La asociación estratégica entre Brasil y China debe poner en el centro a la deforestación

Carlos Milani
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La asociación estratégica entre Brasil y China debe poner en el centro a la deforestación

En su intento de posicionar a Brasil como un líder global en la acción climática, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumió el ambicioso compromiso de poner fin a la deforestación para 2030. Esta meta representa un paso fundamental frente a las contradicciones internas que Brasil enfrenta en relación con la economía política de la degradación ambiental y la deforestación.

Los recientes incendios forestales e inundaciones evidencian la urgencia de proteger las selvas brasileñas, que son esenciales no solo para el clima global, sino también para la seguridad alimentaria y las economías locales de Brasil. Para el país, con más de la mitad de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) relacionadas con el uso de la tierra y la deforestación, alcanzar este objetivo es crucial no sólo para el futuro ambiental de Brasil, sino también para todo el planeta.

A pesar de los avances logrados bajo la administración de Lula, los desafíos siguen siendo enormes. Iniciativas como la Moratoria de la Soya, que restringe la deforestación para el cultivo de soya en la Amazonía, están bajo presión, y la deforestación continúa en niveles preocupantes. El cambio climático ya está afectando la producción de alimentos en Brasil, con sequías que impactan las cosechas y cambios de temperatura que alteran los ciclos agrícolas. Si la deforestación continúa sin control, estos impactos serán aún mayores, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de Brasil y su posición como potencia agrícola global.

Este tema no es de interés exclusivo para Brasil; también es de gran importancia para China, el mayor socio comercial de Brasil y principal comprador de sus exportaciones agrícolas, como la soya y la carne de res. Para China, la estabilidad de la producción agrícola brasileña es crucial para garantizar su propia seguridad alimentaria.

La situación es especialmente delicada, ya que dos de las mayores economías en desarrollo del mundo, China y Brasil, enfrentan desafíos críticos en sus respectivas transiciones climáticas. China debe lidiar con la complejidad de aumentar considerablemente el uso de fuentes renovables en sus sistemas energéticos, mientras que Brasil enfrenta los impactos climáticos principalmente asociados con el avance del agronegocio y el uso de la tierra. China ya ha demostrado su compromiso en apoyar las iniciativas de sostenibilidad de Brasil. En 2023, un sorprendente 72% de las inversiones chinas en Brasil se destinaron a proyectos de energía renovable y sostenibilidad. Además, China ha mostrado interés en ayudar a los esfuerzos de Brasil para restaurar tierras de pastoreo degradadas, lo que podría contribuir a reducir la presión sobre la selva amazónica.

A pesar de este progreso, China necesita hacer más para apoyar las metas de deforestación de Brasil. A medida que Brasil trabaja para cumplir su compromiso para 2030, China tiene la oportunidad de implementar una asociación estratégica que transforme las relaciones bilaterales con Brasil, un aspecto que cobra relevancia tras los resultados de las elecciones presidenciales en EE. UU. A continuación, presento tres áreas críticas en las que China puede desempeñar un papel más activo.

Poner la deforestación en el centro del diálogo climático y ambiental


Tanto Brasil como China ya han expresado su compromiso con la «eliminación de la extracción ilegal de madera y de la deforestación» en sus declaraciones conjuntas sobre el clima, pero aún no se han realizado discusiones concretas en el diálogo bilateral oficial, conocido como subcomité de Medio Ambiente y Clima bajo el COSBAN (Comité de Coordinación y Cooperación de Alto Nivel China-Brasil). Discutir la deforestación en este foro es una necesidad urgente, dado el papel fundamental que esta tiene en el perfil de emisiones de Brasil. Este paso podría estimular iniciativas conjuntas, intercambios de conocimiento y proyectos colaborativos para abordar los complejos factores que impulsan la deforestación en Brasil.

Enviar señales políticas para incentivar una transformación en el sector agroindustrial


Algunas empresas chinas ya han comenzado a mostrar interés en adquirir productos libres de deforestación, una tendencia que, de ser respaldada por políticas más amplias del gobierno chino, podría generar un cambio significativo en todo el sector. Este compromiso podría fortalecerse mediante políticas gubernamentales chinas que incentiven a las empresas a priorizar prácticas de abastecimiento sostenible. Con el inmenso poder de compra de China, un cambio sectorial hacia productos libres de deforestación tendría efectos significativos en las cadenas de suministro de Brasil, acelerando potencialmente la transición hacia prácticas agrícolas más sostenibles. Esta postura también se alinearía con el compromiso más amplio de China con el desarrollo sostenible, demostrando cómo las relaciones comerciales pueden ser aprovechadas para alcanzar metas climáticas. Desde la perspectiva de Brasil, la asociación con China podría contribuir a transformar al gigante sudamericano en un líder global en programas de agricultura baja en carbono. Ambos países se benefician al apostar por esta transformación.

Colaboración ampliada en la trazabilidad y supervisión de la cadena de suministro


La transparencia y trazabilidad son esenciales para garantizar que los productos agrícolas que ingresen a China desde Brasil no estén vinculados a la destrucción ambiental o a daños sociales. Ambos países deben trabajar juntos para establecer sistemas sólidos de trazabilidad, aprovechando las iniciativas nacionales ya existentes en Brasil. Esto no sólo ayudaría a evitar que productos relacionados con la deforestación lleguen a los consumidores, sino que también reforzaría la confianza y la responsabilidad dentro de la cadena de suministro. Brasil y China pueden asegurar que el comercio de productos agrícolas esté alineado con su compromiso común con la sostenibilidad.

Las selvas brasileñas representan un recurso natural de valor incomparable para la estabilidad climática global, la biodiversidad y el bienestar de las comunidades amazónicas. A la luz de sus objetivos ambientales compartidos y de sus intereses económicos complementarios, Brasil y China están en una posición única para forjar un nuevo tipo de asociación estratégica, trascendiendo las dinámicas comerciales tradicionales y poniendo la acción climática en el centro de sus relaciones bilaterales.

Brasil ya ha demostrado que está listo para abrazar un futuro resiliente al clima; con el apoyo de China, este objetivo puede hacerse realidad, beneficiando a ambas naciones y al mundo. Juntos, Brasil y China pueden mostrarle al mundo que el desarrollo sostenible no sólo es posible, sino también alcanzable a través de alianzas estratégicas y compromisos compartidos con la salud de nuestro planeta.

La COP16 y el liderazgo de Colombia en la protección de la biodiversidad

Andrés Londoño Niño
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La COP16 y el liderazgo de Colombia en la protección de la biodiversidad

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), llevada a cabo en la ciudad de Cali entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024, constituye un logro diplomático para Colombia, en la medida en que el país consiguió ser la sede del evento internacional más importante sobre la biodiversidad en el mundo. Esto elevó el perfil de la política exterior colombiana, que históricamente se adhería a diversas iniciativas impulsadas por otros países, pero no tenía un papel activo de liderazgo, salvo algunas excepciones.

A pesar de que un periodista llegó a minimizar la importancia de la COP y la comparó con una final de la Champions League, la opinión pública fue favorable a la realización del evento e incluso participaron representantes de la oposición, a pesar de que no dieron crédito al gobierno por su realización. Es preciso recordar que la COP se da en un contexto de crisis de gobernabilidad del gobierno de Petro, que se avivó recientemente con la polémica investigación al presidente por parte del Consejo Nacional Electoral por irregularidades en su campaña.

En cualquier caso, el medio ambiente ha tenido mayor atención en la agenda interna y externa de Colombia, en la última década. Sin embargo, ha sido durante el gobierno de Petro que este tema ha sido priorizado, como lo demuestra el énfasis del Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026), así como diversas propuestas que ha llevado el actual gobierno a eventos internacionales relacionados con el medio ambiente. De esta forma, el gobierno de Petro ha tenido un fuerte liderazgo en el tema ambiental no solamente en la región, sino a nivel mundial.

