Una región, todas las voces

El asesinato de Marielle, las milicias y la «narrativa del golpe»

La noche del miércoles 14 de marzo fue asesinada en una calle céntrica de Río de Janeiro la concejala Marielle Franco, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), de izquierda. Una ráfaga de balas, de 9 milímetros, proveniente de un vehículo que se había detenido junto al que transportaba a Marielle, daría fin a su vida y a la del conductor, Anderson Pedro Gomes. El asesinato fue inmediatamente cubierto por los medios y al día siguiente hubo multitudinarias manifestaciones de repudio en varias ciudades del país y el mundo.

Marielle Franco era conocida en el ámbito de la militancia por los derechos de las minorías en Río de Janeiro. Mujer de 38 años, autodefinida feminista, negra y criada en una de las mayores favelas del país, Complexo da Maré, no había tenido una vida fácil. Se graduó como socióloga, con beca integral, y realizó una maestría en Administración Pública. Fue asesora de Marcelo Freixo, diputado y uno de los principales líderes de su partido. En 2016 se lanzó como candidata a la cámara de concejales de Río; en esto obtuvo más de cuarenta mil votos.

A partir de ahí, integró comisiones de investigación sobre la violencia policial en las favelas y se comprometió con sus problemas cotidianos. Últimamente se había centrado en repudiar la “intervención militar” de las favelas. Por ello, inmediatamente se adjudicó su asesinato a un móvil político. Para la mayoría, se trataba de un “atentado político” clásico, aunque el asunto se presente más complejo.

El asesinato de Marielle representa un atentado contra la democracia brasileña. Sin embargo, más que eso, evidencia, una vez más, la correlación de fuerzas criminales que actúan en Río de Janeiro. En este escenario, las “milicias” —grupos “paramilitares” surgidos en los setenta, cuyo papel inicial era garantizar la seguridad, pero que con los años pasaron a intimidar y a extorsionar a los habitantes y comerciantes de las favelas—, tienen un rol fundamental. Y su asesinato fue la respuesta a la avalancha de detenciones de miembros de estas organizaciones en los últimos días. Por ello, la tesis de que el crimen de Marielle es un “atentado político” no explica el fenómeno.

Veamos los acontecimientos. El mismo miércoles 14 de marzo el portal de noticias G1 publicó una nota con el título: “Operación para combatir milicia que actúa en la Bajada Fluminense detiene a 9 personas; cuatro son Policías Militares”. Otro artículo decía: “Franquicia del crimen: 2 millones de personas en Río de Janeiro viven en áreas de influencia de las milicias”.

Tras una reestructuración reciente de la Policía Civil, esta institución, junto a la Policía Militar, habían aumentado desde fines del año pasado y, sobre todo en febrero y marzo, los procedimientos contra líderes de las “milicias”. Si bien la “intervención militar” era ampliamente criticada, las acciones policiales de represión al “crimen organizado” estaban obteniendo evidentes éxitos.

el asesinato de Marielle habría sido perversamente funcional al mensaje que las “milicias” querían dar en respuesta a las recientes investigaciones policiales

Es importante entender que la muerte de la concejala no fue, en su totalidad, una respuesta política a sus recientes acusaciones de violencia policial en la favela de Acari. En las redes sociales, Marielle venía dando testimonio de los abusos de las fuerzas policiales en el contexto de la “intervención militar”. Eso contribuyó a que los análisis se hubieran inclinado hacia la tesis del “atentado político”. No obstante, se sospecha que no fue necesariamente asesinada por sus acusados.

Para la “razón de ser” de las “milicias”, era necesario un movimiento estratégico mediáticamente significativo para deshacerse de la policía. Así, el asesinato de Marielle habría sido perversamente funcional al mensaje que las “milicias” querían dar en respuesta a las recientes investigaciones policiales. Las “milicias” tenían muy claro que la muerte de una concejala del PSOL, con un nítido posicionamiento contra la acción de la Policía Militar y el Ejército en las favelas, permitiría transformar el crimen en un “hecho político” contundente, y esto les beneficiaría.  

Mientras la opinión pública se entretenía con la narrativa política sobre el supuesto “golpe” y el posterior “estado de excepción”, tras la destitución de Dilma Rousseff, las “milicias” ganarían tiempo, para luego retraerse si la indignación colectiva presionaba la salida de la policía de las favelas.

Con esto último se revertirían las investigaciones policiales en su contra. Tal vez el Gobierno, dando un paso al costado, podría frenar el creciente desbaratamiento de sus organizaciones. Las “milicias”, así, le daban una vuelta de tuerca a la “narrativa del golpe” político-institucional de la mano de los simpatizantes de la izquierda política que, de inmediato, pondrían en marcha una estrategia de movilizaciones en contra del Gobierno y sus medidas de “militarizar” las favelas. La deslegitimación de la acción de las fuerzas de seguridad era prioritaria para las “milicias”, y en ese contexto, Marielle, trágicamente, entraría en escena.

Que el Estado reprima violentamente a través de sus fuerzas policiales contra los “favelados” y que estas intervenciones se retomaran tras la destitución de Rousseff y la asunción de Michel Temer al Gobierno, no era novedad. Tampoco era algo reciente el asesinato de políticos o candidatos a cargos públicos: entre enero y setiembre de 2016, antes de las elecciones municipales, fueron asesinadas 96 personas, entre ellas secretarios municipales, candidatos y militantes políticos.

