Las claves del sostenimiento de Maduro

¿Cómo es posible que hoy día pueda cometerse un grosero fraude electoral como el fraguado en Venezuela? ¿Cómo es posible que un régimen político pueda mantenerse en pie tras cometer tamaña felonía? Preguntas como estas han dado la vuelta al mundo en las últimas semanas. Y no parecen tener una respuesta plausible. Sin embargo, por muy increíble que parezca la situación, pueden sondearse las claves que explican la sostenibilidad del régimen ilegítimo de Maduro. Examinemos algunas de ellas.

Posesión de una base social de apoyo (menguante). El régimen de Maduro no está aislado socialmente. Existe el viejo mito de que las dictaduras carecen de base social de apoyo, algo que la realidad demuestra continuamente erróneo. Desde Franco hasta Pinochet, por mencionar dictadores reconocidos, no carecieron de una base social considerable, sobre todo al inicio de su régimen. 

En el caso del régimen chavista, pueden percibirse los dos componentes tradicionales: el apoyo social de una ciudadanía común que ha sentido en algún momento simpatía por el frontispicio bolivariano del gobierno, y el apoyo de minorías militantes, encuadradas cada vez más en destacamentos de choque. Es evidente que en la actualidad se ha reducido notablemente la población simpatizante, lo que ha aumentado la relevancia de los núcleos militantes de activistas. Los últimos comicios indican que el régimen de Maduro cuenta todavía con un cuarto del padrón electoral, lo cual significa que habría perdido rotundamente las pasadas elecciones pero que todavía puede llenar alguna que otra plaza con grupos de militantes.

Apoyo de unos poderes fácticos mínimamente cohesionados. Maduro cuenta con una arquitectura institucional conformada por su antecesor, con personal operante y adherente, que compone las jerarquías de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial cuyos mandos están dispuestos a respaldar corrupciones políticas de distinta consideración, tanto por usufructuar de ellas como para evitar la incertidumbre que supondría la caída del régimen. También cuenta con el apoyo de la actual cúpula militar, aunque la actitud de los oficiales jóvenes que pusieron en marcha el Plan Venezuela, que evitó la destrucción de las actas en los colegios electorales, indica que no todos los efectivos militares están convencidos de apostar por un futuro chavista.

Un poderoso factor aglutinante, no directamente ideológico, guarda relación con el temor de los mandos políticos y militares de que, inevitablemente, se enfrentarían a represalias tras la caída de Maduro. Y los esfuerzos de la oposición para que el gobierno acepte la derrota electoral a cambio de garantías de que no habrá revancha no son creíbles para los personeros del régimen o siguen percibiendo un alto riesgo al respecto.

Mantenimiento de un cierto grado de adherencia ideológica. La ideología que aglutina los diferentes componentes del régimen tiene dos referentes. Uno específico procedente de la revolución bolivariana de su fundador Chávez, que recoge la pulsión soberanista y antiimperialista del pasado, para asociarla a una perspectiva socialista de cambio social. Y otro componente, más difuso, que es una herencia directa de la cultura política autoritaria que permeó a la mayoría de la izquierda latinoamericana del siglo XX. La esencia de esta cultura política consiste en despreciar el valor de la democracia, considerada como una nota bene de la revolución social. Esta cultura política todavía se mantiene en partidos importantes de la izquierda comunista o radical en la región. El Frente Sandinista nicaragüense y el MAS boliviano son buenos ejemplos de ello. Pero el referente último sigue siendo el Partido Comunista cubano. Es por tanto un acto de coherencia que estos partidos hayan aceptado automáticamente el fraude electoral en Venezuela. 

Posesión de importantes apoyos internacionales (autoritarios). Se afirma que el régimen del Maduro se encuentra aislado internacionalmente. Pero eso es una verdad parcial. El actual gobierno venezolano tiene el apoyo de los regímenes autoritarios de la región y fuera de ella cuenta con la alianza de potencias mundiales como China y Rusia, además de algunos gobiernos autoritarios de segunda fila, como Irán o Corea del Norte. En la actual coyuntura internacional, el régimen de Maduro es un claro rentista de lo que se ha venido en llamar el regreso de la Guerra Fría. Ello no significa que no sufra los efectos del aislamiento en buena parte del mundo occidental, pero resulta conveniente no extrapolar esta circunstancia.

En suma, una revisión de las claves del sostenimiento del régimen de Maduro muestra que su caída no es algo precisamente fácil. Ante esta evidencia, se hacen diversos planteamientos para conseguirla. Un segmento de la oposición, sobre todo en el exilio, se inclina por soluciones violentas (atentados, invasión, etc.). Pero existe un amplio consenso acerca de que ello justificaría todavía más la represión violenta del régimen, aglutinando más a los poderes fácticos. Otro sector, de sentido opuesto, plantea que hay que seguir aceptando la realidad chavista, a la espera de la eventual creación de condiciones favorables para una negociación. Quizás el exponente más conocido de esta orientación sea el dirigente del PSOE Rodríguez Zapatero, pero también hay partidarios en la izquierda brasilera y colombiana que presionan a sus gobiernos para que suavicen su crítica al gobierno de Maduro.

Finalmente, existe un amplio sector democrático y progresista que es partidario de mantener una firme demanda por la transparencia del resultado electoral, mientras busca una estrategia robusta para debilitar el régimen de Maduro. Este planteamiento exige un esfuerzo considerable de la oposición interna, que enfrenta todos los recursos que posee Maduro para mantenerse, al mismo tiempo que eleva la presión internacional. También exige un proceso de acuerdos específicos articulados y un uso adecuado del tiempo. Y, sobre todo, leer acertadamente las señales que surjan de improviso. Hay que recordar que, en muchos casos, se ha probado la validez de aquel proverbio eslavo que dice que el pescado siempre se pudre por la cabeza. No es exagerado pensar que muchos cuadros del régimen perciben cada día más que no habrá un futuro chavista para Venezuela.

Quién es quién en las fórmulas de la campaña en Estados Unidos

Varios días antes de ser anunciado como compañero de fórmula de la demócrata Kamala Harris, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, se hizo famoso por una frase que pronunció durante una entrevista en el programa Morning de MSNBC: “These guys are just weird” (ellos son raros). Se refería a la dupla adversaria republicana, conformada por Donald Trump y James (JD) Vance. La expresión “weird” encendió las redes sociales y revitalizó la alicaída campaña demócrata, que enfrentaba los tropiezos del partido gobernante ante un Trump que parecía imbatible hacia el 5 de noviembre.

La carrera electoral estadounidense se ha vuelto desconcertante desde que el presidente Joe Biden cediera su candidatura a favor de su vicepresidenta Harris. Inicialmente, no era vista como una figura fuerte. Su gestión insípida y su posición secundaria en el debate político parecían haber soterrado su presunta ambición presidencial.

El ascenso de Harris

Inesperadamente las encuestas empezaron a darle la razón a la Convención Demócrata que postuló sin fisuras a Harris. No solo unificó al partido, sino que también atrajo más recursos a la campaña, incluyendo contribuciones de pequeños donantes, al igual que hizo Barack Obama en su momento estelar.

Desde que Biden abandonó la carrera presidencial el 21 de julio, las encuestas favorecen a Harris frente a Trump. Es una diferencia de escasos puntos, que el margen de error y el porcentaje de indecisos pueden distorsionar. Sin embargo, a algo más de dos meses de los comicios, lo relevante es que Harris puso en carrera a los demócratas. 