A pesar de que países como Brasil y líderes como Lula da Silva cuenten con una mayor experiencia en dichos temas, Colombia está insistiendo ante foros internacionales en propuestas como el canje de deuda externa por acción climática y a criticar el modelo de desarrollo basado en la dependencia en combustibles fósiles. Esto, de hecho, ha alejado a los dos mandatarios, pues Lula ha defendido e incluso ha promovido la explotación petrolera en la Amazonia.

La COP16, que rompió récord de asistencia, se realizó en Cali, una ciudad diversa sociodemográfica y ambientalmente y que fue protagonista en 2021 del estallido social. Cali también ha entrado en los rankings de la ciudad más violenta de Colombia. En cualquier caso, la ciudad llevaba varios meses preparándose, lo que incluye, además de la adecuación de espacios urbanos, la militarización y el establecimiento de estrictos esquemas de seguridad, pues cabe recordar que Iván Mordisco, líder del Estado Mayor Central, disidencia de la guerrilla de las FARC, amenazó con atacar la COP por los problemas con las negociaciones con el gobierno.

Pese a ello, los habitantes de la ciudad estaban a la expectativa del evento y sin duda, Cali ganó visibilidad internacional y acogió muy bien a los miles de participantes tanto en la zona restringida como espacio formal de conferencias y negociaciones diplomáticas en el marco del Convenio sobre la de Diversidad Biológica (CDB) y en la zona donde se desarrollaron actividades culturales y académicas y a la cual, según datos del Ministerio de Ambiente, asistieron más de 900.000 personas.

A pesar de algunas críticas en los medios por la ausencia de presidentes, la COP instaló por primera vez el Segmento de Alto Nivel con la participación de seis jefes de Estado, incluyendo al presidente Gustavo Petro. Además de la participación de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, hubo una amplia participación de ministros, funcionarios, agencias y una gran cantidad de organizaciones ambientales de todo el mundo.

A pesar de tratarse de un evento diplomático, Colombia realizó un gran esfuerzo por democratizar la COP, yendo más allá de las negociaciones formales e involucrando a líderes y lideresas ambientales, movimientos sociales y varios sectores de la sociedad civil que son, en última instancia, los actores capaces de exigir el cumplimiento de los acuerdos logrados y promover la defensa del medio ambiente.

Los logros de la COP16

Además de la movilización de recursos para la preservación de la biodiversidad en Colombia y el impulso de declaraciones para fortalecer las leyes de protección de la biodiversidad y promover programas y acciones que involucren a la sociedad civil en la protección del medio ambiente, uno de los grandes logros del evento fue la creación de un órgano para pueblos indígenas y comunidades locales, así como el reconocimiento de pueblos afrodescendientes como custodios de la biodiversidad. Esto coincide con la impronta de esta COP, llamada la COP de la gente, que buscó dar una mayor participación a pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y otros líderes ambientales.

La COP16 constituye un gran logro para la política exterior colombiana.  No en vano en el marco de la COP y gracias a las gestiones diplomáticas de Colombia, se destrabó la elección del secretario general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), y fue nombrado el colombiano Martin von Hildebrand, lo que permite retomar la operatividad de ese organismo, clave para la conservación de la Amazonia.

Cabe destacar el rol protagónico de Susanaha Muhamad, ministra de Ambiente y presidenta de la COP, quien ha tenido un destacado activismo internacional y fue nombrada recientemente mujer de la década en Colombia por el Women Economic Forum. 

Ante los obstáculos que ha tenido el presidente Petro para avanzar en su agenda interna por la falta de mayorías en el congreso y la fuerte oposición, este evento demuestra el margen de maniobra que tiene el gobierno para avanzar con su agenda externa, pues este evento concretó en buena parte los discursos del presidente dentro y fuera de Colombia en los que se prioriza la agenda medioambiental.

Sin embargo, la COP16 no es solo un resultado, sino más bien un punto de partida para abordar múltiples desafíos que persisten como la deforestación y la búsqueda de la paz ambiental, sin la cual no es posible la protección de la biodiversidad.

Estados Unidos: la rebelión contra el progresismo

Enrique Gomáriz Moraga
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Estados Unidos: la rebelión contra el progresismo

Explicar las causas de la rotunda victoria de Donald Trump en las pasadas elecciones requiere examinar varios tipos de factores si no se quiere simplificar. Claro, la economía desde luego, pero no solo. Se me ocurren al menos tres ámbitos importantes para captar esa victoria o, visto en el sentido opuesto, la notable derrota de la vicepresidenta Kamala Harris: a) aciertos y errores de estrategia electoral, b) capacidad de conexión con las preocupaciones del electorado, incluyendo las socioeconómicas, y c) un asunto que tiene un gran calado, aunque no sea tan visible, como es la revuelta cultural en curso.

Observar la curva de las intenciones de voto es un buen referente de los errores de estrategia electoral del partido demócrata. El desgaste del presidente Biden se agravó radicalmente con el resultado del debate electoral: la ventaja de Trump dio un salto considerable en los gráficos. Pero la decisión tardía de hacerse a un lado fue acompañada de una precipitada designación de su vicepresidenta. Nadie respondió la observación que formuló un dirigente demócrata: “no importa tanto lo simpática y progresista que nos parezca Kamala, sino si eso es lo que realmente necesitamos para impedir que Trump regrese a la Casa Blanca”.

Por su parte, la nueva designada eligió una campaña de diferenciación y contraste, que se reflejó en la selección del candidato a vicepresidente, en la persona de Tim Walz, un referente del sector izquierdista del partido. Fue la mejor muestra de que Harris no buscaba competir por los votos del centro sino tratar de arrastrar a sus seguidores mediante el entusiasmo del discurso progresista. Un entusiasmo que contagió a muchos medios, periodísticos y demoscópicos. Pero era una apuesta arriesgada.

De hecho, todo indica que el discurso de Harris no conectó claramente con las preocupaciones de los habitantes de la América profunda. Mientras que los republicanos se dedicaron a responder puntualmente a las inquietudes de las localidades rurales y de la periferia urbana, en muchos casos con promesas incumplibles, pero bien focalizadas, el discurso de Harris era mas bien generalista y cargado de señales progresistas. Por otra parte, tenía la dificultad de intentar desprenderse del legado de Biden, en particular el aumento de la inflación y la permisividad en asuntos de inmigración.

Así las cosas, se produjo el debate electoral entre las dos candidaturas, en el que Harris se mostró capaz de seguir atinadamente el guion previamente preparado por sus asesores, mientras Trump elegía el de la improvisación de un personaje apreciablemente fatigado. Por eso hubo coincidencia en que la vicepresidenta salió victoriosa del debate. Eso fue interpretado por mucha gente como un anticipo de su victoria electoral. Lástima que para septiembre los votantes republicanos ya habían decidido su voto en más de dos tercios de ese electorado. Y lo hacían a partir de la imagen de que Trump enfrentaba a una candidatura de corte izquierdista radical.

Se iniciaba así la última fase de la campaña, en la que los candidatos tenían que cuidarse especialmente de evitar errores no forzados. Harris centró su discurso en la unidad nacional, al tiempo que arremetía directamente contra Trump. Pero dado que su oponente llevaba tiempo haciendo esos ataques personalizados, no sonaba muy estridente que ella lo hiciera. Sin embargo, sorprendentemente, Trump no tuvo ningún cuidado con sus excesos. Sus exabruptos sobre negros y portorriqueños se hicieron presentes e inmediatamente virales al final de la campaña. Otro dato para aumentar el optimismo demócrata. Pero entonces apareció un nuevo votante de Trump, aquel que declaraba que le votaría, aunque le desagradaba bastante su comportamiento personal y social. Aparecía así el voto pragmático, que era sólo una parte del voto oculto que no había querido manifestarse en las encuestas.

