RT: desinformación sin fronteras

Recientemente aparecieron en varias zonas de México –especialmente en la capital– promocionales con un logo verde y las siglas “RT”, acompañadas de un mensaje: “La información no tiene fronteras”. Sorprende la veloz expansión del anuncio en formatos que van desde vallas en avenidas, estaciones de metrobús, transmisiones de video en pantallas en sitios públicos y plazas comerciales, hasta las conexiones al wifi en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aunque en Latinoamérica los medios rusos pueden ser vistos en TV por cable –o en países como Argentina, en la televisión pública– una campaña de publicidad similar resulta llamativa en el contexto regional. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué aquí y ahora?

¿Para qué desinformar?

La desinformación es una actividad intencional y planificada por actores que persiguen deliberadamente objetivos estratégicos de índole política, militar o económica. Como ha explicado Tomas Rid (Desinformación y guerra política: historia de un siglo de desinformaciones y engaño) la desinformación, concebida como agenda de Estado, comenzó hace un siglo en Rusia –la palabra tiene expresión en lenguaje ruso, дезинформация, dezinformatsiya–. Para la década de los setenta del siglo pasado, la poderosa KGB –órgano y aparato de inteligencia de la entonces URSS– la convirtió en una ciencia operativa, con grandes burocracias, presupuestos generosos y alcances globales. La revolución digital, con la expansión del acceso a nuevas tecnologías e internet, ha tornado a la desinformación más viral, rápida y barata.

Las campañas de desinformación atacan el orden epistémico y político liberal, basado en la discusión plural de ideas y la construcción deliberativa de consensos. La confusión, agravio y polarización inducidos por la desinformación erosionan dicho orden. Entre otros, los trabajos de Johanna Cilano y María Isabel Puerta, y los de Iria Puyosa y Marivi Marin revelan que los regímenes autoritarios intensifican sus esfuerzos para manipular el ecosistema informativo internacional, procurando difundir ideas iliberales, socavar las instituciones democráticas internacionales y domésticas, promover sus intereses y apoyar a sus aliados locales. Véase, en el caso de RT en español, la presencia en la programación de espacios de “análisis” como el conducido por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, impulsor del proyecto bolivariano, afín al “multipolarismo” promocionado por Moscú. También la constante descalificación de la resistencia ucraniana a la invasión rusa o el apoyo interesado al actual movimiento de protesta contra la minería en Panamá –movimiento, por cierto, que no podría desarrollarse bajo las actuales condiciones de cierre del espacio cívico en Rusia.

Es clave entender ciertas diferencias esenciales entre modelos de comunicación y su nexo con los respectivos órdenes políticos. No son iguales los medios públicos de democracias –como la BBC o la DW– que los canales estatales de autocracias. Los primeros operan sometidos a las regulaciones del Estado de derecho, al escrutinio ciudadano, a la competencia gremial y a las influencias políticas de pluralidad de opiniones. Los segundos obedecen a una misión propagandística más que informativa, que acomoda la diversidad y contradicciones intrínsecas de cualquier realidad a los mandatos y visiones de un poder en el que gobierno, Estado y régimen se concentran en pocas manos y, a menudo, en una sola persona.

Asimismo, es crucial entender la diferencia entre la factura y difusión de información bajo estándares de sociedades democráticas y la naturaleza y efecto de la propaganda autocrática. Esta diferencia estriba en sus niveles divergentes de apego a la verdad, en la posibilidad de debatir ideas y en la pluralidad y apertura al diálogo del discurso promovido. Entre ambas contrastan sus fundamentos epistémicos, deontológicos, políticos y mediáticos. Las sociedades abiertas, acostumbradas a la transparencia democrática, suelen cobijar la accesibilidad informativa y la criticidad respecto a los problemas propios, pero también desconocen las realidades y amenazas ajenas del proceder autoritario. De ahí que sean pasto fácil de la desinformación.  

El entorno mexicano

El gobierno de Vladimir Putin ha impulsado las aspiraciones globales del Kremlin para ejercer una influencia activa y diversificada sobre el llamado “sur global”. Los medios de comunicación han sido claves para la difusión de ideas y valores iliberales, procurando influir en gobiernos y sociedades desde una mirada que denuncia el legado democrático liberal –sociedades abiertas, diversidad sexual, autonomía ciudadana, pluralismo político– como mera imposición colonialista de un Occidente imperial. El discurso se proyecta con particular insistencia sobre países de África, Asia, Europa del Este y Latinoamérica.

Como hemos analizado junto a Vladimir Rouvinski  (”Russia’s many wars and their effects on Latin America”) y Claudia González (El poder de Rusia en Latinoamérica) los medios de comunicación Russia Today (RT) y Sputnik son los elementos más visibles, pero no los únicos, de la guerra de información que se extiende en el ámbito televisivo, las redes sociales, el sector educativo y las diásporas rusas en el extranjero. En América Latina muchas personas consideran ahora a esos medios fuentes alternativas legítimas de información, y personas influyentes vinculadas a Rusia cuentan con millones de seguidores de habla hispana en redes sociales.