Por ello, por más que la muerte de Marielle pueda ser entendida a través de la “narrativa del golpe”, es saludable considerar que su trágica muerte no es únicamente el sinónimo de un deterioro político reciente.

La particularidad de este asesinato es el momento preciso de su ejecución, el contexto en el que ocurrió y los autores del crimen. Si bien se trató de una concejala, su muerte entremezcla lo político con la disputa de poderes señoriales en espacios geográficos y económicos concretos. Por tal motivo, no sería prudente incluir el asesinato de Marielle en la “narrativa del golpe”, con el perjuicio de reducir su significado.

La joven concejala pudo haber sido asesinada por ser mujer, negra y de la favela. Sin embargo, fue fatalmente elegida como “pivote” en las disputas entre el Estado y las “milicias”. Un Estado que  “militarizó” su actuación sin medir las consecuencias inmediatas y se vio sorprendido por las pujas de poder en el interior de las favelas.

El Estado deberá investigar a fondo lo que sucedió, encontrar a los culpables y no dejarse intimidar por los enemigos que habitan en su propio seno. El asesinato de Marielle debe servir, más que para activar demandas sociales legítimas, para tomar conciencia de la cultura de la violencia que se ha construido y que no podrá ser eliminada fácilmente.

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TPP: lo firman, pero EE. UU. inicia una guerra comercial

Son tiempos revueltos en el comercio internacional. La gran crisis económica de 2008 no solo ha recrudecido las tensiones políticas internas en varios países, sino también a escala internacional. Esto se está viendo reflejado, entre otras cosas, en un mapa comercial cambiante. Y es que el resurgimiento de nacionalismos ha desempolvado las banderas del proteccionismo comercial en varios países, liderados principalmente por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y Theresa May en el Reino Unido. Por ello, surgen casos como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés).

Pero a la vez que los proteccionismos comerciales se insertan en el debate, surgen oportunidades comerciales. La globalización no da tregua y las nuevas oportunidades vienen principalmente de la mano de nuevos tratados comerciales de gran alcance. Recientemente, 11 países firmaron en Santiago de Chile el TPP. Este acuerdo, que incluye a Canadá, México, Chile, Perú, Japón, Vietnam, Malasia, Singapur, Brunei, Australia y Nueva Zelanda, eliminará los aranceles entre un 65% y un 100% entre sus miembros.

Trump no solo ha sacado a EE. UU. del TPP, sino que también ha paralizado las negociaciones de la Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión

Paradójicamente, Estados Unidos, uno de los grades propulsores del tratado como parte de su estrategia para contrarrestar el auge de China en el Pacífico, no hizo parte del acuerdo. Y es que Trump no solo ha sacado a EE. UU. del TPP, sino que también ha paralizado las negociaciones de la Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión (el conocido TTIP, por sus siglas en inglés) con la Unión Europea, y amenazado con la ruptura de la Asociación de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés) con Canadá y México. Por el contrario, los países del sureste asiático, China incluida, no paran en su internacionalización.

Aún sin EE. UU., el TPP (o Alianza del Pacífico) representa uno de los acuerdos regionales de mayor alcance global y es considerado el mayor pacto de libre comercio en curso en el planeta. Entre los 11 países firmantes suman alrededor de 500 millones de habitantes y un 15% del comercio mundial. Un análisis del Instituto Peterson estima que el tratado podría generar unos 147 billones de dólares, y miles de puestos de trabajo en los países firmantes. Pero más allá de las cifras, el tratado representa una señal en favor de las alianzas internacionales en un momento en que estas están siendo cuestionadas por algunos dirigentes.

Este nuevo acuerdo incluye tres países latinoamericanos, México, Perú y Chile, para los que el tratado representa una gran oportunidad comercial. Para México, precisamente en un momento en que su vecino del norte y principal socio comercial le da la espalda, el TPP se abre como una alternativa para diversificar el destino de sus exportaciones y para atraer inversión extranjera por fuera de EE. UU. Para Perú y Chile, el tratado significa un gran paso para materializar las ventajas de su posición geográfica como países del Pacífico, donde se está centrando el foco del comercial mundial.

La vocación expansionista del TPP puede, además, significar una oportunidad a futuro para otros países latinoamericanos con miras al Pacífico. Entre ellos, Colombia queda en una situación peculiar al conformar junto a México, Perú y Chile la Alianza del Pacífico, pero quedando, a diferencia de los otros tres, fuera del TPP. Esperemos que en un futuro también Colombia, Ecuador y varios países centroamericanos puedan beneficiarse del acuerdo comercial transoceánico.

Islandia: hacia la igualdad salarial (¿y América Latina?)

El 1.º de enero, Islandia se convirtió en el primer país del mundo en garantizar por ley la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Así, el pequeño país nórdico pone sobre la mesa el debate sobre igualdad salarial, impulsando, de este modo, el reclamo a otros derechos fundamentales como el matrimonio igualitario o la despenalización del aborto.

¿Y América Latina?

Según diferentes estudios, nuestra región ha tenido avances considerables en los últimos años. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre el 2005 y 2015, la brecha salarial en la región bajó seis puntos y se mantuvo estable, debido al enfriamiento de la economía.