Pero todos estos factores parecen aglutinados por otro de carácter cultural, mas simbólico e ideológico: la revuelta contra la cultura progresista o, como se ha popularizado en Estados Unidos, la cultura woke. Cuando se produjo la contienda con Hillary Clinton, esa rebelión tenía una mayor referencia a la connotación elitista que supuestamente representaba. En esta oportunidad, aunque ese rechazo al elitismo cultural ha estado presente, la rebelión ha adoptado un carácter más sustantivo contra los valores progresistas.

Así, la alianza contra el trumpismo que pretendía Harris parece haberse vuelto en su contra. Frente a su feminismo, los jóvenes, latinos y afroamericanos; frente a sus llamados a los sindicatos, los trabajadores industriales preocupados por la inflación y la protección de la industria nacional; frente a su reivindicación del aborto legal, el rechazo de las mujeres del mundo rural y evangelista. Por otro lado, en el campo progresista, también han restado quienes han considerado que Harris se ha quedado corta respecto de la condena de la guerra en Gaza o el problema de las armas en el escenario nacional.

Esa rebelión contra la cultura progre no se manifiesta únicamente en Estados Unidos, es un fenómeno mundial. Todo indica que la ampliación de los derechos humanos realizada en los últimos treinta años no tenía el consenso que se suponía. Para muchos, más que nuevos derechos son expresiones de deseo que se han instalado en el discurso progresista. Parece que durante algún tiempo esas derivaciones no provocaron más que un resentimiento silencioso de buena parte de la sociedad civil, pero cada vez toma mayor forma expresiva y política. Se ha dicho que algunos estándares han ido demasiado por delante de la gente común. Pero si eso fuera así, el problema referiría a una falta de suficiente deliberación democrática, que reflejaría una imposición valórica contraria a la democracia comunicativa.

Elecciones en Uruguay: ¿Y ahora cómo seguimos?

Valentina Starcovich
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Elecciones en Uruguay: ¿Y ahora cómo seguimos?

Si hay algo que caracteriza a la democracia uruguaya, es su armonía, casi como un reflejo de su propia geografía. Uruguay es, en definitiva, una pradera en todos los sentidos. Aun cuando el signo político varíe, los gobiernos no apuntan a los radicalismos y, de momento, el país parece estar más o menos blindado contra figuras disruptivas que buscan el choque más que la convivencia. Uruguay es un caso sui generis, sí, pero no está exento de críticas y particularidades.

El pasado domingo 27 de octubre, la ciudadanía uruguaya volvió a volcarse a las urnas en una instancia de elecciones nacionales. De momento, los resultados no arrojaron nada nuevo, tras no alcanzar el 50% + 1 necesario para ganar en primera vuelta, la presidencia de la República continúa en disputa entre el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi y el del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Así, al país todavía le quedan un par de semanas de camino al balotaje que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre.

Orsi lidera la coalición de izquierda que, por quinta vez consecutiva, se posiciona como la fuerza política más votada, alcanzando un 43,9% de los votos, mientras que Delgado aspira a convertir su 26,7% en mayoría, apostando a renovar la coalición de centro-derecha que le permitió a Luis Lacalle Pou acceder al poder en 2019 y que es integrada, además del Nacional, por los partidos Colorado, Cabildo Abierto e Independiente.

Sin embargo, el escenario no se puede dilucidar con tanta facilidad. Basándose en una suma lineal de votos, la coalición si supera al porcentaje de la izquierda, pero también significa subestimar las decisiones del electorado.

La misma noche de las elecciones se comenzaron a gestar las estrategias de los presidenciables, con un Orsi apostando a la unidad nacional y un Delgado insistiendo en dar continuidad al proyecto político coalicionista, así recomo reconociendo el liderazgo de Lacalle Pou. El mensaje que recibió la ciudadanía de los candidatos fue distinto, tanto en términos discursivos como de presentación: un Orsi abrazado a su compañera de fórmula, Carolina Cosse, cediendole la palabra primero y un Delgado buscando presentarse como el líder, reconociendo, primero, a los socios de la coalición, luego al Partido Nacional y, por último, a su compañera, Valeria Ripoll.

En cierta forma, estos matices van siendo el reflejo de las prioridades a la hora de armar gobierno. Ser oposición le permitió al Frente Amplio aprender de sus errores, empezando con la composición de su fórmula presidencial. Poner a Cosse como su segunda es reconocer una figura de gran relevancia a nivel político y, en cierta forma, saldar la deuda de 2019. Por el contrario, el Partido Nacional generó disensos internos cuando Delgado eligió a Ripoll, una recién llegada con un pasado sindical y de militancia de izquierda. El candidato apostó por una figura que fuera capaz de ser absolutamente crítica con el Frente Amplio, aun cuando se ganase el desencanto de sus militantes.

Gobernabilidad si, gobernabilidad no: la conformación del Parlamento

Algo que sigue costando en Uruguay es la cuestión de paridad en cargos electorales. A 92 años de que se aprobase el voto femenino, recién se está ante la segunda elección donde la vicepresidencia será ostentada por una mujer (sin contar a Lucía Topolansky, quien accedió al cargo por la renuncia del titular, Raúl Sendic, en 2017). A diferencia de la actual titular, Beatriz Argimón, quien desde el año 2000 ha ocupado cargos en la legislatura, las nuevas aspirantes al cargo poseen poca o nula experiencia a nivel parlamentario.

No obstante, el respaldo legislativo de ambas es totalmente distinto. Cosse, de antemano, parece contar algunas ventajas para dirigir el Senado, puesto que el Frente Amplio obtuvo la mayoría en esa Cámara con 16 escaños de 30, frente a los 9 del Partido Nacional y los 5 del Partido Colorado. Por el contrario, Ripoll partirá con minoría tanto de su partido como de la “coalición multicolor”, así como con posibles complicaciones en la convivencia dada su propia historia política.

Respecto a la trayectoria de los Senadores electos, 26 de los 30 titulares tienen experiencia a nivel legislativo, siendo los recién llegados figuras de gran notoriedad: Andrés Ojeda y Robert Silva (quienes hasta el domingo eran la fórmula presidencial del Partido Colorado), la propia Carolina Cosse (quien fue electa Senadora en el período anterior pero dejó su cargo para asumir como jefa comunal de Montevideo) y la mítica periodista reconvertida en política, Blanca Rodríguez (denominada en la jerga como “la última jugada de José Mujica” para recuperar parte del electorado perdido). Si bien esto refleja también la tradición democrática del Uruguay y la cuasi imposibilidad de que outsiders irrumpan en la política, el legislativo no está del todo resguardado.

La Cámara de Representantes está integrada por 99 escaños, 48 para el Frente Amplio, 49 para la Coalición Republicana, siendo los otros dos asientos de Identidad Soberana. Este último parece ser la gran novedad, un partido fundado en 2022 y cuyo líder -y diputado electo- Gustavo Salle ha ganado notoriedad por su peculiar manera de hacer campaña con un megáfono y un discurso “antisistema”: contrario a la agenda 2030 y opositor a derechos conquistados en la era progresista como la despenalización del aborto, la ley de violencia basada en género y la de riego, entre otras. En su primera aparición tras los resultados, Salle dijo que su partido entra en “la cueva de los vendepatria”. Y pese a que posteriormente afirmó que moderará su discurso, Salle, más que una figura pintoresca, es una alerta respecto a posiciones extremistas que podrían afectar la gobernabilidad.

Uruguay todavía tiene pendiente elegir a quién conducirá el Ejecutivo, pero más allá de que se decline por la continuidad o apueste al cambio, el juego fuerte estará en el Palacio Legislativo cuyo poderío y capacidad jamás debe ser subestimado. En un gobierno que asumirá en 2025, a 40 años de la restauración democrática, el poder legislativo será el escenario de los consensos y las discrepancias. A poner el foco allí.

