¿Cuáles son las perspectivas económicas para América Latina?

Ariel Sribman Mittelman
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¿Cuáles son las perspectivas económicas para América Latina?

Martin Wolf, prestigioso analista del Financial Times, desplegó recientemente un mapa de cinco puntos para situarse en la economía global de 2024: demografía, cambio climático, avance tecnológico, difusión del know-how y crecimiento (económico) propiamente dicho. Como veremos a continuación, es un mapa que no perfila un 2024 fácil para América Latina.

En cuanto al primer punto, gran parte del mundo –incluida China– se dirige a unas tasas de fertilidad muy por debajo del nivel de reemplazo, cifrado en 2,1 hijos por mujer. No así el África subsahariana, cuyo peso en la población mundial podría dispararse en 10 puntos porcentuales hacia 2060.

El cambio climático supone un fenómeno global. Pero la clave no está exclusivamente en la reducción de emisiones que afectan a todo el planeta, sino en gran medida en la inversión que cada país realice para adaptarse a las nuevas condiciones.

En el ámbito tecnológico destacan el procesamiento de información, las comunicaciones y la inteligencia artificial. Este terreno tiene numerosas ramificaciones: desde la vertiente estrictamente económica hasta la seguridad nacional, pasando por la creación y difusión de conocimiento y los desafíos jurídicos.

En cuanto a la difusión del know-how, Wolf destaca la capacidad de ciertas regiones en desarrollo para absorber, utilizar y expandir conocimiento. Se refiere al este, sudeste y sur de Asia, y augura que esta tendencia continuará y traerá consecuencias geopolíticas de gran magnitud.

Finalmente, Wolf señala que el crecimiento global de la economía durante el presente lustro es el menor desde los años 1990s. No se trata de estancamiento ni de recesión, pero el crecimiento es escaso y desigual, afectando negativamente a gran parte del mundo en desarrollo.

Las descritas por Wolf son tendencias globales. ¿Qué hay para América Latina?

Siguiendo el mapa del británico, comencemos por la demografía. La misma semana que Wolf destacaba su relevancia económica, The Economist señalaba el rápido declive en las tasas de natalidad latinoamericanas, y los problemas que trae aparejados al combinarse con el aumento en la esperanza de vida y las altas tasas de emigración, mayormente de personas en edad laboral. Destacan dos problemas: la dificultad para pagar las pensiones y para sostener el sistema de salud. Y destacan los países más grandes –Brasil, México, Argentina–, pero también algunos pequeños, como El Salvador.

Algunos –Brasil, Uruguay y Costa Rica– ya han comenzado a aumentar la edad de jubilación. Pero numerosos desafíos persisten: el trabajo informal, el abandono escolar, la baja productividad, las dificultades para atraer mano de obra inmigrante y para aumentar la presencia de la mujer en el mercado laboral.

En segundo lugar, las emisiones asociadas al cambio climático son proporcionalmente bajas en América Latina. Frente al 29% de China, el 11% de Estados Unidos o el 7% de India, Brasil emite apenas el 2,44% de los gases de efecto invernadero del mundo, México el 1,52%, Argentina el 0,71% (2023 Report, Emissions Database for Global Atmospheric Research, Comisión Europea). Sin embargo, las consecuencias del cambio climático no respetan esas proporciones nacionales.

La clave de la resiliencia está en la adaptación. CaixaBank Research publicó –la misma semana que Wolf y The Economist­– un estudio sobre el impacto del cambio climático en el turismo en España. Sus conclusiones son diáfanas: se requieren estrategias de adaptación a un futuro con temperaturas más extremas. Infraestructuras resistentes al clima, experiencias turísticas adaptadas a las nuevas preferencias de los turistas, o “prácticas sostenibles que ayuden a reducir la contribución del sector turístico al calentamiento global”. Del mismo modo, es imprescindible que en América Latina se estudien los efectos del cambio climático sobre cada sector económico para abordar las correspondientes estrategias de adaptación.

Respecto del avance tecnológico, América Latina se sitúa en la retaguardia. En inteligencia artificial, por ejemplo, aporta el 2,66% de las publicaciones en revistas especializadas a nivel mundial, el 3,07% de publicaciones de congresos y el 1,8% de publicaciones en repositorios (Artificial Intelligence Index Report 2023, Universidad de Stanford). Por otro lado, el Financial Times informaba el 23 de enero de un cambio de tendencia en las inversiones chinas en la región para centrarse en las “industrias del futuro”. Si la Unión Europea –a través de su programa Global Gateway– o Estados Unidos aspiran a competir con la potencia asiática, deberán seguir un camino similar. Indudablemente, ninguno transferirá a América Latina know-how que le permita competir o prescindir de ellos, pero la región puede establecer condiciones que beneficien al inversor sin apartar por completo al país receptor del acceso a las tecnologías transferidas.

El punto anterior está vinculado a la difusión del know-how a través del mundo. Dos indicadores destacados en este terreno son el registro de patentes y la inversión en I+D como porcentaje del PIB. Según el informe World Intellectual Property Indicators 2023, en 2022 se concedieron 1.823.200 patentes en el mundo. A la cabeza, China, con 798.347 (44%); EEUU, con 323.410 (18%); y Japón, con 201.420 (11%). En América Latina, las cifras más altas corresponden a Brasil, con 23.546 (1%); México, con 9.698 (0,5%); y Chile, con 2.668 (0,1%).

Respecto de la inversión en I+D, mientras Estados Unidos le dedica un 3,5% de su PIB, Japón un 3,3% y China un 2,4%, Brasil invierte un 1,15%, Argentina un 0,5%, Uruguay un 0,47%, y Chile y México un 0,3% (cifras del Banco Mundial).

Para finalizar, el informe Global Economic Prospects (enero 2024) del Banco Mundial augura para la región un crecimiento muy modesto este año: 1,5% para Brasil, 1,8% para Chile y Colombia, 2,5% para Perú, 2,6% para México y 2,7% para Argentina.América Latina no arranca 2024 desde un punto de partida especialmente prometedor. Se requieren medidas urgentes para enderezar ese rumbo. Excepto la demografía, el desempeño en los demás factores depende en gran medida de las relaciones que establezcan los países latinoamericanos entre sí y con otras regiones.

En ese sentido cabe destacar un elemento mencionado por Andrés Oppenheimer: ¿cómo se ha de entender, en este contexto, que sólo los presidentes de Argentina y Colombia hablaran en el Foro de Davos, galería destacada para establecer esos vínculos económicos que América Latina tanto necesita? ¿Cómo interpretar que ni Lula ni López Obrador se tomaran el trabajo de acudir al Foro?

El desafío de predecir el comportamiento del votante

José Norte Sosa
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El desafío de predecir el comportamiento del votante

¿Es posible predecir el comportamiento del votante semanas antes de una elección mediante el análisis de su actividad digital? En el vertiginoso mundo de las redes sociales, donde cada publicación, cada tuit, cada historia de Instagram y cada video de TikTok conforman un vasto mar de datos, la respuesta parece inclinarse hacia el sí.