Mientras tanto, un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), afirma que entre 1990 y 2014 la diferencia entre los salarios de hombres y mujeres disminuyó un 12,1%.

La diferencia registrada por los datos de la Cepal indica que las mujeres ganan en promedio solo el 83,9% de lo que perciben los hombres

A pesar de que las desigualdades han disminuido en las últimas décadas y de que América Latina se encuentra mejor posicionada que el promedio mundial, esta discriminación aún es un obstáculo para la autonomía económica de las mujeres y la superación de la pobreza y la desigualdad en la región.

Estos datos, sin embargo, varían entre los organismos. Para la OIT, la brecha actual es del 15% y para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es del 17%. Mientras tanto, la diferencia registrada por los datos de la Cepal indica que las mujeres ganan en promedio solo el 83,9% de lo que perciben los hombres.

Si bien América Latina aún se encuentra lejos de alcanzar la igualdad salarial, para el director regional de la OIT, José Manuel Salazar, empieza a haber una preocupación por el tema y a “mediano o largo plazo” se terminarán aprobando leyes que obliguen a que mujeres y hombres ganen lo mismo, como ha pasado en Islandia. “Latinoamérica aún no está en ese punto porque es una medida muy fuerte y avanzada, pero la necesidad de acabar con la brecha salarial de género es un tema que está entrando en la agenda de los países latinoamericanos”, afirmó Salazar.

A pesar de las mejoras en la región, las cifras varían entre subregiones. De acuerdo al estudio Panorama Laboral 2017 de la OIT, las diferencias salariales entre sexos en Centroamérica y México es del 10%. Mientras tanto, en Sudamérica la brecha alcanza el 23,4%. Además, también existen diferencias por sectores con mayor desigualdad en el privado que en el público. Esto se debe a una mayor actividad sindical entre funcionarios y al nivel educativo de las mujeres que optan por trabajar para el Estado, pues suele ser mayor.

Según el representante de la OIT, la desigualdad salarial no responde únicamente a factores culturales, sino también a la composición del empleo y al nivel educativo de las mujeres. Por tanto, es un tema difícil de abordar. Sin embargo, hay avances considerables en países como Chile, Colombia y, sobre todo, Panamá, que se ha convertido en el primer país latinoamericano en adherirse a la Coalición Internacional sobre la Igualdad de Remuneración (EPIC). Esta es una alianza entre la OIT, la ONU Mujeres y la OCDE, que tiene como objetivo eliminar la brecha para 2030.

La desigualdad salarial “es una batalla que requiere acciones a nivel nacional, legislación y compromiso político, pero también es una batalla que se gana en el lugar de trabajo, empresa por empresa, organización por organización», concluyó el director regional de la OIT.

Eliminar esta desigualdad es fundamental para equiparar el valor del trabajo de mujeres y hombres. Sin embargo, este logro sería aún más relevante como acelerador de las transformaciones de las estructuras sociales históricas desiguales que se resisten al cambio.

La inequidad regional: el lado más oscuro de la desigualdad

Que América Latina es la región más desigual del mundo ya es un tópico. El dato no tan difundido es la enorme inequidad económica que existe entre las diferentes regiones dentro de los países latinoamericanos. Como ejemplo, el departamento de Chocó —el más pobre de Colombia— tardaría 200 años en alcanzar los niveles de renta per cápita de Bogotá, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Colombia, del año 2015. En América Latina, los ingresos de las personas de las diferentes divisiones administrativas intermedias —departamento, provincia, estado o región— son nueve veces mayores en las más ricas que en las más pobres.

En promedio, la disparidad económica territorial es cuatro veces mayor entre los países latinoamericanos que entre los de la OCDE. Sin embargo, según el informe, Descentralización fiscal y disparidades regionales en América Latina, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este tipo de desigualdad varía mucho entre los diferentes países. En países como Argentina y México, el PIB per cápita en las divisiones administrativas más pobres llega a ser 16 veces menor que en las más ricas, mientras que en el extremo opuesto, en países como Honduras y Uruguay, esta diferencia se reduce a solo tres veces.

existe una alta y significativa correlación entre la desigualdad en el ingreso regional y los ingresos tributarios propios de los gobiernos intermedios”

A pesar del crecimiento económico y de la leve pero disminución al fin y al cabo de la desigualdad en los países de la región de las últimas décadas, las disparidades resultantes en los ingresos tributarios entre gobiernos intermedios no ha cambiado entre 2000 y 2012. De acuerdo con el informe antes citado, “existe una alta y significativa correlación entre la desigualdad en el ingreso regional y los ingresos tributarios propios de los gobiernos intermedios”, sobre todo en las economías más grandes. De hecho, el 10% de las divisiones administrativas intermedias con mayor recaudación impositiva tiene un ingreso ocho veces mayor que el 10% de las divisiones con menor recaudación.

Uno de los factores que determina estos desequilibrios horizontales es la descentralización impositiva que otorga potestades a gobiernos subnacionales que difieren entre sí en sus “capacidades fiscales y necesidades de gasto”. La desigualdad en la recaudación de las regiones también se debe, según el informe, a las variaciones del tamaño y las características sociales y económicas del país, a la capacidad de gestionar ingresos y servicios, y a la creciente concentración económica en las grandes ciudades. Por ello, mientras ciertas administraciones alcanzan considerables niveles de bienestar y prosperidad, otras no cubren las necesidades básicas y permanecen estancadas a lo largo del tiempo.