En México reside la población hispanohablante más numerosa del mundo, gran parte de la cual –en particular aquella que vive en zonas fronterizas o directamente emigrada– interactúa de modo estrecho con la sociedad de Estados Unidos. De hecho, la colindancia mexicana con el territorio del enemigo declarado del Kremlin la ha convertido desde la Guerra Fría en plaza privilegiada para la presencia de agentes y funcionarios del Estado ruso: la cantidad de personal de la embajada en Ciudad de México excede el de las legaciones de otras naciones europeas que mantienen un comercio mucho mayor con la nación azteca. En paralelo, las actividades de fomento de las relaciones políticas y la influencia cultural –desarrolladas, entre otras dependencias, por la llamada Casa rusa en la capital mexicana– son una tarea distintiva que abona el terreno para la propaganda de RT. A todo ello debe sumarse una serie de afinidades parciales entre las ideologías y mentalidades de las élites y grupos sociales que respaldan a los gobiernos de ambos países, como son antiamericanismo, iliberalismo, liderazgo mesiánico, nacionalismo y estatismo.

Pese a ello, hay claras diferencias estructurales que separan a un gobierno populista como lo es el mexicano, que opera dentro de los límites de un régimen formalmente democrático, de una autocracia como la rusa, en la que los frenos al poder descansan en la voluntad y las capacidades del líder. En Rusia domina un Estado de ideología reacionaria –disfrazada de “tradición nacional”– que criminaliza la comunidad, la agenda y el activismo LGBT, ilegaliza formas de activismo social independiente –desde los DDHH a la memoria histórica– y recurre a aparatos de poder policial, religioso y mafioso como formas de control social. Desde otras coordenadas, en la sociedad y política mexicanas –tanto en el oficialismo como en la oposición– el imaginario liberal mantiene una legitimidad incomparable, tanto en sus formas clásicas ligadas a las metas e instituciones de la transción democrática como en nuevos movimientos e identidades, confrontados con la cultura y costumbres políticas conservadoras del viejo régimen.

Retos para una opinión pública democrática

A nivel global, al menos hasta la invasión a Ucrania, la respuesta a la desinformación promovida por el Kremlin ha sido tardía, débil y descoordinada. Se ha basado mayormente en medidas reactivas y defensivas, como la eliminación de acceso a los canales rusos, los programas de alfabetización comunicacional y la difusión de información verificada en redes sociales. Expertos como T. Kent (Striking Back. Overt and covert options to combat russian disinformation) han reclamado un mayor apoyo para los activistas y periodistas de Rusia y otras naciones que tanto dentro de los mass media tradicionales como en el ciberespacio contrarrestan la desinformación de RT, Sputnik y medios similares. En ese trabajo son clave las organizaciones civiles que promueven la transparencia y la veracidad informativa, así como el rol de expertos en comunicación social, seguridad informatica y educación cívica, enfrentados directamente a los trolls y propagandistas.

Las democracias del siglo XXI no pueden ignorar las lecciones de las campañas de desinformación de la Guerra fría, reformuladas por sus enemigos autocráticos en la actual era digital. El compromiso de la democracia supone anteponer la objetividad forjada en el análisis y debate plural de evidencias al influjo de las medidas activas. Eso, entre otras cosas, abona a la vitalidad de las condiciones socioculturales y libertades públicas que sostienen sociedades abiertas.

Semejante actitud de defensa de la verdad no puede confundirse con la rusofobia, heredera del anticomunismo vulgar de la Guerra Fría que confunde régimen con sociedad y propaganda oficial con cultura nacional. A pesar de los retrocesos de los últimos años, Rusia es –como el mundo que la rodea– socialmente más diversa, políticamente más plural y culturalmente menos reaccionaria que lo que dicen los dueños de RT. ~

*Texto publicado originalmente en Letras Libres

Nombres propios para entender América Latina en 2023

El balance de un año de una región tan compleja y heterogénea como América Latina es un ejercicio que requiere un equilibrio entre los asuntos relevantes seleccionados y los países objeto de atención. En su mayoría aquellos tienen un carácter transversal, pero a veces el perfil es singular. En esta tarea elucido la situación al cerrar el año a través de una serie de nombres propios enunciados de manera sucinta arriesgando dejar en el tintero otros no menos importantes. Un ejercicio útil para avizorar también los temas y escenarios de 2024.

Nayib Bukele ha conducido a El Salvador a la violación de su constitución al postularse a la reelección, uno de los males históricos de la política latinoamericana, siguiendo los pasos que emprendió hace tres lustros su vecino Daniel Ortega. Amparado en una maquinaria de propaganda sin precedentes, su ejemplo traspasa fronteras bajo el señuelo de haber contribuido, aparentemente, a controlar una de las lacras de la región como es la violencia en la que Colombia, México y Paraguay se sitúan entre los cinco peor clasificados del índice Global del Crimen Organizado 2023 que analiza todos los países del mundo.

