Cuando la polarización política llega al bolsillo

La semana que Mauricio Macri, expresidente de Argentina, asumió el poder, la facción más intransigente del partido saliente, el kirchnerismo, circuló un “manual de micro militancia K” para instruir a sus acólitos sobre cómo resistir al gobierno entrante. De las varias técnicas de resistencia allí descriptas, sobresalían las que usaban el consumo y la elección privada en ámbitos de naturaleza habitualmente neutral, como el del mercado, para socavar la legitimidad y los recursos del oficialismo y sus apoyadores. Entre las iniciativas listadas figuraban intervenir con dibujos y frases o rasgando los diarios que acostumbraban a encontrarse en los bares de Buenos Aires, realizar actings o simulacros de protesta o performances teatrales de concientización en supermercados, boicotear negocios de dueños adherentes al nuevo gobierno o –por el contrario– comprar productos alineados con el kirchnerismo, como era el diario Página12.

La arena privada y del consumo que el propio kirchnerismo y sus aliados de izquierda asociaban no solo con la apatía sino incluso con la enajenación de la pasión por el interés público y por la política súbitamente se proyectaba como una nueva y entusiasmada trinchera.

Por la extrema derecha también

Esa inesperada extensión del conflicto partidario al mundo de los objetos de consumo, productos y servicios no es privilegio de los populismos de centroizquierda. La extrema derecha brasileña, por ejemplo, no dejó pasar la oportunidad y movilizó a simpatizantes y militantes para beneficiar a los comercios cuyos propietarios públicamente se adhirieron al bolsonarismo. La orden del día fue comer hamburguesas en los restaurantes de la cadena Madero o camarones en los de Coco Bambu, comprar ropa y tejidos en las tiendas Havan, decorar la casa con muebles de Sierra Moveis y salir a pasear en el shopping Barra World en Río. De hecho, los dueños de esas empresas excedieron la expresión de simpatías individuales al punto que llegaron a ser investigados por la policía federal por conspirar y apoyar un intento de golpe de estado cuyo beneficiario sería el expresidente, hoy inhabilitado para competir electoralmente, Jair Bolsonaro.

Desde la vereda de enfrente, lulistas y simpatizantes de las opciones progresistas rehuyeron ritmos musicales considerados bolsonaristas como el sertanejo y el pagode, asociados a grupos del corazón derechista como el agrobusiness, el sindicalismo camionero y las milicias controladoras de favela fuertemente infiltradas por fuerzas policiales y de seguridad. Los derechistas hicieron lo mismo por ejemplo con artistas de teatro y músicos que defendían posturas democráticas contrarias al autoritarismo promovido desde el Estado en el interregno 2018-2022. Esa politización de ámbitos privados llegó a salpicar a ciertas marcas de chocolates propagandeados por influencers críticos de Bolsonaro como Felipe Neto.

Estudios posteriores a la campaña electoral de 2022 sobre las distintas expresiones de la polarización afectiva que dividió a los brasileños revelan que al menos el 20% de los ciudadanos (uno de cada cinco) no estaban dispuestos a comprar productos o marcas que favorecieron a un candidato contrario a sus deseos. Los cientistas políticos Felipe Nunes y Thomas Trauman rotulan esa invasión de la mesa, armario y hogar del brasileño por criterios partidarios de “calcificación” de la polarización política, una expresión incontestable de que los antagonismos partidarios saltaron al nivel de los sentimientos y del cotidiano. En la literatura de ciencia política hace rato que se conoce ese fenómeno como “consumo político”, una práctica que hasta en América Latina lleva décadas de ejercicio. Vale recordar las protestas en las puertas de los bancos argentinos en el período posterior al corralito del 2001-2002, las arengas contra cargar gasolina en las estaciones de servicio de Shell y Esso por el expresidente Kirchner en mitad de los años 2000, el ejercicio de potestad individual en supermercados para denunciar subas inflacionarias de precios más allá de los acuerdos por quienes desde el gobierno central brasileño se llamaban de fiscales de Sarney (por el expresidente en la segunda mitad de los años 1980), o las campañas en internet y en las puertas de las tiendas Zara en Brasil a inicios de la década del 2010 por uso de mano de obra esclava.

Esa proporción de politización de esferas del cotidiano por un quinto de la población está en línea con lo que investigaciones anteriores realizadas en Brasil y otros países de la región revelan sobre las caras del llamado “consumo político”, esto es, el uso del poder de compra por parte del consumidor para perseguir objetivos políticos o éticos. Esta práctica apunta a ciudadanizar o politizar las relaciones con empresas y organizaciones con la intención de influirlas para que sigan valores y defiendan políticas favorables al modelo deseado de sociedad. 

Encuestas realizadas por la consultora Market Analysis revelan que ya a principios del siglo XXI un número significativo de brasileños premiaban corporaciones o marcas por su comportamiento social, ambiental o ético. En el año 2000, eran el 26%. Ese porcentaje decayó durante el auge económico del país bajo el gobierno del PT oscilando entre el 12% y el 22%. Y en la medida en que el país se fue polarizando partidariamente pero también fue empeorando su economía, esa herramienta de participación política por otros medios volvió a dispararse, llegando al 29% previo a la pandemia. A inicios de 2024 el porcentaje llega a poco más del 32%, o sea: uno de cada tres brasileños recompensó (en los doce meses anteriores) a una empresa o marca por sus posturas políticas o socioambientales.

Estas formas de premiar pasan por comprar productos, hablar bien de marcas y empresas, recomendarlas para terceros. Pero el consumo político también pasa por castigar a esos agentes cuando mantienen conductas percibidas como indeseables. Ese boicot toma diferentes formas: dejar de comprar, hablar mal de marcas, asociarlas a eventos negativos e inclusive diseminar información –independientemente de si es fehaciente o no– para perjudicar su reputación e imagen pública. Los brasileños empezaron el siglo con un 19% de ciudadanos abrazando esas acciones. Ese porcentaje cayó en los siguientes años, pero –tal como ocurrió con el consumo político de premiación– la crisis económica y la polarización afectiva gatillaron su crecimiento recuperando el terreno perdido. En 2019, casi un 24% reconocía haber boicoteado una empresa. Un año después ese porcentaje era menor: casi el 19%, que aun así era el doble del porcentaje promedio de los años anteriores. A principios de 2024, un 22% castigaron a una empresa o marca (en los doce meses anteriores) en función de sus valores, acciones u omisiones con repercusiones consideradas negativas para la sociedad, la ética pública o el medioambiente.