Hasta el momento, los sistemas de transferencias fiscales no han contribuido a un mayor equilibrio. Han sido pocos los países latinoamericanos que han incorporado reformas puntuales en sus sistemas de transferencias fiscales con el objetivo de reducir las diferencias fiscales interregionales. De momento, ningún país ha realizado reformas profundas que compensen las grandes diferencias. Por ello, organismos, académicos y expertos consideran que, al igual que el informe del BID, una mayor igualación fiscal entre regiones “es un componente esencial de todo proceso de descentralización que procure un desarrollo territorial equitativo, integral y sostenible”.

Foto de United Nations Industrial Development Organization on Trend Hype / CC BY

El populismo religioso se inserta en la política

La participación de las iglesias evangélicas o neopentecostales en la política latinoamericana crece día a día y alimenta las facciones políticas de la ultraderecha para impulsar su agenda conservadora. Ya sea a través de candidatos propios o apoyando líderes afines, definen elecciones y presionan en la toma de decisiones, gracias a su poder retórico que canaliza la desesperanza en la política.

La asociación entre religión y política no es cosa nueva. Históricamente la Iglesia católica ha estada vinculada, por lo general, con los partidos conservadores o ultraconservadores, así como con movimientos como “Tradición, Familia y Propiedad”, surgido en los sesenta y vinculado a las dictaduras del Cono Sur. La religión católica también ha estado presente con diversas posturas políticas a través de la democracia cristiana, que en algunos países llegó a la Presidencia. Incluso ha estado relacionada con la izquierda, a partir del Concilio Vaticano II, el movimiento de la Teología de la Liberación tuvo una gran influencia. En la actualidad, el catolicismo sigue presente en la retórica política de gran parte de los países latinoamericanos.

Sin embargo, el monopolio católico que hasta los setenta no conocía competencia, ha ido cediendo terreno durante las últimas décadas frente al evangelismo. Actualmente, casi el 20% de la población de América Latina practica esta corriente y en algunos países centroamericanos está cerca de alcanzar a la mitad de la población, debido a una particular penetración en las clases bajas y marginadas de la sociedad.

los sectores evangelistas se han infiltrado en la política para imponer sus ideales opuestos a la alteración del orden patriarcal, a la reinterpretación del concepto de familia, a la homosexualidad y a las libertades sociales

A pesar de la competencia por los fieles, al igual que la Iglesia católica, los sectores evangelistas se han infiltrado en la política para imponer sus ideales opuestos a la alteración del orden patriarcal, a la reinterpretación del concepto de familia, a la homosexualidad y a las libertades sociales.

Según el artículo Iglesias evangélicas y el poder conservador en Latinoamérica, publicado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), el evangelismo explota, además políticamente, su gran despliegue mediático, gracias a sus propias emisoras, canales de televisión y redes sociales, que deja en desventaja a los demás candidatos del sistema político. Estas organizaciones cuentan, a su vez, según Javier Calderón Castillo, autor del artículo, con una “gran capacidad económica ligada al aporte-convicción de sus feligreses” y son fervientes “defensores del neoliberalismo y la sociedad de consumo”.

En este marco, las organizaciones evangelistas están cada vez más presentes en la vida política de América Latina. En países como Costa Rica, República Dominicana, Perú y México han organizado marchas en contra del movimiento LGBT. En Colombia, donde representan el 20% de la población, los evangelistas, asociados con el expresidente Álvaro Uribe, tuvieron un rol fundamental en la derrota del plebiscito del 2016 para ratificar el Acuerdo de Paz, debido a que implementaba los derechos de la mujer y de la comunidad LGBT. En Brasil, con unos 22 millones de pentecostales, Eduardo Cunha, antes de ser condenado a 15 años de prisión por corrupción, lideró la bancada evangelista en contra de las reformas a favor de los derechos reproductivos de la mujer y del dudoso juicio parlamentario a la presidenta Dilma Rousseff. Y en Guatemala, donde el evangelismo prácticamente ha alcanzado al catolicismo, el gobierno es presidido por Jimmy Morales, un humorista y teólogo evangelista, que en sus discursos exhibe aires de predicador.

En la mayoría de los países de América Latina, al igual que el catolicismo, el evangelismo ha penetrado las esferas políticas con el fin de imponer su agenda ultraconservadora. Pero a diferencia de la narrativa más ortodoxa de la Iglesia, los pastores evangelistas están introduciendo en la política una suerte de populismo religioso, más radical y de mayor alcance.

Foto de Ministerios Cash Luna en Trend hype / CC BY-NC-SA

La creciente influencia de China en la economía de A. L.

En las últimas décadas, el peso de China en el crecimiento de la economía mundial no ha parado de aumentar y se ha acentuado aún más tras la crisis financiera mundial. Mientras que en el año 2000 el gigante asiático representaba cerca del 3,6% del PIB mundial, en 2016 su participación ascendió al 15% del total, y ya era el mayor productor industrial y agrícola del orbe. Esta enorme robustez, no solo ha implicado una radical transformación del país más poblado del mundo, sino que arrastró la economía de regiones tan lejanas como la de América Latina durante la mayor parte de lo que va del siglo XXI.

