Las consecuencias de las tentativas de golpe de Estado: el caso de Jair Bolsonaro y Pedro Castillo 

Carlos Ugo Santander
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Las consecuencias de las tentativas de golpe de Estado: el caso de Jair Bolsonaro y Pedro Castillo 

El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo, entonces presidente del Perú, anunció en cadena nacional la disolución inconstitucional del Congreso de la República y la instauración de un gobierno de emergencia nacional con el objetivo de evitar su destitución por el poder legislativo. Este anuncio, unilateral y sin apoyo militar, derivó en su detención y prisión pocas horas después. Pedro Castillo fue destituido por el Congreso y actualmente se encuentra en prisión preventiva, sin que hasta ahora haya recibido una condena definitiva.

Por esos mismos días, en Brasil, tras la derrota electoral en la segunda vuelta frente a Luiz Inácio Lula da Silva, el entonces presidente Jair Bolsonaro mantuvo un prolongado silencio, interpretado como un signo de frustración y negativa a reconocer los resultados. Previamente, Bolsonaro manifestaba la existencia de un fraude electoral, aunque nunca presentó pruebas concretas. Posteriormente, la Policía Federal de Brasil reveló una trama golpista que incluía planes para asesinar al presidente electo y a otras autoridades judiciales.

Aunque los dos casos comparten la tentativa de quiebre del orden constitucional, presentan diferencias significativas. En Perú, Pedro Castillo fue impulsado, de manera precipitada y errónea, por sus colaboradores más cercanos, quienes lo convencieron de que enfrentaba una destitución inminente por parte del Congreso. La oposición parlamentaria intentaba, por tercera vez, destituirlo; en las mociones previas apenas habían obtenido 46 y 55 votos, respectivamente, muy por debajo de los 87 votos necesarios. La probabilidad de alcanzar la mayoría requerida para la tercera moción era baja, ya que el gobierno controlaba al menos 30 votos que podían bloquear la iniciativa opositora.

En Brasil, Jair Bolsonaro implementaba una estrategia planificada con antelación: sembrar dudas sobre la seguridad del sistema de votación electrónica, argumentando que era vulnerable a fraudes y que no garantizaba un proceso electoral limpio. A pesar de la validación y la eficiencia comprobada del sistema por parte de los órganos electorales, Bolsonaro no presentó evidencia para sustentar sus afirmaciones. Por el contrario, incitó a sus seguidores a desconocer los resultados. Esta narrativa preparó el terreno para justificar un golpe de Estado en caso de no ser reelegido. El 8 de enero de 2023 movilizó a sus partidarios, lo que resultó en la destrucción de las principales sedes del poder público en la llamada Plaza de los Tres Poderes. En medio del caos “espontáneo”, Bolsonaro podría haber buscado justificar una intervención inconstitucional.

En el caso peruano, Pedro Castillo fue expulsado del poder de manera inmediata, detenido y sometido a un proceso judicial. Bolsonaro, que ya había finalizado su mandato, perdió sus prerrogativas presidenciales pero no ha sido arrestado, aunque enfrenta múltiples investigaciones. Mientras la condena a Pedro Castillo fue casi unánime en Perú, en Brasil muchos actores políticos relevantes, incluido el presidente del Congreso, han preferido guardar silencio y no condenar explícitamente la iniciativa golpista de Bolsonaro.

Las acusaciones en ambos casos son similares. Pedro Castillo enfrenta cargos de rebelión, por intentar alterar el orden constitucional, conspiración, y abuso de autoridad. En cuanto a Jair Bolsonaro, las acusaciones incluyen abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado, y participación en una organización criminal, además de otras acusaciones relacionadas con corrupción.

En el proceso contra Pedro Castillo se considera que, aunque sus órdenes represivas fueron ignoradas y no logró concretar el autogolpe, hay evidencias claras de su tentativa de quebrar el orden constitucional. Su acción no fue una mera cogitación, sino una ejecución concreta, como lo demuestra su declaración pública de disolución del Congreso. Aunque haya actuado de manera precipitada o inducido al error, debería asumir algún tipo de responsabilidad penal.

En el caso de Jair Bolsonaro, el debate jurídico será más largo. Se busca determinar su grado de responsabilidad en la trama golpista descrita en un informe de más de 800 páginas elaborado por la Policía Federal, que documenta su participación mediante intermediarios, tanto en la formulación del plan como en la ejecución de acciones criminales. Un aspecto central del debate será si su comportamiento trasciende la mera intención de dar un golpe de Estado, llegando a la operacionalización de este.

La teoría del dominio del hecho, una figura del derecho penal, podría aplicarse en el caso de Bolsonaro. Esta permite responsabilizar a quien tiene poder decisivo sobre un acto delictivo, incluso si no ejecuta directamente las acciones materiales del delito, como ocurre en casos donde los líderes actúan a través de subordinados.

América Latina: Futuro V.I.P.

Carlos Andrés Brando
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América Latina: Futuro V.I.P.

El diccionario etimológico explica que el acrónimo “Very Important Person” tiene sus orígenes en los años 30 del siglo veinte. Habrían sido los pilotos de la Royal Air Force (británica) los responsables de su popularización, quienes solían utilizar las iniciales para despistar al enemigo cuando movilizaban militares de alto rango en sus aeronaves.

Hoy en día V.I.P. se asocia con alguien que goza de privilegios concedidos gracias a su estatus social, influencia o importancia. Jefes de estado, magnates, deportistas y artistas de talla mundial adquieren la anhelada distinción que los separa del resto de mortales.

Transponer las iniciales del uso personalizado a uno regional incita interrogantes. ¿Será América Latina una zona VIP en el concierto global a 2050 o perderemos relevancia frente a otras regiones? ¿Seremos importantes por cuenta del creciente desarrollo económico, poderío financiero o importancia poblacional?

Analicemos esto letra por letra.

V.I.P. empieza con “V.” – de vieja.

La transición demográfica está envejeciendo a las sociedades latinoamericanas. De un total de 170 millones de habitantes que la poblaban en 1950, el 40% (70 millones) eran menores de 15 años y solo el 3% (poco más de 5 millones) estaba representado por adultos de más de 65 años.

En 2025 los menores de 15 darán cuenta del 22% de una población estimada en 668 millones, mientras que los mayores de 65 se habrán triplicado, representando el 10%. El total de jóvenes alcanzó su máximo en el año 2000, llegando a 168 millones. Desde entonces ese segmento poblacional viene cayendo en términos absolutos. Hoy son 148 millones (sí, 20 millones menos).

A la vuelta de la esquina, en tan solo 20 años, Naciones Unidas proyecta que el número de adultos mayores sea igual al menor de 15 años –125 millones cada uno (aproximadamente un 17% del total en cada caso). Y aun antes, para el 2040 estima que la población en edad de trabajar (entre 15 y 65 años) empiece a contraerse.

Está claro, que el futuro de América Latina es uno con canas.

La “I.” – de infecunda

Las familias numerosas de nuestras abuelas compuestas por seis o más hijos son parte del pasado. Los almuerzos intergeneracionales con mesas principales para doce personas y más de una veintena de comensales los visualizamos solo en la memoria (quien escribe tiene 47 años) o en series históricas de Netflix.