El camino es escarpado. Especialmente en los estados que protagonizan los principales campos de batalla: Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Nevada, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Sin embargo, ganar en estos territorios ya no parece un escenario imposible para Harris.

Fórmulas polarizadas

La campaña adquirió otro ritmo y a la vez, expuso más las divisiones culturales y la polarización en torno a los valores fundamentales de Estados Unidos, acentuadas por las diferencias generacionales. Trump, de 78 años, se convirtió en el candidato de mayor edad, incluso en términos históricos. Además, los compañeros de fórmula, Walz y Vince, contribuyen a la fragmentación en torno a las ideas sobre identidades y el significado del propio país. Es cierto que las divisiones ya estuvieron presentes en las dos elecciones anteriores. Pero ahora quedaron más acentuadas las diferencias culturales, sociales y generacionales.

Un Trump envalentonado

Donald Trump es el mismo líder de siempre, pero ahora parece fortalecido. Es probable que su aplastante victoria en la interna republicana y el escaso perjuicio electoral que le han provocado sus causas civiles y penales lo hayan convencido de que su prédica populista le permitirá retornar a la Casa Blanca. Ni siquiera aprovechó el intento de asesinato que sufrió durante un mitin como excusa para moderar su lenguaje, tan locuaz como ofensivo. 

Su voz antiinmigrante suena más fuerte que nunca. Propone terminar el muro en la frontera con México e iniciar un gran plan de deportación de inmigrantes sin papeles. Además, en sus actos, suele despreciar el cambio climático y las organizaciones multilaterales como la OTAN. A este repertorio, se suman duras críticas a la política económica de Biden.

El arquetipo de Vance

Como candidato a vicepresidente de los republicanos, JD Vance tiene sentido. Tanto por su actitud y desempeño proselitista como por la manera en que es percibido por los suyos. El joven postulante de 39 años, senador por Ohio, fue un antiguo crítico de Trump, convertido ahora en su primera espada. Más radical, en términos ideológicos, es quien recibe su legado.  

Nacido en un hogar monoparental y disfuncional de Ohio, criado por su abuela materna, estudió derecho en la prestigiosa Universidad de Yale e hizo un camino profesional en Silicon Valley, antes de convertirse en senador. Su fama llegó con el libro Hillbilly Elegy en 2016, un texto autobiográfico sobre su dura infancia en el Rust Belt (Cinturón de Óxido), que abarca estados del noreste y el medio oeste. Esta región, próspera en los 70’ y 80’, sufrió un declive debido a la desindustrialización, la globalización, la competencia extranjera y la automatización, lo que tuvo significativas implicaciones políticas, económicas y sociales.

Demócratas a la izquierda

Harris parece una persona diferente desde que se liberó del corsé que suponía la candidatura de Biden. Desde que su nombre comenzó a barajarse en julio como sustituta del presidente, su talante y lenguaje esperanzador han despertado el interés de una parte del electorado joven. Con 59 años, desde una perspectiva cultural y racial, representa la diversidad de Estados Unidos y a diferencia de Trump, Harris enfoca su discurso en la pluralidad social estadounidense, que también genera más simpatía en los votantes afroamericanos.

Abogada, con una extensa trayectoria como fiscal antes de ser senadora y vicepresidenta, Kamala Harris es de ascendencia india y afroamericana. Su competencia le otorga seguridad en su enfrentamiento con Trump y sabe aprovechar su condición de mujer con herencia multicultural para descolocar a Trump.

Reconocer los méritos de Harris no significa que no esté dejando flancos que el partido adversario podría aprovechar. Uno de ellos es su agenda económica de corte populista. Aunque sea bien intencionada, implica una mayor intervención del Estado y un aumento en el gasto público, mucho más profundo que las políticas implementadas por Biden durante la pandemia. 

Liberalismo del Medio Oeste

A diferencia de la apuesta de Trump, Harris optó por una figura complementaria. Aunque nació en Nebraska, Tim Walz, de 60 años, ha desarrollado su carrera en Minnesota. Fue profesor de geografía, entrenador de fútbol americano, y cuenta con larga trayectoria en la Guardia Nacional. Además, fue seis veces congresista en la Cámara de Representantes y dos veces gobernador.

Al frente de Minnesota, Walz exhibió una versión contrapuesto a la visión de Vance. Aumentó el presupuesto en la educación, expansión del programa de comidas escolares, la creación de un sistema de licencia familiar, la legalización de la marihuana, más controles en la adquisición de armas y el fortalecimiento del derecho al aborto.

Un flanco débil que podrían explotar los republicanos es la crítica que recibió como gobernador tras la muerte de George Floyd en junio de 2020, quien falleció debido a un procedimiento policial irregular. Lo cierto es que, por ahora, goza de una gran popularidad gracias a un estilo de comunicación atractivo para los votantes rurales del Medio Oeste.

Tras el voto hispano

Hasta el momento, parece que los demócratas están haciendo un mayor esfuerzo para atraer el voto latino. El Partido Demócrata ha tomado la delantera en incluir publicidad en español ya que es la minoría que más necesita ser movilizada hacia las urnas. En las elecciones de 2020, Biden captó el 59% de los sufragios de origen latino, con una participación de solo 16,5 millones, menos de la mitad de quienes estaban en condiciones de votar.

Los atributos de Harris pueden resultar más atractivos para los hispanos, incluso en comparación con Biden. Sin embargo, también es relevante el discurso de Trump contra la inmigración ilegal que puede atraer a la fuerza laboral hispana en regla, que teme la competencia de los indocumentados.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

Liderazgos femeninos de izquierda y derecha ante el fraude venezolano

Desde que empezó la campaña electoral venezolana, se impuso una narrativa según la cual el apoyo a María Corina Machado, líder de la oposición, y a Edmundo González Urrutia suponía estar a favor de la extrema derecha. Este argumento no es solamente simplista, sino que desconoce la magnitud de la crisis política venezolana.

Dentro de Venezuela, el apoyo al binomio Machado/González Urrutia por parte de un sector mayoritario de la oposición, el cual es plural y de distintas corrientes ideológicas, obedeció a la necesidad de presentarse en una plataforma unitaria frente al régimen autoritario de Nicolás Maduro. Incluso el Partido Comunista Venezolano (PCV), aliado tradicional del chavismo, no dio su apoyo al régimen sino al candidato Enrique Márquez, del partido Centrados.

¿Democracia o dictadura?

Una vez que en la madrugada del 29 de julio el presidente del CNE proclamó a Maduro como ganador de las elecciones presidenciales con el 51,2% de los votos y a González Urrutia en segundo lugar con el 44,2%, las reacciones no se hicieron esperar.

A medida que transcurrieron los días sin que se mostraran las actas electorales, con resultados contrarios a los que tenía la oposición, a los informes del Centro Carter y del Panel de Expertos Electorales de las Naciones Unidas, distintas personalidades e instancias internacionales se pronunciaron ante la grave crisis política de Venezuela. Nuevamente se quiso indicar que reconocer el fraude electoral era apoyar a la derecha, lo que está muy alejado de los hechos.

Estar a favor de la candidatura de Edmundo González Urrutia y de su triunfo electoral no significa que se apoye a Milei, Bukele, Trump y mucho menos a Netanyahu. Lo que ocurre en Venezuela no es la alternancia entre dos posturas ideológicas, una de izquierda y otra de derecha: es la lucha contra un régimen autoritario para retomar la vía democrática donde todas las corrientes ideológicas tengan cabida. Esta es la prioridad.

