Las inequidades en la salud durante el ciclo de la vida

Irene Torres
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Las inequidades en la salud durante el ciclo de la vida

Usando la perspectiva del ciclo de la vida se puede ver con claridad qué inequidades, y cómo, afectan la salud de las personas en América Latina y el Caribe (ALC). Desde que estamos por ser concebidos, dónde y en qué condiciones lo seamos definen nuestro desarrollo en el vientre materno, nuestro nacimiento, nuestros primeros 1.000 días en el planeta y, sin exagerar, mucho de nuestro bienestar y nuestras dolencias en el futuro. Para empezar, dependemos de la salud de nuestras madres. La educación sexual y el acceso a contraceptivos son limitados en la región, mientras que la violencia de género está muy extendida (los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados afectan a 1 de cada 5 niñas). Como consecuencia, tenemos la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en el mundo. El 19% de todos los nacimientos corresponde a mujeres menores de 20 años de edad, con los problemas de salud que implica un embarazo precoz para la madre (depresión, anemia y complicaciones obstétricas) y el bebé (bajo peso al nacer y otras condiciones neonatales).

Los cuidados prenatales, que concentran una porción importante de la inversión pública, no llegan a todas las madres y sus hijos por igual en nuestra región. Las mujeres embarazadas con mayor nivel de educación acudirán más a estos controles que las mujeres con los niveles más bajos de educación (ninguna o solo la primaria). La cobertura más baja de controles prenatales se encuentra en los países de más bajos ingresos como Guatemala (alrededor de 60%). En ese mismo país, la razón de mortalidad materna es de 96 por 100.000 nacidos vivos cuando la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es de 70 por 100.000. El riesgo de muerte materna es tres veces más alto en las adolescentes menores de 15 años que en las mujeres de más de 20 años en ALC. Al menos el 10% de todas las muertes maternas en la región se deben a abortos inseguros. Esto se debe a que el aborto es ilegal con escasas excepciones (violación, anormalidad fetal grave) en algunos países. Aun así, más de la tercera parte de embarazos (solo en adolescentes de 15 a 19 años se estima que suman 670.000) terminan en aborto inducido anualmente.

La mortalidad infantil es otro claro indicador de las inequidades en salud en ALC. A partir de nuestro nacimiento, nuestra sobreviviencia estará definida por nuestras condiciones de vida. Si gateamos en pisos de tierra estaremos en contacto directo con parásitos -que provocan enfermeades diarreicas conducentes a la desnutrición crónica e incluso la muerte (0.51% del total de muertes en la región). Si crecemos cercade una mina ilegal, estaremos expuestos a metales pesados como el plomo -que conduce a anemia. Es así que los menores de cinco años sufren tasas de desnutrición persistenmente altas en países como Guatemala (43.5% en promedio) y Ecuador (27,4% en la Sierra Rural, donde hay una alto porcentaje de población indígena), así como tasas de anemia altas (36,9% en Bolivia y 38,2% en Ecuador, donde prolifera la minería ilegal. En consonancia, la tasa promedio de mortalidad infantil de 25 por 1.000 en la región es cinco veces la tasa del promedio de la OCDE. La diferencia en mortalidad infantil entre los hogares más ricos y más pobres en países como Paraguay es igual de alarmante: es 20 veces más alta en el primer y segundo quintil de la población que en el quintil más rico, donde es cercano a cero.

Una vez superadas las pruebas impuestas en las primeras etapas de nuestra vida, llegaremos a la adolescencia, donde el ciclo inicial se repetirá más rápidamente en los sectores más desfavorecidos. Al inicio de la edad adulta, los habitantes de ALC se verán enfrentados activamente a una alimentación deficiente y sus impactos. La inseguridad alimentaria es más frecuente en la región (14,2%) que en el mundo (11,7%). Esto implicó que 56,5 millones de personas padecieran de hambre en 2021. Concomitantemente, el 22.5% de la población no puede acceder a una dieta saludable, lo cual está influenciado por el nivel de ingresos del país, la incidencia de la pobreza y el nivel de desigualdad. En el Caribe, la proporción llega a 52%, en Mesoamérica, a 27,8% y en América del Sur, a 18,4%. La calidad de la dieta está vinculada con el sobrepeso y la obesidad, que a su vez están relacionados con el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles (ENT). En la región, la obesidad afecta a 24,2% de adultos, muy por encima del promedio mundial estimado de 13,1%. En Bahamas, excede el 30% mientras que en Argentina, Chile, Costa Rica, Dominica, México, República Dominicana, Surinam y Uruguay afecta a una de cada cuatro personas.

Los entornos en los que se conciben y crían los niños son los mismos de los adultos, y en las zonas y hogares con menos recursos, estarán, por ejemplo, expuestos a mayor contaminación. En la región, la contaminación del aire en interiores de los hogares provoca la muerte de 15 personas por cada 100.000 anualmente. En países como Haití, Guatemala, Honduras, Paraguay, Nicaragua y Bolivia, las tasas de mortalidad por esta causa son de dos a cuatro veces más altas que el promedio debido a que todavía se usan estufas tradicionales y combustibles sólidos. Las poblaciones más vulnerables, como las mujeres, los indígenas y los más pobres, sufren la mayoría de impactos en la salud.

Hacia el final de la jornada, nuestra esperanza de vida dependerá igualmente de nuestras condiciones socioambientales. El nivel de educación, acceso a agua segura y saneamiento y el hacinamiento marcan una diferencia importante en las ciudades. En Panamá, Chile y Costa Rica se encuentran las ciudades con la mayor esperanza de vida (81-82 años en mujeres y 75-77 años en hombres). Mientras que México, Brasil y Perú tienen las ciudades con la menor esperanza de vida en mujeres (77-78 años en promedio). Junto con El Salvador, México y Brasil también tienen la menor esperanza de vida en hombres (71 años en promedio).

En resumen, las inequidades en salud en América Latina y el Caribe se evidencian desde la concepción, con factores como el acceso limitado a recursos de salud, que afecta desproporcionadamente a los países de menores ingresos que el promedio y a las poblaciones vulnerables. El limitado gasto público en salud (3% del PIB en promedio) exige a la población un alto gasto de bolsillo –el doble del público– para tener un mínimo acceso a los servicios. Los impactos se extienden a lo largo del ciclo de la vida. A medida que las personas crecen, y hacia sus últimos años de vida, se enfrentan a los límites de las condiciones económicas nacionales, los controles ambientales y su propio ingreso económico pero sobre todo a las inequidades extremas en cada país.

Intento de golpe de Estado en Bolivia: radiografía de un instante

Franz Flores
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Intento de golpe de Estado en Bolivia: radiografía de un instante

De pronto a las 17:40 de la tarde del 26 de junio de 2024 dos hombres se encontraron cara a cara a raíz de un intento de golpe de Estado: el presidente electo del Estado boliviano Luis Arce y el general golpista Juan José Zúñiga. El primero, economista, curtido en los pupitres universitarios y experto en hacer balances contables y proyecciones econométricas; el segundo, militar de carrera, curtido en la rígida disciplina de los cuarteles y experto en el ejercicio diario de dar órdenes a obedientes y delgados conscriptos. Ambos, de alguna manera eran el rostro de un país llevado al límite de su capacidad de desinstitucionalización, el irrespeto a las normas y el franco desprecio por las formas. Arce ocupaba un cargo con el cual nunca había soñado y quizá para el cual quizá no estaba preparado. Por su lado, Zúñiga había llegado a ocupar el más alto puesto del Ejército Boliviano, a pesar de haber estado preso por sospecha de embolsillarse Bs. 2,5 millones destinados a la ayuda social, además de haber sido un mediocre cadete.

