Paraguay: el desafío de Itaipú 

La central hidroeléctrica ITAIPU representa para el Paraguay lo que significó, a inicios de la década de 1980, el complejo petrolero Cantarell para México: aprovechamientos de recursos naturales con gran impacto en la seguridad energética de los países y fuentes de gran peso en el financiamiento público. Además, en ambos casos los elevados niveles de producción (de energía o de fuentes de energía) colocaron a los países en el mapa mundial de la energía. Cantarell fue el complejo petrolero más productivo del mundo; ITAIPU es la segunda generadora mundial de hidroelectricidad. Las diferencias, sin embargo, son relevantes: ITAIPU aprovecha recursos energéticos renovables para la producción de energía eléctrica, Cantarell ya ha declinado la producción de fuentes no renovables de energía (hidrocarburos); y el dominio del recurso natural, el potencial hidráulico del río Paraná, en el caso de ITAIPU, es compartido, en partes iguales, por Paraguay y Brasil. 

Esta comparación entre aprovechamientos de recursos naturales facilita la comprensión del significado económico de ITAIPU usando un ejemplo del mundo petrolero, tal vez más cercano al cotidiano de la población en general. Pero también instala una dimensión de análisis sobre la relevancia de esa central hidroeléctrica binacional en una matriz energética mundial cuya porción de fuente renovable crece de manera sostenida en todos los ejercicios de prospectiva energética mundial, debido, en buena parte, a la necesidad de reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Se plantea una transición energética hacia el uso de la energía con base en tecnologías más eficientes y en la substitución de combustibles fósiles. El uso creciente de la electricidad generada con fuentes renovables es parte esencial de las estrategias de esa transición.

Itaipú: oportunidades y obstáculos

ITAIPU representa una oportunidad de desarrollo socioeconómico de Paraguay con base en una fuente renovable de energía, lo cual se encuentra en línea con el mencionado desafío principal de la transición energética a escala mundial. El parque generador del sistema eléctrico del país se basa exclusivamente en la hidroelectricidad. La capacidad instalada actual, con 98% de participación de las centrales hidroeléctricas binacionales (en particular ITAIPU), permite generar mayor cantidad de electricidad de la que necesita el mercado interno, condición ventajosa que se extendería, en principio, hasta inicios de la próxima década. 

Esta condición de “bono energético”, a lo que se suma el período de “bono demográfico” que vive el país y la existencia de un marco legal atractivo para la inversión extranjera, convierte al país en una tierra de oportunidades para desarrollar proyectos de una economía “descarbonizada” (de bajas emisiones de GEI), tanto en términos de producción de commodities (hidrógeno verde, amoníaco verde, acero verde, entre otros), como en la implementación de un paradigma de transporte de bajas emisiones, con participación de vehículos eléctricos. Estas innovaciones en la estructura industrial y de transporte podrían facilitar, a su vez, la participación del sector productivo del país y de la región (por la existencia de minerales estratégicos en países fronterizos, como el litio, por ejemplo) en cadenas de valor y suministro de bienes relacionados con la transición a la economía de bajas emisiones de GEI.

Las oportunidades de desarrollo socioeconómico con base en la abundante hidroelectricidad de Paraguay se enfrentan a obstáculos que se relacionan, por un lado, con un andamiaje institucional vulnerable, que dificulta la aplicación efectiva de políticas y normativas favorables a la inversión y, por otro lado, con una infraestructura aún en desarrollo, con limitaciones inclusive en el sistema de transmisión y distribución de electricidad, así como en la expansión de una generación sostenible. La empresa eléctrica estatal, ANDE (Administración Nacional de Electricidad), que posee exclusividad del abastecimiento público, necesita invertir, como mínimo, 600 millones USD anuales en los próximos 10 años para ofrecer un servicio de alta confiabilidad y seguridad en el Sistema Interconectado Nacional. Sin embargo, el nivel de inversión, si bien ha mejorado en los últimos años, alcanza solo el 50% de lo programado. Esto lleva el debate con relación a ITAIPU y a las oportunidades de desarrollo con la energía al ámbito de las expectativas de renta, en particular, con relación al valor que puede generar la cesión de energía de ITAIPU al mercado brasileño.

En realidad, las entidades binacionales, pero particularmente ITAIPU, han sido fuente de renta y beneficios para la economía paraguaya desde la época de construcción y, de manera sostenida, durante los 40 años de operación. Más de 500 millones USD anuales son los ingresos netos al país por la venta de la energía de ITAIPU; y esto ha permitido que el sector económico Electricidad y Agua contribuya con cerca del 7% del PIB, según cifras oficiales. Los beneficios económicos que se reciben de la central binacional por la generación eléctrica (honorarios de funcionarios y contratos, royalties, utilidades por el aporte de capital, resarcimientos para la ANDE) y el valor adicional que se recibe de Brasil en compensación por la cesión de energía paraguaya que no se contrata (la energía producida se divide en partes iguales, según el tratado que instituyó la entidad binacional ITAIPU) han sido temas de debate público desde antes de la firma del Tratado. No se cuestionaron solamente los valores que Paraguay recibiría por ceder su energía al país socio sino también la obligación de ceder el excedente energético de manera exclusiva a Brasil (que se complementa con el compromiso de Brasil de contratar todo el excedente paraguayo de energía). 

Los valores de la compensación por cesión de energía fueron reivindicados por Paraguay con firmeza en los últimos veinte años, lo que llevó a un incremento que totaliza 4.000% con relación al valor determinado en el año 1973. Estas reivindicaciones fueron conseguidas durante los primeros dos mandatos de Lula de Silva al frente del Poder Ejecutivo de Brasil, con mejores resultados en la negociación del gobierno de Fernando Lugo. No obstante, el otro aspecto relevante reivindicado por Paraguay (la libre disponibilidad de su excedente energético) no se ha conseguido en las negociaciones; pero Brasil siempre ha cumplido con la contratación del excedente energético de Paraguay.

Discusiones en torno a una compleja negociación

Desde hace unos años, en período previo a la revisión del Anexo C del Tratado de ITAIPU (parte del acuerdo bilateral que establece las condiciones financieras y de comercialización de la energía), que ingresó en fase programada de revisión desde agosto de 2023, se intensificó, en Paraguay, la discusión sobre cuáles serían las estrategias para la revisión del acuerdo. La motivación deviene de dos hechos relevantes: el bono energético se mantendría por al menos una década más; y el costo del servicio de electricidad se redujo en al menos un 60% con relación al valor del año 2021, debido a que el mayor componente del costo –pago de la amortización e intereses de la deuda– ha dejado de existir a partir del año 2024. Se generó un espacio de estrategias que otorgan diferentes grados de prioridad a las alternativas de profundizar el uso de la energía en el país o de reivindicar a Brasil mayores rentas por el excedente energético.

La discusión no es trivial porque si bien el recurso natural aprovechado para la generación de energía (el potencial hidráulico) es renovable, el excedente energético se podría interpretar como un recurso no renovable, porque se reduce en la medida que crece el mercado eléctrico interno de Paraguay. Es decir, el aprovechamiento del “bono energético” se presenta, en realidad, como una ventana de oportunidad de mediano plazo.  Los análisis sobre la conveniencia de las alternativas indican que la estrategia dominante debería ser la de usar la energía para el mercado interno; sin embargo, las condiciones para que ello ocurra dependen de contar con la infraestructura eléctrica adecuada y con una infraestructura industrial que multiplique el valor económico de la energía, genere empleo y promueva la circulación del capital en el sistema económico. En otras palabras, se necesita de inversión pública y privada. Por ello, la opción que parece ser la más razonable es la de buscar mayores rentas y destinar esa renta para mejorar paulatinamente las condiciones para el uso de la energía eléctrica en el país. No obstante, la obtención de mayor renta se enfrenta al gran desafío de que el destino de la renta sea el más apropiado y que los procedimientos administrativos y el uso de fondos sea totalmente transparente para la ciudadanía. 

La complejidad de los intereses paraguayos y las expectativas del pueblo paraguayo con relación a la revisión del Anexo C son elementos que no concuerdan totalmente con los intereses del gobierno federal de Brasil. El gobierno brasileño ha expresado el interés de contar con una energía de ITAIPU con el menor costo posible, posición reforzada por el interés de empresarios brasileños que ven en la posibilidad de reducir costos de la energía de ITAIPU una oportunidad de ganancias en productividad. El gobierno brasileño, a su vez, no descarta totalmente la obtención de rentas mediante tarifas más elevadas que el costo, aunque las intenciones son más limitadas que las de los paraguayos y el destino principal sería para proyectos sociales. En los últimos años y con particular intensidad en los últimos meses se ha observado un ambiente difícil de negociaciones entre los representantes de los dos países, que manifiesta de manera clara la diferencia de posiciones.

La fase de negociaciones sobre la revisión del Anexo C no se ha instalado oficialmente. En enero de 2024 se llevó a cabo una primera cumbre de presidentes de los dos países en la que Paraguay presentó de manera muy clara y firme sus objetivos al gobierno de Lula da Silva. En el discurso presidencial posterior a la reunión, el presidente brasileño remarcó la diferencia de posiciones entre los dos países. Paraguay desea incrementar la tarifa buscando rentas y Brasil manifiesta sus intenciones de bajar la tarifa buscando costos bajos para el consumidor brasileño. Se trata de una negociación coyuntural sobre la tarifa. 