En la Argentina posterior a la brutal crisis del 2001, un 43% de los adultos en áreas urbanas había llegado a boicotear marcas, productos o empresas, aunque diez años más tarde –pasado el auge de la frustración contra prácticas perjudiciales contra el interés público y sin la movilización desde la cúspide del poder contra ninguna organización en particular– ese porcentaje empequeñecía al 10%. Los mexicanos también arrancaron el nuevo siglo dispuestos a salpicar sus relaciones de mercado y cotidiano con la política: el 28% ejercía el consumo político de castigo en 2001. Casi diez años después, ese porcentaje se había moderado un poco, situándose en 21%.

Las fronteras entre lo que es politizable y lo que permanece neutral a antagonismos partidarios fue barrida o cada vez es más tenue. Y ello no debería sorprendernos en momentos en que la polarización contamina relaciones familiares, separa amistades y condiciona vínculos amorosos o íntimos. Si las simpatías o antipatías partidarias regulan los afectos y anquilosan visiones de mundo, modelos de sociedad y pronósticos sobre el futuro de modo tan opuesto, no debería ser sorpresa que cada aspecto de la vida se convierta en una trinchera. Es cómo la polarización afectiva molda nuestro cotidiano y –naturalmente– nuestra comida, sala de estar, vestuario y entretenimiento.

Sistemas de alerta temprana, ¿salvavidas de la salud global?

El cambio climático, resultado de la actividad humana y evidenciado en fenómenos como olas de calor, lluvias intensas, sequías, la contaminación atmosférica y del agua, genera repercusiones significativas en la salud pública. La experiencia empírica y la observación científica de los últimos años han puesto de manifiesto cómo estos eventos provocados por el cambio climático no solo provocan pérdidas económicas considerables en la región, sino que también resultan en la lamentable pérdida de decenas de miles de vidas.

Según un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el número de muertes relacionadas con el calor extremo en personas mayores de 65 años ha aumentado un 70% en dos décadas. Además, la variabilidad de la lluvia impacta en la disponibilidad y la calidad del agua dulce, lo que aumenta la contaminación y facilita la propagación de enfermedades. Estos cambios climáticos también pueden agravar la malnutrición y desnutrición al dificultar la producción de alimentos. Según el informe de la OMM, en 2020 el número de personas que sufrieron inseguridad alimentaria aumentó en 98 millones en comparación con el periodo 1981–2010.

La contaminación del aire, responsable de 7 millones de muertes prematuras cada año, genera problemas respiratorios, cardiovasculares y dermatológicos, así como un impacto negativo en  la salud ocular. Además, las condiciones cálidas promueven la liberación de alérgenos, lo que aumenta las enfermedades respiratorias. Estos riesgos afectan especialmente a mujeres, niños, ancianos, minorías étnicas, comunidades desfavorecidas y personas con afecciones de salud preexistentes.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se proyectan alrededor de 250.000 muertes adicionales anuales entre 2030 y 2050 debido a los efectos del cambio climático. Ante este escenario socioambiental, ¿cuáles son las medidas que podrían implementarse para mitigar estos riesgos y minimizar sus impactos en la sociedad?

Cómo adaptarse: los sistemas de alerta temprana

Una de las medidas para enfrentar los efectos del cambio climático es el desarrollo de sistemas de alerta temprana, comúnmente utilizados para la gestión de riesgo de desastres. Hay gobiernos que emiten advertencias por olas de calor acompañadas por recomendaciones con el objetivo de prevenir sus efectos en la salud, como es el caso del “sistema de alerta temprana por temperaturas extremas” de Argentina.

Los sistemas de alerta temprana realizan el seguimiento de información climática y crean indicadores con el objetivo de suministrar datos que faciliten la toma de decisiones y el diseño de estrategias y políticas públicas. En el ámbito de la salud, un indicador es una medida utilizada para describir y supervisar una característica de salud dentro de una población. Por ejemplo, podría ser la tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias o la cantidad de hospitalizaciones debido al calor.

Frecuentemente, la información sobre clima, ambiente y salud se presenta de manera fragmentada, en diferentes escalas temporales y espaciales, lo que dificulta su acceso y utilización. Por ejemplo, supongamos la intención de investigar cómo la temperatura del aire afecta a los casos de dengue en una época específica del año. A pesar de tener datos de temperatura diariamente, es común que los casos de dengue no se reporten como datos públicos o abiertos con la misma periodicidad. La falta de datos detallados dificulta identificar cuándo aumentaron los casos de dengue y establecer una correlación con la variación de la temperatura. Esto presenta desafíos tanto en la comunicación entre proveedores y usuarios de datos como en el desarrollo de políticas de salud pública efectivas.

Es crucial contar con sistemas de información robustos y amplios, con datos fiables, precisos y actualizados. En el Cono Sur, varios profesionales provenientes de la gestión pública, la sociedad civil y la academia, con investigación en el campo de las ciencias de la salud, de las ciencias sociales y ciencias de la atmósfera, están diseñando una plataforma digital enfocada en cinco áreas problemáticas específicas: salud gestacional, enfermedades crónicas, salud laboral, seguridad del agua y sistemas alimentarios. Esta plataforma, a cuyos desarrollo participan  varios institutos de investigación del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires y la de Sao Paulo (Brasil), la Fundación Interamericana del corazón de Argentina y el Servicio Meteorológico Nacional, entre otros. busca integrar información sobre el clima, el ambiente y la salud, promoviendo la participación activa de los usuarios en la creación de indicadores pertinentes.