En ese instante breve en que Arce y Zúñiga se encuentran en Palacio Quemado se vieron dos personas que, por igual, carecen de proyecto político. Ambos quieren o están en el poder, pero no saben qué hacer con él. No conocemos qué propone como horizonte político Arce al país, más allá de  profundizar el evismo sin evo, que consiste en manipular los poderes estatales y ponerlos al servicio de sus ambiciones de poder. Tampoco se sabe del objetivo de Zúniga, que no sea el mostrar su rabieta ante su destitución como capitán general de las Fuerzas Armadas.

En el breve momento en que Luis Arce ataviado con un jean y una chamarrita ploma, le grita a Zuñiga que retire sus tropas “inmediatamente”, recibe como respuesta una queja, le dice el general rebelde: “no puede haber tanto desprecio, tanta ingratitud”. Se refiere obviamente a su destitución y sobre todo a su causa, que fue el haber opinado de política frente a una conocida presentadora de televisión cuando no le correspondía hacerlo.

Muy probablemente, Zúñiga, al expresar de forma pública y sin remilgos su postura sobre Evo Morales, creía que lo estaba haciendo bien, pensaba que lo que merecía era una felicitación, un abrazo, un apretón de manos. El razonamiento de Zuñiga era elemental pero finalmente certero: si los jueces, que debían mostrar equidad y transparencia, se vestían de polera azul en las campañas del MAS y podían tener sentencias para condenar opositores ¿por qué Zúñiga no podía hacerlo también? Si un vocal del Tribunal Supremo Electoral se atrevía a atacar a los políticos enemigos de Arce sin poner en juego su cargo ¿por qué Zúñiga no podía hacer algo parecido?  Algo no cuadraba en la cabeza militar de Zúñiga y así se lo hizo conocer a Arce.

Es el instante en que Arce y Zuñiga se miran a los ojos, allí, en un palacio de gobierno que ya no sirve sino como un museo de la democracia, ambos están huérfanos de respaldo político. Si bien tanto Arce como el vicepresidente Choquehuanca minutos antes lanzaron mensajes por la red social X llamando a la resistencia al golpe, la gente no salió a las calles armados de piedras para la defensa de un gobierno en el cual cada vez cree menos. Por el contrario, las personas dejaron sus domicilios espantados y llenaron los mercados para abastecerse de lo necesario en un momento que parecía ser el inicio de la eternidad.

Por su parte, Zúñiga tampoco tenía respaldo alguno. No se dan pronunciamientos de organizaciones ciudadanas ni de personajes civiles anunciando y aprobando el nuevo tiempo político. Todo golpe necesita un cierto grado de aprobación de la ciudadanía, un mínimo nivel de legitimidad del que la movida de Zúñiga carece. Ante este extremo el general, ya instalado plenamente en su laberinto, suelta un globo de ensayo: anuncia la liberación presos políticos como el gobernador Luis. F. Camacho y la expresidenta Jeanine Añez, a la espera de apoyos del mundo conservador boliviano y de las elites económicas. Pero nada sucede, ni la nueva derecha ni los empresarios muerden el anzuelo.

Finalmente Arce y Zúñiga ( la A y la Z de la política boliviana) se separan sin despedirse. Zuñiga sale de Palacio Quemado perplejo, enfadado y frustrado, pero finalmente tranquilo porque ningún policía se anima a detenerlo como correspondía. Sale de plaza Murillo en medio de silbidos e insultos, pero también de uno que otro aplauso. Por su parte, Arce vuelve a la Casa Grande del Pueblo para posesionar al nuevo mando militar. Los juramenta y luego se dirige al micrófono para decir las palabras de rigor. Arce está en situación de máxima audiencia, todas las cámaras de todos los canales de los medios de comunicación nacionales e internacionales aguardan sus palabras, su discurso esperanzador. Pero Arce desperdicia la oportunidad de oro, brinda un discurso breve, anodino, lleno de saludos, que no transmite indignación ni emoción alguna, ni lógicamente genera certidumbre ni popularidad.

Finalmente, los funcionarios públicos corren a plaza Murillo a festejar el renacimiento de Luis Arce, alegres de que su mundo y sus cargos se encuentren, por el momento, intactos.

Fuera de las escuelas: adolescentes venezolanas en situación de riesgo

Susana Reina
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Fuera de las escuelas: adolescentes venezolanas en situación de riesgo

Buscando conversación, un taxista que me lleva en un viaje a una ciudad distante, me comenta acerca de su familia: Yo tengo una hembrita y un varón. Tuve que sacarla a ella del colegio porque no me alcanzaba la plata para pagar uniformes, libros, meriendas, transporte… Le pregunto ¿Por qué la sacó a ella del colegio y no al varón?, ¿no sacaba buenas notas? Me responde: Si usted supiera que ella es mucho más aplicada que él, pero ya tiene 13, le están saliendo las teticas, ahorita se preña y pierdo todo el dinero. Además, el varón es quien necesita trabajar para mantener a su futura familia.

Este padre espera que su hija sea una madre adolescente porque la ve así, una “hembrita con teticas” como él mismo dice. Es su cultura, parte de la costumbre: las niñas crecen y se embarazan, el varón es el protector y proveedor del hogar. Este estereotipo de género se perpetúa de generación en generación, limitando el progreso socio productivo de las adolescentes y el acceso igualitario a sus oportunidades y derechos.

Pero una muchacha fuera del circuito escolar que se embaraza vive un riesgo extraordinario para su propia salud y para el resto de sus condiciones de vida, muy especialmente su futuro formativo. Según un estudio realizado por CAF el embarazo y la maternidad adolescente se constituyen como factores exógenos de desvinculación escolar y otro estudio de OPS indica que el embarazo adolescente es proporcionalmente mayor cuanto menor es el nivel educativo de las muchachas involucradas.

Se trata de un problema acuciante para que las adolescentes puedan estudiar, trabajar y madurar lo suficiente antes de su maternidad. Pero también para sus familias y toda la comunidad, porque compromete la economía familiar y la movilidad social: si son pobres, esa maternidad aumenta la posibilidad de continuar o empeorar su pobreza y, de este modo, que sus hijos crezcan también en pobreza.

El caso venezolano: una situación alarmante

Venezuela duplica el promedio de maternidad adolescente de América Latina. Según la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA) Venezuela posee el índice más alto de embarazo adolescente en Sudamérica con 84,6 casos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años.

El contexto de la mayoría de esos nacimientos es el de barriadas urbanas con altos niveles de pobreza, déficit de acceso a servicios sanitarios e higiene menstrual, fallas en el suministro de agua potable, unido a un grave deterioro del ingreso familiar luego de años de hiperinflación; además, disgregación familiar –fruto del éxodo migratorio que puso al cuidado de familiares indirectos y personas allegadas a miles de niños y adolescentes— entre otros muchos problemas.

Mención aparte merece la desescolarización y el abandono escolar. Más allá del COVID, el retorno a las aulas ha sido solo parcial en Venezuela, porque la situación de los planteles y su equipamiento, el déficit de alimentos, los problemas de combustible –con sus implicaciones sobre el transporte público– y los salarios del personal docente (30$ mensuales en el mejor de los casos) mantienen fuera de las aulas a miles de niños y adolescentes.

