Maduro es un represor, pero Milei no es un demócrata

Los acontecimientos postelectorales en Venezuela, luego de que Maduro se proclamara ganador sin mostrar las actas que dan cuenta de su triunfo, no hicieron más que reforzar la falta de institucionalidad y la evidencia del autoritarismo del régimen chavista de Nicolás Maduro. Ante este nuevo y descarado atropello del régimen a la democracia venezolana, las repercusiones a nivel internacional no tardaron en llegar. Líderes de todo el mundo, y sobre todo de la región, se pronunciaron en favor de la transparencia y en contra del fraude. Políticos, tanto de derecha como de izquierda, reivindican la democracia. Y entre ellos el presidente argentino Javier Milei.

Ante el atropello del régimen venezolano, Milei se posiciona en defensa de la democracia en Venezuela, la división de poderes y el respeto a las instituciones, bajo un discurso altamente republicano. Pero el mismo presidente que alardea sobre la necesidad de democracia en Venezuela, no se comporta en consonancia con los valores republicanos en su propio país.

Milei ha mostrado un enorme desprecio hacia el Congreso de la Nación desde que asumió la presidencia, dando su primer discurso de asunción literalmente de espalda al Congreso en las escalinatas del edificio. De hecho, se ha atrevido a decir en varias oportunidades que gobernaría con o sin el Congreso de la Nación.

El presidente argentino agrede e insulta constantemente a los legisladores opositores. El partido de Milei, La Libertad Avanza, que cuenta con una pequeña minoría, tanto en la Cámara Baja como en la Alta, necesita del apoyo de legisladores opositores, y se refiere a ellos como la “casta”, “degenerados fiscales”, “traidores” o “delincuentes” y amenaza con vetar todas las leyes que estos deseen aprobar y que no se encuentran en sintonía con su recetario libertario.

Además, Milei ha elegido como juez de la Corte Suprema de Justicia a Ariel Lijo, un juez que escondió por años decenas de irregularidades de dirigentes políticos corruptos y que no respeta el blindaje imprescindible que debe tener el Poder Judicial respecto a los intereses políticos.

Otro hecho de profundo desprecio hacia la democracia, estuvo signado por la visita de un grupo de legisladores de La Libertad Avanza, que asistieron semanas atrás a un penal para saludar a ex golpistas que han sido condenados por el genocidio de los años 70 de la última dictadura militar en el país; entre los genocidas se encuentra Alfredo Astiz que era el principal encargado de tirar a personas al mar desde aviones de la fuerza aérea.

Decodificación binaria

En Argentina la política -entre otros asuntos- suele decodificarse en modo binario. Pero entender la política y a los políticos de modo binario distorsiona con frecuencia la realidad. Y la distorsión de la realidad nos hace vivir en un mundo de mentiras y simulaciones.

Por ello, al exigir Javier Milei con vehemencia que exista una vida democrática en Venezuela, cuestionando fuertemente al dictador Nicolás Maduro, él se muestra ante el mundo como un paladín de la república. Pero Milei no es un republicano. Milei entiende que la política se decodifica en términos de amigo-enemigo y en ese marco se enfrenta públicamente a diario con sus “enemigos” – quienes piensan y opinan diferente a él -.

El presidente argentino, se enoja, insulta e injuria con frecuencia a los medios de comunicación y periodistas que no lo adulan o no piensan como él. Milei destrata también a artistas o líderes sociales opositores, y los escracha en redes sociales generando un clima de violencia, exacerbando la polarización en la sociedad argentina.

Mientras tanto, y para reforzar esta mirada simplista de la política, Maduro, por su parte, no se cansa de reivindicar a sus amigos kirchneristas exacerbando aún más esta visión binaria. Y bajo este silogismo básico, el kirchnerismo queda enmarcado junto al antidemocrático Maduro, mientras Milei se erige como representante del bando democrático. Y así se construye la elemental construcción binaria argentina de las cosas.

Nicolás Maduro es un líder antidemocrático, un represor y hace muchos años se encuentra subyugando a millones de venezolanos. Y que Milei lo enfrente y cuestione es correcto y parece democrático. Pero parecer democrático no significa ser un demócrata.

En un mundo binario, Milei puede parecer un demócrata. Pero en un mundo de matices, el real, Milei, aunque se oponga al dictador venezolano Nicolás Maduro, no deja de representar a un liderazgo antirepublicano.

El Niño amenaza la agricultura de Centroamérica y el Caribe

El desafío permanente de El Niño

El Niño, caracterizado por el calentamiento del océano Pacífico tropical, plantea un desafío recurrente pero impredecible para América Central y el Caribe. Este fenómeno climático global altera significativamente los patrones climáticos regionales y causa perturbaciones en varios sectores. Durante los años de El Niño, las temporadas de lluvias regulares pueden debilitarse, lo que lleva a sequías prolongadas que agotan los recursos hídricos y la producción agrícola. Por otro lado, también puede dar lugar a lluvias que causan inundaciones y erosión del suelo que dañan los cultivos y la infraestructura. Estos cambios drásticos también complican la planificación a largo plazo y los esfuerzos de sostenibilidad para las comunidades agrícolas.

La frecuencia y la gravedad de los eventos de El Niño pueden estar aumentando debido al cambio climático, en particular el aumento de las temperaturas superficiales del mar. Esto exacerba la vulnerabilidad de los sistemas socioambientales que ya enfrentan problemas como la escasez de agua. La capacidad de pronosticar estos eventos y sus posibles consecuencias sigue siendo limitada, lo que dificulta que los gobiernos y los agricultores se preparen adecuadamente. Esta incertidumbre subraya la importancia de implementar estrategias que puedan adaptarse a las circunstancias cambiantes y, al mismo tiempo, salvaguardar el bienestar y la seguridad alimentaria de la población.

Los efectos económicos y sociales de El Niño son significativos y extensos. En las zonas agrícolas, los patrones climáticos impredecibles pueden provocar pérdidas de cosechas que afecten los ingresos de los agricultores y provoquen un aumento de los precios de los alimentos a nivel local. Este aumento de precios afecta desproporcionadamente a las personas que destinan una parte considerable de sus ingresos a gastos de alimentación, lo que empeora la inseguridad alimentaria y la pobreza.

Además de la agricultura, las repercusiones de El Niño pueden extenderse a otros sectores con implicaciones para la disponibilidad de agua para hogares e industrias, como el sector energético, donde la producción de energía hidroeléctrica puede verse obstaculizada por la disminución de las precipitaciones. Por ejemplo, en Panamá, la disminución de los niveles de agua en la cuenca del Canal de Panamá durante los períodos secos puede limitar el flujo de tráfico marítimo, lo que afecta directamente a una fuente de ingresos para el país y desencadena disrupciones en el comercio mundial.

Los efectos secundarios son igualmente graves. La inseguridad alimentaria puede generar problemas de desnutrición en niños, con efectos duraderos en la salud y el crecimiento. Además, hacer frente a fenómenos meteorológicos cada vez más severos puede tener efectos en las comunidades. La educación puede verse afectada, ya que las familias priorizan las necesidades de supervivencia por sobre las ventajas a largo plazo, como la escolarización, lo que afecta aún más las oportunidades económicas.

Los impactos socioeconómicos ponen de relieve la necesidad apremiante de estrategias que aborden las consecuencias a corto y largo plazo de El Niño. Es necesario que exista cooperación entre sectores y fronteras para reforzar la resiliencia y proteger a las comunidades vulnerables.

Respuestas políticas actuales y sus desafíos

En Barbados, a pesar de la implementación de iniciativas de capacitación para agricultores sobre prácticas climáticas, aún se requiere una implementación extensiva a mayor escala, junto con la integración en políticas de gestión de los recursos hídricos. Se debe hacer hincapié en mejorar la infraestructura para almacenar agua de manera eficiente durante períodos de excedentes y distribuirla de manera eficaz durante las sequías.

La respuesta de Jamaica a El Niño implica la promoción de cultivos de sequía y métodos de riego eficientes, como el de goteo. Sin embargo, el establecimiento de una política a largo plazo sigue siendo un obstáculo. Los esfuerzos deben concentrarse en desarrollar infraestructura que no sólo aborde El Niño, sino que también mitigue los impactos más amplios del cambio climático.

