Elon Musk, el genio fuera de la botella 

“Ha nacido una estrella…” exclamó Donald Trump frente a una multitud eufórica en Florida, refiriéndose a la vivaz presencia de Elon Musk en el escenario. Poco después, el septuagenario celebró con un tono más íntimo su improbable retorno a la Casa Blanca. “Es un tipo especial… Tenemos que proteger a nuestros genios”, expresaba. En retrospectiva, estas palabras no solo enmarcan un momento, sino que perfilan el papel de Musk en el escenario político. Es un aliado inesperado, un colaborador polémico y un símbolo de la compleja relación entre dinero, tecnología y democracia.

Elon Musk, según las estimaciones más recientes, es uno de los hombres más ricos del planeta. Su capacidad de moldear narrativas, impulsar proyectos disruptivos y, en los últimos años, influir en el escenario político, lo colocan en una posición con pocos antecedentes desde la Gilded Age. Lo que alguna vez fue neutralidad declarada y una difusa agenda se transformó para Musk en un activismo ideológico decidido. El surafricano no solo donó cientos de millones a la campaña de Trump. También puso su plataforma, X (antes Twitter), al servicio de una narrativa, no exenta de exageraciones y tergiversaciones, que resonó entre votantes jóvenes y escépticos del establishment

En este punto, caben tres aclaratorias importantes. Primero, criticar el impacto del dinero en la política estadounidense es casi un ejercicio retórico. El sistema está diseñado para amplificar las voces de los más adinerados, y en eso no hay partido que sea inocente. Segundo, como venezolano, no puedo olvidar que Musk ha sido un crítico vocal del autoritarismo. Tercero, mis comentarios en esta página a lo largo de estos años me obligan a ser coherente. Si he señalado el peligro del populismo autoritario en figuras como Trump, no puedo abordar neutralmente cómo Musk, con su peculiar mezcla de recursos, ambición y eficacia, encaja en este panorama. 

Musk y el improbable retorno de Trump

Pese a que la campaña de Trump se nutrió de múltiples apoyos, la figura de Musk destaca por su particular eficacia. No solo logró movilizar recursos económicos y digitales. Amplificó un mensaje cultural conservador que conecta con las inquietudes de muchos estadounidenses. Como las críticas al wokeism, a los movimientos feministas y a los debates sobre el nativismo racial y la inmigración. Todo desde la iconografía de cierto libertarismo tecnocrático. Remozaba el ya popular llamado de Trump, renovando su marca.

Musk, un ícono de la tecnología, se convirtió en vocero de un malestar que va más allá de las urnas. Desplegó como ejemplo vivo de la manosphere: saltando en las tarimas de la campaña en estados clave. Parece haber dado todo por el triunfo del controvertido mandatario. El alcance de ese empeño, especialmente en sus aspectos más controversiales de potencial influencia política más allá de la deliberación cívica, acaso nunca los conoceremos.

El resultado: Trump ha regresado a la Casa Blanca y, con él, una agenda que ahora incluye la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, como la criptomoneda homónima -Dogecoin- que Musk popularizó entre memes y guiños). Liderado por el “Gran Elon Musk” —como dijo el presidente electo en en sus redes— y el también empresario Vivek Ramaswamy, este nuevo organismo promete recortar gastos públicos bajo el lema de la innovación y la austeridad. Parece un espectáculo diseñado para satisfacer la narrativa libertaria de “menos gobierno, más libertad”.

El problema es la metodología. Musk promete recortar gastos con la misma agresividad con la que redujo la plantilla de X en un 80%. Los resultados de esta medida en términos de funcionalidad han sido, como mínimo, controvertidos. ¿Es sostenible trasladar esa misma lógica a la maquinaria estatal

La paradoja del gasto público 

La promesa de reducir el déficit ha sido siempre una bandera históricamente popular en EEUU, cuya independencia se forjó en una rebelión fiscal. Sin embargo, existe una paradoja persistente: los estadounidenses valoran los servicios públicos, pero desconfían de los impuestos que los sostienen y los funcionarios que los administran. Musk y sus aliados parecen apostar por una narrativa de eficiencia. Aunque es atractiva, subestima o desestima la complejidad del sistema. 

Los recortes que los entusiastas de DOGE incluyen eliminación de departamentos como Agricultura, Comercio y Educación, considerados por algunos como símbolos del “Estado profundo”. No obstante, cualquier esfuerzo serio para reducir el déficit debería abordar áreas políticamente sensibles como la Seguridad Social, la Defensa o el servicio de la deuda. Allí se encuentra el 60% del trillonario gasto público estadounidense. Hasta ahora, estas prioridades parecen estar fuera del alcance del bisturí utopista de Musk. Parece ser donde verdaderos recortes pueden ser significativos en términos del déficit histórico. 

El verdadero reto no está en identificar áreas para recortar, sino en garantizar que esos recortes no socaven la funcionalidad del gobierno. O en no temer a medidas impopulares si el exceso está en ellas identificados. Como ha demostrado cada cierre parcial del gobierno estadounidense, cada vez que hay conflicto entre el Capitolio y la Casa Blanca, hay tareas aparentemente invisibles cuya interrupción genera caos inmediato. No es improbable que estos recortes se conviertan en una causa para la ahora maltrecha oposición.

Musk, excepción sintomática

Más allá de la retórica, la influencia de Musk plantea preguntas fundamentales sobre el estado de la democracia en EEUU. Como contratista de defensa y empresario con intereses globales en sectores regulados —desde vehículos eléctricos, minería, redes sociales, viajes espaciales, comunicación satelital y hasta inteligencia artificial— Musk está en una posición única para beneficiarse de los cambios que él mismo propone. Incluso para imponer mecanismos transaccionales a su favor. Sus contactos frecuentes con otros líderes mundiales imponen también una necesaria distancia.

No es la primera vez que una administración Trump hace esto. Durante su primer mandato, intentó algo similar al nombrar al polémico inversionista bursátil Carl Icahn como asesor en reforma regulatoria, un rol que terminó en acusaciones de uso indebido de información privilegiada. Musk, aunque más carismático y mediático que Icahn —¿quién lo recuerda?— no está exento de las mismas críticas. 

La democracia liberal se construye sobre pesos y contrapesos, pero la relación entre Trump y Musk desafía estas dinámicas tradicionales. A pesar de sus pasadas tensiones —Musk habría dicho que Trump era un mal reflejo de la sociedad americana, a la vez que este le espetó ser un “bullshit artist”— ambos comparten una ambición insaciable y una disposición para romper reglas. Sin embargo, esta alianza podría ser efímera: ni Trump ni Musk son conocidos por su celo por las reglas, así como tampoco por la voluntad de compartir el protagonismo. 

Devolver el genio a la botella

Esperar que potenciales fricciones personales entre Trump y Musk limiten el alcance de sus acciones es confiar más en las emociones humanas que en las instituciones democráticas. El verdadero desafío no es solo Musk, sino lo que su ascenso simboliza: un sistema en el que quienes son considerados genios no solo son admirados, sino también colocados por encima de las reglas. Al final, Trump es quien tiene a su autoridad expuesta ante las urnas. Mientras que Musk puede jugar con esa proposición desde su nueva influencia.

El regreso de Trump, con Musk como su aliado estrella, no es simplemente un episodio más en la historia política estadounidense, sino un recordatorio de que, en democracia, el genio fuera de la botella puede ser tanto una promesa como una advertencia.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

Desabastecimiento de medicamentos: ¿qué puede aprender Panamá de otros países de la región?

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El desabastecimiento de medicamentos en las instituciones públicas de salud, la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud, y el alto costo de estos en las farmacias privadas son problemas con los que el pueblo panameño está, desafortunadamente, muy familiarizado. El problema se hizo visible en 2022 cuando se reportó que en la CSS, de los 610 medicamentos básicos, había desabastecimiento de alrededor de 130, lo cual afectaba al 80% de los asegurados. Como respuesta, el ahora ex presidente Laurentino Cortizo firmó un decreto para implementar un 30% de descuento a 170 medicamentos en farmacias privadas. Dos años después, este decreto se ha vuelto a prorrogar, ya que el problema persiste.