El comercio bilateral, gracias a la gran demanda de China de materias primas que disparó los precios, fue el principal factor de crecimiento para la región. A partir del 2014, la economía de los países en desarrollo se enfrió y el valor del intercambio entre América Latina y China se redujo durante tres años consecutivos. Sin embargo, en 2017 el valor de las exportaciones latinoamericanas volvió a incrementarse fuertemente con un crecimiento del 25%, acercándose al máximo histórico alcanzado en 2013, según el informe Explorando nuevos espacios de cooperación entre América Latina y el Caribe y China, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

el país asiático desplazará próximamente a la Unión Europea como el segundo principal comprador de productos latinoamericanos

A pesar del fuerte crecimiento impulsado por el aumento de los precios del petróleo y ciertos productos básicos, el intercambio comercial con China sigue siendo considerablemente deficitario. De acuerdo con las proyecciones de la CEPAL, el 10% de las exportaciones de bienes de la región en 2017 tuvieron como destino a China, mientras que de allí procedió el 18% de las importaciones. Si se mantiene la tendencia, el país asiático desplazará próximamente a la Unión Europea como el segundo principal comprador de productos latinoamericanos, por detrás de Estados Unidos, que en el 2010 ya había cedido el primer lugar como principal exportador hacia América Latina.

Por región, el Caribe, Centroamérica y sobre todo México presentan un abultado déficit comercial con China, mientras que América del Sur tiene un saldo prácticamente equilibrado. Los únicos países que presentan superávits comercial son Brasil, Chile, Venezuela y Perú, gracias a la exportación de materias primas, que en el conjunto de la región representan el 26% de las importaciones agropecuarias chinas. Más allá del buen dato del monto de las exportaciones, la composición de estas no es tan alentadora, ya que el intercambio con China sigue siendo básicamente de materias primas por manufacturas.

Otro factor de su influencia económica en la región ha sido su inversión. A pesar de que en 2016 la Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina cayó sensiblemente, ese año China se convirtió en el segundo mayor país inversionista, después de los Estados Unidos, y en 2017 ya aportaba alrededor del 15% del IED total. Sin embargo, las nuevas adquisiciones de China se reducen básicamente a unos pocos sectores como la energía y minería, lo que demuestra que, de momento, su estrategia en la región se centra en los recursos naturales y el abastecimiento del mercado energético. En este marco, Brasil, Perú y Argentina concentran más del 80% de su inversión desde el 2005.

El financiamiento de las economías de la región es el tercero de los tres principales factores de su influencia económica. Según el informe de la CEPAL, los principales receptores del financiamiento fueron Venezuela, Brasil, Ecuador y Argentina, países con importantes yacimientos de hidrocarburos. Y la mayor parte de los préstamos fueron adjudicados para desarrollar infraestructura, extracción de hidrocarburos y distribución y generación de energía.

Según el informe de la CEPAL, en la primera reunión del Plan de Cooperación CELAC-China 2015-2019, las partes expresaron la intención de duplicar el intercambio comercial para 2025. Pero si bien la expansión es un aspecto importante para la región, no solucionará “las significativas carencias que caracterizan las relaciones comerciales entre ambas partes”.


Episodio relacionado de nuestro podcast:

La crisis de los refugiados venezolanos

Comencemos por imaginar una situación que para muchos hermanos latinoamericanos parece ser ajena y extraña, y aceptar que nadie tiene nada asegurado al cien por ciento. A pesar de que varios lectores de Latinoamerica21 no son o han sido migrantes, muchos sí lo son o han sido y podrán entender la esencia de lo que les compartiré en este post. Entonces para el ejercicio a continuación, hagamos el esfuerzo de estimular la imaginación cerrando los ojos para eliminar cualquier distracción que aparezca en el campo visual.

Imagine usted que estalla una fuerte crisis social en el país en el que vive. Para fines de este ejercicio no es necesario especificar qué hay detrás de esta crisis. Puede ser un conflicto bélico, ideológico, una profunda recesión económica, una persecución religiosa, una epidemia… algo que, en palabras más o palabras menos, le quita no solo el techo, sino también el suelo y todo lo que hay en medio: trabajo, casa, un hogar, incluso su lugar en este mundo.

No existe otra alternativa que cambiar radicalmente la vida y, posiblemente de la noche a la mañana, convertirse en un fugitivo profesional. Usted no ha cometido ningún crimen, pero clama inocencia en algún otro lugar en este mundo donde ahora será visto como un forastero, desde la óptica de aquellos que se consideran como establecidos, como usted alguna vez lo era semanas o meses atrás.

el número de venezolanos que residieron fuera del país aumentó de alrededor de 50.000 a mitad de los noventa a 1.2 millones en 2013

El número exacto no está claro, pero es indiscutible que muchos venezolanos están huyendo de la profunda crisis política y económica que, a su vez, se está transformando en una crisis humanitaria. No obstante, la salida de estos de la República Bolivariana no es reciente ni consecuencia de la actual crisis. Durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) decenas de miles ya habían emigrado del país. Los datos oficiales disponibles de inmigración indican que el número de venezolanos que residieron fuera del país aumentó de alrededor de 50.000 a mitad de los noventa a 1.2 millones en 2013. Los principales destinos fueron Estados Unidos, Colombia, México y Panamá, y el grueso de esta población migrante eran personas altamente cualificadas —entre ellos ingenieros petroleros y profesionales de la salud—.