Desde la izquierda, una de las posiciones ante la grave crisis venezolana la han protagonizado quienes le dan preeminencia al respeto a los derechos humanos y a la democracia y han manifestado su claro rechazo a la autoproclamación de Maduro como presidente, como el caso de Gabriel Boric y la senadora Isabel Allende, entre otras personalidades. Incluso la exmandataria argentina Cristina Fernández, aliada tradicional del chavismo, pidió que se publicaran las actas.

Estas posturas suponen la existencia de una izquierda renovada, alejada de solidaridades automáticas, que rechaza tanto las medidas antidemocráticas de Milei o Bukele como las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua, Cuba y Rusia.

Sin embargo, hay otras izquierdas que, bien sea por intereses personales, como el caso de Zapatero y Monedero en España, o porque se quedaron con la visión del equilibrio bipolar de la Guerra Fría, miran hacia otro lado ante la situación de Venezuela, o claramente apoyan a la dictadura de Maduro, como es el caso de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y los presidentes de Bolivia, Cuba y Nicaragua. También lo respaldan Rusia e Irán.

En el grupo que mira hacia otro lado, apoyando subrepticiamente a Maduro, se encuentran, lamentablemente, varias mujeres lideresas de quienes se esperaban posiciones más claras a favor del respeto a los derechos humanos, que oxigenaran a la izquierda tradicional.

Las mujeres de izquierda y la crisis venezolana

Una de estas mujeres es la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, quien no solo indicó que no le correspondía a ella pronunciarse sobre la situación de Venezuela, sino que era una decisión de la población y de los organismos internacionales. 

Cabe destacar que al informe del Centro y del Panel de Expertos Electorales de las Naciones, que niega el carácter democrático y legítimo de los resultados electorales en Venezuela, hay que agregar lo que manifestaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE). Ambas describieron prácticas de terrorismo de Estado cometidas por el gobierno de Maduro, “en un contexto de absoluta desprotección y vulnerabilidad frente a los abusos del poder respecto de los cuales no existen recursos de tutela, toda vez que los organismos de control responden al régimen y hacen parte de la estrategia represiva del Estado”.

Sin embargo, la presidenta electa de México no solo no manifestó ninguna opinión, sino que fuentes periodísticas señalaron que Maduro está invitado a su proclamación presidencial en octubre. En esta misma línea se puede mencionar a la actual vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, la abanderada de los “nadie” —lo que hace referencia a la población colombiana en una situación histórica de exclusión—, quien indicó que no sabe lo que pasó en el vecino país porque no está en Venezuela. Tampoco está en Gaza y correctamente se ha pronunciado contra el genocidio palestino, pero no puede ver lo que pasa al lado, aunque tiene 2.900.000 venezolanos en su territorio que se lo pueden contar porque “huyeron” de un régimen autoritario. 

En el caso de Venezuela, son los “nadie” —la mayoría que antes era chavista— quienes se pronunciaron el 28 de julio contra Maduro, quienes salieron a protestar masivamente el 29 de julio y fueron reprimidos de forma violenta por las fuerzas militares del régimen. Son los “nadie” los que ya no aguantan más la situación interna. Son los “nadie”, sin recursos, quienes seguirán emigrando, sin importar los controles fronterizos que se implementen y quedándose en Colombia ante la situación que se vive en Venezuela.

Es cierto que María Corina Machado pertenece a la élite tradicional venezolana, pero hoy día la élite más poderosa de Venezuela, la que concentra el poder económico y político, está en Miraflores, con unos apellidos que destacan: Maduro, Cabello, Rodríguez, Padrino-López, entre otros.

La instrumentalización de la crisis venezolana por las lideresas españolas

En España la disputa por lo que ocurre en Venezuela desde el liderazgo femenino parece concentrarse en algunas mujeres. Por el lado de la derecha, están Cayetana Álvarez de Toledo e Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, quienes apoyan a María Corina Machado y al candidato Edmundo González Urrutia. A ambas se las escucha frecuentemente hablando de lo que ocurre, usando la situación para atacar a Pedro Sánchez y a su gobierno por no tener una posición más dura de rechazo al fraude electoral de Maduro. Esto se vio en la concentración de venezolanos en Madrid, el 18 de agosto de 2024, donde Ayuso, como presidenta de la Comunidad de Madrid, tomó la palabra y en su discurso arremetió contra Sánchez, instrumentalizando la crisis venezolana con fines electorales.

Por el lado de la izquierda está Yolanda Díaz, de Sumar, vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, quien desde el 29 de julio señaló que había que reconocer los resultados electorales porque eso era lo que hacían los demócratas, lo que la convierte en parte de esa izquierda de solidaridades automáticas, que no analiza las represiones, las violaciones de derechos humanos ni el fraude electoral.

En esa misma línea está Irene Montero, de Podemos, exministra de Igualdad del gobierno de Sánchez, quien, aunque pide —a regañadientes— que Maduro muestre las actas, acusa al Partido Popular de apoyar a “la derecha más golpista de América Latina”. De esta manera, coloca al actual mandatario venezolano como parte de la izquierda democrática, nada más lejos de la verdad.

Tanto Yolanda Díaz como Irene Montero se autoproclaman feministas, lo que implica la defensa de los derechos de las mujeres, ¡de todas las mujeres! Esos derechos que el régimen venezolano viola diariamente a millones. Como lo dijo fervientemente Washington Abdala, embajador de Uruguay ante la OEA: “Son los mismos derechos humanos, es la misma gente que está entregando vidas, sacrificios, todo. ¿Creen que hay ocho millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo?”.

Sinaloa, un territorio capturado

No hay estado, provincia, departamento, distrito o localidad en la región latinoamericana que pueda ser hoy más mediática que Sinaloa como en otro momento lo fueron Medellín o Cali. 

Esta región del noroeste mexicano de alrededor de 30.000 kilómetros cuadrados, bendecida por la naturaleza con sus once ríos, valles agrícolas generosos, más de 600 kilómetros de costas y la Sierra Madre Occidental, rica en recursos minerales y forestales, da trabajo y alimento a sus más de 3 millones de habitantes. 

Si bien estos rasgos naturales son suficientes para que se la reconozca como el granero y el gran productor de alimentos de México, no es por eso que se la reconoce en el mundo, sino por la referencia recurrente que tiene con el mundo del narcotráfico y sus capos legendarios, que ha sido motivo de mitos, corridos, películas, libros y series. 

Sin ir muy lejos, hoy Sinaloa está en el centro de la información de impacto por la captura, secuestro o entrega pactada, no se sabe a ciencia cierta, de capos del llamado Cártel de Sinaloa al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Ismael El Mayo Zambada García y Joaquín Guzmán López, hijo de la leyenda Joaquín El Chapo Guzmán, están en prisiones estadounidenses a la espera de juicios por tráfico de drogas en medio de una nebulosa información sobre lo que verdaderamente ocurrió el pasado 25 de julio en Culiacán, la capital del estado, cuando salió una avioneta Cessna con destino a Santa Teresa, Nuevo México, donde estaban esperándolos agentes federales para detenerlos y enviarlos a prisiones de El Paso y Chicago. 