Un estudio reciente para el que se analizaron más de 500 millones de comentarios públicos en redes sociales a lo largo de dos años sugiere esa conclusión. Esta inmensa recopilación de datos se procesó mediante algoritmos avanzados de Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP), una tecnología que permite a las máquinas analizar el lenguaje humano. La investigación exploró la relación entre el perfil psicográfico de los usuarios de redes sociales y sus actitudes hacia diversos aspectos como la economía, la salud, la educación, y, por supuesto, los candidatos a las elecciones y su intención de voto.

Los textos escritos por los usuarios de las redes durante la campaña reflejan sus sentimientos e impresiones, entre los que se identifican seis emociones principales: alegría, tristeza, sorpresa, miedo, ira y asco. Esa clasificación se complementa con un análisis de sentimientos categorizados como positivos, negativos y neutros para poder determinar su proyección política. También se organiza la discusión a partir de un resumen de los grandes conjuntos de datos en temas predominantes en las conversaciones online, ofreciendo una visión clara de lo que preocupaba y ocupaba a los usuarios.

Surge así, por ejemplo, que Javier Milei, el candidato vencedor, generó una fuerte empatía en más del 80% de los usuarios de redes sociales, principalmente a través de emociones como el odio y la ira hacia la situación política y económica del país. En contraste, Sergio Massa, el candidato perdedor, transmitía principalmente miedo hacia el futuro, lo que generaba un nivel de empatía más bajo. Este enfoque revela la capacidad de predecir tendencias electorales a través del social listening y el NLP, así como la fuerza con que las emociones pueden moldar la opinión pública.

A partir de esas tendencias y alineamientos emotivos, el estudio concluyó que Javier Milei tenía una probabilidad significativa de convertirse en presidente de Argentina, con una certeza del 89% según los modelos de análisis. Esta conclusión nos habla tanto del poder del big data y la inteligencia artificial como también del surgimiento de nuevas herramientas para auscultar el futuro político más allá de la tradicional encuesta de opinión pública. El estudio también arroja luz sobre la importancia del lado no racional y puramente afectivo o intuitivo de las elecciones, así como de la identificación psicológica con los candidatos. El outsider Milei generó una atracción casi “religiosa” entre los hombres jóvenes, mientras que las personas mayores preferían la estabilidad y previsibilidad ofrecidas por Massa, un político tradicional y convencional.

Mientras que las encuestas pueden capturar preferencias y opiniones, el análisis de los datos de redes sociales ofrece una ventana a las emociones subyacentes y las pasiones que impulsan esas opiniones. Pero estos avances no vienen sin sus propios desafíos y dilemas éticos. La idea de que las opiniones políticas y las inclinaciones de voto puedan ser predichas con precisión mediante algoritmos plantea preguntas sobre la privacidad y el uso de datos personales. La interpretación de los datos recopilados de las redes sociales debe realizarse con cuidado, considerando no solo el contexto y el significado detrás de las palabras, sino también los sesgos potenciales inherentes a los algoritmos y las muestras de datos. De hecho, la nueva tecnología es utilizada por los partidos políticos y candidatos para afinar sus estrategias de campaña, dirigirse a electores indecisos y entender mejor las preocupaciones y deseos de sus electores, pero también podría ser utilizada para manipular o influir indebidamente en la opinión pública, lo que plantea dilemas éticos que deben ser abordados.

Este avance tecnológico, que nos permite mirar más allá de los números y las respuestas superficiales de las encuestas, nos enfrenta a la realidad multidimensional de la opinión pública. Ahora es posible descifrar no solo lo que las personas dicen, sino también cómo se sienten y por qué podrían sentirse así. Este entendimiento emocional que subyace a las decisiones excede la simple demografía o las afiliaciones políticas. El uso de estas herramientas digitales nos brinda –además– una oportunidad única para observar cómo se desarrollan y cambian las opiniones políticas en tiempo real.

En el pasado, los cambios en la opinión pública a menudo solo se hacían evidentes con las mudanzas objetivas de los resultados electorales o en un plazo aún más largo a través de las variaciones estructurales que desnudaban corrimientos de clase social o surgimiento de nuevos clivajes como fueron los religiosos, étnicos o regionales. Ahora, en cambio, podemos ver cómo un discurso, un evento o incluso un escándalo pueden influir en la percepción pública casi instantáneamente y generar alteraciones drásticas en el cuadro de preferencias de voto.

Todo esto abre interesantes interrogantes sobre el futuro de las campañas políticas. ¿Cómo equilibrarán los candidatos y partidos la recopilación y análisis de datos con la necesidad de mantener un enfoque genuino y auténtico en sus interacciones con los votantes? ¿Cómo impactará esto en la forma en que se formulan las políticas y se abordan las preocupaciones de los ciudadanos?

Mientras nos adentramos en esta nueva era, es esencial recordar que detrás de cada tuit, comentario y publicación hay una persona con sus propias experiencias, creencias y emociones. La capacidad de predecir el comportamiento electoral con semanas de antelación no es solo una cuestión de analizar datos; es una cuestión de comprender a las personas. Y en ese entendimiento radica el verdadero poder de estas herramientas, un poder que, si se utiliza sabiamente, puede mejorar significativamente nuestra comprensión de la democracia y la participación ciudadana en la era digital.

Texto presentado en el congreso SAIMO-CEIM en el panel de estudios de opinión pública co-organizado por WAPOR Latinoamérica

Plaguicidas, cambio climático y obesidad: una conexión perjudicial para la salud humana y ambiental

Iohanna Filippi
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Plaguicidas, cambio climático y obesidad: una conexión perjudicial para la salud humana y ambiental

En Argentina, cerca del 60% de adultos sufren sobrepeso u obesidad, superando el promedio global del 40%. Se estima que estas cifras crecerán hasta alcanzar el 50% a nivel mundial para el 2035. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que alrededor de 4 millones de adultos fallecen anualmente debido a esta problemática, considerada una pandemia global y resultado de la malnutrición.

El sobrepeso y la obesidad están estrechamente vinculados al consumo de alimentos procesados, ricos en azúcares, grasas y sal, además del sedentarismo. Las consecuencias de este exceso de peso incluyen un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión y enfermedades oncológicas. Estas preocupantes repercusiones en la salud se ven agravadas por los efectos del cambio climático a nivel global.

Cambio climático: cómo puede afectar a nuestra vida cotidiana

Según las Naciones Unidas (ONU), el cambio climático se refiere a las alteraciones a largo plazo en las temperaturas y los patrones climáticos, a nivel regional y global. Por lo general, se asocia con catástrofes naturales como inundaciones, tormentas intensas, sequías prolongadas, escasez de agua, deshielos, incendios y condiciones extremas de temperatura. Sin embargo, rara vez se consideran las posibles implicaciones que el cambio climático podría tener en nuestras rutinas diarias, particularmente en la alimentación.

El cambio climático incide clara e irrefutablemente en la producción de alimentos, disminuyendo o deteriorando su disponibilidad, diversidad y acceso. Según el último informe de la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías en Argentina para el año 2022, cerca de 175 millones de hectáreas se vieron gravemente afectadas por la sequía. Esta situación generó problemas en el suministro de agua, tanto para el consumo humano como para el ganado, poniendo en riesgo la producción de más de 17 millones de cabezas de ganado. Además, provocó una significativa reducción en los rendimientos de cultivos en más de 1 millón de hectáreas.