Con la futura implementación de la plataforma, se busca impulsar la recopilación de datos y la creación de indicadores para fortalecer un sistema integrado de vigilancia y monitoreo a nivel regional. Este sistema estará orientado a la toma de decisiones basadas en evidencia. Al igual que Google Maps proporciona información variada sobre distintos aspectos, esta plataforma ofrecerá indicadores que conectan el clima, el medio ambiente y la salud en un formato ágil y accesible para la gestión del riesgo y la planificación sanitaria.

Brasil vuelve al mundo a través del poder de la literatura

Tras haber estado alejado de la agenda mundial y de participar activamente en diversas reuniones internacionales, Brasil volvió a la comunidad internacional en 2023 con la misión de reposicionar su imagen en el exterior, buscando atraer nuevas oportunidades económicas y políticas a través de la cooperación internacional con otros Estados. En esta dinámica, se reconstruyó el Ministerio de Cultura y se reguló la mayor inversión de la historia brasileña. A través de la Ley Paulo Gustavo, se destinaron 3.800 millones de reales a la cadena productiva cultural en estados y municipios hasta 2023. Entre las diversas políticas públicas implementadas por el Ministerio de Cultura, se destaca la política de internacionalización de la literatura brasileña, a través del Programa de Apoyo a la Traducción y Publicación de Autores Brasileños en el Exterior, de la Fundación Biblioteca Nacional

La actual política del gobierno de Lula da Silva para reconstruir la imagen de Brasil en el exterior busca participar en temas y debates considerados relevantes en la gobernanza global para ganar reconocimiento y legitimidad entre sus pares soberanos. Para ello, durante el primer año del tercer mandato presidencial, se fortalecieron las relaciones diplomáticas con otros países a través de agendas consideradas importantes para el desarrollo del país.

La agenda cultural se refuerza en este contexto con la reconstrucción del Ministerio de Cultura, institución fundamental para proyectar el soft power brasileño en el mundo (poder blando, en lenguaje académico). El soft power es un concepto creado por el profesor de relaciones internacionales Joseph Nye y utilizado por primera vez en la década de 1980. El concepto se generalizó en la década de 2000 como resultado de la profundización del fenómeno de la globalización y de la mayor influencia de actores no estatales en la dinámica de las relaciones internacionales, como la paradiplomacia, contribuyendo a oportunidades de ganancias económicas e intereses políticos.

Ejemplos de acciones recientes de soft power consideradas exitosas son el manga japonés y el K-pop coreano, bienes culturales que exportan la imagen de sus respectivos países y consiguen aumentar sus PIB por su capacidad de influencia, repercutiendo en los negocios internacionales y atrayendo turistas.

Tradicionalmente, Brasil también ha utilizado su cultura para proyectar su imagen al mundo. La música popular brasileña, como la bossa nova y la samba, son ejemplos de ello, pero hay otras acciones que también colaboran en esta dirección. La Fundación Biblioteca Nacional elabora y aplica desde 1991 una política de internacionalización de la literatura brasileña. Se trata del Programa de Apoyo a la Traducción y Publicación de Autores Brasileños en el Extranjero, una política pública ofrecida a editoriales extranjeras interesadas en traducir y distribuir en cualquier lengua obras de autores brasileños publicadas anteriormente en portugués.

A lo largo de poco más de 30 años, esta política pública, ahora en asociación con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha apoyado más de 1.200 obras brasileñas, traducidas a 45 idiomas, siendo el español el idioma que lidera el ranking de traducciones, totalizando 287 apoyos financieros concedidos. Sólo en América Latina, hasta el primer semestre de 2023, se han apoyado 150 obras, repartidas en siete países. Argentina lidera el ranking, beneficiándose de más de 80 ayudas a la traducción.

La promoción de la literatura brasileña contemporánea está en sintonía con los objetivos de la Política Exterior del actual gobierno. Un resultado visible de este proceso es que las grandes editoriales están interesadas en traducir, publicar y divulgar en sus respectivos países narrativas de autores consagrados como Clarice Lispector y Machado de Assis, que encabezan el ranking de traducciones del Programa de Apoyo a la Traducción en sus respectivas categorías, así como de autores contemporáneos como el líder activista indígena Ailton Krenak y los profesores Conceição Evaristo y Djamila Ribeiro, reconocidos por el público y la crítica como éxitos por escribir a partir de sus conocimientos y experiencias.

A través de sus libros, Itamar Vieira Júnior y Micheliny Verunschk y otros autores consiguen transmitir las luchas, creencias, culturas y memorias de la sociedad brasileña contemporánea a lectores de otros países y culturas, contribuyendo a estrechar los lazos entre naciones. En este sentido, la actual ministra de Cultura, Margareth Menezes, destacó en septiembre de 2023, en la ceremonia de lanzamiento de la última convocatoria para 2022-2023, que la acción formaba parte de la iniciativa del gobierno Lula de reconstruir el Ministerio de Cultura y defendió que la promoción de la cultura brasileña debe considerarse parte de una política de Estado, es decir, que debe seguir realizándose independientemente de la ideología política del gobierno que asuma posteriormente la presidencia.

Además del Programa de Apoyo a la Traducción, otras iniciativas también forman parte de la estrategia de internacionalización de la literatura brasileña, como la participación de Brasil en diversas ferias literarias internacionales, realizadas en el segundo semestre de 2023 o que tendrán lugar en 2024. En América Latina, se destacan las ciudades de Buenos Aires (Argentina), Guadalajara (México), Bogotá (Colombia) y La Habana (Cuba), siendo estas dos últimas, lugares donde Brasil será homenajeado en 2024, lo que ayuda a corroborar el buen desempeño de la diplomacia cultural en estos países.

Según el presidente de la Fundación Biblioteca Nacional, Marco Lucchesi, en la ceremonia de lanzamiento del Programa de Apoyo a la Traducción, el compromiso de la FBN con esta política es representar, promover y defender la diversidad lingüística y cultural de Brasil. En este sentido, Lucchesi afirmó que «nuestra belleza reside en nuestra diversidad […]. Queremos decirle al mundo quiénes somos, no porque vayamos a enseñar, sino porque somos diferentes».