No hay datos ni estudios oficiales del número de venezolanos que han abandonado el país desde entonces, pero otras estimaciones sugieren que la salida de la población se ha intensificado rápidamente, con hasta 2 millones viviendo en el extranjero. Esta población equivaldría al 6% del total de la población venezolana. Datos del Servicio de Inmigración de Estados Unidos corroboran que el número de peticiones de asilo se han multiplicado por siete en los últimos tres años, y en la misma Venezuela los medios locales han informado un incremento estrepitoso de solicitudes de pasaportes en 2016 y 2017. Algunos sondeos mencionan que entre 2 y 3 millones de venezolanos solicitaron nuevos pasaportes en 2017, mientras que el gobierno emitió solamente 300.000.

La recesión económica es cada vez más profunda y una inflación de tres dígitos está destruyendo rápidamente todo aquello que alguna vez tuvo valor. Y no bastando con eso, la escasez crónica de alimentos y medicinas está exacerbando la desesperación, haciendo que mucha gente abandone el país, incluso sin documentación oficial y pagando grandes cantidades a intermediarios para que los saquen.

La emigración que se originó durante la era Chávez consistió principalmente en profesionales de clase media con medios financieros propios para subsistir en el extranjero. Sin embargo, los migrantes de ahora son gente de la clase trabajadora poco calificada y poco educada, quienes, en lugar de emigrar a Estados Unidos, Europa u otros países latinoamericanos, huyen principalmente hacia países caribeños cercanos, entre los que destacan Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago. Dado que muchos de estos países caribeños carecen de capacidad financiera y física para atender a un gran número de llegados de Venezuela, el empeoramiento de la crisis en la que alguna vez fue la potencia petrolera de América Latina continuará ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los servicios internos, el desempleo y la población en general de estos pequeños países.

Pero esta situación no solo está poniendo presión sobre los países caribeños. Brasil y Colombia también están sintiendo la tensión. En Brasil, muchos venezolanos han cruzado al estado de Roraima, donde el Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha informado que los refugios que mantiene ahí albergan actualmente a 6.000 venezolanos y que 5.000 más se encuentran en lista de espera. Muchos de estos refugiados cruzan la frontera con Roraima para buscar desesperadamente atención médica u hospitalización. Por su parte, el Hospital General de dicha localidad ha declarado que el número de venezolanos tratados durante 2016 aumentó tres veces y que alrededor del 80% de los pacientes en el hospital de Pacaraima, cerca de la frontera, son de nacionalidad venezolana.

El hecho de que la ley brasileña permita, a personas que han presentado una solicitud de asilo, permanecer en el país, ha sido muy atractivo para la migración de venezolanos. No obstante, las autoridades brasileñas han indicado que se encuentran elaborando un plan de contingencia para hacer frente a una posible afluencia masiva de refugiados, en caso de que la situación siga agravándose.

Colombia también siente la tensión. El Servicio Nacional de Inmigración ha publicado que unos 140.000 venezolanos viven actualmente en Colombia. Sin embargo, con el número de venezolanos que cruza la frontera, superando enormemente la cantidad que regresa al país, la población de venezolanos está aumentando rápidamente. La ciudad fronteriza de Cúcuta está siendo la más afectada y la cuerda se está tensando en los servicios de salud y vivienda, lo que ha hecho que también las autoridades colombianas estén organizando planes de contingencia para hacer frente a la posible llegada de más refugiados.

A pesar de la creciente tensión que está generando la crisis de Venezuela tanto dentro como fuera de sus fronteras, es muy probable que se desvanezcan todas las esperanzas de que esta situación pueda impulsar a la región a tomar una línea más firme y unificada hacia el régimen de Nicolás Maduro. Así mismo, es muy posible que la respuesta de política latinoamericana siga siendo reactiva, en lugar de ser proactiva, y que se vaya implementando país por país, alargando así la agonía de los venezolanos que tanto dentro como fuera de las fronteras de su país han perdido el techo y el suelo, por lo que se han convertido en fugitivos sin haberlo deseado.

Foto por Agência Amazônia Real on Trend Hype / CC BY

La izquierda en A. L., ¿el fin de un ciclo y el inicio de otro?

Este año se cumplen 20 años de la primera victoria de Hugo Chávez en las urnas venezolanas y el inicio de un ciclo de gobiernos de izquierda que se extendió a gran parte de la región. Durante dos décadas se instauraron en gran parte de los países latinoamericanos, salvo México, Colombia y algunos otros países de menor tamaño, gobiernos que abarcaron todo el espectro de la izquierda, desde la centroizquierda moderada hasta regímenes neopopulistas. Diferentes enfoques que pertenecieron a un mismo ciclo que será recordado por el gran crecimiento económico gracias al boom de las materias primas y a la disponibilidad del capital global, a la importante baja de la pobreza, la desigualdad y el aumento de la clase media, y al destape de los mayores casos de corrupción de la historia latinoamericana.