Los 3300 presos políticos en América Latina

Miguel Ángel Martínez Meucci
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Los 3300 presos políticos en América Latina

La persecución por razones políticas es una práctica común en los regímenes menos democráticos. En América Latina, esa situación caracteriza sobre todo a Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuyos gobiernos son actualmente considerados autocracias por los principales índices de medición de la democracia. Es también el caso de Bolivia, que a pesar de ser considerada todavía como un régimen híbrido registra una pronunciada deriva hacia la autocracia a lo largo de los últimos años. Cuando aún faltan dos meses para cerrar el 2024, la dinámica experimentada hasta ahora es extremadamente preocupante.

Un dramático repunte

Venezuela encabeza ahora la lista de países con mayor número de presos políticos en el hemisferio occidental. El repunte ha sido abrupto y exponencial. De acuerdo con las cifras ofrecidas por el Foro Penal, el 2023 cerró con algo más de 250 personas detenidas por razones políticas. Esa cifra se fue incrementando paulatinamente durante la campaña electoral de 2024. Para el 28 de julio, el día de las elecciones presidenciales, la cifra rondaba en los 300 prisioneros políticos. Por lo general, las nuevas detenciones se concentraron en miembros de los comandos de campaña de la oposición en todo el país.

Pero si la situación ya era preocupante, la jornada electoral se convirtió en un punto de inflexión particularmente negativo. La discordancia entre los resultados electorales emitidos por el Consejo Nacional Electoral y los que divulgó la oposición generó un gran revuelo en la población. El organismo estatal no publicó el desglose de los resultados por cada mesa. Por su parte, los opositores lograron recabar, escanear y publicar en un sitio web cerca del 84% de las actas oficiales impresas por las máquinas de votación. Las protestas populares que estallaron durante los días siguientes fueron rápidamente reprimidas por los organismos de seguridad del Estado venezolano. Desde entonces, han detenido a cientos de activistas y manifestantes hasta llegar a 1916 personas.

Cuba y Bolivia

Para finales de noviembre de 2023, y de acuerdo con la organización Prisoners Defenders, el régimen castrista era el que mantenía en prisión a una mayor cantidad de presos políticos en el hemisferio occidental. Para aquel momento, 1.062 personas se encontraban privadas de libertad por razones de orden político. Entre la cantidad de cargos que se les imputó, destacan aquellos que le adjudican a los reos la tendencia a cometer futuros delitos. El Artículo 72 del Código Penal vigente hasta diciembre de 2022 señala que se debió a “la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista”.

Diez meses después, la situación se mantiene casi igual. Según la misma fuente, la cifra de presos políticos para el 16 de septiembre ascendía a 1.105. Con 31 encarcelaciones, el mes de marzo del presente año fue el que registró un mayor número de nuevos detenidos. 62 del total de presos políticos padecen trastornos de salud mental. Es una situación que lógicamente los hace mucho más vulnerables a las torturas y carencias de alimentación y atención médica a las que son sometidos los detenidos por razones políticas en la isla.

En Bolivia, la lista de presos políticos tampoco ha experimentado grandes cambios a lo largo del 2024, luego de que aumentara sensiblemente durante 2023. El número de personas que permanecen encarceladas por motivos políticos es notablemente alto para tratarse de un país al que no se suele considerar todavía como una autocracia. Según la Global Human Rights League, para el 31 de octubre de 2023 el número de reos por razones políticas ascendía a 279, incluyendo a la expresidenta Jeanine Áñez, que recibió una condena de 10 años y ya lleva tres en prisión. Para octubre de 2024, el número total se mantiene en 269.

Expatriados en Nicaragua

En el caso de Nicaragua, la lista de presos políticos ha experimentado dos abruptos descensos durante los últimos dos años. Básicamente, como consecuencia de dos oleadas de expatriaciones. La primera tuvo lugar en febrero de 2023, cuando unos 222 presos políticos fueron excarcelados y deportados a los Estados Unidos. La segunda sucedió hace pocas semanas, en septiembre de 2024, al expulsar a otras 135 personas hacia Guatemala.

Los expatriados nicaragüenses suelen ser despojados de su nacionalidad, mientras que sus bienes en el país a menudo son expropiados. Muchos de los expulsados han sido recibidos en España, país que les ha otorgado la nacionalidad. Según la lista mensual del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, se constata que tras estas dos grandes oleadas de expatriados, a finales de octubre de 2023 había en Nicaragua unos 91 presos políticos. Mientras que, para julio de 2024, la cifra total actualizada quedó reducida a 45, de los cuales 37 son hombres y 8 son mujeres.

Patrones preocupantes

Los datos aquí enunciados permiten concluir que la evolución de la situación de los presos políticos en América Latina durante el 2024 es sumamente grave. El brutal aumento de la cifra de prisioneros por razones políticas se debe, sobre todo, al repunte de la represión en Venezuela. Sin embargo, la falta de mejorías en Bolivia y Cuba, así como los patrones registrados en Nicaragua, no permiten hablar de ninguna verdadera mejoría.

En general, se observa que los repuntes más pronunciados en el número de presos políticos suelen producirse tras ciclos de protestas particularmente concurridas (Venezuela 2017; Nicaragua 2018; Bolivia 2020; Cuba 2021). También, tras episodios electorales muy controvertidos (Bolivia 2019; Venezuela 2024). En otras palabras, la represión es empleada de forma masiva en estos cuatro países cada vez que la ciudadanía se expresa masivamente contra estos regímenes autocráticos.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

¿Se convertirá Puerto Rico en el estado 51 de Estados Unidos?

Héctor A. Ríos Maury
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¿Se convertirá Puerto Rico en el estado 51 de Estados Unidos?

Estados Unidos tiene, fundamentándose en el artículo 4, sección 3 (Cláusula Territorial) de su Constitución, 16 territorios, de los cuales 5 están poblados: Samoa Americana, Marianas del Norte, Guam, Islas Vírgenes Americanas y, desde 1898, Puerto Rico, que es el único de estirpe latinoamericana, hispanohablante y el que tiene mayores grados de autogobierno, que incluyen una Constitución local. Todos los ciudadanos estadounidenses residentes en los 5 territorios (colonias de acuerdo con interpretaciones del Derecho Internacional) experimentan una situación de inferioridad política en relación con sus pares de los estados. Aunque ostentan la ciudadanía estadounidense, no tienen los mismos derechos civiles y políticos. Por ejemplo, a pesar de que son reclutados para servir en las fuerzas militares, carecen de representación con voz y voto en el Senado y la Cámara Federales (solo tienen un Comisionado, únicamente con voz) y no pueden votar por el presidente de la Unión Federal. 

Puerto Rico es el único territorio con un sector político notable que desde hace décadas aboga por la estadidad, es decir, la integración jurídica y política plena como el Estado 51. Esta opción se convirtió en mayoritaria en 2012 cuando ganó el plebiscito de entonces, y volvió a triunfar en las consultas plebiscitarias de 2017 y 2020. 

Un nuevo plebiscito 

El próximo 5 de noviembre los puertorriqueños acudirán nuevamente a las urnas para votar en sus elecciones generales (las elecciones locales incluirán, además, una consulta simbólica sobre la contienda estadounidense entre Donald Trump y Kamala Harris) y celebrar otro plebiscito (el séptimo), cuyas opciones de estatus son las mismas que se establecen en el Proyecto 8393 de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de 2023: la estadidad, la independencia o la libre asociación, que es una forma de independencia en vinculación con la metrópolis, parecida al pacto que en 1990 firmaron Estados Unidos y las soberanas Islas Marshall.