Múltiples factores han causado este desabastecimiento que afecta, principalmente a la población panameña, tanto a las personas aseguradas como los consumidores particulares. Desde la gran demanda acumulada a nivel globa luego de la reanudacion de la producción tras la pandemia de Covid-19, los altos costos de importación de medicamentos al país y la falta de infraestructura farmacéutica nacional, hasta los complejos procesos de licitaciones para la importación y distribución de medicamentos. Esta falta de medicamentos de acceso público, además, ha generado un monopolio en manos del mercado privado, lo cual ha provocado el aumento de los precios. 

Ante este complejo problema que afecta a gran parte de la población panameña, en particular la más desfavorecida, ¿qué alternativas existen?

¿Cuál es la solución?

Una posible solución, tanto al problema de desabastecimiento de medicamentos e insumos como al alto coste de los medicamentos en farmacias privadas, es la compra de medicamentos a través de organizaciones sin fines de lucro, como las agencias de Naciones Unidas. Panamá podría beneficiarse mucho de estos mecanismos internacionales de compras de medicamentos y de asistencias en los procesos de compras. Esta es una propuesta que el gremio médico panameño, COMENENAL, viene ofreciendo desde antes que estallara la crisis del 2022, y que solucionaría parte del problema del desabastecimiento. Entonces ¿por qué el Gobierno no ha incorporado este sistema?

Según un estudio sobre los altos costos de los medicamentos en Panamá del grupo Indesa, no se encontró evidencia de que comprar a estas organizaciones fuese ventajoso, ya que “los costos de comprarles, realmente no hacían materialmente diferente el mecanismo de compra”. El estudio también señala que quizás si las compras no fuesen por país individual (4 millones de habitantes) sino en conjunto (50 o 100 millones de habitantes) “podría cambiar la historia”.  Sin embargo, esto es contradictorio a lo que hemos observado en otros países latinoamericanos de pequeña población. Sería interesante explorar por qué en Panamá esta opción es percibida como poco favorecedora y por qué no se considerada como solución viable.

¿Cómo funciona este sistema de compra?

La compra directa a agencias de las Naciones Unidas sería una solución atractiva y viable, de la cual existe evidencia en otros países la región. En 2022, las Naciones Unidas reconoció que la compra de medicamentos a través de la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos (UNOPS) es la mejor modalidad de adquisiciones que existe debido a su gran impacto, sostenibilidad, implementación a tiempo, beneficios demostrados, mejores prácticas, valor agregado a favor del medio ambiente y aportes para alcanzar los Objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.

Este proyecto ha contribuido enormemente a la salud pública mexicana, por ejemplo. UNOPS es responsable del 28% del gasto total del sistema de salud público mexicano para la compra de medicamentos e insumos médicos. En solamente dos años se logró la apertura del mercado que en 2018 concentraba el 80% del gasto público en 18 proveedores, a un 80% del gasto público dividido en 99 proveedores. Como referencia, en Panamá el 83% de las mayores importaciones de medicamentos están concentradas en 8 empresas.

En México este sistema también ha fomentado la transparencia e información pública de las compras y ha fortalecido a las instituciones de salud pública. El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) del Gobierno de México comunicó que: “el convenio específico con la UNOPS incluye un componente de fortalecimiento institucional, para que nuestro país consolidara una proveeduría internacional, lo que se logró antes del tiempo establecido”.

En Guatemala el ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) acaba de aprobar la implementación del sistema de compras de medicamentos vía UNOPS, mecanismo que ya habían ejecutado a través de su Seguro Social desde 2007 y que generó un ahorro de US$200 sin disminuir la calidad de los medicamentos. Este sistema además ha provisto a los procesos de adquisiciones de una mayor eficiencia y transparencia.

Honduras también ha incorporado este sistema de compras a través de la UNOPS con excelentes resultados, generando una reducción de precios en los medicamentos de referencia de entre 40 y 300%. Además, se abrió la participación en el mercado a un mayor número de actores. El éxito de estos acuerdos en países vecinos, si bien con mayor población, pero con problemas parecidos, reafirma que se trata de una alentadora solución.  

Por lo tanto, debido a la inestabilidad del sistema público panameño y sus consecuencias en los costos de los medicamentos en el mercado privado, creo que las compras directas a través de la agencia de las Naciones Unidas podría ser una buena solución. Una solución que aliviaría la ya pesada carga de la Caja de Seguro Social y beneficiaría a la salud pública panameña.

Qué entiende el gobierno de Milei por desigualdad y sector privado

En recientes declaraciones, el gobierno de Milei se ha expresado sobre dos temas centrales en las políticas públicas que, en su definición, demuestran muy claramente su posicionamiento ideológico y dejan claro cuáles serán los resultados socioeconómicos de la política oficial.

En el discurso oficial ante el Foro Económico Mundial que tuvo lugar en Argentina en octubre, el presidente se ufanó de que su gobierno había llevado a cabo el ajuste económico más grande en la historia de la humanidad, el cual permitió “devolverle 15 puntos del PBI al sector privado para financiar la inversión y lograr crecimiento genuino”. Agregó que ese ajuste se llevó a cabo sin tocar el gasto social. Omitió, claro, decir que el costo del ajuste dada la recesión producida y el desempleo creado, sobre todo en el sector público, llevó a la pobreza a casi el 60 % de la población.

Aproximadamente en el mismo tiempo el vocero presidencial, que en este gobierno no es el vocero de la presidencia sino exclusivo del presidente, declaró en conferencia de prensa que “la desigualdad no es un tema que preocupe”. Quiso decir que no le preocupa al gobierno. Habla de una desigualdad de ingresos que en términos del coeficiente de Gini ha escalado exponencialmente dada la caída de ingresos sociales y la concentración de riqueza que se está produciendo en el país.

La cuestión es cómo deben interpretarse estas dos declaraciones. Es decir, no qué significan como declaraciones políticas, sino qué idea de economía y sociedad encierran.

En cuanto a la primera declaración, es un postulado central de la economía neoclásica, y por ende del pensamiento económico liberal, según el cual cuanta menos intervención estatal en la economía — impuestos, regulaciones, producción de bienes, incentivos sectoriales— más recursos y mercados se liberan para la iniciativa privada. La idea es que en términos teóricos todas las libertades que se expandan en el mercado serán usufructuadas por agentes productivos racionales y competitivos que, en su accionar constante, generarán empleos e ingresos que beneficiarán al conjunto. La “mano invisible” de Smith: de la búsqueda del beneficio individual, el progreso del colectivo social.

El detalle es que, en el actual modelo económico que impera globalmente, en esta fase del ciclo histórico del capitalismo, está ya de sobra demostrado (Stiglitz, Piketty) que la libertad de mercado y los incentivos que esa libertad genera a la iniciativa privada solo favorecen la concentración de riqueza de manera exponencial. Una ecuación de que cuando más crecimiento económico, mayor concentración de las ganancias.

Los 15 puntos del PBI que Milei anunció que devolvió al sector privado no fueron captados por las pequeñas y medianas empresas, las actividades reproductivas como la construcción, el comercio, los microemprendimientos, etc. Las mismas estadísticas oficiales muestran que todas estas actividades y sectores están en recesión, cuando no en riesgo de colapso.

Esos 15 puntos del PBI producto del ajuste fueron a engrosar las cuentas de las grandes empresas, los unicornios tecnológicos y, sobre todo, el sector financiero, claramente improductivo y nulo en cuanto a generación de empleos. El sector privado beneficiado por la política del gobierno es el mismo que se ha visto beneficiado por la política económica de las últimas décadas, ciclos recesivos incluidos.