Datos del Banco Mundial indican que para 1960 la Tasa Total de Fertilidad (TTF) era cercana o superior a 6 en todos los países menos en Argentina, Chile, Cuba y Uruguay – donde eran inferiores a 5. Madres de 6 párvulos son actualmente una rareza. La TTF se desplomó durante los años 70-80, y continúa con su tendencia bajista. (TTF es el número promedio de hijos que una mujer alumbraría si viviera todo su ciclo reproductivo y experimentara los patrones de fertilidad específicos del año que observamos empíricamente).

Dos es el número “mágico” de TTF que una sociedad necesita para mantener su población constante en el mediano plazo. Reemplazar fallecidos con recién nacidos. Desde el 2018 América Latina se encuentra justo por debajo de esa cifra. Los que han liderado esta caída son: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, El Salvador, Jamaica, y Uruguay. Algunas capitales como Bogotá, Buenos Aires, San José y Santiago exhiben lo que los demógrafos denominan tasas ultra bajas de fecundidad – niveles de 1,5 o menos.

El futuro de la fecundidad latinoamericana es incierto. Aunque no tanto. La caída en la fertilidad hace parte de un fenómeno mundial. Los expertos dicen que esto obedece a una causa profunda que en llave con ciertos factores de contexto determinan la velocidad a la cual los padres dejan de formar familias de gran tamaño. La causa profunda opera en el largo plazo y es la caída en la tasa de mortalidad de la población – que suele concentrarse en la mortalidad infantil. Al sobrevivir cada vez más vástagos, los padres deciden engendrar y educar menos descendencia (presuntamente con mejores condiciones de vida).

A esta causa se suman factores importantes como la creciente educación de la mujer y su inserción en el mercado laboral, la disponibilidad de tecnologías contraceptivas, las campañas de planificación familiar y la influencia de valores occidentales ligados a la autonomía individual y a la secularización. El punto fundamental aquí es que una vez la fecundidad cae, no vuelve a subir con respecto a su trayectoria histórica.

Los esfuerzos que desde hace años distintos gobiernos en Asia y Europa han realizado para revertir la tendencia bajista en la fecundidad han sido infructuosos. El más llamativo ha sido el de China que tras la imposición de la política de un solo hijo, no solo la relajó para luego eliminarla, sino que ahora patrocina medidas pronatalistas para contrarrestar su reciente declive poblacional.

Difícilmente, América Latina escapará de la estabilidad de la fecundidad en niveles bajos.

La “I.” de infecundidad no solo llegó para quedarse, sino que además es causa subyacente del envejecimiento. Si las sociedades tuvieran más de dos hijos (digamos 3), éstos no sólo reemplazarían aquellos que fallecen, sino que naturalmente las rejuvenecerían (ausentes flujos migratorios).

Dicho esto, no hay razón para sugerir que el futuro sea formular políticas que reestablezcan las tasas de fecundidad vigentes pre-1960, pues los avances socio-económicos de la mujer en gran medida han estado mediados por la reducción del tamaño de la familia.

Pobre corresponde a la “P.”

En términos relativos, América Latina no cerró la brecha material. En 1950 el nivel de ingreso promedio por habitante era prácticamente igual al del mundo entero (cerca de US $3,700). Este equivalía a la mitad del ingreso de Europa occidental y a un cuarto del exhibido por los países más desarrollados, los Territorios occidentales (EE.UU., Canadá, Australia y Nueva Zelanda). Para entonces, sin embargo, la región era tres veces más rica que el Este asiático y 2,5 veces más que África Subsahariana.

En 2022, la brecha con respecto a los más ricos exhibe la misma ratio, mientras que con Europa occidental ésta pasó de dos a tres (somos más pobres, relativamente). El Este asiático nos alcanzó en 2010 y desde entonces ha creado otra brecha regional – superior a los US $7,000. El mundo ahora es más rico que América Latina.

¿Qué nos depara el futuro?

La perspectiva no es alentadora. La fuente clave para el crecimiento económico es la productividad, la eficiencia con la que combinamos recursos para producir bienes/servicios. En este frente ningún país de la región ha sido líder global ni en el sector industrial ni en el de servicios en ningún momento de la historia. Solamente hemos logrado competir (ocasionalmente dominar) en mercados internacionales asociados con commodities como café, soja, cobre, metales preciosos o petróleo.

La integración a la economía internacional a través de estos productos no ha sido la esperada: ciclos auge-caída, alta volatilidad y dependencia de precios en las economías industrializadas, intercambio asimétrico y gran vulnerabilidad a los choques externos indican que esta estrategia desarrollista es difícil de transitar exitosamente.

La alternativa es sumar más tierra, capital físico, y trabajo a la producción. Aquí los límites parecen más finitos. La frontera agrícola se agotó y las tierras amazónicas deben ser conservadas si no queremos desestabilizar más los patrones climáticos globales. La mano de obra, como ya se anotó, empezará a contraerse desde 2040.

Por último, las posibilidades de elevar el capital físico (maquinaria y equipo tecnológicamente sofisticado y eficiente) estarán constreñidas por nuestra decreciente capacidad de ahorro. Tanto en el sector público como en el privado, a medida que la región envejezca y la morbilidad y mortalidad se concentren en enfermedades degenerativas (más costosas en sus tratamientos médicos y cuidado), el gasto en salud y política social solamente podrá incrementarse.

Aunado a los gastos alcistas en la cobertura de poblaciones pensionadas/retiradas esto significará una merma del ahorro que no se traducirá en inversiones de capital – ni físico, ni humano. Financieramente, es probable que necesitemos más ahorros externos para sostener el Estado de bienestar y no profundizar el rezago en infraestructura. El futuro V.I.P. de América Latina (vieja, infecunda y pobre) no luce especialmente envidiable.

Kakistocracia en América Latina

Manuel Alcántara
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Kakistocracia en América Latina

Las formas de gobierno ateniendo a los depositarios del poder son variadas y desde la antigua Grecia en el pensamiento occidental han configurado un rico acervo de tipologías. Hoy es muy común leer acerca de la democracia y de su antagonista la autocracia, quedaron atrás otras que estuvieron vigentes durante mucho tiempo como la aristocracia o la teocracia. Quien detentara el poder, fuera un individuo o un grupo, daba forma al término. El vocablo kratia competía con arche del que derivaron monarquía, oligarquía, anarquía.

Los actuales tiempos de democracias fatigadas inmersas en sociedades cansadas están generando momentos muy peculiares que poco a poco se han ido decantando hacia la configuración de gobiernos cuyo denominador común se señala con frecuencia que es la baja calidad de sus integrantes. De esta manera, se extiende por doquier la idea de que buena parte de los problemas que tiene la política en la actualidad es debido a que los actuales gobernantes son los más ineptos.

Por ello no resulta extraño que The Economist haya seleccionado como palabra del año el término kakistocracia cuya raíz viene a definir precisamente al gobierno de los peores y menos cualificados. Un término que no se encuentra en fuentes antiguas, pero que sirve para definir el estado actual de la política en parte de los países americanos y europeos. El neologismo ha saltado rápidamente a sectores de la opinión pública estadounidense y de ahí está empezando a generalizarse para definir la situación de otros países.