En vista de lo anterior, destacamos la necesidad de que el Programa de Apoyo a la Traducción de la FBN sea considerado por el Poder Ejecutivo como una prioridad presupuestaria, de modo que pueda ampliar las becas concedidas e incluir a más autores contemporáneos que aún no son ampliamente conocidos y que pueden contribuir, a partir de su cosmovisión, a reposicionar la imagen brasileña en el exterior.  

Narcoterrorismo y populismo 

El expresidente de Ecuador Jamil Mahuad reflexionaba recientemente, en una entrevista reciente con el académico Manuel Alcántara, exvicerrector de la Universidad de Salamanca, en Latinoamérica21, sobre las amenazas que viven varios países de la región y, en particular, el suyo que atraviesa una severa crisis de violencia y que redujo a la expresión que lleva por título este artículo.  

Mahuad, actualmente profesor en la Universidad de Harvard, muestra su preocupación por el avance del narcotráfico en la región y señala con todas las letras que las acciones violentas del narcotráfico cada vez lindan más con el terrorismo. Basta volver la vista a lo sucedido en las últimas semanas en su país, cuando los grupos del crimen organizado ecuatorianos vinculados al Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación mexicanos tomaron por asalto varias ciudades dejando una estela de muerte y temor colectivo que ha obligado al gobierno de Daniel Noboa a tomar decisiones de emergencia para lograr restablecer la gobernabilidad.   

Sin embargo, si bien Noboa ha logrado controlar la situación especialmente de las cárceles, la amenaza sigue latente y es probable que el repliegue de estos grupos signifique un paso atrás para luego dar dos pasos adelante. Ya se vio la capacidad operativa para asesinar a Fernando Villavicencio, un candidato presidencial, y más recientemente a un vicefiscal, y realizar las acciones que nos remiten a situaciones similares a las que en México han protagonizado los cárteles de Sinaloa y Jalisco.  

La mayor diferencia entre los presidentes Noboa y López Obrador, hasta ahora, es que el ecuatoriano ha decidido poner nombre a estos ataques a la población al reconocerlos como terrorismo y actuar en consecuencia, con lo cual peligra su vida, mientras que el presidente mexicano sigue viéndolo como un asunto de crimen organizado. Y es que entre las dos categorías jurídicas hay una diferencia sustantiva, tanto en la postura política de quien hoy representa al Estado ecuatoriano como en las acciones disuasivas del sistema de seguridad y, mejor, en las penas contra los miembros de estas organizaciones internacionales.  

Ciertamente, hasta ahora, la iniciativa que considera a los cárteles mexicanos como terroristas surgió durante el mandato de Donald Trump y fue rechazada por el gobierno de López Obrador por ser “un atentado contra la soberanía nacional”. Sin embargo, la gravedad de la situación no ha sido suficiente para que el Congreso de la Unión discuta al menos la figura prevista en el Código Penal (artículo 139) de considerar a los cárteles organizaciones terroristas. Y considerarlo así llevaría a un cambio de fondo en la política de seguridad, la política de “abrazos no balazos”, que tras cinco años tiene un balance negativo.  

Pero volviendo a las expresiones del expresidente Mahuad, este señala que el proceso de avance del crimen trasnacional en nuestras sociedades pasa por tres momentos:   

  1. El crimen organizado toma la iniciativa de avanzar en el proceso de captura de las sociedades, y los poderes públicos no actúan más allá de su capacidad reactiva, lo que significa no llevar a otro nivel las figuras jurídicas de tal suerte que así, como en el caso de la yihad islámica, sean consideradas un peligro no solo para el país huésped sino para la comunidad internacional.   
  1. Que ante esa libertad operativa, los cárteles vayan ampliando su infiltración en la economía mediante el lavado de dinero, en la política a través de los gobiernos municipales y estatales y sus cuerpos de seguridad, en los medios de comunicación y en partidos políticos, en la representación política y sus decisiones, etc., lo que significa un paulatino debilitamiento de los pilares del sistema democrático.  
  1. Y que, finalmente, ante la inacción de los gobiernos, estos grupos terminen por capturar toda la estructura de gobierno de manera que se configure un narcoestado.  

 En México estamos en el segundo piso de ese proceso de captura del Estado. Esta situación hoy se manifiesta palpablemente en el repliegue frecuente de los cuerpos de seguridad ante la embestida de los grupos armados en distintas regiones del país; en la eliminación física de aspirantes a cargos de elección popular como acaba de suceder en Chiapas, Veracruz y Morelos, y en la extorsión a productores agrícolas (aguacateros, limoneros, etc.), vendedores de pollo y hasta negocios familiares de tortillas.  

No hay que descartar que en distintas regiones esté en marcha un operativo similar a los de las elecciones estatales de 2021, cuando los distintos cárteles inhibieron y promovieron candidaturas a cargos de representación política y su expresión más lamentable fueron los asesinatos de posibles candidatos.  

O sea, en las llamadas “elecciones más grandes de la historia” que tendrán lugar en la primavera hay un jugador en las sombras que está actuando abiertamente. Y es probable que se haga más visible conforme avance el proceso electoral sin que haya a la vista, más allá de declaraciones oficiosas, una estrategia de contención y garantizar la no interferencia de estos grupos sino que se les deja a su aire para que impongan su voluntad. 

 La experiencia reciente de Ecuador debe ser la referencia obligada para evitar un mayor deterioro de la vida pública. Allá se asesinó a un candidato presidencial, allá se tomó conciencia de que no se puede dejar la iniciativa a los grupos del crimen organizado, allá se defienden las instituciones democráticas y se lucha contra esta amenaza creciente de nuestras frágiles democracias. Ojalá esa inacción en México no termine por darnos una lección y avancemos un paso más hacia el infierno de un narcoestado.   

Entre deudas y desamparo: radiografía de los préstamos ‘gota a gota’

Varios países de América Latina se enfrentan a un desafío crítico para los gobiernos de la región: el auge de los llamados pagadiarios y los préstamos gota a gota. Se trata de préstamos informales a corto plazo, caracterizados por tasas de interés exorbitantes y que, en muchos casos, incluyen métodos coercitivos para la recaudación de pagos. Esta práctica, que ha permeado significativamente la sociedad, sobre todo en sectores de bajos recursos, ha devenido en una problemática que no solo afecta al individuo sino a toda la sociedad.