Además de los impactos adversos del cambio climático en la producción de alimentos, el crecimiento de la demanda alimentaria, impulsado por el aumento poblacional, ejerce una presión significativa sobre el sector agrícola y los sistemas de alimentación. Como resultado, los productores agroalimentarios se ven compelidos a emplear todos los recursos disponibles para sortear las condiciones climáticas adversas y garantizar altos rendimientos productivos.

En la región, la industria alimentaria ha tendido hacia la producción de alimentos ultraprocesados, que son aquellos que contienen poco o nada de alimentos enteros, incluyen aditivos y son nutricionalmente pobres. Según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se prevé un aumento de más del 20% en el consumo de alimentos ultraprocesados en Latinoamérica en los próximos 15 años. En el ámbito agrícola y hortícola, el uso extensivo de fertilizantes y plaguicidas ha sido la estrategia principal para aumentar los rendimientos de los cultivos. En Argentina, la venta de agroquímicos ha experimentado un marcado incremento en los últimos años, pasando de 225 millones de kg en 2008 a 343 en 2016, según datos de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes.

Plaguicidas: beneficios, controversias y riesgos ambientales

Los plaguicidas son agentes empleados en todas las fases de la cadena de producción, desde la elaboración y almacenamiento hasta el transporte de los alimentos. Su función radica en prevenir, destruir o controlar cualquier plaga que pueda dañar la calidad del producto. Algunos de estos compuestos también se utilizan en entornos domésticos: ¿quién no ha querido eliminar alguna vez las hormigas de su jardín?

A pesar de los beneficios agrícolas y alimentarios que han aportado, el uso de plaguicidas ha suscitado controversia en las últimas décadas. Por un lado, se señala su mal uso o utilización indiscriminada, lo que ha ocasionado la contaminación de diversos entornos acuáticos, como ríos, lagos y mares. Esto, en parte, se atribuye a la falta de información o asesoramiento sobre la naturaleza de los productos empleados. Por otro lado, persisten incertidumbres acerca de los posibles efectos adversos en la salud de las poblaciones expuestas a estos agentes químicos.

En los últimos años, se ha constatado que la exposición a plaguicidas puede causar alteraciones en el metabolismo de las grasas, como, por ejemplo, la adipogénesis, es decir, la formación de adipocitos o células grasas y su acumulación a través de diversos procesos. Por tanto, a pesar de la actividad física exigente que implica el trabajo agrícola, es frecuente observar problemas de sobrepeso en trabajadores del campo. Esta situación plantea la posibilidad de que exista algún factor externo relacionado con la ocupación laboral de esta población que contribuye a esta condición de salud desfavorable.

Cuidado de la salud y del medioambiente, un binomio inescindible

Tanto el cambio climático como la exposición a plaguicidas son elementos que inciden en las condiciones de salud de las poblaciones, pudiendo actuar en conjunto y potenciar las probabilidades de desarrollar sobrepeso u obesidad.

Entonces, ¿qué deparará el clima en los próximos años? ¿Y qué sucederá con la producción alimentaria? ¿Cómo afectará la disponibilidad y calidad de los alimentos a la salud de las poblaciones? ¿Qué consecuencias tendrá en la salud de los trabajadores del campo? Estas son algunas de las interrogantes que emergen a partir de esta intersección entre el ambiente, la salud humana y la producción de alimentos.El cambio climático constituye una realidad y una amenaza para la salud global del siglo XXI, especialmente en los países en desarrollo. Dado que la obesidad es una enfermedad prevenible es importante seguir promoviendo los planes orientados hacia su protección, y es crucial continuar generando políticas orientadas a reducir y contrarrestar los impactos negativos del cambio climático en las comunidades y la salud pública. Se requieren estrategias colectivas para lograr la seguridad alimentaria y mantener la armonía entre la sociedad y el entorno natural, ya que la salud y el bienestar de las poblaciones están estrechamente vinculados a la preservación y sostenibilidad del medio ambiente.

Bolivia y la disputa por el control del poder judicial 

Franz Flores
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Bolivia y la disputa por el control del poder judicial 

Bolivia vive una crisis social causada por el poder legislativo que no se pone de acuerdo en la elaboración de una ley de convocatoria para las elecciones de los máximos representantes del poder judicial. Uno de sus órganos, el Tribunal Constitucional Plurinacional, anuló el 29 de septiembre la reelección indefinida e inhabilitó a Evo Morales para las elecciones del próximo año 2025. Esto ha ocasionado la furia del expresidente y hoy opositor Morales, quien ha ordenado a sus seguidores bloquear caminos en varios puntos clave del país. Hoy el país está semiparalizado.

Las elecciones de magistrados del poder judicial por voto popular son una completa extravagancia en el contexto de los sistemas de justicia latinoamericano y mundial. Este método se insertó en la nueva Constitución boliviana sancionada en 2009. La idea era evitar que los partidos políticos, en el congreso, se repartan los altos cargos del poder judicial.

Sin embargo, la vacuna resultó más peligrosa que el virus. El Movimiento al Socialismo (MAS), con su amplia mayoría en el Congreso, definió a los candidatos a magistrados, en su mayoría afines a este partido, lo que facilitó su control por parte del poder ejecutivo. La muestra más diáfana de este sometimiento fue la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que en 2017 habilitó a Morales para un cuarto mandato continuo, bajo el argumento risible que protegía los derechos humanos del entonces presidente de Bolivia.

A lo largo de más de 15 años del gobierno del MAS, el poder judicial se ha convertido en un engranaje más del poder ejecutivo, que ha utilizado la justicia para detener la trayectoria política de sus opositores. Evo Morales, sin ningún miramiento, promovió el acoso judicial de numerosos políticos que, o bien optaron por salir de la vida política, o se convirtieron en militantes del MAS.

Como en política la paradoja suele ser la norma y no la excepción, Morales, con la última sentencia del TCP que lo inhabilita como candidato para los comicios, pasó de ser el verdugo que activa la pesada guillotina judicial sobre el cuello de sus enemigos, para ser una víctima de esta misma maquinaria que él se encargó de aceitar y pulir.  

Con estos antecedentes, se puede comprender la urgencia que tiene Morales para la realización de las elecciones judiciales en el plazo más breve posible ya que mantiene la esperanza de que los nuevos candidatos a magistrados, apadrinados por él, ganen en las elecciones judiciales y nuevamente habiliten a Morales a un cuarto mandato. Solo de este modo se puede entender el súbito cambio de postura del líder cocalero respecto de la justicia: ahora la desea independiente cuando antes la quería sumisa y corrupta.

Morales se ha jugado el todo por el todo y hasta el momento su medida de bloqueo de caminos permanece. Ya son más de 10 días de vigencia de esta medida, con 36 puntos de bloqueo claves para la transitabilidad de los caminos. Las empresas de transporte de pasajeros han dejado de emitir boletos y esta medida ya ha ocasionado dos muertos y 11 heridos, la mayoría de ellos de la policía.