No obstante, la categorización de buen o mal gobernante o de mayor o menor cualificación para llevar a cabo la acción de gobierno es una tarea que resulta difícil llevar a cabo. Hay tres niveles diferentes que definen el grado de complejidad: las características específicas del contexto nacional, analizar individualmente los perfiles de las personas que llevan a cabo el oficio y poner el acento en los resultados de su acción en el gobierno de acuerdo con su rendimiento en distintos ámbitos. Aunque deben concebirse en una constante interacción es posible llevar a cabo un ejercicio de abordaje por separado de estas facetas. Entonces, estudiar estrictamente a las personas que asumen responsabilidades políticas es un camino por seguir de indudable interés.

Tres son los grupos de factores para tener en cuenta a fin de llevar a cabo la idoneidad de su rendimiento que se dan cita en este tipo de individuos. En primer lugar se encuentran las características individuales referidas a cuestiones de corte biológico, otras vinculadas con el proceso de socialización y otras con la andadura formativa. En segundo término hay que considerar la experiencia generada en la trayectoria previa al desempeño del cargo bien fuera en el propio terreno de la política como en el adquirido en otro ámbito profesional. Por último, está el rendimiento previo de la persona en el plano de la conjunción de la ética de la responsabilidad y de la ética de la convicción, en función de la célebre distinción esgrimida por Max Weber.

La integración de todo ello permite definir modelos ideales y, eventualmente, elucidar categorías de acuerdo con escalas preestablecidas. De esta manera, puede establecerse el grado de mejora o en su caso de empeoramiento de la clase política, o de políticos individualmente considerados, con respecto a una determinada evolución temporal. ¿Son hoy los políticos mejores o peores que hace diez o veinte años dentro de un mismo país? ¿Son mejores o peores los de un país con respecto a los del vecino?

Se trata de cuestiones que son pertinentes en la medida en que hoy la crisis de la representación, por un lado, señala a la clase política como responsable del descrédito de la política y, por otro, de manera consecuente, ha acentuado la presencia en el ruedo político de personajes ajenos a la tradición partidista y aupados por mecanismos novedosos de empoderamiento individualista. La descomposición del universo partidista, volátil, desideologizado y sumido en una profunda crisis identitaria, se conjuga con mecanismos de intermediación y de participación que hace poco no existían. La sociedad digital, fragmentada e hiper individualista, se ve sometida a instrumentos publicitarios novedosos que empujan al poder a candidaturas personalistas sin filtro alguno.

Si el análisis se centra exclusivamente en los titulares del Poder Ejecutivo de casos en los que resultaron elegidos, dejando de lado los miembros de sus gabinetes o los integrantes del Poder Legislativo por referirme al medio estrictamente estatal latinoamericano actual, la comparación pone de inmediato en el tablero a personajes mediocres referidos a la última jornada electoral presidencial de acuerdo con los factores recién enunciados. Pedro Castillo, así como su sucesora Dina Boluarte, y Xiomara Castro se situarían en el lugar inferior de la escala por su nula experiencia política previa y su desaliñada actitud ética. Rodolfo Chaves, Nayib Bukele, Javier Milei y Daniel Noboa, poseedores de un ligero bagaje de conocimiento de la actividad política antes de asumir la presidencia, y también con un magro comportamiento ético, les seguirían. Daniel Ortega y Nicolás Maduro serían completamente reprobados por su absoluto abandono de niveles éticos mínimos además de su comportamiento atrabiliario.

El asunto no deja de ser irrelevante ni cae en lo anecdótico por cuanto que su número representa casi la mitad de los casos latinoamericanos, si bien el hecho de circunscribirse a las cabezas del estado omite un análisis más minucioso del resto de los integrantes del Ejecutivo. Ese estudio, junto con el de los legisladores así como de otros ámbitos del poder, permitiría ayudar a encontrar el grado de avance de la kakistocracia en el ámbito estatal latinoamericano, un problema universal al que no es ajena la política en la región.

Ahora bien y para concluir, a los niveles del grado de complejidad referidos más arriba a la hora de matizar la categorización del buen gobernante se suma la valoración de la opinión pública. Esta se encuentra fuertemente manipulada por técnicas de propaganda cada vez más sofisticadas que construyen relatos amparados en medias verdades cuando no sobre versiones de la realidad totalmente falsas. La desinformación y la puesta del acento en cuestiones emocionales en países especialmente impactados por traumas sociales como la inseguridad o la hiperinflación que gestan diferentes formas de violencia es el entramado sobre el que se construye con éxito la popularidad de Nayib Bukele, Javier Milei y Daniel Noboa.

El Quijote y la crisis de los cincuenta o el último tranvía

José Gabriel Barrenechea
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El Quijote y la crisis de los cincuenta o el último tranvía

El periodista independiente José Gabriel Barrenechea Chávez, destacado intelectual cubano, fue arrestado arbitrariamente el 8 de noviembre tras participar en protestas pacíficas en Encrucijada, su municipio de residencia. Su paradero permaneció desconocido hasta el 11 de noviembre, cuando el pastor Mario Félix Lleonart confirmó que estaba detenido en la sede de la Seguridad del Estado en Santa Clara. El régimen cubano lo acusa de sedición, atribuyéndole el liderazgo de las manifestaciones del 7 de noviembre. El texto que sigue fue enviado por Barrenechea desde prisión.

Según Torrente Ballester, para hacernos comprender en qué momento de su vida  se hallaba Alonso Quijano, al lanzarse a deshacer entuertos y embestir molinos de viento, el último tranvía suele pasar para el hombre a inicios de su sexta década, la de los cincuenta.

Solo queda a partir de ese momento el prepararse para la muerte y la vejez que le antecede. Por ello el hombre se lanza al último intento de realizar los sueños y los ideales de su juventud; o con desesperación evidente, a no dejar escapar esas oportunidades que al atardecer pasan por la estación de nuestros días.

A diferencia del joven, para el cincuentón no hay ni un segundo que derrochar. Dilatar un instante más la realización de sus ideales y sus sueños de juventud, dejar escapar esas últimas oportunidades que todavía pasan al alcance de sus piernas y de sus manos, es simplemente intolerable para el hombre que ha doblado ayer el cabo del medio siglo, y es plenamente consciente de lo que significa haber alcanzado esa edad crítica. Más allá, a la corta distancia de ese lujo juvenil, la dejadez, el desenfado ante el correr del tiempo, la vejez, y el lento o rápido apagado de lo que somos, nos acecha inexorablemente.

Es en esa circunstancia temporal, en el carácter inapelable de esos inicios de la cincuentena, que se explica desde el atrevimiento del hidalgo cincuentón, que echa su hacienda y su vida por la borda, para realizar en si un ideal, el del súper héroe de su tiempo, el caballero andante, el Amadís. Pero también ese señor maduro, que abandona su hogar de años, para echar suertes en una nueva compañera, que se le antoja más próxima a sus sueños e ideales, y que se le ha aparecido de repente al doblar de cualquier esquina, cuando ya no esperaba algo así.