De acuerdo con ese proyecto, si los puertorriqueños optan por la libre asociación, esta fórmula garantizaría por 20 años, a partir de su implantación, durante la transición hacia la separación definitiva, la ciudadanía estadounidense a los nacidos durante ese periodo, y las transferencias de fondos gubernamentales federales, que hoy ascienden a aproximadamente 26.000 millones de dólares al año. El Proyecto 8393 reconoce que la ciudadanía estadounidense y las transferencias federales serían permanentes en la estadidad y se eliminarían en la independencia. Esta legislación, por considerarlo la razón principal de la quiebra gubernamental de 2017, todavía vigente, y de otros problemas de la sociedad puertorriqueña, excluye como alternativa el actual estatuto territorial/colonial: estado libre asociado (ELA), fundado en 1952.

Proyecciones

Algunas mediciones de intención de voto proyectan que la estadidad volverá a obtener una mayoría de alrededor del 55 %, y las dos formas de independencia oscilarán el 45 %. 

Un resultado en ese rango sería una nueva victoria de la estadidad. No obstante, está por verse si tendría toda la contundencia que necesita el movimiento estadista para avanzar en sus cabildeos ante el Partido Republicano de Estados Unidos, que es la entidad en la que más renuencia hay en torno a la integración, por dos razones principales: el liderato republicano bajo Donald Trump no comparte las tesis de exigencia de igualdad de derechos civiles que argumentan los estadistas, y además cree que, de ser admitido, Puerto Rico sería un estado predominantemente demócrata. Por tanto, una probable victoria estadista requerirá de muy efectivos cabildeos si Trump vuelve a la Casa Blanca. 

El diligenciamiento estadista tendría mayor resonancia y eficacia si Kamala Harris gana las elecciones, pues el presidente Joe Biden, en nombre de su administración, ha manifestado su apoyo a la estadidad.

Las elecciones 

La discusión política puertorriqueña gira primordialmente en torno al longevo debate del estatus, que se concentra en precisar cuál debe ser la relación final de Puerto Rico con Estados Unidos. En ese contexto, el sistema de partidos se organiza principalmente acerca de las distintas alternativas. Tiene además vínculos y/o afiliaciones con los partidos estadounidenses. 

En la actualidad Puerto Rico tiene un gobierno compartido. El gobernador, electo en 2020, es Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista (PNP), entidad que defiende la estadidad, tiene en su seno a republicanos y demócratas y es liberal en el plano económico. Pierluisi no concurrirá a las próximas elecciones porque fue derrotado en junio pasado en las primarias del PNP por la comisionada (congresista) en Washington, Jenniffer González Colón, una republicana no trumpista que respaldó a Nikki Haley. 

En el Parlamento Bicameral el control lo tiene una coalición que permite que los presidentes institucionales sean del Partido Popular Democrático (PPD), que históricamente ha sostenido vínculos y afiliaciones con el Partido Demócrata, y ha sido defensor del statu quo, del ELA. Hoy día el PPD, más partidario del intervencionismo estatal que el PNP, está dividido entre defensores del ELA y de la libre asociación. 

Los otros partidos son: el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), ambos separatistas, que tienen relaciones de afinidad con regímenes como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua. De hecho, el presidente vitalicio del PIP, Rubén Berrios, ha sido asesor del autócrata nicaragüense Daniel Ortega. Y luego está Proyecto Dignidad (PD), ultraconservador y sin una posición determinada sobre el estatus. 

Expectativas electorales 

Las encuestas anticipan una victoria de González Colón, con alrededor del 40 % de los votos, cerca de un 25 % para Jesús Manuel Ortiz, del PPD, otro 25 % para Juan Dalmau, candidato de una alianza entre el PIP y MVC, y un 10 % para Javier Jiménez, de PD.

Conclusiones 

El alcance de la posible victoria de González Colón (si no hay sorpresas) y la estadidad dependerá significativamente de lo que ocurra entre Kamala Harris y Donald Trump, y de cuál sea la composición de la Legislatura puertorriqueña y del Congreso estadounidense. 

Todo parece indicar que el eterno debate sobre si Puerto Rico se mantendrá por largo tiempo en el modelo territorial/colonial, o emprenderá una ruta hacia ser una nueva república latinoamericana o convertirse en el primer estado hispano y latino de Estados Unidos, continuará muy intenso y vivo durante el próximo cuatrienio.

Contra los autoritarismos, sin adjetivos

Armando Chaguaceda
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Contra los autoritarismos, sin adjetivos

Acaba de aparecer, bajo el signo de Akal, «Democracias en extinción. El espectro de las autocracias electorales». La obra, del historiador italiano Steven Forti -alguien cuyo trabajo en ese sentido merece una atenta revisión- cubre tanto elementos teóricos como de política e historia reciente, para abordar las amenazas a la democracia procedentes del polo conservador/reaccionario del espectro ideológico y sus concreciones partidarias e intelectuales. Un repaso al índice del volumen permite identificar los ejes, casos y abordajes del mismo.

El libro se suma al creciente conjunto de textos científicos y de divulgación, foros académicos, declaraciones políticas o manifiestos de la sociedad civil que alertan sobre el fenómeno de la derecha «extrema/ultra». Presentándola, en solitario y mayúsculas, como la principal amenaza a las democracias realmente existentes. Una toma de partido muy anclada en contextos, gremios y lecturas de la academia estadounidense y europea y en algunos de sus interlocutores del Sur Global.

Dice Steven Forti, desde Akal «No es momento de divagar ni de confiarse, sino de enfrentarnos al peligro más acuciante en la actualidad. Hoy es incuestionable que las extremas derechas están en auge en todo el mundo y, si no hacemos nada para evitarlo, podemos ser la generación que pierda los derechos conquistados. Nuestras democracias están en peligro de extinción, y sus depredadores gozan de mayor respaldo, tienen una mejor imagen y son más fuertes cada día. En muchas regiones del mundo ya han llegado al poder y, cuando gobiernan, nada es como era: están mutilando la democracia desde dentro hasta transformarla en una autocracia con escaso margen para revertir la situación».

Coincidiendo con la alerta sobre el problema de fondo, tomo distancia de la definición del mismo que hace Forti. La que discuto por razones que enumero a continuación, de forma simplificada -espero tener la oportunidad de hacerlo en extenso, con el autor u otros colegas, en otro momento y lugar- en los párrafos a continuación.

Derecha e izquierda no son categorías normativas, sino adscriptivas y/o analíticas. No clasifican el Bien o el Mal políticos, sino que identifican una diversidad de sujetos, genealogías, alianzas y agendas que tienen, en su origen, dos siglos de vida mutante. Y eso, después de 1917, 1933 y toda la experiencia totalitaria del siglo XX, nos debería recordar que ninguno de los polos políticos puede adjudicarse la coherencia democrática. Tampoco podríamos, por ende, adscribir a los extremos de uno u otro el monopolio de la identidad y deriva autoritarias.

No pueden seguirse usando las coordenadas ideológicas como si fueran coincidentes con las fronteras de los regímenes políticos. Han habido -y presumiblemente habrán-ideas y praxis autoritarias tanto en la izquierda como en la derecha; también en identidades y contextos más fluidos -en especial lejos de Occidente- que difícilmente encajen en nuestras clasificaciones al uso.  Las amenazas a la democracia deben ser claramente contextualizadas y ponderadas, en cada lugar, momento y tema.

Pongo ejemplos. Si bien hoy las principales amenazas de populismos y/o autoritarismos electorales en Europa y EEUU provienen fundamentalmente de liderazgos y movimientos de la extrema derecha, en Latinoamérica -esa otra mitad de Occidente, mestiza con el Sur Global- el fenómeno es diferente, mucho más plural. De hecho, en nuestra región por cada candidato diestro a dictador como Bukele hay en activo, tres autócratas de siniestra extrema (Díaz Canel, Ortega, Maduro) cuyo origen, tradiciones políticas y redes globales los inscriben en una izquierda autoritaria cuyas raíces se remontan a 1917 y 1959.