Las élites económicas de Guatemala mantienen un control del país apoyadas en un sistema de partidos muy débil y desinstitucionalizado, unas bajas tasas de participación popular, y una clase política muy corrupta. Las elecciones celebradas en 2023 dieron el triunfo a Bernardo Arévalo, alguien ajeno a ese escenario. Sin embargo, los sectores más recalcitrantes de la judicatura y del ministerio fiscal están haciendo todo lo posible para que no tome posesión a pesar del apoyo social que tiene, incluido el mundo indígena mayoritario en el país, y de la comunidad internacional.

Durante casi ochenta años la pugna entre peronismo y antiperonismo ha definido la política argentina, pero la llegada de Javier Milei a la presidencia ha supuesto un cambio rotundo de consecuencias imprevisibles. Además, empata con los tiempos actuales de políticos singulares que no cuentan con maquinaria partidista, desafían teóricamente al statu quo, canalizan la frustración social y muestran posiciones radicales en temas identitarios

Claudia Sheinbaum no es la candidata tapada de MORENA, el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque solo sea una diferencia espuria con respecto a las prácticas clásicas del PRI, el partido hegemónico que gobernó México durante siete décadas hoy prácticamente desaparecido. Su nominación fue producto de un proceso de consulta interna a los militantes mediante encuestas previo visto bueno del líder que deposita en ella sus expectativas de continuidad de la 4T, el término dado a su visionario proyecto.

Junto con Uruguay y Costa Rica, Chile encabeza las distintas clasificaciones que miden el rendimiento de la democracia en América Latina. Sin embargo, tras cuatro años en el empeño ha sido incapaz de sacar adelante una deseada reforma constitucional a pesar del ingente trabajo llevado a cabo. Ello evidencia las dificultades hoy de establecer consensos mínimos en situaciones de aguda polarización ideológica y afectiva.

Las elecciones locales colombianas de 2019 anticiparon el giro que llevó a la presidencia en 2022 por primera vez al candidato de la izquierda que asumió el poder en un contexto de enormes expectativas. La apuesta de Gustavo Petro por la paz total propició un gabinete ministerial plural que, sin embargo, desmanteló a los pocos meses. En octubre, las elecciones municipales supusieron una derrota del gobierno reproduciendo en sentido inverso lo acontecido cuatro años antes. Medellín, donde en 2019 había triunfado un candidato próximo a Petro, atestiguó el regreso de su antagonista, Federico Gutiérrez, que obtuvo el 73,6% del voto.

Desde comienzos de siglo China ha logrado convertirse en el primer socio comercial e inversor de América latina. Presente en prácticamente todos los países, solamente Paraguay reconoce a Taiwan, cuenta con un poder blando cuya expresión es difícil de medir. Chancay, en el litoral peruano a 60 km de Lima, es la gran obra portuaria que simboliza dicha presencia a la vez que representa la apertura del continente hacia el océano Pacífico. Brasil también será usuario del puerto acortándose en dos semanas el tiempo medio del transporte de los fletes.

El Amazonas es el epítome de los argumentos variopintos vinculados con la agenda de la COP28 en cuya cumbre los gobiernos latinoamericanos estuvieron presentes. La limitación de los combustibles fósiles contrasta con la ambigua posición brasileña que plantea incorporarse a la OPEP como país observador o la del gobierno colombiano recalcitrante en asuntos vinculados con la minería y la extracción de gas y petróleo. Pero también Minera Panamá ha convulsionado la vida de un país cuya economía pasa una mala racha debido al descenso por la sequía del número diario de buques que atraviesan el canal. La explotación del cobre a cielo abierto desde 1997 supone el 5% del PIB anual del país y cataliza ahora la conciencia ecológica popular movilizada como pocas veces antes.

La Bestia es el sumario de la emigración que asola a buena parte de la región, como lo es el tapón del Darién. Un tren reflejo del sistema ferroviario mexicano en el que en sus vagones de carga se subieron alrededor de medio millón de migrantes en su última etapa de la larga ruta hacia el norte. Venezolanos, principalmente, pero también haitianos y ecuatorianos, así como de otros continentes, se hacinan en busca del “sueño americano” generando incluso tareas cooperativas a través de las redes sociales que aminoran el papel desempeñado hasta ahora por los traficantes denominados coyotes.El Esequibo es muy probablemente tierra venezolana, pero ningún tribunal internacional se ha pronunciado al respecto. Provocar la adhesión inquebrantable de la población mediante un plebiscito que la avale desde una atalaya autocrática y sin ningún tipo de garantías procedimentales es un grito vano en el vacío, irresponsable y siniestro. Supone la adhesión a un nacionalismo huero y manipulador que oculta el propósito de distraer la atención para mantenerse en el poder el gobierno autoritario de Nicolás Maduro aun a costa además de amagar un conflicto bélico.