No se debe perder de vista la existencia de otros elementos que se dieron en la historia de ITAIPU, tales como condiciones más favorables de contratación de energía para la ANDE y que la situación actual es previa a una negociación que apunta a por lo menos 10 años: la revisión del Anexo C, mucho más compleja y con posibilidades de trazar una ruta de cooperación e integración bilateral, tal vez con desdoblamientos en el ámbito regional, con perspectivas de desarrollo sostenible y de beneficio mutuo de largo plazo. Esa es la visión que es manifestada por ambos presidentes y que podría resultar en una negociación que amplíe el rol de la entidad binacional, transformándola en un motor del desarrollo de ambos países. El mayor desafío está en esa fase que aún no ha llegado.

Desigualdad deliberada y populismo 

De acuerdo con la teoría neoclásica, la economía de mercado fomenta la igualdad en la distribución del ingreso, porque cuando las ganancias en una industria aumentan (debido, por ejemplo, a cambios en la tecnología o en los gustos de los consumidores), ocurren dos dinámicas. Por una parte, entran nuevos oferentes y la competencia reduce las ganancias al mínimo requerido para la supervivencia, impidiendo la acumulación de rentas extraordinarias. Por la otra, al aumentar la inversión en esa industria, la demanda de trabajo y los salarios se elevan –por medio de la competencia– en toda la economía, por lo que la distribución del ingreso no se ve afectada.

La teoría supone movilidad y perfecta substituibilidad entre los factores de producción, y que en equilibrio su productividad marginal es igual a su remuneración. Si en algún momento la productividad marginal del capital fuese mayor que la del trabajo, se sustituiría capital por trabajo, lo que reduce la productividad marginal del capital y eleva la del trabajo hasta que otra vez se logre la igualdad. De ese modo, la economía en equilibrio iguala la remuneración del capital y el trabajo, dado que el mercado iguala la productividad marginal de ambos, la cual es igual a esa remuneración.

La teoría no se aplica a la práctica

Ese planteamiento teórico no se ha visto reflejado en la realidad. El capitalismo y la economía de mercado se caracterizan por causar desigualdades sustantivas. Algunos supuestos de la economía neoclásica, necesarios para materializar sus predicciones sobre la distribución del ingreso, son totalmente ajenos a la realidad.  La existencia, dentro de otros, de economías de escala, altos costos de entrada para nuevos oferentes, mercados imperfectos (monopolios y oligopolios), inflexibilidades en la relación capital-trabajo (escaza substituibilidad) y asimetrías en el acceso a información generan grados de acumulación diferenciada e impiden que la competencia determine las ganancias y los precios en los mercados de tecnología, de capital, de bienes, de materias primas y de trabajo.

Por otro lado, la propiedad colectiva de los medios de producción (comunismo) no solo fue un fracaso en términos de creación de riqueza y bienestar, sino que también terminó en una sustancial concentración del ingreso en cuadros burocráticos, militares y partidarios. En los períodos en que se lograron índices relativamente satisfactorios de equidad fue a costa de ingresos muy bajos, debido a las ineficiencias productivas que caracterizaban al sistema.

Así que la mejor herramienta para lograr ingresos elevados, reducir y eliminar la pobreza y mitigar las desigualdades sigue siendo una economía en que se combinen estímulos capitalistas (motivo de la ganancia) y energías de mercado con políticas públicas intervencionistas que compensen las tendencias concentradoras del ingreso. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, dado que el poder económico, tanto en democracias como en dictaduras, tiende a tener una influencia desproporcionada en la toma de decisiones.

Ese peso desigual ha estado tan presente, con indiferencia de si se trata de países ricos o pobres, que en numerosas ocasiones las políticas públicas, lejos de compensar las tendencias del capitalismo a concentrar el ingreso, más bien las refuerzan.

El enojo popular y el auge de los populismos

Muchos de los descontentos que han engendrado los populismos con su gigantesca irresponsabilidad se han gestado como resultado de ese tipo de políticas. Hasta hace algunas décadas era factible que los gobiernos beneficiaran con sus decisiones a los que más tienen sin causar resentimientos, pero hoy, con el amplio acceso a la información permitido por la tecnología, no es posible mantener a la población en la ignorancia, y no es posible, entonces, evitar su enojo.

Los ejemplos de decisiones que protegen y fortalecen la situación económica de los que más tienen abundan. Muchos países compiten para ver cuál otorga más subsidios, exoneraciones fiscales y otras ventajas a corporaciones multinacionales y empresas locales grandes enfocadas a las exportaciones o al turismo. Todo, por cierto, al amparo de un discurso contradictorio y mentiroso, solo puesto en práctica para los pequeños empresarios locales, sobre lo inconvenientes que son para la economía los subsidios y las exoneraciones tributarias para sectores no escogidos por el mercado sino por los políticos o los burócratas.

En los países occidentales desarrollados ha ocurrido lo mismo: una competencia desalmada para otorgar ventajas fiscales a las empresas más grandes del planeta. Ahí también, la ruta más corta para recibir beneficios especiales financiados por el resto de la sociedad ha sido ser una empresa gigantesca.

Así, la propensión natural de la economía de mercado a concentrar la riqueza y el ingreso se ha visto vigorizada por políticas públicas que deliberadamente perfeccionan esa tendencia. Se alega, por parte de los neoliberales, que ese paternalismo hacia el gran capital permite materializar externalidades positivas derivadas de sus inversiones. Todo ello evidencia la enorme debilidad –y el contradictorio oportunismo– de los argumentos de esa escuela de pensamiento sobre las virtudes de la mano invisible.

Ya a escala mundial hay mucha conciencia sobre esta situación. De ahí se derivan, por ejemplo, el impuesto especial a las corporaciones multinacionales impulsado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y el llamado reciente de 250 billonarios a que se les impongan impuestos a la riqueza.

El magnetismo de los populistas se basa en un profundo engaño, pues construyen apoyos de los sectores de menores recursos cuando sus líderes son neoliberales a ultranza y no tienen el menor interés en la situación de esos sectores. La mejor manera de derrotarlos es vaciando de contenido su demagogia, haciendo más eficiente el Estado al tiempo que se le dota de herramientas para que, en lugar de cargar con resentimientos, los sectores de menores recursos vean rutas factibles para ascender en la escala social y convertirse en protagonistas y beneficiarios del crecimiento de la riqueza. 

Estado emprendedor versus libertarismo en América Latina

El discurso de Javier Milei ante empresarios y gobernantes en el Foro Económico Mundial de Davos del 2024 parecía una síntesis, un tanto caricaturesca, de la pobreza intelectual del libertarismo contemporáneo. De no ser por los peligros que encierra dicha ideología para el orden democrático moderno, no valdría las líneas de este comentario. La argumentación de la ideología libertaria se podría resumir en una línea: “La causa del bienestar de las naciones es la sagrada propiedad privada sobre todos los recursos y su peor enemigo es el Estado”. En vista de que el libertarismo está ganando cada vez más fuerza en el continente, permítasenos contrastar dicha ideología con algunos de los avances más recientes de la teoría económica, poniendo el énfasis en las contribuciones de la economista italo-norteamericana Mariana Mazzucato, quien, dicho sea de paso, estaba entre los principales invitados del mencionado Foro de Davos de este año.

El libertarismo y su noción de Estado

Para iniciar, vamos a tomar dos conceptos relevantes de la economía política, Estado y Mercado, que parecen estar en el centro del paradigma libertario. Hablando en términos económicos, el Mercado como concepto o noción parece estar en continuo movimiento, no solamente lineal, sino incluso pendular. Para usos prácticos, vamos a tomar la definición de Gregory Mankiw, autor del libro de texto Principios de economía: “Un mercado es un grupo de compradores y vendedores de un determinado bien o servicio. Los compradores determinan conjuntamente la demanda del producto, y los vendedores, la oferta”. Las demás definiciones de este concepto serían algunas variaciones específicas según el área de acción del sujeto que la representa: mercadólogo, especulador de bitcoins, corredor de propiedades o académico.

Por otro lado, la definición de Estado parece haber tenido muchas más controversias en la historia de la humanidad. La mayoría de ellas se han referido a la relación del Estado con el poder o con la violencia, sea esta legítima o legal. Históricamente la noción con la que nuestra “certeza sensorial” percibe el Estado depende ciertamente de su contexto histórico concreto. No tienen la misma percepción de Estado los habitantes de un régimen despótico como Corea del Norte que los ciudadanos de un Estado democrático como el alemán o el francés. El llamado Estado de Derecho, cuya definición aprendemos ya en la escuela secundaria, está dividido en tres poderes independientes entre sí: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Si bien la percepción y la consecuente definición del Estado como concepto es un proceso de constante cambio en el devenir histórico, su relación con otros aspectos de la vida humana como la economía parece adquirir mayor relevancia según las coyunturas y el contexto.

La interpretación libertaria de la economía parece haber descubierto que la relación Estado-Mercado es como la relación entre el agua y el fuego: antagónica, el uno supone la destrucción del otro. Desde que Adam Smith formuló su famosa metáfora, surgió una suerte de malinterpretación que adjudicaba al filósofo escocés la intención, de por si inexistente, de que la riqueza de las naciones surgió como resultado de un mercado “conducido por una mano invisible” y no por el Estado. Y aunque en innumerables investigaciones se ha llegado a demostrar que dicha metáfora se refiere más al sistema moral, político y económico republicano opuesto al Ancien Régime, parece que ya no es posible expulsarla del léxico económico. La usan los marxistas ortodoxos para vilipendiar al pobre Adam Smith y la usan también neoliberales y libertarios recalcitrantes para tratar de bendecir sus esotéricas visiones sobre una pretendida “naturaleza humana” en la cual no existe ni lo colectivo, ni la sociedad, sino solamente individuos, y en la que el valor de las cosas no es el resultado del trabajo sino del intercambio entre propietarios capitalistas. Esto para expresarlo en un lenguaje cáustico tan propio de los libertarios recalcitrantes.