Pero incluso en países que no han involucionado plenamente al autoritarismo se aprecia esa amplitud del fenómeno. En México (potencia económica y la mayor nación de habla hispana del mundo) la actual reforma judicial regresiva, criticada por buena parte de la academia liberal progresista… es impulsada por un gobierno/partido hoy celebrado por muchos, en la academia y política socialdemócrata europeas, como «progresistas. Para no dejar de mencionar el veloz ascenso y agenda del partido de izquierda populista de Sahra Wagenknecht, contrario al consenso democrático europeísta y liberal, en una nación central como Alemania.

Si miramos más allá de Occidente, no queda claro si las fronteras de lo «conservador» o lo «iliberal» remitan claramente a los clivajes Izquierda/Derecha. Con V. Putin, al estar Rusia en cierto modo en la órbita geo cultural de Occidente, puede que coincidan un poco las caracterizaciones basadas en lo ideológico, aunque luego el Kremlin recupere prácticas y símbolos autoritarios del periodo soviético y aunque sus aliados se reparten entre las extremas izquierdas y derechas globales. Pero con Modi o Erdogan, cuyas sociedades, disputas y programas responden a otras cosmovisiones y conflictos, no estoy seguro que sea así.

En resumen: es oportuno y urgente que en una academia digna de tal nombre se reconozca que las amenazas iliberales o, de plano, antidemocráticas, no pueden ser adjudicadas, en modo simplificado, a las ‘ultras derechas’ de este mundo. Pues estas amenazas corresponden a posturas autoritarias extremas que abarcan todo el arco de posiciones (geo)políticas ideológicas, en Occidente y Sur Global. Tener esa mirada más auténticamente global del fenómeno ayudaría, en sentido intelectual y práctico, a su comprensión y combate en estas horas oscuras cuyas urgencias alerta Forti en el prólogo de su obra.

Los “osos polares verdes”: la extinción silenciosa

Eloisa Lasso De Paulis
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Los “osos polares verdes”: la extinción silenciosa

Hace millones de años, un meteorito acabó con el 75% de las especies del planeta, incluyendo los dinosaurios. Hoy estamos en medio de otra extinción masiva, pero esta vez el meteorito somos nosotros: los humanos.

Una extinción masiva ocurre cuando un gran número de especies de distintos reinos desaparecen en múltiples regiones en un corto tiempo geológico. Actualmente, la tasa de extinción es mil veces mayor de lo que sería sin la intervención humana.

Cuando pensamos en especies en peligro, rápidamente visualizamos osos polares, jaguares o ballenas. Pero, ¿alguna vez pensamos en plantas? Probablemente no, y esto tiene un nombre: “ceguera vegetal”. Esta incapacidad para ver y conectar emocionalmente con las plantas ―no son peluditas ni nos miran con lindos ojos― nos hace ignorar que ya ha desaparecido casi el doble de especies de plantas que de mamíferos o aves. Es hora de cambiar la narrativa y reconocer a los “osos polares” del reino vegetal, antes de que sea demasiado tarde.

Los servicios esenciales de las plantas que pasan desapercibidos

¿Por qué deberíamos preocuparnos? Sencillo: imagina un mundo sin chocolate o café. Imagina una fiesta sin tequila o ron. Piensa en un paisaje sin plantas. ¡O sin música! Sí, el material del que están hechas las guitarras, maracas y tambores viene de plantas. Imagina quedarte sin comida, o, más grave aún, sin oxígeno. Todo eso sería un mundo sin plantas. Y muchas de ellas, como el cacao, ya están en riesgo debido al cambio climático y la deforestación. 

Esta tormenta de extinción no solo amenaza con eliminar alimentos y productos que valoramos, como el chocolate o el café, sino que también provocará una homogeneización de la flora mundial. Esto resultará en la pérdida de ecosistemas y de servicios esenciales que nos proporcionan.

Las plantas, a menudo sin que lo notemos, nos proveen de una vasta cantidad de servicios. Los bosques de manglares, por ejemplo, nos protegen de huracanes y tormentas. Los árboles de los bosques absorben agua del suelo y la transpiran en forma de vapor; liberan miles de litros diarios, creando los llamados “ríos voladores” que transportan el agua necesaria para que llueva en nuestros cultivos, lagos y reservas. Además, las flores sustentan a comunidades de polinizadores, sin los cuales no podríamos producir los frutos y vegetales que consumimos. Las raíces de las plantas retienen el suelo, reduciendo la erosión, y sus hojas nos proporcionan sombra y absorben CO2 de la atmósfera, regulando el clima.

Realmente solo conocemos la punta del iceberg porque solo entendemos bien las especies que usamos, y estas representan solo una octava parte de las aproximadamente 400.000 especies de plantas que han sido descubiertas. Sin mencionar las especies que no hemos descubierto aún y están viviendo en el silencio de los bosques, y quizás desapareciendo antes de que las conozcamos. Algunos científicos han estimado que habría alrededor de 100.000 especies por descubrir. Algunas podrían tener el potencial de curar el cáncer, o incluso ser claves para sobrevivir en otros planetas, pero corremos el riesgo de perderlas sin siquiera saberlo.

La Lista Roja de la UICN: un barómetro de la biodiversidad 

Saber cuántas se han extinto o cuántas están en peligro es un desafío monumental. Muchas especies solo han sido colectadas un par de veces; están en herbarios y por eso sabemos que existen. Pero poco sabemos sobre su estado en la naturaleza o sobre su vulnerabilidad ante el cambio climático, o sobre el estado de las otras especies de las que dependen. En estos momentos, una retroexcavadora podría estar destruyendo los últimos individuos de una especie vegetal única. Es una carrera contra el reloj.

Aquí es donde entra la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), que funciona como un barómetro de la biodiversidad. Así como un barómetro mide los cambios en la presión atmosférica para predecir tormentas, esta lista mide el estado de las especies del planeta, alertándonos cuando la presión de la extinción está aumentando. Sin embargo, hasta ahora solo se han evaluado unas 71.000 especies de plantas de las casi 400.000 que hay en el planeta. Es decir, ¡solo el 18 % ha sido evaluado! De ese pequeñísimo grupo de plantas evaluadas, unas 27.000, el 38 %, está bajo alguna categoría de amenaza. O sea, el barómetro nos indica que ya estamos en medio de la tormenta.

El funcionamiento de los ecosistemas depende de la interacción de muchas especies. Perder algunas puede desencadenar extinciones en cadena si otras plantas o animales dependen de ellas. Pretender salvar solo una especie, o unas pocas, es como intentar salvar a un paciente solo cuidando el corazón y los riñones, pero dejando morir el hígado y los pulmones. A largo plazo, esa estrategia no funcionará.

El cocobolo: una especie al borde de la desaparición por la sobreexplotación y el tráfico ilegal

En América Latina solo se ha evaluado una pequeña fracción de la flora. En países como Argentina y Chile, menos del 10 %; en la mayoría de países, menos del 25 %. Incluso así, varios países tienen más de 1.000 especies amenazadas . Es imperativo acelerar los estudios para conocer qué otras especies están en peligro.

Un ejemplo en la región es el del cocobolo (Dalbergia retusa), cuya madera rojiza y veteada se ha utilizado para fabricar muebles finos, artesanías y hasta instrumentos musicales. Debido a la alta demanda de su valiosa madera ―un árbol puede costar hasta 10.000 dólares―, el cocobolo ha sido explotado intensamente. Además, la expansión de la agricultura y la ganadería ha reducido significativamente su hábitat, el bosque seco. Se estima que se ha perdido más del 80 % de las poblaciones de cocobolo. Si no tomamos medidas urgentes, esta especie podría desaparecer.