Panamá ha enfrentado sequías severas que han afectado a su sector agrícola, así como al funcionamiento del Canal de Panamá, que es vital para el comercio mundial. En respuesta, el gobierno trabaja para mejorar la gestión de los recursos hídricos y mejorar los métodos para hacer frente a las condiciones climáticas cambiantes. A pesar de estas iniciativas, todavía existe la necesidad de estrategias que combinen la adaptación climática con la planificación económica para garantizar la sostenibilidad y la resiliencia.

En Trinidad y Tobago, el sector energético ha sido el foco principal de este estado de dos islas, y esto se ha combinado con la importancia decreciente de la agricultura y su contribución al producto interno bruto (PIB). Esto resalta la necesidad de un enfoque renovado que priorice la sostenibilidad y la resiliencia climática en previsión de la ocurrencia de El Niño, especialmente dentro del sector agrícola.

Los graves impactos de El Niño en América Central y el Caribe exigen un enfoque unificado que vaya más allá de las acciones nacionales individuales. Este enfoque debe ser multifacético y concentrarse en reforzar la resiliencia, mejorar la gestión de los recursos hídricos y mejorar la preparación y las capacidades de respuesta ante desastres.

Este enfoque debe incluir la integración de la adaptación climática en las estrategias. Al crear directrices regionales que adopten técnicas agrícolas climáticamente inteligentes, como variedades de cultivos resistentes a la sequía y métodos avanzados de riego, la región puede soportar mejor los patrones climáticos impredecibles.

Recomendaciones para un sector agrícola más resiliente:

Para mantener la productividad agrícola, es necesario invertir en infraestructura resiliente al clima. Esto puede incluir defensas mejoradas contra inundaciones, mejoras en los sistemas de recolección de agua de lluvia y el desarrollo de redes de transporte para garantizar el movimiento eficiente de los productos agrícolas. Además, mejorar la capacidad de los sistemas de gestión del agua para almacenar y distribuir el agua de manera eficiente será crucial durante los períodos de escasez.

Una plataforma de intercambio de datos puede ayudar a una mejor preparación para los eventos de El Niño. Esta plataforma debería compartir datos en tiempo real sobre patrones climáticos, rendimientos de cultivos y niveles de agua entre países. El aprovechamiento de tecnologías como imágenes satelitales e inteligencia artificial puede mejorar significativamente la precisión de los pronósticos meteorológicos y la planificación agrícola. La cooperación debería extenderse más allá de las agencias gubernamentales para incluir a las organizaciones no gubernamentales, donantes internacionales, la sociedad civil, comunidades científicas y el sector privado.

Los gobiernos de toda la región deben entablar un diálogo y colaborar, dejando de lado las diferencias para abordar las amenazas ambientales y económicas comunes. Los encargados de formular políticas deberían facilitar un entorno para compartir recursos, intercambiar conocimientos y realizar iniciativas transfronterizas destinadas a abordar los impactos de El Niño.

Además, entidades como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo desempeñan un papel en la oferta de asistencia financiera. Estas organizaciones pueden impulsar proyectos e iniciativas a gran escala que van desde la financiación de estudios climáticos hasta la facilitación de la adopción de tecnologías.

Es esencial involucrar a las comunidades en el centro de los planes de preparación para El Niño. El empoderamiento de los agricultores y los grupos comunitarios mediante la educación, la capacitación y los recursos para la implementación de métodos agrícolas garantizará la resiliencia de las bases. Las campañas de divulgación pública pueden crear conciencia entre las poblaciones sobre El Niño y sus impactos, alentando los esfuerzos de preparación dirigidos por la comunidad.

Finalmente, el sector privado, que comprende las empresas agroindustriales y tecnológicas, puede introducir innovaciones en semillas, herramientas agrícolas y prácticas de conservación del agua. Esta colaboración puede asegurar inversiones para la investigación de tecnologías que mejoren la resiliencia a las fluctuaciones climáticas.

Conclusión

Si bien El Niño presenta desafíos, también ofrece una oportunidad para mejorar la resiliencia a través de la innovación y la colaboración. Al adoptar un enfoque basado en la evidencia, América Central y el Caribe pueden mitigar los impactos negativos de El Niño y avanzar hacia un futuro más sostenible para la agricultura regional.

Las políticas deben ser flexibles, inclusivas y sólidas para adaptarse al cambio climático y a los cambios económicos en nuestra región.

*Chaya La Pierre y Zuhelen Padilla-Barrera son coautoras de este texto

Las utopías del Sur Global

Numerosos acontecimientos han nutrido el debate sobre la crisis del orden liberal internacional y las democracias occidentales. El filósofo español José María Lasalle, por ejemplo, rastrea el origen de estas disquisiciones en tres hechos que han socavado, progresivamente, la confianza global en los valores e instituciones preponderantes tras el fin de la Guerra Fría (El liberalismo herido, 2021). Los atentados terroristas del 9/11, la crisis financiera de 2008 y los ataques al Capitolio estadounidense en 2021 desacreditaron en diversos ámbitos, según Lasalle, los fundamentos del proyecto liberal: igualdad ante la ley, libre mercado y democracia representativa, respectivamente.

Es evidente que nuestro siglo ha refutado tozudamente la profecía fukuyámica del fin de la historia. Además de los acontecimientos referidos por Lasalle, endógenos todos al orden liberal internacional, podemos señalar algunos otros de carácter exógeno. Estos evidencian incluso más claramente los errores de Fukuyama al imaginar un mundo unipolar o despolarizado, en donde la democracia liberal se estableciera como modelo global de toma de decisiones y organización social. Prueba de ello ha sido el ascenso de un cúmulo de países que buscan disputar a Occidente la hegemonía en el sistema-mundo, proponiendo en su lugar alternativas de sociedad poco comprometidas con los derechos humanos y la democracia.

Estos países, hoy articulados en espacios como los BRICS, han adoptado diferentes narrativas para justificar su desdén por valores e instituciones como la pluralidad, la tolerancia y la separación de poderes. Entre tales narrativas destaca la defensa del mundo multipolar como reconocimiento de la emergencia, en los planos geopolítico y geoeconómico, de las naciones del Sur Global, cuya diversidad histórica, cultural e ideológica rechazaría cualquier imposición advenida desde el Norte. En este sentido, los entusiastas del mundo multipolar reclaman la existencia de formas de democracia diferentes al modelo occidental, como diría Chantal Mouffe, supuestamente más legítimas para hacer valer la voluntad popular —pese a la inexistencia de tribunales autónomos, oposición política real o instituciones electorales independientes, como sucede en la “Democracia Soberana” rusa.

¿Reducir la complejidad?

Es un hecho insoslayable que el Sur Global atiende a una realidad geopolítica en aumento, representada por un cúmulo de naciones con pasado colonial, otrora dependientes del Norte y frágilmente integradas al orden internacional de protagonismo euroatlántico. También resulta incontestable que, debido a sus patrones económicos y demográficos, muchos de estos países tienen un peso cada vez más importante en las dinámicas mundiales y regionales, desde  Asia-Pacífico hasta Medio Oriente y América Latina. De esto no se sigue, sin embargo, que pueda agrupárseles, bajo consideraciones ideológicas, a la manera de un bloque homogéneo, orientado a cuestionar “el orden liberal democrático, a escala social, nacional y mundial”, como menciona el profesor Armando Chaguaceda (Sur global y surglobalismo, 2023).

Un artículo reciente de Latinoamérica21, escrito por el académico Alberto Maresca, parece asumir esa perspectiva surglobalista. Según Maresca, es natural que la agencia creciente de los países del Sur Global desplace a la democracia liberal como prioridad. De igual modo, para nuestro autor, el Sur Global constituye a la vez una realidad y una utopía, gracias a la que diferentes naciones pueden obtener “resultados positivos” en materia financiera y de infraestructura; forjar “un ámbito horizontal de relaciones internacionales”; y “reducir la dependencia del dólar estadounidense”, lejos de cualquier intento por constituir nuevas “estrategias militares al estilo de la OTAN”.