Este suceso habría sido uno más de la colaboración entre las autoridades judiciales de México y Estados Unidos si no fuera porque, según el presidente López Obrador, no se le informó de la detención de Ismael Zambada, que es reconocido como el “jefe de jefes” del poderoso Cártel de Sinaloa, lo que deja una serie de interrogantes sobre si las detenciones fueron producto de una traición o las realizaron directamente agentes estadounidenses en territorio mexicano violando la soberanía nacional. O una mezcla de las dos. 

Durante dos semanas López Obrador estuvo exigiendo información al gobierno estadounidense sin obtener respuesta, lo que alimentó la sospecha de que los agentes federales habían actuado motu proprio. Eso llevó a que el embajador Ken Salazar saliera a decir a la prensa que su gobierno no había tenido nada que ver y que todo era producto de un secuestro de parte de Guzmán López en perjuicio de la libertad del llamado “jefe de jefes”. 

Al día siguiente, el abogado de Ismael Zambada da a conocer una carta firmada por su cliente donde narra lo ocurrido y coincide con lo expresado por Ken Salazar: que había sido sometido por pistoleros de Guzmán Salazar y que por la fuerza se le subió a la avioneta que lo llevaría a la frontera de Nuevo México. 

Pero dice algo más: que había sido convocado a una reunión en los suburbios de Culiacán con el gobernador Rubén Rocha Moya y el diputado federal electo Héctor Melesio Cuén Ojeda para mediar en el conflicto que los dos sostenían desde hace casi dos años en relación con el control político de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), lo que para el gobernador morenista sería la culminación de un proyecto autocrático de captura de las instituciones públicas del estado. 

Cuén Ojeda, de acuerdo con esta versión, habría sido asesinado en el contexto de la mencionada reunión, y lo mismo pudo haber sucedido con la escolta de Zambada García.  

Un comandante en funciones de la fiscalía general del Estado provocó especulaciones sobre todo cuando esta institución ofreció a la prensa un video donde unos sicarios motorizados presuntamente asesinan a Cuén Ojeda en una gasolinera del norte de Culiacán, que resultó un montaje de acuerdo con las indagaciones de la fiscalía general de la República. En ese documento visual se observa, además de los sicarios, a dos patrullas policiales con torretas encendidas, cuyos ocupantes no intervienen y se van ipso facto cuando ha ocurrido el asesinato del también ex rector de la UAS. 

Ante estos hechos, que han servido para señalar al gobernador Rocha Moya como narco político, el presidente López Obrador, la presidente electa Claudia Sheinbaum y el sindicato de gobernadores del partido Morena se han pronunciado inmediatamente en favor de su inocencia, lo que ha sido interpretado como una presión sobre la fiscalía general de la República, que ha atraído el caso para investigarlo ante el conflicto de interés que tiene el gobierno sinaloense por ser parte del problema de confianza. 

En definitiva, esa Sinaloa de los once ríos, la del verdor de sus valles, es escenario de una presunta traición en el mundo del narco, la expresión de la narcopolítica que ha propiciado la captura de territorio e instituciones y una crisis de confianza en las relaciones bilaterales de los dos países.

¿Puede haber democracia sin partidos políticos?

Existe una idea muy difundida y aceptada de que la democracia no es posible sin los partidos políticos. Hace décadas que se asegura que estas organizaciones están en crisis, pero pese a la intensificación de los síntomas de su enfermedad —supuestamente— crónica, no han desaparecido: los partidos se crean, a veces se destruyen y siempre se transforman.

Bajo el manto protector de este planteamiento sobre su indispensabilidad para el sostén democrático, se ha sido condescendiente con las deficiencias, defectos y desatinos que presentan estas —relevantes, ya se dijo— organizaciones políticas.

Es evidente una ausencia de democracia en su interior. Hay dirigentes, como en el caso mexicano, que los capturan y buscan seguir con el control, como en el caso del Partido Revolucionario Institucional; en otros, se busca heredar a algún cercano el cargo, como ocurre en el Partido Acción Nacional; en otros es notorio que funcionan como franquicias con dueño: Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo…

Los partidos políticos también son responsables de sostener gobiernos ineficaces, pues son ellos los que postulan a quienes ocupan los cargos de elección popular. Hay una falta de contundencia ciudadana cuando no se les recrimina lo que ocurre después de las elecciones: tendrían que responsabilizarse no solo del acceso al poder, sino también de la manera en la que se ejerce ese poder.

Empero, La centralidad y el control que tienen los partidos políticos de las decisiones que se toman en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial hace complicado que reciban los correctivos respectivos. El partidocentrismo como base de la retaliación potencial.

Apenas en el reciente proceso electoral en México, sin ir más lejos, desde el Instituto Nacional Electoral (todavía INE) se lanzó el mensaje de que lo que se espera es que estas agrupaciones, en algún momento, se abstengan de realizar acciones violatorias de la ley; eso como la principal aspiración antes que preferir una actitud sancionatoria: no privilegiar la imposición de una penitencia porque “el castigo no resolverá el problema”, se dijo.

En ese tono, el Consejo General de dicha autoridad electoral calculó multas por 1.564 millones de pesos (más de 80 millones de dólares), de los cuales 785,6 millones son producto de infracciones en el proceso federal. Los consejeros y consejeras decidieron ser laxos en los rubros de gastos no reportados y no comprobados, por lo que redujeron la sanción de esta última cifra a 330 millones. Una pichincha.

No cabe duda de que los partidos siguen cumpliendo con las funciones que de manera histórica les han sido encomendadas. El politólogo español Jordi Matas las sintetiza así: socialización política y creación de opinión; armonización de intereses; formación de élites políticas; canalización de las peticiones de la población, y reforzamiento y estabilización del sistema político.

¿Pero es el momento para plantearse, con seriedad, una democracia sostenida no solo en partidos políticos? En el núcleo de la democracia, donde se requiere de la participación de estas organizaciones, se encuentra la acción política, la implementación de una serie de actividades que tendrían como supuesto principal ver por el bien de la comunidad.

Así que el punto es que esta acción la desarrollan un conjunto de individuos, ya sea en solitario o en conglomerados. De manera que, entonces, si lo que importa es la acción y los individuos que la ejercen, lo de menos es el espacio organizativo en el que se encuentran alojados.

Si se toman como referencia los sistemas parlamentarios, los líderes partidistas y la propulsión más importante de dicha acción política se instalarían en el Congreso y con ello se podría aspirar a una presencia intermitente de los partidos: existencia temporal de los partidos, acción política permanente desde los cuerpos legislativos.

¿Estamos ya ante la posibilidad de contar con partidos políticos eventuales como lo había previsto Moisei Ostrogorski hace más de un siglo?: “¿No se ha indicado ya la solución que exige el problema de los partidos? ¿No consiste en eliminar en la práctica la costumbre de los partidos rígidos, de los partidos permanentes que tengan por fin el poder, y restituir y reservar para el partido su carácter esencial de agrupamiento de ciudadanos, formado especialmente para una reivindicación política determinada?”.

Pensar que Morena es el responsable de la continuidad de la llamada Cuarta Transformación en México es un error, es apenas el vehículo en el cual se concentraron los apoyos favorables al movimiento y en especial al presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2024.

Estamos a poco del advenimiento de un nuevo partido, que tiene entre sus líderes más visibles a quienes impulsaron la llamada Marea Rosa mexicana. ¿Será la solución para generar un contrapeso al oficialismo? Lo que es más, ¿podrá siquiera formarse y lograr el registro? Liderazgos añejos y fallidos para encabezar una organización política que pretende ser novedosa. Mal envite.

