México: la falsedad, la constante en los debates

Claudia Pérez Flores
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México: la falsedad, la constante en los debates

El fenómeno de la desinformación va en aumento y representa uno de los principales desafíos de nuestro tiempo. En los recientes debates presidenciales en México, la facilidad con la que se miente y se altera la realidad son reflejo de una crisis de la comunicación.

Esta crisis ha sido interpretada por el filósofo surcoreano Byung-Chul Han en su libro Infocracia como un trance de desaparición del otro, pues, en vez de apelar al diálogo, este desaparece al favorecer el dataísmo, la inmediatez, la espectacularización y el oportunismo.

Pongamos un ejemplo del primer debate. Ante la pregunta “¿cuál sería el plan integral para fortalecer el sistema de salud?”, la candidata Claudia Sheinbaum antepuso a la respuesta un posicionamiento sobre el tema de la embajada mexicana en Ecuador, y al priorizar ese mensaje se quedó sin tiempo para profundizar en la pregunta que se había planteado.

No oigo, no hablo y no veo: parecería una estrategia útil, pero sin embargo limita la alteridad y gana la superficialidad como una constante que perpetúa la información maliciosa que crece y se expande, lo que deja a la ciudadanía a la deriva.

Esta indiferencia no solo se da ante hechos lamentables como los feminicidios, sino también en la misma interacción entre candidatos. Más allá del formato, de lo que implica estar a cuadro y de la personalidad de cada uno, se prioriza la exposición del datismo para atacar al contrincante en lugar de tener un diálogo abierto. 

En los debates, las propuestas y promesas en la discusión han carecido de sustento, lo que evita que se visualice un proyecto de nación —si es que existe— para el próximo sexenio. Esta opacidad genera incertidumbre, provoca que los aspectos sustanciales se desvanezcan y que prevalezca la falsedad. 

Este engaño informativo se propaga a través de diversas expresiones, ya sea mediante la relación directa, indirecta, de manera recíproca, unilateral, privada o pública y en todos los elementos entre el comunicador y el mensaje, el comunicador y el medio, el comunicador y el receptor, y el mensaje y el medio.

Lo peligroso de no comunicarnos con la verdad es que estas prácticas laceran la confianza y debilitan las relaciones sociales cuando la falsedad del discurso se sustenta en la confrontación, la desacreditación y el anecdotario.

Ante la pregunta “¿Qué acciones sustantivas y con enfoque en derechos humanos va a realizar para atender las violencias contra las mujeres?”, la candidata Xóchitl Gálvez respondió con una historia personal y no contestó adecuadamente la pregunta.

Para Han, la crisis de la democracia es ante todo una crisis de la escucha, y de ahí su planteamiento de que el otro está en trance de desaparición. El otro, lo importante, la esencia de la vida misma por la cual todo sigue su curso y su desarrollo, queda en segundo plano. 

De manera quizá sorprendente, considero que los auténticos ganadores de los debates han sido los ciudadanos, pues el nivel de preguntas formuladas a través de las redes sociodigitales y videograbadas han hecho eco de un ethos de credibilidad, confianza, fidelidad y respeto.

¿Podemos esperar que el nivel de disertación mejore en el último debate? Quizá no, pero no podemos dejar de exigir que se ponga en práctica la retórica del discurso y que las propuestas restablezcan una confianza social donde prevalezca la otredad y se contrarreste la falsedad del discurso; en otras palabras, que se apueste por una comunicación asertiva.

Los 100 días del presidente Arévalo en Guatemala

Luis Guillermo Velásquez Pérez
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Los 100 días del presidente Arévalo en Guatemala

Bernardo Arévalo y Karin Herrera tomaron posesión el 14 de enero de este año tras ganar sorpresivamente una elección que había sido alterada de origen cuando las Cortes impidieron la participación de tres candidatos punteros y tras haber superado la larga operación golpista que lideró en su contra el gobierno saliente de Alejandro Giammattei y Consuelo Porras, Fiscal General. Este dúo, utilizando a las instituciones judiciales, buscó evitar durante cinco meses que los legítimos ganadores se convirtieran en presidente y vicepresidenta del país.

La alternancia en el poder no habría sido posible sin la rebelión del electorado, del apoyo decidido y coordinado de los organismos internacionales, así como de la resistencia en defensa de la democracia liderada por las autoridades ancestrales y los pueblos indígenas que se prolongó durante más de 100 días y se extendió hacia los barrios populares de la periferia de la ciudad de Guatemala.

Así, asumió un gobierno con fuerte simpatía internacional y amplio respaldo popular que el 23 de abril cumplió 100 días de enfrentarse a las contradicciones resultantes entre gestionar instituciones con estructuras autoritarias que son reacias a su mandato y el clamor por medidas contundentes de quienes defendieron la democracia guatemalteca. Tomando en cuenta dicho contexto, analizaremos 5 dimensiones que permiten comprender estos primeros 100 días de un gobierno que tiene ante sí la compleja tarea de iniciar la recuperación de un país en ruinas.

1.La credibilidad internacional

La recuperación de la reputación de Guatemala en el mundo ha sido uno de los logros más destacados del gobierno en estos primeros 100 días. Aunque no ha quedado exento de críticas por su estrecha alineación a la política de occidente respecto a temas polémicos como la relación con Israel y Ucrania, este reposicionamiento le ha permitido al gobierno mostrarse confiable para captar inversiones extranjeras y a alcanzar acuerdos que mejoran la calidad del país como socio.

2.La confianza social

El gobierno ha transmitido coherencia con el discurso de transparencia y anticorrupción y ha sido capaz de autodepurarse de forma rápida y convincente ante los señalamientos sobre faltas éticas o potenciales actos de corrupción. Esto ha contribuido a mantener alta la confianza de la sociedad en el gobierno. No obstante, ésta se ha ido reduciendo frente a la percepción cada vez mayor en la opinión pública de falta de decisión en el trato hacia la fiscal general y los funcionarios de los dos últimos gobiernos que saquearon los recursos, socavaron las instituciones y persiguieron ilegalmente a un centenar de actores incómodos, desde profesores universitarios hasta jueces anticorrupción.