A dos décadas del inicio del ciclo liderado por Chávez, la nueva victoria de Sebastián Piñera, el candidato de la derecha en Chile, es solamente el último revés que sufre la izquierda en la región. El estancamiento de la economía a partir del 2014, debido sobre todo a la caída de los precios de las materias primas, y los numerosos casos de corrupción causaron un aumento de la inestabilidad en la región y poco a poco varios gobiernos de izquierda fueron relevados por otros de derecha en sucesivas elecciones o a través de destituciones como en el caso de Dilma Rousseff en Brasil y Fernando Lugo en Paraguay.

dos terceras partes de los latinoamericanos tendrán que elegir en 2018 a su próximo presidente

Tras el fin de la recesión económica, la recuperación de la demanda y los precios de los commodities ha devuelto cierta esperanza a los países sudamericanos, mientras México, amenazado por el proteccionismo de Trump y el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLACAN), busca nuevos horizontes. En este marco, dos terceras partes de los latinoamericanos tendrán que elegir en 2018 a su próximo presidente en los comicios generales de México, Brasil, Colombia, Paraguay, Costa Rica y supuestamente Venezuela.

La primera vuelta de las elecciones de Costa Rica en febrero será la primer contienda regional, y las encuestas apuntan a que la centroderecha recuperará el gobierno. En Paraguay, el claro favorito para las elecciones de abril es el candidato de derecha vinculado al ala más conservadora del Partido Colorado. Y en Colombia, los comicios que se llevarán a cabo en el mes de mayo, dentro de un clima polarizado entre defensores y retractores de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, aún no tienen un claro favorito. Pero, de momento, las encuestas ubican al candidato independiente Sergio Fajardo, líder de la Coalición Colombia, integrada tanto por sectores de centroizquierda como de centroderecha, a la cabeza.

Será recién el 1.º de julio que tendrá lugar la primera de las dos elecciones que marcarán el futuro de la región. En medio de la mayor ola de violencia y con escándalos de corrupción que rebasan cualquier límite, los mexicanos tendrán que elegir ese día a su próximo presidente. Y en ese contexto, quien lidera todas las encuestas es el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador, que en 2006 fuera derrotado por Felipe Calderón por una diferencia de apenas el 0,56%. Si bien el candidato de izquierda —quien abandonó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tras las elecciones del 2012 y actualmente lidera la coalición Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)— tiene el apoyo de importantes sectores empresariales, gran parte de sus contrincantes tratan de sembrar la duda en el electorado presentándolo como el “Chávez mexicano”.

La segunda elección clave es la de Brasil en el mes de octubre. En un clima de mayor estabilidad política y con una economía en recuperación, tras la dudosa destitución de la presidenta Dilma Rousseff y la asunción de Michel Temer, todos los sondeos dan como claro ganador a Lula da Silva. Sin embargo, su candidatura está en manos del poder judicial, ya que depende del resultado de la apelación del expresidente en contra de su condena por corrupción. Unas elecciones sin Lula como candidato serían radicalmente diferentes. Sin embargo, según el Instituto Datafolha de São Paulo, de momento el 38% de los votantes tienen la intención de votar a quien el expresidente designe para sustituirlo en caso de no poder ser candidato.

El país que debe cerrar el calendario electoral es Venezuela. “En el año 2018 llueva, truene o relampaguee vamos a las elecciones presidenciales como manda nuestra Constitución”, afirmó Nicolás Maduro el año pasado. La fecha de los próximos comicios todavía no ha sido anunciada y, según los analistas, el mal momento que atraviesa la oposición podría ser aprovechado por el gobierno para adelantar la fecha que tradicionalmente ha sido en el mes de diciembre. Sin embargo, todavía está por verse si Maduro cumple su palabra de celebrar las tan esperadas elecciones presidenciales.

El país que hace 20 años impulsó a la izquierda en la región, hoy no solo es incapaz de garantizar las condiciones fundamentales de una democracia, sino que está siendo testigo del fin del ciclo que vio nacer. La izquierda latinoamericana está debilitada y las próximas elecciones en Costa Rica probablemente le sumarán una nueva derrota. No obstante, a pesar de que aún faltan varios meses para los comicios en Brasil y México, si los resultados de las encuestas se cumplen y la izquierda llega al gobierno en las dos potencias de la región, el 2018 podría inaugurar un nuevo ciclo de izquierda en América Latina.

Foto por Eneas on Trend Hype / CC BY


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Chile: más del 50% de abstención. ¿Y en el resto de A. L.?

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El domingo 19 de noviembre fueron las elecciones presidenciales en Chile y nuevamente la abstención ganó la carrera comicial. Del total de personas con derecho al voto, solamente asistió a las urnas el 46,8%, casi tres puntos menos que la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2013. De esta forma, Chile se consolida como el país latinoamericano con menor participación electoral, una tendencia que empezó a acentuarse luego de que en 2012 se aprobara el voto voluntario.

Para cambiar esta tendencia, antes de las elecciones, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y varias organizaciones habían lanzado el eslogan «¡Ahora vota!». Se trataba de una campaña que tenía como objetivo promover la participación electoral ciudadana, que ha venido disminuyendo desde la vuelta a la democracia. La importancia de modificar esta tendencia se centra en que la participación ciudadana en las elecciones es fundamental para el correcto funcionamiento de la democracia, señaló el informe Participación electoral: Chile en perspectiva comparada 1990-2016, del PNUD.

mientras algunos pocos países consideran el voto como una obligación, la mayoría lo considera un derecho

Si bien la participación de los ciudadanos en las elecciones “es clave para el funcionamiento y legitimidad” de una democracia representativa, no hay parámetros que definan cuotas mínimas que aseguren el correcto funcionamiento. Lo que sí está claro es que mientras algunos pocos países consideran el voto como una obligación, la mayoría lo considera un derecho. Este factor afecta los niveles de participación, pero no es el único. En este marco, la tradición del país, la politización de las sociedades y la solidez del sistema partidario son factores clave a la hora de ir a votar.