En fin que la certeza de que ya no habrá más trenes, que el ramal de sus días será abandonado en cualquier amanecer próximo, quizás mañana, explica esos saltos al vacío que suelen darse a esta edad, incomprensibles para quienes no han vivido todavía, o en todo caso, o en todo caso ya no viven esta segunda adolescencia. Solo cuando se está aquí en esta edad, es que empezamos a comprender y dejamos de reír ante el Quijote, abismados al sentirnos en los zapatos de aquel buen hidalgo, que se atreve a intentar no dejar escapar su último tranvía…

Ecos de La Habana: una influencia nociva en el campo de las ideas

Rebeca Salas Luna
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Ecos de La Habana: una influencia nociva en el campo de las ideas

Desde una perspectiva histórica, Cuba ha utilizado la exportación de su modelo revolucionario como herramienta de legitimación internacional. En décadas posteriores al triunfo de 1953, el régimen cubano apoyó e inspiró movimientos guerrilleros como el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Chile o el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador. Pero en las últimas décadas, Cuba ha actualizado sus estrategias para ejercer un rol importante como catalizador de plataformas “progresistas” de la región.

Miembros del Gobierno cubano participan constantemente en plataformas de articulación política como el Foro de São Paulo, fortaleciendo alianzas con países que comparten afinidades ideológicas. Estas acciones proyectan a Cuba como un líder dentro de la izquierda latinoamericana. Sin embargo, este legado histórico ha evolucionado para seguir influenciando al continente latinoamericano, pero ahora, con estrategias como el sharp power. Dichas tácticas no se basan en la coacción o la fuerza, sino en la capacidad de atraer y persuadir a otros países mediante la propaganda, desinformación y manipulación cultural.

La influencia cubana se materializa en dos frentes principales: la diplomacia cultural y la intervención académica. En el ámbito cultural, el régimen cubano utiliza eventos internacionales como ferias literarias, festivales artísticos y colaboraciones cinematográficas para proyectar una narrativa favorable. Estos espacios permiten enaltecer logros culturales y científicos de Cuba mientras ocultan sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos, las restricciones a la libertad de expresión y las carencias estructurales del régimen cubano.

Por ejemplo, la participación de Cuba en eventos literarios en México y Argentina han servido para legitimar su sistema político. En el ámbito académico, Cuba emplea convenios internacionales, programas de becas y acuerdos de cooperación educativa como instrumentos para extender su ideología socialista. Las universidades cubanas, sujetas al control estatal, se convierten en espacios donde se promueve una visión unidimensional de la realidad política y social limitando el pensamiento crítico y fomentando la polarización ideológica. Este modelo no sólo afecta a los estudiantes extranjeros que acceden a estas oportunidades, sino que perpetúa divisiones políticas en sus países de origen al presentar el régimen cubano como un ideal inalcanzable en contraposición a las imperfectas democracias liberales de la región.

Por otro lado, Cuba ha extendido su influencia mediante la presencia de profesionales en sectores estratégicos particularmente en el sector salud y educativo. La exportación de médicos y educadores, presentada como un acto de solidaridad, en realidad busca consolidar relaciones políticas con los países receptores y promover una narrativa que glorifica al régimen cubano. En Venezuela, esta estrategia se ha manifestado en la Misión Barrio Adentro, donde médicos cubanos han servido, no sólo como prestadores de servicios, sino como herramientas para el adoctrinamiento político de las comunidades.

En Nicaragua, algunas de las prácticas cubanas de propaganda y restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión, han generado un entorno en el que las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los movimientos sociales enfrentan serias dificultades para operar. Los actores sociales críticos del sistema son objeto de vigilancia, censura y, en muchos casos, represalias, como detenciones arbitrarias y campañas de descrédito.

El beneficio obtenido por el régimen cubano de estas dinámicas es evidente. En términos políticos, asegura legitimidad internacional al posicionarse como un símbolo de resistencia frente al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Esta narrativa, cuidadosamente articulada, refuerza su discurso oficial tanto en el ámbito internacional como dentro de la isla. Un ejemplo ilustrativo es la respuesta internacional organizada por grupos afines al régimen cubano. El Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba y la Asociación de Cubanos Residentes en Colombia solicitaron ayuda por la crisis energética en Cuba, causada por las sanciones económicas de Estados Unidos y condenaron el bloqueo económico y la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

De manera similar, en Argentina, el 27 de octubre, se llevó a cabo una jornada de solidaridad con Cuba, donde se denunció el bloqueo estadounidense. Esta jornada fue promovida por ciudadanos cubanos residentes en Argentina y publicitada por el Consulado de Cuba en el país.

Las consecuencias de esta influencia para América Latina son profundas y adversas. El régimen cubano ha contribuido a la erosión de valores democráticos particularmente en contextos donde regímenes aliados han replicado su modelo represivo. Así mismo han intensificado la polarización ideológica, dificultando la construcción de consensos en torno a principios universales como los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho. La influencia cubana ha fomentado el debilitamiento de la sociedad civil y las restricciones sistemáticas de las libertades fundamentales.

En conclusión, el impacto de la influencia cubana en América Latina trasciende su papel histórico como catalizador de movimientos revolucionarios. Su capacidad de adaptarse a través de herramientas modernas como el sharp power, representa un desafío significativo para la consolidación de democracias liberales en la región. El sharp power cubano también ha utilizado redes intelectuales para propagar una visión idealizada de su sistema político, minimizando críticas hacia sus políticas represivas.

Este fenómeno ha sido especialmente problemático en contextos donde la academia debería de funcionar como un espacio de debate plural y crítico. La censura de investigaciones en Cuba que desafían la narrativa oficial ha limitado la producción de conocimiento autónomo, afectando tanto la calidad como la diversidad de pensamiento académico cubano.

Es crucial que las democracias latinoamericanas fortalezcan sus instituciones y promuevan narrativas alternativas que valoren los derechos humanos y las libertades individuales como fundamentos inalienables de la convivencia democrática. Sólo así será posible contrarrestar la proyección de modelos autoritarios como el cubano y garantizar el desarrollo de sociedades verdaderamente libres, abiertas y equitativas.

El fantasma de los ultraprocesados en Navidad

José Julio Villalba
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El fantasma de los ultraprocesados en Navidad

Era la víspera de Navidad en un pueblo de los Andes donde la alegría brillaba en cada rincón. Las luces colgaban de los balcones coloniales, las plazas resonaban con villancicos, y los mercados estaban repletos de clientes buscando lo necesario para las celebraciones. Sin embargo, bajo esta atmósfera, una sombra se cernía sobre las tradiciones: el consumo creciente de productos ultraprocesados. Como el avaro Scrooge en Cuento de Navidad, nuestras sociedades parecen estar siendo capturadas por la trampa de lo fácil, lo industrializado y lo rápido, en detrimento de la riqueza cultural y la salud.

La Navidad, desde tiempos coloniales, ha sido una celebración profundamente enraizada en la cultura latinoamericana. Cada región aportaba a la mesa tradiciones únicas, muchas de ellas fusionando elementos indígenas, africanos y europeos. El tamal, símbolo de resistencia cultural, era preparado con maíz nativo, envuelto en hojas de plátano, cocido lentamente y compartido con orgullo. El pavo, el lechón o las hallacas contaban historias de la tierra y del trabajo colectivo.

Los postres también tenían su propia narrativa: el dulce de leche, las galletas de mantequilla y los buñuelos eran elaborados en casa, transmitiendo secretos de generación en generación. La cocina navideña era un acto de resistencia frente a la estandarización global. La comunidad se reunía no solo para comer, sino para cocinar juntos, creando un tejido social indisoluble.