3.La dirección legítima de la gestión pública

El gobierno ha tenido enormes dificultades para colocar a funcionarios de confianza compatibles con su proyecto político en los cargos de la administración que se asumen por designación. Además de las concesiones, normales cuando se gobierna sin mayoría, el gobierno no ha podido sustituir a los funcionarios designados por gobiernos anteriores, ya sea por temor a la judicialización de los procesos administrativos o por los problemas financieros que podrían causar en las instituciones, debido a las indemnizaciones que han instaurado las cortes para quienes han ejercido cargos de designación política.

Esto es relevante porque contraviene, tanto la armonización, como la capacidad de ejecución de la administración pública. Pero además, porque ha sido el corazón de lo que se ha denominado economía de captura. A esto se suman campañas de desinformación que se han lanzado para difamar al gobierno o invisibilizar avances sociales, como la reducción del 13% en asaltos y homicidios durante el primer trimestre de 2024 en comparación con el mismo período de 2023.

4.Las alianzas políticas

Si bien las alianzas entre el ejecutivo y el legislativo han permitido iniciar la construcción de la primera línea del Metroriel de la ciudad de Guatemala (ejecutivo) y asegurar la toma de posesión y aprobar cinco leyes de la agenda oficialista (legislativo); se proyectan como la dimensión más inestable del gobierno debido al pasado cuestionable del legislativo en su forma de hacer política. Esto conlleva a diferencias de criterio entre los principales sectores del oficialismo sobre la conveniencia de mantenerlas en el futuro inmediato.

De hecho, antes de la Semana Santa los diputados del partido CABAL paralizaron la agenda legislativa en su afán de ampliar los acuerdos alcanzados inicialmente y fueron los artífices de un par de derrotas consecutivas y significativas para la bancada oficial. Además, durante las primeras semanas de abril, el alcalde, que recibió el apoyo del presidente para dirigir la Asociación Nacional de Municipalidades, ha utilizado a esta para oxigenar políticamente a la fiscal general inventando líneas de cooperación entre las Municipalidades y el Ministerio de Público que antes no existían. Ello fortalece a la Fiscal General frente a los alcaldes pudiendo condicionar sus posicionamientos en nuevas agresiones en contra de la democracia y la voluntad popular. Esto, en un momento donde las mayorías sociales la quieren aislada (como mínimo), debido a las dificultades para destituirla.

Lo cierto es que ambos sectores visualizan en sus alianzas posibilidades para cumplir las promesas de campaña y de garantizar gobernabilidad para neutralizar a las instituciones de veto político que buscan aislar o desaforar al gobierno. Ambas dependen de cumplir acuerdos y es, en esas condiciones del juego político, donde las contradicciones pueden agudizarse.

5.Las instituciones de veto político

El Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad han sido los principales impedimentos para que el gobierno pueda gestionar y alcanzar los objetivos trazados, incluyendo las demandas exigidas y respaldas por sociedad civil. A tal extremo que ha mantenido la suspensión de la personería jurídica del partido de gobierno y ha intervenido deliberadamente en el proceso legislativo donde, inicialmente, la bancada oficial dirigía la Junta Directiva, lo cual cambió a raíz de una polémica resolución de la Corte de control constitucional.

En dichas instituciones también reside el rumbo que puede adoptar el país en el corto plazo. En la Corte de Constitucionalidad se encuentra una consulta planteada por la Secretaría General en la que se podría dilucidar o entrampar el camino para una posible destitución de la Fiscal General y en los próximos meses se elegirá a los jueces y magistrados que decidirán el futuro legal del partido de gobierno y sus principales líderes, así como del centenar de perseguidos políticos por parte del Ministerio Público.

En estos movimientos se comprobará la eficacia y la conveniencia de las alianzas que ha entablado el gobierno, decisivas para el éxito del gobierno y el futuro de la democracia en Guatemala. Esto en un contexto en el que la mayoría de los países que han enfrentado procesos de autocratización se han convertido en autocracias a pesar de los episodios democráticos intermedios. Ahí radica la importancia capital de que el binomio cuente con los suyos, alcance consensos con los distintos y, sobre todo, se mantenga cercano a la gente.

El papel de la oposición interna en Cuba

José Gabriel Barrenechea
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El papel de la oposición interna en Cuba

Un grupo de opositores de probada trayectoria dentro y fuera de Cuba, entre los que cabe mencionar a Guillermo Fariñas, Antonio Rodiles o Camila Acosta, intentan llevar el debate hacia la necesidad de destinar lo fundamental de nuestros recursos escasos a crear un movimiento opositor fuerte y estructurado, de masas, al interior del país.

Hablemos claro. Si algo han demostrado más de cuatro décadas de oposición pacífica dentro de Cuba es la imposibilidad de articular un movimiento opositor de masas a su interior. Quienes llevamos años en la oposición interna sabemos lo que sucede cuando usted decide ponerse a la obra en ello: te rodearán de agentes encubiertos de la Seguridad del Estado, no solo para estar al tanto de cada uno de tus pasos y planes, sino sobre todo para promover sutilmente las diferencias dentro de tu movimiento, multiplicar las suspicacias de los unos con los otros, hacer imposible ponerse de acuerdo dentro de él, y finalmente provocar su implosión; llamarán a contar a cada nuevo individuo no ya que se una al movimiento, sino que dé señales de estar dispuesto a hacerlo, lo acosarán a él o a las personas a su alrededor, lo expulsarán de su trabajo, le denegarán la licencia para hacerse de un emprendimiento privado… hasta hacerlo desistir y alejarse; por último, si es que insistes o comienzas a tener algún éxito en tu propósito, se enfocarán en ti, organizador, limitarán tu libertad de moverte, o incluso te meterán preso, si no aceptas el exilio.

Cuba es todavía una dictadura totalitaria, con un eficientísimo sistema de represión profiláctica. Incluso en las Democracias Populares, esa forma diluida de totalitarismo de la Europa del Este, donde en primer lugar nacionalismo y socialismo iban en direcciones contrarias, al resultar este último una imposición del Ejército Rojo, donde se permitían otros partidos, la policía secreta nunca fue ni muy leal ni tampoco muy eficiente —no lo digo yo, sino los informes del KGB—, el pequeño negocio estaba ampliamente permitido desde los 60… aun allí solo en el caso polaco se dieron las condiciones para el surgimiento de un movimiento opositor articulado, de masas, alrededor de un sindicato y de la poderosa Iglesia católica. En todos los demás países fueron las élites gobernantes quienes se rindieron ante los primeros movimientos espontáneos en las capitales este-europeas, surgidos tras la renuncia expresa de Gorbachov a intervenir en su esfera de influencia.