En un esfuerzo por evitar la sobreexplotación del cocobolo, esta especie fue catalogada como en peligro crítico en la Lista Roja de la UICN y protegida bajo el Apéndice II de CITES, lo que regula su comercio. Esto significa que se requiere un permiso especial para exportar su madera. Sin embargo, la tala y comercio ilegal sigue amenazándola. Por ejemplo, en Panamá hay redes criminales dedicadas a su tráfico. Solo entre 2020 y 2022 se decomisaron unas 3.000 tucas (trozos de madera) de cocobolo, en el 2023, 300, y hace un par de meses se incautaron 4 contenedores con madera ilegal. Quién sabe cuántos árboles más se trafican sin ser detectados. Es claro que siguen vaciándose los bosques de cocobolo.

Salvemos a los “osos polares verdes” antes de que sea demasiado tarde

Ante la crisis de extinción que estamos enfrentando, es evidente que necesitamos una combinación de estrategias para garantizar la preservación a largo plazo de nuestros “osos polares verdes”. En el caso de especies de uso comercial, es fundamental regular su explotación y comercialización. Para especies que no conocemos o no usamos, la investigación científica es urgente. Los botánicos deben explorar áreas poco estudiadas para registrar o descubrir especies que aún desconocemos, y contribuir a censar las que conocemos. El estado debe protegerlas. Los ecólogos debemos estudiar sus necesidades y relaciones con otras especies para entender cómo conservarlas. 

La preservación de especies en jardines botánicos y bancos de semillas, nuestras “arcas de Noé”, es clave para restaurarlas si desaparecen. Sin educación, investigación y apoyo comunitario y gubernamental no podremos revertir la extinción. Está en nuestras manos decidir si seguimos siendo el meteorito o si nos convertimos en guardianes de la biodiversidad.

*Un texto producido en conjunto con el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Las opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las de sus organizaciones.

Las criptofinanzas: ¿un campo virtual minado?

Henry M. Rodríguez
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Las criptofinanzas: ¿un campo virtual minado?

El crecimiento exponencial de las criptomonedas ha marcado un punto de inflexión en el sistema financiero global, y ha transformado tanto las oportunidades de inversión como sus riesgos asociados. 

Mientras algunos ven en ellas un medio para acceder a nuevas formas de intercambio y almacenamiento de valor, los problemas ligados a su uso indebido vienen generando gran preocupación. Al facilitar transacciones rápidas y anónimas, las criptomonedas se han convertido en una plataforma ideal para la proliferación de actividades ilícitas como el lavado de dinero, la evasión fiscal o la financiación del terrorismo, entre otras. 

Tan vertiginoso ha sido su auge que los marcos regulatorios existentes no han podido seguirle el ritmo. Como es de esperar, ante la ausencia de una legislación global coherente, los esquemas fraudulentos y las ciberestafas también han ido en aumento. Según la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), en 2023 se reportaron más de 69.000 denuncias de fraudes relacionados con criptoactivos, con pérdidas estimadas de más de 5.600 millones de dólares. Estas estafas suelen incluir esquemas piramidales, ofertas iniciales de monedas fraudulentas y plataformas de inversión falsas que prometen ganancias extraordinarias a los inversores, quienes terminan perdiendo sus fondos sin posibilidad de recuperarlos. 

Por su parte, de acuerdo con un informe de la Financial Crime Academy, en 2022 se enviaron alrededor de 24.000 millones de dólares en criptomonedas a destinaciones ilícitas, lo que refleja la magnitud del desafío que representa el uso de estos activos en actividades criminales.

Es un desafío de fondo. La falta de transparencia y los vacíos regulatorios asociados con el uso de criptoactivos están incrementando los riesgos, tanto para los inversores como para las instituciones financieras. Por su parte, el anonimato que proporcionan estos activos digitales facilita que las organizaciones criminales y estafadores hagan transferencias sin necesidad de intermediarios y que circulen fondos ilícitos sin dejar un rastro claro.

Este fenómeno supone una amenaza latente para la seguridad global, pues los delincuentes logran mover fondos a través de múltiples jurisdicciones sin ser detectados. Al mismo tiempo, los instrumentos regulatorios actuales resultan insuficientes para procesarlos judicialmente. Además, la falta de conocimiento sobre medidas de seguridad por parte de los usuarios de criptomonedas los expone a ataques, lo que permite a los criminales acceder a sus claves y apropiarse de sus activos.

En este contexto, la negligencia individual es solo una parte del problema. La verdadera amenaza radica en la ausencia de una regulación más estricta, en la falta de cooperación internacional para mitigar los riesgos asociados a la expansión del mercado de criptoactivo, y en la poca preparación en el entendimiento de estas dinámicas.

Por ende, es necesario priorizar la comprensión general de las criptomonedas, con todas sus repercusiones. La estabilidad y seguridad del sistema financiero, tanto público como privado, dependen de asumir un enfoque proactivo para mitigar los efectos, directos e indirectos, de esta actividad. De no adoptar decididamente medidas preventivas adecuadas, podríamos quedarnos rezagados en un escenario económico en rápida evolución, en el que la innovación tecnológica está redefiniendo las reglas del intercambio financiero y, al mismo tiempo, aumentando la vulnerabilidad ante las amenazas emergentes.

Por qué las criptomonedas generan tanta preocupación

A diferencia de los instrumentos financieros tradicionales, como las acciones o los bonos, las criptomonedas no están respaldadas por ningún gobierno ni institución financiera, lo que aumenta su inestabilidad. Además, la posibilidad de perder el acceso a los fondos si se olvida la clave de una cartera digital añade otro nivel de riesgo para los usuarios. Estos elementos, junto con la falta de un marco regulatorio sólido, han creado el ambiente perfecto para que estafadores y ciberdelincuentes operen sin consecuencias claras.

Una de las estafas más comunes relacionadas con las criptomonedas es el esquema Ponzi, en el que los estafadores prometen altos retornos a los primeros inversores, utilizando el dinero de nuevos inversores para pagarles. Este esquema es insostenible a largo plazo, y cuando colapsa, deja a miles de víctimas sin sus ahorros. Otras tácticas incluyen la creación de plataformas de inversión falsas que imitan a sitios legítimos, engañando a los usuarios para que transfieran fondos. Además, las aplicaciones de citas se han convertido en un terreno fértil para los estafadores, quienes se hacen pasar por interesados románticos para manipular emocionalmente a sus víctimas y persuadirlas de invertir en criptomonedas.

Pero el uso de criptomonedas no solo es atractivo para los delincuentes que buscan individuos incautos; también ha captado la atención de actores gubernamentales que buscan utilizar estos activos para evitar sanciones económicas. Casos como el de Corea del Norte han puesto de manifiesto cómo algunos gobiernos están explotando la naturaleza descentralizada de las criptomonedas para financiar programas ilícitos, como el desarrollo de armas nucleares. Esta realidad subraya la necesidad de que los gobiernos internacionales cooperen en la creación de políticas públicas que puedan rastrear y bloquear el uso ilícito de los criptoactivos.

El desafío regulatorio

Sin embargo, las criptomonedas no son inherentemente malas. Su tecnología subyacente, conocida como blockchain, tiene un inmenso potencial para transformar múltiples industrias, incluidas las finanzas, la salud y la logística. Esta tecnología permite transacciones transparentes y seguras, y tiene la capacidad de reducir costos y mejorar la eficiencia en diversas áreas. No obstante, el riesgo de abuso es real, y sin la intervención adecuada de los gobiernos, los delincuentes seguirán explotando estas plataformas.

Es por ello que la creación de un marco regulatorio que permita el desarrollo seguro y responsable de las criptofinanzas es urgente. Tanto los gobiernos como las instituciones financieras requieren implementar acciones colaborativas para desarrollar soluciones que puedan rastrear transacciones sospechosas, prevenir el lavado de dinero, identificar patrones irregulares, o alertar a las autoridades sobre posibles actividades ilícitas. Al mismo tiempo, es primordial educar al público sobre los riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas, para que los usuarios puedan tomar decisiones informadas y evitar caer en estafas.