De acuerdo con Maresca, es un error criticar al Sur Global por su diversidad inherente. No obstante, desde mi punto de vista, asumir el carácter heterogéneo del Sur Global —o los “sures globales”, como diría Chaguaceda— resulta útil a fin de desmontar los mitos en torno a este grupo de países y sus muy variadas relaciones. En primer lugar, las naciones en cuestión, de acuerdo con los indicadores establecidos, no comparten niveles iguales de ingreso o desarrollo humano, incluso dentro de una misma región, hecho que abre la puerta a interacciones asimétricas y potencialmente dependientes.

En segundo lugar, no todos los países del Sur Global rechazan el “consenso unánime” occidental que Maresca critica, esencialmente fundado en la democracia liberal y los derechos humanos. En América Latina es bien conocido el compromiso de los gobiernos de Uruguay y Chile con estos valores, reflejados en sus respectivas posiciones sobre acontecimientos como la invasión rusa de Ucrania o, más recientemente, el fraude electoral perpetrado por el chavismo en Venezuela. En el sudeste asiático, países como Singapur y Filipinas también han condenado la “operación militar especial” de Rusia, así como los ataques terroristas de Hamás en Israel durante el pasado 7 de octubre (Southeast Asia and the Global South: rhetoric vs reality, 2024).

En tercer lugar, es difícil sostener que los países del Sur Global mantienen entre sí “relaciones amistosas” —como alardea la política exterior china, incluso cuando coexisten en espacios multilaterales más o menos institucionalizados—. Al lado de Rusia, China e India son dos de los campeones del Sur Global y de los BRICS. Pese a ello, los dos países sostienen una disputa de larga data por los territorios fronterizos de Aksai Chin, la cual ya ha dejado tras de sí algunos enfrentamientos violentos entre fuerzas militares. La competencia por la hegemonía en el océano Índico también ha despertado algunas batallas diplomáticas entre Pekín y Nueva Delhi, quienes buscan aumentar su respectiva influencia en Maldivas. Una asociación pacífica, estable y duradera entre las potencias del Sur Global parece, pues, improbable frente a acontecimientos de esta naturaleza.

Desmontando mitos

Preguntémonos ahora, con base en lo desarrollado, si es verdad que potencias no occidentales como Rusia, China e Irán representan una oportunidad para que otros países del Sur Global obtengan diversos beneficios. Para el caso de América Latina, Irán es un socio comercial apenas significativo. De acuerdo con los datos más recientes del Banco Mundial, el valor de las exportaciones latinoamericanas hacia la República Islámica ascendió, en 2021, a poco más de 3.000 millones de dólares. Esta cantidad representa menos del 1% del total de las exportaciones regionales hacia mercados como el de Estados Unidos, según los mismos datos.

En términos económicos, Rusia también es un actor tangencial para América Latina. De acuerdo con un informe de la CEPAL, entre 2007 y 2021 la Federación Rusa apenas figuraba como país de origen de Inversión Extranjera Directa para el caso de Guatemala (Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean, 2022). De igual forma, los casi 6.000 millones de dólares de las exportaciones latinoamericanas hacia Moscú se encuentran todavía muy lejos de competir con los flujos comerciales que para la región representan Estados Unidos, China, Alemania, Corea del Sur o Japón, según el Banco Mundial.

Por otra parte, la República Popular China (RPC) se ha convertido en uno de los socios comerciales más importantes para América Latina. De acuerdo con datos oficiales, en naciones del Cono Sur como Brasil y Argentina, el gigante asiático ya supera las importaciones y exportaciones de Estados Unidos, posicionándose como el principal socio comercial. No obstante, las relaciones de este tipo entre China y Latinoamérica resultan problemáticas por al menos dos razones. En primer lugar, porque las balanzas comerciales de los países de la región reportan enormes déficits a favor de Pekín. El caso más reciente es el de México, quien tiene un saldo negativo de 108.000 millones de dólares en sus intercambios con la RPC. Debido a ello, el ministro de finanzas mexicano expresó en días pasados: “China nos vende, pero no nos compra, y ese no es un comercio recíproco”.

Asimismo, las relaciones comerciales entre China y algunos de sus socios no occidentales recuerdan más bien a un intercambio Norte-Sur —si se quiere, Centro-Periferia— que a un vínculo horizontal “Sur-Sur”. En América Latina, los intereses comerciales del gigante asiático parecen ser esencialmente extractivistas, lejos de promover la “prosperidad compartida” que el Partido Comunista Chino celebra en su discurso. Nuevamente, estadísticas del Banco Mundial o de centros de investigación como la Red ALC-China muestran que la RPC tiene un gran interés en los recursos naturales latinoamericanos, particularmente en el sector minero, el cual se ha convertido en uno de sus principales proveedores de cobre, hierro y, más recientemente, litio. 

En otro orden de cosas, sería impreciso decir que países del Sur Global como China, Rusia, Irán y, sumemos ahora, Corea del Norte, no buscan la configuración de alianzas militares antioccidentales. La OTSC representa un claro ejemplo de organización defensiva paralela a la OTAN, encabezada por Rusia y sus aliados euroasiáticos. A diferencia del organismo atlántico, no obstante, la OTSC aspira a aumentar la influencia del Kremlin en los alineamientos y decisiones de los países que la integran. Tampoco pueden ignorarse, por otro lado, las alianzas informales que estas naciones sostienen entre ellas mismas y con otros socios del Sur Global. Así, la “amistad sin límites” entre China y Rusia manifestó recientemente su potencial bélico, al desarrollar ejercicios militares conjuntos en el marco de la iniciativa Joint-Sea 2024.

Es bien conocido, además, el apoyo armamentístico que Irán, China y Corea del Norte han prestado a Rusia para sostener su agresión injustificada a Kyiv. Drones iraníes, así como misiles y municiones norcoreanas, han servido para derribar objetivos ucranianos, mientras que la tecnología china de doble propósito sigue alimentando el complejo industrial-militar del Kremlin. América Latina también es escenario de estas prácticas. En días pasados, una flota de buques rusos y un submarino de propulsión nuclear arribaron a Cuba, realizando en su viaje por el Atlántico ejercicios militares. Asimismo, Venezuela recibió en julio al buque Almirante Gorshkov de la Armada rusa con el fin de “profundizar la cooperación técnico-militar” entre los dos países.

Estos acontecimientos reflejan la heterogeneidad del Sur Global y plantean dudas sobre el lugar de China, Rusia e Irán en él. Mientras este grupo de países siga reforzando mutuamente sus objetivos militares y establezca relaciones asimétricas con otras naciones, ¿no sería, acaso, más conveniente integrarlo en una especie de “Norte autocrático”, distinto del Norte occidental de vocación democrática? La estrategia global de estos actores reclama un esfuerzo intelectual para pensar nuevos conceptos y ajustar los existentes a un mundo en devenir acelerado. Asimismo, abre la posibilidad de concebir al Sur Global como una realidad no precisamente ajena a los valores occidentales. Como en alguna ocasión expresó Tulasi Srinivas, las discusiones sobre “modernidades alternativas” no deberían conducir a fundamentalismos ni particularismos, sino aceptar que “pueden existir otras alternativas democráticas y plurales” (“A Tryst With Destiny”: The Indian Case of Cultural Globalization, 2002).

Control de armas de fuego e incidencia delictiva en México

El control de las armas de fuego y la criminalidad armada en México son temas de suma importancia, especialmente en el contexto de las disparidades entre sus 32 entidades federativas. A través de datos cuantitativos oficiales, se revela cómo las acciones de control, como el canje y registro de armas, no están necesariamente vinculadas a la incidencia delictiva, mientras que el aseguramiento de armas muestra una correlación significativa con la comisión de delitos. Este texto ofrece una visión detallada de la compleja situación actual, basada en fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, las Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas y la Fiscalía General de la República.

Control de armas de fuego

La violencia armada es un fenómeno global que causa la muerte de más de 600 personas diariamente, según Amnistía Internacional. En México, la mayoría de los homicidios son perpetrados con armas de fuego ilegales provenientes de Estados Unidos, lo que representa un factor crucial en la incidencia delictiva del país. Aunque existen diversas políticas públicas y propuestas legislativas para controlar las armas de fuego, la violencia armada sigue siendo una preocupación significativa cuyo origen y magnitud aún no se comprenden completamente.