Vayamos a la frase de Manuel Adorni, vocero del presidente, sobre todo a unas declaraciones que, por su grado de rispidez, el presidente no puede decir.

En un país donde, desde la asunción de este gobierno, hace 10 meses, la pobreza ha crecido casi 10 puntos (59 % de la población) y la indigencia 8 puntos (20 % de la población), y donde la denominada pobreza multidimensional (pobreza que, desde la pérdida de ingresos y su sostenimiento en el tiempo, empuja a carencias educativas, de salud, territoriales, de acceso a la justicia…) se expande en amplias franjas de la población, declarar que “la desigualdad no es un tema que preocupe” constituye, parafraseando a Lenin, un cretinismo político flagrante.

Es casi de sentido común que, si la política económica concentra y la pobreza se expande, el resultado es una desigualdad que no solo es, y debe ser, preocupante. Es inmoral.

Sesgar y desdibujar el aporte que el ajuste del gobierno hace al sector privado concentrado y omitir la crisis socioeconómica que vive el país es un acto político, y una política hipócrita y, se podría decir, inmoral, siempre y cuando se hable de un gobierno con cierta dosis de moralidad social y política. No parece ser este caso.

Amnistía ahora: la lucha por la liberación de los presos políticos de Cuba 

Durante más de seis décadas, más de medio millón de cubanos han sido detenidos o encarcelados por motivos políticos. El encarcelamiento político en Cuba ha creado una profunda crisis humanitaria, devastando a miles de familias y dejando cicatrices duraderas a lo largo de generaciones. A pesar de esta dura historia, los esfuerzos por promulgar una Ley de Amnistía para liberar a decenas de miles de personas encarceladas injustamente por ejercer sus derechos enfrentan una resistencia tenaz por parte del régimen actual. Irónicamente, este mismo régimen debe su existencia a una Ley de Amnistía: la legislación de mayo de 1955 que liberó a Fidel Castro, Raúl Castro y otros después del violento asalto al Cuartel Moncada. A diferencia de los paramilitares revolucionarios de 1953, los presos políticos de hoy son encarcelados por protestas pacíficas, no por actos de violencia o terrorismo.

En la actualidad, Cuba es el segundo país con más presos políticos en América Latina, después de Venezuela, con 1.117 personas encarceladas, incluidas 120 mujeres y 30 menores. Decenas de miles más están encarceladas bajo cargos arbitrarios como desobediencia penal predelictiva, que se aplica a personas por delitos potenciales percibidos sin que hayan cometido ningún delito. Se desconoce cuántas de estas personas fueron detenidas específicamente por sus creencias políticas.

Las familias de los presos políticos cubanos denuncian condiciones horribles: negación de atención médica, aislamiento, violencia sexual, palizas, desnutrición y tortura. El líder prodemocrático José Daniel Ferrer, detenido arbitrariamente desde julio de 2021, sufre palizas, aislamiento y 20 meses sin visitas familiares por negarse al exilio y optar por quedarse en Cuba para luchar por la libertad.

La detención del periodista José Gabriel Barrenechea Chávez, acusado de liderar las protestas en Encrucijada, Villa Clara, durante el apagón de Cuba, pone de relieve la represión del régimen. Barrenechea, que enfrenta cargos de sedición por disentir, ha iniciado una huelga de hambre para protestar por su detención arbitraria.

La campaña de Latinoamérica21 y otros medios para la liberación de Barrenechea subraya un llamado global para liberar a todos los cubanos detenidos injustamente por ejercer derechos humanos fundamentales, incluida la libertad de expresión, asociación y protesta pacífica.

Aprovechando este impulso, en un momento en que Cuba tiene más personas detenidas arbitrariamente que en décadas anteriores, la iniciativa de la Ley de Amnistía encabezada por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), una coalición de organizaciones dentro y fuera de la isla, ofrece una posible solución. Apoyada por líderes pro democracia en prisión y las familias de presos políticos, la iniciativa ofrece una vía legal hacia la justicia.

Anunciada el 24 de febrero de 2022, la iniciativa de la Ley de Amnistía enfrentó retrasos debido a obstáculos legales impuestos por el régimen cubano. El CTDC ahora planea relanzarla el Día de los Derechos Humanos, renovando su llamado a la liberación de los presos políticos. En un país donde las leyes y las prácticas violan las normas internacionales de derechos humanos, la propuesta de Ley de Amnistía ofrece una solución transformadora. Extinguiría la responsabilidad penal, borraría las condenas y limpiaría los antecedentes penales, lo que podría liberar a decenas de miles de personas encarceladas por delitos con motivaciones políticas o cargos predelictivos arbitrarios. La propuesta de la CTDC, que requiere la aprobación de la Asamblea Nacional, es fundamental para despenalizar la disidencia, afirmar el derecho de la oposición a existir y restaurar los derechos soberanos del pueblo cubano.

Cambiar la ley dentro del sistema totalitario de Cuba es una batalla cuesta arriba. Según la Constitución de 2019, se requieren 10.000 firmas para que se considere un proyecto de ley, pero estas firmas no son vinculantes. Una legislación menos conocida, la Ley 131, exige que los firmantes obtengan certificados de votante del Consejo Nacional Electoral en La Habana. Para la mayoría de los ciudadanos fuera de la capital, los costos de viaje superan con creces el salario mensual promedio, lo que los priva de sus derechos. Estas barreras legales, sumadas a la persecución y vigilancia de la oposición cubana, hacen que la movilización en medio de apagones y escasez severa sea desalentadora. Sin embargo, la difícil situación de los presos políticos y sus familias sigue siendo una fuerza poderosa que impulsa a muchos cubanos a levantarse en busca de justicia.

Históricamente, cualquier legislación impulsada por ciudadanos ha requerido cierta voluntad política de los que están en el poder para su aprobación. En Cuba, esa voluntad está completamente ausente. Cuando el Proyecto Varela de Oswaldo Payá reunió 25.000 firmas para reformas democráticas, el régimen respondió con encarcelamientos masivos y los asesinatos de Payá y Harold Cepero.

A pesar de los desafíos, aprovechar los marcos legales puede ser eficaz en contextos autoritarios. La oposición venezolana expuso el fraude electoral en las elecciones del 28 de julio, demostrando la victoria mayoritaria de Edmundo González a través de registros electorales, reconocidos por la UE y EE. UU. Este éxito, logrado bajo una severa represión, demuestra el poder del activismo organizado y la movilización ciudadana.

Desde la represión del régimen cubano en julio de 2021, que dejó a miles de personas detenidas, la solidaridad internacional con los presos ha crecido. La resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre, que exige la liberación de José Daniel Ferrer y todos los presos políticos, fue aprobada con un fuerte apoyo, lo que pone de relieve el respaldo mundial. Los activistas cubanos a favor de la democracia deben aprovechar este impulso, instando a la UE a vincular sus acuerdos de cooperación a las condiciones de los derechos humanos. Estados Unidos, con sus políticas de máxima presión, y Canadá, a través de plataformas como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, están bien posicionados para ayudar en estos esfuerzos. 

América Latina, marcada por las dictaduras, ha tardado en apoyar el movimiento democrático de Cuba, pero esto está cambiando a medida que las crisis en Venezuela y Nicaragua exponen el legado totalitario de Castro, adoptado por los autócratas en Caracas y Managua. En medio de los reveses democráticos y la retórica antiestadounidense, los llamados a la liberación de los presos políticos cubanos están aumentando desde la sociedad civil, los foros regionales y los partidos políticos. Las transiciones de la región ponen de relieve los riesgos de que los autócratas exploten las leyes de amnistía, lo que ofrece valiosas lecciones para la oposición cubana.