En nuestra opinión, ver la relación entre Estado y Mercado como una contradicción antagónica es, de hecho, una distorsión de la realidad, que corresponde a un enfoque positivista de las ciencias económicas. La relación entre el Estado y el Mercado surge de hecho en la misma cuna de ambos conceptos. Para que tengan lugar los intercambios entre los agentes del mercado, tienen que existir normas que permitan que dichas relaciones culminen en resultados. Es decir, el surgimiento de las normas (Estado) es, en cierta medida, el resultado de la necesidad del intercambio (Mercado). La necesidad del intercambio, por su parte, depende de la índole de los bienes que no siempre están distribuidos conforme a una determinada voluntad, sea esta individual o colectiva. Existen bienes escasos y existen también bienes abundantes, para mencionar solo dos de las muchas índoles. 

Es precisamente dicha lógica la que nos permite incluso definir el concepto de Libertad (en mayúsculas) como “la verdad de la necesidad” y no como algo abstracto entendido, según los libertarios, como “la ausencia de coerción”, sin conexión con su realización concreta. Parafraseando a Hannah Arendt, la violencia como forma de coerción no es más que una expresión de la falta de poder y no lo contrario. Es por ello que la más profunda contradicción de la ideología libertaria es el llamado a reprimir toda acción orientada a exigir el derecho de propiedad sobre el trabajo como creador de valor. La relación Estado–Mercado, en tanto que una relación de negación continua, no antagónica, es una relación dialéctica. 

En este sentido, analizarla desde una perspectiva puramente positivista (o lo uno, o lo otro), nos lleva a aspirar extremos inalcanzables en la práctica. Resulta un tanto paradójico que tanto Marx como Von Mises aspiren a la eliminación del Estado. Fue el error de Marx al darle la vuelta a Hegel en su interpretación del Estado y es el error de Menger y Von Mises al darle la vuelta a la teoría del valor-trabajo definida por Smith y Ricardo. Es aquí donde los libertarios caen en una trampa conceptual que los lleva a un callejón sin salida. Por ello terminan rechazando no solo a Platón y a Hegel sino también a Adam Smith, a David Ricardo e incluso a Robert Solow. 

La misión de Mariana Mazzucato y el Estado emprendedor

Mariana Mazzucato es, desde hace algunos años, una de las representantes más destacadas de la teoría económica moderna. Su producción académica la convierte, de por sí, junto a Thomas Piketty y Dani Rodrick, entre muchos otros, en uno de los pilares intelectuales más serios de la economía política de la transformación. Dentro de su vasta producción intelectual destacan, para mi gusto, dos obras controversiales: El Estado Emprendedor y El valor de las cosas. “Mucho ojo con Mazzucato, la economista más temible del mundo”, titulaba Helen Rumbelow una reseña de esta brillante profesora en Economía de Innovación y Valor Público y directora del Instituto para Innovación y Propósito Público en el University College London (UCL). “La agitadora de la Economía”, la llamaba Bob Simison, en una semblanza publicada en la revista Finanzas y Desarrollo del Fondo Monetario Internacional. Ya con estas credenciales, no son de extrañar los furibundos ataques de economistas libertarios y neoliberales contra sus propuestas de transformación.

Dado lo limitado del espacio, queremos referirnos, en esta ocasión, someramente a dos de sus obras: El Estado emprendedor y Cambio transformacional en América Latina y el Caribe. Bajo el lema de “volver a pensar en grande”, Mazzucato levanta el guante que han tirado tanto los economistas libertarios como los neoclásicos para entrar de lleno en la batalla del discurso en torno al papel del sector público en el desarrollo económico, sin caer en las tentaciones intervencionistas del marxismo ortodoxo. No se trata de reducir al Estado al mínimo, convirtiéndolo en un simple ente regulador de las distorsiones del mercado. Pensar en grande significa para Mazzucato “empoderar a los gobiernos para concebir una dirección en el cambio tecnológico e invertir en esta dirección, crear mercados en lugar simplemente de arreglarlos”.

Pensar en grande tiene que ver, en segundo lugar, con la política fiscal. Se trata de liberar al gasto público de las presiones del corto plazo para impulsar inversiones de largo plazo, que permitan la creación de nuevos mercados en lugar de adaptarse a los ya existentes. Nadie está aquí limitando la “acción humana” del sector privado. Todo lo contrario, se trata de estimular la libertad de los actores que quieren desarrollar sus nuevas ideas en territorios desconocidos hasta ahora. En su libro la autora demuestra con informaciones convincentes que el éxito de empresas como Apple y Google o incluso el descubrimiento del internet y la llegada a la Luna no hubiesen sido posibles sin las enormes sumas movilizadas por el Estado emprendedor norteamericano a través del gasto público.

En tercer lugar, hace hincapié en el hecho de que si bien es cierto que las empresas exitosas se beneficiaron en su momento de las inversiones estatales, estas se han resistido siempre a retribuir dichos beneficios en forma de impuestos para promover una distribución más equitativa de las ganancias. Se ha acentuado, con el devenir del desarrollo capitalista moderno, la socialización del riesgo, mientras que se han privatizado cada vez más los beneficios. Por eso Mazzucato propone sustituir la relación parasitaria de la empresa frente al Estado en las asociaciones público-privadas por una innovación público-privada simbiótica de beneficio mutuo. Esto implica inevitablemente impedir que empresas como Apple sigan declarando sus impuestos en paraísos fiscales como Islas Vírgenes o Luxemburgo y no lo hagan en el estado de California, donde fueron creadas con recursos estatales. 

Misión y transición energética

Parafraseando a Polanyi en su legendario libro La gran transformación: crítica del liberalismo económico (1944), Mazzucato afirma que el Estado fue el creador del mercado más “capitalista” de todos, el “mercado nacional”. De hecho, esta es la esencia de una de las categorías básicas del enfoque de Mazzucato: «las Misiones». Estas representan objetivos bien definidos, que se centran en resolver importantes desafíos económicos, sociales y medioambientales, que solo pueden ser asumidos como parte de una estrategia de orden nacional o regional. Con ayuda de las Misiones, los responsables de las políticas del Estado tienen la oportunidad de determinar la dirección del crecimiento realizando inversiones estratégicas en diferentes sectores y fomentando nuevos entornos industriales que el sector privado pueda desarrollar aún más. Un entorno y no un sector determinado es el objetivo estratégico de una Misión.

Quizás manteniendo esta línea de “pensar en grande”, Mazzucato propone, en el Informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), retomar la olvidada agenda de la industrialización ya bajo una nueva perspectiva. Ni la vieja historia de la “industrialización vía sustitución de importaciones”, promovida en los años 60 del siglo pasado, ni la de la liberalización promovida por el Consenso de Washington en la llamada “década perdida” de los años 90 pueden ser un camino viable para América Latina. En lugar de sectores, por ejemplo la explotación de determinados recursos minerales, como el litio, o agrarios, como la soja, se propone la inversión pública en entornos. Uno de estos podría ser el cambio climático.

Asumiendo la lucha contra el cambio climático como una “misión”, se podría desarrollar una estrategia que permita “invertir e innovar en las esferas de los nuevos materiales, los nuevos servicios digitales, las nuevas formas de movilidad y la nueva función de los recursos naturales”. Otros posibles entornos son las brechas digitales o los retos sanitarios. Nos vamos a detener un poco en los retos del cambio climático, especialmente si tomamos en cuenta que Mazzucato ya había desarrollado el tema en los capítulos 7 y 8 de su El Estado emprendedor.

Lo positivo de este informe radica en que se intenta formular esta innovadora estrategia de las Misiones para una región, América Latina y el Caribe, víctima de una serie de retos estructurales, entre los cuales los más sobresalientes son la baja productividad, la débil institucionalidad y la enorme desigualdad. El hecho de reformular el papel del Estado, después de haber experimentado el fracaso del modelo neoliberal y del modelo extractivista, representa, de por sí, un avance a ser tomado en cuenta.

El estudio parece estancarse, sin embargo, en un nivel sumamente general, aun si tomamos en cuenta las iniciativas o “casos” descritas en el capítulo IV. En el caso de Centroamérica se toma como ejemplo la Estrategia Energética Sustentable 2030, una estrategia elaborada por la CEPAL en colaboración con la Secretaría de Integración Centroamericana (SICA). Uno de los tres objetivos de dicha estrategia es aumentar el uso de energías renovables, cuyo enorme potencial en la región es de sobra conocido. A pesar de que se menciona el hecho de que aún no se han alcanzado los objetivos previstos, este apartado nos da escasas pistas en torno a los potenciales y las debilidades de dicha estrategia que justifiquen un enfoque basado en Misiones.