El control de armas de fuego en México presenta una notable variabilidad entre las diferentes entidades federativas que lo integran. Al examinar cuatro aspectos clave del control de armas —registro, licencias de portación, programas de canje y aseguramiento— se revelan las disparidades importantes en la implementación y efectividad de estas medidas a nivel nacional, evidenciando las diferencias regionales y la complejidad del panorama actual de la violencia armada en el país.

Registro de armas. La Ciudad de México destaca como la entidad con la mayor proporción de armas de fuego registradas. Sin embargo, estados densamente poblados como el Estado de México y Puebla presentan cifras de registros considerablemente bajas, al tiempo que, en estados menos poblados como Colima y Campeche, la proporción de registros es curiosamente alta. Esto refleja una distribución desigual en el registro de armas a nivel nacional.

Licencias de portación. Las licencias de portación de armas de fuego también muestran una disparidad significativa en su distribución. La Ciudad de México nuevamente se destaca con la mayor tasa de otorgamiento, seguida de Nuevo León, Querétaro y Campeche. En muchos otros estados, el número de licencias otorgadas es extremadamente bajo, con algunas cifras cercanas a cero.

Canje de armas. El programa de canje de armas de fuego es más activo en la Ciudad de México, junto con Sinaloa, Coahuila, Durango, Chiapas, Baja California y Sonora. Por otro lado, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Puebla y Tabasco tienen las tasas de canje más bajas. Estas diferencias reflejan disparidades regionales significativas, especialmente entre el norte y el sureste de México.

Aseguramiento de armas. En términos de aseguramiento, Tamaulipas lidera con el mayor número acumulado, seguido de Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Estas entidades se encuentran en la región del Pacífico, donde el aseguramiento de armas largas es predominante. En contraste, Yucatán tiene el menor aseguramiento, seguido por Chiapas, Estado de México y Campeche, donde predominan las armas cortas.

Delitos con armas de fuego

La incidencia delictiva relacionada con el uso de armas de fuego en México muestra variaciones significativas entre las entidades federativas. Este análisis aborda tres tipos de delitos: lesiones por armas de fuego, homicidios y delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Los datos revelan patrones regionales distintivos, con algunas entidades registrando tasas altas de violencia armada, mientras que otras presentan niveles comparativamente bajos. Estas diferencias subrayan la complejidad de la violencia armada en el país y la necesidad de enfoques regionales específicos para abordar este problema multifacético.

Lesiones por armas de fuego. Guanajuato, Michoacán y el Estado de México registran la mayor tasa de lesiones por armas de fuego, mientras que Tlaxcala, Yucatán, Baja California Sur, Tamaulipas y Coahuila presentan las tasas más bajas. Esta distribución sugiere diferencias regionales en la incidencia de violencia armada.

Homicidios. Colima reporta la mayor tasa de homicidios, superando significativamente a otras entidades. Yucatán, Coahuila, Baja California Sur y Aguascalientes se encuentran en el otro extremo con las tasas más bajas de homicidios. Estas variaciones reflejan la complejidad de la violencia armada en diferentes regiones del país.

Delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Colima, Sonora y Baja California tienen la mayor proporción de delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, mientras que Yucatán, Durango y Tabasco tienen las menores proporciones. Estos datos indican una disparidad en la comisión de delitos relacionados con armas de fuego en distintas partes del país.

Correlación entre control de armas y delincuencia

El análisis de los datos revela que el canje y registro de armas no tienen una correlación estadísticamente significativa con la comisión de delitos. Esto sugiere que estas acciones de control no repercuten cuantitativamente en la reducción de la criminalidad armada. Sin embargo, existe una correlación positiva entre el aseguramiento de armas y la comisión de delitos (a medida que incrementa el número de armas aseguradas, también incrementa el número de delitos perpetrados con estas), lo cual, a pesar de parecer una inconsistencia, más bien estaría indicando una estrategia reactiva más que preventiva en el control de armas.

Las necesidades de control de armas y reducción de la incidencia delictiva varían significativamente entre las 32 entidades federativas de México. La diversidad de realidades regionales plantea la necesidad de adaptación de políticas públicas específicas y la cooperación entre entidades. Es fundamental abordar estos desafíos de manera efectiva y equitativa, considerando las diferencias en la magnitud del problema en cada entidad federativa y región del país.

Se subraya, además, la importancia de desarrollar estrategias de control de armas que sean tanto preventivas como reactivas y que se adapten a las particularidades de cada demarcación. La colaboración entre diferentes órdenes de gobierno y la implementación de políticas basadas en evidencia son esenciales para enfrentar de manera eficaz la violencia armada en México.

*Este texto se basa en el artículo “Violencia armada en México: análisis cuantitativo sobre control de armas de fuego y su correlación con la incidencia delictiva” publicado en Quórum Legislativo 143, pp. 153-196, https://bit.ly/4d7mAQa, cuyos datos en su mayoría corresponden al año 2022.

Mentiras, ataques y ajuste: El camino libertario

Este año Aldo Javier Pinto, Camila Giménez y María Teresa Troiano murieron de cáncer. ¿Qué tenían en común además de su enfermedad? Los tres recibían medicamentos de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) del Ministerio de Salud. Pero desde la asunción del gobierno de Javier Milei, el programa se canceló y los enfermos que se beneficiaban de la asistencia dejaron de recibir su tratamiento. También se ajustó en transporte y, casualmente o no, recientemente un accidente de tren dejó 60 personas heridas. El gobierno responsabiliza a un operario del servicio cuando en realidad las señalizaciones no funcionaban.

Javier Milei ganó las elecciones con el discurso de un mega ajuste fiscal que solo afectaría a la “casta” política. Hoy, a seis meses de su asunción, la estigmatización de diversos sectores sociales es la estrategia del gobierno para conseguir el consenso social del ajuste. De hecho, casi la mitad del ajuste que ha realizado este gobierno ha sido a costa de las jubilaciones, y el argumento ha sido que muchas personas se jubilaron sin pagar aportes.

La sociedad argentina ha atravesado a lo largo de su historia varios períodos de ajuste, lo que ha derivado en costos políticos que ningún partido quiere asumir. Por ello, quienes buscan imponer medidas de recortes buscan distintas estrategias para contener una posible rebelión social. Milei ha elegido la estrategia maquiavélica de elegir enemigos, responsables de nuestros problemas, que el gobierno se encarga de vencer a través del ajuste. De esta manera, empezaron las campañas de estigmatizaciones del gobierno a través de mentiras y desinformaciones.

El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y las Universidades públicas fueron señaladas como instituciones corrompidas y así Milei abrió camino a la reducción de fondos en ambos casos. El gobierno también denunció corrupción en la compra de medicamentos de la DADSE, frenando la entrega de las medicinas, lo cual afectó a miles de pacientes. Finalmente, el presidente también atacó a organizaciones sociales por la manipulación de los planes sociales que recibían sus afiliados, al mismo tiempo que denunciaban que el Estado estaba lleno de “ñoquis” (gente que no va a trabajar, pero igual cobra un salario), despidiendo así a miles de empleados estatales.

Esta campaña de estigmatización permitió sostener el ajuste durante un tiempo. Pero a medida que han ido pasando los meses y se han ido cayendo las mentiras, la base de oposición al gobierno ha ido aumentando. Las muertes por la falta de medicamentos empezaron a plantear una mirada crítica al ajuste. A eso se suma que tanto el FISU como las universidades habían sido auditadas previamente por organismos internos y externos, por lo que no había delitos denunciables.

El ajuste a las universidades, sin embargo, derivó en fuerte golpe para el gobierno con una movilización masiva donde se dejaron ver dirigentes de varios espacios de la oposición (peronismo y radicalismo, izquierda, sindicatos) y que motivó, posteriormente, a que el Congreso empezara a debatir un incremento del fondo educativo, en contraposición al deseo del gobierno.

Lo mismo pasó con el escándalo de las cinco mil toneladas de alimentos guardados en depósitos que no fueron distribuidos por problemas de gestión. Primero el gobierno afirmó que no existían, denunció que los comedores registrados no existían basándose en una lista previa a la pandemia. Luego dijo que no vencían y que los alimentos eran almacenados para emergencias, pero cuando llegaron las inundaciones se dijo que no tenían nada para aportar a las provincias. Finalmente, la justicia ordenó que se repartieran los alimentos, pero como se había despedido a miles de personas no hubo quien lo hiciera y se terminó asignando la tarea (algo que el gobierno criticaba) a una organización ultracatólica.