Las últimas dos décadas en Cuba muestran que la presión sostenida es clave para liberar a los presos políticos. Entre 2010 y 2011, 75 presos de la Primavera Negra, condenados a entre 6 y 28 años de prisión, fueron puestos en libertad condicional y enviados al exilio. Su libertad fue resultado de la presión interna y la condena internacional, incluidas las manifestaciones de las Damas de Blanco, que llevaron a negociaciones con Raúl Castro y la Iglesia Católica.

Una ley de amnistía en Cuba no es meramente un objetivo político o legal: es una obligación moral para quienes encarnan el coraje y la resistencia contra la represión. La continua negativa del régimen a atender la voluntad popular y su obstinada insistencia en encarcelar injustamente a miles de personas exigen una respuesta decisiva: el encarcelamiento político es bárbaro e inaceptable. Las naciones democráticas deben situarse del lado correcto de la historia y condicionar las relaciones con Cuba a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, no a través del exilio o el arresto domiciliario, sino como ciudadanos libres con derecho a permanecer y luchar pacíficamente por la democracia.

¿Son los “Trump del mundo” tan parecidos a Trump?

El mundo ha presenciado algunos liderazgos en varias partes que han sido catalogados como populistas o iliberales, como si todos fueran homogéneos. En ciencia política existen conceptos para diferenciar liderazgos y clasificarlos de acuerdo con la forma en que ejercen el poder. Desde la concepción populista de Chantal Mouffe, que sostiene que el populismo de derecha es una respuesta del mercado y de los oligarcas, pasando por la forma de dominación carismática de Max Weber, hasta la conformación del término liderazgos iliberales para referirse al presidente ruso, Vladímir Putin, o al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, de acuerdo con Fareed Zakaria y Gideon Rachman.

Los estudios sobre líderes han cobrado relevancia desde el ascenso de Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2016. Sin embargo, en ese momento personajes como Putin, Orbán o el expresidente italiano Silvio Berlusconi ya habían asumido el poder hace años, aunque no se les había dedicado tantos análisis. Es posible, así, hablar del ascenso de líderes conservadores al poder, pero cada uno cuenta con elementos particulares. 

Si bien esta ideología no es homogénea y cuenta con diversos matices, desde 2016 se utiliza a Trump como referencia para describir a otros líderes que hacen parte de la ola de derecha radical. Desde Jair Bolsonaro, Nayib Bukele, Javier Milei, Narendra Modi, Boris Johnson, Geert Wilders y Marine Le Pen, hasta Andrés Manuel López Obrador, considerado como un líder de izaquierda, han sido calificados como “el Trumps de…”. 

En primer lugar, no se trata solo de un error descriptivo, sino metodológico, puesto que cada liderazgo ha mostrado señas particulares en su ideología, la retórica y el propio estilo de gobierno o de hacer campaña. Popularizar un sobrenombre para referirse a distintos liderazgos solo genera confusión y generaliza el estudio de casos que son distintos.

La llegada de Donald Trump en 2016 a la Casa Blanca fue un parteaguas debido a la estridencia de su campaña. Su discurso versaba sobre el proteccionismo a la economía y los empleos; mostró tintes xenofóbicos con la inmigración y mostró cierta atracción por sus pares autoritarios, al punto de halagarlos. 

Los Trump latinoamericanos

Ahora bien, el triunfo de Trump muchas veces es visto como un motor para líderes conservadores en otras latitudes, pero no hay elementos para afirmarlo. Por ejemplo, en el caso de América Latina, la historia ha demostrado que la elección de líderes fuertes es una forma de compensar la fragilidad institucional de la región. Hay cuatro casos que fueron recuperados en la opinión pública: en 2018 con Andrés Manuel López Obrador en México, en 2019 con Nayib Bukele y Jair Bolsonaro en El Salvador y Brasil, respectivamente, y Javier Milei en Argentina desde 2022.

Al ex mandatario mexicano fue apodado, aunque de forma muy limitada, como “el Trump mexicano” debido a su estilo autoritario de ejercer el poder. Sin embargo, López Obrador estableció su propio estilo de gobierno: enarboló la bandera de la izquierda política aunque tiene mayor relación con el nacionalismo revolucionario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y adoptó un estilo iliberal más parecido a Orbán para erosionar las instituciones y el poder judicial.

Por otro lado, el liderazgo de Bukele dista mucho del de Trump, el mandatario centroamericano ha establecido su propia marca política a través de la mano dura sin miramientos que ha atraido a otros mandatarios de la región. Pero Bukele, incluso, es por momentos considerdo como un político sin ideología.

Mientras tanto, en el Cono Sur Bolsonaro se caracterizó por ser un admirador de los gobiernos militares y del golpe de estado de 1964. El ex militar es un líder carismático que enarbola la bandera del conservadurismo y el libre mercado y mostró su poco compromiso con temas como el cambio climático y el cuidado del Amazonas. Además, Bolsonaro pertenece a una derecha militar y religiosa marcada por los evangélicos, que han cobrado gran influencia en las elecciones.

En la vecina Argentina, el triunfo de Javier Milei fue una sorpresa para la región; el propio mandatario se asume como un libertario, es decir, una vertiente radical del liberalismo que apuesta por una desregulación total y la nula intervención del Estado. Sin embargo, el camaleonismo político de Milei hace difícil definirlo; defiende valores tradicionales como la vida, la propiedad privada y el libre mercado, pero esto se ha revestido con un discurso populista. De hecho, el ejecutivo argentino tiene más similitudes con el ex presidente argentino peronista Carlos Menem que desreguló la economía y privatizó empresas públicas. 

Los Trump europeos

Por otra parte, en Europa las derechas más extremas tienen diversas agendas que no necesariamente están conectadas con el trumpismo. El ex premier británico Boris Johnson fue catalogado como “el Trump británico” por su parecido físico; no obstante, su retórica solo versaba sobre consolidar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit). Johnson jamás denunció al establishment, no adoptó posturas racistas y tampoco modificó su estructura discursiva o ideológica para radicalizarse. Al contrario, pertenecía a la élite política del Partido Conservador que estudió en Eton y Oxford como otros primeros ministros.

Al sur, en la Europa continental, también se han hecho algunas comparaciones con Trump, como el caso de Marine Le Pen en Francia. Trump y Le Pen distan mucho en sus posturas, puesto que, si bien ambos son representantes de la derecha política más extrema, su único punto de convergencia es la retórica antiinmigrante. La dirigente de Reagrupamiento Nacional ha mostrado una mayor apertura al libre comercio en vez del proteccionismo, ha intentado dejar a un lado la retórica agresiva y ha adoptado una agenda medioambiental.

Por último, en los Países Bajos el primer ministro, Geert Wilders, representante del nacionalismo europeo, también ha sido señalado de ser “el Trump holandés”. Sin embargo, es de los pocos que ha respondido de forma frontal a este apodo, afirmando: “No soy Donald Trump, no me llamen el Trump holandés, soy el Geert Wilders holandés”. Wilders es conocido por ser euroescéptico, es decir, no comulga con la Unión Europea.

Asimismo, ha demostrado una política en contra del islam, al igual que otras derechas europeas. La retórica de Wilders hace énfasis en la igualdad de las personas, pero hace hincapié en que los valores, las religiones y las ideologías no son iguales. Incluso desde que asumió como premier ha mostrado moderación, lo que permite afirmar que utilizó un discurso populista para atraer votantes, pero no ejercer el poder de forma populista.

Por último, hay un caso específico en Asia al cual se ha hecho referencia, y es el del primer ministro indio, Narendra Modi. Apodado como “el Trump de la India”, es importante distinguir que no hay similitudes entre los liderazgos. Modi aspira a consolidar una democracia étnica, da preferencia a la comunidad hindi sobre los musulmanes. El líder indio tiene un aura religiosa en la cual sostiene que es un líder designado por Dios para cambiar el destino de la India.