Así es como los falsos observadores pretenden legitimar el fraude en Venezuela

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha cometido un fraude masivo al anunciar resultados falsos para dar ganador a Nicolás Maduro, aunque, de acuerdo con las actas de escrutinio recopiladas por la oposición, que representan el 83,5% del total a nivel nacional, quien resultó electo fue el opositor Edmundo González, con más del doble de votos que Maduro.

Para intentar dar legitimidad a un proceso fraudulento, el CNE y la Cancillería invitaron a centenares de integrantes de movimientos sociales, asociaciones civiles y partidos afines al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en calidad de “observadores”, “veedores” o “acompañantes” internacionales, aunque no tenían ninguna preparación para ello.

De acuerdo con la Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional, la observación electoral internacional es “la sistemática, completa y exacta reunión de información acerca de las leyes, los procesos y las instituciones relacionados con la celebración de elecciones y otros factores atinentes al entorno electoral general; el análisis imparcial y profesional de dicha información, y la extracción de conclusiones sobre el carácter de los procesos electorales sobre la base de los criterios más exigentes en materia de exactitud de la información e imparcialidad del análisis”.

Sin embargo, la mayoría de los participantes del programa de “Acompañantes Electorales” organizado por el gobierno de Venezuela no tenían formación en materia de observación electoral, ni pretendían tenerla. Eran abiertamente afines al gobierno, y apoyaban la reelección de Nicolás Maduro.

Gran parte de ellos viajó a Caracas para participar en el encuentro II Alternativa Social Mundial: la organización de los pueblos es un factor para la autodeterminación, organizado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y celebrado días antes de las elecciones. 

Muchas de estas personas se mostraron activas en redes sociales antes, durante y después de la jornada electoral, asegurando que se trataba de unas elecciones que cumplían con los estándares democráticos, aunque reportes de la sociedad civil venezolana y de organizaciones como Transparencia Electoral advertían de las condiciones irregulares del proceso.

De acuerdo con la European Platform for Democratic Elections, la observación electoral falsa es “una forma de actividad política realizada por actores internacionales y dirigida a promover los intereses de los políticos y las fuerzas políticas imitando un monitoreo electoral creíble durante los procesos electorales” con el objetivo de encubrir el fraude electoral ante audiencias nacionales e internacionales, legitimar procesos electorales considerados ilegítimos por la comunidad internacional, deslegitimar y debilitar la institución de elecciones libres y justas y subvertir y/o relativizar los resultados de una observación electoral creíble.

Los falsos observadores electorales que viajaron a Venezuela usan sus redes de influencia para apoyar el fraude masivo del CNE y desconocer la voluntad de los venezolanos. Aunque la autoridad electoral no ha presentado las actas de escrutinio de las más de 30.000 mesas de votación, algo que debió ocurrir en las primeras 48 horas luego de la elección, los falsos observadores aseguran que los resultados anunciados por el CNE son verídicos y que las actas recopiladas por la oposición son falsas.

Un ejemplo es la declaración de casi 50 “veedores” españoles que viajaron a Venezuela, muchos de ellos de partidos como Sumar, Podemos y EH Bildu, en la que ratifican “el apoyo a la legitimidad, transparencia e integridad del proceso electoral venezolano organizado por el Consejo Nacional Electoral que arrojó como resultado la reelección del Presidente Nicolás Maduro”, sin importar que no se hayan publicado los resultados por mesa, que se hayan suspendido las auditorías al sistema informático o que la oposición haya publicado el 83% de las actas en las que queda clara la victoria de Edmundo González.

Otro caso lo encontramos en el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), una organización creada con fondos del estado venezolano en 2004 con el propósito de avalar sus elecciones. A diferencia del caso de los militantes de movimientos y partidos afines al chavismo, con el CEELA se buscó dar una apariencia técnica a la falsa observación electoral. La organización cuenta con el apoyo de exautoridades electorales de países de la región, encabezadas por Nicanor Moscoso, quien fue presidente del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador. 

En el historial del CEELA está, por ejemplo, un informe avalando la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela del año 2017, en el que concluye que “el proceso electoral tendiente a la elección de los integrantes a la Asamblea Nacional Constituyente 2017 de la República Bolivariana de Venezuela cumplió con los estándares internacionales y la legislación nacional, y se llevó a cabo en forma satisfactoria”; aunque la empresa que brindaba la tecnología para el sistema automatizado de votación denunció que los resultados fueron manipulados.

En esta ocasión, el CEELA también ha cumplido con su función de legitimar elecciones irregulares o fraudulentas. En vez de exigirle al CNE la publicación de las actas con las que anunciaron los resultados, como por ejemplo hizo el Centro Carter, Nicanor Moscoso expresó que es la oposición la que debe demostrar que hubo fraude.

Otro integrante del CEELA, Eugenio Chicas, exmagistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, consideró que “la oposición está un poco valentonada porque en realidad no han tenido una mala votación, al 80% del conteo ellos han tenido más de 4,4 millones de votos, eso es el 44%, que con un candidato tan malo como el que llevaban, y una oposición dividida en la papeleta, en realidad es una votación excelente”. 

Este tipo de declaración, en la que hace un análisis político e incluso descalifica al candidato opositor, deja claro que no son observadores imparciales sino agentes políticos que buscan, bajo la figura de la observación electoral, legitimar resultados fraudulentos.

La labor de los falsos observadores contribuye a la prolongación del conflicto, que ha dejado como saldo al menos 24 asesinatos y más de mil detenidos (más de 100 de ellos menores de edad) y que priva al país de la posibilidad de una transición hacia la democracia.

TikTok, la nueva forma de hacer política 

Actualmente vivimos la cuarta revolución tecnológica, y muchos mandatarios son conscientes de ello. Autores como Octavio Ianni o Ignacio Ramonet han postulado que, en un mundo interconectado por la tecnología, los gobiernos optan por cambiar sus estrategias de comunicación. Las redes sociales han obligado a los gobernantes a sumarse a estos canales.

Durante el siglo XX y la primera década del siglo XXI, los presidentes consideraban que la comunicación con su electorado solo se daba a través de mítines, propaganda física y mensajes televisivos. Sin embargo, con la aparición de los nuevos medios de comunicación, los políticos se vieron forzados a incursionar en las redes sociales y enfrentarse a nuevos escenarios para conseguir respaldo, pero también para la confrontación.

TikTok se ha convertido en uno de los productos más consumidos a nivel mundial. Si bien fue fundado en 2016, su auge se dio durante la pandemia de Covid-19, entre 2019 y 2022. Esta plataforma se caracteriza por la publicación de videos cortos y las trasmisiones en vivo, lo cual incentiva su consumo. Además, cuenta con una configuración algorítmica que se asocia a las preferencias del usuario.

Dentro de este tenor, varios mandatarios comenzaron a crear sus perfiles para poder llegar a un mayor número de personas. Ahora bien, el uso de las redes puede ser interpretado como la difusión de mensajes importantes o la perpetuación y reproducción de modelos autoritarios. En el libro Linchamientos digitales, Ana María Olabuenaga expone cómo estos canales no necesariamente democratizan la información, sino que el ciberespacio se ha convertido en la nueva arena política.