Uno de los casos más llamativos tiene que ver con las jubilaciones, el ajuste de las mismas explica casi la mitad del ajuste total realizado por el gobierno libertario. La estrategia en este sentido fue atacar a las personas que se habían jubilado sin haber realizado los aportes correspondientes. Se trata de personas que trabajaban en el mercado informal, en tareas domésticas o eran amas de casa y que pudieron acceder a moratorias previsionales que les permitieron recibir una jubilación y lograr que Argentina tuviera casi la totalidad de las personas en edad de jubilarse en esta situación. Sin embargo, para abrir las puertas al ajuste, el gobierno instauró el discurso: “las jubilaciones son bajas porque muchos se jubilaron sin aportar”, y se identificó a un enemigo: el kirchnerismo.

Si bien el gobierno ha reducido el déficit, su estrategia ha fracasado. A tan solo seis meses de la asunción de Milei, si bien su imagen todavía goza de buena salud, la clase política le está dando la espalda. Tras las reducciones de las pensiones, que explican casi la mitad del ajuste, el Congreso pretende votar un aumento de las mismas. En respuesta, Milei amenazó en una entrevista que iba a “vetar todo” y que le importaba “tres carajos”. Sin embargo, la oposición está muy cerca de alcanzar los 2/3 de los apoyos en ambas cámaras, lo que por un lado le impondría la agenda al presidente, y por otro, sería un fuerte golpe a la gobernabilidad.

Drogas sintéticas en América Latina: un desafío inminente

El ascenso de las drogas sintéticas está generando una nueva preocupación en América Latina. Aunque el fentanilo ha acaparado la mayor parte de la atención, otras sustancias psicoactivas no solo están redefiniendo el panorama de las adicciones y las sobredosis, sino que representan una seria amenaza para la salud pública y la seguridad en la región.

En los últimos años, Estados Unidos ha enfrentado un preocupante aumento en la prevalencia y diversidad de drogas sintéticas. Según un informe reciente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), este fenómeno no solo constituye un desafío significativo para la salud pública en el país, sino también para su marco legal y regulatorio. 

Aunque América Latina aún no ha abordado rigurosamente esta problemática, se encuentra en una encrucijada. La proliferación de laboratorios clandestinos y la falta de regulación en la industria farmacéutica han contribuido al paulatino surgimiento de nuevas drogas sintéticas en la región. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), “la oferta de drogas ilícitas —que sigue registrando cifras sin precedentes— y las redes de traficantes —cada vez más ágiles— agravan las crisis mundiales convergentes y suponen un reto para los servicios de salud y las respuestas policiales”.

El informe de la DEA también ilumina el creciente fenómeno del policonsumo, es decir, el uso simultáneo de múltiples sustancias, una situación que complica aún más el tratamiento de las adicciones. Esta tendencia hacia el consumo de combinaciones de drogas sintéticas agrava los riesgos para la salud y presenta retos significativos para los proveedores de salud en la identificación y tratamiento de sobredosis y adicciones. El policonsumo refleja la complejidad de la adicción moderna y destaca la necesidad de enfoques holísticos y multifacéticos en la prevención, educación y tratamiento.

El fenómeno del fentanilo y otras drogas sintéticas

Estados Unidos ha sido duramente golpeado por el fentanilo, una droga que se ha cobrado más de 90.000 vidas por sobredosis y ha generado una crisis de salud pública. La presencia del fentanilo en el mercado de drogas ilícitas ha desplazado a otras sustancias más tradicionales, lo que complica aún más la situación. Este fenómeno, conocido como “sustitución de drogas”, representa un desafío adicional para las autoridades que buscan controlar el problema.

Si bien aún no se ha alcanzado la misma prevalencia que en Estados Unidos, la posibilidad de un aumento en el tráfico y consumo de fentanilo en América Latina es una amenaza real. En entrevista con Infobae, Laura Richardson, general en jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, manifestó: “Es solo cuestión de tiempo para que el fentanilo se convierta en epidemia en América Latina. Lo que vemos es con la cocaína, que es la droga predominante en esta región… Cocaína mezclada con fentanilo. Por eso tenemos que trabajar mejor juntos para ayudar a aplastar esta actividad criminal que solo permite a estas redes criminales y a sus carteras haberse ampliado”.

La amenaza no es solo el fentanilo. Los nitazenos, una clase de opioides sintéticos desarrollados desde los años 50, han resurgido recientemente como otra de las preocupaciones globales. Estas sustancias, que pueden ser cientos o miles de veces más potentes que la morfina, representan un peligro significativo debido a su alta toxicidad y capacidad para pasar desapercibidas. A pesar de que no se han realizado ensayos clínicos formales, se cree que los nitazenos también podrían ganar terreno en la región, lo que generaría efectos más devastadores que el fentanilo. 

A los fentanilos y nitazenos se suma la ketamina, reconocida por su papel como anestésico y sedante en entornos médicos y veterinarios, que ha despertado interés tanto en el ámbito médico como recreativo debido a sus efectos psicoactivos y disociativos. Aunque su uso terapéutico para tratar trastornos psiquiátricos, como la depresión resistente al tratamiento, es prometedora, su popularidad como droga recreativa, conocida como “Special K”, plantea importantes preocupaciones de salud pública.

El abuso de ketamina conlleva riesgos significativos, como el potencial de adicción, efectos secundarios adversos y daños en el tracto urinario. Además, su combinación con otras sustancias, como opiáceos y benzodiacepinas, aumenta el riesgo de sobredosis y efectos secundarios graves. 

Al mismo tiempo, las benzodiacepinas de diseño, presentes en forma de pastillas y a menudo falsificadas para parecerse a medicamentos legítimos, representan otra preocupación creciente en el mercado de drogas recreativas. Aunque aparentan ser inofensivas, estas sustancias pueden tener efectos diversos en los usuarios, desde provocar ansiedad o agitación hasta actuar como depresoras o alucinógenas. Además del riesgo de sobredosis, que es considerablemente mayor que el de las benzodiacepinas convencionales, estas drogas pueden desencadenar una amplia gama de efectos adversos, como sedación excesiva y riesgo de lesiones, especialmente cuando se combinan con otros depresores del sistema nervioso central como los opiáceos.

Desafíos y oportunidades en América Latina

En América Latina, la falta de regulación en la industria farmacéutica y la presencia de laboratorios clandestinos dificultan los esfuerzos para controlar la producción y distribución de estas sustancias. Además, la subestimación del problema y la falta de políticas públicas efectivas han dejado a la región vulnerable ante la amenaza de las drogas sintéticas.

La falta de recursos es otra limitación para la capacidad de respuesta de los países latinoamericanos. A lo anterior se suman factores como la corrupción, la insuficiente coordinación entre las agencias gubernamentales y el poco financiamiento para programas de prevención y tratamiento de fabricación, tráfico y consumo de drogas sintéticas.

Para abordar esta problemática en América Latina, es fundamental adoptar un enfoque integral que incluya acciones preventivas y políticas públicas efectivas, como el fortalecimiento del control farmacéutico, la revisión de la legislación existente y la implementación de medidas para detectar y prevenir el tráfico de drogas sintéticas. Asimismo, es crucial promover la conciencia pública sobre los riesgos asociados con el consumo de estas sustancias y fomentar la colaboración regional para enfrentar esta creciente amenaza.

En ese sentido, la cooperación internacional desempeña un papel fundamental en la lucha contra las drogas sintéticas. América Latina debe trabajar en estrecha colaboración con Estados Unidos y otros países afectados para compartir información, coordinar acciones y combatir eficazmente el tráfico ilícito de drogas. Esto incluye la colaboración en la interceptación de cargamentos de drogas, el desmantelamiento de redes de narcotráfico y el fortalecimiento de los sistemas de justicia penal para llevar a los traficantes ante la justicia.

Dos años de Petro: entre el antipetrismo y la búsqueda del cambio

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, alcanza la mitad de su mandato. Estos dos años han estado marcados por altas expectativas, esperanzas de cambio y ambiciosas propuestas de transformación social impulsadas por el gobierno. Sin embargo, persisten problemas estructurales, y algunos avances se han visto empañados por escándalos de corrupción y varias decepciones frente al lento avance de algunas reformas.