Por otro lado, surge, entre otras, la pregunta de la pertinencia. Para el caso de la región centroamericana sería interesante, por ejemplo, conocer la relevancia estratégica de las posibles Misiones a ser tomadas en cuenta. No se puede negar que el acceso a la energía y su eficiencia son de vital importancia. Sin embargo, en vista de la crónica escasez de capital y del reducido espacio fiscal de países tan pobres como los centroamericanos, hubiese sido importante conocer, por lo menos en la introducción, los retos vinculados a la mitigación (“corredor seco”) o a la adaptación (“tormentas tropicales”) que podrían afectar de una u otra forma a los otros aspectos del cambio climático. Hubiese sido interesante, de igual manera, saber de qué forma las estructuras burocráticas sobrecargadas y la falta de personal calificado, mencionadas en el Capítulo V, han tenido un impacto negativo en el entorno de lucha contra el cambio climático en Centroamérica. Para evitar caer en los ya conocidos lugares comunes de lo general, esta estrategia deberá superar el discurso normativo referente a “lo que se debería hacer”, típico de los discursos institucionales, aterrizando en la fase de implementaciones concretas. Recién a través de la experiencia se podrá comprobar cuán robusta es la teoría, que a primera vista resulta muy prometedora.

La democracia pierde terreno en el mundo. ¿Colombia es inmune a esta tendencia global?

Desde hace ya varios años, se vive un avance de regímenes autoritarios en todo el mundo. Este auge ha quebrado el optimismo que surgió tras el fin de la Guerra Fría en los años noventa del siglo pasado, cuando se produjo un importante surgimiento o restauración de gobiernos democráticos a nivel global. Frente a este reflujo autoritario, surge la pregunta: ¿está Colombia hoy en día bajo la sombra de esta amenaza? Si este es el caso, ¿cómo la podemos contrarrestar?

En las últimas dos décadas se ha producido un amplio y preocupante retroceso de la democracia en todo el mundo. A nivel global, 15 países de 86 han perdido sus gobiernos democráticos. Basta mencionar que, actualmente, una alta proporción de la población mundial –alrededor del 70%– viven bajo regímenes semidemocráticos o abiertamente autocráticos, los cuales están presentes, principalmente, en Asia y África, aunque también Europa y América Latina están viviendo un aumento de este tipo de gobiernos. Incluso, estamos observando un retorno de los golpes militares. Por ejemplo, en los últimos tres años se han producido siete golpes en el África subsahariana, que constituye una de las regiones más pobres e inestables del mundo: Chad, Guinea  Bisáu, Malí, Sudán, Burkina Faso, Gabón y Níger.

En el siguiente gráfico intentamos una síntesis sin duda muy polémica del balance efectuado por la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist (EIU) y su “Índice de Democracia”, aun cuando también nos apoyamos en el prestigioso informe “El estado de la democracia en el mundo” del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), con sede en Estocolmo.

Una idea básica de ambos balances es que en la actualidad los sistemas políticos no pueden ser clasificados de manera binaria, es decir, como democráticos o autoritarios, debido a la existencia de una multiplicidad de zonas grises. Por ello, en la clasificación de los regímenes políticos que lleva a cabo The Economist desde 2006, se utilizan tres categorías básicas: regímenes democráticos (tanto plenos como deficientes), regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Esta clasificación se basa en un promedio ponderado de 60 indicadores agrupados en 5 categorías: procesos electorales y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación ciudadana y cultura política.

La clasificación no incluye a los “Estados colapsados”, en los cuales existen numerosos centros de poder en disputa como Somalia, Libia o Sudán del Sur. Tampoco se incluyen los microestados continentales, como Andorra, Liechtenstein, Mónaco o San Marino, ni los isleños en Oceanía (como Kiribati, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, etc.) y en el Caribe (Antigua y Barbuda, Dominica, San Vicente, etc.). En total, se incluyen 165 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, además de dos que no disponen de ese estatus. Mientras que Noruega ocupa el primer lugar en la clasificación, en el fondo se encuentra Corea del Norte.

Aun cuando no hay una disminución significativa del número de países que designan a sus gobernantes mediante procesos electorales, sí hay una clara tendencia hacia el aumento del ejercicio despótico del poder por mandatarios electos. Por ello, es interesante constatar que muchos de los regímenes autoritarios incluidos en el gráfico llevan a cabo elecciones periódicas.

Sin embargo, las hemos denominado “autocracias electorales”, pues, si bien existe un multipartidismo de derecho, en realidad se trata de sistemas unipartidistas de facto: por ejemplo, Teodoro Obiang con el Partido de Guinea Ecuatorial, ha ganado todas las elecciones desde 1987 con más del 92% de los votos emitidos. Una situación similar se observa en Angola con el Movimiento Popular de Liberación de Angola desde 1975, en la República Popular del Congo con el Partido Congoleño del Trabajo desde 1997, en Ruanda con el Frente Patriótico Ruandés desde 1994, o en Singapur, en donde el Partido de Acción Popular gobierna sin interrupción desde 1959, un hecho que lo convierte en el partido de gobierno más longevo del mundo.

En Rusia, Vladimir Putin ejerce la jefatura de gobierno desde 1999, ya sea en persona o en “cuerpo ajeno” como lo fue con Dimitri Medvédev, y nuevamente este año se ha presentado como candidato en los comicios que llevarán a cabo en marzo, en un proceso electoral marcado por la censura y la falta de competencia. En efecto, la principal figura de oposición, Alexéi Navalny, está encarcelado y otras voces disidentes no tienen ningún acceso a los medios de comunicación.

En América Latina esta es, sin duda, la situación en Nicaragua y Venezuela y, muy probablemente va a ser el caso de El Salvador en los próximos años bajo el liderazgo personalista de Nayib Bukele.

¿Cómo contrarrestar esta tendencia?

Hoy en día, estamos observando un retroceso en la “tercera ola democrática”, según la expresión del profesor Samuel Huntington, quien subraya que anteriormente hubo dos olas y sus respectivas contra olas: una entre 1828 y 1926, cuando el sufragio universal fue introducido en 29 países de Europa y América;  y otra entre 1943 y 1962, cuando veinte antiguas dictaduras evolucionaron hacia sistemas semi o plenamente democráticos tras la victoria de los aliados en la II Guerra Mundial y el proceso subsiguiente de descolonización.

Esta nueva ola, según Huntington,  comenzó a partir de la “Revolución de los Claveles” en Portugal el 25 de abril de 1974, que puso punto final al Estado Novo (1933-1974), y el derrumbe del campo socialista a partir de la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989. Esta ola democratizadora, que se extendió por todo el mundo, hoy en día muestra un relativo agotamiento e, incluso, retroceso debido a diversos factores.

Se trata, sin duda, de una situación muy paradójica. En los últimos dos meses, numerosos periodistas y analistas de la prensa mundial han resaltado el sorprendente número de procesos electorales que se van a celebrar este año: alrededor de 70 países, representando aproximadamente el 49% de la población mundial, ya han llevado a cabo o celebrarán en los próximos meses elecciones de distinto nivel (presidenciales, legislativa o locales). Estos comicios incluyen las elecciones en Estados Unidos y Rusia, así como en el Parlamento Europeo, los cuales, sin duda, tendrán un profundo impacto a nivel global.   

Pero ¿este enorme número de elecciones realmente representa un avance para la democracia? O, por el contrario, dado que muchas elecciones son una simple fachada para “legitimar” regímenes autoritarios, ¿es necesario mirar estos comicios con mayor cautela? Este es el cuestionamiento que plantea un interesante estudio de la Universidad de Gotenburgo (State of the world 2017: autocratization and exclusion?), el cual señala que, si bien no se ha observado una disminución en el número de países con sistemas electorales, simultáneamente se está presentando una tendencia hacia el ejercicio autocrático del poder, surgido de las urnas.

¿Y Colombia qué?

En las últimas semanas, se han multiplicado los pronunciamientos, tanto del gobierno como de las fuerzas opositoras sobre el riesgo inminente de una ruptura institucional en Colombia. Por un lado, el presidente Gustavo Petro ha venido denunciando un supuesto clima de conspiración en curso, mientras que por el otro, miembros de la oposición afirman que el gobierno se dirige hacia una “deriva autoritaria”. Este clima de conspiranoia de ambos lados puede terminar en un debilitamiento de las instituciones democráticas y afectando la estabilidad macroeconómica del país.

Por ello, considero que es indispensable hacer un llamamiento a todos los líderes del país para allanar caminos de diálogo y entendimiento. Desgraciadamente el “club de los expresidentes” está quebrado en mil pedazos (Pastrana versus Samper, Uribe versus Santos) y el sistema de partidos está totalmente fracturado, con 37 partidos gozando hoy en día de personería jurídica.

A pesar de ello, si retomamos las lecciones del pasado, en Colombia las crisis políticas se han solucionado, con muy contadas excepciones, mediante “acuerdos nacionales”, tales como la Unión Republicana (1910), la Concentración Nacional (1930), la Unión Nacional (1946) y el Frente Nacional (1958).

Steven Levitski y Daniel Ziblatt, en su comentado libro Cómo mueren las democracias (Ariel, 2018), proponen una matriz con cuatro indicadores para evaluar si existe una tendencia autoritaria en curso en una nación: un rechazo o la débil aceptación de las reglas de juego democrático, el cuestionamiento de la legitimidad de los adversarios políticos, la intolerancia o el fomento de la violencia y la predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación.

¿Es este el caso de Colombia hoy en día? Si es así, ¿seremos capaces los colombianos, de todas las tendencias políticas, de construir un espacio de concordia para evitar que el país se deslice hacia el abismo? Ante el aumento de regímenes autoritarios en todo el mundo, las alertas están encendidas.