Con el avance del siglo XX, llegaron los supermercados, las marcas globales y la promesa de conveniencia. Las recetas tradicionales comenzaron a competir con productos empaquetados que prometían “sabor navideño” en minutos. La antropología nos enseña que la comida no es solo nutrición; es identidad. Cada paquete de galletas industriales o botella de gaseosa reemplazaba algo más profundo: el acto de preservar historias familiares y territoriales.

Hoy, en muchos hogares de América Latina, la escena es diferente. Las mesas navideñas aún están llenas, pero los alimentos han cambiado. Los productos ultraprocesados dominan: panes industriales, embutidos, gaseosas y postres empaquetados reemplazan lo que antes era fresco y artesanal.

¿Por qué nos olvidamos de las tradiciones culinarias? 

Con la globalización, los alimentos ultraprocesados son más accesibles y el bombardeo publicitario refuerza la idea de que estos productos son parte de una Navidad moderna y globalizada. La comida actúa como un marcador cultural y en lugar de reforzar identidades locales, los ultraprocesados homogenizan experiencias. 

En términos de salud, los datos son alarmantes. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), América Latina tiene uno de los consumos más altos de ultraprocesados del mundo. En festividades como la Navidad, este consumo se dispara, con efectos inmediatos y a largo plazo: obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

Además, este cambio afecta de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables. Las familias de menos ingresos, atraídas por los bajos costos y la alta disponibilidad, son las que más consumen estos productos, perpetuando ciclos de pobreza y enfermedad.

¿Qué ocurrirá si seguimos así? 

Desde una perspectiva cultural, el futuro podría ser desolador. En una generación, las recetas ancestrales podrían perderse. Los niños crecerán sin conocer el sabor de un buñuelo hecho en casa o un tamal elaborado con maíz nativo. Los mercados locales, donde los pequeños productores aún ofrecen ingredientes frescos, podrían desaparecer, sustituidos por grandes cadenas.

El impacto no es solo gastronómico; es también identitario. La comida es una de las formas más tangibles de conectar con nuestra historia y territorio. En América Latina, donde las raíces indígenas, africanas y europeas se entrelazan en cada plato, el abandono de las tradiciones alimentarias significa también un debilitamiento de nuestra memoria colectiva.

Desde el punto de vista de la salud pública, la dependencia de ultraprocesados incrementará la carga de enfermedades no transmisibles, además de los costos sociales y económicos asociados. Familias enteras podrían enfrentarse a problemas crónicos de salud, reduciendo su calidad de vida y su capacidad de contribuir plenamente a sus comunidades. Además, los ultraprocesados tienen una huella ambiental mucho mayor que los alimentos locales y frescos. 

Al igual que Scrooge, todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo. La solución no es tratar de eliminar la modernidad, más bien se intenta reconciliar con nuestras raíces. ¿Cómo? Valorando lo local y reivindicado las recetas familiares para reducir el consumo de ultraprocesados. Este sería un acto de resistencia cultural y como Scrooge, podemos despertar a un mundo lleno de sabor, salud y comunidad, recordando que nuestras tradiciones son el regalo más valioso que podemos ofrecer.

Primer año de Milei: la motosierra y sus críticos

Enrique Gomáriz Moraga
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Primer año de Milei: la motosierra y sus críticos

Tiene alguna ventaja haber retrasado un poco el análisis del balance del primer año del gobierno del presidente Milei, entre otras cosas, porque permite observar las críticas que se han hecho de este aniversario. Desde luego, la gran mayoría de esas críticas proceden de las filas del progresismo, incluyendo en este a la izquierda vieja y nueva. Pero es necesario ser selectivo al respecto. No interesan tanto las invectivas reiteradas o las admoniciones de la extrema izquierda utilizando el término fascismo a discreción, sino las de aquel sector progresista que ya viene de vuelta de aquella idea optimista de que el primer recorte importante de Milei provocaría tales movilizaciones que le sacarían asustado de la Casa Rosada. Ese progresismo más juicioso mira ahora con ansiedad las elecciones de 2025, no vaya a ser que las gane aquel outsider que hace un año llegó a la presidencia sin partido, sin respaldo parlamentario y sin alcaldes. Porque si eso llegara a suceder, el “loco” habría conquistado el Estado en buena medida y su proyecto se prolongaría en el tiempo.

En todo caso, Milei no ha dejado pasar la oportunidad de celebrar su primer año de gobierno. En un trimestre, logró transformar en superávit el inquietante déficit fiscal del país y en un semestre hizo que el IPC pasara del 25% mensual a menos de 3% en octubre; subieron los bonos de la deuda, bajó el nivel de riesgo crediticio y repuntaron las inversiones. Además, Milei está aprovechando los réditos del megarreservorio de gas Vaca Muerta. Todo ello aplicando “el programa de shock más radical de la historia de la humanidad” (la motosierra) sin tener que enfrentar una temida protesta social y con una popularidad bastante intacta (por encima del 50%), mientras la oposición se mantiene dividida, con una derecha tradicional (de Macri) subordinada y un peronismo en plena crisis. Cierto, la pobreza aumentó 11 puntos desde mediados del año anterior, pero ello no parece reflejarse en una disminución correspondiente de su popularidad.

Las criticas a este modelo de parte del progresismo mas juicioso presentan dos elementos sólidos: el mencionado aumento de la pobreza y la difícil sostenibilidad de ese programa económico radical. También se hace una lectura crítica en términos políticos. Pueden mencionarse dos ejemplos destacables de ese progresismo (hispanoparlante): el artículo de Pablo Stefanoni (“De Milei al Mileísmo”) aparecido en la revista Nueva Sociedad y el editorial del diario español El País titulado significativamente “El daño de Milei”.

El balance de Stefanoni pivota sobre la crisis política de la oposición. De hecho, la aprobación de la ambiciosa Ley de Bases de Milei, al menos parcialmente, contó con la totalidad del macronismo, así como con peronistas disidentes y radicales. Es decir, el superminoritario gobierno no ha tenido grandes tropiezos para aprobar la normativa que le favorece, evitando así un choque de trenes entre el Legislativo y el Ejecutivo. Por eso Stefanoni concluye: “Algunos, en la oposición, se preguntan: ¿Y si le sale bien?” Y a continuación responde: “Que le salga bien sería que mejoraran las cifras económicas y que eso se traduzca en un triunfo en las elecciones de medio término de 2025 y en el aumento de la representación en el Congreso”. Pero esto traslada el eje de su análisis: que le salga bien ya no depende de lo mal que lo haga la oposición, sino del conjunto de la sociedad argentina. Y, desafortunadamente, Stefanoni evita sondear en las entrañas de la ciudadanía y su cultura política.

El caso del editorial del diario El País tiene una referencia distinta. Su crítica es mucho más comprometida, porque este diario ha devenido en el apoyo cultural y político del modelo de gobernanza opuesto: el progresismo deificado. De hecho, el gobierno de Pedro Sánchez cumple con todos los supuestos que Milei gusta de caricaturizar: una economía expansiva y una fiscalidad a crédito, un modelo político basado en mayorías parlamentarias oportunistas y una cultura política convencida de su superioridad moral.