En conclusión, ciertos liderazgos del mundo que han sido calificados como una copia de Trump tienen con él más diferencias que similitudes. El fenómeno del hombre fuerte o los caudillos ha estado presente en la historia de Latinoamérica desde su nacimiento; en Europa ha tenido otras características que tienden a la estridencia y el reformismo, y Asia tiene un desarrollo distinto a Occidente. Generalizar sus características solo genera sesgos analíticos que no contribuyen a la explicación científica y a la pregunta de: ¿por qué la gente está optando por líderes autoritarios?

Alternativas al voto tradicional promovieron la participación electoral en Estados Unidos

Las elecciones han dejado de ser eventos domésticos para convertirse, en algunas ocasiones, en auténticos sucesos globales. Y si hay unas elecciones que combinan un sistema electoral único, candidatos excéntricos, una campaña mediática y expectación mundial, son las de los Estados Unidos. A pesar de ser uno de los países más desarrollados del mundo, de acuerdo a metodologías internacionales como las de The Economist Democracy Index o Varieties of Democracy (V-DEM) en términos de calidad democrática no alcanza los niveles de los países europeos occidentales o su vecino Canadá.

Esto tiene razones estructurales como el sistema electoral (voto indirecto para presidente a través del Colegio Electoral), la politización de la delimitación de los distritos (gerrymandering), los obstáculos históricos para la participación de grupos específicos, entre otros; aunado a cuestiones de coyuntura como la erosión de la legitimidad de las instituciones, la insatisfacción con la democracia y la judicialización de las elecciones.

La organización administrativa y electoral de los Estados Unidos es una rara avis si la comparamos con el resto del continente americano. Mientras que en la mayoría de los países de la región existen comisiones electorales con amplias facultades operativas y jurisdiccionales para la organización de las elecciones, los norteamericanos tienen un sistema tan descentralizado que permite que cada uno de los más de tres mil condados a lo largo y ancho del país tengan autonomía para diseñar las regulaciones bajo las que se celebran las elecciones. Si bien los condados están bajo la jurisdicción y deben respetar los marcos legales de cada estado, esto no garantiza que los procedimientos estén estandarizados. Es así que en un mismo estado podemos encontrar diferentes métodos de votación, regulaciones para el registro electoral, mecanismos para la identificación de los votantes o de tabulación de resultados. Aun con esta variedad de sistemas y regulaciones, en un país de 350 millones de habitantes los resultados de la elección presidencial se conocieron pocas horas después del cierre de las mesas.

Transparencia Electoral tuvo la oportunidad de realizar una misión en el marco de las elecciones del pasado 5 de noviembre de 2024 y visitó centros de votación en tres condados: Montgomery (Maryland), Miami-Dade (Florida) y Los Ángeles (California). Es importante aclarar que Los Ángeles es el condado más grande de los Estados Unidos, con más habitantes (9,6 millones) que 41 estados del país.

Esta experiencia nos permitió observar tres sistemas de votación distintos, aunque con un elemento en común: el esfuerzo de las autoridades electorales para facilitar la participación a través de varias modalidades de votación y del uso de tecnología.

Latinoamérica, con sistemas electorales y organizaciones administrativas muy diferentes, puede tomar algunas lecciones en materia de facilidades para la emisión del voto. A continuación, algunas de ellas.

1. Votación anticipada presencial. 

Los tres condados ofrecieron a sus electores la posibilidad de votar anticipadamente, lo que incentiva la participación electoral, especialmente dado que la jornada electoral en los EE. UU. es un martes. Montgomery dispuso de 14 centros de votación para voto anticipado durante ocho días (24-31 de octubre). Miami-Dade disfrutó de esta modalidad durante catorce días (21 de octubre al 3 de noviembre) con 32 centros disponibles. Los angelinos contaron con la opción de votar temprano desde el 7 de octubre en la oficina electoral, casi un mes antes de la elección, y a partir del 26 de octubre en más de 120 centros de votación distribuidos a lo largo del condado.

2. Tecnologías observadas en la emisión del voto

Estados Unidos es pionero en la automatización de los procesos electorales desde los años 60, cuando se implementaron las primeras soluciones tecnológicas como las máquinas de tarjetas perforables y computadoras para el escrutinio. Hoy en día, la tecnología electoral está presente en miles de condados del país.

En Montgomery, desde 2014 se utiliza el sistema Election Systems & Software’s (ES&S), que ofrece dos modalidades: los votantes pueden optar por una boleta de papel que se escanea o votar directamente en una máquina con pantalla táctil, la cual imprime un comprobante físico que luego se escanea para su conteo.

En el Condado de Miami-Dade, el procedimiento es similar. Los electores reciben una boleta de votación, marcan sus preferencias rellenando óvalos y luego la introducen en un escáner (DS200) para su tabulación. También pueden usar una máquina con pantalla táctil (Express Vote Unit) que registra sus preferencias en una tarjeta, la cual luego se escanea.

Finalmente, en Los Ángeles encontramos el Voting Solution for All People (VSAP), un sistema integral diseñado por las autoridades del condado y desarrollado por la empresa Smartmatic (software del sistema, Dispositivos de Marcado de Boletas, integración de los elementos que conforman el sistema VSAP).

Uno de los aspectos más innovadores es que los electores pueden “premarcar” sus preferencias —antes de llegar al centro de votación— desde su computadora o dispositivo móvil y generar un código QR llamado Poll Pass. Este código se utiliza para acelerar el proceso de votación y evitar aglomeraciones. Los votantes pueden llevar su Poll Pass en su teléfono inteligente y escanearlo en el centro de votación, donde los Dispositivos de Marcado de Boleta imprimen la boleta de papel con sus selecciones. 

El sistema de votación en Los Ángeles destaca por su enfoque inclusivo y accesible. Las máquinas VSAP podían mostrar opciones de boleta hasta en 19 idiomas y permiten ajustar la fuente y el contraste de la pantalla e incluir un panel de control Braille. Están diseñadas para facilitar el acceso a votantes en silla de ruedas y la pantalla táctil era ajustable en altura. Además, las máquinas no almacenan los votos, lo que garantiza la seguridad y privacidad de los electores al solo imprimir sus preferencias en las boletas de papel.

Voto por correo

La opción de voto por correo ganó popularidad, especialmente en el contexto de la pandemia. En Montgomery, los electores podían registrarse para voto postal por teléfono o mensaje de texto y recibir la boleta por correo postal (hasta el 29 de octubre) o por correo electrónico (hasta el 1 de noviembre). En Miami-Dade, los electores podían solicitar el voto postal de diversas maneras hasta 12 días antes de la elección. En Los Ángeles, los más de 5 millones de electores recibieron automáticamente la boleta por correo y pudieron optar por enviarla por correo, depositarla en buzones designados o llevarla a un centro de votación.

Lecciones para América Latina

En la región latinoamericana aún prevalece el paradigma del manualismo electoral, es decir, que millones de personas se congregan en un mismo día en miles de centros de votación para emitir su voto de manera presencial con una boleta de papel, que luego son contadas por autoridades de mesa que para el momento del escrutinio y la confección de las actas ya llevan más de 12 horas de servicio.

Si bien hasta el momento este formato se ha mantenido, los tomadores de decisiones deberían analizar experiencias exitosas en otras latitudes para facilitar la emisión del voto, como la implementación de tecnología en la autentificación de la identidad del votante, la emisión del voto o la tabulación, así como modalidades como el voto por correo o por internet y el voto temprano. 

Estas reformas podrían impactar positivamente sobre todo en aquellos países con índices de participación electoral bajos, poniendo a disposición de los electores mecanismos alternativos para la emisión del sufragio. Finalmente, el sistema político se vería beneficiado con una mayor legitimidad si efectivamente se consigue mejorar la participación.

Las experiencias son diversas, pero las exitosas tienen en común que se han originado a partir de un amplio debate con diferentes actores (autoridades electorales, partidos políticos, sociedad civil) para identificar las oportunidades de mejora y desarrollar soluciones especialmente diseñadas para ello.