Cabe recordar que desde que inició el gobierno de Petro, por ser el primero de izquierda en el país, se presentó una agenda ambiciosa en el marco de una oportunidad histórica en lo que el propio gobierno ha denominado “El gobierno del cambio”. Sin embargo, han sido varios los obstáculos que han impedido avanzar con varias de las propuestas por las que fue elegido en junio de 2022.

En primer lugar, el antipetrismo ha logrado consolidarse como una fuerza que ha afectado a la gestión del presidente. Ese rechazo hacia Petro como líder político, más que hacia la izquierda o el partido de gobierno en sí, ha sido uno de los principales obstáculos para avanzar con varias reformas. Precisamente, estas han recibido escaso apoyo tanto en el ámbito legislativo como en la opinión pública.

Dicho antipetrismo surge desde la gestión de Petro como alcalde y se intensificó en las ocasiones en las que Petro fue candidato a la presidencia. No es sorprendente que la frase “culpa de Petro” haya llegado a ser común, ya que refleja cómo el actual presidente empezó a generar cada vez más odio y, en consecuencia, varias de las emociones asociadas como ira, desprecio, frustración y miedo.  

La militancia de Petro en el M-19 durante su juventud contribuyó a que fuera visto como un símbolo del comunismo y quien encarna “el fantasma de Venezuela” en el país, lo que ha llevado a que en redes sociales se encuentren frecuentes ataques con el disfemismo “el presidente guerrillero”.

Por su parte, varios medios de comunicación colombianos, que no habían ejercido un papel muy activo de denuncia y crítica periodística a gobiernos anteriores, han sido determinantes para el aumento de la opinión pública negativa hacia Petro, cuestionando la gran mayoría de sus decisiones y acciones y dando una amplia cobertura, por ejemplo, a los escándalos que han salpicado a la actual gestión. Esta relación tensa con los medios ha sido determinante para el aumento de los niveles de desaprobación del presidente, que, según las últimas encuestas, se aproxima al 60%.

Por su parte, el presidente ha intentado defender su gestión y la pertinencia de sus reformas por canales oficiales y redes sociales, aunque con un uso muchas veces excesivo y poco asertivo de la red social X (antes Twitter).

En segundo lugar, han tenido lugar algunos escándalos de corrupción que han comprometido, directa e indirectamente, el avance de varios de los cambios que ha propuesto el actual gobierno. Este es el caso del escándalo de la compra de votos que salpicó al hijo del presidente, Nicolás Petro, y, sobre todo, el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que habría sido usada por el gobierno para que congresistas aprobaran reformas por medio de millonarios contratos.

Precisamente, el que el “gobierno del cambio” continuara con prácticas de corrupción y clientelismo, como los gobiernos anteriores, ha generado indignación por parte sus electores, mientras que, por parte de la oposición y los detractores del gobierno, estos escándalos se presentan como nuevos e inusitados en la historia del país. Sin embargo, debe recordarse el escándalo de Oderbrecht durante el gobierno de Santos o el de la llamada “ñeñepolítica”, que consistió en la compra de votos para las elecciones de Iván Duque con dinero del narcotráfico o el de corrupción en el contrato de conectividad rural también en el gobierno de Duque, por solo mencionar algunos ejemplos.

En tercer lugar, la ingobernabilidad ha sido un fator determinante para los lentos avances en la agenda gubernamental. La frágil coalición con la que inició el gobierno en el Congreso se desplomó a los pocos meses, especialmente con los debates de la reforma a la salud. A pesar de lograr el avance con algunas reformas como la tributaria y la pensional, otras reformas clave como la de salud y la educación han recibido una fuerte oposición por parte del Congreso y de la opinión pública.

En este sentido, es evidente que, a diferencia de gobiernos anteriores, este gobierno ha tenido que demostrar habilidades de negociación significativamente superiores, pues es claro que no se trata únicamente de un debate técnico sobre la pertinencia de las reformas, sino que también refleja el poder persistente de los partidos tradicionales y conservadores en el Congreso. Igualmente, en el debate público han predominado más los ataques personales y las críticas generalizadas al gobierno que un serio debate sobre la pertinencia de las reformas y su contenido.

Finalmente, hay factores estructurales que han impedido el avance en la agenda del gobierno. Por ejemplo, el gobierno propuso metas ambiciosas relacionadas con la consolidación de paz en el país, quizá el más grande desafío que ha tenido Colombia en las últimas décadas. Es así como se impulsó la Paz Total, con la cual se abría espacio a la negociación con prácticamente todos los grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC.

Sin embargo, a diferencia de procesos de paz anteriores, la fragmentación de los grupos armados y el mayor control territorial que han logrado, entre otras cosas, por haber ocupado los vacíos dejados por la guerrilla de las FARC, ha tornado más difícil la negociación. Esto ha llevado a que varios de estos grupos no hayan continuado en las mesas de negociación y el gobierno a este momento presente apenas avances parciales y muy concretos.

En conclusión, el gobierno de Petro ha enfrentado numerosos obstáculos que muy probablemente seguirán condicionando el progreso de las reformas durante el resto de su mandato. Ser el primer gobierno de izquierda en el país ha generado altas expectativas entre los votantes, pero también ha suscitado una oposición que continuará empleando diversos recursos, como influir en la opinión pública, para obstaculizar cualquier acción que implique un cambio sustancial.

Los errores que ha cometido el gobierno de Petro, como los relacionados a desacertados nombramientos y los escándalos de corrupción, no deben opacar la necesidad de avanzar con varias reformas sociales. Pero más allá de eso, es importante no olvidar la pertinencia de continuar ampliando la democracia en Colombia, históricamente excluyente y violenta en contra de fuerzas alternativas, como lo demuestra el asesinato de candidatos presidenciales y el exterminio de la Unión Patriótica.

La arriesgada apuesta de Kamala Harris

De nuevo Kamala Harris corrige la propuesta de la plana mayor del partido demócrata. En este caso, a la hora de elegir a la persona que completará su fórmula electoral, como candidato a vicepresidente. El perfil de los equipos demócratas presentaba tres requerimientos electorales: hombre, de raza blanca y de pensamiento político centrista. Kamala ha aceptado dos de esas tres características. Tenía que ser hombre, porque una fórmula de dos mujeres hubiera sido excesivamente progresista para el público estadounidense. Debía ser blanco, porque no se podía excluir a la mayoría racial de la fórmula presidencial. Y era preferible de pensamiento moderado y centrista para compensar la inclinación progresista californiana de Harris.

Al elegir a Tim Walz como compañero de fórmula, Kamala ha aceptado dos de los requerimientos electorales: es un hombre, bastante grande y masculino, rabiosamente blanco y con antecedentes marciales, ligado durante 25 años a la Guardia Nacional. Cierto, esas dos características, hombre y blanco, también las tenían los últimos cinco candidatos que se redujeron finalmente a tres. Pero el que cumplía cabalmente con la tercera condición (pensamiento centrista) no era Waltz sino el Gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, que estuvo encabezando las quinielas hasta el final. Amigo y colega de Harris (fue fiscal general de Pensilvania al igual que Harris lo fue de California), es una figura popular a nivel nacional y tiene un tirón electoral importante: tres de cada diez simpatizantes de Donald Trump lo respaldarían.

Pero Shapiro presenta un punto controversial. Es judío confesional. De hecho, sería el primer judío que ocupara un puesto de vicepresidente en el país. Y eso, en la actual coyuntura, le ha convertido en una víctima colateral del conflicto militar en el Medio Oriente. Su defensa irrestricta de Israel no encajaba bien con la posición más favorable de Kamala -y otros sectores demócratas- a favor de una negociación entre todas las partes. Además, Shapiro presenta también otra característica disonante: tiene peso político propio a nivel federal, también dentro del partido, algo que Harris ha visto como inconveniente, aunque lo ha dicho en clave: “No quiero alguien que solo me haga ganar las elecciones, sino también que comparta mis valores y en el que tenga confianza personal”. Algunos demócratas han añadido: “y que no me haga demasiada sombra”.

