Un nuevo término se ha acuñado en Perú para denominar a un importante grupo de congresistas. Aunque pertenecen a distintos partidos políticos, desde la izquierda hasta la derecha, y bien podría interpretarse que están en polos diametralmente opuestos, tienen un factor en común: exigen una tajada del sueldo de sus trabajadores para mantenerlos en sus cargos. Ellos son los legisladores “mochasueldo”.
“Me dijo que el partido Perú Libre tiene muchos gastos, que son perseguidos por la justicia, tienen que pagar abogados, local, logística para los viajes de fines de semana y que, por lo tanto, vamos a tener que dar una colaboración del 10%. Me dijo: «Tú sabes, hija, el carro no se mueve solo, se tiene que poner gasolina»”.
El párrafo anterior es un extracto del testimonio de una de las trabajadoras del despacho de la congresista María Agüero, de Perú Libre, que tiene como líder al exgobernador de la región andina de Junín, Vladimir Cerrón, el mismo que lleva 11 largos meses prófugo de la justicia tras ser condenado por actos de corrupción, y de quien se presume es protegido subrepticiamente por el gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte.
Agüero, férrea defensora de las dictaduras en Venezuela y Cuba y protagonista de varios escándalos mediáticos, ha negado las imputaciones que la vinculan con un recorte de remuneraciones superior a los 38.000 soles (10.000 dólares), mientras la Comisión de Ética del Congreso, que ve inconductas de los parlamentarios y puede recomendar al Pleno, conformado por los 130 legisladores, una amonestación, suspensión de funciones o hasta el desafuero, todavía no se pronuncia.
En la acera de enfrente está María Cordero Jon Tay, quien ingresó al Parlamento con Fuerza Popular, el partido fujimorista que lidera la derecha en el Perú, y fue expulsada del Congreso en marzo de 2024 por un caso muy similar: haber recortado hasta el 70% del sueldo mensual de uno de sus trabajadores. A diferencia de Agüero, Cordero Jon Tay no tuvo el respaldo de su partido, que la expectoró de sus filas.
Luego de muchas idas y venidas en las que el Congreso en un principio la blindó, la presión ciudadana hizo que rectifiquen su decisión, retirándole la inmunidad para que pueda ser procesada judicialmente, pero sin inhabilitarla para ejercer cargos públicos. El Ministerio Público la investiga por el delito de concusión.
En la actualidad, el Congreso peruano lleva en sus filas trece legisladores “mochasueldos”, pero la única sancionada ha sido María Cordejo Jon Tay.
El primer caso data de inicios de marzo de 2023 y la protagonista es la congresista Magaly Ruíz, de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP). Según la denuncia periodística que destapó los hechos, un extrabajador suyo aseguró que Ruíz le pedía un aporte mensual de 1.500 soles (400 dólares) para que continúe trabajando. Aunque la Comisión de Ética la blindó, el Ministerio Público sí tomó cartas en el asunto y en julio de 2024 presentó una denuncia constitucional en su contra, con la cual espera que los parlamentarios le levanten el antejuicio para que sea procesada.
Como Ruíz, tres congresistas más de APP han sido objeto de denuncias de recorte de sueldos: Alejandro Soto, Rosio Torres y María Acuña.
En el caso del primero, quien fue presidente del Congreso hasta julio de 2024, una investigación periodística reveló que sus trabajadores pagaban mensualmente con sus sueldos la publicidad en redes sociales a favor del legislador. Estos trabajadores también habrían creado cuentas falsas en Facebook para limpiar su imagen política, mellada por escándalos vinculados a delitos de estafa y falsedad genérica. La denuncia en la Comisión de Ética también fue archivada, pero la Fiscalía lo investiga.
Contra Torres, por su parte, ya hay una denuncia constitucional del Ministerio Público ante el Congreso, la cual ha sido tramitada y debe ser revisada por el Pleno. Se la acusa de recortar el sueldo de diez de sus trabajadores. Inicialmente, la Comisión de Ética solo la sancionó con 30 días de multa.
En tanto, el caso de María Acuña está archivado en el Congreso y hasta se presume que será designada como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la cual justamente analiza las denuncias constitucionales contra los parlamentarios.
En la lista negra también hay tres legisladores de Acción Popular (AP). Ellos son Marleny Portero (habría donado sillas de ruedas con dinero de sus trabajadores), Jorge Flores Ancachi (habría recortado el 10% del sueldo de sus trabajadores y el 50% de sus bonos) y Raúl Doroteo (habría quitado más de 7.000 soles a una trabajadora).
Le siguen los congresistas Heydi Juárez (recorte de sueldo de 4 trabajadores para pagar el salario de su primo), Edgar Tello (expulsó a una trabajadora embarazada que se negó al recorte de su sueldo) y José Arriola (recorte de sueldo de siete trabajadores), de la bancada de Podemos Perú, y Katy Ugarte, del grupo político Unidad y Diálogo Parlamentario.
Aunque el término “mochasueldo” se ha popularizado durante el presente Congreso peruano, el primer caso de esta perversa práctica se remonta a 1995, cuando el entonces legislador Manuel Lajo fue señalado de quitarle 200 soles al mes a su personal. El suceso más emblemático es el de Michael Urtecho, quien en agosto de 2023 se convirtió en el primer legislador sentenciado por este delito. Estará 22 años en prisión.
En la gran mayoría de casos, el Congreso ha archivado las denuncias o ha impuesto sanciones muy blandas, siendo el Ministerio Público el que verdaderamente se ha comprado el pleito para sancionar estos ilícitos.
El “mochasueldo” se lava las manos, pero el Congreso les lava la cara.