Sánchez repite que en un sistema parlamentario no gobierna quien gana las elecciones sino quien consigue obtener el apoyo de la mayoría en el Congreso. Pero eso tiene sus límites: obtener el apoyo de grupos que son contrarios al programa electoral que se ha presentado, obliga a modificar el contrato adquirido con el electorado. Recuerda bastante a la idea de Marx (Groucho): “Yo tengo mis principios, pero si no le gustan tengo otros”. Es decir, se trata de un modelo fraudulento de gobernanza. Algo que obliga a situarse en una perspectiva de permanente fuga hacia adelante. El modelo necesita profundizarse para resistir: más expansivo, más fenicista, mas autoreferente. “Somos un referente mundial” ha dicho Sánchez en el reciente congreso del PSOE.

Por eso la crítica al modelo opuesto del diario madrileño es absoluta: Milei produce un daño irreparable. Y puede que tenga razón. Pero aplicando esa misma lógica, habría que preguntarse si apoyar un modelo fraudulento de gobernanza no produce también un daño considerable. El editorial de El País concluye: “No todo vale a cambio de reducir la inflación”. Cierto, pero tampoco todo vale para mantenerse en el gobierno.

En realidad, ese es el drama de este tiempo: dos modelos radicales de gobernanza, opuestos pero que se retroalimentan. El uno es la reacción consecuente del otro. Puede que ninguno sea sostenible, pero mientras duren provocarán el sufrimiento y la división interna de los países.

El comercio internacional y la pérdida de biodiversidad en Latinoamérica: parte del problema y ¿de la solución?

Matías Mastrangelo
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El comercio internacional y la pérdida de biodiversidad en Latinoamérica: parte del problema y ¿de la solución?

¿Qué tienen en común un alemán comiendo sus tradicionales salchichas, un francés degustando sus típicos quesos y un italiano vistiendo sus famosos zapatos de cuero? Todos ellos, a través de sus consumos y costumbres, tienen una parte de responsabilidad, sean conscientes de ello o no, en la acelerada pérdida de biodiversidad en los bosques secos y sabanas del centro de Sudamérica. 

El Gran Chaco Sudamericano se extiende por Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil sobre más de un millón de kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a Francia y Alemania juntas. A pesar de extenderse por latitudes en las que en otros continentes solo hay desiertos, esta región estuvo hasta hace 30 años cubierta por bosques de madera dura, sabanas y humedales. Estos ecosistemas son capaces de absorber grandes cantidades de gases de efecto invernadero de la atmósfera y albergar una rica diversidad biológica y cultural.

Una desforestación acelerada

Desde mediados de los años 90, los beneficios que los ecosistemas de esta vasta región brindaban a la sociedad se están desvaneciendo a un ritmo acelerado debido a la deforestación para la expansión de la agricultura y la ganadería comerciales. De hecho, el Gran Chaco Sudamericano ostenta el triste récord de ser una de las regiones más deforestadas a nivel mundial.

Este fenómeno es impulsado por terratenientes de Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil, quienes sustituyen bosques y sabanas por monocultivos de soja y maíz, o de pasturas para el ganado vacuno.

Una gran parte de los granos, la carne, los cueros y el tanino producido en el Gran Chaco Sudamericano es exportado a Asia y Europa (alrededor de un 60 % y un 20 %, respectivamente). Esto es posibilitado por una aceitada cadena de suministro y exportación de materias primas, la cual es controlada por unas pocas empresas multinacionales.

El recorrido de las materias primas

Estas conexiones comerciales nocivas para la biodiversidad son usualmente invisibles para la sociedad. Afortunadamente, iniciativas como Trase Earth (https://trase.earth) permiten hoy rastrear el recorrido que hacen estas materias primas, desde el sitio donde fueron producidos hasta el país donde son consumidos. Esta iniciativa sin fines de lucro fue fundada por el Stockholm Environment Institute y Global Canopy en 2015 para empoderar a la sociedad civil y los gobiernos en la búsqueda de cadenas de suministro de materias primas libres de deforestación.

Dentro de Europa, España e Italia son los principales importadores de soja y maíz del Chaco Argentino, aunque el mayor volumen de estos granos viaja hasta Medio Oriente y el Sudeste Asiático. Tanto en Europa como en Asia, se usan principalmente para alimentar vacas, cerdos y pollos criados en confinamiento. De esta manera, elaboraciones “artesanales” del Viejo Mundo como las salchichas alemanas o los quesos franceses son hechos a partir de animales alimentados con granos cuya producción genera altos costos ambientales y sociales en el Nuevo Mundo.

La fabricación y consumo de zapatos, carteras y tapizados de autos de lujo en Europa también impulsan la pérdida de biodiversidad en el Gran Chaco Sudamericano. La Unión Europea importa las dos terceras partes de los cueros producidos en el Chaco Paraguayo, siendo Italia el principal importador con 25.000 toneladas de cuero por año. Para colmo, estos cueros son curtidos con taninos extraídos de los quebrachos, la principal especie de árbol de madera dura de los bosques chaqueños. A principios del siglo pasado, los quebrachales fueron diezmados por los ingleses. Desde principios de los años 2000, un promedio de 30.000 hectáreas de quebrachales del Chaco Argentino es talada anualmente por empresas italianas para extraer el tanino con el que se curten los cueros.

La responsabilidad de consumidores y productores

¿Qué están haciendo los consumidores europeos y los productores sudamericanos para frenar la acelerada pérdida de biodiversidad en el Gran Chaco? Las acciones, incluidas las de sus gobiernos, son diversas y dependen de tres factores clave.

Primero, dependen de cómo los responsables perciben la pérdida de biodiversidad que causan. Los grandes terratenientes argentinos gestionan sus campos en el Gran Chaco desde sus oficinas en Buenos Aires, a miles de kilómetros de distancia. Desde allí, no ven los cuerpos de los animales silvestres calcinados por el fuego que ordenaron utilizar para “limpiar” la tierra y sembrar maíz, soja o pasturas. Lo mismo ocurre con los alemanes, que disfrutan de sus salchichas hechas con cerdos alimentados con granos provenientes de campos deforestados e incendiados. 

Segundo, algunos productores y consumidores logran percibir las consecuencias negativas de sus decisiones, pero aun así no logran cambiar su lógica. Este es el caso de muchos productores que hoy ven cómo los suelos de sus campos se degradan, y lo que era un bosque pasó a ser un desierto en un par de décadas, pero continúan expandiendo la deforestación enceguecidos por las extraordinarias rentas que obtienen en el corto plazo. Solo especulando con el precio de la tierra, un terrateniente puede comprar tierras con bosque en el Chaco Boliviano a 100-250 dólares la hectárea para luego vender cada hectárea deforestada a 2.500 dólares.

En tercer lugar, quienes impulsan la pérdida de biodiversidad en el Gran Chaco pueden querer revertir el daño causado por sus decisiones de producción o consumo, pero no siempre logran aportar efectivamente a la solución. Por ejemplo, un italiano que se concientiza de que una marca de zapatos en su país utiliza cueros curtidos con taninos provenientes de la tala ilegal de quebrachos chaqueños puede optar por comprar otra marca. Sin embargo, la decisión de unos pocos compradores conscientes no será suficiente para que Italia deje de importar cueros y taninos de zonas deforestadas.