Imaginar un movimiento opositor articulado, de masas, dentro de Cuba, capaz de llevar adelante acciones masivas, planeadas y coordinadas, mientras impere el totalitarismo, y en específico el control de la Seguridad del Estado, y la disposición de todas las instituciones armadas a reprimir cuando se les dé la orden, es solo un sueño.

Por otra parte, debe advertirse que el probable surgimiento de ese movimiento de masas, con un liderazgo claro, no es tampoco necesariamente el principio del fin del régimen. Venezuela y Nicaragua así lo demuestran. La realidad es que, dado el grado de control social al que puede acceder fácilmente el estado contemporáneo, es cada vez más difícil derribarlo “desde abajo”. En Europa del Este, como hemos mencionado más arriba, fue la decisión de Moscú, y la posterior división y renuncia a luchar de las élites gobernantes, quienes dejaron caer a los regímenes totalitarios socialistas.

En Cuba, sin embargo, las condiciones son muy distintas a las de Europa del Este. Como ya hemos señalado, en esas naciones el socialismo iba en dirección contraria del nacionalismo, una ideología siempre más atractiva para el corazón humano. Acá, por el contrario, desde la anterior Revolución de 1933, en los imaginarios políticos e intelectuales, pero también populares, se ha identificado al socialismo como imprescindible para mantener un estado nacional con el elevado grado de independencia política y soberanía al cual siempre ha aspirado nuestro nacionalismo, desde que tomó prestadas sus ideas de la independencia y la soberanía nada menos que del aislacionismo americano del siglo XIX.

No nos engañemos, el régimen es más probable que sea derribado por movimientos espontáneos, y no por uno coordinado previamente, de masas. La comparación entre el 11J y el 15N así lo demuestra: el movimiento preparado no llegó ni a poner a un individuo en las calles, mientras que el espontáneo le arrebató por algunas horas el control de éstas al régimen.

Mientras el régimen no se atreva a iniciar lo que un sector de la oposición, y casi todo el exilio, descalifica como cambio “fraude”, un cambio que relaje la eficiencia de su sistema represivo profiláctico, ya sea por necesidad de lavarse la cara al pasarse a una represión más convencional, “post-facto”, o porque las medidas tomadas impliquen en los represores un relajamiento ideológico y en sus relaciones de fidelidad al poder central —ya ocurre—, la oposición interna solo puede tener las siguientes funciones: distraer parte de la atención del régimen sobre nosotros, y así darle la oportunidad a los movimientos espontáneos surgidos desde el sector que no ha asumido una actitud política opositora transparente; servir de ejemplo y fermento moral, como personas que viven “en la verdad” y no en la mentira gubernamental, al decir de Václav Havel; intentar organizar a las masas en caso de sublevaciones espontáneas, para convertirlas en movimientos políticos eficientes, capaces de tomar el poder; apoyar, o al menos no dirigir lo esencial de los ataques a las propuestas reformistas desde dentro del régimen.

Debe mantenerse el esfuerzo para organizar ese movimiento soñado, ideal, al interior de Cuba. Pero no como la dirección principal de nuestro activismo y el destino prioritario de los recursos escasos. Solo para mantener vivo el activismo al interior de la isla, además de para distraer la atención del aparato de vigilancia del régimen de las muchas tendencias al pluralismo, en desarrollo a lo profundo de la sociedad cubana actual.

Para ganar, Sheinbaum necesita perder

Ernesto Hernández Norzagaray
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Para ganar, Sheinbaum necesita perder

En una conferencia que recientemente dictó a empresarios, Enrique Krauze, el reconocido historiador, escritor y ensayista mexicano, señaló con preocupación que Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de la coalición izquierdista Juntos Hacemos Historia, “no se haya desarraigado ni un milímetro del presidente López Obrador”. Lo mismo destacó en otra ocasión el escritor Jorge Volpi, que explicó que, si ocurriese, mostraría la independencia de Claudia y la diferencia entre los dos personajes políticos, uno procedente de la izquierda y otro del PRI.

Sin embargo, Krauze falla: hay un motivo de forma y otro de fondo en esta simbiosis entre el presidente mexicano y la candidata del movimiento obradorista. El de forma, se explica porque es parte de una estrategia electoral que busca tener cohesionadas a las distintas corrientes que integran el partido Morena y transmitir a sus bases que Sheinbaum es el mismísimo presidente. Y el de fondo implica que el proyecto de cambio de régimen continuará si gana ampliamente esta candidata. El primer motivo puede resultar comprensible teniendo a un presidente que tiene un 60 por ciento de aprobación —aunque sus políticas públicas no lo estén y frecuentemente sean reprobadas— que se mantiene por una oposición desprestigiada, pero que al menos en las elecciones federales sigue siendo un contrapeso parlamentario para la defensa de la Constitución y las instituciones de la democracia.

Si bien la mayoría de los estudios demoscópicos dan ventaja a la candidata oficialista, nada parece indicar que en las elecciones concurrentes del 2 de junio los resultados vayan a permitir a la coalición oficialista una mayoría calificada —más del 66 por ciento de la votación emitida para el Congreso de la Unión— para continuar con el llamado Plan C obradorista, que tiene como principalísimo objetivo capturar la Suprema Corte de Justicia y la desaparición de los órganos autónomos que son los pilares de la democracia mexicana.

Y es que, de acuerdo con las elecciones intermedias de 2021 y las encuestas con mayor tino histórico, la oposición podría echar a perder las cuentas que se hacen en Palacio Nacional y eso llevaría, en caso de ganar la presidencia Claudia Sheinbaum, a la formación de un gobierno sin la mayoría calificada para realizar las reformas que ha intentado sin éxito y con molestia el presidente López Obrador. 

Esto es lo que se perfila, Claudia Sheinbaum no se sale ni un milímetro del guión que le han impuesto desde Palacio Nacional y los aliados más radicales, como vimos en la fase previa y en el mismo segundo debate presidencial. En este nuevo intercambio salió a defender las obras de gobierno de su tutor político, cosa que no hizo en el primero y que le ganó un llamado de atención a través de cápsulas publicadas en el diario obradorista La Jornada y la llevó a poner en marcha una campaña publicitaria intensa donde la candidata oficialista defiende con todo a López Obrador.