Por ejemplo, el expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso se hizo conocido no solo por haber competido tres veces en las elecciones, sino por su canal de TikTok, en el que contaba el día a día de su campaña y permitía que le hicieran preguntas sobre sus gustos y vida privada. Su técnica de publicar videos cortos con información puntual e incluso sumarse a los denominados trends impactó en su popularidad.

Incluso cuando asumió el poder, siguió comunicando por este medio; publicaba videos sobre el aumento de salarios, la recuperación de áreas verdes o las reuniones con otros líderes del mundo. Sin embargo, cuando estalló el escándalo por su presunta participación en la operación El Gran Padrino, con la que financió ilegalmente su campaña presidencial, la gente lo cuestionó en comentarios por este tema. Su gobierno terminó con la muerte anticipada, es decir, disolvió el Congreso, pero también renunció a la presidencia.

Su sucesor, Daniel Noboa, también se ha unido a la lista de mandatarios que usan esta red para enviar mensajes a la población, pero su canal está, sobre todo, lleno de videos editados con música que es tendencia. Al analizar el contenido, se puede ver que lo que Noboa busca es posicionar su agenda y temas de gobierno. Por ejemplo, se graba haciendo ejercicio y seguido de esto manda su apoyo a la delegación que compitió en los Juegos Olímpicos, o aparece con niños y lo aprovecha para hablar de la importancia que tienen para su gobierno.

Otro caso es el del autócrata venezolano Nicolás Maduro, quien también se ha sumado a TikTok para publicar videos en los cuales la base del chavismo lo respalda de acuerdo con los logros de su gobierno. Además, se ha vuelto célebre por la microserie Superbigote, en la que Maduro es un superhéroe que se enfrenta al capitalismo, a los banqueros y a la oposición. En cada capítulo destaca los valores de la revolución bolivariana y su política.

Pero la realidad es que esta estrategia también se le ha vuelto en contra tras los resultados de la polémica elección, que han generado protestas en todo el país. Justamente esta red sirvió para visibilizar el malestar venezolano, las movilizaciones, los cacerolazos y los eventos de la oposición. Ante este escenario, Maduro comenzó a propagar el discurso de que se trata de la derecha internacional y Estados Unidos intentando frenar la revolución mediante un golpe de estado; el autócrata llamó a desinstalar por 10 días WhatsApp y TikTok por supuestas amenazas.

Esto solo ha generado preocupación en la comunidad internacional, ya que Maduro lo que pretende es silenciar y aislar a Venezuela de los ojos del mundo para que no se sigan propagando imágenes de la represión y la violencia. Esto muestra que las redes sociales contribuyen a que los regímenes autoritarios ya no sean tan herméticos y sólidos, ya que están expuestos a que, con un solo clic o video, el mundo sepa de ellos. 

En Centroamérica, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha vuelto una celebridad no solo por su política de mano dura contra las pandillas sino por su habilidad para comunicar a través de las redes sociales. En su cuenta se dedica a publicar videos sobre la política de seguridad que ha implementado, acompañados de fragmentos de sus discursos contra los delincuentes, con el objetivo de popularizar su modelo, que ha sido halagado por diversos gobiernos del mundo.

También se ha vuelto popular porque varios influencers lo han entrevistado para abordar desde su deber público hasta su vida personal. Así, Bukele ha sido uno de los ejecutivos más beneficiados por las redes sociales. Su contenido se caracteriza por responder a quienes lo han criticado (como Nicolás Maduro) y promocionar obra pública y visitas de estado. 

Por último, también el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador abrió un perfil en esta plataforma para comunicarse con sus seguidores. En su canal se difunden canciones, figuras animadas de él y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y fragmentos de sus conferencias o cápsulas de historia. López Obrador creó su cuenta durante el proceso electoral para influir en la intención del voto, lo cual está prohibido por la ley, que establece que los servidores públicos no pueden hacer proselitismo. Sus críticos han señalado que con su perfil trata de limpiar su imagen, tras un mandato que se ha caracterizado por la erosión democrática y la destrucción institucional.

Tras exponer estos ejemplos, es posible entender que las campañas y los gobiernos se han sumado al ciberespacio no por gusto, sino por necesidad. El objetivo ya no es solo imponer temas en la agenda pública, sino generar gobernabilidad en sus países y, en algunos casos, reproducir los modelos autoritarios. 

En conclusión, excluir a redes sociales y plataformas como TikTok del análisis politológico es desconocer que la forma de ejercer el poder se ha modificado, lo que ha modificado a su vez nuestro campo de estudio. A esto se suman los nuevos fenómenos sociales que aparecen en este medio, como las noticias falsas, la desinformación y la posverdad, que han cobrado relevancia en la opinión pública.

Latinoamérica y el Caribe: la región con la dieta saludable más costosa del mundo

En la edición del 2024 del informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, conocido como SOFI y presentado por la FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS en Río de Janeiro, Latinoamérica y el Caribe se destacan por tener el costo más alto de una dieta saludable a nivel global, con un promedio de 4,56 dólares diarios por persona. Este dato resalta una profunda desigualdad en el acceso a alimentos nutritivos y plantea serias dudas sobre la viabilidad de alcanzar el ODS 2: Hambre Cero. 

La perniciosa situación del hambre y de inseguridad alimentaria

El panorama global de la seguridad alimentaria sigue siendo alarmante. En 2023, entre 713 y 757 millones de personas padecieron hambre, con África liderando las cifras de inseguridad alimentaria. A nivel mundial, una de cada 11 personas enfrenta esta realidad, y en África, una de cada cinco sufre hambre. 

Latinoamérica y el Caribe, aunque han logrado reducir significativamente la inseguridad alimentaria, no están exentas de desafíos. Los avances regionales no son suficientes para contrarrestar el estancamiento global en la lucha contra el hambre, y la realidad de la inseguridad alimentaria persiste. La región ha visto una reducción en los niveles de hambre, pero estos logros no reflejan una solución completa al problema mundial. La alta prevalencia de la inseguridad alimentaria en otras regiones, especialmente en África, demuestra la necesidad de un enfoque global más integrado para enfrentar este desafío persistente y garantizar la seguridad alimentaria para todos.

La asequibilidad de una dieta saludable y sus implicaciones

En 2022, el costo global de una dieta saludable aumentó a 3,96 dólares diarios por persona, impulsado por la inflación derivada de la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania. En Latinoamérica y el Caribe el costo es aún mayor, y alcanza los 4,56 dólares. Este aumento refleja el impacto desproporcionado de la inflación en la región, exacerbado por factores globales y resalta la urgencia de políticas más equitativas para abordar las disparidades en el acceso a alimentos nutritivos.

El alto coste de una dieta saludable en Latinoamérica y el Caribe plantea serias dudas sobre la posibilidad de lograr el Hambre Cero para 2030. El aumento en el precio de los alimentos ha acentuado las desigualdades, poniendo en riesgo la salud de millones de personas y limitando su capacidad para acceder a dietas nutritivas. Las proyecciones sugieren que, para finales de la década, la subalimentación crónica podría afectar a 582 millones de personas, subrayando la necesidad urgente de transformar los sistemas agroalimentarios a nivel global y regional.