Transformar el comercio internacional

Afortunadamente, un número creciente de consumidores europeos percibe que sus decisiones de consumo generan impactos negativos al otro lado del mundo. A muchos de ellos les importa y están dispuestos a apoyar políticas de regulación de las importaciones. Tal es así que la Unión Europea promueve una normativa para que sus países miembros dejen de importar granos y carne provenientes de zonas deforestadas después de 2020, por ejemplo, en el Gran Chaco y otras regiones de Sudamérica.

Desafortunadamente, la entrada en vigor de esta normativa de la Unión Europea prevista para 2025 ha sido postergada en respuesta al lobby de multinacionales como Bunge, Cargill y JBS, o de la Sociedad Rural Argentina y del Partido Popular Europeo, entre otros. Esta postura demuestra claramente que todavía muchos productores sudamericanos, exportadoras multinacionales y consumidores europeos no están dispuestos a detener la acelerada pérdida de biodiversidad que causan sus acciones, aún cuando esto ponga en riesgo su propio negocio y el bienestar de la sociedad.

Debido a las reglas actuales del comercio internacional de materias primas, tenemos productores enceguecidos por rentas extraordinarias a un lado del mundo causando daños ambientales invisibles para consumidores al otro lado del mundo. ¿Podrá un cambio de reglas del comercio internacional de materias primas revertir esta situación? Para ello, cabe primero identificar quiénes tienen el poder de transformar el comercio internacional y, luego, si tienen suficientes incentivos o existe suficiente presión para hacerlo. Está en ellos lograr que el comercio internacional sea parte de la solución a la pérdida de biodiversidad, en lugar de continuar siendo el principal impulsor del problema.

*Un texto producido en conjunto con el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Las opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las de sus organizaciones.

Una COP16 histórica, pero con deudas hacia las comunidades más vulnerables

Ricardo Aceves
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Una COP16 histórica, pero con deudas hacia las comunidades más vulnerables

La COP16 de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB), celebrada en Cali, Colombia entre el 21 de octubre y 1 de noviembre, fue sin duda un evento histórico. Sin embargo, también dejó al descubierto retos que, de no ser resueltos, podrían comprometer los ambiciosos objetivos de conservación y justicia socioambiental que promueve. Si bien esta cumbre fue apodada la “COP de la gente” por su enfoque inclusivo y su récord de participación, el camino hacia la implementación real de estos compromisos está cuesta arriba, en particular para las comunidades que deberían estar en el centro de la acción climática.

Progreso inclusivo, pero desigual

Uno de los logros más significativos de la COP16 fue la creación de un órgano subsidiario permanente para el Artículo 8 de la CDB, que permitirá a los pueblos indígenas y comunidades locales (PICL) tener una voz directa en las negociaciones. Este avance marca un reconocimiento largamente esperado del papel clave que desempeñan estos grupos en la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, tal como lo señaló el análisis de Periodistas por el Planeta, las promesas de inclusión a menudo se ven limitadas por falta de financiamiento efectivo y por la reticencia de los países desarrollados a cumplir con sus compromisos financieros.

Aunado a lo anterior, el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes como actores clave representa otro avance importante. Sin embargo, queda la duda de si estas decisiones se traducirán en acciones concretas o si quedarán atrapadas en la burocracia de los compromisos multilaterales. Para muchos líderes comunitarios presentes en Cali, la inclusión simbólica no es suficiente si no se acompaña de recursos y mecanismos claros de implementación.

Las voces de la base: Movilizatorio y Casa Pa’ Voz

Mientras tanto, iniciativas como Casa Pa’ Voz, liderada por el laboratorio de participación ciudadana Movilizatorio con apoyo de la alianza regional Alianza Potencia Energética, ofrecieron un modelo de participación inclusiva y un punto de encuentro para el diálogo, la creatividad y la colaboración durante la COP16.

Este espacio albergó 75 eventos, atrayendo a más de 3,000 personas, y fue clave para articular las demandas de las comunidades indígenas, afrodescendientes y locales. Desde debates sobre gobernanza indígena hasta exhibiciones culturales, Casa Pa’ Voz resaltó el impacto transformador del activismo artístico y comunitario.

Las actividades incluyeron exposiciones como Chagra: un cultivo de historias y Paz con la Naturaleza, que presentaron potentes narrativas visuales sobre justicia ambiental y social, además de una movilización en bicicleta con el proyecto Métele Pedal. La intervención artística en las calles de Cali con el Inside Out Project, que retrató a más de 250 defensores socioambientales, fue otro ejemplo de cómo el arte puede catalizar cambios narrativos en temas de justicia socioambiental. El impacto de estas acciones también se extendió al ámbito digital, destacando el potencial de plataformas como TikTok para el activismo ambiental.

La Alianza Potencia Energética lideró una campaña digital que recolectó más de 15,000 firmas en apoyo a una carta dirigida a los presidentes Gustavo Petro y Lula Da Silva. Este documento hizo un llamado a frenar la deforestación, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y restaurar los ecosistemas, con pleno respeto por los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Sin embargo, el contraste entre estas iniciativas y las dinámicas de las negociaciones formales en la Zona Azul—espacio gestionado por la ONU que acoge las negociaciones formales, a los líderes mundiales y participantes acreditados—no podría ser más marcado. En la cumbre oficial, la falta de un progreso significativo en la movilización de recursos dejó a las comunidades más vulnerables en una posición limitada. Mientras los líderes internacionales debatían sobre la distribución de fondos para la biodiversidad, los representantes de la base continuaban luchando por ser escuchados.

Esta desconexión plantea preguntas urgentes sobre cómo integrar verdaderamente las voces de base en los procesos internacionales para garantizar que las decisiones globales reflejen las necesidades de quienes están en primera línea en la lucha contra la crisis climática y de biodiversidad.

Una agenda ambiciosa con poca claridad operativa

La COP16 también destacó otros desafíos persistentes. Aunque el órgano subsidiario permanente es un desarrollo prometedor, su estructura y funcionamiento aún necesitan definirse, dejando cuestiones críticas sin resolver.

Por otra parte, la aprobación de un plan de trabajo hasta 2030 para garantizar el acceso de los PICL a recursos es una meta ambiciosa que, no obstante, carece de detalles claros sobre cómo se implementará. Estas lagunas operativas reflejan en parte las tensiones políticas y económicas que siguen obstaculizando el progreso de los acuerdos internacionales. Esto además se suma al desafío de acordar indicadores para monitorear los conocimientos tradicionales, un tema crítico que quedó pendiente en Cali.

Para futuras conferencias, es esencial mantener el enfoque en las voces de base. Fortalecer los mecanismos de financiamiento, definir marcos de monitoreo claros y fomentar colaboraciones entre movimientos locales y organismos internacionales serán claves para cumplir con los ambiciosos objetivos de la CDB.

COP16: La ‘COP de la gente’ que marca el camino hacia la COP30

Si bien COP16 marcó un hito en términos de participación e inclusión, queda mucho por hacer para garantizar que las comunidades locales y vulnerables no sean solo participantes simbólicos, sino agentes con recursos y poder real. Los resultados de esta cumbre no deben quedarse en el papel. Si los países más ricos no cumplen con sus promesas de financiamiento y si las estructuras operativas no se diseñan con claridad, los compromisos alcanzados en Cali podrían quedarse en meros gestos vacíos de contenido.