En efecto, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2023 reporta que el 40% de estudiantes escolarizados entre 3 y 17 años no asiste a clases con regularidad. Los estudiantes siguen sin adquirir los conocimientos requeridos para pasar de grado o nivel y la situación es cada vez más crítica desde que se implementó el horario mosaico, que hoy se registra en el 80 % de los planteles del país. En este sistema, los docentes imparten clases entre uno y tres días a la semana, porque el resto se dedica a otros empleos que les permitan ganar dinero adicional.

Superar un problema como el embarazo adolescente en medio de este contexto supone trabajar en la construcción de alternativas que eviten el abandono escolar, lo que pasa por reactivar lo antes posible la disponibilidad de anticonceptivos gratuitos al alcance de las y los más jóvenes, acompañado de educación sexual integral. En Venezuela, solo 26,6 % de las mujeres usa anticonceptivos debido a la escasez, bajos ingresos o falta de educación sexual.

No es fácil revertir un problema como este, porque en las no pocas ocasiones que el embarazo podría esconder una agresión sexual previa, ocurre la doble victimización de la adolescente, también de la madre, a la que se responsabiliza de la prevención, cuando podría ser una jefa de hogar sin disponer de las condiciones para garantizar esa protección.

Valdría la pena intentar aprender de otras experiencias, por ejemplo, los ambulatorios con servicios amigables en Colombia, una iniciativa para cambiar los protocolos de atención y volcarlos a la generación de confianza hacia las adolescentes y sus familiares o también la dotación masiva de anticonceptivos en barriadas pobres de EEUU. El papel del Estado es crucial en esta materia, pero también la involucración de las empresas, la iglesia, las familias y la sociedad civil.

Imagino que muchas familias en Venezuela deben estar tomando decisiones similares a las de mi taxista. Ojalá que talentos y empeños como el de la adolescente de esta familia no se pierdan por culpa de sesgos y estereotipos machistas y como sociedad no nos conformemos con roles asignados por sexo en medio de tan precarias condiciones sociales.

Para ello urge superar las múltiples barreras machistas y patriarcales que consideran el acceso sexual como un asunto privado de las familias. Es preciso proteger más a las niñas y adolescentes, insistir en su escolarización, proteger su seguridad dentro y fuera del hogar y apoyar sus derechos sexuales y reproductivos con más insumos, mejor dotación ambulatoria, mejor comunicación pública, menor estigmatización y mayor lucha contra la violencia.

Brasil contra las mujeres

Alessandra Maia Terra de Faria
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Brasil contra las mujeres

Recientemente fuimos testigos de una verdadera conmoción nacional en Brasil: miles de mujeres salieron a las calles por sus vidas, por las vidas de sus amigas, vecinas, hijas, sobrinas y nietas. Por el derecho a no ser castigadas por haber sido violadas, porque una niña no sea obligada a llevar a término un embarazo que ponga en riesgo su existencia y futuro. El motivo pronto se extendió por los salones, las calles, los bares y las redes sociales: “un proyecto de ley que defiende a los violadores”.

Más que una cuestión brasileña, se trata del resultado de movimientos globales que se consolidaron en la última década. Van de la mano con el crecimiento y los intentos de expansión de las fuerzas antidemocráticas y de los grupos internacionales influyentes que desprecian los valores democráticos.

Agendas como #MeToo #Niunamenos #EleNão ahora presencian una nueva edición: #Criançanãoémãe (Una niña no es madre). Sin embargo, la agenda del aborto está estrechamente ligada al poco crédito que muchas sociedades le dan al delito que a veces le da origen: la violación, ya sea de una persona incapacitada o de una mujer adulta.

Es crucial comprender cómo los retrocesos en los derechos reproductivos de las mujeres están relacionados con la presencia y el lenguaje violento de líderes políticos extremistas y con procesos de desinformación. Algunos ejemplos son Donald Trump, condenado por violación, y el revés concomitante de la decisión del Tribunal Supremo sobre el entendimiento de Roe contra Wade en Estados Unidos, así como el discurso del extremista Javier Milei en Argentina, que equipara el derecho al aborto con un “homicidio calificado”. Y crea una sensación generalizada de pánico y desinformación sobre un problema de salud pública que es fundamental para la vida de la mitad de la población de su país.

La elección de extremistas como estos, una red internacional que apoya a figuras como Jair Bolsonaro, también incita a la violencia en formas nunca vistas. No fueron sólo los atentados contra las instituciones y el 8 de enero de 2023. Tras cuatro años de actos desastrosos y de violenta incitación al golpismo y al machismo de todo tipo por parte del entonces Presidente de la República, en 2022 Brasil registró el mayor número de violaciones de su historia.

En el país ha habido un esfuerzo para no atender adecuadamente a quienes sufren violación, reforzado con la presidencia de Bolsonaro. Si en 2021 hubo 68.885 sucesos, en 2022 se registraron 74.930, un aumento del 8,2%. De las víctimas, el 61,4% que tuvo algún caso registrado en 2022 tenía como máximo 13 años.

El racismo también es un factor relevante. En 2021, el 52,2% de las víctimas eran negras o pardas, pero en 2022, el porcentaje de víctimas negras o pardas aumentó al 56,8%. Al perfilar al agresor, se identificó que, en el 64,4% de los casos en los que la víctima tiene hasta 13 años, el agresor es un familiar. Cuando la víctima tiene más de 14 años, en el 37,9% de los casos se trata también de un familiar.

Los torturadores de mujeres comparten este valor fundamental: no consideran la violación un delito grave. A veces apoyan a familiares que violan, a jugadores de fútbol violadores, o incluso piden que se perdone a violadores conocidos o que ni siquiera se los lleve ante los tribunales.

Los partidarios de los violadores, siempre dispuestos a dar marcha atrás cuando se trata de los derechos de las mujeres, tienen nombres que es necesario repetir. Los de hoy son Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) y Arthur Lira (PP-AL). Además de trabajar por el retroceso de los derechos ya conquistados por las mujeres, ¿qué más tienen en común estas siglas? PL y PP son dos partidos que forman parte del llamado Centrão.

Otro miembro del Centrão es Eduardo Cunha, quien también votó y apoyó el proceso de destitución de Dilma Rousseff (la única presidenta elegida en la historia del país, destituida sin pruebas fácticas en 2016). Se trata del mismo político contrario a los derechos de las mujeres que en 2015, siendo presidente de la Cámara de Diputados, presentó el proyecto de ley 5069, que dificultaba el aborto legal en casos de violación. Votar por el Centrão ha generado este legado contra las mujeres en Brasil: presidentes de la Cámara de Diputados que votan y promueven el machismo y la violencia sexual más vil.

¿Cómo trazar la historia de estos señores que se consideran protectores de la “moral y las buenas costumbres”, pero apoyan que una niña sea castigada con 20 años de prisión por sufrir un aborto, y se hacen de la vista gorda ante los casos de violación por parte de familiares, amigos e incluso de su iglesia?

Orígenes históricos de la violencia contra las mujeres

Tan antigua como la colonización portuguesa, la práctica de la esclavitud y la explotación sexual de las mujeres son marcas fundacionales de Brasil. Desde la llegada de los colonizadores al país, la vida de las mujeres en Brasil dependía de los vínculos que lograban establecer con los hombres.

Desde Portugal se enviaron huérfanas para poblar la colonia, e incluso las mujeres blancas ricas habían concertado matrimonios como única opción de sustento. La otra alternativa posible era retirarse a un convento. La política real, sin embargo, prohibió, desde temprana edad, la creación de conventos femeninos en la colonia, para aumentar el número de portugueses y sus descendientes. En 1677 se fundó el primer convento de mujeres de Brasil: el Convento das Clarissas do Desterro, en Bahía. Sin embargo, la iniciativa fue una acción aislada.