Progresos y desafíos en la nutrición global

A pesar de algunos avances, como la reducción del retraso en el crecimiento infantil y el aumento de la lactancia materna exclusiva, el mundo sigue sin estar en camino de cumplir las metas globales de nutrición para 2030. La prevalencia del bajo peso al nacer y del sobrepeso infantil permanece estancada, mientras que la anemia en mujeres de 15 a 49 años ha aumentado. Se han logrado mejoras, pero aún queda mucho por hacer para garantizar un desarrollo infantil saludable y abordar la creciente carga de la malnutrición.

El aumento de las tasas de obesidad, que agrava la doble carga de la malnutrición, plantea grandes desafíos para la salud en todos los grupos de edad. Las mejoras en la nutrición global son insuficientes para alcanzar los objetivos de desarrollo, requiriendo medidas integrales que aborden simultáneamente la desnutrición, las carencias de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad. La falta de progreso en algunas áreas pone en evidencia la necesidad de un enfoque más holístico para abordar la crisis de nutrición.

Redefinición de la financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición

El informe SOFI 2024 destaca la necesidad de redefinir y aumentar la financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición. Las inconsistencias en las estimaciones actuales complican la identificación de áreas críticas y la rendición de cuentas efectiva. Se propone una nueva definición de financiación que abarca recursos públicos y privados destinados a erradicar el hambre y todas las formas de malnutrición. Este enfoque integral considera la disponibilidad, el acceso y la utilización de alimentos nutritivos y seguros, fundamentales para lograr una salud global adecuada y sostenible.

Una definición más clara de financiación para la seguridad alimentaria y nutrición es crucial para abordar el déficit actual. Se requiere una catalogación coherente que permita una asignación eficaz de recursos y garantice que las inversiones se dirijan a las áreas con mayor necesidad. La adopción de un enfoque integral puede mejorar significativamente la coordinación y efectividad de las intervenciones, asegurando que los recursos disponibles se utilicen de manera óptima para combatir el hambre y la malnutrición.

Niveles actuales y déficits de financiación

El gasto en seguridad alimentaria y nutrición sigue siendo insuficiente, especialmente en países de ingresos bajos y medianos. Menos de una cuarta parte de la ayuda al desarrollo oficial se destina a estos temas cruciales. Entre 2017 y 2021, solo el 34% de 76.000 millones de USD anuales se dirigieron a enfrentar los determinantes de la inseguridad alimentaria. Este déficit de financiación plantea graves riesgos sociales, económicos y ambientales, y demanda soluciones innovadoras e inclusivas para ampliar el acceso a recursos en los países más necesitados.

El déficit de financiación en seguridad alimentaria y nutrición no solo limita la capacidad de enfrentar la inseguridad alimentaria, sino que también tiene consecuencias sociales y económicas significativas. Se necesitan enfoques creativos y colaborativos para movilizar los recursos necesarios y garantizar que las inversiones se alineen con las prioridades globales y regionales en seguridad alimentaria y nutrición.

El hambre es un problema de distribución, no de escasez

El médico brasileño Josué de Castro afirmaba: “El hambre es un problema de distribución, no de escasez”. Para abordar el déficit de financiación y ampliar los recursos disponibles, es crucial fomentar asociaciones colaborativas y adoptar un enfoque de financiación combinada. La coordinación entre agentes internacionales y nacionales debe mejorar para asegurar una asignación eficaz de los recursos. De Castro enfatizaba que “la miseria es una cuestión de justicia social”, lo que subraya la necesidad de transparencia y armonización en la recopilación de datos para una coordinación efectiva y justa.

De Castro también afirmaba: “La justicia social debe guiar nuestra lucha contra el hambre”. A pesar de algunos avances, el camino hacia el Hambre Cero sigue siendo desafiante. Se necesita un renovado compromiso global para asegurar que todas las personas, independientemente de su ubicación o nivel de ingresos, tengan acceso a una alimentación nutritiva.

¿A quién le interesa decidir en Bolivia?

Según los anuncios, en diciembre de 2024 los bolivianos asistiremos a las urnas para tomar decisiones de todo color y sabor. Según la propuesta del presidente Luis Arce del 6 de agosto, tendremos que optar entre si Evo Morales va o no como candidato en 2025. También se consultará si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) obedece o no al último censo de población y vivienda y cambia la actual distribución de número de diputados por departamento por número de habitantes. Por último, nos encargarán dar un voto afirmativo o negativo en relación con la suspensión del congelamiento en los precios de los carburantes. Por si esto fuera poco, el pasado martes el TSE ha anunciado la celebración de elecciones judiciales para el 1 de diciembre del presente año.  

Pero, ¿a quién le interesa decidir sobre estos temas? A muy pocos, en realidad. Esto se explica por la sencilla razón de que estos asuntos ya están escritos en la actual Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP), y no cabe consulta alguna. El tema de la reelección ya está claro: no puede haber más de una reelección continua y quienes violen este mandato deben sufrir penas. Lo mismo ocurre con la distribución de escaños por departamento, y ni qué decir de la facultad privativa del presidente del estado para tomar decisiones en asuntos de política económica. 

En rigor, todos estos temas los bolivianos ya lo hemos resuelto en 2009, cuando aprobamos por mayoría y en referendo la Carta Magna que fue discutida en la ciudad de Sucre, después redactada en la ciudad de Oruro y finalmente pactada en el Congreso Nacional. Lo que cabe solo es su aplicación razonada y rigurosa. 

Analizando caso por caso, las elecciones judiciales no despiertan expectativa porque la gente está persuadida de que, gane quien gane, la justicia no se hará más competente, más rápida y más honesta sino todo lo contrario. Por otro lado, si gana la opción del no a la reelección, Morales estará vetado de postular a un nuevo mandato, pero, en realidad, no se habrá avanzado mucho, ya que, dada la escuálida situación de la oposición partidaria, es poco probable que en las próximas elecciones presidenciales triunfe otro candidato que no sea uno del Movimiento al Socialismo (MAS). Se elegirá a uno más joven o más viejo, más letrado o más bárbaro, pero el resultado será el mismo: la continuación del evismo sin Evo. 

Lo mismo pasa con la posible consulta respecto al levantamiento de la subvención a los carburantes. Cualquier opción que gane, la situación será la misma: no tenemos un aparato productivo robusto que genere divisas por exportaciones que puedan sustituir a la declinante producción de gas y petróleo. 

Finalmente, en el tema de la redistribución de los curules por departamento, sea cual fuere el veredicto de las urnas, se mantendrá la lógica gubernamental de debilitar o anular el poder de las regiones. 

En suma, todas las consultas o elecciones propuestas no importan a la gente sino a las elites políticas. Las facciones que responden a Luis Arce (arcistas) y a Evo Morales (evistas) buscan que la ciudadanía, con su voto, defina aquello que ellos no pueden o no quieren resolver. Es verdad que todos estos temas hoy copan los titulares de periódicos, y la política pareciera girar sobre estos ejes de discusión; sin embargo, esta no es la realidad. La gente siente que todos esos puntos son asuntos de los políticos pero no de ellos, no del mundo popular que ve que la capacidad adquisitiva de sus ingresos disminuye cada día. 

Hoy existe una doble polarización en nuestro país. La primera envuelve a las elites políticas del MAS y su pugna interna y ya ha ocasionado un descalabro político y económico de proporciones. La segunda, menos notoria, es la que se da entre la gente y el MAS. La política en Bolivia vive en realidades paralelas, con prioridades y agendas distintas. 