La COP16 fue histórica, sí, pero ahora es el momento de convertir la retórica en resultados tangibles. Porque, como bien demuestran las voces comunitarias, el cambio real comienza cuando se empodera a quienes han estado protegiendo la biodiversidad mucho antes de que los foros internacionales siquiera existieran. Es hora de cumplir las promesas, y no hay tiempo que perder.

En el marco de la biodiversidad y el cambio climático, la COP16 también subrayó la importancia del nexo entre ambas crisis. Esta aproximación integrada no solo refleja las interconexiones entre los ecosistemas y el clima, sino que también establece la base para estrategias sinérgicas más robustas hacia la COP30.

Sin embargo, los desafíos persisten. La movilización de recursos sigue siendo un obstáculo importante, las discusiones sobre un fondo más amplio de biodiversidad quedaron aplazadas y el marco de monitoreo para los indicadores de conocimiento tradicional aún necesita perfeccionarse. Resolver estas cuestiones será fundamental para garantizar el éxito de las metas establecidas en el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal.

Es imperativo que las promesas de inclusión y sostenibilidad de la COP16 no se queden en palabras. El nivel de implementación y el compromiso con la acción son fundamentales para determinar si realmente estamos avanzando hacia un futuro más justo y sostenible para todos. La COP16 marcó el comienzo, pero la verdadera prueba será el cumplimiento de sus promesas antes de la COP30 del cambio climático en Belem, Brasil en 2025.

Colaboración autocrática y la desnacionalización de los “traidores a la patria”

Raudiel F. Peña Barrios
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Colaboración autocrática y la desnacionalización de los “traidores a la patria”

En ocasiones se subestiman los vínculos que sostienen las autocracias y cómo ello incide en los derechos humanos de quienes viven en ellas. No obstante, la evidencia empírica confirma que los regímenes autocráticos colaboran entre sí y que esta colaboración es vital para su permanencia en el tiempo y el control de las organizaciones de la sociedad civil y la oposición política. Una muestra de ello es cómo Cuba, Nicaragua y Venezuela se apoyan entre sí y, al mismo tiempo, aprenden de los mecanismos que se emplean en cada país para asegurar el control del poder. 

Aunque se suele pensar que los regímenes nicaragüense y venezolano captan del cubano aquello que les permite cerrarse más, porque el modelo cubano representa la autocracia más cerrada de la región, el proceso transcurre en doble vía. En este sentido, el ejemplo más reciente es la adopción de leyes que privan de los derechos políticos y civiles a opositores y activistas por los derechos humanos. Esta práctica se implementó antes en regímenes como los de la Alemania nazi y la Italia fascista, pero quien primero la desarrolló legalmente en la troika autocrática latinoamericana fue Nicaragua. 

La desnacionalización como forma de represión internacional tiene varias consecuencias. Al utilizar esta táctica sin enfrentar repercusiones tangibles, las autocracias establecen un precedente imitable por otros gobiernos. Esto erosiona los principios fundamentales de derechos humanos y del derecho internacional, y promueve la impunidad. La inacción de la comunidad internacional permite que estas prácticas continúen y se extiendan, lo cual afecta a los individuos y los sistemas de protección de los derechos humanos. Las autocracias de América Latina son conscientes de ello y lo explotan a su favor.

El 19 de enero de 2024 se conoció que en Nicaragua se aprobó una reforma constitucional que permite privar de la nacionalidad a los nicaragüenses condenados por “traición a la patria”, una figura legal empleada para perseguir a opositores y críticos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Mediante esta reforma, se estableció que la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes, pero los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense.

Esta disposición se aprobó antes en primera instancia el 9 de febrero de 2023, el mismo día en que 222 presos políticos, entre ellos siete candidatos presidenciales, fueron liberados y expulsados a Estados Unidos, luego de ser sancionados por “traición a la patria”. Un día después, el Tribunal de Apelaciones de Managua ordenó retirar la nacionalidad a esos ciudadanos nicaragüenses, basándose en una “ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense”, aprobada también el 10 de febrero.

Además de perder la nacionalidad, los 222 ex presos políticos fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos o de elección popular y se les suspendieron sus derechos como ciudadanos. El 15 de febrero de 2023, otras 95 personas, entre ellas los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y el exguerrillero Luis Carrión, también fueron despojados de su nacionalidad, tras ser imputadas por “traición a la patria” sin juicio previo.

Por su parte, en Cuba se aprobó una Ley de Ciudadanía en julio de 2024 que faculta al presidente para despojar de la ciudadanía por decreto a quienes se alisten en “cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar contra el país o sus ciudadanos” y a quienes realicen “actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales” de la isla. El afectado debe radicar fuera del país o contar con otra nacionalidad, aunque se contemplan excepciones por motivos graves. En estos casos la privación de la ciudadanía cubana es posible que genere una situación de apatridia.

Al igual que la ley nicaragüense, la cubana pretende controlar extraterritorialmente a los opositores políticos y activistas, pues constituye una herramienta adicional para reprimirlos fuera de las fronteras nacionales. Se trata de la implementación legal de una idea de Fidel Castro expresada en 1965, relativa a que las personas que salen de Cuba jamás serían consideradas como ciudadanos. Aunque aún no se ha publicado en el diario oficial del Estado cubano la Ley de Ciudadanía, es posible que con su entrada en vigor se aprecien situaciones como las ocurridas en Nicaragua.

En Venezuela, y en el contexto posterior al fraude electoral del 28 de julio, la Asamblea Nacional debatió una ley para inhabilitar de por vida a quienes apoyen las sanciones y anular sus documentos de identidad. La denominada “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela” se aplicará contra personas naturales y jurídicas, hayan o no ejercido algún cargo público por designación o por elección popular, que soliciten o apoyen sanciones internacionales, en correspondencia con lo pautado en el artículo 65 de la Constitución venezolana.

Según Iris Valera, diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y miembro de la comisión redactora, esta ley castigará a los “traidores a la patria”, como se considera a quienes apoyan las sanciones. También reiteró su respaldo a la inhabilitación perpetua, porque la Constitución establece en su artículo 44 que es la privativa de libertad la que no puede exceder de 30 años. Mientras, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, manifestó que “la traición a la patria es como una renuncia a la nacionalidad, pero respetamos eso, la Constitución dice que no pueden ser privados de su nacionalidad”. Sin embargo, reiteró que el Estado tiene un sistema de identificación que permite anular los documentos de identificación y de registro de empresas de los “traidores a la patria”, y eso es posible hacerlo por la vía administrativa. 

Esta tendencia al empleo de la “traición a la patria” o de los “actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales” para privar de la ciudadanía o la nacionalidad a los opositores políticos y defensores de derechos humanos demuestra que la colaboración entre las autocracias de la región es permanente. También parece ser más activa que la de las democracias, porque mientras estas concilian sus posturas e intereses, las autocracias comparten una posición común respecto a la represión de los derechos humanos, tanto por medios legales como de otro tipo. De ahí que es necesario aumentar la presión externa sobre los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ya que se mantendrá la colaboración entre ellos y con sus aliados en otros países, porque es fundamental para su supervivencia.

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