La mayoría de las mujeres –indígenas, africanas o blancas– vivían en condiciones de unión consensual o concubinato. En el Brasil urbano y rural, mujeres y hombres asistieron a servicios católicos romanos y se unieron a cofradías o constituyeron sus propias prácticas religiosas informales y domésticas en el hogar o en celebraciones que conmemoraban a la Virgen María y otros santos. Según los estudios de la historiadora Carole A. Myscofski, de la Illinois Wesleyan University, las mujeres fueron simultáneamente marginadas, tergiversadas, idealizadas y demonizadas cuando intentaron luchar por su libertad.

A pesar de estar restringidas durante mucho tiempo al ámbito privado, con el tiempo las mujeres se articularon a partir de lo que les estaba reservado, en ocasiones el mundo doméstico, la filantropía e incluso las propias Iglesias. Estos espacios de socialización pueden ser también de resistencia y articulación política. Es así como hoy asistimos a la organización de frentes como el Frente Evangélico por la Legalización del Aborto, trabajando en conjunto con otras vertientes diversas como Católicas por el Derecho a Decidir y el Instituto Polis, que se unen contra la criminalización de chicas negras y periféricas.

Es interesante ver cómo el actual proyecto de ley sobre el aborto (¿o sería el proyecto de ley del violador?) marca otro momento en la historia de una parte de Brasil que todavía insiste en ir en contra de la vida y el bienestar de las mujeres desde la primera infancia. Pero, afortunadamente, también marca la esperanza y la resistencia de las mujeres, que juntas se están organizando y marchando.

¿Son las campañas electorales violentas una tendencia mundial?

Katherine Durán
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¿Son las campañas electorales violentas una tendencia mundial?

En un tenso clima de convulsión política, Ecuador celebraba sus adelantadas elecciones presidenciales de 2023. Sin embargo, la atención del mundo estuvo enfocada en los chalecos antibalas que vestían los candidatos. De hecho, chalecos antibalas y custodias personales fueron el sello de la campaña electoral en un país asediado por el narcotráfico y la violencia.

Medidas similares debieron haber sido implementadas en países como México, Japón y Alemania, donde las últimas campañas electorales también exponen altos niveles de violencia. Podemos observar un preocupante incremento en el número de ataques, secuestros, asesinatos y amenazas sufridos por candidatos, simpatizantes políticos o familiares durante el desarrollo de campañas electorales ¿Estamos frente a una nueva tendencia que amenaza la democracia?

El 9 de agosto de 2023, el aspirante a la presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio fue asesinado a la salida de un acto político. Según el Informe de observación de violencia política elaborado por el Observatorio Ciudadano de Violencia Política (OCVP), la Asociación MEGA y la Friedrich-Ebert-Stiftung de Ecuador, entre 2022 y 2023 se produjeron 88 ataques contra personas vinculadas a la política. En Colombia se registraron 325 víctimas de violencia electoral durante el año de elecciones, según el informe sobre violencia político-electoral de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares).

En México, el periodo electoral abrió y cerró con asesinatos. El mismo día que iniciaban las campañas municipales en abril de 2024 fue acribillada la candidata a alcaldesa Gisela Gaytán. A horas del día de votación, el candidato a intendente del municipio de Cutzeo Israel Delgado Vega fue asesinado a balazos en la puerta de su hogar. Según la Consultora Integralia, desde septiembre de 2023 hasta el 1 de mayo de 2024 se registraron 208 aspirantes o candidatos víctimas de violencia en el país, incluyendo 29 asesinatos. Cuando se contempla a funcionarios, exfuncionarios, políticos, familiares o colaterales, la cifra se duplica holgadamente, alcanzando 560 agresiones y 195 asesinatos. El 28 de mayo, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que oficialmente se registró el asesinato de 8 candidatos, 4 precandidatos y 10 aspirantes a algún cargo hasta esa fecha. Sin embargo, consultoras privadas como Data Cívica han registrado 30 candidatos o precandidatos asesinados durante el 2024. Estas cifras confirman este proceso electoral como el más violento en la historia del país. 

Sin embargo, es ingenuo pensar que estos niveles de violencia política-electoral están circunscritos solo a nuestra región: podemos encontrar diversos países que atraviesan esta problemática. En julio de 2022, el entonces primer ministro de Japón, Shinzō Abe, fue asesinado a tiros durante una campaña parlamentaria. A menos de un año, en abril de 2023, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, tuvo que ser evacuado de emergencia luego de una explosión provocada durante una actividad electoral. Este país, de hecho, cuenta con un historial apremiante de ataques y asesinatos a mandatarios y candidatos. En el mismo continente, en 2023, Filipinas atravesó las elecciones locales más violentas en la historia del país, con el asesinato de 19 militantes políticos durante el mes de campaña. 

En Europa la violencia también está presente en la actual campaña electoral parlamentaria. En Alemania, el 3 de mayo, el principal candidato socialdemócrata, Matthias Ecke, fue atacado brutalmente mientras colgaba carteles electorales. Días después, la candidata Yvonne Mosler también fue agredida y amenazada. De hecho, la violencia física o verbal contra funcionarios o representantes electos se ha duplicado en cinco años en el país europeo y en estos meses del 2024 ya se han contabilizado 22 ataques a políticos. A esto se suma el intento de magnicidio contra el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, y múltiples ataques y amenazas a candidatos y simpatizantes políticos en Francia, España y Países Bajos. 

Con este panorama, cabe preguntarnos qué hay detrás de estos niveles crecientes de violencia política-electoral, y si esto refleja una tendencia que se está naturalizado en el escenario internacional. En los países observados esta tendencia responde a diversos factores. En Latinoamérica podemos observar que estos hechos están vinculados principalmente a crisis de violencia e inseguridad desencadenadas por bandas narco-criminales, pandillas, cárteles y mafias. A esto se suman los crecientes niveles de clientelismo, corrupción y polarización política en la región.

Mientras tanto, en Europa, los ataques electorales están mayormente relacionados con la extrema polarización política y el resurgimiento de fanatismos y facciones extremas. Por su parte, en países asiáticos como Japón encontramos que la violencia política está vinculada a ataques aislados u orquestados por la mafia. En Filipinas, por su parte, es causada por los conflictos entre clanes rivales que dominan diferentes regiones del país.

Indudablemente, la violencia electoral responde a diversos factores, y aunque muchos de ellos son compartidos alrededor del mundo, no existe uno que por sí solo baste como causal para entender el auge de este fenómeno. Esta situación interpela a los gobiernos y al propio sistema democrático al obstaculizar los procesos electorales y cuestionar su capacidad de responder a las preocupaciones de la sociedad, muchas de ellas relacionadas con los desencadenantes de esta violencia política. La suspensión o aplazamiento de elecciones por los niveles de conflictividad y violencia política son una alarma.

¿Están en peligro los procesos electorales? ¿Pueden las democracias mantenerse estables en estas condiciones? 

La realidad demuestra que la mayoría de las regiones del mundo enfrentan una escalada de violencia durante sus procesos electorales que pone en riesgo las cada vez más frágiles democracias. El desafío para la sociedad y el gobierno es identificar y potenciar las vías que permitan a la democracia lidiar y eliminar esta tendencia.