Ante esta emergencia, el gobierno solo ha atinado a movilizar tropas policiales para intentar levantar los bloqueos con poco éxito. Los movilizados no solo atacan con piedras a policías, choferes y viajeros, sino que utilizan dinamita. Desde el espacio institucional, el vicepresidente David Choquehuanca, como máximo ejecutivo del poder legislativo, ha llamado a reuniones para consensuar la convocatoria a elecciones judiciales. Empero, esta medida no ha hecho que los bloqueos disminuyan sino que, al contrario, ha envalentonado aún más a los miembros del ala del MAS afín a Morales.

Los bloqueos son una acción colectiva relativamente nueva en Bolivia. Hasta 1985 la forma de protesta era el paro de actividades, una clásica medida de clase, recomendada ardientemente por Karl Marx y obedecida al pie de la letra por la Central Obrera Boliviana, el actor central de la política entre 1952 y 1985.  

Una vez derrotado el movimiento obrero, que ya no tenía la fuerza para presionar al gobierno con huelgas, el mecanismo que se urdió para presionar sobre el poder ejecutivo fue el bloqueo de caminos, un repertorio de acción colectiva que tiene como actores determinantes a los movimientos campesinos.

Fueron los  bloqueos de calles y caminos lo que derribaron a dos presidentes elegidos constitucionalmente: Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 y Carlos Mesa en 2005. El presidente Luis Arce tiene razones para preocuparse.

Bukele y una reelección ilegal más en Centroamérica

Dardo Justino Rodríguez
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Bukele y una reelección ilegal más en Centroamérica

Inexorablemente, el presidente salvadoreño Nayib Bukele se encamina con absoluta calma hacia su inconstitucional reelección. Decimos inexorablemente porque controla todo el aparato estatal, incluyendo los poderes legislativo y judicial, y, además, mediante una buena campaña en redes sociales, sigue convenciendo a buena parte de la población de que es un gran presidente.

El ambiente preelectoral está teñido por las quejas de la oposición, a las que muy pocos prestan especial atención. “Bukele y los suyos son realmente magos utilizando las redes sociales, y el carisma del presidente hace el resto… lo hace de tal manera, que sus audiencias solo piensan que ahora pueden caminar con más tranquilidad por las calles”, afirma un analista que prefiere mantener el anonimato. Tras una caída de su imagen positiva, según las últimas encuestas Bukele cuenta con una intención de voto del 71%. Quizás la cifra sea exagerada, pero no hay dudas de que tiene el aval de la mayoría.

La ilegalidad de la candidatura de Bukele

El pasado 15 de septiembre, Día de la Independencia, Bukele afirmó en su discurso que iría por la reelección para “copiar lo bueno de las naciones desarrolladas”, a pesar de reconocer que la reelección no está constitucionalmente permitida en el país.

En cuatro artículos, la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección presidencial. El artículo 75 establece que “pierden los derechos de ciudadano los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”.

El artículo 88, en tanto, considera la alternabilidad “indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecido”. “La violación de esta norma obliga a la insurrección”, añade. Por su parte, el artículo 152 dice que no puede ser candidato a la primera magistratura “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”.

Estos son solo algunos de los artículos que afirman explícitamente que su candidatura es ilegal. Pero nada de eso importa con una Corte Suprema de Justicia servil al mandatario y un Tribunal Supremo Electoral que salva sus responsabilidades acatando lo fallado por la Corte.

Tras el anuncio de Bukele, que era esperado por todo el país, la oposición saltó de sus escasas butacas en el legislativo para cuestionar las intenciones del presidente. La derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) declaró que “por fin Bukele se quitó la máscara y desveló su verdadera intención, perpetuarse en el poder”. Por su parte, el ¿izquierdista? Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) indicó en un comunicado que las intenciones de Bukele “van en contra de la Constitución de la República”, lamentando el aval dado a esa ilegal aspiración por la Sala de lo Constitucional de la CSJ.

La realidad de los salvadoreños de a pie

En estos años, la corrupción ha alcanzado niveles inéditos. Pero Bukele, que se maneja muy bien en el mundo de las redes sociales, ha logrado monopolizar la narrativa de sus logros –reales y supuestos–, sobre todo en el campo de la seguridad ciudadana, ya que las calles de las ciudades están más tranquilas. Esto a costa de la violación constante de los derechos humanos de los sectores de la población marginados, pero no marginales.

Miles de personas, según organizaciones de derechos humanos, llevan meses y años en prisión sin haber sido juzgadas. Los factores comunes de las víctimas es que son pobres, casi iletrados y de procedencia rural. Según cálculos de estas organizaciones, estas personas suman casi el 40% de la población carcelaria, una cifra difícil de comprobar. El objetivo del gobierno es mostrar a la audiencia “delincuentes” presos. O sea, maximizar el efecto de su política ante una ciudadanía que, por lo menos, se ve menos asediada por la delincuencia.

Así las cosas, Bukele, obviamente, sigue al mando del ejecutivo y será reelecto, pues los niveles de adhesión, que en algún momento bajaron de forma sensible, han vuelto a subir considerablemente. En ello influyen sus inteligentes campañas en redes sociales, su carisma, sus creíbles aunque falsas declaraciones, la incipiente seguridad que se respira en las calles, pero, sobre todo, una oposición desprestigiada y desperdigada.

Bukele, por ahora, maneja todos los hilos del poder y nadie parece poder quitárselos, máxime considerando que cuenta con el apoyo prácticamente irrestricto de las fuerzas armadas y de seguridad. Desde la oposición, relegada dentro de las estructuras del Estado, en especial del Parlamento, no se cuenta con estrategias para enfrentar al oficialismo. Y si bien es en algunas zonas rurales donde el presidente cuenta con menos adhesiones, los votos, aunque fueran mayoritariamente a algún candidato opositor, no serían suficientes para contrarrestar el apoyo que tiene en los grandes centros urbanos.

Por otro lado, a pesar de los supuestos “encontronazos” con Washington, la oposición es consciente de que desde el norte se prefiere confrontar a un personaje como Bukele y su narrativa que a una oposición frontal a los intereses estadounidenses en la región.

¿3+3=0? La reforma al sistema de pensiones en Chile

Marco T. Bustos Gutiérrez
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¿3+3=0? La reforma al sistema de pensiones en Chile

El 24 de enero fue discutida en la Cámara de Diputados la reforma al sistema de pensiones chileno. Tras una larga deliberación, la Cámara aprobó y dio tránsito hacia el segundo trámite constitucional en el Senado, el proyecto que crea un nuevo sistema de pensiones mixto.

El proyecto de ley fue ingresado al Congreso por el presidente de La República, Gabriel Boric, este pasado 7 de enero para deliberar la creación de un sistema previsional mixto, esto es, un sistema con aportes del Estado, empleador y trabajadores. Este tipo de iniciativas no es nuevo en el contexto chileno, pues desde hace más de una década se vienen tratando de ingresar diversas propuestas de política pública y proyectos de ley para modificar el sistema de pensiones adoptado a finales de 1980.