Milei y la gobernanza de la migración: Tres escenarios para Argentina y Sudamérica

Javier Milei, autodenominado libertario anarcocapitalista, se convirtió en el nuevo Presidente de Argentina el 10 de diciembre. Aunque la migración no fue un tema central durante la campaña electoral, su victoria ha suscitado inquietud sobre el futuro de la gobernanza de la migración en Argentina y Sudamérica. 

Durante los últimos 20 años, Argentina ha desempeñado un papel destacado en la política regional de migración, y su ley de migración de 2004 ha ejercido una influencia significativa en otras leyes de Sudamérica y América Latina y en general. Además, Argentina propuso en 2002 la adopción de los Acuerdos de Residencia del MERCOSUR, que han establecido un marco para la libre movilidad, permitiendo a los nacionales sudamericanos entrar, residir y trabajar en otros países de la región. Los Acuerdos han sido ratificados por ocho países de la región, además de Argentina: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Basándonos en el programa electoral de Milei y en declaraciones de destacados miembros del partido, anticipamos tres posibles tendencias para su agenda de gobierno en los próximos cuatro años.

Selectividad migratoria

Siguiendo sus ideas libertarias, el principal principio de Milei se centra en minimizar el papel del Estado. Cree que la apertura de fronteras y la inmigración pueden beneficiar a la economía si siguen las reglas del libre mercado. En su opinión, el Estado del bienestar es un imán que atrae a migrantes «indeseables» e «innecesarios». Por lo tanto, eliminar el estado del bienestar y los servicios públicos daría lugar a una autoselección de los emigrantes, atrayendo sólo a los que «vienen a Argentina a trabajar». Su programa también propone atraer a especialistas cuyos conocimientos sean esenciales para la economía argentina, de forma similar a los esfuerzos de otros países por atraer a los «mejores y más brillantes».

El enfoque que se propone tiene dos incoherencias importantes que deben abordarse. En primer lugar, es importante aclarar cómo planea el Gobierno atraer a trabajadores altamente cualificados, especialmente dada la actual situación económica de Argentina. La crisis ha provocado una reducción significativa de los salarios de los profesionales y está causando la emigración de miles de argentinos. Las estimaciones indican que, entre septiembre de 2020 y abril de 2022, emigraron más de 300.000 argentinos, en su gran mayoría jóvenes profesionales. Brasil y Chile son dos de los tres principales países de destino de estos emigrantes. 

En segundo lugar, cabe destacar que en Argentina el porcentaje de inmigrantes con empleo es superior al de ciudadanos nativos. En otras palabras, los emigrantes ya vienen a Argentina a trabajar. Sin embargo, debido a los malos resultados económicos del país en las dos últimas décadas, la tasa de inmigración se ha mantenido estancada. Si bien Argentina sigue siendo uno de los principales países receptores en el contexto sudamericano en términos relativos, según datos de la ONU, en 2005, los migrantes sólo representaban el 4,29% de la población, y en 2020, este porcentaje sólo había aumentado al 5%. 

Entre 1870 y 1930, Argentina fue el segundo destino más popular de la migración en todo el mundo, justo después de Estados Unidos. Sin embargo, las cosas han cambiado drásticamente desde entonces. Actualmente, Argentina ocupa el octavo lugar a nivel mundial en cuanto a acogida de venezolanos, a pesar de que el desplazamiento de Venezuela de unos ocho millones de personas desde 2015 representa el mayor de la historia de Sudamérica. Como ha argumentado el sociólogo Hein de Haas, la única forma de reducir la inmigración es destrozar la economía. Argentina representa una confirmación paradigmática de ello.

La securitización de la migración 

En línea con parte del discurso político en Europa y en EE.UU. e influenciado por los aliados políticos del PRO/Juntos por el Cambio (centro-derecha), algunas propuestas apuntan a acelerar la expulsión de aquellos no nacionales que cometan delitos. Esto plantea dos cuestiones. En primer lugar, ya existen numerosas disposiciones en materia de expulsión. Al igual que en Europa, estas disposiciones deben ajustarse a los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es especialmente pertinente en este caso. En segundo lugar, los datos disponibles no indican que Argentina se enfrente a un reto urgente en este ámbito. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que tiene más de 16 millones de habitantes y es la más grande del país, la población nacida en el extranjero encarcelada se ha mantenido estable en torno al 5% del total durante los últimos 20 años.

Nacionalización/deglobalización 

Milei ha propuesto la retirada de Argentina de organizaciones y foros internacionales como los BRICS, y probablemente impedirá que Argentina se reincorpore a UNASUR. También ha prometido desmantelar el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Se trata de la principal organización regional de Sudamérica, en funcionamiento desde 1991. Todos los países de la región son miembros de pleno derecho o asociados.