Se trata de una acción que a nuestro juicio es un error estratégico porque será un mensaje dirigido principalmente al votante obradorista, leal, inamovible, pero no a los ciudadanos indecisos y ese elector pragmático, switcher, urbanizado, que ronda el 30 por ciento de la lista nominal de electores y que, en su mayoría, está decidido salir a votar, pudiendo, en caso de hacerlo, significar la diferencia entre las dos grandes coaliciones electorales. Y, dicho de paso, ese vacío discursivo seguramente lo está aprovechando Xóchilt Gálvez, la candidata opositora, para intentar ganarse a ese electorado.

Sin embargo, en la hipótesis de que salve el riesgo de la derrota presidencial pero su gobierno no alcance la mayoría calificada en ambas cámaras legislativas, la buena noticia para Sheinbaum es que podría no solo ampliar el margen de maniobra e independencia sino su capacidad de negociación con la oposición para garantizar la estabilidad del país y no pasar a la historia como la presidenta que pudo sacudirse la tutela de un expresidente y que no lo hizo.

En definitiva, y siendo las palabras de Krauze y Volpi expresión de una preocupación en un segmento antiobradorista de la intelectualidad mexicana, la buena noticia es que los mejores pronósticos del oficialismo no le alcanzan para obtener la soñada mayoría calificada del Congreso de la Unión para continuar el cambio de régimen autocrático que pasa por reformas constitucionales y la destrucción de las instituciones de la democracia mexicana.

Emergencia en Río Grande do Sul

Redacción
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Emergencia en Río Grande do Sul

El estado de Rio Grande do Sul se enfrenta a la mayor tragedia climática de su historia debido a las lluvias torrenciales y las inundaciones que han dejado sumergidas ciudades enteras. Con precipitaciones ocho veces superiores a las previstas para todo el mes de mayo, el estado ha registrado 452 municipios afectados, 538.126 desplazados, más de 76.500 personas viviendo en alojamientos, 149 muertos y 109 desaparecidos.

Infórmese cómo hacer donativos a los afectados por la tragedia:
https://sosenchentes.rs.gov.br/inicial

Fuente: Agencia Nacional de Aguas (ANA) y Defensa Civil del Estado de Río Grande do Sul

Presidencias absolutistas

Sebastián Godínez Rivera
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Presidencias absolutistas

El mundo ha presenciado el ascenso de líderes populistas que son respaldados por grandes sectores poblacionales. Se sabe que son populistas autoritarios porque pretenden dinamitar los contrapesos que les impiden acumular poder. Independientemente de los sistemas presidenciales o parlamentarios, su actuar se asimila más al de monarcas absolutos que al de líderes electos. 

Incluso los apodos que adquieren en la opinión pública dicen mucho sobre la concepción que tienen del mundo; por ejemplo, Recep Tayyip Erdogan es apodado “el sultán de Turquía” o Vladimir Putin es conocido como “el nuevo zar ruso”. Los sobrenombres han sido ganados debido a la forma en la que ejercen el poder, absoluta e indiscutible, por eso considero importante explicar en qué consiste el concepto de presidencias absolutistas.

Desde la aparición de la filosofía política, los modelos presidenciales y parlamentarios han estado separados y marcados por la discusión de cuál es más efectivo para limitar el poder. Desde la ciencia política, autores como Thomas Hobbes y Perry Anderson han establecido las características de los modelos monárquicos, en el cual el rey ejerce el poder porque fue elegido por Dios para hacerlo y, por ende, sus funciones y designios no tienen límites.

Del otro lado, en los sistemas presidenciales el Jefe de Estado o Jefe de Gobierno es legítimo siempre y cuando la voluntad popular lo haga llegar al cargo. Estudiosos como Daniel Zovatto, Diego Valadés o Jorge Carpizo establecen que en estos modelos el poder tiene límites, pero en los últimos tiempos hemos visto que algunos ejecutivos han acumulado un poder personal y omnipotente al amparo de las mayorías.

El concepto de absolutismo presidencial se refiere a los sistemas políticos que cuentan con ejecutivos o mandatarios que emanan de las urnas democráticamente pero que al tener el poder se conducen como reyes absolutos. Ahora bien, a diferencia de la teoría clásica, en la que es Dios quien designa al monarca, en este nuevo es el pueblo, como lo llaman estos líderes, quien los dota de todo el poder. 

A través de las urnas, las masas eligen a estos líderes, que utilizan su simpatía y retórica incendiaria y denuncian el statu quo. Tras ganar el poder, a pesar de que existen pesos y contrapesos institucionales, las mayorías avalan y otorgan la legitimidad para erosionar la democracia y concentrar mayores facultades. Los sufragios dotan de mayorías a estos gobiernos que cooptan a las instituciones independientes e incluso desafían el marco legal establecido con funciones que no tienen.

Un ejemplo sería la reelección de Nayib Bukele en El Salvador, a pesar de que la Constitución prohíbe presentarse a un segundo mandato de forma inmediata. Por otro lado, en México López Obrador intentó a través de un memorándum derribar las reformas estructurales, una facultad que no tiene el ejecutivo. En Venezuela y Nicaragua, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, respectivamente, se conciben como fuentes del poder político y de las revoluciones que presumen encabezar.

En Europa y Asia, personajes como Vladimir Putin, Erdogan, Víktor Orbán, Andrzej Duda o Xi Jinping se han convertido en figuras que encarnan el poder omnímodo de las presidencias. Se han encargado de anular a la oposición y han fortalecido a su partido y sus facultades presidenciales mientras convencían a las masas de que son la única opción para transformar el país. El sometimiento de los órganos del Estado les ha permitido afianzar sus poderes constitucionales y metaconstitucionales. 

A Putin se le conoce como “el zar” porque en el pasado monárquico los zares eran las cabezas del imperio: ejercían el poder de forma unipersonal y en algunos casos la duna o el congreso ejercía contrapeso. Lo mismo ocurre en la Rusia del siglo XXI: todo está sometido al personalismo del presidente ruso, que sabe cómo se mueven los hilos del sistema político que ha moldeado a su imagen y semejanza. 

