Tanto esta como la iniciativa de Extrema aprovechan a los beneficiarios de aguas abajo para financiar la conservación aguas arriba. Las diferencias son que este último incorpora amplios esfuerzos de reforestación y agroforestería, mientras que el modelo de Quito se centra más en mantener los ecosistemas existentes a través de la participación y la educación de la comunidad.

El Programa de Conversión de Tierras en Pendiente de China compensa a los agricultores por convertir tierras de cultivo degradadas en bosques o pastizales para combatir la erosión y mejorar la retención de agua. Tanto este proyecto como el de Extrema son similares en lo que respecta a abordar la seguridad hídrica a través de la reforestación y el control de la erosión, centrándose en paisajes vulnerables. Sin embargo, Extrema enfatiza fuertemente la participación de las partes locales interesadas e integra prácticas agrícolas tradicionales, mientras que el SLCP de China funciona más como una política de arriba hacia abajo.

Estas comparaciones resaltan el importante papel del proyecto de Extrema en el nexo entre clima, biodiversidad y agua y su potencial para servir como modelo para regiones con estrés hídrico como Nairobi o Ciudad del Cabo, donde la demanda de agua urbana presiona las cuencas hidrográficas frágiles.

El Proyecto de Conservación del Agua de Extrema demuestra cómo los esfuerzos localizados y centrados en la comunidad pueden abordar los desafíos interconectados del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la escasez de agua. Ampliar estas iniciativas a nivel mundial puede mejorar la resiliencia frente a fenómenos meteorológicos extremos, como los incendios forestales, conservar los ecosistemas y promover el acceso equitativo a los recursos.

Aquí, solicitamos su apoyo a políticas que repliquen soluciones transformadoras como Extrema, garantizando prácticas más sostenibles en su comunidad, como la restauración de la vegetación nativa, programas de reciclaje y compostaje y recolección de agua de lluvia. Compartir historias de éxito puede inspirar la acción colectiva para un futuro sostenible.

*Un texto producido en conjunto con el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Las opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las de sus organizaciones.

Las grandes mentiras de la nueva era de Trump

Federico Finchelstein
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Las grandes mentiras de la nueva era de Trump

Las primeras semanas de Donald Trump en el gobierno se están desarrollando como era de esperarse, pero eso no significa que sus primeras acciones sean menos llamativas u horribles. En Estados Unidos, a pocos sorprende esta mezcla de mentiras, estupidez y extremismo.

Deportaciones masivas, crisis internacionales (por ejemplo, la disputa y amenazas a Colombia) o la explicación presidencial de que una tragedia aérea se debe a los programas de diversidad son pequeñas muestras de la crisis constante y sonante que promete el trumpismo 2.0.

Como bien saben los expertos en fascismo y populismo, este tipo de líderes suele utilizar sus primeros días en el poder para restar importancia a la legalidad, aumentar la demonización y, en el caso de los fascistas, o aspirantes a fascistas como Trump, incluso recurrir a la deportación y la persecución. Lo que estamos presenciando es un intento de establecer el tono para hacer aceptable lo que normalmente en las democracias normales se considera inaceptable. Quieren adormecer a la población ante declaraciones idiotas, mentiras de tipo totalitario y acciones impredecibles e ilógicas. En este marco, Latinoamérica parece un terreno fácil para hacer y deshacer. Un ámbito para hacer ruido y promover el espectáculo frente al que no pueden hacer mucho sin enfrentar consecuencias graves para sus economías y políticas internas. Panamá es otro ejemplo de ello. El intercambio surrealista con el presidente colombiano, quien se prestó a sí mismo y a su país a ser manipulado y vapuleado, y el uso de aranceles para negociar espectáculos políticos no económicos demuestran que no se puede contestar con demagogia o populismo. Es necesario pensar programas conjuntos para defender lo propio y no basarse en las redes sociales.