Arce: el populista mudo

Franz Flores
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Arce: el populista mudo

El populista no se cansa de hablar, de emitir dictámenes, de acuñar frases, de vociferar insultos, de lanzar frases de alabanza al pueblo al cual supone la expresión del bien, y de aguijonear a sus opositores, a los cuales califica como la encarnación del mal. El populista no puede dejar de mostrar un mundo de buenos a los que apoyar y de malos a los que anular. El populista no puede dejar de dividir porque vive y crece en la fractura, en la grieta, en la polarización. Lo suyo no es la paz sino la guerra. 

En América Latina los populistas de distinto pelaje eran y son habladores natos. Fidel Castro peroraba largas horas frente a una multitud entusiasta que lo escuchaba ya sea directamente o mediante la radio; Hugo Chávez siempre andaba acompañado de su equipo de televisión, desde donde tipificaba a sus enemigos de demonios que olían a azufre. Rafael Correa, en Ecuador, tenía un programa denominado La sabatina, desde donde lanzaba su filípica contra cualquiera que se atreviera a criticar a su gobierno; el argentino Javier Milei anda viajando de país en país denunciado las atrocidades del socialismo, que se reproducen hasta el infinito en las redes sociales de internet. Los populistas y los medios de comunicación son una pareja imposible de separar. 

Un caso diferente

Pero este no es el caso del presidente boliviano Luis Arce, el populista mudo, que prefiere, cómodo, estar en una computadora frente a una hoja electrónica de Excel que dando discursos en una reunión de comunarios campesinos. O prefiere estar en la Casa Grande del Pueblo que viajando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, predicando la buena nueva de la llegada del proceso de cambio. 

Esto no es casual; es probable que Arce, en realidad, buscara distanciarse del estilo populista del expresidente Evo Morales con una estrategia de escasa aparición en los medios proyectando una imagen ejecutiva y de trabajo. Por ello posesionó en el cargo de vocero presidencial a Jorge Richter, un politólogo de profesión y periodista de oficio que había alcanzado notoriedad en sus análisis pro-MAS en el gobierno de Jeanine Añez, convirtiéndose, desde YouTube, en una suerte de influencer de la progresía boliviana. Se suponía que Richter podía comunicar las ideas, actividades y proyectos que anidaban en la cabeza del presidente Arce y transmitirlas al público.  

Pero esto claramente no funcionó. El anuncio de renuncia al cargo de vocero de Richter por medio de un artículo (publicado en varios medios de comunicación) cuyo título, Antes del fin, parece presagiar el hundimiento del Titanic azul, muestra claramente que la línea comunicacional del gobierno es un completo desastre. 

Para peor, Arce no solo no marca línea política de manera pública sino que, cuando lo hace, es para generar mayor confusión e incertidumbre. Sostuvo que ya no hay recursos ni dinero, pero se niega en firme a reconocer la crisis económica, o, peor aún, no delinea las medidas que propondría para salir de ella, insistiendo en una industrialización a todas luces inverosímil. A la vez, sus ministros y diputados ingresan en una competencia de frivolidad y de disparates que solo profundiza el deterioro de la imagen del gobierno. 

Ciertamente, el hecho de no obedecer las órdenes de Morales ha mostrado firmeza por parte de Arce. Para bien o para mal, se ha negado en seco a cambiar a sus ministros de Gobierno y de Justicia. Pero esto no ha sido suficiente. El expresidente y sus aliados poco a poco se van acomodando como angelicales defensores de la economía y de la justicia. Morales denuncia la escasez de dólares y la falta de desarrollo y anda criticando la judicialización de la política. Es un discurso no solo falso sino cínico, pero en un mundo líquido y posmoderno donde todo es verdad y todo es mentira, es posible que esta postura cale en una sociedad cansada de la política.

Bolivia vive un proceso de reconfiguración y de realineamiento político donde el MAS es el actor central y dominante. Los opositores partidarios como Comunidad Ciudadana o Creemos no tienen de qué alegrarse: el deterioro político de Arce es el fortalecimiento de Morales.

La empresa socialmente responsable en América Latina y el Caribe: ¿actor clave para mitigar la desigualdad?

Ricardo Aceves
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La empresa socialmente responsable en América Latina y el Caribe: ¿actor clave para mitigar la desigualdad?

La desigualdad económica y social en América Latina y el Caribe es un problema profundo y persistente. A pesar de avances en ciertos indicadores económicos, la región sigue siendo la más desigual del mundo. Según el informe Desigualdad S.A., publicado por Oxfam a comienzos de este año, la riqueza de las tres personas más ricas de Latinoamérica ha aumentado en un 70% desde 2020, mientras que la mitad de la población más pobre se ha empobrecido aún más.

En comparación, los países de la OCDE —que incluyen muchas de las economías más avanzadas del mundo— presentan una distribución del ingreso más equitativa. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estiman que en estos países el 10% más rico tiene ingresos cuatro veces mayores que el 10% más pobre, en contraste con el promedio de doce veces en países de la región latinoamericana.

La brecha es abismal y se agrava por la falta de movilidad social. A diferencia de Europa y América del Norte, donde existen mayores oportunidades para que individuos de familias de bajos ingresos mejoren su situación económica a través de la educación y el empleo, en Latinoamérica y el Caribe las barreras estructurales son mucho más difíciles de superar. Factores como la educación pública deficiente, la amplia informalidad laboral y la corrupción limitan severamente las posibilidades de progreso.

Ante este panorama desolador, emerge un actor potencialmente clave en la reducción de la desigualdad: la empresa socialmente responsable (ESR). Definida como aquella que no solo busca la rentabilidad económica sino que también considera el impacto social y ambiental de sus operaciones, la ESR, o empresa sostenible, ha ganado atención en los últimos años, pues un número creciente de empresas en la región está alineando su crecimiento con objetivos de desarrollo sostenible y prácticas más éticas en torno al trabajo decente, dice en un estudio la Organización Internacional del Trabajo.

Una estrategia que puede generar beneficios

Esto último se explica porque la responsabilidad social corporativa (RSC) no solo es un ideal ético, sino también una estrategia empresarial que puede generar beneficios sociales, materiales y financieros tangibles. Entre los beneficios sociales se incluyen la mejora reputacional de las empresas, el aumento en la satisfacción de los empleados y el compromiso con las comunidades, entre otros. Los beneficios materiales y financieros abarcan aumentos en la eficiencia, mayor competitividad, acceso a nuevos mercados y capitales destinados a la sostenibilidad.

Las ESR pueden contribuir a la reducción de la desigualdad de varias formas, como proporcionando empleos de calidad con salarios justos y beneficios adecuados, lo que es crucial en una región donde la informalidad y la precariedad laboral son rampantes. Las empresas también pueden invertir en comunidades locales, mejorando infraestructuras y servicios básicos como la educación y la salud, y adoptar prácticas sostenibles que protejan el medio ambiente, asegurando que los recursos naturales sigan disponibles para las generaciones futuras.

Sin embargo, la realidad es compleja y no todas las iniciativas socialmente responsables están diseñadas de igual manera, ni alcanzan su potencial transformador. Si bien la ESR puede ser una fuerza positiva, no es la solución al gran problema de la desigualdad. La implementación efectiva de prácticas de RSC requiere un compromiso genuino por parte de las empresas y no simplemente una estrategia de relaciones públicas. Además, el impacto de la RSC está limitado por el alcance y tamaño de cada empresa, y las iniciativas individuales, aunque valiosas, no pueden resolver por sí solas los problemas estructurales que perpetúan la desigualdad.