ANEXO

Regímenes monárquicos, autocráticos y autocracias electorales hoy en el mundo

 AméricaAñoPaísTipo de gobierno
1Presidente Daniel Ortega2007Nicaragua*Autocracia electoral
2Presidente Nicolás Maduro2013VenezuelaAutocracia electoral
3Presidente Miguel Días-Canel2019CubaPartido único
4Presidente Nayib Bukele2019El SalvadorAutocracia electoral
5Presidente Ariel Henry2021HaitíRégimen interino
 Europa   
1Presidente Alexander Lukashenko  1994BielorrusiaAutocracia electoral
2Presidente Vladimir Putin2012Rusia*Autocracia electoral
3Primer ministro Viktor Orban2010HungríaAutocracia electoral
4Presidente Recep Tayyip Erdogan 2014TurquíaAutocracia electoral
5Presidente Ilham Aliyev2003AzerbaiyánAutocracia electoral
6Presidente Kassym-Jomart Tokayev2019KazajistánAutocracia electoral
 Asia   
1Emir Haibatulá Ajundzadá2021AfganistánEmirato islámico
2Rey Hamad bin Isa Al Khalifa1999BahréinMonarquía
3Sultán Hassanal Bolkiah1967BrunéiSultanato
4Primer Ministro Hun Manet2023CamboyaMonarquía
5Presidente Xi Jinping2013ChinaPartido único
6Presidente Ismaïl Omar Guelleh1999YibutiDictadura de hecho
7Líder Supremo Ali Khamenei1989IránDictadura de hecho
8Presidente Thongloun Sisoulith2021LaosPartido único
9Rey Salman bin Abdulaziz2015Arabia SauditaMonarquía
10Presidente Bashar al-Assad2000SiriaDictadura de hecho
11Presidente Emomalii Rahmon1992TayikistánDictadura de hecho
12Presidente Recep Tayyip Erdogan2014TurquíaAutocracia electoral
13Presidente Serdar Berdimuhamedow2022TurkmenistánPartido único
14Presidente Rashad al-Alimi2022YemenRégimen interino
15Presidente Min Aung Hlaing2021BirmaniaDictadura militar
16Presidente Kim Jong-un2011Corea del NortePartido único
17Sultán Haitham bin Tariq Al Said2020OmánSultanato
18Emir Tamin Al Thani2013QatarEmirato
19Presidente Mohamed bin Zayed2022Emiratos ÁrabesMonarquía federal
20Presidente Nguyen Phu Trong2011VietnamPartido único
21Primer Ministro Lee Hsien Loong2004SingapurPartido único de facto
22Presidente Shavkat Mirziyoyeb2016UzbekistánPartido único de facto
 África   
1Presidente Abdelmadjid Tebboune2019ArgeliaAutocracia electoral
2Presidente João Lourenço 2017AngolaPartido único
3Presidente Évariste Ndayishimiye2020BurundiAutocracia electoral
4Capitán Ibrahim Traoré2022Burkina FasoJunta Militar
5Presidente Paul Biya1982CamerúnDictadura personalista
6General Mahamat Déby Itno2022ChadJunta Militar
7Presidente Félix Tshisekedi2019RDCElectoral
8Presidente Denis Sassou Nguesso1997R. del CongoAutocracia electoral
9Presidente Abdel Fattah al-Sisi2014EgiptoAutocracia electoral
10Presidente Teodoro Mbasogo**1979Guinea EcuatorialDictadura personalista
11Coronel Mamady Doumbouya2021GuineaJunta Militar
12Presidente Umaro Sissoco Embaló2020Guinea BissauAutocracia electoral
13Presidente Isaias Afwerki1993EritreaPartido único
14General Brice Clotaire Oligui2023GabónJunta civil-militar
15Coronel Assimi Goita2021MalíJunta civil-militar
16General Abdourahamane Tchiani2023NígerJunta Militar
17General Abdelfatah al Burhan2021SudánJunta civil-militar
18Rey Mswati III 1986SuazilandiaMonarquía
19Presidente Paul Kagame2000RuandaAutocracia electoral
20Presidente Faure Gnassingbé             2005TogoAutocracia
21Presidente Yoweri  Museveni1986UgandaAutocracia electoral
22Presidente Emmerson Mnangagwa      2017ZimbabweAutocracia electoral

*En algunos casos los mandatarios incluidos ya habían ejercido el poder antes. Por ejemplo, Daniel Ortega o Vladimir Putin habían ocupado la presidencia entre 1985 y 1990 y entre 1999 y 2008 respectivamente.

** Actualmente es el jefe de Estado no monárquico con más tiempo en el poder en el mundo.

Soluciones colectivas para un mundo interconectado

Todo está interconectado, pero comprender estas interconexiones e interdependencias no es fácil. Muchos de nosotros hemos aprendido a procesar compartimentando y aislando las piezas individuales de un problema, con la esperanza de resolverlo de forma aislada y luego volver a la imagen más amplia para resolver la siguiente pieza. Como sociedades, hemos desarrollado sistemas enteros de gobernanza basados en esta idea de compartimentar o aislar nuestros respectivos sistemas (como suele ocurrir en los ministerios), para dividir y abordar nuestros retos en trozos más pequeños. Desgraciadamente, como resultado de ello, a menudo no reconocemos las interdependencias de estos diversos sistemas y cómo los cambios en unos afectan a otros. No solo no es un uso muy eficiente de los recursos, sino que a menudo tiene consecuencias imprevistas. Todo es un sistema: muy pocas cosas funcionan de forma aislada.

En el panorama internacional del desarrollo sostenible, esto se ha hecho evidente a medida que la comunidad mundial lucha por avanzar en los ODS. Cada vez son más evidentes las interdependencias, los vínculos y las compensaciones que deben tenerse en cuenta para avanzar realmente. Además de las interdependencias dentro de los propios ODS –otro conjunto de interdependencias que a menudo no tenemos en cuenta a la hora de abordar los retos del cambio medioambiental global que nosotros mismos hemos provocado–, para tener éxito es necesario que todos participen en un proceso basado en pruebas. 

Necesitamos transformar nuestros enfoques

Para continuar como especie en este planeta, necesitamos tener éxito. Como Homo sapiens, somos miembros de la especie que ha realizado cambios fundamentales y posiblemente irreversibles en los sistemas de la Tierra. Estos cambios han afectado significativamente a nuestro clima y medio ambiente y, en última instancia, a nuestra salud, tanto individual como colectiva. Para que podamos tener un impacto tangible en la mitigación y adaptación a estos cambios globales, también necesitamos transformar fundamentalmente nuestros enfoques.

Tenemos que reconocer que los cambios globales que estamos presenciando no respetan ninguna frontera geopolítica, que no todo el mundo ha contribuido al desastre en el que nos encontramos y que, a menudo, los que están sintiendo los mayores impactos pertenecen a las comunidades que tienen menos culpa de los problemas a los que nos enfrentamos. Tenemos que entender que, para realizar los cambios necesarios para transformar realmente la sociedad tal y como la conocemos, necesitamos comprometernos directamente con nuestra humanidad y reconocer que todos estamos juntos en esto.  

De ahí la importancia de adoptar un enfoque verdaderamente transdisciplinar. Es fundamental porque parte de la equidad, que es un lugar de codesarrollo, y del reconocimiento de que la experiencia se presenta en muchas formas diferentes. Un planteamiento transdisciplinar reconoce que para comprender y abordar realmente un reto socialmente relevante es necesario implicar a quienes se ven afectados por él y enmarcarlo de forma que sea relevante para la comunidad a la que afectará.

Hay que compartir la propiedad y hacer que todos participen en el proceso, teniendo en cuenta la condición humana y cómo interactuamos unos con otros. Tiene que pensar en todas las habilidades blandas que a menudo se han descuidado en los tiempos modernos –inteligencia emocional, confianza, empatía, autoconciencia, compromiso– y reconocer que estos factores desempeñan un papel fundamental.

El pasado y el presente

La historia, y su impacto en el presente, también tiene que desempeñar un papel protagonista a la hora de considerar cómo desarrollamos nuestros diálogos, sobre cómo trabajamos para reconstruir las relaciones de confianza y comprender las dinámicas de poder reales y percibidas en torno a las que hemos construido nuestras sociedades.

El tiempo es esencial –pero el tiempo es también un componente clave de estos debates– y necesitamos todo el que podamos conseguir. Tenemos que dedicar tiempo a restablecer relaciones, a crear asociaciones equitativas, a dar los pasos necesarios para reconstruir la confianza. Debemos crear puentes entre la ciencia y la sociedad, pero mucho más que eso, ya que a menudo olvidamos cómo trabajar juntos sin entrar en conflicto.

Tomar la decisión consciente de abordar nuestros retos comunes de cambio global a través de una lente transdisciplinar es un primer paso adelante, como lo es tomar la decisión consciente de actuar juntos, como iguales. También debemos recordar que todos formamos parte de un gran sistema interconectado y que debemos enmarcar nuestros problemas en contextos reales. No es fácil, pero nada que merezca la pena lo es, sobre todo si queremos continuar como especie, en este planeta, y vivir bien. Todo está interconectado: el clima, nuestro entorno y nuestra salud. Nada puede abordarse de forma aislada.

Elecciones mexicanas: ¡es la inseguridad, estúpido!

Pocas frases son un comodín tan trillado para graficar la superlativa importancia de un único factor por encima de explicaciones alternativas como aquella pronunciada en los tiempos en que Bill Clinton se convirtió en el presidente de los Estados Unidos: “¡Es la economía, estúpido!”