El elegido finalmente, Tim Walz, cumple claramente con el tercer parámetro que deseaba Kamala. Comparte plenamente los planteamientos progresistas de su jefa y, de hecho, es el preferido de los distintos grupos progresistas y de izquierda dentro del partido, especialmente en lo que se refiere a los puntos álgidos del programa (derechos sexuales y reproductivos, migración, servicios sociales, etc.). Por otra parte, Walz, que no tiene tanto capital político como Shapiro, tiene fama de confiable en su vida política y cumple con el nivel de lealtad que Harris ha requerido.

Sin embargo, al haber establecido una fórmula enteramente progresista, Harris coloca al electorado estadounidense ante un escenario de fuerte contraste político. Es difícil encontrar una imagen más opuesta de lo que presentan cada uno de los candidatos a presidir el país. La cuestión consiste en saber si esa elección polarizada favorece a Harris o a Trump. Como ha dicho un observador demócrata: “no importa tanto lo simpática y progresista que nos parezca Kamala, sino si eso es lo que realmente necesitamos para impedir que Trump regrese al gobierno de Estados Unidos”. En esa perspectiva, podría invertirse la frase de Kamala al elegir a Walz como compañero de fórmula: podría suceder que alguien que comparte sus valores y le otorga confianza personal, no le ayude lo suficiente para ganar las elecciones.

En todo caso, Harris ha elegido un camino distinto del preferido por la dirigencia demócrata, que buscaba evitar el escenario polarizado, en el que hay que jugarse el todo por el todo y se ofrece un flanco fácil, que el equipo de Trump ha atacado de inmediato: “es la fórmula del izquierdismo radical” ha dicho uno de sus portavoces; mientras Trump aseguraba: “estoy encantado por la decisión de Kamala de escoger a Walz, porque demuestra su verdadero grado de izquierdismo”. Definitivamente, Harris ha logrado arrastrar a sus seguidores por la senda del entusiasmo, pero no cabe duda de que ha optado por una arriesgada apuesta electoral. Ojalá le resulte.

Ciencia de datos: futuro de la democracia

“La democracia es el peor sistema de gobierno excepto por todos los otros sistemas que se han probado”, afirmaba Churchill. Efectivamente, la toma y ejecución de decisiones tiende a ser más tortuosa y lenta al amparo de la institucionalidad democrática que bajo regímenes verticales. Por otra parte, en lo que se refiere a aspirar al poder y votar, el sistema democrático otorga derechos idénticos a todos los ciudadanos, independientemente de diferencias en conocimientos, experiencia, valores o compromiso con el país. Pero el objetivo de Churchill con esa reflexión era resaltar que, a pesar de sus posibles debilidades, la democracia era el mejor sistema para garantizar la libertad, la equidad y los derechos humanos.

Hoy la democracia en el mundo se ve amenazada no por las dudas derivadas de su inherente lentitud o sus principios de igualdad política, sino por la baja calidad de la mayoría de los dirigentes escogidos por medio del voto. Un cinismo extremo se ha apoderado de la relación entre políticos y la ciudadanía. Algunos políticos apuestan a una presumida falta de sabiduría y discernimiento de la gente, especializándose en desentrañar y profundizar sus desconfianzas y enojos y en erigirse como sus voceros. El objetivo de esos políticos no es construir y ejecutar un programa de desarrollo relevante y realista sino apilar popularidad por medio de esa vocería. La ausencia de logros en materia sustantiva es atribuida a los “otros”, lo cual ahonda los enojos y salvaguarda la popularidad.

Las decisiones sobre cómo votar están matizadas, desde aun antes de la actual era de posverdad y fake news, por desinformación. Se elige, principalmente, bajo la influencia del expoleo de resentimientos, de mentiras sobre los oponentes y el pasado, de afinidades focalizadas en estrechos pasadizos ideológico-culturales, de transacciones clientelistas, de inercia o a partir de criterios psicológicos (“Me cae bien”, “Tiene carisma”, “Es humilde”, “Me sonrió”, etc.); nada de lo cual está relacionado con las aspiraciones sustantivas de la mayoría de las personas. A la tendencia de los contendores para ocultar carencias e inventar y exagerar virtudes, se agrega, en el caso de buena parte de los votantes, la incapacidad para, la imposibilidad de o el desinterés en desentrañar quién tiene los atributos que en su criterio deben caracterizar a un buen presidente (diputado, alcalde o regidor).

Para un votante el mejor candidato o candidata debe ser el o la que esté más cercano o cercana a la materialización de sus aspiraciones sustantivas. Esto es un requisito mínimo para que funcione la democracia. Dentro de estas aspiraciones, a manera de ejemplo, existiría el votante que desee que el presidente sea ambientalista, promotor de todos los derechos humanos, convencido de igualar el acceso a las oportunidades de movilidad social por medio del activismo gubernamental, descentralizador, neutral en asuntos geopolíticos y honesto. Otro votante podría querer un presidente que promueva una economía dirigida por las fuerzas del mercado, bíblico en materia de derechos humanos, indiferente al calentamiento global, aliado incondicional a Estados Unidos y convencido de que la astucia es un valor superior al de la honestidad. Así mismo, podría haber votantes que busquen un presidente únicamente con experiencia política y con títulos universitarios, otros pueden aspirar a un presidente con experiencia empresarial.  Otros podrían querer ser gobernados por una persona con una mezcla de esas características y otros, con una visión más acotada, podrían estar interesados en un solo atributo, por ejemplo, que crea en la distribución equitativa del ingreso, que esté comprometido con la disciplina fiscal o que sea honesto.

Es alrededor de este tipo de posiciones en asuntos sustantivos y valores morales e ideológicos donde se debería concentrar el poder de las mayorías que debe garantizar la democracia. Creo que, para lograrlo, la democracia del futuro debe tener las características que a continuación detallo. 

A los electores se les presentaría dos papeletas: una con una lista de decisiones posibles en materia sustantiva sobre los asuntos más relevantes para el desarrollo y otra con una lista de valores. Cada uno votaría en cada papeleta en orden descendente de preferencia de acuerdo a la importancia que les endose. Más aún, los electores podrían añadir temas y valores que no están incorporados en las papeletas y darles con su voto el ranking de su preferencia. 

Las votaciones se llevarían a cabo en teléfonos, computadoras o relojes inteligentes, accediendo por medio de una clave individual, a lo largo de varios días, de tal manera que los ciudadanos puedan decidir sin presiones el orden de sus predilecciones. 

Utilizando herramientas tecnológicas (hoy en día de uso común), el resultado de las votaciones sería la lista de asuntos ordenados ponderadamente en el orden de preferencia otorgado por los ciudadanos en su conjunto. Es el mismo método que se utiliza en los países donde existe el voto preferente, solo que en este caso estaría destinado a ranquear preferencias en relación con asuntos sustantivos, no en relación con nombres de aspirantes.

En esta etapa del proceso democrático —la centrada en asuntos sustantivos y valores— los electores estarían escogiendo los atributos (el pensamiento, la personalidad, la experiencia, etc.) que deben caracterizar al presidente. Su participación y su expresión de poder se focalizaría en construir por mayoría el perfil programático y moral del presidente deseado, no en escoger el presidente.

En esta tarea entraría la ciencia de datos como herramienta para seleccionar entre las personas que aspiran al poder la que más se acerca al programa de gobierno y los valores preferidos por la mayoría de los votantes. Para ello, se utilizaría todos los registros de información desde la niñez, incorporados en escuelas, colegios, universidades, clínicas, bancos, autoridad tributaria, registros de la propiedad, migración, ministerio de trabajo, instituciones y empresas aseguradoras, ministerio de transportes, Poder Judicial, protocolos de abogados, cámaras de vigilancia (CCTVs), emisores de tarjetas de créditos, internet de las cosas, IA, agencias de inteligencia, así como discursos, escritos, exámenes, trabajos de graduación, correos electrónicos, mensajes por redes sociales, etc.

Dada la normativa protectora de la privacidad, un requisito para aspirar a la presidencia (o diputación, alcaldía, etc.) sería autorizar a la autoridad electoral —quien sería la encargada de implementar la ciencia de datos— a que permita a los algoritmos buscar y acceder a toda información sobre el aspirante. El fundamento de esa obligación sería que nada puede ser privado de quien aspire a administrar lo público.