Los prestamistas gota a gota utilizan la violencia y el sicariato como herramientas comunes en su arsenal. Este enfoque agresivo crea un clima de inseguridad y temor, especialmente en aquellos estratos más vulnerables que son su blanco principal, ya que no encuentran opciones en la banca tradicional para solventar sus necesidades de crédito.

Un ensayo académico de la Universidad Militar Nueva Granada, en Colombia, publicado por Felipe Oswaldo Borráez en el año 2020 destaca cómo estas estructuras ilegales aprovechan las necesidades económicas urgentes de la población, incluyendo amas de casa, conductores de servicio público, comerciantes informales y microempresarios, para obligarlos a pagar intereses excesivos que superan con creces los límites de usura de cualquier país.

Angélica Corrales y Evelyng Torres, en su tesis analizaron los factores fundamentales en la toma de un crédito gota a gota por la población de Palmira (Valle del Cauca). En su investigación, basada en encuestas a más de 400 personas del municipio, evidenciaron varios factores que dan luces del porqué, pese a ser una práctica riesgosa y peligrosa para el solicitante, hay una inclinación o preferencia por el crédito gota a gota

Entre los aspectos más reveladores se encuentran la falta de educación financiera de la población y la falta de acceso a servicios financieros formales, bien sea porque el solicitante es informal (60% de los encuestados) o porque se encuentra reportado en las centrales de riesgo y esto le impide acceder nuevamente al sector bancario tradicional.

Adicionalmente, otros factores que contribuyen al pagadiario son la agilidad en la entrega del dinero, la aprobación inmediata, la facilidad de acceso y la percepción de tasas de interés más bajas que en el sistema bancario. Se suma a todo ello la posibilidad de obtener un crédito de bajo monto y de no necesitar un fiador. 

Una sociedad endeudada y atemorizada

El impacto de los pagadiarios en la seguridad ciudadana va más allá de las consecuencias individuales. La falta de regulación gubernamental y recursos policiales enfocados en contrarrestar esta práctica contribuye a la creación de un ambiente inseguro y propicio para la proliferación de la criminalidad. Adicionalmente, la ausencia de denuncias por temor a represalias dificulta la obtención de datos actualizados sobre la magnitud del problema, lo que subraya la necesidad de abordar este fenómeno desde múltiples perspectivas.

La adaptación y la globalización de estas prácticas por parte de organizaciones mafiosas se convierten en un elemento clave que contribuye a su expansión transnacional. La antropóloga colombiana Laura Falla, residente en Brasil, se ha dedicado a estudiar la importancia de analizar la construcción de vínculos en red entre los agentes económicos y cómo estas interconexiones se traducen en poderosas estructuras que trascienden fronteras. Según la investigación, ya son 13 de los 20 países de América Latina los que sufren este problema, lo que evidencia la urgencia de una cooperación internacional para abordarlo.

Recientemente, el periódico colombiano Vanguardia reseñó la investigación de Falla y resaltó la proliferación de estructuras criminales en toda la región, dirigidas por oficinas de Medellín y Antioquia, algo comparado solo con la época de Pablo Escobar, cuando Medellín obtuvo el deshonroso título de la ciudad más peligrosa del mundo (1991).

Siguiendo la herencia de Escobar, cobradores expertos en crimen con “acento paisa” se hacen sentir en América Latina, incluso en países de otro idioma diferente al español, como Brasil, menciona la investigadora. Según sus hallazgos, 6 de cada 10 prestamistas son de origen colombiano, y más exactamente antioqueño. La explicación a este fenómeno ya la intentó resolver un artículo de la BBC que menciona que “uno de los motivos por los que se multiplicaron los grupos delictivos colombianos en otros países es la diáspora de las grandes bandas criminales provocada por el combate al crimen organizado en ese país”. 

SOS: Se requiere atención prioritaria y urgente

Ante este panorama, se proponen soluciones integrales para contrarrestar los efectos negativos de los pagadiarios en la seguridad ciudadana y la economía de las comunidades afectadas.

1. Regulación gubernamental. La implementación de políticas regulatorias efectivas es imperativa para supervisar y controlar las prácticas de préstamos informales. Estas regulaciones deben incluir sanciones significativas para aquellos que participan en actividades ilegales. El establecimiento de un marco legal sólido es esencial para desincentivar la proliferación de los pagadiarios.

2. Educación financiera. La prevención emerge como un componente clave en la lucha contra los pagadiarios. Fomentar la educación financiera en comunidades vulnerables puede reducir la propensión a caer en la trampa de estos préstamos informales. Las estrategias educativas deben abordar los riesgos asociados y ofrecer alternativas seguras, promoviendo la toma de decisiones financieras informadas.

3. Fortalecimiento de la economía formal. Facilitar el acceso a servicios financieros legítimos y fortalecer la economía formal son pasos esenciales para reducir la dependencia de los préstamos informales. Esto implica promover oportunidades de empleo y desarrollo económico en comunidades afectadas, generando alternativas viables y sostenibles.

4. Coordinación internacional. Dada la naturaleza transnacional de los pagadiarios, se requiere una mayor cooperación entre los gobiernos nacionales y una coordinación efectiva entre autoridades para enfrentar las organizaciones criminales que desempeñan estas prácticas ilegales.

Estas soluciones no solo buscan abordar la problemática desde un enfoque reactivo, sino también promover la prevención y el fortalecimiento de las comunidades afectadas. La regulación gubernamental, la educación financiera y el fortalecimiento de la economía formal representan pilares fundamentales en la lucha contra los pagadiarios, contribuyendo a la construcción de entornos más seguros y estables para las poblaciones vulnerables.

Se revela la urgencia de abordar esta problemática desde diversas perspectivas, reconociendo su impacto tanto a nivel individual como colectivo. La falta de políticas públicas efectivas y la adaptación de estas prácticas por parte de organizaciones mafiosas exigen una respuesta integral. La implementación de regulaciones, la promoción de la educación financiera y el fortalecimiento de la economía formal son esenciales para contrarrestar los efectos negativos de los pagadiarios y avanzar hacia sociedades más seguras y sanas.