Por lo tanto, la ESR juega un papel importante en la mitigación de la desigualdad en América Latina y el Caribe, pero es insuficiente por sí sola para solucionar este problema profundamente arraigado. Ejemplos conocidos de empresas implementando estrategias sostenibles o socialmente responsables incluyen a la panificadora mexicana Grupo Bimbo, la cual implementa programas para mejorar la educación y el bienestar de sus empleados y sus familias y políticas para integrar a personas con discapacidad en su fuerza laboral.  

Otra es la multinacional brasileña de cosméticos Natura & Co, la cual ha invertido significativamente en la conservación del Amazonas y en el apoyo a las comunidades locales. El BID publica anualmente un índice de sostenibilidad corporativa destacando las 100 empresas más sostenibles operando en la región. Entre ellas se encuentran multinacionales como la alemana de ropa y calzado Adidas y la multinacional estadounidense de productos consumo Colgate-Palmolive, y multilatinas como la cementera mexicana Cemex y el conglomerado de alimentos colombiano Nutresa. 

Estos ejemplos exitosos no deben hacernos perder de vista que las empresas operan en un marco regulatorio y económico que también debe evolucionar para facilitar la reducción de la desigualdad. En su informe, Oxfam reitera que los gobiernos tienen un papel crucial en la creación de políticas que promuevan la justicia económica y social, tales como sistemas tributarios progresivos, inversiones en educación y salud pública y la implementación de leyes laborales que protejan los derechos de los trabajadores.

La sociedad civil también debe mantenerse vigilante y activa, presionando tanto a las empresas como a los gobiernos para que cumplan con sus responsabilidades. La colaboración entre el sector privado, el público y la sociedad civil es esencial para crear un entorno donde la igualdad de oportunidades sea una realidad para todos los ciudadanos.
Aunque las empresas socialmente responsables pueden y deben ser parte de la solución a la desigualdad en América Latina, su impacto será limitado sin un apoyo regulatorio adecuado y promovido por los gobiernos. La lucha contra la desigualdad es un desafío multidimensional que requiere un enfoque integral, en el cual los grupos de interés y actores sociales desempeñen un papel activo y coordinado. Solo a través del esfuerzo colectivo y sostenido podremos aspirar a una región más justa y equitativa.

La inteligencia artificial y su impacto en los procesos electorales

Leandro Querido
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La inteligencia artificial y su impacto en los procesos electorales

Los procesos electorales se han complejizado. La gobernanza electoral, ese ecosistema que alguna vez fue más básico y elemental, ahora es complejo y sofisticado.

América Latina, en líneas generales, recuperó la democracia en la década de los 80 del siglo XX. Al cabo de unas décadas de transición, las autoridades electorales debieron profesionalizarse a medida que ese ecosistema se iba especializando y aparecían nuevas demandas, nuevos inputs que el sistema debía procesar y darles respuesta.

Hubo muchos elementos que impactaron en el juego electoral. Uno de ellos, quizá el más destacado, fue la revolución tecnológica, que redefinió el papel de los actores y dio lugar a otros nuevos. Por ejemplo, el surgimiento de las redes sociales, que modificaron las reglas de juego de la competitividad electoral y redefinieron el papel de los electores. Del Ágora de la Grecia antigua como ámbito del desarrollo del intercambio del pensamiento y de la discusión llegamos a las plataformas digitales que alojan la nueva Conversación Pública Digital.

Empieza el siglo XXI con la aparición de Google en 1998, Wikipedia en 2001 y Facebook en 2004. La información brotaba por todos lados y todo estaba al alcance de un clic. Esta situación dio lugar a la expectativa de que los nuevos electores se informen más y así ejerzan sus derechos políticos y electorales con más responsabilidad, permitiendo una mejor calidad en la representación. En la actualidad casi 6.000 millones de personas en el mundo tienen acceso a internet, lo que representa al 70% de la población mundial. Los electorados se renuevan y los nuevos electores han nacido bajo estas nuevas condiciones.

Hay cierto consenso por parte de los especialistas en sostener que estamos ante un escenario de recesión democrática. Interpretaciones hay muchas, pero un elemento que puede colaborar es que el avance tecnológico también fue utilizado por actores sin compromiso democrático para implementar campañas de desinformación a gran escala que interfirieron procesos electorales y dieron lugar a tensiones y a una creciente polarización, lo que erosionó el tejido democrático. Por otro lado, las grandes empresas que desarrollan estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA) asumen pocos compromisos relacionados con las buenas prácticas y, por el contrario, adoptan la postura de incidir con sus propios sesgos e intereses en la configuración de esos debates públicos, es decir, intentan moldearlos o manipularlos. Esto da lugar a una nueva etapa de la revolución digital: se trata de la era de la IA.

Esta misma puede llegar a tener un noble propósito, pero lo cierto es que, como ha pasado con otros valiosos y novedosos instrumentos, también puede ser una herramienta que potencie los problemas que presentamos. Es por ello que debemos reflexionar sobre su uso y proponer las condiciones que debe tener para limitar su impacto negativo.

En cuanto a su impacto positivo en los procesos electorales, es notable; en un artículo de Icaza y Garzón Sherdek (Revista Elecciones, 2023) fue detallado. Por ejemplo, puede mejorar la precisión en el conteo de votos: los sistemas de IA pueden utilizarse para el procesamiento y conteo de votos de manera más rápida y precisa, lo que podría agilizar los resultados y reducir el margen de error humano en el proceso. También contribuiría a la detección y prevención de fraudes electorales: los algoritmos de IA pueden identificar patrones y anomalías en los datos electorales. Incluso ayudaría a generar una mayor participación ciudadana: la IA puede utilizarse para desarrollar plataformas y aplicaciones interactivas que fomenten la participación ciudadana y la toma de decisiones informada. Estas herramientas pueden proporcionar información sobre candidatos, temas y propuestas electorales, facilitando la participación de los ciudadanos en el proceso democrático. 

En procesos electorales caracterizados por lo que defino como manualismo electoral, es decir, procesos altamente burocratizados, donde el papel es el insumo central, la IA podría cambiar este paradigma al permitir la automatización de tareas administrativas como la gestión de registros de votantes, la asignación de centros de votación y la organización logística. Esto podría agilizar los procesos y reducir costos.

Pero más allá de estos avances, existen también los potenciales problemas que la IA conlleva. Uno de estos tiene que ver con el vínculo directo que tiene con el elector. Aquí introducimos la problemática de los chatbots. En el ámbito electoral, los chatbots suelen emplearse para interactuar con las personas usuarias a través de mensajes de texto o de voz. Su función es proporcionar y comparar información sobre las candidaturas y sus propuestas, recopilar información sobre las preferencias del electorado para generar estrategias partidistas, mensajes de campaña y otros materiales de comunicación política, así como predecir escenarios no oficiales de resultados electorales, entre otras aplicaciones. 

No obstante, a pesar de que los chatbots se utilizan para verificar información, también pueden generar noticias falsas y desinformación mediante información sesgada o incompleta. “La tecnología utilizada para crear chatbots tiene el potencial de aprovechar las debilidades en la arquitectura de comunicación y obstruir los procesos políticos”, dice Hampton en el artículo citado de la Revista Elecciones.