“Los niveles de participación electoral varían enormemente entre países a nivel mundial”, afirmó el informe del PNUD. Mientras en los países desarrollados que integran la OCDE, la participación en elecciones parlamentarias bajó un 11% entre 1990 y 2016, en el mismo período la participación en América Latina aumentó del 63,3% al 70,8%, indicó dicho informe. Sin embargo, existen grandes diferencias entre los países de la región. Mientras en Uruguay y Bolivia, cerca del 90% de quienes pueden votar acceden a las urnas, en Colombia y Chile solamente el 47% lo hace.

El aumento de la participación electoral en la región, según el texto, se debe a países como Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, México y Guatemala. En Uruguay, Brasil, Venezuela, Argentina y Nicaragua la participación es estable. Mientras, Chile y Costa Rica son los países que han tenido una mayor disminución de la participación.

Más allá de las tendencias, la participación en los países de América Latina se caracteriza por una alta volatilidad, lo que representa la inestabilidad política de algunos de ellos. Por eso, para seguir incrementando la participación y disminuyendo la volatilidad electoral con el fin de mejorar la representatividad democrática, es esencial que los países de América Latina sigan fomentando la confianza en los procesos electorales y en los sistemas de partidos.

Foto por Joaquín Vallejo Correa on Trend hype / CC BY-NC-ND

La región más urbanizada del mundo en desarrollo

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Durante las últimas décadas América Latina ha experimentado un acelerado proceso de urbanización. Hoy en día, alrededor del 80% de los latinoamericanos viven en zonas urbanas. En Asia, el porcentaje es solo del 50%, mientras que en África escasamente llega al 40%. Esto hace de Latinoamérica la región más urbanizada del mundo en desarrollo. Por tanto, también es en donde los desafíos de un mundo cada vez más urbano se hacen, si cabe, más apremiantes.

Por lo general, el crecimiento de las ciudades es positivo y viene asociado al proceso de desarrollo económico. Las ciudades grandes ofrecen multitud de oportunidades de empleo, educación y servicios. De igual forma, el trabajo en estas es, en muchas ocasiones, mucho más productivo que en las zonas rurales; en promedio, se espera que la productividad media de una ciudad aumente un 5% cada vez que dobla su población. Esto hace que las ciudades grandes atraigan cada vez más habitantes. Como ejemplo, en América Latina la proporción de la población total que vive en ciudades de más de un millón de habitantes supera ya el 40%.

un porcentaje elevado de la población urbana se concentra en una o pocas ciudades de gran tamaño

Como es evidente, el crecimiento de las ciudades no está libre de problemas. En ese sentido, la forma de dicho crecimiento es importante. La gran mayoría de los países latinoamericanos presentan un patrón fuertemente sesgado hacia una o dos ciudades principales; un porcentaje elevado de la población urbana se concentra en una o pocas ciudades de gran tamaño (lo que se conoce como concentración urbana). Por ejemplo, mientras que a escala mundial el peso relativo de la ciudad principal de un país ronda el 16% de la población urbana de este, en América Latina este porcentaje se eleva de media al 22%. En otras palabras, comparadas con las demás ciudades de su país, la ciudad principal de cada país latinoamericano (usualmente la capital, pero no necesariamente) presenta un tamaño desproporcionado.

Según datos del Banco Mundial, varias de estas ciudades exceden los 20 millones de habitantes, como Ciudad de México, Sao Pablo, Río de Janeiro y Buenos Aires, y se encuentran entre las más pobladas del mundo. Otras urbes latinoamericanas están ya alrededor de los 10 millones de habitantes como Bogotá, Caracas y Lima. Y como cabe esperar, esta concentración poblacional va acompañada desde luego de una concentración de la actividad económica. Las ciudades más pobladas de América Latina son también los principales polos económicos de la región, de los cuales dependen las ciudades más pequeñas y las zonas rurales.

¿Qué puede explicar estos tamaños desproporcionados de las ciudades principales de América Latina? Parte de la respuesta yace no en las ciudades mismas, sino en las zonas más rurales. Las oportunidades menguantes en el campo, los desastres naturales recurrentes, la falta de infraestructuras, el abandono de las instituciones y la violencia han contribuido, entre otros factores, a la urbanización acelerada de la región. Así, las ciudades principales han sido el destino de millones de personas forzadas, de una u otra forma, a abandonar el campo y pueblo o ciudades pequeñas.

¿Y cuál ha sido la consecuencia de este fenómeno? En la mayoría de los casos, una urbanización poco planificada, desordenada, y con grandes deficiencias en infraestructura, cohesión social y desarrollo institucional. Deficiencias que se traducen en serios y apremiantes problemas de congestión, desigualdad, pobreza, segregación, violencia y degradación medioambiental, por mencionar los principales, que no desaparecerán por sí solos y que requieren una respuesta decidida de los gobiernos locales y nacionales de la región.

Foto de payorivero on Trendhype / CC BY-NC-ND