Corría el año 1992; el presidente George Bush padre buscaba la reelección confiado en que la ola de la popularidad de su campaña militar contra Saddam Hussein en Iraq y la victoria de Occidente sobre la ex Unión Soviética, disuelta pocos años antes, sería suficiente para retener la presidencia. Eran señales claras de liderazgo político. El demócrata Bill Clinton parecía una amenaza menor. Solo que el votante norteamericano estaba lejos de preocuparse exclusivamente por la política externa o el nuevo orden global en marcha. Lo que generaba más ansiedad era su declive financiero y la reducción en calidad de vida. La elección no se definiría por ideología, triunfos militares o superioridad moral en el nuevo mundo en marcha, sino por el bolsillo de los electores. De ahí la consagración del motto “¡Es la economía, estúpido!”

En México, frente a las elecciones presidenciales que se avecinan, parecería ser necesario ajustar aquella frase que funcionó como un diagnóstico-síntesis a “¡Es la inseguridad, estúpido!”. Ello podría permitir entender de qué se pueden tratar las reacciones de los votantes en junio. La situación de inseguridad que vive el país tiene consecuencias en todos los órdenes de nuestra vida cotidiana. La medición que realiza el órgano federal de estadísticas y censos sobre inseguridad, la llamada ENSU (Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana), constituye el mejor indicador sobre las reacciones de la sociedad y cómo cambian los hábitos de la población a ese respecto. En diciembre de 2023, la última medición, el 63% de la gente exhibía una percepción aguda de inseguridad pública. Entre las mujeres más de dos tercios así lo sentían (67%). Entre hombres, poco más de la mitad (54%) compartían esas impresiones.

De acuerdo con el informe, habría existido una leve mejora en la sensación de seguridad pública. Casi seis años atrás, a principios de 2018, el record de inseguridad percibida excedía el 80% entre las mujeres y el 76% en la población general. ¿Realmente la población dice sentirse más segura? No es exactamente lo que nos transmite la cobertura noticiosa cada vez más amplia sobre distintos actos delictivos, o el ranking de indicadores internacionales como el aumento del número de homicidios por cada 100.000 habitantes que ponen a México a la cabeza.

¿Tal vez debemos interpretar esa mejora solamente como fruto de las peculiaridades metodológicas a la hora de hacer la medición, esto es, resultado de las circunstancias de inseguridad que forzaron a los encuestadores en general a dejar de tomar el pulso en muchos lugares dada su condición de peligro para los propios profesionales y reemplazar esos locales de riesgo por otros donde la vida no estuviera bajo amenaza?

Como en tantos otros lugares, en México existen mapas de riesgo, pero en muchas regiones son muy cambiantes. En estados como Tamaulipas pueden cambiar radicalmente en pocos días. Hay lugares como el estado de Guerrero donde estos mapas son más estables. Sin embargo, esto no mejora la situación ni el propósito profesional de los investigadores, que es justamente obtener una medición fidedigna, completa y fehaciente de los estados anímicos de los ciudadanos, como la sensación de inseguridad. El porcentaje de casillas que se substituyen al realizar la ENSU por los entrevistadores del instituto de censos (del 10 a 20 por ciento dependiendo del estado) nos puede dar una idea de la magnitud del fenómeno de la inseguridad, recordando que esa encuesta solo se aplica en áreas urbanas (75 ciudades) consultando a casi 28.000 hogares.

La capilaridad de ese sentido de inseguridad tiene consecuencias sobre el proceso electoral, en particular sobre la participación. La percepción de riesgo disminuye los niveles de participación en una elección. Dada la intensidad con la que se manifiesta en ciertos estados, esa incertidumbre es capaz de inmiscuirse en los guarismos finales de las elecciones estatales, municipales o distritales a nivel federal y local.

La violencia que se reporta en los medios de comunicación puede aumentar las percepciones de inseguridad. El gatillo puede ser procesos de violencia generalizada o eventos particulares como los atentados u homicidios de figuras públicas locales. No es raro que estos últimos exacerben en el ciudadano su percepción de vulnerabilidad. En esa lógica, si una personalidad pública puede ser sujeta de un atentado o un homicidio, un ciudadano común está aún más expuesto.

¿Serán las elecciones influenciadas por la inseguridad? No hay dudas. La verdadera pregunta no es si las impresiones de victimización potencial o real tendrán algún efecto sobre la elección. El interrogante crítico es saber la definitiva magnitud de ese efecto. Lo más probable es que sea sobre la participación ciudadana en el proceso y con mayor abstención, todo puede pasar, subvirtiendo pronósticos y proyecciones generados a partir de supuestos de masiva concurrencia a las urnas o –al menos– en la proporción habitual de elecciones anteriores.

Aunque diferentes autoridades lo nieguen o reduzcan el problema de la violencia a impactos locales, todo indica que los resultados de las próximas elecciones estarán fuertemente moldeados por el deseo de sobrevivencia. ¡Es la inseguridad, estúpido!

Seguridad alimentaria y oportunidades de cooperación entre América Latina y Europa

La seguridad alimentaria es hoy un tema prioritario en la agenda internacional. El 20 de noviembre en el Foro Global de Seguridad Alimentaria en Londres se destacó que “El cambio climático, los conflictos y el aumento de la población suponen retos cada vez mayores para el suministro de alimento.” Según la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) casi el 30% de la población mundial (2.356,9 millones de personas) vive en condiciones de inseguridad alimentaria.

América Latina y el Caribe (ALC) es un proveedor importante de alimentos a nivel mundial, la región exporta el 40% de su producción de alimentos y representa el 17% de las exportaciones mundiales totales de alimentos. Pero varios países de la región son también importadores. Además, persisten la desigualdad en el acceso a alimentos y el cambio climático, la pobreza rural, la pérdida de biodiversidad agrícola, la inflación alimentaria y crisis sanitarias (como la COVID-19) constituyen retos para la seguridad alimentaria en ALC. En la Unión Europea (UE), el suministro de alimentos no está en peligro, pero la industria agrícola europea depende de la importación de productos esenciales, como los piensos para animales y los fertilizantes.

Las consecuencias de la guerra en Ucrania

La declaración de la Cumbre UE-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) de julio de 2023 reconoció la seguridad alimentaria como uno de los desafíos que se ha agravado con los efectos de la guerra de Rusia contra Ucrania y propuso mejorar la cooperación y la coordinación en los foros multilaterales. Ambas regiones tienen la responsabilidad compartida de contribuir a la Agenda 2030 en la que se establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluye el de «poner fin al hambre» en el mundo (ODS2), pero también los retos de contribuir a una producción sostenible que preserve al planeta para las generaciones futuras. La cooperación entre la UE y ALC en el sector de la Agricultura y la alimentación tiene ya un largo recorrido, pero es necesario darle una dimensión más estratégica y fomentar estrategias conjuntas para abordar las complejidades del desafío mundial de la seguridad alimentaria. Algunas iniciativas que pueden fomentar el diálogo y la cooperación son:

Establecer plataformas de diálogo: Crear plataformas formales e informales donde distintos actores de la UE y ALC puedan abordar los retos de la seguridad alimentaria mediante encuentros e intercambios que fomenten la discusión abierta y la colaboración entre gobiernos de distintos niveles junto a actores del sector privado y la sociedad civil con el fin de identificar posibles soluciones.

Cooperación en Investigación y Desarrollo (I+D): Impulsar la colaboración en proyectos de investigación y desarrollo conjuntos entre Universidades y Centros de Investigación entre ambas regiones con el fin de estimular la investigación sobre temas como: métodos sostenibles de producción de alimentos, tecnologías agrícolas innovadoras, cultivos resistentes al cambio climático y estrategias para abordar la malnutrición.

Compartir conocimientos y experiencias: Fomentar los programas de intercambio, visitas técnicas y pasantías para que los expertos en seguridad alimentaria de la UE y ALC puedan aprender conjuntamente e implementar capacitaciones multinivel para distintos actores de la cadena de producción de alimentos con inclusión de actores más vulnerables del sector rural, mujeres y población indígena de Latinoamérica.

Apoyo a iniciativas locales: Fortalecer iniciativas locales en ambas regiones que aborden problemas específicos de seguridad alimentaria, a través del respaldo a proyectos comunitarios, agricultura sostenible, biodiversidad y programas de educación nutricional, incluyendo el apoyo a pequeños productores agrícolas, replicando programas exitosos como «Al-Invest 5.0».

Fomentar la transparencia y la coordinación: Establecer mecanismos birregionales transparentes y coordinados para compartir información sobre seguridad alimentaria, incluyendo datos sobre la calidad de los alimentos, disponibilidad de fertilizantes y riesgos emergentes.

Desarrollar políticas conjuntas: Fomentar políticas de seguridad alimentaria para potenciar el aumento de la producción de alimentos de forma sostenible y la producción de fertilizantes y otras medidas para prevenir la contaminación alimentaria.

Capacitación y fortalecimiento institucional: Capacitación a los profesionales y funcionarios encargados de la seguridad alimentaria para fortalecer sus habilidades y conocimientos y fortalecer las instituciones encargadas de la regulación y supervisión de la cadena alimentaria.

Incentivar la inversión en tecnología agrícola avanzada: Invertir en digitalización y tecnología agrícola moderna en ALC para tener sistemas de riego más eficientes o un mejor manejo post cosecha que reduzca la perdida de alimentos y apoyar el aumento de la producción para atender la demanda creciente de la población de forma sostenible.