Bukele: El voto por miedo a la revancha

“¡Bukele, Bukele, Bukele!” se escucha a una sola voz bajo el balcón del Palacio Nacional en el que Nayib ofrece un discurso de victoria. Es la primera vez, después de ocho décadas, desde que el General Maximiliano Hernández Martínez prolongara su mandato por 13 años. Junto a su esposa, Gabriela de Bukele, Nayib repite una y otra vez que el pueblo salvadoreño permitirá seguir ganando la guerra contra las pandillas gracias al voto emitido en los comicios “democráticos” celebrados el 4 de febrero.

Nayib Bukele se ha autoproclamado ganador. Hasta ese momento el Tribunal Supremo Electoral (TSE) solo había escrutado el 22% de las actas, pero el candidato por Nuevas Ideas (N) ya se había apoderado del Órgano Ejecutivo y de 58 escaños de 60 en la Asamblea Legislativa, obteniendo así la mayoría de las diputaciones.

Democracia: palabra caprichosa que según los griegos significa “el poder del pueblo” y de acuerdo con Nayib también. El candidato afirmó en su discurso que en “la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que N lo ha hecho en plena libertad y democracia”. Hasta este 5 de febrero, el TSE no había acabado el conteo de votos, pero la victoria sigue intacta y en redes sociales el candidato reelecto ya ha recibido múltiples felicitaciones a través de X (antes Twitter).  

Sin embargo, la democracia a estas alturas en El Salvador ya no puede ser entendida con su significado original, es decir como un sistema a través del cual existen contrapesos que permitan opiniones diferentes a las del gobierno de turno y ahora reelecto. Esta vez, con mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, se ha eliminado definitivamente la separación de poderes. Pero la población no es consciente de ello. La encuesta preelectoral del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) arrojó que el 68% de la población no está de acuerdo con que un presidente concentre todos los órganos del Estado, pero el 70% se mostró de acuerdo con la reelección presidencial.

El camino a la reelección se ha venido trazando paulatinamente, desde la imposición de nuevos magistrados hasta una serie de reformas electorales como la reducción de 84 a 60 parlamentarios y la disminución de municipios de 244 a 44, las cuales tenían una sola finalidad: borrar del colectivo ciudadano a la oposición. Es así, como poco a poco se ha ido desdibujando la presencia de los partidos de oposición, tarea que no ha sido muy difícil para el oficialismo y en estas elecciones ha quedado demostrado que la oposición en El Salvador no se ha unificado y está a punto de extinguirse.

Unos comicios irregulares

Ha sido una jornada electoral larga y llena de irregularidades. 24 horas después, El Salvador sigue sin datos oficiales en su totalidad acerca de los ganadores de estos comicios. A la hora en la que Nayib se proclamaba vencedor con un 85%, las cifras no cuadraban con los escrutinios realizados hasta ese momento por el TSE. Antes de las 19 horas, Nayib había publicado en X: “De acuerdo con nuestros números hemos ganado la elección presidencial con más del 85 % de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea”.

Pese a todo, el día de la elección, esta no fue la única irregularidad. A la mitad del día el candidato a la presidencia por N interrumpió el silencio obligatorio y, con el uso de recursos estatales, ofreció una conferencia dedicada a atacar a los medios de comunicación nacionales e internacionales, así como a repetir nuevamente que el voto de los salvadoreños era necesario para no perder ni un solo escaño en la Asamblea Legislativa. De ser así, según el mandatario, la oposición liberaría a los pandilleros y podría haber una revancha. Este fue el discurso acordado en conjunto con los diputados del mismo partido que dieron entrevistas en los diferentes medios.

Pero esta campaña de miedo no se quedó solo en discursos. A pesar de que el Código Electoral impide propaganda tres días antes de los comicios, en cada bloque informativo, en televisión nacional y en transmisión en vivo, aparecía repetidamente publicidad del Gobierno de El Salvador con una voz en off diciendo, “El Salvador es nuestro”. El anuncio invitaba a la población a votar para no regresar al pasado, “un pasado al que nadie quiere volver” donde las personas estaban encerradas en sus casas y no los pandilleros. La única manera de mantener a los pandilleros encarcelados era a través de la reelección presidencial y mayoría legislativa.

La gente tiene miedo. Fue así como Nayib y sus diputados enarbolaron una y otra vez el régimen de excepción y la seguridad ciudadana a lo largo de esta jornada electoral, con frases cortas en un discurso que buscaba alimentar la sensibilidad de la población e impregnarse en el inconsciente popular. El alegato en contraposición de los derechos humanos de la gente de bien contra los de los pandilleros ha servido de incentivo a la población para ir a votar, no solo por cumplir con el deber ciudadano, sino, por miedo a una revancha pandillera.

Este ha sido un día de primeras veces. Fue la primera vez que en las papeletas aparecía el rostro de los candidatos presidenciales y también fue la primera vez, en la historia reciente del país, que se vive una escasez de información referente al conteo de votos. A las 22:22 horas del 4 de febrero, la página de la única institución que podía garantizar un proceso electoral transparente y democrático dejó de actualizar su información: el sistema falló.

Pero, en estas elecciones, éste no ha sido el único fallo; falló la oposición por falta de fondos provenientes de la deuda política y el TSE cuando aceptó una candidatura en contra de la constitución. En el escrutinio final, el TSE decidió a última hora del 5 de febrero que, para el conteo de votos para la elección de diputados, abrirán la totalidad de los paquetes electorales para realizar el conteo papeleta por papeleta.Al final del día, en la plaza Gerardo Barrios de El Salvador, Nayib terminaba su discurso jactándose de haber acabado con las pandillas en su mandato anterior y garantizando al pueblo salvadoreño que los pandilleros no van a salir libres: “gracias a Dios, El Salvador pasó de ser el país más inseguro al más seguro del continente occidental”, pero “estos próximos cinco años, esperen a ver lo que vamos a hacer”. El discurso finaliza con un beso a su mujer y comienzan los fuegos artificiales al ritmo de It’s the end of the Word as we know it  (es el fin del mundo tal como lo conocemos) del grupo R.E.M.