El MAS cree que está actuando bien porque hasta el momento no encuentra partido opositor competitivo. Sigue dilapidando su capital político como si fuera eterno. No se da cuenta o no quiere darse cuenta del mensaje de octubre de 2019: la gente, aun sin dirección y liderazgo político, puede salir a las calles a desalojar del poder a un mal gobierno y para ello no necesita ni de elecciones, ni de consultas ni de referéndums: solo de su poder en las calles. 

El talón de Aquiles de la renovada política exterior de Lula: las crisis en Venezuela y Nicaragua

Durante los dos primeros mandatos de Lula, su política exterior, diseñada por su canciller y estratega clave Celso Amorim, fue constantemente descrita como “activa y audaz”. Por un lado, era “activa” debido a sus ambiciones globales, demostradas por la participación de Brasil, no sólo en asuntos regionales, sino también en asuntos internacionales, a veces incluso en asuntos no directamente relacionados con el país, como el intento de mediar un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear. Por otro lado, era “audaz” en su búsqueda de objetivos importantes, como la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y en tratar a las potencias mundiales y a los países en desarrollo con igual respeto diplomático. Parafraseando al cantautor brasileño Chico Buarque, Brasil no debería hablar más alto a Bolivia ni más suave a los EE.UU.

Un aspecto clave de este enfoque, destinado a evitar intervenciones externas que pudieran comprometer el objetivo de larga data de autonomía de Brasil, fue posicionar a Brasil como un líder regional. Esto implicó esfuerzos continuos para construir puentes entre el eje Norte-Sur y mediar en conflictos regionales a través de la diplomacia. Es por eso que Brasil buscó un diálogo estratégico con las administraciones estadounidenses de George W. Bush (2001-2008) y Barack Obama (2009-2016), al tiempo que mantuvo estrechas relaciones con la Venezuela de Hugo Chávez (1999-2013).

Panorama político actual

Sin embargo, en el panorama político actual, actuar como un líder regional capaz de abordar cuestiones latinoamericanas se ha vuelto cada vez más difícil. Las crisis en Nicaragua y Venezuela ejemplifican estas dificultades. A pesar de las relaciones inicialmente positivas con ambos países durante los dos primeros mandatos de Lula, en gran parte debido a los vínculos históricos entre su Partido de los Trabajadores y el Partido Socialista Unificado de Venezuela, así como el Frente Sandinista de Liberación Nacional, las relaciones de Brasil con estas naciones se han deteriorado debido a la radicalización de sus regímenes autoritarios de izquierda.

En Nicaragua, Brasil intentó reabrir los canales diplomáticos al inicio del tercer mandato de Lula, y el nuevo gobierno se mostró dispuesto a hacer concesiones para adoptar una “postura constructiva”, como afirmó el actual canciller brasileño, Mauro Vieira. El año pasado, en un esfuerzo por evitar un conflicto directo con el gobierno del presidente Ortega, Brasil guardó silencio sobre las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua en una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Al mismo tiempo, Brasil se ofreció a recibir a más de 300 nicaragüenses expulsados ​​por razones políticas, manteniendo su papel de intermediario. Más recientemente, durante una visita al Vaticano, Lula respondió positivamente a la solicitud del Papa Francisco de mediar en el conflicto entre el gobierno de Ortega y la Iglesia Católica, especialmente en lo que respecta al obispo Rolando José Álvarez. Sin embargo, el creciente aislacionismo de Nicaragua quedó en evidencia cuando Lula reveló que Ortega no había respondido a sus llamados.

El enfoque moderado de Lula hacia Nicaragua enfrentó un revés significativo cuando Managua expulsó al embajador brasileño Breno da Souza Costa después de que Brasil, siguiendo las instrucciones de su Ministerio de Relaciones Exteriores, rechazara una invitación para participar en el 45 aniversario de la Revolución Sandinista. En represalia, Brasil expulsó a la embajadora nicaragüense Fulvia Patricia Castro Matu, lo que tensó aún más las relaciones.

La situación en Venezuela es aún más compleja debido a su tamaño, importancia regional, crisis humanitaria en curso y escrutinio internacional. En un esfuerzo por restablecer los lazos diplomáticos que se habían tensado durante las administraciones de Michel Temer (2016-2018) y Jair Bolsonaro (2019-2022), Lula invitó al presidente Nicolás Maduro a Brasilia para la Cumbre Sudamericana de 2023 y mantuvo una reunión bilateral con él de antemano. Sin embargo, las tensiones aumentaron apenas unas semanas antes de las elecciones generales venezolanas. En un intento de posicionarse como un mediador creíble, Lula expresó su preocupación por las declaraciones de Maduro sobre un posible «baño de sangre» si la oposición ganaba las elecciones, afirmando: “Me asusté con la declaración de Maduro de que si pierde las elecciones habrá un baño de sangre; quien pierde las elecciones toma un baño de votos, no de sangre. Maduro tiene que aprender, cuando ganas, te quedas; cuando pierdes, te vas”. Maduro respondió con desdén, sugiriendo que Lula «se comiera una manzana» si tenía miedo.

Tras la polémica victoria de Maduro, declarada por el Consejo Electoral venezolano sin revelar los resultados de la votación, la posición de Brasil como mediador se volvió aún más precaria. El régimen de Maduro ha violado abiertamente los compromisos asumidos en virtud de los Acuerdos de Barbados para la celebración de elecciones libres y justas e intensificado la represión de la oposición, lo que ha puesto a prueba severamente el papel de Brasil como mediador imparcial. Varios gobiernos latinoamericanos, entre ellos Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, se negaron a reconocer la victoria de Maduro, lo que llevó a la expulsión de sus embajadores de Venezuela.

Brasil, que sigue esforzándose por actuar como líder regional y mediador del conflicto, se abstuvo de reconocer ni la victoria de Maduro ni las reivindicaciones de la oposición. En cambio, junto con México y Colombia, Brasil pidió una resolución institucional de la crisis para evitar más violencia. En una declaración conjunta, los tres gobiernos exigieron total transparencia del Consejo Electoral venezolano con respecto a los resultados de las elecciones.

Hasta ahora, la postura moderada de Brasil ha arrojado resultados mixtos. Por el lado positivo, tanto el gobierno como la oposición siguen considerando a Brasil como un socio potencial para el diálogo. La líder opositora María Corina Machado, a quien se le prohibió presentarse a las elecciones, expresó su gratitud a Lula por su «posición firme» sobre el proceso electoral. Además, Brasil llegó a un acuerdo con el gobierno venezolano para representar los intereses peruanos y argentinos en el país y proteger sus embajadas. La Casa Blanca también reconoció el papel mediador de Brasil, y el presidente Biden expresó su apoyo en una llamada con Lula.

Por el lado negativo, Brasil, México y Colombia no han logrado convencer a Venezuela para que revele completamente el proceso de votación o detenga la represión de las protestas en curso. Esto pone en riesgo la posición de Brasil a medida que la violencia se intensifica, no surge ninguna solución práctica al estancamiento electoral y el régimen de Maduro muestra poca voluntad de frenar su radicalización.

En cualquier caso, si el actual gobierno brasileño desea seguir aplicando una política exterior que le de prestigio, es crucial encontrar soluciones a las crisis en Venezuela y Nicaragua. Estos dos países representan quizás los aspectos más desafiantes de la política exterior de Lula: su talón de Aquiles. Superar con éxito estos desafíos diplomáticos solidificaría la posición de Brasil como líder regional y global.