Fomentar el comercio sostenible: Crear un entorno propicio para el comercio justo promoviendo la transición hacia una agricultura sostenible, el acceso a una variedad de alimentos nutritivos, e incluir el reto de la seguridad alimentaria en los futuros acuerdos comerciales.

Abordar desafíos globales: La UE y ALC pueden colaborar en la respuesta a desafíos globales como la resiliencia frente al cambio climático, mejoramiento en el acceso equitativo a los alimentos de la población más vulnerable, el fortalecimiento de la biodiversidad, la transición hacia la sostenibilidad de los alimentos y enfrentar las crisis alimentarias, desarrollando estrategias conjuntas para mitigar estos retos.

Todos estos retos fueron debatidos en la Conferencia Internacional “Seguridad Alimentaria: Desafíos y oportunidades para las relaciones entre la Unión Europea y América Latina” realizada el 9 de noviembre y el Caribe para contrastar los resultados de una publicación homónima ambos cofinanciados por la Fundación EU-LAC. En ambos se concluyó que los retos de la seguridad alimentaria responden a una acumulación de factores relacionados con las estructuras productivas en general y de los alimentos en particular.

Por ello la cooperación entre la UE y ALC requiere una acción conjunta multinivel (multilateral, regional, nacional y local) con un enfoque integral que abarque aspectos políticos, económicos y sociales. Analizar las distintas variables que afectan a la seguridad alimentaria permite una mayor comprensión sobre los posibles escenarios y permite elaborar estrategias de largo plazo para alcanzar el desafío de proveer una alimentación saludable universal compatible con la preservación del planeta y que responda a los desafíos del cambio climático.

América Latina: la política económica en un contexto de disputas por el poder

En enero de 2023 las cinco mayores economías de América Latina contaban con gobiernos que se reconocían como progresistas o de izquierda. En varios de estos países los gobiernos de izquierda eran un resultado reciente después de un largo periodo en el que se ejecutó la agenda del Consenso Washington y un proyecto de transformación de la economía y la sociedad definido como neoliberalismo. En Brasil, apenas el 1 de enero Luiz Inácio Lula da Silva tomó posesión como presidente, dejando atrás cuatro años de gobierno de Jair Bolsonaro, que fue calificado ampliamente como ultraderechista. En Colombia la continuidad de los gobiernos que llevaban a cabo las denominadas reformas estructurales no se afectó, no obstante la permanencia de conflictos político-militares. En México, la aplicación del ajuste estructural y todo el programa de reformas realizado en el marco del Consenso de Washington se inicia desde finales de los años ochenta del siglo pasado y se mantiene hasta el final del gobierno de Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2018. En varios de estos países se tienen en esos años crisis bancarias, en el mercado de valores o en el mercado de cambios que adquieren una dimensión internacional. La recurrencia de estos procesos es una característica de la ejecución de las reformas estructurales, que se acompañan de recesiones económicas de diversa significación y del mantenimiento de una notable desigualdad social.

El antecedente de continuas crisis financieras y de una notable desigualdad social no es obstáculo para que el mapa de la región tenga cambios en pocos meses que dan cuenta de la continua disputa por el poder que se abrió con la emergencia de los gobiernos progresistas desde hace años. En Argentina, en diciembre de 2023, se inicia un gobierno que desde el primer día realiza un programa económico de ajuste radical. Sostiene que todos los problemas de la economía se deben al déficit fiscal y que la única solución es ejecutar lo que denomina un plan de estabilización de shock que comprende una política monetaria, fiscal y cambiaria que toma forma en el decreto intitulado Bases para la reconstrucción de la economía argentina, que intenta imponer con base en la figura de Necesidad y Urgencia.

A la fecha es amplia la protesta social contra las medidas del gobierno de Javier Milei, y de su parte se multiplica el uso del recurso de la fuerza para enfrentarla. Entre las medidas que intenta establecer, prepara un decreto para habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior con el pretexto de enfrentar agresiones de organizaciones terroristas. En el campo de la política económica, el gobierno argentino cuenta con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que ha señalado, por medio de su portavoz: “El personal técnico del FMI respalda las medidas anunciadas hoy [12 de diciembre de 2023] por el nuevo ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo. Estas fuertes acciones iniciales apuntan a mejorar significativamente las finanzas públicas de una manera que proteja a los más vulnerables de la sociedad y a fortalecer el régimen cambiario”. Más recientemente, el directorio ejecutivo del FMI aprobó el desembolso de 4.700 millones de dólares para apoyar los esfuerzos del gobierno de Milei para restablecer la estabilidad macroeconómica.   

Desde hace décadas son los términos de referencia constantes del FMI para calificar las acciones realizadas por los gobiernos de la región al aplicar las medidas contenidas en los programas de ajuste estructural y explicar sus propias acciones. Otros organismos financieros y económicos multilaterales como el Banco Mundial, la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo también utilizan consideraciones semejantes para relacionarse con los países de la región, defendiendo por estos medios este tipo de propuestas, con el argumento de que son necesarias para avanzar en el crecimiento económico. Las propuestas de política económica y las medidas ejecutadas para garantizar su realización defendidas por estas organizaciones son parte de una disputa presente en toda la región y que con diverso alcance se materializa en la actividad política y marca los contenidos de la política económica. Su acción se suma a la de otros actores sociales que defienden el mismo proyecto en cada uno de los países de la región. Entre sus consecuencias destaca que hasta la fecha no se ha logrado el crecimiento económico sostenido, pero sí han sido un factor que genera dificultades en la ejecución de las propuestas de cambio que llevan adelante los gobiernos progresistas. En Ecuador, el resultado de la elección presidencial extraordinaria implicó continuidad con las propuestas de política económica inscritas en el ámbito de las reformas estructurales. Por otra parte, en Guatemala fue posible el inicio del gobierno de Arévalo en medio de disputas contantes con órganos del poder judicial y diversos sectores políticos de la derecha de ese país. 

Al recorrer toda la geografía del subcontinente se observa que en los países en que existen gobiernos que se definen como progresistas o de izquierda la conducción política y la realización de la política económica tiene una oposición constante con diverso peso. Un ejemplo destacado es el curso del gobierno de Chile, que no tuvo la capacidad de lograr la aprobación de una nueva Constitución que se distanciara de la aprobada en el gobierno de Augusto Pinochet, pero tampoco una reforma fiscal presentada como necesaria para poder realizar varias de las medidas de política económica que son parte de la propuesta de transformación que defiende. Sin embargo, el mayor punto de discrepancia está entre los contenidos de la política monetaria conducida por los bancos centrales y gran parte del resto de la política económica que impulsan estos gobiernos.

El contexto general en que predomina la política monetaria es de un débil crecimiento encabezado por las principales economías avanzadas. Como prioridad se postula el combate a la inflación, considerando que se trata, ante todo y fundamentalmente, de un fenómeno monetario. Un exceso de oferta monetaria o de crédito o de gasto público están en su origen, y ante ello el recurso es el alza de las tasas de interés de referencia. Los comunicados de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra señalan que las tasas de interés se mantendrán en los niveles altos que tienen desde hace meses e incluso no descartan nuevas alzas, principalmente debido a que no se observa una debilidad relevante y sostenida en los mercados laborales.

En América Latina los directorios de los bancos centrales, incluidos los países que cuentan con gobiernos progresistas, comparten la misma opinión. Se acepta el argumento monetarista, generando dificultades adicionales para avanzar en el crecimiento de las economías y aún mayores para ejecutar políticas económicas que reduzcan la desigualdad social e impulsen el desarrollo. Los medios de financiamiento de las actividades económicas en la región son sometidos a una suerte de restricción externa en tanto no se cuenta con capacidad para controlar los movimientos internacionales de capital por las reglas establecidas en los propios países de la región. Es una disputa de gran significación que tiene como escenario el propio espacio del Estado e impacta notablemente en el curso general de la política económica y del proyecto de cambio que estos gobiernos llevan adelante. La dificultad mayor se da en el terreno de la inversión y su necesario incremento para hacer posible el crecimiento sostenido compatible con las tareas del desarrollo.

Una economía al servicio de pocos

En apenas tres años, la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha más que duplicado, pasando de 405 mil millones de dólares en 2020 a 869 mil millones en 2023. Esto implica que estas cinco personas acumulan hoy una riqueza semejante a la que, por ejemplo, produjeron Colombia, Argentina y Uruguay juntos a lo largo de todo el 2021. A su vez, estos cinco multimillonarios conviven en el mismo planeta con otros 4.800 millones de personas que se han empobrecido desde el 2019 tras la pandemia y el posterior brote inflacionario global. La mayoría de estas personas tienen rostro de mujer, de niña y niño, y de personas racializadas y minorías excluidas de la sociedad.

Según el informe de Oxfam, Desigualdad S.A., El poder empresarial y la fractura global: la urgencia de una acción pública transformadora, presentado recientemente en el Foro Económico Mundial en Davos, la concentración de poder empresarial y de mercado, sobre todo de las principales empresas globales de los países desarrollados, es un reflejo de la concentración y centralización del capital y la riqueza.

A medida que el poder de los monopolios aumenta, se reducen los incentivos para que las empresas compitan, lo que a su vez profundiza aún más el poder monopólico. Por lo tanto, el poder empresarial y los monopolios operan como una máquina implacable generadora de desigualdades.

Este fenómeno desvela la magnitud de la consolidación del modelo neoliberal en gran parte del mundo por una pequeña élite milmillonaria que se ha visto beneficiada a costa de los derechos económicos, sociales, ambientales y políticos de millones de personas alrededor del mundo.