Rafael Correa: «No conozco un caso de un país que haya sido destruido tan profundamente en apenas 7 años»

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Rafael Correa fue presidente de Ecuador durante tres mandatos sucesivos (2007-2017). Este economista y Doctor en filosofía sigue presente en la política de su país a pesar de su auto exilio en Bélgica y una condena en 2020 a ocho años de cárcel por corrupción.

Oscar Arias: «No se puede pretender ser presidente basado en las encuestas para ver qué es lo que quiere la gente»

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Óscar Arias ejerció la presidencia de Costa Rica entre 1986-1990 y 2006-2010 y recibió el Premio Nobel de la Paz en 1987 por participar en los procesos de paz en los conflictos armados de América Central de los años ochenta.

El desaliento político de los jóvenes mexicanos

A quien disfruta del fútbol, seguramente le resultará familiar esta situación: su equipo favorito está jugando de manera sobresaliente, domina el partido, pero cerca del final, el equipo contrario anota un gol y se lleva la victoria. Es muy irritante, ya que durante la mayor parte del encuentro sólo hacía falta anotar un gol para ganar. Y es que en algún momento hace muchos años se establecieron las reglas del fútbol, acordando que el equipo que anotara más goles sería el ganador, no necesariamente el que hiciera menos faltas, jugara mejor o tuviera más pases acertados. Para ganar, hay que hacer más goles que el equipo rival.

Del mismo modo, en la democracia representativa las reglas para elegir a nuestros gobernantes son claras: cada persona tiene un voto que cuenta de manera igualitaria. El candidato que obtenga la mayor cantidad de votos gana, independientemente de la edad, educación o ingresos de los votantes. Sabemos que este sistema no es perfecto, pero como señaló Churchill, «la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado».

Esta realidad lleva a muchos candidatos a puestos de elección a recurrir a estrategias populistas para ganar simpatizantes y votos. Frecuentemente, emplean mensajes que van desde lo cómico hasta lo inquietante, criticando a sus oponentes sin proporcionar una diferencia clara en propuestas concretas. Esta falta de claridad dificulta que la sociedad evalúe adecuadamente a los candidatos.

Como los jóvenes son usuarios activos de las nuevas redes socio digitales como TikTok, los políticos moldean sus mensajes para comunicarlos de una manera más informal a través de estas plataformas: hacen bromas, cantan, bailan y en general buscan captar la atención de este segmento y darse a conocer utilizando un tono entretenido. Sin embargo, es importante que tras la primera impresión, los jóvenes formen sus propias opiniones respecto a las propuestas de los candidatos y busquen fuentes de información confiables.

Diferentes fuentes de información, sean formales y sistemáticas como encuestas o informales y circunstanciales como comentarios en redes sociales o el boca-a-boca en círculos restrictos apuntan un problema de desaliento político-electoral entre los jóvenes. De hecho, son los jóvenes más privilegiados, en términos de educación, quienes más exhiben preocupación con la disminución de la participación ciudadana de su generación en la esfera política, más específicamente, en las elecciones. Persiste la sensación de que su voz no es escuchada en la política mexicana y consideran que faltan candidatos que los representen realmente. Y no es que no haya candidatos o políticos jóvenes, sino que no se identifican con ellos.

Las estadísticas revelan que, en las próximas elecciones de México de este año, los electores menores a 30 años representarán un considerable 27% del electorado. El interés de estos en la política es bajo y les resulta difícil encontrar mecanismos efectivos para ser escuchados. A estos jóvenes les preocupa que la realidad no cambie y los altos niveles de corrupción a pesar de los movimientos de poder partidistas. Algunos, desmotivados, consideran cancelar su voto, mientras que otros planean no participar en absoluto.

En todas las sociedades, los jóvenes son el motor del cambio social y la catapulta de nuevas ideas, así como el factótum de insatisfacción que lleva –por ejemplo- a exigir que se cumplan las expectativas depositadas en los gobernantes y a liderar la demanda de soluciones a sus problemas. Sin embargo, los estudios de opinión convalidan una percepción generalizada de que la política se ha vuelto un «gran negocio» lo cual alimenta la desconfianza y el alejamiento apático.

De hecho, uno de los temas preocupantes es la difundida creencia entre los jóvenes mexicanos que su voto no impactará significativamente en los resultados y en el futuro político nacional. Una de las interpretaciones para explicar dicho fenómeno es que las encuestas de preferencia electoral ayudarían a generar una percepción de triunfo distinta a sus preferencias, lo que les desanimaría a salir a votar.

La teoría de la «espiral del silencio» puede explicar este fenómeno: si percibimos que nuestra opinión no es compartida por la mayoría se puede dar una autocensura que incentiva a evitar la expresión de opiniones divergentes por miedo al aislamiento social. Y esta es una problemática al que se enfrentan las encuestas de opinión pública, en especial las de preferencias electorales. Ello produce una distorsión de la opinión que se mide, especie de profecía autocumplida ya que se fabrican opiniones en la dirección mayoritaria, aumentando la sensación de alienación y desaliento.

Esa paradoja es especialmente aguda entre los jóvenes universitarios. Son ellos quienes asumirán la responsabilidad social y el liderazgo cultural, político y empresarial al finalizar sus estudios, al mismo tiempo son los más propensos a expresar su desmotivación y preocupación con ello sin capacidad de reacción en la práctica. Parece difícil sensibilizar a los jóvenes de que participar activamente con el voto más allá del triunfo o no genera señales hacia el poder. Algo parecido ocurre con el desafío diario de ejercer el diálogo entre segmentos sociales, motor propulsor del interés en la política, superando la instancia eventual de la convocatoria a las urnas.

Como en la analogía del fútbol, los jóvenes quieren salir campeones del partido salteándose el esfuerzo y sacrificio que exigen los goles. Asimilar y aprender en la práctica las reglas de juego es un buen comienzo.

37 venezolanos cruzaron el Darién cada hora en 2023 

La venezolana Carolina Jiménez, quien preside la no gubernamental Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), ha recalcado el siguiente dato: el 1% de la población total de Venezuela cruzó por la selva del Darién en 2023. Desgranando las cifras oficiales de Panamá, otro número resulta igualmente impactante: durante cada hora del año pasado 37 venezolanos en promedio fueron contabilizados al superar este peligroso e inhóspito corredor migratorio.