El acuerdo Mercosur-Unión Europea ante una nueva encrucijada

A raíz del nuevo impulso por finalmente concluir el esperado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el tema ha retornado a la palestra pública. ¿Qué factores impulsan la búsqueda de cerrar el acuerdo? ¿Cúales son las trabas? ¿Cuáles son los posibles escenarios?

Un nuevo impulso geopolítico

El Mercosur y la Unión Europea alcanzaron un ‘acuerdo en principio’ sobre el pilar comercial de un Acuerdo de Asociación en junio de 2019, así como un acuerdo sobre el pilar político y de cooperación al año siguiente. Su anuncio provocó una fuerte oposición en Europa, a partir de la conformación de una coalición contraria, compuesta por productores agrícolas y activistas medioambientales. A los primeros, históricamente opuestos por consideraciones distributivas, se sumaron las preocupaciones de los segundos por el impacto de un acuerdo sobre el cambio climático, alentadas por las políticas del gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil respecto a la deforestación en la Amazonia.

Así, a diferencia del pasado, el acuerdo se volvió objeto de un elevado nivel de ‘politización’ y una fuerte oposición de actores no tradicionales en asuntos de comercio, provenientes de la sociedad civil, movilizados por la temática ambiental.

Sin embargo, a partir de finales de 2022, distintos factores se combinaron para dar un nuevo impulso geopolítico al acuerdo. En el marco de la ‘geopolitización’ o ‘giro geoeconómico’ de la política comercial de la Unión Europea, la Comisión Europea argumentó que en un contexto de retorno de la guerra a Europa dado por la invasión de Rusia a Ucrania, los aprendizajes derivados de la falta de insumos durante la pandemia del Covid-19, las crecientes tensiones geopolíticas entre Occidente y China, y el eventual retorno de Trump a la presidencia de Estados Unidos –ahora confirmado, la Unión Europea precisaba concretar nuevos acuerdos comerciales para diversificar aliados y riesgos, y así rebalancear el campo geopolítico.

En este marco, facilitado por el retorno de Lula a la presidencia de Brasil, la Comisión procuró negociar algunas garantías adicionales en materia ambiental con miras a aplacar la oposición de la sociedad civil europea. A cambio, estuvo dispuesta a realizar concesiones que en el pasado hubieran sido descartadas de plano, como la reducción del acceso al mercado de compras gubernamentales de Brasil demandada por el gobierno Lula, o la introducción de una ‘cláusula de rebalanceo’ en caso de que las políticas comerciales unilaterales del Pacto Verde Europeo reviertan las ganancias de acceso a mercados para el Mercosur derivadas de un acuerdo. Con esto, ambos bloques encaminaron un nuevo entendimiento.

Las resistencias de la economía política

Sin embargo, lo acordado entre el Mercosur y la Comisión Europea se encontró con un viejo escollo: la oposición agrícola europea. A diferencia de los ‘perdedores distributivos’ del Mercosur, es decir la mayoría de los sectores industriales de Brasil y Argentina, que pasaron progresivamente de una postura de oposición a otra de apoyo (en Brasil) o de aceptación pasiva (en Argentina), los productores agrícolas europeos continúan movilizados en contra de un acuerdo. Como consecuencia, los países con sectores agrícolas poderosos, con Francia a la cabeza, han mantenido su rechazo.

A inicios de 2024, las fuertes movilizaciones agrícolas que paralizaron Europa congelaron la posibilidad de concretar el acuerdo. Posteriormente, las elecciones al Parlamento Europeo de junio tuvieron el mismo efecto. Como reconoció entonces el negociador jefe de la Comisión, Rupert Schlegelmilch, “ahora mismo estamos trancados, para ser honestos, por las elecciones europeas y las protestas de agricultores en Europa”.

Pasadas las elecciones europeas, la Comisión ha retomado la iniciativa para finalmente sellar el acuerdo. La meta, según ha transcendido, es poder realizar un anuncio durante la próxima Cumbre del Mercosur que tendrá lugar a inicios de diciembre. Dicho esto, al impulso de nuevas manifestaciones agrícolas en Francia, el gobierno francés, con el apoyo abrumador del sistema político de dicho país, ha ratificado una vez más su rechazo al acuerdo. Así, la batalla continúa.

¿Cómo podría aprobarse el acuerdo?

Ante esta situación, cabe preguntarse cuál será la suerte del acuerdo. Una forma de aproximarse a la respuesta viene dada por las reglas que regulan su eventual aprobación en la Unión Europea. En la legislación europea, el Acuerdo de Asociación con Mercosur tiene un carácter ‘mixto’, es decir que combina competencias comunitarias con otras que se mantienen a nivel de los Estados miembros. Por ende, de acuerdo al art. 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, su aprobación requiere, entre otras cosas, de la aprobación del Consejo, donde están representados todos los Estados, por unanimidad, lo que lleva a descartar de plano este escenario.

No obstante, de ser dividido, el pilar comercial, en tanto competencia comunitaria, puede ser aprobado únicamente con la anuencia del Parlamento Europeo y de una ‘mayoría calificada’ en el Consejo. Tal mayoría requiere del apoyo de al menos el 55% de los Estados miembros que representen al menos el 65% del total de la población de la Unión, junto a la ausencia de una ‘minoría de bloqueo’, la cual requiere para su conformación de al menos cuatro miembros que representen más del 35% de la población.

Así, la aprobación del pilar comercial requiere de dos elementos. En primer lugar que la Comisión avance incluso a pesar de la oposición frontal de Francia, lo cual representaría un quiebre con la práctica histórica de la Unión en lo referente a los acuerdos comerciales. Y en segundo lugar, que Francia no logre ensamblar una minoría de bloqueo. Históricamente, la posición francesa ha sido acompañada por otros países con fuertes comunidades agrícolas como Irlanda y Polonia, los cuales no obstante no serían suficientes para alcanzar el umbral mencionado.

Sin embargo, debido al fortalecimiento del reclamo de los productores agrícolas italianos, representantes del gobierno italiano, país tradicionalmente favorable al acuerdo, han señalado que podrían unirse a la coalición liderada por Francia. De esta manera si se configuraría una minoría de bloqueo.

En suma, el despeje de estas dos variables terminará definiendo la suerte del acuerdo en Europa y, así, la posibilidad o no de su concreción.

Las dificultades para internacionalizar la Paz Total de Petro

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El Estado colombiano experimentó un cambio significativo a partir de las elecciones presidenciales de 2022, con la llegada de Gustavo Petro al poder. Un exmilitante de la otrora guerrilla del M-19 quedó a cargo de liderar las grandes transformaciones que habían sido propuestas tiempo atrás mientras avanzaba en la carrera electoral.

Una manera diferente de administrar a Colombia

En su historia política, Colombia no había tenido en la presidencia a un líder irrestrictamente adscrito a la izquierda política. Tampoco se había contado con una vicepresidenta de origen afrodescendiente. Tal situación abrió la posibilidad de entender el ejercicio político en una perspectiva diferente, alejada del tradicional manejo de las élites y con una participación política realmente amplia, más plural y profundamente diversa.

En dicho contexto, el Gobierno nacional avanzó en un proceso inusual de construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND), abriendo posibilidades de participación a todos los actores de la sociedad, a través de los denominados Diálogos Regionales Vinculantes, un ejercicio de interacción social que permitió entender las necesidades integrales de la nación.

Una vez construido el PND, se oficializó el discurso y se confeccionó la que algunos sectores del Gobierno defienden como política de la Paz Total. El documento la define como “la apuesta para que el centro de todas las decisiones de política pública sea la vida digna, de tal manera que los humanos y los ecosistemas sean respetados y protegidos.”