Si esta propuesta llegara a materializarse, Argentina se enfrentaría a dos retos importantes. En primer lugar, el MERCOSUR ha sido un aspecto crucial de la política exterior argentina durante más de tres décadas, proporcionando estabilidad a la región y una plataforma para que Argentina exprese sus ideas, intereses y demandas a nivel internacional y regional. Abandonar la organización debilitaría, por tanto, la capacidad de Argentina para abordar los retos regionales y globales compartidos, aislando al país del resto de la región y del mundo. En segundo lugar, podría afectar al funcionamiento de los acuerdos de residencia del MERCOSUR mencionados anteriormente. Cabe señalar que casi el 90% de los inmigrantes en Argentina proceden de Sudamérica. A la inversa, 6 de los 10 principales destinos de los argentinos se encuentran en Sudamérica. La ruptura del actual régimen migratorio regional podría complicar seriamente la gobernanza de la movilidad humana en toda la región, afectando el acceso a los derechos de todos los nacionales sudamericanos, incluidos los argentinos. 

Queda por ver hasta qué punto se aplicarán estas propuestas políticas. Los partidos de la oposición controlan el Congreso Nacional, y ninguno de los gobernadores provinciales pertenece al partido de Milei. La mayoría de la gente que votó a Milei lo hizo porque estaba descontenta con el gobierno anterior y con la situación económica actual. Por tanto, sería un error que Milei interpretara su elección como un respaldo total a todas sus propuestas políticas.


*Una versión ligeramente diferente de este artículo ya fue publicada en The Conversation aquí:

Cadenas de suministros: la guerra comercial también compromete a la región

En el marco de la “guerra comercial” con la República Popular China (RPC) y con la experiencia de los cuellos de botella en las cadenas internacionales de suministros durante la pandemia del Covid-19, el gobierno de Estados Unidos de América (EUA) está focalizando su política comercial y económica precisamente en la integridad y funcionalidad de dichas cadenas. La difusión de este concepto es reveladora, pues sustituye al de “cadenas globales de valor”. Con el uso de esta figura, la mentada globalización adquirió carácter virtuoso (“cadenas… de valor”), pues tenía por objeto destacar la participación de bienes y servicios originarios de diversas economías nacionales en la generación del ingreso mundial. En su lugar, aflora una concepción defensiva que privilegia la preservación de archipiélagos productivos y corredores logísticos en el contexto de una fractura geopolítica que parece ahondar día a día.

Bajo esta orientación estratégica deberían interpretarse los nuevos esquemas bajo los cuales EUA procura reformular sus vinculaciones con países de Asia en el Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF); con países de América Latina en la Alianza para la Prosperidad Económica de América Latina (APEP), y bajo un formato bilateral a través de mecanismos como el diálogo económico “de alto nivel” con México. 

Alertas frente a los tratados de libre comercio

La nueva modalidad emerge de un cuestionamiento a los tratados de libre comercio (TLC) de última generación o free trade agreements (FTA) que han venido entrelazando a las economías nacionales.

Los argumentos para dudar sobre la utilidad de los TLC celebrados por EUA fueron expuestos por la secretaría de Comercio Katherine Tai en el Open Markets Institute el 15 de junio de 2023 bajo el sugestivo epígrafe que se traduciría como: “En el próximo sistema mundial, ¿podrá la política comercial de EUA proporcionarnos más seguridad, democracia y prosperidad?”.

En esa oportunidad la embajadora Tai destacó algunas falencias observadas en los TLC. En especial aludió a las que permitirían a terceros países, no signatarios, valerse indirectamente de sus beneficios mediante la deflexión, esto es, introduciendo bienes o servicios en los mercados regulados por dichos TLC, sorteando así deslealmente previsiones acordadas en cuestiones sensibles como las referidas al trabajo forzoso y el cuidado ambiental. 

Esta intromisión de terceros países sólo puede ser posible maniobrando a expensas de las reglas de origen. Al respecto la historia reciente registra al menos dos reacciones de EUA. Para evitar la utilización de insumos originarios de RPC en la producción mexicana de automotores destinados a EUA se introdujeron reglas más rigurosas al renegociar el Tratado con México y Canadá. Y las discrepancias en el diseño del régimen de origen en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11) incidieron para el retiro de las tratativas.  

El proyecto Indo-Pacífico

Pese a las objeciones a los TLC, el gobierno de EUA no intenta reemplazarlos. Debido a la internacionalización de los mercados se imponen negociaciones abarcadoras de numerosas materias y con especificidades que difícilmente puedan ser afrontadas por instrumentos más acotados que los TLC. Sin embargo, el propio gobierno de EUA está gestando un nuevo formato en sintonía con la estrategia para preservar sus cadenas de suministros.