De acuerdo con las cifras oficiales de las autoridades de Panamá, en 2020 apenas 8.594 migrantes cruzaron la selva que separa el país y Colombia. Al año siguiente el fenómeno se multiplicó y alcanzó las 133.726 personas, en 2022 fueron 248.283 y un año más tarde, en 2023, la cifra, de por sí reveladora de una crisis de envergadura, sencillamente se duplicó para totalizar 520.085.

328.667 venezolanos, 57.222 ecuatorianos, 46.558 haitianos y 25.344 chinos constituyeron “las nacionalidades más recurrentes en cruzar” durante el año pasado, de acuerdo con el ministerio de Seguridad Pública panameño.

Jiménez ha llamado la atención, en particular, sobre el éxodo masivo que se está registrando desde Venezuela, en respuesta a la crisis humanitaria –profundizada en 2023– y a la falta de salidas democráticas en medio de lo que analistas estiman ha sido un proceso de estabilización de la dictadura de Nicolás Maduro.

Las encuestas revelan que los venezolanos no solo tienen problemas serios a la hora de acceder a servicios básicos, así como una situación de insatisfacción en materia de salud y alimentación, sino que también se ha extendido la desesperanza por la falta de perspectivas de cambio.

Para Jiménez resulta escandaloso que el 63% del total de migrantes que atravesaron a pie el Darién en 2023 hayan sido venezolanos. Estos 328.667 venezolanos representan, además, el 1% del total de la población de Venezuela.

“Veamos la magnitud del dato: algo más del 1% de toda la población de Venezuela cruzó una selva inhóspita en un año. Se trata de una migración forzada. Qué tragedia”, comentó la presidenta de WOLA, conocida activista de derechos humanos.

Esta cifra total de venezolanos que cruzaron por el Darién en 2023 se traduce también en 900 cruces mensuales y 37 cada día. Si el flujo migratorio fuese un paso continuado de personas, podríamos establecer que cada 110 minutos del año pasado un ciudadano oriundo de Venezuela fue registrado por las autoridades de Panamá al salir de la selva del Darién.

No todos los que cruzan por el Darién han salido de Venezuela en tiempos recientes. Con la migración masiva de venezolanos se está generando también un proceso de re-migración. Se trata de migrantes que, estando ya fuera de Venezuela, deciden trasladarse a otro país, en algunos casos pasando por su nación natal solamente de visita, como lo hemos observado de manera directa en diversos casos. La ausencia de datos de entradas y salidas por parte del gobierno de Venezuela añade niveles de dificultad para determinar lo que está ocurriendo realmente. 

Si nos guiamos por las cifras que ofrece la plataforma R4V, que reúne los esfuerzos de dos agencias especializada de Naciones Unidas, ACNUR y OIM, en agosto de 2023 sumaban 7,71 millones los venezolanos que habían emigrado masivamente de su país, un fenómeno que comenzó a registrarse de manera significativa en 2015. En su gran mayoría (6,53 millones) están radicados en países de América Latina y el Caribe.

La última cifra de 2023 por parte de R4V, del 30 de noviembre, prácticamente ofrecía cifras muy similares a las de agosto. ¿De qué manera podemos interpretar eso? Desde mi punto de vista, se está produciendo una movilización de migrantes que ya estaban fuera de Venezuela hacia un tercer país y cuya apuesta en muchos casos es llegar a Estados Unidos; por otro lado, están en movimiento literalmente flujos de migrantes, lo cual genera dificultades para contarlos y documentarlos.

Junto a la salida terrestre que años atrás se registraba de los “caminantes venezolanos” hacia Colombia y países andinos y del Cono Sur, en 2023 el destino cambió: estaba primero Panamá, Centroamérica y México para intentar cruzar a Estados Unidos. Asimismo, tuvo lugar una salida aérea significativa pero no contabilizada hacia España y Estados Unidos (tanto beneficiarios del Parole Humanitario como con visa de turistas pero con la intención de quedarse).

WOLA, así como diversas organizaciones internacionales y nacionales, insiste en sus llamados a los gobiernos de todo el continente para que implementen medidas de protección de derechos humanos de personas migrantes en la región.

“Hay múltiples factores interconectados, que van desde el acceso limitado a los derechos fundamentales y los servicios esenciales hasta el impacto de la violencia y la inseguridad, que siguen empujando a las personas a situaciones de desplazamiento”, afirmó José Samaniego, director de la Agencia de la ONU para los Refugiados en las Américas, al evaluar lo que rodea al enorme tránsito migratorio a través del Darién.

De acuerdo con un reporte de Crisis Group difundido a finales de 2023, las ganancias ilícitas se han disparado a medida que aumenta el flujo de migrantes, y gran parte del dinero va a parar al crimen organizado, que ha encontrado una actividad muy lucrativa en el tráfico de estas personas. El fortalecimiento de redes criminales tanto en el Darién como del lado colombiano, usualmente vinculadas al tráfico ilícito de drogas, le añade un nivel de complejidad a la situación.

Según las estimaciones que hizo Crisis Group, los grupos criminales que controlan tanto el tránsito humano como de droga por el Darién reciben entre 50 y 80 dólares por cada migrante. El control de este negocio ilícito está en manos de Los Gaitanistas, también conocidos como Clan del Golfo, que, como señala InSight Crime, nacieron de las cenizas del movimiento paramilitar colombiano y se convirtieron en una fuerza criminal con alcance nacional dentro de Colombia con amplias ramificaciones en el Darién.

Los Gaitanistas, según la documentación del think tank, no participan directamente en el traslado de migrantes, pero cobran porcentaje de los ingresos obtenidos por los coyotes y otros proveedores de servicios, como empresas de transporte y alojamientos.

La combinación de un flujo masivo de migrantes, la falta de consenso entre los gobiernos de la región junto a la mirada impasible de las autoridades, y esta presencia criminal organizada, entre otros elementos, han terminado por convertir a la selva del Darién en una especie de nudo gordiano.