A diferencia de los fascistas plenos, los primeros días de Trump en el poder también están de alguna manera desarticulados y descoordinados e incluso dominados por la ineficacia e impredecibilidad del líder. Trump claramente no es una persona que piensa con profundidad lo que dice y hace. Este nivel de ignorancia en los círculos más altos del gobierno de Estados Unidos es, por supuesto, impactante pero esperado. El conjunto de personajes promovidos para su gabinete presenta un récord trágico de charlatanes y obsecuentes y, sobre todo, carentes de conocimientos.

Pero Trump no hace nada que no dijo que iba a hacer. Prometieron una campaña de conmoción y asombro y su gobierno la continúa como si todo se tratara de un constante plebiscito del que solo participa la mitad de la población. En todo esto, hay un efecto adormecedor en la oposición. Hay fatiga de Trump entre el 48% que votó en contra del líder populista. Y también en los muchos que decidieron no votar en su contra. Trump ganó con el 49% de los votos. Esto, por supuesto, no puede darle legitimidad para ser inconstitucional y, sin embargo, lo intenta. Esto es algo que ellos saben, y por eso consideran tan importantes estas primeras semanas. ¿Groenlandia americana? ¿Golfo de América o la toma del canal de Panamá? Este es el tipo de cosas que podemos esperar de Trump: propaganda nacionalista extrema y mentiras que posiblemente puedan convertirse en realidad si a nadie más le importa. Con el tiempo, las mentiras se enfrentarán a la realidad y más ciudadanos se enfrentarán a ella. En otras palabras, Trump recibió apoyo debido a promesas falsas y, cuando sea más evidente que no las puede llevar a cabo, su legitimidad disminuirá.

El trumpismo, como luego hizo Jair Bolsonaro en Brasil, aspiró a un golpe de estado cuando perdió la elección anterior, y esta realidad no puede borrarse mediante nuevos votos o indultos o la falsa reescritura de la historia. Cuando esto sucede, se resta importancia a la democracia y la dictadura se vislumbra en el horizonte. Esto es lo que promueve Trump, las nuevas grandes mentiras de su plena legitimidad.

Por ahora estas primeras semanas nos brindan espectáculos para pensar lo que viene. En este sentido, son profundamente sintomáticos y deben ser profundamente analizados. Decenas de millones de estadounidenses lo desean y se entretienen con ello, pero pasa algo más problemático también. La creencia es exactamente lo que impulsa el culto trumpista. No evidencia, sino creencia. La creencia es clave para esta religión política extrema. Y estos espectáculos, una especie de circo en la Casa Blanca, también son parte de antiguos rituales de violencia y persecución. No es exclusivo de muchos estadounidenses sentirse hipnotizados por estas formas ilógicas de pensamiento y su propaganda y espectáculos. Pero muchos no votaron a Trump por esto, sino por razones económicas. Como pasó en historias previas de extremismos y autoritarismos fascistas y populistas, tarde o temprano muchos de ellos se darán cuenta de que creen en promesas falsas y mentiras. La pregunta es: ¿qué tan pronto?

Por ahora, reina la mentira. La nueva gran mentira es que Trump ganó de manera aplastante y esto lo autoriza a poner el mundo patas arriba. Esta es la gran confusión que se está promoviendo en estos momentos. En democracia ganar elecciones no da un cheque en blanco para borrar el pasado o la legalidad.

Una visión para OPS/OMS desde y para América Latina

Irene Torres   |   Daniel López-Cevallos
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Una visión para OPS/OMS desde y para América Latina

El clamor de expertos sanitarios ante el anuncio de la retirada de EE.UU. de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela, desde nuestro punto de vista, cuestiones más profundas sobre las estructuras de la gobernanza sanitaria mundial, más allá de las posibles lagunas financieras y operativas que los expertos puedan decir que les preocupan. El modo en que se determinan las prioridades sanitarias mundiales, y quién lo hace, revela jerarquías de poder que reflejan historias coloniales alrededor del mundo; este desequilibrio tiene un efecto tan importante sobre la misión de la OMS y sus oficinas regionales como la pérdida de financiación.