La primera y por ahora más avanzada experiencia en la materia está relacionada con la elección de la India como socio privilegiado. De ahí la denominación Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. El esquema fue presentado por el presidente Biden durante una visita a Tokio en mayo de 2022. Incorpora a siete países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN): Indonesia, Brunéi Darussalam, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Y además incluye a Japón, Corea del Sur, India, Australia, Nueva Zelanda y Fiji.

La iniciativa IPEF no apunta a la celebración de un TLC sino que prevé la negociación sobre distintos “pilares” (en el sentido de que podrían acordarse convenios por separado). Respondiendo a su principal objetivo estratégico, EUA publicó en septiembre de 2023 el texto que formaliza normativamente las conclusiones alcanzadas dentro del Pilar II. Es el Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement Relating to Supply Chain Resilience. Este proyecto merece una especial atención. En principio puede advertirse de qué modo las precauciones para sobrellevar un estado de amenaza desde el punto de vista geopolítico se proyectan sobre las relaciones económicas y comerciales. Y aquí la principal amenaza es la “disrupción en las cadenas internacionales de suministros”.

A fin de garantizar el funcionamiento de circuitos logísticos internacionales, la normativa propuesta requiere la máxima transparencia posible en el intercambio de datos relativos a las cadenas de suministro y sus eslabones entre los estados que asumen el compromiso; y, por otro lado, la mayor confidencialidad o menor exposición de esas cadenas y eslabones hacia fuera del esquema.

Un problema crucial es el de la calificación de “sectores críticos” y de “bienes clave” a propósito de las disrupciones. Sin embargo, tales conceptos podrían adoptar distintos contenidos según las circunstancias. En todo caso, al ir dando cumplimiento a las actividades previstas los estados que forman parte de ello tenderían a fortalecer su cohesión. Esto se advierte, por ejemplo, en los exhaustivos requerimientos para el suministro, procesamiento y gestión de datos tendientes a prevenir o contrarrestar disrupciones. 

La iniciativa plurilateral para América Latina

Adoptando como guía el dispositivo del IPEF, el 3 de noviembre de 2023 EUA dio un primer paso para replicar este formato con países de América Latina, aunque la implementación parece todavía hipotética. Es la Alianza para la Prosperidad Económica de América Latina (APEP), cuyo instrumento fundacional se divulgó como Declaración del Salón Este. Fue suscrita por el presidente Biden junto a los presidentes de Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, República Dominicana, Uruguay, Canadá y Barbados y los ministros de Relaciones Exteriores de México y Panamá. La comparecencia en Washington de autoridades gubernamentales de tantos países latinoamericanos, la invitación a otros gobiernos de la región y en especial las características de un texto elaborado sobre el modelo de IPEF dan a entender que para el gobierno de EUA este formato tendría una cualidad de aglutinamiento más eficaz que la de los TLC.

En lugar de los “pilares” temáticos aludidos en IPEF, aquí se llaman “vías” (tracks) para canalizar actividades adjudicadas a las autoridades ministeriales. Pero al igual que en IPEF, el eje temático central atraviesa las tres vías. Es la concertación de acciones frente a eventuales disrupciones en las cadenas de suministros.

El Diálogo Económico “de alto nivel” entre EUA y México

Este dispositivo, relanzado entre 2021 (U.S.-México Level Economic Dialogue (HLED)), tiene características conceptuales semejantes a IPEF y APEP. Acerca del objetivo esencial del Diálogo, la oficina ejecutiva del presidente de EUA informó el 2 de octubre de 2023 de que a partir del encuentro celebrado el año anterior los gobiernos habían implementado recomendaciones para una creciente coordinación en la ciberseguridad del comercio y en la cadena de suministros a través de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC).

De los cuatro “pilares” que, al estilo de IPEF, organizan las actividades previstas por el esquema, tres de ellos guardan relación con las cadenas internacionales de suministros.

Dudas y prevenciones frente al nuevo escenario

El IPEF es el ensayo más avanzado de este nuevo formato propuesto por EUA. Independientemente de su calificación (¿“integración” o mera “cooperación”?), las previsiones tienen por objeto establecer alianzas estratégicas que inevitablemente se inscribirán en el marco geopolítico.

Al concentrarse las acciones –y el financiamiento– en derredor de las cadenas internacionales de suministros, caben algunos interrogantes para países en desarrollo que, como los latinoamericanos, padecen disparidades internas e insuficiencias en sus estructuras económicas y sociales que solo de manera incidental se articulan con las cadenas de suministros. Y quedan pendientes estas preguntas porque aquí se está insinuando la convalidación de un mundo segmentado por distintos archipiélagos productivos y circuitos protegidos para la distribución y comercialización internacional de productos y servicios que, según las circunstancias, pueden ser catalogados como “esenciales”.

Los analistas advierten acerca de la disfuncionalidad global de estas fragmentaciones asignadas a la guerra comercial, pero suelen prestar menor atención a su impacto sobre las condiciones de vida en las periferias. Son cada vez más vastas las poblaciones sometidas a una condición ambivalente: marginalidad local pero simultánea exposición frente a estímulos y ofertas digitales que no conocen fronteras.