Hay que recordar que el sistema vigente reemplazó al llamado sistema de reparto: sistema en el que la suma de las cotizaciones de trabajadores y aportes fiscales iban a un fondo común destinado a pagar las jubilaciones vitalicias. Desde entonces, las y los trabajadores (con excepción de las Fuerzas Armadas y del Orden que tienen su propio esquema previsional) se ven en la obligación de cotizar en su cuenta de capitalización individual el 10% de los ingresos y rentas imponibles, que son manejados por una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

Si bien el proyecto ingresado fue aprobado en general, varios de los aspectos medulares no fueron aprobados. Un primer cambio es el incremento de la capitalización individual: de un 10% a un 10,5% de las remuneraciones y rentas imponibles. El segundo, es el aporte adicional de un 6% de las remuneraciones imponibles a cargo de la persona empleadora. La mitad (3%) de ese cargo adicional, se destinaría a fortalecer la cotización individual del trabajador. La otra mitad (3%), para financiar el seguro social que contempla acciones como: garantía con solidaridad intergeneracional, complemento por cuidado de terceros y compensación por diferencias en las expectativas de vida.

La votación sobre este punto fue muy cerrada, 76 votos a favor y 75 en contra. El quórum calificado que se requiere en Chile en normas referidas a seguridad social es de 78 votos. Los diputados en contra pertenecen al Partido Republicano, Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, entre otros. El aumento del 6%, puede verse por un lado como un sobrevalor al trabajo, pero por el otro, como la capacidad de consumo futuro e incremento de la demanda de bienes y servicios. 

Hay una necesidad imperante de corregir o modificar el sistema de pensiones chileno de forma estructural. La actual subdivisión de fondos, de mayor a menor riesgo: A, B, C, D, E, en los que se invierten las pensiones parece haber reducido más el capital de los cotizantes que incrementarlo.

De acuerdo a la Fundación CENDA (Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo), al analizar la rentabilidad del valor cuota (unidad de medida que expresa el valor de cada fondo) de las AFP, hubo una rentabilidad positiva que coincidió con la experimentada por los mercados bursátiles desde 1981 hasta 1997. Pero a raíz de la crisis asiática de 1997 experimentaron una fuerte caída que se extendió hasta 2003, cuando recuperaron el nivel de 1997. Y desde entonces, se encuentra estancada.

Según la misma fundación, otro aspecto a considerar son las comisiones y primas que cobran las Administradoras de Fondos de Pensiones, que merman en gran medida los aportes de capital que hacen los afiliados y el fisco, generando pensiones que no alcanzan a cubrir las necesidades de los jubilados.

En la tabla a cont¡nuación se presenta una síntesis del desempeño de los fondos del año 2018 al 2023, mostrando a la rentabilidad real positiva o negativa. Como se observa, los resultados sujetos a las condiciones del mercado son variantes, teniendo inclusive rendimientos negativos en el fondo de menor riesgo (fondo E). Se deben tomar dos consideraciones. Primero, las personas diversifican productos, por lo que el resultado global puede ser negativo. Segundo, el hecho que aparezca un signo positivo no implica elevados rendimientos para el fondo, solo que está por encima del cero.  

Tabla 1. Rentabilidad Real de Fondos de Pensiones

AñoFondo
ABCDE
2023++–––
2022––+++
2021++–––
2020+++++
2019+++++
2018–––++

Fuente: Elaborado con información de la Superintendencia de Pensiones. Representa la Rentabilidad Acumulada en 12 meses: enero a diciembre de cada año.

Estos datos refuerzan el argumento de apoyar la capitalización de las y los trabajadores. Pues no se trata de que tengan más dinero para gastar cuando se jubilen, se trata de poder llevar un retiro digno y sin preocupaciones. Según el Reporte 67 de la Superintendencia de Pensiones, el 57% de las personas retiraron capital de sus fondos de pensiones como vía para salir de los problemas económicos que trajo la pandemia COVID19. En esta misma línea, cerca de 3.8 millones de personas (35% del total) que retiraron capital se quedaron sin ahorros previsionales.

Dado que los retiros totales se concentraron en el grupo etario que va de los 25 a los 55 años, se espera una caída futura de los ingresos por pensiones entre un 24 y 39% a futuro. Si no se toman medidas serias, un grueso de la población que salga del mercado de trabajo en los siguientes 15 años podría encontrarse en condición de vulnerabilidad económica.

No hay que ir muy lejos, actualmente una buena parte de los y las pensionadas en Chile reciben pensiones que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Una solución paliativa es la Pensión Garantizada Universal (PGU) que complementa rentas, sin embargo, esta solución sigue a cargo del Estado y los contribuyentes.

¿Por qué no generar un sistema que realmente contribuya a los chilenos donde 3% + 3% = 6%, y de esta manera romper con la pobreza transgeneracional en el país?

Los límites a la guerra “justa” y la condena necesaria

Fernando Barrientos
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Los límites a la guerra “justa” y la condena necesaria

En su ofensiva contra el grupo terrorista Hamás, que el 7 de octubre de 2023 invadió el sur de Israel matando a más de 1.000 personas y secuestrando a 150, el ejército israelí, bajo el mando del gobierno de Benjamín Netanyahu, no ha tenido contemplación en matar a miles de civiles en la franja de Gaza: hasta el 17 de enero se calculaban en casi 25.000 los muertos y en más de 60.000 los heridos. Escuelas, hospitales, mezquitas y mercados han sido blanco de múltiples bombardeos bajo la justificación de que allí se esconden las células terroristas sin considerar a los inocentes. La ofensiva no solo es militar; Israel ha bloqueado las comunicaciones y la internet y ha interrumpido las vías de suministro de alimentos y medicamentos, además de cortar la electricidad y el agua potable, lo que ha generado una crisis humanitaria en esa región, donde habitan poco más de 2.300.000 personas. Los llamados de la ONU a permitir el acceso a los suministros esenciales han quedado en el vacío.

Si bien la mayoría de los gobiernos latinoamericanos condenaron los ataques de Hamás, una vez que se conocieron las consecuencias de la ofensiva israelí –que conlleva graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario– Brasil la calificó de genocidio, Bolivia rompió relaciones con el país y los gobiernos de Colombia, Chile y Honduras llamaron a consultas a sus embajadores. Pero el resto de los países de América Latina, como Argentina, Paraguay y Perú, han preferido callar, mientras que México justificó que a Israel “lo asistía el derecho a la legítima defensa”.

Ante dicha ofensiva, precedida de declaraciones de políticos israelíes tales como “borrar a Gaza de la faz de la Tierra”, el gobierno de Sudáfrica ha llevado al Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas (TIJ) la causa del pueblo palestino. Pretoria argumenta que Israel viola el Artículo 2 de la Convención sobre Genocidio de 1948. Estados Unidos, Inglaterra y Alemania han rechazado este pedido, mientras el resto de los países de Europa han callado. La mayoría de los gobiernos que apoyan esta petición son del mundo árabe y de África, y de América Latina solo los gobiernos de Brasil, con Luis Ignacio Lula Da Silva, y Colombia, con Gustavo Petro, han decidido apoyar la demanda. 