Implementación del PND

La ley de la Paz Total o Ley 2272 de 2022, ha procurado incluir una serie de reformas de alto contenido social con la aspiración de lograr cinco grandes transformaciones. Se trata del derecho humano a la alimentación de todas las personas, el ordenamiento del territorio alrededor del agua, la seguridad humana, la economía productiva para la vida y la lucha contra el cambio climático, y la convergencia regional.

El ambicioso programa ha contado ya con algunos logros, destacados incluso por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en alguno de sus más recientes reportes. Entre estas reformas destaca la tributaria inicial (2022) y la pensional, que aspira alcanzar mayor cobertura, mientras asiste a las personas mayores que por diferentes motivos no alcanzaron a obtener una pensión.

No obstante, ha habido un sinnúmero de contratiempos en la implementación del PND, ya que otras importantes reformas se han frustrado en el Legislativo, a causa de la falta de consensos y la inexperiencia política por parte de los partidos de gobierno. A ello se suman las dificultades para generar su estrategia de política exterior en beneficio del programa político interno. Es decir, hay problemas en su internacionalización.

La política exterior del PND

Transcurridos 27 meses, y a pesar de haberse definido desde el PND que Colombia adoptaría una política exterior feminista, a la fecha no están oficializadas las directrices o lineamientos. Algunas de ellas, como la Estrategia África o el liderazgo del país en materia ambiental, a propósito de haber actuado como anfitrión de la COP16 sobre biodiversidad, se han expuesto desde carteras ministeriales diferentes a la Cancillería.

No por haber liderando el encuentro del 14 de marzo de 2024, en la 68ª sesión de la Comisión para la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en la que el Estado colombiano estuvo representado por destacadas funcionarias de la Cancillería, se pueden definir las directrices de la política exterior de la administración Petro. A la fecha, solo se conoce el borrador que se ha subido a la plataforma del Departamento Nacional de Planeación, pero aún no hay política exterior oficial.

Avances y retrocesos

No obstante, se han identificado algunos avances. Por ejemplo, en el marco del multilateralismo, se ha defendido la posición del Estado colombiano frente al tema de la deuda externa y las posibilidades de lograr que algún porcentaje de la misma sea canjeable por acciones que protejan el ambiente.

Otro logro importante es el diálogo bilateral con Venezuela. Independiente de las críticas al Gobierno por su falta de decisión para rechazar el evidente fraude electoral del pasado 28 de julio, la realidad es que la recomposición de las relaciones bilaterales con el vecino país es uno de los logros más sonados de la presente administración. En materia de comercio exterior, las cifras de 2023 fueron bastante positivas para el país. Según Analdex, las exportaciones hacia el mercado venezolano se situaron por encima de los ochocientos millones de dólares. Y se proyecta que para este año la cifra pueda estar por encima de los mil millones.

Además, el Gobierno ha insistido en el llamado multilateral para enfrentar la lucha contra las drogas de manera diferente. El inconveniente es que nuevamente el país está inundado de cultivos de coca. El más reciente reporte de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha situado la cifra en 253.000 hectáreas, lo que constituye un nuevo récord de siembra en el país. Partiendo de esa realidad, va a resultar complejo que a Colombia sea escuchada en los diferentes espacios del multilateralismo, puesto que con esas cifras es difícil transmitir credibilidad en relación con los esfuerzos internos para superar el problema.

Otros asuntos han hecho parte de la agenda internacional del país. La guerra (un asunto adecuado para continuar ofreciendo los mensajes relativos con la Paz Total, el principal programa político del Gobierno Petro), la integración regional y el liderazgo en los asuntos de género, son algunos de ellos. Sin embargo, todavía hoy, a más de dos años de haberse instaurado en el poder, el presidente Gustavo Petro aún tiene dificultades para internacionalizar su programa insigne.

Mientras no se hagan los esfuerzos necesarios para alcanzar el acompañamiento de actores clave en el sistema internacional, no se lograrán los objetivos trazados en la política doméstica. La declaratoria oficial y la formalización de los aliados es un factor fundamental que facilita el logro de las metas propuestas. Pero hasta ahora el Gobierno se mantiene en deuda. Esto es, la Colombia de hoy carece de una estrategia de política exterior.

Milei y Trump: ¿un remake de las “relaciones carnales” de la era menemista?

La reciente reelección de Donald Trump en Estados Unidos generó descontento en varios gobiernos latinoamericanos de centroizquierda– ya sea en países de gran peso como Brasil, México y Colombia, o en naciones más pequeñas como Guatemala y Honduras, que consideraban que una continuidad, representada por la fórmula Harris-Walz, ofrecía más posibilidades de diálogo y cooperación. No obstante, no todos los gobernantes de la región recibieron la victoria del expresidente republicano con desagrado. Desde Argentina, la elección de Trump fue celebrada con efusividad.

Un cómplice en América Latina

A diferencia de la mayoría de sus vecinos regionales, el presidente argentino, Javier Milei, nunca ocultó su simpatía por el republicano. En un encuentro reciente en la CPAC (Conferencia Política de Acción Conservadora), Milei abrazó a Trump con entusiasmo y se declaró parte del movimiento «MAGA», que, según el mandatario argentino, no solo significa «Make America Great Again» (Hacer América Grande Otra Vez), sino también «Make Argentina Great Again» (Hacer Argentina Grande Otra Vez). Una vez electo, Trump no solo invitó a Milei a una recepción en su residencia en Mar-a-Lago, sino que ambos aparecieron sonrientes junto al propietario de X (antiguo Twitter),  Elon Musk.

La proximidad entre Milei y Estados Unidos, sin embargo, no es nueva ni se limita a la figura de Trump. Inclus, durante la administración de Joe Biden, el gobierno argentino mostró un notable alineamiento con la política exterior estadounidense, especialmente en foros como la ONU. De hecho, cuando la representante argentina, Diana Mondino, votó en contra del embargo estadounidense a Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas, esta fue reemplazada inmediatamente como canciller. Este cambio subrayó una vez más la centralidad de Estados Unidos en la política exterior del gobierno Milei.

Dada la evidente afinidad personal e ideológica entre Milei y Trump, cabe preguntarse si estamos ante una nueva era de “relaciones carnales” entre Argentina y Estados Unidos,. La expresión, acuñada por el canciller de Carlos Menem (1989-1999), Guido Di Tella, en los años 90’, hacía referencia al estrecho alineamiento con Estados Unidos, en el contexto de la hegemonía global norteamericana, con el objetivo de obtener beneficios políticos y económicos.

Si bien esta postura encontraba sustento teórico en el «realismo periférico» del politólogo Carlos Escudé, en la práctica implicaba un alineamiento casi total con las políticas de Estados Unidos, ya fuese bajo la administración republicana de George H. W. Bush (1989-1993) o la demócrata de Bill Clinton (1993-2001). Este alineamiento incluyó un apoyo constante a las posturas estadounidenses en las Naciones Unidas y la promoción de iniciativas polémicas como el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) y la participación de Argentina en la coalición liderada por Estados Unidos durante la Guerra del Golfo (1990-1991), con apoyo militar directo.

Milei, un reflejo de Menem

Milei se ha declarado abiertamente admirador del gobierno de Menem. Recientemente, el presidente argentino, acompañado por Zulema Menem, hija del expresidente, inauguró un busto del exmandatario en la Casa Rosada. A lo largo de su carrera, Milei ha hecho múltiples referencias al periodo menemista, destacando especialmente la figura de Domingo Cavallo, ministro de Economía entre 1991 y 1999, conocido por impulsar las reformas económicas de corte liberal y por instaurar el régimen de convertibilidad, que estableció la paridad fija entre el peso argentino y el dólar, acercándose a una dolarización de facto de la economía.