En este contexto, las presiones inflacionarias actuales son el resultado del aumento en el margen de beneficio de las empresas. Particularmente en aquellas actividades económicas donde los confinamientos en varios países o las interrupciones energéticas y alimentarias a lo largo de la cadena de suministro han brindado una oportunidad única para maximizar los márgenes de ganancias de estas empresas.

La desigualdad tiene múltiples facetas. América Latina por un lado es la región con los mayores niveles de desigualdad en la riqueza a nivel mundial. Según los datos recopilados por los investigadores Chancel, Piketty, Saez, & Zucman, en 2021 el 10% de los hogares más ricos de la región posee más de tres cuartas partes de la riqueza total, mientras que la mitad de los hogares más pobres poseen apenas el 1%. Asimismo existe otra desigualdad, la que contrapone a los países del Sur Global con los desarrollados, donde se concentra el 69% de la riqueza privada global a pesar de que aloja apenas al 21% de la población mundial, según el informe de Oxfam.

Un voto histórico para empezar a revertir la desigualdad

Ante esta situación, una gran parte de los países del Sur Global logró el 23 de noviembre de 2023 que las Naciones Unidas aprobara negociar un nuevo marco fiscal global en el seno del organismo, luego de una resolución lanzada por un grupo de países africanos liderados por Nigeria. Esta resolución sugiere que los países miembros deben designar un comité intergubernamental ad hoc para desarrollar un tratado integral sobre cooperación fiscal internacional y cuya labor debe concluir a más tardar en junio de 2025.

La resolución fue aprobada por 125 países miembros y rechazada por 48—sobre todo desarrollados—entre los que se encuentran Estados Unidos y los países de la Unión Europea, los cuales acumulan el 75% de los abusos fiscales globales, según la Red para la Justicia Fiscal (Tax Justice Network). Esta falta de apoyo por parte de los países ricos deja claro, según Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal en Oxfam, que los países desarrollados “quieren mantener el monopolio del espacio donde se decide”.

Esta no es más que otra demostración de que el debate gira en torno a defender una economía al servicio de todas las personas, no solo de una minoría privilegiada. Esto se logra fortaleciendo al Estado, regulando de manera efectiva al sector privado y reinventando al sector empresarial para frenar y contener el poder corporativo y la concentración y centralización de la riqueza.

Para alcanzar este objetivo, como se destaca en el informe de Oxfam, es necesario implementar una estrategia dirigida a generar presión sobre los responsables de formular políticas a nivel mundial. En este contexto, considero que la pieza faltante en este rompecabezas son las organizaciones de la sociedad civil. Ellas juegan un papel fundamental  en conocer, ejercer y exigir el cumplimiento de los derechos económicos, sociales ambientales y políticos, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más equitativa.

En esta línea, más de cincuenta organizaciones latinoamericanas de la sociedad civil se reunieron en 2023 para iniciar una campaña de incidencia en torno a un “Nuevo Pacto Fiscal en América Latina y El Caribe”. El objetivo era promover la construcción de un sistema tributario global incluyente, sostenible y equitativo para presentar a los ministros de finanzas de la región. El esfuerzo se materializó en la creación de una Plataforma Regional de Cooperación Tributaria y en el respaldo hacia la elaboración de una convención marco sobre impuestos. El propósito principal era transformar radicalmente la manera en que se establecen las normas fiscales a nivel global, alejándose del predominio de los países desarrollados en el seno de las Naciones Unidas.

Los países del Sur Global y la sociedad civil se han puesto manos a la obra. Ahora es el momento de que los líderes globales abracen una transformación audaz y equitativa. No obstante, si realmente lo harán aún está por verse.

Elecciones 2024: los riesgos de la desinformación

Este año estará marcado por 76 procesos electorales a nivel mundial, el mayor número en la breve historia de la democracia moderna. Pero es solo el comienzo, pues se espera que en los próximos dos años casi tres mil millones de personas ejercerán el voto en países como México, India, Indonesia, Brasil y Estados Unidos.

Las plataformas políticas recurrirán a todo tipo de estrategias para ganarse el voto, las noticias sobre las elecciones acapararán la atención de los medios de comunicación y los analistas estaremos atentos para comentar, predecir y explicar ganadores y perdedores.

Aunque quizá no son el componente central de la democracia, las elecciones se han entendido como la huella de identidad de aquella forma de gobierno. De hecho, en tiempos recientes los triunfos electorales se han querido leer, tanto por políticos como analistas de todos los espectros, como la quintaesencia de la voluntad popular.

Sin embargo, una preocupante amenaza digital se cierne sobre aquel cúmulo de procesos electorales: la polarización social generada por la desinformación, de la cual aún no tenemos claras sus consecuencias.

Lo que sí sabemos es lo siguiente: la Encuesta Global de Percepción de Riesgos 2023-2024 (GRPS, por sus siglas en inglés) del World Economic Forum muestra que las personas esperamos un futuro turbulento, pues en un plazo de 10 años el riesgo más mencionado fue el cambio climático y sus consecuencias sociales. Pero para los próximos dos años, el riesgo más inmediato percibido es la desinformación.

Intensificada por las herramientas digitales y la inteligencia artificial, la desinformación puede entenderse como una deliberada y persistente difusión de contenido falso, manipulado, fabricado e impostor a través de los medios de comunicación tradicionales y digitales.

Si no fuera por el potencial de los medios sintéticos para distribuir de manera incontenible este contenido, quizá la desinformación y sus variantes serían un capítulo más en la historia del chisme. Pero sus riesgos están en nuestra palma de la mano y debemos preguntarnos cómo podría afectar, en el corto plazo, a los procesos electorales en puerta y, en el largo plazo, a la democracia. Veamos.

Además del uso de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial, otro factor potencia los riesgos de la desinformación: que los políticos la utilicen para crear un ambiente de polarización social. No es casual que la misma GRPS sitúe, en el tercer lugar de los riesgos percibos a corto plazo, la polarización social y política.

En este sentido, el primer riesgo que supone la dinámica de la desinformación para el marco electoral por venir es que los actores políticos aprovechen las herramientas digitales para aumentar el rechazo hacia sus adversarios, generando un clima de desconfianza cotidiana hacia el otro. Lo que no han calculado los políticos que ya utilizan estas dinámicas de polarización es que la fractura social que están creando nos podría llevar a un resultado de todo o nada y, por lo tanto, el voto no sería por el apoyo o rechazo a una plataforma política, sino para silenciar aquellas voces con las que diferimos.

Si bien el origen de nuestra actual polarización está en discursos excluyentes de la diversidad, es momento de invertir nuestra perspectiva y comenzar a pensar en la polarización política como un fenómeno que por sí mismo está erosionando a la sociedad democrática desde su cotidianeidad.

Porque la desinformación se alimenta de su viral difusión, pero sobre todo de su personalización. Atrapados en burbujas digitales cada más más impermeables a la diversidad de opiniones, los mensajes divisivos de los políticos que intentan obtener el voto a toda costa alcanzarán grupos específicos reforzando sus opiniones y ampliando la división política y social entre las personas en su vida cotidiana.

¿En qué momento comenzaremos a ver escenarios extremos de violencia o radicalización provocados por la difusión de un video o audio generado para influir no solo en el voto sino en la estigmatización del adversario político? Este sería el segundo riesgo de la desinformación en tiempos electorales.

Los riesgos no se limitan a este par que he mencionado, pero avanzando hacia el largo plazo la desinformación puede socavar los fundamentos de la democracia en, al menos, dos posibles escenarios.

Primero, frente a la imposibilidad de controlar la desinformación, los gobiernos pueden verse tentados a cerrar vías de comunicación para ejercer un control férreo sobre los contenidos y, en consecuencia, controlar los mensajes, las interpretaciones y construir su propia “verdad”. Aunque ejemplos no falten de gobiernos existentes, vale la pena volver a la novela 1984 de George Orwell para reflexionar sobre esta situación.

El segundo riesgo, más preocupante quizá, es que la desinformación puede generar un estado de descontento entre los votantes que los lleve a desconfiar de la legitimidad del gobierno recién electo. Entre noticias falsas, bulos y descalificaciones se puede ir imponiendo la creencia de que quien ganó es una persona que o bien está en lo inmoral o de plano en lo ilegal y por lo tanto no puede gobernar.

La simbiosis entre desinformación y polarización aumentaría la percepción de ilegalidad del triunfo electoral, erosionando no solo la confianza entre ciudadanos, sino los mismos procesos democráticos, pues estos no podrán ser respaldados por el número de votos, sino que se verán eclipsados por la percepción que ha sido creada a través de la desinformación.

Si bien es cierto que las posibles marchas, disturbios o protestas que esta incertidumbre provoque son riesgos importantes, la desinformación y la polarización pueden alterar nuestra percepción de los hechos porque, sin importar cómo lo llamemos –fake news, deepfakes, posverdad, infodemia, desinformación– la desconfianza en la información es un fenómeno porque produce una misma consecuencia: la polarización social basada en una emoción que produce certezas y rechaza todo aquello que es diferente a nosotros.El 2024 será un año clave para la democracia; la cacofonía que producirá la vorágine electoral y los incontables terabytes de desinformación podrían conducirnos a la fácil conclusión de que las elecciones son toda la democracia. Pero de imponerse la desinformación como legitimación perversa del triunfo electoral, la emisión del sufragio en favor de una plataforma política clausuraría toda opinión y la democracia comenzaría a desaparecer para dar paso a la desinfocracia.