La teoría de la guerra “justa”

¿Cuándo se puede justificar una guerra? Las guerras son parte central de la historia de la humanidad. Durante siglos se caracterizaron por ser estrategias bélicas que implicaban la movilización de miles de personas y armas para batirse cuerpo a cuerpo. Pero desde el siglo XIX las nuevas tecnologías han llevado la guerra a niveles inhumanos. En la actualidad las nuevas armas pueden prescindir de la necesidad de mirar al enemigo a la cara, lo que en la práctica se reduce a la mera identificación del blanco en una pantalla y oprimir un botón. El extremo son las bombas atómicas, cuyo uso no solo entrañaría derrotar a un enemigo sino la probabilidad de destruir a la humanidad entera. En 1977 Michel Walzer delineó un marco para comprender la guerra en las sociedades contemporáneas. El primero es el ius ad bellum, que son los requisitos que justifican que un Estado recurra a la guerra: causa justa, correcta intención, declaración pública de la guerra por una autoridad legítima, ser el último recurso y la proporcionalidad. El segundo, el ius in bello, trata sobre las injusticias que se pueden presentar una vez que se inicia una guerra, y articula unas condiciones que se deben considerar: evitar civiles e inocentes, la proporcionalidad en el combate, el ataque a blancos legítimos, y la prohibición de armas y métodos que sean inaceptables para la conciencia moral de la humanidad. Y el ius post bellum, es decir, la justicia o injusticia de los acuerdos que llevan al fin de las hostilidades. 

Muchos argumentarían que el caso de Israel contra Hamás escapa a estas convenciones porque la guerra contra el terrorismo es diferente a las guerras entre Estados. Casi siempre a los terroristas, aún teniendo un código político, se los trata como simples criminales y no como soldados de una guerra. Pero nadie pone en duda que las acciones del Estado Israelí cumplen con casi todos los elementos del ius ad bellum para considerarla una guerra “justa”. Si esto es así, ¿no cabría esperar que también se cumplan los requisitos para evitar las injusticias durante la guerra? Hay miles de muertos inocentes, no hay proporcionalidad, la legitimidad de muchos blancos es dudosa y son inaceptables las matanzas y las inhumanas medidas que están afectando a la sociedad civil. 

Comprometerse con la paz

Fijar una postura racional sobre este caso en una época en la cual prima la corrección política ad nauseam ha llevado a situaciones tan absurdas como la cancelación de la entrega del premio Hannah Arendt a la escritora judía Masha Gessen por criticar la defensa a ultranza en Alemania hacia el gobierno israelí y por comparar el asedio en la franja de Gaza con un gueto judío. Muchos diarios influyentes a nivel internacional han preferido ser condescendientes con Israel cuando redactan y reportan la situación, pero las palabras son los lentes con los que vemos el mundo, por lo que transfigurar los hechos solo por no herir susceptibilidades es también negar su gravedad. 

Acostumbrados a ver a los terroristas como criminales, se desvía la atención del origen de sus motivaciones políticas, e incluso se niega esa naturaleza, pero allí está. No existe una respuesta ni solución política posible cuando las partes buscan la destrucción de una sobre la otra. Empero, como señaló Arendt en 1950 al referirse al conflicto judío-palestino, “ningún código moral puede justificar la persecución de un pueblo en el intento de reparar la persecución de otro”. 

Salvo excepciones, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos prefieren callar ante las atrocidades que se puedan cometer en otras latitudes, como las guerras que se desarrollan en Ucrania, en el medio oriente y en África, sea porque se escudan en la lógica decimonónica de la “autodeterminación de los pueblos” o por el temor a ser evaluados con la misma vara y terminar en los tribunales internacionales. Establecer una postura clara frente a los conflictos debería ser una muestra de su compromiso con la paz en el mundo. Por ello, condenar las matanzas de inocentes palestinos por parte del ejército israelí no significa convalidar los ataques terroristas de Hamás en contra de la sociedad israelí, pero no hacerlo tratando de parecer neutral es una manera de aprobar ambas atrocidades, y varios gobiernos de América Latina están adoptando esta lamentable posición.

Uma campanha eleitoral atípica em El Salvador

Maria Isabel Santos Lima
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Anúncios televisivos e em redes sociais de candidatos chorando ou dando indiretas a seus oponentes, placas publicitárias iluminadas a ponto de cegar os motoristas, postes de iluminação elétrica forrados com cartazes das bandeiras partidárias e rostos de candidatos, eram algumas das estratégias que costumavam utilizar para fazer campanha eleitoral em El Salvador até 2019. Mas, naquele ano, a estrutura ideológica do país mudou com a vitória de Nayib Bukele com mais de 50% dos votos, causando a ruptura do bipartidarismo tradicional, Dois anos depois, em 2021, o partido político promovido por Bukele, Nuevas Ideas (N), conseguiu conquistar a Assembleia Legislativa, obtendo a maioria dos assentos e tornando-se o partido oficial.

Em 2024, as eleições presidenciais (a cada cinco anos) e legislativas (a cada três anos) se juntam. As coisas mudaram e, às vésperas das eleições, vive-se um “silêncio eleitoral”. No rádio e na televisão, há um ou outro anúncio descrevendo o processo de votação, além de placas gigantes nas estradas com os rostos de candidatos a deputado do N e pouquíssimos da oposição pedindo o voto presidencial.

Esses últimos baseiam sua falta de presença na mídia no fato de não terem recebido dívida política por parte do Governo, um apoio econômico que é relativo à quantidade de votos recebidos na eleição anterior. Apesar dessa falta de “bombardeio” de campanha, segundo o último censo do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE), espera-se uma participação de mais de seis milhões de salvadorenhos, a maior em comparação ao Padrão Eleitoral de outros anos. 

Uma campanha de marketing político

Enquanto isso, El Salvador parece ser a terra onde corre leite e mel, e pode-se dizer que houve uma campanha sutil do partido governista com seus diferentes atores políticos. Para ser mais preciso, três meses antes das eleições, ocorreram inúmeros eventos que, embora não estejam escritos em pedra, podem ser relacionados a fins eleitorais, como a inauguração de uma tecnológica e renovada Biblioteca Nacional com fundos procedentes da China; o evento de Miss Universo, que foi criticado pelas candidatas que posaram com bonés “Bukele 2024”, apesar da lei proibir isso, e a cereja do bolo foi a visita de pré-temporada do time Inter Miami, com figuras como Leonel Messi e Luis Suárez, na qual foi realizada uma partida entre uma equipe híbrida de lendas do futebol vendendo nostalgia futebolística contra uma seleção nacional que está em um nível muito abaixo do time convidado.

Apesar de não ser o presidente de plantão após a designação de sua secretária particular, Claudia Rodríguez, para a presidência para gozar de uma licença e se dedicar à sua campanha eleitoral, Bukele se reuniu, com um protocolo muito presidencial, com a equipe convidada no hotel onde os jogadores se hospedaram. Por fim, para fortalecer esse desligamento com o passado, o atual governo de El Salvador decidiu destruir, em 3 de janeiro, o “Monumento à Reconciliação”, inaugurado anos atrás pelo governo de FMLN em homenagem à assinatura dos Acordos de Paz.

Com uma oposição frágil, bem como a segurança cidadã através da continuidade de um regime de exceção como bandeira, parece que Bukele tem a vitória assegurada, igual aos candidatos a deputados de seu partido, amparados pela popularidade de seu líder. Apesar de partidos como Fuerza Solidaria (FS), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Nuestro Tiempo (NT), Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), Partido de Concertación Nacional (PCN), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) e VAMOS apareçam nas cédulas de votação, uma crise partidária em El Salvador é inevitável e parece que as cartas já foram jogadas.