Precisamente los TLC de última generación fueron ideados para poder afrontar la internacionalización de los mercados mediante mecanismos de concertación sobre una extensa y minuciosa materia negociada y que, por ello, permiten a países en desarrollo ampliar sus –de por sí limitados– márgenes de maniobra para tramitar compensaciones de sus contrapartes con mayor envergadura económica.

En tal sentido, el caso del diálogo económico de alto nivel entre EUA y México invita a reflexionar acerca de las eventuales condicionalidades que pudieran recaer sobre países latinoamericanos a través de compromisos contraídos por fuera de los TLC que se mantienen en vigor.

Por estos motivos, los países en desarrollo y en particular los países latinoamericanos deberían apreciar la conveniencia de afianzar sus vínculos con países desarrollados a través de TLC y a la vez prevenir riesgos inherentes a  compromisos que se circunscriben al funcionamiento de las cadenas internacionales de suministros.

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Hacia una nueva era del Estado-nación y las Naciones Unidas

En el complejo escenario de las relaciones internacionales en el siglo XXI, resulta fundamental reconsiderar estrategias frente a las tensiones interestatales. En este contexto, en una propuesta que puede levantar mucho polvo tanto entre internacionalistas como en la misma sociedad, existe una solución que se remonta a las prácticas de las Relaciones Internacionales de siglos pasados: la tolerancia hacia la creación de nuevos Estados. Como diferencia estructural, se propone la constante observancia y garantía de la ONU, aprovechando el principio de autodeterminación de los pueblos destacado en su carta fundacional.

Numerosos conflictos globales tienen su origen en disputas de soberanía sobre territorios, impulsadas por factores históricos, intereses económicos e ideológicos. La visión post-Segunda Guerra Mundial, que una vez fue efectiva, muestra signos de desgaste, al igual que el multilateralismo de la ONU, que ha caído en la burocratización en lugar de promover la armonización. La incapacidad de la ONU para frenar la invasión de Rusia a Ucrania; el grito en el cielo sin respuesta de la invocación del artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas por el secretario general, Antonio Guterres frente al genocidio en Gaza; y las crecientes tensiones frente a Taiwán o incluso frente al Esequibo en Venezuela, son ecos de que hacen falta cambios estructurales en las capacidades de la ONU.

Nos hemos atorado en una visión que funcionó bien después de la Segunda Guerra Mundial, pero que se resquebraja continuamente. De la misma manera, el multilateralismo de la ONU está fallando y en lugar de apuntar a la armonización ha caído en la burocratización. En este sentido, ¿por qué no asignar a la ONU un papel adicional? Vale la pena sustituir su función descolonizadora, agotada a finales de los años 90, con fin de revitalizar la organización. Este nuevo rol implicaría supervisar la transición hacia la independencia de nuevos Estados, brindando a sus poblaciones la oportunidad legítima de determinar su propio futuro político.

Aunque pueda surgir la preocupación de que estos nuevos Estados puedan convertirse en «Estados títere» de sus vecinos más poderosos, la historia demuestra que las aspiraciones humanas evolucionan con el tiempo. Ejemplos del espacio postsoviético revelan que entidades consideradas inicialmente como “títeres” han ido construyendo sus propias identidades e incluso han emergido como aliados de Occidente y vehementes opositores a sus antiguos dominadores, llegando a romper hasta con los imaginarios que en algún momento los unían bajo un mismo Estado. Por otro lado, hay que profundizar en la idea de si es necesario continuar con las agendas bélicas como única forma de construcción de nuevos espacios de independencia, o si el ser humano puede llegar a una etapa más pragmática y funcional a su interés primordial de supervivencia y de calidad de vida.

Territorios como Cachemira, Kosovo, Nagorno Karabaj, el Sáhara Occidental, Ginebra, Taiwán, Transnitria, Crimea y el Donbas podrían beneficiarse de esta independencia supervisada. La lógica del siglo XXI exige soluciones administrativas y pragmáticas, sin imposiciones externas, permitiendo que la población tome decisiones cruciales. En este proceso, la ONU asumiría el papel de garante, apoyando al proceso con el enorme aparataje burocrático que ha llegado a construir. La implementación de un protocolo respaldado por misiones de la organización podría supervisar procesos electorales transparentes. En caso de rechazo por parte del Estado dominante, se identificaría la injerencia extranjera, activando el principio de seguridad colectiva y recurriendo a las misiones de paz. Si la independencia obtuviera respaldo, la ONU supervisaría la transición para asegurar el establecimiento sólido del nuevo Estado.