Elegido el presidente de esta manera, las debilidades de la democracia señaladas al inicio serían superadas. Las computadoras y los programas que recopilarían, administrarían y procesarían los datos escogerían al candidato que tenga las características personales y conceptuales más cercanas a los valores y las prioridades programáticas y conceptuales que los votantes esperan que tipifiquen a su presidente. La carencia de información de los votantes por cualquier razón (incapacidad, imposibilidad o desinterés) ya no sería obstáculo para escoger a la persona que más se acerque a sus visiones, pues ese es el problema que precisamente resolvería la utilización de la ciencia de datos.

Además de las ventajas señaladas, esta metodología podría eliminar la necesidad de los partidos políticos y de las campañas electorales alrededor de personas. Estas se centrarían exclusivamente en programas y valores, pues las personas serían escogidas por los algoritmos.

Todo ciudadano podría aspirar, siempre y cuando permita que la información completa sobre su vida esté a disposición de los algoritmos de la ciencia de datos. Entonces serán escogidos de acuerdo a lo que efectivamente son y han sido y no de acuerdo a lo que en una campaña tapicen, prediquen y prometan. En la práctica, los ciudadanos seleccionarían los valores y el programa de gobierno de su preferencia y los algoritmos escogerían al aspirante más identificado con esos valores y ese programa. 

No deberíamos esperar a que los problemas que enfrenta el sistema democrático lo destruyan; más bien deberíamos perfeccionarlo, por medio de una ruta como la aquí sugerida. 

En lugar de temer o negar los avances tecnológicos, debemos maximizar su uso y ponerlos a nuestro servicio. Antes de permitir que los enemigos de la democracia sigan cosechando triunfos, derrotemos sus métodos con tecnología. 

¿Recesión en EEUU? Influencers, narrativas y profecías autocumplidas

Viernes 2 de agosto del 2024. Las redes sociales estallan y no precisamente con memes de Yusuf Dikec, el desenfadado tirador turco que se llevó la medalla de plata en París disparando con una mano en el bolsillo. El nuevo trending topic: las alertas de recesión en Estados Unidos. El principal culpable: 4.3%, la tasa de desempleo para el mes de julio[1].

Esta cifra, la más alta en tres años, representa para muchos el fin del “aterrizaje suave” con el que la FED esperaba alcanzar su meta de 2% de inflación anual sin que la economía entrara en recesión. Pero más que la cifra de desempleo en sí misma, lo que generó el mayor nerviosismo en los operadores de mercado (conocidos fanáticos de las “reglas de pulgar”) fue la activación de la señal de recesión de la Sahm Rule[2], un indicador desarrollado por la economista estadounidense Claudia Sahm que ha logrado identificar correctamente todas las recesiones en la economía americana desde 1972.

Mientras tanto, en las redes sociales, los influencers financieros corren con el cabello en llamas a través de Linkedin, TikTok y X, anunciado la llegada del apocalipsis económico (acompañado de un pretencioso “I told you so” y del lanzamiento de su nuevo substack). El mensaje general: La recesión es inminente.

Lunes 5 de agosto del 2024. Los mercados globales se tambalean. En Japón, el índice Nikkei registra su mayor caída desde el Black Monday de 1987. En Estados Unidos, los índices S&P 500 y Dow Jones tienen su peor jornada desde septiembre del 2022. El Nasdaq cae un 3.4%. El rendimiento del bono del tesoro estadounidense a 10 años cae por debajo del 3.7%, una clara señal de incremento en la aversión al riesgo. El VIX, conocido como “el índice del miedo” por medir la volatilidad del mercado accionario, experimenta el mayor incremento intradía en su historia. En América Latina, las principales monedas sufren depreciaciones considerables frente al dólar.

El pánico se propaga. La narrativa de recesión gana momentum. Según Google Trends, solo el lunes 5 de agosto las búsquedas que incluyeron la palabra “recesión” se multiplicaron por 20 respecto al lunes anterior (un incremento del 1,900%).

Jueves 8 de agosto del 2024. Llega la calma, la gloriosa calma. Un comunicado de la FED que hace más explícita su disposición a reducir la tasa de referencia en setiembre, combinado con datos más benignos de lo esperado sobre las solicitudes de seguro de desempleo en Estados Unidos (UI Claims), funcionan como un shot de agua de azahar que devuelve el alma al cuerpo a los mercados.

Mansas gaviotas sobrevuelan sobre los escombros dejados por la tormenta de los días anteriores. Una canción de Bob Marley suena en una radio vieja semienterrada en la arena blanca de una playa desierta.  Los influencers reemplazan sus anuncios incendiarios de días anteriores por sentidos elogios a los deportistas más destacados en las olimpiadas de París. No queda rastro de la conflagración capilar que inflamó sus cueros cabelludos al inicio de la semana.

En este punto, apreciado lector, usted probablemente se pregunte, con justificada perplejidad: ¿Entonces, habrá o no habrá recesión en Estados Unidos?

Muy a mi pesar, tendré que empezar mi respuesta haciendo gala de uno de los estigmas que aqueja a la profesión económica:  el infame “depende”. ¿De qué depende?

Son dos las fuerzas que interactúan para materializar (o no) la posibilidad de una recesión: Los Fundamentos Económicos y Las Narrativas.

Si empezamos con los fundamentos económicos, la respuesta corta a su pregunta es No. Los datos no muestran evidencia suficiente de debilidad en la economía que justifique una recesión. Pero ¿y la Sahm Rule, la que nunca se equivoca? La respuesta a la pregunta inicial sigue siendo No. Veamos por qué

Las regularidades en los datos (de las cuales depende la precisión de la “Sahm Rule” y otros indicadores como la inversión de la curva de rendimiento) son buenos predictores de recesiones, en la medida en que el comportamiento estructural de la economía no cambie sustancialmente a través del tiempo.

Sin embargo, como diría la extraordinaria Carmen Reinhart (y con el perdón de los que están hartos de escucharlo), this time is different. El comportamiento de hogares y firmas ha cambiado mucho en los últimos años. Además de esto, existen elementos coyunturales muy importantes que explicarían por qué esta vez se trata de una falsa alarma.

Por ejemplo, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), en el 2023 ingresaron alrededor de 3.3 millones de inmigrantes a Estados Unidos, más de 3 veces el promedio anual de los últimos años (alrededor de 1 millón). Este influjo extraordinario de personas al país implicó un crecimiento también extraordinario en la fuerza de trabajo. Esto implicaría que una porción significativa del incremento de la tasa de desempleo se deba a este importante flujo inmigratorio y no tanto a la debilidad en la demanda de empleo por parte de empresas. Esta hipótesis es consistente con lo observado en los datos: no hay evidencia de un incremento significativo en despidos.

Por otro lado, además de que el mercado laboral aún no muestra grietas significativas que podrían justificar una recesión, el consumo de los hogares aún es robusto, el sistema financiero es sólido, y la FED cuenta con un amplio espacio para recortar su tasa de referencia (actualmente en el rango de 5.25%-5.5%) frente a un mayor deterioro de la economía.

Pero no cantemos victoria tan rápido. Los fundamentos económicos pueden ser socavados rápidamente por narrativas negativas que se hacen virales. Como decía mi abuelita, “las percepciones son realidades”. Ella nunca conoció al premio nobel de economía Robert Shiller ni tampoco leyó su libro “Narrative Economics” pero creo que se hubieran llevado muy bien. Parafraseando a Shiller: “Las narrativas económicas tienen la capacidad de propagarse rápidamente, afectando a grandes grupos de personas, de manera similar a cómo se propagan las enfermedades infecciosas”.

De hecho, conectando lo anterior con otro gran libro de otro gran autor (“Sapiens” de Yuval Noah Harari), nuestra predisposición hacia las narrativas, así estas refuercen sesgos cognitivos y no estén basadas en un análisis objetivo de la realidad, son un mecanismo de supervivencia que cargamos en nuestro ADN desde los orígenes de nuestra especie. ¡Nuestro cerebro necesita confirmar creencias previas y justificar el pánico del momento!

Es decir, aún si los fundamentos económicos son sólidos y todo el furor en redes de esta semana corresponde a una reacción exagerada a falsas alarmas de indicadores imperfectos, la viralización de las narrativas “hair on fire” puede ser suficiente para convertir percepciones no fundadas en una real recesión. Y, en América Latina, ciertamente estamos expuestos a ello.Influencers, calmaos. Extintores a la mano.