En Turquía, Erdogan se ha convertido en el nuevo constructor del estado turco, ejerce el poder desde 2014 y ha intentado acercarse a Europa en aras de consolidar un desarrollo económico y social superior a otros países del Mediterráneo. Algunos estudiosos argumentan que pretende devolver al país la gloria del extinto Imperio Otomano, pero al tener tintes nacionalistas otros lo comparan con el expresidente Kamel Ataturk, que fue el constructor de la república turca.

El mandatario se ha vuelto el pilar del sistema político, y se presenta a elecciones periódicas en las que continúa ganando la reelección. Por su parte, el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el presidente polaco Andrzej Duda han enarbolado las banderas nacionalistas para combatir la ideología de género y la comunidad de la diversidad sexual y han acumulado poder en aras de imponer una sola visión sobre sus países. 

La forma en la que ejercen el poder se basa en la polarización y división de la población para radicalizar sus políticas. Asimismo, el crecimiento de sus funciones constitucionales ha derivado en el debilitamiento de los contrapesos. Al comparar estos dos países se puede concluir que los populistas debilitan los sistemas políticos sin importar si son parlamentarios o presidenciales.

Por último, en China Xi Jinping se ha convertido no solo en el presidente, sino en un referente para su país, ya que lleva tres mandatos, algo que solo había conseguido el histórico líder de la revolución, Mao Tse Tung. China es, desde el siglo XX, un sistema de partido único, sin elecciones, lo que impide que la gente elija directamente al presidente. El hermetismo de su política y la falta de democracia son lo que ha permitido la subsistencia de este régimen autoritario.

La aparición de presidentes que ejercen el poder de forma monárquica absolutista no es lo mismo que una dictadura. Los dictadores apuestan por el uso de la fuerza bruta y llegan al poder mediante golpes de estado; los presidentes absolutistas, en cambio, lo hacen a través de las urnas y desde dentro comienzan a dinamitar los controles del poder. Además, creen que el amplio apoyo popular que tienen les permite destruir las instituciones, ya que sus simpatizantes consideran que la destrucción es necesaria para cambiar a un modelo “más democrático”.

Esto se conoce como tiranía de las mayorías, que consideran que por ser más numerosos pueden decidir de forma unipersonal, a través de su líder, sin importar lo que otros sectores piensen e incluso aunque se opongan. El absolutismo ha cambiado de manos: antes perteneció a los reyes, pero hoy son algunos presidentes quienes anhelan esta potestad suprema.

Las vulnerabilidades que deja al descubierto el aumento del nivel del mar 

Carlos A. Gordón B.
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Las vulnerabilidades que deja al descubierto el aumento del nivel del mar 

El incremento del nivel del mar no solo pone en peligro las infraestructuras costeras y los medios de vida tradicionales, sino que también arroja luz sobre las profundas brechas que existen en cuanto a políticas de vivienda y planificación territorial en América Latina. De acuerdo con el Reporte del Estado del Clima en América Latina y El Caribe 2020 de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), “en América Latina y el Caribe más del 27% de la población vive en áreas costeras, y se estima que entre el 6 y el 8% vive en áreas que tienen un riesgo alto o muy alto de verse afectadas por amenazas costeras”.   

En Panamá, una nación con 2.988 kilómetros de costa en ambos océanos, datos publicados por el Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE) y analizados por el Observatorio de Riesgo Urbano (ORU) de la Florida State University y Esri Panamá indican que entre el 2 y el 3% de la superficie terrestre existente en la actualidad se verá afectada por el aumento del nivel del mar para el 2050. 

Una de las regiones que más tempranamente ha empezado a sentir el impacto de este fenómeno es la comarca indígena de Guna Yala, la cual emerge como un microcosmos de las complejas interacciones entre el cambio climático y las comunidades vulnerables. Los impactos son más notables en esta comarca debido a su localización en el Mar Caribe, donde, según datos de la Organización Metereológica Mundial (OMM), el aumento del nivel del mar ha sido superior al promedio mundial de 3,3 milímetros anuales, con un promedio de 3,6 mm al año.

Gardí Sugdub: los primeros migrantes climáticos panameños

La primera comunidad en tomar la iniciativa de trasladarse a tierra firme en la comarca Guna Yala ha sido Gardi Sugdub, una pequeña isla, con 300 metros de largo por 125 metros de ancho, a solo un metro sobre el nivel del mar y con unos 1.054 habitantes. Un informe de Human Rights Watch de 2023 señala que “la planificación de la reubicación comenzó en 2010, cuando los líderes de Gardi Sugdub crearon el comité de vecinos para organizar el proceso, asegurar y despejar un nuevo terreno en tierra firme donado por miembros de la comunidad”.

Este mismo informe de Human Rights Watch continúa señalando: “La reubicación planificada suele considerarse una medida de último recurso, después de que se hayan intentado todas las estrategias de adaptación in situ —como elevar las viviendas o construir diques—, y se hayan descartado como inadecuadas. Aunque los daños causados por las inundaciones y la previsión de futuros efectos del cambio climático suelen ser los factores más visibles”.

En términos generales, la condición de la comarca Guna Yala es de abandono estatal. Subsiste bajo presiones relacionadas con el hacinamiento, las condiciones precarias de la vivienda, la falta de acceso a servicios básicos, la falta de infraestructura, la migración ilegal, el narcotráfico, las enfermedades de transmisión sexual y la migración hacia la ciudad, además del aumento de eventos climáticos extremos y el deterioro ambiental.

Para los gunas, la aguja que marca el avance del progreso social apenas se ha movido durante el siglo XXI. Entre el censo de 2000 y el 2023, el porcentaje de viviendas sin agua potable pasó del 31% al 24% y el de viviendas sin saneamiento de 99% a 95%. Los hogares con ingresos menores a US 600.00 mensuales pasaron del 88% al 74%. El hacinamiento es otro de los problemas graves en esta región. Los gunas han registrado el promedio de habitantes por vivienda más alto del país, con 7 y 4 habitantes tanto en el censo de 2000 como en el 2023 respectivamente. 

Con estos indicadores como telón de fondo, lo que ha ocurrido es que la población guna ha empezado a migrar. En el 2000 el 50% de los indígenas gunas residían en la comarca, y en la actualidad este porcentaje es de apenas el 27%. El destino de estos migrantes ha sido la provincia de Panamá —donde se encuentra la capital del país—, en la que se concentra el 32% de la población guna.