EE.UU. ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la OMS a lo largo de sus 76 años de existencia; directa e indirectamente, el país también ha influenciado la política y la economía de muchos países de América Latina y el Caribe (ALC) durante los dos últimos siglos. Por ello, no es de extrañar que EE.UU. sea el mayor contribuyente tanto a la OMS como a la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Cabe recalcar que la OPS se fundó antes que la OMS, en 1902, por iniciativa del gobierno estadounidense y otros países de la región preocupados por la propagación de enfermedades infecciosas a medida que crecía el comercio marítimo internacional. El hecho de que la organización haya mantenido su sede en EE.UU. desde su creación y de que este país aporte más de la mitad de las cuotas de todos los países (54%) habla del legado colonialista de dominio estadounidense en las Américas.

Recientemente, académicos nos alertaron sobre la influencia que puede perder EE.UU. al abandonar la OMS; consideramos esta reacción como una mayor fuente de preocupación para la región de ALC que la posibilidad de ver reducido el financiamiento de la OPS, especialmente porque los mismos académicos dejan claro que les preocupa el futuro de los centros colaboradores de la OMS con sede en EE.UU. (72 de los 180 en total). Quienes abogan por la equidad, ¿no deberían buscar un mayor equilibrio entre los países? Al menos en las Américas, deberíamos dar la bienvenida a la oportunidad de descentralizar la OPS de Washington, D.C., reimaginando sus funciones básicas para atender más adecuadamente las prioridades de los países donde más se necesita. Además, la reubicación de la sede de la OPS/OMS y de algunos centros colaboradores en la región de ALC reduciría los costos operativos y traería consigo un cambio en la formación y experiencia de los expertos de OPS y colaboradores externos, lo que permitiría contribuciones más relevantes para la región.

Además, los comparativamente mejores resultados en salud de algunos países de ALC apuntan a la posibilidad de que los conocimientos que necesitamos se encuentren fuera de EE.UU. Por ejemplo, Chile, Costa Rica y Panamá tienen una esperanza de vida superior a la de Estados Unidos. De hecho, se considera que EE.UU. tiene un «rendimiento global excepcionalmente débil» (con una menor esperanza de vida y mayores tasas de mortalidad y enfermedad que otros países comparables) teniendo en cuenta su elevado gasto sanitario; los territorios no incorporados de EE.UU. tienen resultados sanitarios aún más bajos. Las clasificaciones de salud y desarrollo humano también sitúan a EE.UU. muy por detrás de otros países de renta alta (como Canadá). Quizás los académicos basados en EE.UU. deberían preocuparse más por los retos de la salud pública estadounidense y el papel que la OPS/OMS podría tener en el apoyo a sus reformas.

Después de más de un siglo de toma de decisiones e implementación sanitaria a nivel mundial y regional que dependía en gran medida de la financiación del gobierno estadounidense y de organizaciones con sede en EE.UU., como la Fundación Gates, la Alianza GAVI y Rotary International, puede que haya llegado el momento de que los gobiernos de ALC se hagan cargo de su propia gobernanza en salud. Descentrar física, financiera y políticamente a la OPS de Washington, DC, le permitiría centrar más adecuadamente su agenda sanitaria en las prioridades de ALC y estar más capacitada para abordar las necesidades de las diferentes poblaciones de las Américas. Como predecesora de la OMS, la OPS tiene la capacidad de encontrar formas de mantenerse fiel a su misión de «liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre los Estados Miembros y otros aliados, para promover la equidad en salud, combatir la enfermedad, y mejorar la calidad y prolongar la duración de la vida de los pueblos de las Américas”.

La preocupación por cuestiones de salud mundial, como la gobernanza en salud (por ejemplo, reglamentos sanitarios internacionales, un tratado sobre pandemias), no justifica la influencia desproporcionada de un país en el futuro de cualquier organización multilateral. En efecto, la prolongada dependencia de las economías de ALC con respecto a EE.UU., refuerza los desequilibrios de poder que han dado lugar a desigualdades sistémicas en los resultados sanitarios de la región. Romper con este legado y avanzar hacia esfuerzos más equitativos y colaborativos es un camino positivo para los países de ALC.

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