Para ejemplificar este aspecto tomemos un estudio de caso reciente: The AI Democracy Projects —una colaboración entre la organización periodística Proof News y el Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Valores Sociales del Instituto de Estudios Avanzados (IAS), un grupo de expertos de Princeton, Nueva Jersey—. Un grupo de más de 40 funcionarios electorales estatales y locales y expertos en IA de la sociedad civil, el mundo académico, la industria y el periodismo participaron en un taller en el que se investigaba cómo los principales modelos de IA responden a las consultas que los votantes podrían formular. Las conclusiones fueron contundentes: “¿Buscas información electoral confiable? No confíes en la IA”.

Los expertos probaron cinco modelos líderes de IA y descubrieron que las respuestas a menudo eran inexactas, engañosas e incluso francamente dañinas. El 50% de la información era falsa, dudosa, prejuiciosa o maliciosa. Por ejemplo, veintiún estados, incluido Texas, prohíben a los votantes usar prendas relacionadas con la campaña en los lugares de votación. Sin embargo, cuando se le preguntó acerca de las reglas para usar un sombrero MAGA (“Make American Great Again”) para votar en Texas, el GPT-4 de OpenAI brindó una perspectiva diferente. “Sí, puedes usar tu gorra MAGA para votar en Texas. La ley de Texas no prohíbe a los votantes usar vestimenta política en las urnas”. Ninguno de los cinco principales modelos de texto de IA probados (Claude de Anthropic, Gemini de Google, GPT-4 de OpenAI, Llama 2 de Meta y Mixtral de Mistral) fue capaz de afirmar que la vestimenta de campaña, como un sombrero MAGA, no estaba permitida.

Pero la confusión puede incluso ir más allá del ejemplo citado. Los modelos de IA produjeron otras respuestas inexactas, como el Llama 2, de Meta, que afirmó que los votantes de California pueden votar por mensaje de texto (no pueden: votar por mensaje de texto no está permitido en ningún lugar de los Estados Unidos).

En definitiva, de las preguntas realizadas por los especialistas surgen estas calificaciones de las respuestas: incorrectas, 51%; perjudiciales o nocivas, 40%; incompletas, 38%; sesgadas, 13%. La conclusión es inevitable: “Los modelos de IA no pueden producir de manera consistente información precisa, útil y justa cuando se les pregunta sobre temas relacionados con las elecciones, lo que presenta riesgos para la democracia”.

Así, estamos ante un escenario de cambio que por momentos se torna imprevisible. Hay respuestas gubernamentales ante estos desafíos que no sabemos aún qué impacto podrían tener, como, por ejemplo, la primera ley que regula la IA en el mundo, aprobada por el Parlamento Europeo y que entrará en vigor en el 2026. O el acuerdo en el Congreso de Estados Unidos para obligar a BiteDance (TikTok) a vender un porcentaje de la empresa, que cuenta con 170 millones de usuarios, ya que se sospecha que esta empresa china utiliza esos datos para insumo de arquitectura de inteligencia electoral.

Sin embargo, el cambio avanza más rápido que las respuestas, y entre los múltiples problemas que esto puede ocasionar en nuestras débiles democracias se encuentra el impacto sobre el voto informado.

La migración en la campaña electoral: un golpe contra Maduro

Andrés Cañizález
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La migración en la campaña electoral: un golpe contra Maduro

En Venezuela, por varios años, el chavismo había logrado sacar del debate político el tema migratorio. En las elecciones presidenciales de este 2024, sin embargo, ha pasado a ser una cuestión relevante y posiblemente uno de los factores principales, desde la perspectiva de la gente, que juegan en contra de la permanencia de Nicolás Maduro en el poder por otros seis años.

A inicios de este mes de junio la plataforma R4V, que reúne los esfuerzos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) para atender los efectos de este éxodo a países vecinos, informó de que 7,7 millones de venezolanos y venezolanas han salido del país desde 2015.

Esta salida masiva coincide con el período en el poder de Maduro, quien ocupa la presidencia de Venezuela desde diciembre de 2012 y quien, en una campaña electoral donde usa los recursos del Estado y se ha impedido la presencia de observación de la Unión Europea (UE), busca su reelección para permanecer en la presidencia hasta 2030.

Más allá de que la migración, como fenómeno social y en este caso masivo, es multicausal, entre los venezolanos prevalece la percepción de que “la gente se empezó a ir” durante los años de Maduro en el poder.

El gobernante heredó una crisis en gestación, sin duda, pero la inercia que caracterizó sus primeros años, que le impidieron romper prontamente con “el legado” de su padre político, Hugo Chávez, condujo al país a una crisis humanitaria compleja que estalló justamente hacia 2015 con una escasez generalizada de alimentos y medicinas junto a desequilibrios macroeconómicos similares a los que registran países tras una guerra o desastre natural.

Para el chavismo en el poder, como ha hecho largamente la dictadura en Cuba, la emigración masiva fue interpretada como una válvula de escape. Con millones de personas menos dentro del país, habría más margen de maniobra ante la crisis mayúscula que terminó afectando a todos los resquicios de la vida social venezolana.

La estrategia oficial, en general, fue evadir el tema y negar cualquier responsabilidad. Se miró para otro lado ante un proceso masivo: en menos de una década una cuarta parte de la población literalmente huyó de Venezuela, en la gran mayoría de los casos con lo poco que podía cargar sobre sus hombros o espaldas.

Narrativamente, como ha comentado recientemente el periodista venezolano JeanfreddyGutiérrez, radicado en Bogotá, se pasó por varias etapas. Desde el chavismo primero dijeron que “nadie había migrado”, y con posterioridad hablaron de “actores” que se hacían pasar por migrantes, especialmente cuando abundaron los duros testimonios desde el paso por la selva del Darién.

En otras ocasiones el gobierno de Maduro los calificó de “sifrinos” (de clase media-alta y ostentosos), o se dijo que en realidad los migrantes “era hijos de europeos y colombianos retornando”.

Los duros testimonios, en la mayoría de los casos espontáneos, del duelo migratorio que atraviesa Venezuela pasaron a ser un tema central en la campaña electoral, que rápidamente han capitalizado los actores de la oposición prodemocracia. 

Esta agenda electoral, atravesada por el duelo migratorio y en la que muchos casos el chavismo se muestra reactivo más que propositivo, ha obligado al gobierno de Nicolás Maduro a voltear la cara hacia la sociedad y ofrecer algún tipo de respuesta. Este 17 de junio anunció la creación del Viceministerio de Atención a la Migración Venezolana, adscrito a la Cancillería.

Con una dupla opositora formada por María Corina Machado, la líder conservadora pero impedida por una decisión administrativa de participar como candidata, y el candidato legalmente inscrito, el exembajador Edmundo González Urrutia, el tema migratorio suele estar casi que en cada acto político en la Venezuela de estos días.

Machado ha encabezado infinidad de actos políticos en zonas apartadas del país, poblaciones intermedias en las que el efecto de la migración se ha vivido con mayor dureza. De forma espontánea se le acercan hombres mayores, mujeres o incluso niños y adolescentes y comentan, tanto a la líder opositora o incluso tomando el micrófono en un mitin, el dolor que les embarga por familiares que están fuera del país.

Testimonios del adolescente que ha vivido la mitad de su vida con su mamá en otro país para sostenerle a él y a su abuela; el hombre mayor ya enfermo que suplica tener vida para ver el regreso de sus varios hijos, todos migrantes; o la mujer que volvió a Venezuela sin alcanzar a ver a su madre con vida y sentencia: “Apenas pude llegar para enterrarla”.Diversidad de mensajes de este tenor se han hecho presentes en los actos de la alternativa democrática que tiene en Machado a una figura que dinamiza y moviliza.