Reformas inconstitucionais

Não obstante, houve muitos acontecimentos de 2019 até agora. As reformas promovidas pela casa presidencial e endossadas com maioria no hemiciclo salvadorenho foram as peças-chave para garantir a nova vitória, apesar da Câmara Constitucional estabelecer que a Constituição de El Salvador proíbe uma reeleição imediata.

Assim, em seu primeiro dia de trabalho em 2021, os deputados do N e seus aliados removeram os antigos magistrados da Câmara Constitucional e impuseram cinco advogados. Meses depois, essa nova equipe de trabalho emitiu uma resolução a favor da reeleição imediata, apesar dos seis artigos da Constituição que a proíbem. Bukele anunciou então, na comemoração do Dia da Independência em 2022, sua candidatura presidencial com Félix Ulloa como vice-presidente para as eleições de 2024. Quase um ano depois, a candidatura foi oficializada na conta do Twitter de seu partido.

Além das diferenças entre as campanhas eleitorais, essas eleições também incluem outras mudanças que podem promover a desigualdade entre os concorrentes, gerando um impacto no regime eleitoral. Por exemplo, a redução de deputados na Assembleia Legislativa, a redução dos municípios e o voto no exterior e on-line, que ocorre de 6 de janeiro a 4 de fevereiro e na qual qualquer salvadorenho que cumpra os requisitos, como ter um documento de identificação válido ou vencido, pode votar. Em El Salvador, há três tipos de modalidades de votação: voto por bandeira, preferencial e cruzado.

Tudo está pronto para 4 de fevereiro e, com uma propaganda cercada de palavras como “processo democrático”, para alguns isso ainda está em questão. Nessa conjuntura eleitoral, um vencedor poderia ser anunciado diretamente, mas os resultados podem nos surpreender. Assim, uma semana antes das eleições, El Salvador está “calmo”, não só pelas poucas propagandas eleitorais e uma campanha escassa, mas também por causa de uma falsa, para alguns, e verdadeira, para outros, segurança proporcionada pelo regime de exceção.

“Não regressemos ao passado, que o caminho seja irreversível…”. Assim dita Bukele em seu único vídeo de campanha eleitoral nas redes sociais.

La furia bolivariana da un zarpazo a los Acuerdos de Barbados

Antulio Rosales
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La furia bolivariana da un zarpazo a los Acuerdos de Barbados

El pasado 23 de enero se celebraba otro aniversario de la gesta cívico-militar que derrocó la dictadura de Marco Pérez Jiménez en Venezuela. En este aniversario de la democracia venezolana –hoy en estado zombie—, las fachadas de Organizaciones no-Gubernamentales, sedes locales del partido Vente Venezuela y casas de dirigentes políticos opositores amanecieron vandalizadas con pintas rojas amenazantes y la firma “Furia Bolivariana”.

En pocos días, el gobierno de Nicolás Maduro detuvo de manera irregular a dos dirigentes locales de Vente Venezuela e hizo pública una lista de militares degradados y expulsados por traición y conspiración. También anunció la orden de captura de 11 civiles entre periodistas, representantes de ONGs y líderes políticos. Todos acusados de presuntas conspiraciones e intento de magnicidio. Una historia conocida.

La semana terminó con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de rechazar la impugnación de la inhabilitación administrativa que pesa sobre María Corina Machado, la principal líder de oposición y candidata presidencial de la Plataforma Unitaria de Venezuela. La inhabilitación de otro líder opositor, en ocasiones denominado como un “moderado”, Henrique Capriles Radonski, también fue confirmada. La inhabilitación fue levantada para otros líderes de menor alcance nacional. 

Este proceso de impugnaciones se enmarcaba en el más amplio marco de los Acuerdos de Barbados firmados entre el gobierno y la oposición en octubre pasado, así como otros acuerdos silenciosos entre el gobierno de Maduro y la diplomacia estadounidense que ha facilitado la flexibilización de las sanciones sectoriales que pesan sobre Venezuela. A cambio, el gobierno ha liberado una decena de presos políticos y Estados Unidos indultó al connotado empresario convertido en diplomático, Alex Saab, quien fuera una pieza clave en el negocio de compra-venta de alimentos de baja calidad, adquiridos a sobreprecio y que sostuvo la principal política social que mantenía el gobierno venezolano durante la cruda crisis económica de la última década.

Con la decisión del TSJ, se decantan los conflictos internos del chavismo que recientemente dirimían distintas posiciones: por un lado, quienes avanzaban la tímida liberalización política -que buscaba acoplarse con la apertura económica focalizada que lleva varios años- y, por otro, los que buscaban reafirmar  la  la vocación autoritaria del régimen, que se resiste a la posibilidad de una alternancia política negociada. La furia bolivariana impulsó la balanza y dió un golpe de muerte a los Acuerdos de Barbados.

El gobierno de Maduro se rehúsa a participar en elecciones competitivas y medianamente justas, de lo contrario, permitiera a los partidos que le oponen designar a su candidata, electa en primarias abiertas. Sin embargo, además de rehusarse a competir bajo reglas más o menos justas, también pone en riesgo un acuerdo con el que buscaba su legitimación internacional y acceso a recursos que necesita. El grupo de poder asume que la administración de Joe Biden está en demasiados aprietos, tanto internacionales como domésticos, para endurecer unas sanciones económicas que -argumentan- han incentivado la migración venezolana irregular hacia Estados Unidos. La seguridad en la frontera sur estadounidense es uno de los puntos más débiles de la campaña a la reelección de Biden, que encuentra resistencia no solo en la base republicana anti-migrante, sino también entre independientes y demócratas moderados.

Apenas se conoció la decisión del TSJ, el gobierno de Estados Unidos mostró su rechazo y anunció que revisará la política de relajación de sanciones. Incluso si Estados Unidos impusiera una vez más las sanciones más severas, está claro que los factores más reacios a la flexibilización política interna se han impuesto: es un costo que están dispuestos a pagar. Mantener el poder en condiciones económicas extremas y a costa de la miseria de la población es una estrategia ya usada. No es una circunstancia que le tocó vivir, hoy es una elección del régimen.

Más allá de lo que decida el gobierno de Biden, lo que importa es qué hará la oposición venezolana. Por años, el gobierno de Maduro ha logrado atizar las divisiones internas de la oposición con represión focalizada, el hostigamiento de grupos contrapuestos y el financiamiento de tránsfugas en los partidos políticos. El gobierno ofrece prebendas a quienes con obediencia estén dispuestos a participar en elecciones donde nada está en juego. Además, la elite de poder se beneficia del hartazgo social, la pasividad del sector productivo y la inercia autoritaria de la “armonía desilusionada” que genera la pax bodegónica: la estabilidad posterior a escasas concesiones materiales con férreo control político.

La oposición tiene el reto de liderar una campaña por elecciones libres que mantenga en juego el tablero de la negociación, pero que pueda articular la protesta ciudadana y la coordinación social de base y entre partidos políticos. No es un reto menor e interpela al liderazgo que emergió del proceso de primarias para generar consensos internos sólidos y una estrategia efectiva que incluye, pero trasciende a la candidatura presidencial. Este tipo de consensos y articulaciones de grupos diversos lograron en enero de 1958 derrocar al dictador Marcos Pérez Jiménez y  en la actualidad recobran especial vigencia.