Promesas incumplidas y los retos de un futuro no tan distante

El reporte publicado por Human Rights Watch enfatiza también el estado de abandono de los indígenas gunas: “El historial del Gobierno es poco convincente: en 2011, el MINSA prometió un hospital; en 2012, el MEDUCA prometió una escuela modelo, y en 2017, el MIVIOT prometió 300 viviendas. Todos los proyectos se han iniciado, pero ninguno se ha completado”. Hasta el momento, la mudanza de la comunidad no se ha realizado, y las infraestructuras se encuentran construidas y sin poder ser utilizadas.

La tierra, su acceso, planificación y manejo es uno de los retos principales dentro de este proceso de relocalización de las comunidades amenazadas por el aumento del nivel del mar. Displacement Solutions, una ONG que ha visitado en reiteradas ocasiones la comarca Guna Yala desde 2014, indica: “Será la tierra la que en última instancia estará en el centro de la mayoría de las políticas diseñadas para abordar las consecuencias del desplazamiento climático; la gente perderá tierras y necesitará nuevas tierras para empezar de nuevo sus vidas”.

Ante la amenaza que representa el cambio climático para las comunidades, los Principios de la Península surgen como un “instrumento jurídico internacional sobre los derechos de las personas desplazadas por el clima”. Estos principios indican que es necesario, “antes de cualquier reubicación, que se prepare un plan maestro de reubicación que aborde asuntos críticos que incluyen: i) adquisición de tierras; ii) la preservación de las instituciones sociales y culturales existentes; iv) acceso a servicios públicos”, entre otros aspectos. Sin embargo, hasta el momento Panamá no cuenta con los estudios que permitan implementar estos principios.

La amenaza del aumento del nivel del mar es un reto compartido por al menos 928 comunidades y 700.000 personas en Panamá. En la comarca Guna Yala al menos unas 40 comunidades y 32.000 personas se verán potencialmente afectadas. No en todos los casos se requerirá el desplazamiento de las comunidades, pero sí inversiones y una planificación que aborde la protección de sus bienes y medios de vida.

El 2050 aún parece una fecha muy lejana. Lo era en 1983 cuando se identificaron las primeras señales del aumento del nivel del mar en Panamá, y aun lo era en 1998 cuando se confirmaron. El 2010 —cuando los habitantes de Gardí Sugdub decidieron trasladarse a tierra firme— parece que fue hace poco, y ahora, en 2023, estamos a medio camino entre el pasado y el futuro. Sin embargo, la historia plasmada en este artículo cuenta cómo, todavía, después de 40 años de advertencias, no estamos preparados para el desafío que nos plantea el cambio climático.

México: radiografía hemerográfica de un mes de campaña

Juan Mario Solis
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México: radiografía hemerográfica de un mes de campaña

El pasado 1 de marzo dieron inicio oficialmente las campañas por la presidencia de México. Destaco la palabra oficialmente porque quienes seguimos de cerca la política mexicana sabemos que la contienda presidencial arrancó desde el verano pasado con precampañas que no eran tales y, en resumen, con acciones flagrantemente violatorias de las leyes electorales vigentes. Desde entonces, buena parte de la agenda de los medios de comunicación se han dado a la tarea de cubrir las actividades de quienes hoy son formalmente contendientes por la presidencia de la república: Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

Desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí nos dimos a la tarea de constituir un laboratorio de monitoreo de medios que permita organizar y sistematizar un banco de datos con la información periodística que sobre las campañas presidenciales publican seis medios nacionales (El Universal, Reforma, La Jornada, El Sol de México, Milenio y Excélsior) y cinco internacionales (El País, DW, France 24, The New York Times y BBC). El objetivo es recopilar información útil para los estudiosos de los procesos electorales, en cualquiera de sus aristas, así como para la ciudadanía en general.

Tras el primer mes de campaña el equipo del laboratorio identificó 1777 piezas periodísticas relacionadas con el proceso electoral en curso siendo el diario El Universal el que destaca notoriamente en su cobertura con 39 por ciento de todo el universo noticioso observado seguido muy por detrás por la Jornada (17%) y Reforma (16%). En la muestra de medios internacionales observamos que las elecciones mexicanas no destacan (al menos hasta ahora) entre los principales temas de las ediciones en español de los portales seleccionados que durante marzo prestaron mayor atención a los comicios venezolanos y a la crisis política de Haití.

En cuanto a la cobertura por candidaturas, los resultados arrojan que la oficialista Claudia Sheinbaum es quien más noticias acapara (44%) seguida por Xóchitl Gálvez (36%) y Jorge Álvarez Máynez (19%). En este punto es importante destacar que la figura del presidente López Obrador tiene un peso periodístico relevante puesto que los diarios han dado cuenta de sus constantes intervenciones en el proceso electoral, a pesar de sus restricciones legales. El laboratorio identificó 96 notas que hicieron alusión a pronunciamientos del presidente respecto a las campañas en curso, lo que representaría 12 por ciento del total de noticias que han hablado exclusivamente de las candidaturas. Por otro lado, llama la atención que el Instituto Nacional Electoral, como árbitro de la contienda, haya recibido más cobertura en cuanto a número absoluto de notas que el candidato más rezagado en las encuestas.

Otro aspecto en el que vale la pena detenerse es en cuanto a los temas de campaña. Es sabido que en la mayoría de las democracias modernas las campañas electorales suelen girar en torno a un tema que articula el eje de la discusión política por el poder. En el caso mexicano, a diferencia de los procesos más cercanos en el tiempo, esto aún parece no estar muy claro. Es decir, que a pesar de que están identificados los grandes problemas nacionales (como la inseguridad, la corrupción o la salud), las notas de prensa son muy heterogéneas en cuanto a lo que son las propuestas de campaña propiamente dichas, ya sea porque los diarios se enfocan estrictamente en la descripción de los actos de campaña, o porque las candidatas y el candidato se han inclinado más a la articulación de narrativas que a la generación de propuestas. En ese sentido, destaca, por ejemplo, que en cuanto a la agenda de juventudes, un sector del electorado muy importante, la prensa solo recoja ocho notas sobre la oferta para ellas y ellos, lo que representa un raquítico 0.45 por ciento de la cobertura hemerográfica realizada.