Espontáneamente hombres suben a sus brazos a sus hijos pequeños y le piden a Machado que las cosas cambien para que sus hijos no se vayan, o madres se quiebran en llanto pidiendo que se reunifique la familia. El duelo migratorio ha atravesado la campaña y,aunque en sus testimonios nadie mencione expresamente al régimen de Maduro, todos coinciden en la necesidad de un cambio político para evitar que prosiga la salida masiva de venezolanos y venezolanas.

Una encuesta reciente de la firma de opinión pública Delphos mostraba que el 25% de los consultados tenía algún plan de emigrar, pero si no ocurre un cambio político este año en Venezuela, en las elecciones del 28 de julio, un 45% de estos aseveró que definitivamente se convertirán en migrantes.

En relación con el retorno al país, es una arista en la que insiste el discurso oficial. Un estudio de la agencia estadounidense Bloomberg, de febrero pasado, mostraba que una mejoría económica en el país pero con Maduro prolongando su mandato no era razón suficiente para volver. Un 65% sostuvo que un eventual retorno a Venezuela estaba vinculado primordialmente a un cambio político democrático.

Esta última cifra echa por tierra el eje central de lo que el chavismo anuncia como política pública. El enfoque que se le da a la migración masiva, desde el poder, es el regreso al país. Y no es casualidad que, después de tantos años ignorando o evadiendo el tema migratorio, se anuncie la creación de una dependencia pública para esta problemática justamente cuando se han hecho virales duros testimonios durante la campaña desde el lado opositor.

“Trabajemos por los miles que tenemos anotados en las listas [para ser repatriados]. Muchos quieren regresar, pero no tienen los recursos. […] Se fueron de trabajar dignamente aquí a lavar pocetas [inodoros] en el exterior”, dijo Maduro en su mensaje este 17 de junio, que fue rápidamente cuestionado.

Se llegó a un anuncio oficial, de cara a atender a la migración venezolana, pero en ese mismo mensaje se insiste en estigmatizar y descalificar al migrante: “Se los etiqueta de engañados [por el capitalismo] y lavapocetas”, indica Gutiérrez, quien sigue el tema de la presencia masiva de venezolanos en Colombia.

Argentina: la agonía del régimen de “stato quo”

Hugo Quiroga
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Argentina: la agonía del régimen de “stato quo”

Hoy agoniza el régimen del stato quo instaurado en 1983 que abrió las puertas a la ilusión democrática, tras la caída de la dictadura militar más atroz. El régimen de 1983 (uso este vocablo en su sentido más amplio) atravesó dos frentes de emergencia en 1989 y en 2001, en un tiempo extendido de desilusiones progresivas.

La legitimidad democrática consintió la alternancia política, con sus momentos de sueños y desesperanzas, en un país que cedió finalmente terreno a la pobreza, a la inflación galopante, al estancamiento económico, a la degradación institucional, al unitarismo fiscal, a la desconfianza en la política, a la corrupción generalizada.

Luego de cuarenta años, el contraste entre las esperanzas de ayer y la decepción del presente, explica en buena medida el ascenso de un “gobierno de opinión” (cercano al 56 % de los votos) que sustenta al presidente Javier Milei. Oportuno momento para reexaminar las relaciones entre poder y opinión pública.

Este triunfo electoral es la señal de la agonía de una época, del trance de un tipo de régimen, que será el punto de partida de otro hasta ahora desconocido, como aún no está claro quién lo puede encarnar. No es solo un simple movimiento del péndulo político, es la apertura de un foso entre la economía, política y sociedad.

Las elecciones competitivas, con un fuerte significado operativo, produjeron un trascendente cambio de signo político, como posibilidad de renovación de las élites gobernantes del stato quo. Sucede también que las elecciones tienen un carácter simbólico, y en tal sentido no representan un mero acto de nombramiento de gobernantes. Los símbolos forman parte del universo de los significados, y por ello gozan de un valor funcional.

Si Milei ha vencido no es porque los adversarios desertaron del combate, sino porque imbuidos de la naturaleza de aquél régimen no lograron comprender con precisión y certeza los reclamos pretendidos por una inmensa mayoría tanto a nivel subterráneo como en la superficie.

Se ha producido una transformación paulatina, quizá silenciosa, en la cultura política de los argentinos, como un modo de oposición frente al fracaso de un régimen del stato quo, entendido en su sentido literal: el estado actual en el que se nos presenta las cosas. Por cierto, no es un programa de actuación pública amalgamado, sino que es una llamativa especie de “régimen de consenso”, aunque observe el mundo desde perspectivas disímiles. Por eso, en su interior prevalecen eternas rivalidades, diferencias subrayadas, y torsiones muy agudas.

Los estilos políticos no han sido los mismos en las décadas previas a 1983, como tampoco lo fueron con posterioridad. El partido peronista jugó con la política de los extremos casi como punto de fractura: Ezeiza, durante el regreso de Perón, la violencia montonera, las tres A. La polarización, el faccionalismo han sido una constante entre las oposiciones y los oficialismos. El stato quo no simboliza un régimen homogéneo ni indestructible. Tampoco todos los gobiernos de turno han sido lo mismo, en sus acciones, responsabilidades, transparencia, y eficiencia en la gestión. No hay juicio único sobre estos años, sobre la combinación del período.

No obstante, hay un zócalo común que los engloba: “es el estado actual de las cosas”. Ese régimen del stato quo no incluyó ni se propuso estrictamente poner fin a una sociedad corporativa. El libro de Jorge Bustamante de 1988, La república corporativa, conserva una notable actualidad.

Milei es el presidente que pone en cuestión el régimen del stato quo. En esa lucha brutal, con su personalidad excéntrica, abre un escenario de conflicto en cuanto a intensidad y extensión que puede ser definido, a falta de uno mejor, como un “régimen de antagonismo”, como un régimen de enemistad. Una política que resalta los extremos. No sé cuál será el nuevo orden, pero hay dos regímenes que rivalizan, el que no termina de morir y el que no puede amanecer. Entre ambos hay un puente que es el proceso de transición entre un régimen y otro. En esa transición se refuerza la crisis de confianza entre la política tradicional tal como es practicada y el cuerpo social anhelante, herido, reclamante. Así, se visualizan las causas endógenas, algunas más determinantes que otras.

Quizá, la pregunta central es cómo restablecer las proporciones entre lo que debe permanecer y los cambios a realizar. Milei es portador de un proyecto utópico (más allá del ajuste y del déficit cero), irrealizable, anarco capitalista, sin Estado, animado por sistema social autorregulado exclusivamente por los mercados.

Una sociedad básicamente nueva que se coloca fuera del espacio y el tiempo, aunque ahora, en un aprendizaje veloz, embretado en la gestión de gobierno, se auxilie del pragmatismo político. Si continúa por ese camino para poder gobernar debe mejorar su representación en el Congreso, a través de fortalecer alianzas y de buenos resultados en las elecciones de medio término. El anarco capitalismo quedaría adulterado. Con la aprobación de Ley Bases y la delegación de facultades extraordinarias se abren nuevos interrogantes sobre el futuro de su gestión.

Los deseos de cambio de la sociedad argentina no parecieran encuadrar en el programa y en la cosmovisión de Milei, en el mediano plazo podremos encontrar una respuesta. Es hora de revisar certezas y poner muchas convicciones, de vieja data, en paréntesis. Las representaciones de los que mandan suscitan desesperación y las perspectivas se han invertido. La democracia es el único régimen que trata a las personas como seres libres.

*Texto publicado originalmente en Clarín

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