Aunque no sea un reto fácil de abordar, sí es imperativo que las criptomonedas sean vistas como un tema de riesgo público, tan serio como para ameritar su inclusión en la agenda pública. Más que sofocar las características de innovación y practicidad de las criptomonedas, lo que se debe garantizar es que se utilicen de manera segura y responsable. 

Estamos hablando de una adopción de políticas públicas que protejan tanto a los consumidores como a las instituciones. Estamos hablando de una necesidad inaplazable. En última instancia, solo un enfoque multilateral y coordinado podrá mitigar los riesgos asociados a las criptomonedas y permitir que su potencial transformador se despliegue de manera positiva en la economía global.

Finalmente, el desarrollo de políticas efectivas tendrá que basarse en la cooperación entre gobiernos, organismos internacionales y la industria tecnológica. Una colaboración integral que permita cerrar las lagunas jurídicas y ofrecer un marco regulatorio adecuado, enfocado en favorecer la transparencia y la seguridad en el uso de criptoactivos. 

Reconozcámoslo. Las criptomonedas, más que una moda pasajera, son un avance tecnológico que ha llegado para quedarse, pero es responsabilidad de los gobiernos asegurarse de que su impacto sea positivo y seguro para todos los actores involucrados.

Uruguay rumbo a un balotaje reñido e incierto

Daniel Supervielle
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Uruguay rumbo a un balotaje reñido e incierto

La primera vuelta de las elecciones nacionales (27 de octubre) dejó el camino hacia el balotaje y al descubierto la existencia de dos bloques políticos bien definidos y en pugna por el futuro de un país que parece rechazar las polarizaciones extremas y la violencia política.

Con una participación superior al 90%, los uruguayos reafirmaron su tradición democrática. No hubo denuncias de incidentes ni actos de violencia durante la jornada, lo que consolidó una vez más la imagen de estabilidad política que caracteriza al país.

Sin embargo, lo más interesante de este ciclo electoral no son las figuras en competencia —dos candidatos de perfil moderado y con dilatada trayectoria pública—, sino lo que cada uno representa en términos de modelos de gestión y visión de país.

Uruguay, fiel a su pragmatismo, se volvió a dividir entre dos bloques sólidos electoralmente: por un lado, el Frente Amplio, que aglutina a la izquierda bajo una bandera unificada; por otro, la Coalición Republicana, un conglomerado de partidos de centroderecha que busca continuar el rumbo trazado por el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Fórmulas de función pública

El balotaje del 24 de noviembre no será una disputa entre un candidato outsider y otro del sistema, sino entre dos hombres con amplia experiencia política. Tanto Orsi como Delgado han recorrido un largo camino en sus respectivos partidos. Orsi, como intendente del departamento de Canelones, se ha consolidado como una figura de destaque en el FA. Delgado, por su parte, fue senador y ocupó el cargo de secretario de la Presidencia bajo la administración de Lacalle Pou, convirtiéndose en uno de sus hombres de mayor confianza.

La campaña ha sido relativamente tranquila, sin grandes sobresaltos, y ambos candidatos han mantenido un perfil bajo en los medios. Sin embargo, el verdadero trasfondo de esta elección va más allá de sus personalidades. Lo que está en juego es la continuidad o el cambio del modelo de gestión que ha prevalecido en los últimos cinco años. La ciudadanía deberá decidir si ratifica el rumbo que ha seguido el país con la CR o si opta por regresar a un gobierno del FA, que estuvo en el poder entre 2005 y 2020.

Coalición Republicana

En la primera vuelta, la CR sumó el 47,3% de los votos, mientras que el FA obtuvo el 43,9%. Esto marca una recuperación de más del 4% para la izquierda en comparación con las elecciones de 2019, pero no fue suficiente para alcanzar la mayoría que esperaban. Por otro lado, los resultados evidencian un reacomodo dentro de la Coalición Republicana, ya que Cabildo Abierto, uno de sus partidos aliados, perdió sus tres bancas en el Senado, mientras que el Partido Colorado recuperó dos.

Este cambio en la configuración de fuerzas dentro de la CR tiene consecuencias importantes para la forma de negociar y el liderazgo de Delgado, quien deberá gestionar nuevas dinámicas si logra acceder a la presidencia: su principal interlocutor serán los colorados.

A pesar de estos ajustes internos no menores en la CR, Delgado ha quedado bien posicionado para el balotaje, con un respaldo significativo gracias a la gestión de Lacalle Pou, que mantiene una popularidad superior al 50%.

Por su parte, la votación de Gustavo Salle, un candidato antisistema que creó el partido Identidad Soberana, caracterizado por oponerse abiertamente a la agenda 2030 y a las vacunas del COVID-19, generó sorpresa. Su performance le valió dos escaños en Diputados, lo que podría complicar la aprobación de futuras leyes. Salle ya ha adelantado que votará anulado en el balotaje, lo que refuerza la incertidumbre sobre los resultados finales.

Poco clima de cambios

En las generales de Uruguay también se votaban dos plebiscitos. Uno contra la reforma de la seguridad social realizada por la administración de Lacalle Pou y otro para aprobar la posibilidad de realizar allanamientos nocturnos en las casas bajo orden de un juez. Ambos no lograron el 50% para ser aprobados. Más allá de las cifras, el contundente rechazo al plebiscito sobre la derogación del actual sistema de pensiones celebrado fue un indicador claro de hacia dónde parece inclinarse la mayoría del país. El revés con más del 60% de las voluntades en contra de la derogación impulsada por la central obrera y los sectores más radicales de la izquierda refuerza la idea de que los uruguayos prefieren mantener la estabilidad del rumbo.

Este plebiscito representó una clara victoria para Lacalle Pou, quien defendió una reforma a todas luces impopular pero necesaria, que incluyó entre otras cosas el aumento de la edad jubilatoria de 60 a 65 años.

La izquierda

A pesar de que el oficialismo con Delgado a la cabeza salió bien parado de la primera vuelta, no es ni por asomo garantía de triunfo en noviembre. El FA cuenta con una base electoral sólida, y su líder, Yamandú Orsi, tiene el apoyo explícito del expresidente y líder del Movimiento de Participación Popular, José “Pepe” Mujica, quien sigue siendo una figura influyente en la política uruguaya.

El FA logró asegurarse 16 bancas en el Senado. Esa mayoría simple le otorga una capacidad de veto sobre decisiones clave, como el nombramiento de embajadores o el ascenso de generales en el Ejército, lo que no es menor.

Ambos bloques enfrentan un desafío mayor hacia el balotaje: movilizar a los votantes del otro bloque o a los que votaron en blanco o anulado en la primera vuelta. Estos electores tendrán la llave para definir el resultado en noviembre.

Por otro lado, Delgado cuenta también con la ventaja de representar a un gobierno que, en general, es bien valorado por la mayoría de la opinión pública. También a su favor la percepción de que no hay un ambiente de cambio en el país. Orsi, por otro lado, deberá convencer de que su proyecto de gobierno representa una renovación, pero sin caer en los discursos radicales populistas tan tentadores por estos días en América Latina.

Cuatro semanas decisivas

Las próximas semanas hacia el balotaje serán decisivas. La capacidad de ambos candidatos para captar votos fuera de sus bases tradicionales, sumada a un debate obligatorio al que deben acudir los dos candidatos, marcará el rumbo y el destino de la campaña.

Al cierre de la noche de la primera vuelta hubo alegría en filas coalicionistas y caras preocupadas entre los opositores del FA. Unos festejaron con cautela, otros respiraron hondo y se dedicaron a analizar los números finos que tampoco son malos. El final es incierto y define un electorado no cautivo muy volátil e impredecible. Los dados no están echados. En estos momentos se agitan nerviosamente en el vaso.Lo que parece quedar claro es que, gane quien gane en noviembre, Uruguay seguirá demostrando al mundo su compromiso con la democracia y la estabilidad institucional.

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