Pero quizás lo más destacado de este primer mes de cobertura es que la campaña mexicana parece caracterizarse por su alto nivel de opinión política y editorial. En este rubro nos encontramos con 405 piezas, que representan una de cada cinco publicaciones en los medios seleccionados. Entre el universo de columnas de opinión observadas, el laboratorio detectó dos cosas que consideramos significativas subrayar: a) que en la proporción de articulistas hay una diferencia de 2.6 piezas escritas por hombres por cada mujer; y b) que en el top 10 de opinadores solo aparece una mujer. Lo anterior refleja, de algún modo, la pétrea tendencia de masculinización de la política en la que los hombres acaparan el espacio, en este caso, en el comentario político.

Finalmente, otro dato que merece la pena destacar tiene que ver con la producción de caricatura política en la que sobresale que poco más de la mitad de las viñetas publicadas durante el mes de marzo (54%) fueron publicadas por moneros (caricaturistas) afines a la 4T como Hernández o El Fisgón.

En resumen, este primer mes de campaña pone de manifiesto que el caudal noticioso de la campaña es muy amplio, aunque no tanto a nivel internacional, que la cobertura es muy heterogénea en cuanto a temas, que hay una fuerte propensión a la opinión política y al editorialismo y, en ese sentido, hay una marcada predominancia de las plumas masculinas por sobre las femeninas.

El boletín completo se puede consultar en: https://www.uaslp.mx/Paginas/General/6810

Paro y marcha federal universitaria en Argentina

Diego M. Raus
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Paro y marcha federal universitaria en Argentina

El 23 de abril se concretó en la Argentina un paro y marcha federal universitaria. Se había anunciado hace un mes y, dada la falta de respuesta del gobierno a los reclamos, se efectuó en esa fecha.

Hay que entender que detrás de esta acción colectiva hay antecedentes —qué significa la educación pública universitaria en el país— y coyunturas —qué piensa el actual gobierno libertario de Javier Milei sobre la educación pública.

Desde la Reforma Universitaria de 1918, señera en América Latina, la educación universitaria en la Argentina es irrestricta, gratuita y de autoridad tripartita, es decir, los órganos de conducción de las universidades se componen de las autoridades electas, del claustro de profesores y del claustro de estudiantes. En la actualidad, el sistema universitario público comprende 56 universidades nacionales en todo el país y cerca de dos millones de estudiantes universitarios. Cabe destacar que en un porcentaje menor pero significativo muchos de esos estudiantes son extranjeros, mayoritariamente latinoamericanos, que tienen las mismas prerrogativas que los estudiantes nacionales.

Por otra parte, en un país donde históricamente la sociedad considera a la educación pública —por Constitución, gratuita, laica y estatal— en todas sus instancias como un bien público absolutamente legitimado, apreciado e insustituible, motor de la movilidad social, cualquier ataque o intento de restricción de la misma moviliza inmediatamente a grandes y diversos colectivos sociales, empezando por las familias.

El conflicto actual parte de que el actual gobierno de Milei considera, coherentemente con el ideario libertario, que toda cuestión pública es por definición perniciosa, ineficiente y restrictiva de la libre decisión personal. En esa dirección, los primeros meses del gobierno observaron un gran número de despidos de empleados públicos, así como el cierre de numerosas instituciones del organigrama estatal, más por razones ideológicas que de gasto público, aunque el argumento oficial se haya reposado sobre esta cuestión.

Producto del debate político parlamentario y las presiones oficiales para impulsar su programa, el gobierno de Milei no logró todavía la aprobación del presupuesto 2024, por lo que, dada la prescripción constitucional al respecto, se está financiando las actividades estatales con el presupuesto 2023. En el lapso del comienzo de ese año y los cuatro meses que ya corren del 2024, la inflación superó el 200%, lo que significa que cualquier presupuesto, es decir, financiamiento de actividades públicas, tiene un presupuesto devaluado dos veces.

En ese escenario, el gobierno pretende que el sistema universitario público —recuérdese las dimensiones antes mencionadas— se sostenga con un presupuesto absolutamente devaluado. Las universidades públicas están respondiendo que con ese presupuesto solo podrán estar abierta no más allá de fin de mayo.

Por supuesto que esta incongruencia, casi al límite del absurdo, el gobierno la sostiene sobre la necesidad de control del gasto público, aunque, como surge de declaraciones de varios de sus funcionarios, la ofensiva oficial tiene un carácter netamente ideológico. El propio Milei sostuvo la semana pasada en declaraciones a los medios que “las universidades nacionales son centros de adoctrinamiento y corrupción”.

Esto dicho a una sociedad que en un porcentaje altísimo entiende, y defiende, la educación pública como factor insustituible de progreso pero también como un derecho inalienable, y ve en los estudios universitarios de sus jóvenes la culminación de ese derecho.

Un joven estudiante que ingresa a la universidad pública masiva, gratuita y democrática no es solo un sujeto aislado en busca de mejorar su situación. Es, básicamente, una familia que ve en ese joven un proyecto de futuro, individual y colectivo. Quizás por eso la marcha federal universitaria, a la cual se han adherido estudiantes de universidades privadas, es un rechazo contundente a esa ofensiva gubernamental sobre el sistema público.

A horas de esa marcha se observaba ya, en las declaraciones de funcionarios, el temor del gobierno a que la movilización fuera, como fue, multitudinaria.

Sin crecimiento no hay paraíso

Rogelio Núñez
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Sin crecimiento no hay paraíso

América Latina afronta numerosos desafíos para alcanzar un desarrollo inclusivo, de largo plazo y con estabilidad política. Son desafíos institucionales, políticos, sociales, culturales y económicos. Todos interrelacionados, pero la clave del arco se encuentra en la economía.

El actual estancamiento económico de la región desde 2014, que instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la CEPAL han definido como “segunda década perdida” (2014/2023), se ha convertido en el punto de inflexión para un modelo de desarrollo que ha tocado techo tras acabar el tiempo de bonanza (la Década Dorada, 2003-2013). América Latina vive desde hace diez años en medio del estancamiento o débil expansión económica (2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2022 y 2023) y crisis (2016, 2017 y 2020) con la única excepción de 2021, año atípico por el efecto rebote tras la recesión pandémica del año anterior. Latinoamérica necesita crecer alrededor del 5% para absorber las demandas sociales y alcanzar un crecimiento con desarrollo y así eludir la trampa de los países de ingresos medios. Y ese objetivo está lejos actualmente: el FMI estima que el Producto Interno Bruto regional promedio para América Latina y el Caribe crezca 2% este año, tras hacerlo al 2,3% el año pasado y al 2,5% en 2025.