Para Milei, Cavallo es «el mejor ministro de Economía de toda la historia», y su modelo de dolarización sigue siendo una referencia central en la agenda económica del mandatario. Por lo tanto, queda claro que la asociación entre Milei y Menem va mucho más allá de la coincidencia de sus iniciales y sus característicos estilos personales. Ambos representan una combinación de liberalismo económico radical y un vínculo estrecho con Estados Unidos en materia de política exterior. De hecho, incluso durante la presidencia de Biden, ya se podía hablar de una versión renovada de las «relaciones carnales» entre Argentina y Estados Unidos.

Sin embargo, esta disposición a alinearse con Estados Unidos se hace aún más evidente con la elección de Trump. Este cambio no solo se debe al contexto político, sino también a una coincidencia ideológica significativa entre el republicano y el presidente argentino. El movimiento MAGA no es solo una sigla, sino una agenda política compartida por ambos gobiernos. En el ámbito interno, incluye un rechazo extremo hacia la izquierda, identificado en la práctica con la descalificación de cualquier adversario político como “socialista” o “comunista”, incluso a los aliados del PRO (Propuesta Republicana) de Mauricio Macri, a quienes Milei ha calificado de «socialistas amarillos»–; una oposición frontal a los derechos reproductivos y LGBT; y la promoción de una economía desregulada y desburocratizada.

En el ámbito externo, esta agenda se refleja en un fuerte apoyo a Israel, un endurecimiento en la retórica hacia China, y un desprecio por las instituciones multilaterales asociadas al orden internacional liberal, como las Naciones Unidas y la OMC.

Pero si bien podemos hablar de “relaciones carnales” entre el gobierno de Milei y el de Trump, estas no son iguales a los años 90. Las relaciones de Menem con Estados Unidos estuvieron guiadas por un pragmatismo estratégico que buscaba beneficios concretos a través de la cercanía con la potencia hegemónica. En cambio, las que se están forjando entre Milei y Trump se fundamentan en una afinidad ideológica y una visión del mundo compartida que busca desafiar los principios del orden internacional liberal de los años 90.

Esta nueva era de relaciones también tendrá implicancias significativas para la política exterior argentina en la región y el mundo. Es probable que se intensifiquen los conflictos con gobiernos de izquierda, tanto autocráticos como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, como democráticos, como el de México y Colombia, cuyos presidentes fueron calificados, respectivamente, de “ignorante” y «asesino» por Milei.

Además, en su alineamiento con Washington, el gobierno argentino podría discrepar cada vez más con socios estratégicos como Brasil, Chile y ahora también Uruguay, a diferencia de lo que hizo la política exterior de Menem, dada las necesidades comerciales del momento. Por otro lado, aunque el vínculo con el FMI se mantendrá fuerte, Argentina deberá distanciarse progresivamente de otras organizaciones multilaterales.

En resumen, las nuevas «relaciones carnales» entre Argentina y Estados Unidos no son un simple retorno al pasado, sino el reflejo de un contexto global profundamente transformado. Si bien Milei retoma parte de la agenda económica menemista, la relación con Estados Unidos parece estar cada vez más orientada por una crítica radical a los valores universales de los años 90 y el orden internacional liberal que sustentaban. Este giro marca una nueva etapa en la relación bilateral, en la que la convergencia ideológica juega un rol central.

El fracaso de la Cumbre Iberoamericana acentúa la decadencia del Gobierno ecuatoriano

Entre el 12 y 15 de noviembre tuvo lugar la XXIX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y Gobierno, en la ciudad de Cuenca, Ecuador. El encuentro, cuyo lema estaba enmarcado dentro de la Innovación, Inclusión y Sostenibilidad, estuvo marcado por las recientes elecciones en Venezuela, los retos en seguridad y la desigualdad social. Sin embargo, la ausencia de mandatarios latinoamericanos, sumado a la crisis sociopolítica que vive el país, definieron el fracaso de la cumbre.

Desde que en diciembre de 2023 se designó a Cuenca como sede de la Cumbre, fueron pocos los jefes de Estado que confirmaron su asistencia: Argentina, España, Paraguay, República Dominicana, Andorra y Portugal. Finalmente, no acudió ningún presidente de la región, sólo acudieron los mandatarios de los tres países europeos y el anfitrión, Daniel Noboa.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, canceló su visita un día antes de iniciar la Cumbre, aduciendo la difícil situación político-social que atraviesa el Ecuador. En el caso de Perú, la celebración del Foro Asia-Pacífico -APEC 2024- que congregó en Lima durante la misma semana a dignatarios de países como Vietman, Indonesia, Tailandia, Taiwán, Australia y a Xi Jinping y Biden, entre otros, atrajo la atención cuya agenda incluía la inauguración del Mega puerto de Chancay como enclave estratégico para el intercambio marítimo Sudeste asiático-Pacífico Sur.  

Otro de los motivos de fondo que pueden aducirse al escaso eco que tuvo la cumbre en Ecuador, es el asalto a la embajada de México en Quito en abril de 2024 donde estaba asilado el ex vicepresidente Jorge Glas. La violación de la inmunidad diplomática de la legación supuso la ruptura de relaciones de México con Ecuador, que a día de hoy siguen en suspenso. Esta transgresión  de normas elementales de derecho internacional generó el malestar de muchos gobiernos de la región.

Asimismo, una semana antes del encuentro, se inhabilitó de forma temporal a la vicepresidenta del Ecuador a través de una resolución del Ministerio del Trabajo, imposibilitando que pudiera asumir como Presidenta de la República cuando Daniel Noboa pida licencia para la campaña por su reelección. También se descalificó de forma poco clara, la candidatura de Jan Topic, con opciones a la presidencia del Ecuador. Cabe señalar que en febrero de 2025 el Ecuador está llamado a las urnas para escoger un nuevo presidente.

A lo anterior hay que añadir el complicado escenario interno del Ecuador. Y es que la persistente sequía que azota la región desde hace varios meses ha puesto al descubierto las falencias del país en materia energética. La desinversión en la matriz energética y la dependencia de la generación hidroeléctrica como fuente casi exclusiva de electricidad, han hecho que ante la falta de lluvias, especialmente en las regiones costa y sierra, desde hace casi dos meses se hayan generalizado los cortes de electricidad en todo el país, con una duración que, durante la semana de la Cumbre, alcanzaban las 12 horas diarias.

Al racionamiento eléctrico se ha sumado el de agua, que afecta a grandes ciudades como Quito, Ambato o Cuenca. Estos cortes han complicado a distintos sectores de la economía, afectando particularmente al pequeño comercio que sin suministro eléctrico ha visto disminuir su productividad de forma drástica, lo cual ha generado  un creciente malestar popular.

A pesar de todas estas complicaciones, la seguridad sigue siendo el aspecto más sensible, tensionado por los grupos de delincuencia organizada que se disputan territorios por el comercio y paso de estupefacientes. Y como si fuera poco, el gobierno de Noboa, que presumía como logro de su administración el haber controlado las cárceles, sufiró un motín en uno de los recintos penitenciarios más grandes y peligrosos del país, la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, dos días antes del inicio de la Cumbre. El motín tuvo como saldo 15 muertos y 14 heridos.

La ciudad de Cuenca preparó con entusiasmo el encuentro regional que suponía un estímulo para la difícil situación económica y estuvo a la altura del evento. Para la cumbre se suspendieron los cortes eléctricos y de agua en la ciudad y se alejaron las manifestaciones de las zonas donde se celebraba el evento, lo cual dio rienda suelta al descontento ciudadano por la gestión del presidente Noboa. Y para cerrar el círulo negativo que marcó el contexto del evento, se desataron en esos días una serie de incendios forestales que cercan a la provincia del Azuay, cuya capital es la propia ciudad de Cuenca.

Esta dramática situación que marcó la frustrada XXIX Cumbre Iberoamericana, evidencia la desconexión del Gobierno con la realidad. Este fiasco de la política exterior ecuatoriana no ha hecho más que acentuar la percepción de que el Ecuador sigue siendo un barco a la deriva.