Las democracias resilientes de América Latina

Esteban Caballero
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Las democracias resilientes de América Latina

Siempre hay al menos dos maneras de ver las cosas. Podemos hablar de la democracia latinoamericana amenazada o de su contrafaz, la democracia “resiliente”. Aunque todos los índices de democracia nos pintan un escenario de deterioros múltiples, tenemos también razones para resistirnos al ubicuo pesimismo que parece estar instalándose por doquier.  Es que, a pesar de todos los embates, las democracias (imperfectas) latinoamericanas resisten.

Como botón de muestra vale la agónica toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo de Guatemala. Después de meses de intentos de sabotear la asunción del presidente electo, los legisladores cómplices de los poderes corruptos dieron su última batalla al cuestionar las credenciales de los nuevos miembros del poder legislativo, queriendo así retrasar la elección de la nueva junta directiva, con el fin de evitar que hubiera legisladores para tomarle el juramento.

Ahora comienza en Guatemala una nueva etapa de la lucha por salvar la institucionalidad, depurar la justicia, detener la impunidad, hacer cumplir la soberanía popular y legislar en función de los intereses generales. Son esfuerzos que se repiten en toda la región. Algunas veces contra las fuerzas de la corrupción, otras veces contra los golpistas.  En 2023, vimos cómo las huestes bolsonaristas atacaron los poderes del Estado. Hoy hay 1.400 imputados y más de 30 golpistas condenados por la Corte Suprema de Justicia. Una comisión de investigación del legislativo concluyó que Bolsonaro fue el instigador de la insurrección.

Los sucesos en torno a la reforma constitucional en Chile pueden ser vistos como un despliegue de incapacidad política, sin duda, pero también es cierto que el país atravesó dos procesos muy tumultuosos sin que se violaran las reglas del juego. El primer ensayo constituyente maximalista y sin ninguna dosis de realismo político fue rechazado y, el segundo ensayo, secuestrado por la derecha fundamentalista, también. El país se quedó con la “Constitución de Pinochet” y sus múltiples enmiendas hasta nuevo aviso. Se puede decir que la sociedad política chilena acordó que no había acuerdo, pero lo hizo dentro de las reglas y sin violencia. En ese sentido, no se puede dejar de interpretar el proceso como una señal de madurez.

Algo similar ocurrió en Ecuador. La crisis política que afectó al gobierno de Guillermo Lasso también encontró su salida institucional. Se implementó la llamada “muerte cruzada”, que consiste en que el Ejecutivo disuelve el congreso y convoca a elecciones generales dentro del plazo de seis meses, tal como estipula la Constitución del 2008. Así se hizo, Lasso no buscó la reelección y al finalizar el proceso se formó un nuevo congreso y fue electo presidente Daniel Noboa. En este caso también, Ecuador sufrió un período turbulento pero se zanjó la disyuntiva dentro de las reglas de juego.

En la actualidad, Daniel Noboa está lidiando con la mayor crisis que el Ecuador ha enfrentado en décadas, y, de vuelta, los mecanismos previstos comienzan a operar en el Estado de Emergencia. No es lo ideal y se está muy lejos de hecho, pero el Estado no se ha derrumbado. Ya antes, Bolivia, también había pasado por una grave crisis político-electoral y logró recuperar la institucionalidad, con un trabajo impecable de parte de la justicia electoral que facilitó la conformación del gobierno legítimo del presidente Luis Arce.

El ciclo electoral de 2023-2024

También el ciclo electoral latinoamericano ha seguido su curso. En 2023, las elecciones en Costa Rica, Honduras y Paraguay se realizaron sin mayores dificultades y en Argentina, a pesar de la profunda crisis económica y la polarización política, los ciudadanos pasaron por las llamadas PASO, la primera ronda y el ballotage, todo en absoluto orden. También es importante rescatar la capacidad de respuesta de la sociedad y la oposición frente al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la ley “ómnibus” que ha implementado y propuesto el presidente Milei. Ambas conteniendo la reversión de derechos y la concentración del poder en el Ejecutivo.

Y en Colombia, las elecciones departamentales y municipales se realizaron también de forma correcta, dejando un mensaje crítico al gobierno de Gustavo Petro.

La democracia y sus instituciones se mantienen, pero no sólo como realidad, sino también como volición. En el caso de Venezuela, se ha abierto una rendija para una transición a la democracia. Las elecciones internas de la oposición le dieron un apoyo significativo a la candidata Marina Corina Machado, aplacando así la siempre presente división interna de los grupos y liderazgos no chavistas de Venezuela.

Por otro lado, el gobierno de Maduro parece estar dando un paso adelante y dos atrás en lo que se refiere al compromiso con llevar adelante elecciones libres, directas y justas en 2024. Ahí hay una semilla de esperanza y una voluntad de cambio que bulle.

Centroamérica, el principal desafío para la democracia

Donde la volición democrática parece no encontrar terreno fértil es en Nicaragua. El pequeño país cae vertiginosamente en una espiral dictatorial casi psicótica. De hecho, podríamos decir que donde la resiliencia democrática encuentra sus más profundos desafíos es en América Central. Entre esos desafíos el más complejo de todos es el proceso en El Salvador. Este puede ser el antecedente más peligroso, por la popularidad de la drástica acción y sin el debido proceso en contra de las pandillas, introducido por el presidente Bukele, pero que arrastra con los derechos de decenas de miles de jóvenes provenientes de las clases bajas. Este líder posmoderno va directo a la reelección según todas las encuestas.  

Por último, tenemos países con democracias estables como Panamá y Uruguay que van a elecciones en mayo y octubre de este año, respectivamente. Panamá tiene la peculiaridad de ser un país en el que el tema ambiental ha crecido lo suficiente como para influir en las elecciones. Pero gran parte de la atención estará puesta en la segunda economía de la región y más populosa nación de habla hispana, México.

El personalísimo Andrés Manuel López Obrador apuesta, en unas elecciones competitivas, por la continuidad de MORENA con Claudia Sheinbaum, frente a la candidata de una coalición aparentemente no tan compacta del PAN, PRD y el PRI, Xochitl Gálvez. Mucho se ha criticado la disminución del presupuesto y funciones de la Comisión Federal Electoral, pero aún se mantiene el elemento competitivo y la alternancia es una posibilidad.

Finalmente Cuba sigue en su derrotero cada vez más aislada y empobrecida, en parte a causa del bloqueo, pero también por cerrar las puertas de la transición hacia un régimen de respeto a las libertades públicas, el pluralismo y la democracia.

América Latina es la región donde la fortaleza de la democracia se ha visto más golpeada de acuerdo con el índice de democracia de “Economist Intelligence Unit”, pero sigue siendo más democrática que África, Medio Oriente y Asia. El paradigma democrático se instaló aquí con mayor aplomo que en otras regiones durante la llamada tercera ola, pero actualmente está sufriendo los embates de la corrupción, el narcotráfico, la ultraderecha y las izquierdas autoritarias, la desigualdad y discriminación, así como la falta de un crecimiento económico con equidad.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha demostrado que con perseverancia, transparencia, claridad de propósito y con el acompañamiento del pueblo sí se puede salir adelante. Ese es el camino.

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