Como señala el economista colombiano José Antonio Ocampo: “El crecimiento anual promedio se mantuvo ligeramente por debajo del 0,9% durante el período 2014-23, peor que la tasa del 1,3% de los años 1980. Sin embargo, se prevé que el PIB per cápita sea ligeramente superior en 2023 que al de 2013, debido a un crecimiento demográfico más lento. Por el contrario, no fue sino hasta 1994 que el PIB per cápita de la región volvió a su nivel de 1980. América Latina tiene, por lo tanto, un serio problema de crecimiento”.

Un nueva década perdida

Esta segunda década perdida ha sacado a relucir  un conjunto de problemas estructurales que lastran a los países latinoamericanos desde 2013 e incluso antes: un modelo económico y político disfuncional que no garantiza un crecimiento económico a largo plazo, ni un desarrollo sostenible e inclusivo, ni ha ido acompañado por un estado eficaz y unas administraciones públicas eficientes a la hora de implementar políticas públicas favorables a los sectores vulnerables y capaz canalizar las demandas de las clases medias emergentes.

Entre los efectos de esta segunda década perdida se encuentra el incremento del malestar de las sociedades, vinculado a esa débil expansión económica y al deterioro social (incremento de la inseguridad, de la pobreza, de la desigualdad y, sobre todo, de la vulnerabilidad de las clases medias), lo cual ha dado lugar a un voto de castigo permanente a la gestión de los oficialismos —hacia quien detenta el poder— y, en algunos casos, se ha traducido en voto de respaldo a opciones antisistema.

En la última década diversos autores como el peruano Alberto Vergara han tratado de reflexionar sobre el qué y el porqué de lo que le ocurre a la ciudadanía: concuerdan en que el malestar latinoamericano, que tiene una larga tradición histórica, se ha exacerbado y ha aumentado y se hace más evidente el choque entre una ciudadanía con crecientes expectativas que acaba defraudada por unos estados que pretenden ser republicanos (institucionalizados) y eficientes pero que cotidianamente defraudan esa promesa, pues no solo son ineficaces sino que se sitúan lejos de los problemas de la ciudadanía. Se trata de democracias débiles con baja institucionalización, “repúblicas a medias”.

Las consecuencias del estancamiento

Se trata de una dinámica que se retroalimenta debido a que los nuevos gobiernos nacen con una debilidad que condiciona su capacidad de acción: su endeblez política es la nota dominante de los ejecutivos latinoamericanos desde 2015, lo que les ha impedido llevar a cabo reformas estructurales indispensables para vincular a los países de la región a la IV Revolución Industrial, hacer más competitivas a las economías regionales y canalizar la frustración de expectativas. Además, esa debilidad institucional se ha visto alimentada por una fuerte fragmentación y una elevada polarización que han incrementado los problemas para llegar a acuerdos de estado.

Esa situación provoca la incapacidad de los gobiernos para poner en marcha procesos de reforma y que se alargue la desafección de la ciudadanía, que acaba inclinándose en cada siguiente cita ante las urnas por voto de castigo o por elementos ajenos al sistema. Los partidos que ganan las elecciones lo suelen hacer tras formar coaliciones negativas. Reúnen más un voto coyuntural y prestado que verdaderas adhesiones, con escaso apoyo en Parlamentos fragmentados y polarizados, con capacidad reducida de alcanzar consensos. No cuentan con la paciencia, muy reducida, de unas sociedades golpeadas por una década de bajo o nulo crecimiento (incluso decrecimiento), aumento de la pobreza y deterioro de las oportunidades de mejora.

Perú, que ha pasado de crecer a ritmo chinos a coquetear con la crisis y el estancamiento, es un ejemplo de esa coyuntura. De hecho, la agencia calificadora S&P Global Ratings acaba de rebajar la calificación soberana de largo plazo de ‘BBB’ a ‘BBB-’ debido a la incertidumbre política que limita el crecimiento económico. Esta rebaja implica un riesgo para Perú debido a que, ante una siguiente rebaja, perdería el grado de inversión y pasaría a grado especulativo. S&P señala que “un Congreso fragmentado y el limitado capital político del Gobierno” pesan sobre la confianza de los inversionistas privados y suponen un costo de oportunidad para el crecimiento, lo que “limita la capacidad de Perú para reconstruir espacio fiscal”.

Los desafíos de la democracia

Las democracias tienen ante sí, para sobrevivir en esta tercera década del siglo XXI, numerosos desafíos: el primero de ellos es diseñar un nuevo contrato social. Un nuevo pacto que haga a los estados más eficaces a la hora de poner en marcha políticas públicas que resuelvan los problemas más acuciantes de la ciudadanía en materias sociales (educación, salud, seguridad y transporte), económicas (inversión en capital humano y físico) y políticas (reformas electorales y de los partidos, mayor representación y participación ciudadana, agilización de las políticas de las administraciones, etc.). La institucionalidad democrática ha perdido su atractivo porque no resuelve los problemas más cercanos de la ciudadanía, que se inclina por votar contra los gobiernos (“voto de castigo a los oficialismos”) o por alternativas alejadas del respeto a la institucionalidad democrática.

La actual crisis de las democracias se debe a un largo periodo de parálisis y bajo crecimiento. Mientras la región no encuentre el camino hacia una alta, sostenida e inclusiva expansión del PIB, la institucionalidad democrática se encontrará deslegitimada ante una ciudadanía que prefiere escuchar otros cantos de sirena. De hecho, el caldo de cultivo de esta situación es el aumento de la pobreza y, sobre todo, la desigualdad social, que genera frustración social, desafección hacia las instituciones y polarización política. Como muestra el Informe Latinobarómetro de 2023, desde 2010 ha aumentado levemente el apoyo a regímenes autoritarios, y en especial ha subido 12 puntos la indiferencia ante el tipo de régimen al hilo de ese empeoramiento de la economía regional y las expectativas de mejora personal e intergeneracional. El respaldo a la democracia, por el contrario, ha caído del 63% en 2010 al actual 48%.

Sin retomar ese crecimiento elevado, a largo plazo e inclusivo, el paraíso del desarrollo es inalcanzable para los países de Latinoamérica. Y aún peor: está en juego la pervivencia de la democracia.

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