Esta propuesta reconocería la posibilidad de fragmentación de Estados como un ciclo normal de la evolución humana, reconociendo que la mutabilidad del ente estatal no debe descartarse, peor aún defenderse a través de la vía armada. La disolución de Checoslovaquia sirve como ejemplo jurídico inicial, proveyendo un marco para desarrollar procesos adaptados a circunstancias específicas y a las aspiraciones de las generaciones futuras. En última instancia, abogar por esta aproximación podría ofrecer una vía hacia una diplomacia más efectiva y sostenible en el escenario global actual. Claro que esta es una propuesta inicial, que merece un profundo análisis, y sobre todo de una comunidad que la respalde y transversalice.

La lucha por la paz es una agenda que filósofos han planteado desde hace siglos, y el ciudadano común ha mantenido en su corazón, probablemente desde antes de la escritura, aunque esto último es solo una corazonada. En cualquier caso, la humanidad debe encontrar las formas para que las siguientes páginas de su historia estén menos teñidas de sangre. Con nuevas herramientas esto sería más viable, pero el primer paso está en plantearles y comenzar un nuevo debate. La Organización de Naciones Unidas debe cambiar antes de que le ocurra lo que le pasó a la Sociedad de las Naciones, oxidarse y colapsar bajo su propio peso.

Riesgos y desigualdades en las crisis climática y ambiental

Las crisis climática y ambiental no son vivenciadas de una única forma. Para cada persona, la realidad es lo que resulta próximo y conocido, algo que se construye colectivamente a partir de las creencias, conocimientos cotidianos, normas sociales y rutinas establecidas localizadas en un lugar específico. Esto significa que las acciones y estrategias para enfrentar los retos que proponen el cambio climático y ambiental no tienen socialmente una única definición, por lo que las respuestas ante sus desafíos también son diversas.

Lejos de ser cierto que la heterogeneidad de percepciones en relación a los riesgos ambientales es consecuencia de la falta de disponibilidad o de capacidad de comprensión de la información, las ciencias sociales han mostrado que estas diferencias se deben principalmente a cuestiones vinculadas a las desigualdades materiales y socioculturales arraigadas estructuralmente. La evidencia nos dice que la cantidad de información sobre los riesgos ambientales en la salud no tiene relación con cómo se actúa en relación a los problemas que son identificados. 

Desde los años ochenta, existe interés en comprender cómo se construye la percepción de los riesgos en diferentes públicos (académicos, técnicos, decisores de políticas, público en general) vinculada a los peligros ambientales generados por el desarrollo tecnológico e industrial y los patrones culturales de consumo. Diversos autores  han  mostrado que la percepción sobre los riesgos ambientales y de salud se construye en gran medida en base a definiciones de riesgos que se imponen sociopolíticamente, es decir, a partir de quienes tienen la potestad de definir los problemas en los ámbitos de decisiones políticos y técnicos.

Los “multiversos” que coexisten en torno a la definición de la crisis climática y ambiental se dan en los diferentes ámbitos. Científicos y decisores políticos perpetúan divergencias en los modos de definir el problema y plantear posibles soluciones. Como menciona la politóloga y activista ambiental argentina Flavia Broffoni, “quien define el concepto controla el debate”. 

Por ejemplo, en Uruguay, a mediados del 2023 se decretó desde el gobierno una crisis hídrica definida desde movimientos sociales, ámbitos académicos y diversas manifestaciones autoconvocadas como consecuencia del “saqueo” de los modelos productivos hegemónicos del agua. Esta “crisis hídrica” salió a la luz a partir de la falta de agua potable sobre todo para pequeños productores de la zona metropolitana como nunca antes había sucedido en el país. No obstante, este problema se viene denunciando desde hace años. 

Heterogeneidad de definiciones sobre riesgos ambientales

La realidad está cargada de significados a partir de los conocimientos socialmente validados y está construida bajo estructuras de poder. La definición de los riesgos ambientales y climáticos es un campo de disputas donde se entrecruzan saberes técnicos y populares con intereses, relaciones de poder y la legitimación del conocimiento por parte de las propias sociedades. Todo depende de cómo definimos progreso, desarrollo, tecnología, bienestar, naturaleza y participación, entre otras cuestiones. 

La problematización de las crisis climática y ambiental implica definir socialmente los riesgos asociados a ellas en competencia con los riesgos vinculados al crecimiento económico  y el progreso científico-técnico. Cómo se decide atender las consecuencias de eventos climáticos cada vez más extremos, la  falta de acceso a servicios ambientales de calidad para la vida (agua,  aire) o la disponibilidad de espacios para el cultivo de alimentos, se enmarcan en procesos de selección de riesgos definidos por la ciencia o por la política. No solo importa qué sabemos, sino qué podemos hacer con lo que sabemos, individual y colectivamente. 

Las respuestas a cuáles son los riesgos y problemas  y cómo se deben atender son diversas, y, muchas veces, contradictorias entre sí. Existen debates sobre cuáles deberían ser los criterios de valoración de los riesgos ambientales, según los grupos o referentes sociales que se analicen. La imposición narrativa en relación a estas definiciones de riesgos y sus consecuencias tiene impactos económicos, sociales y ambientales significativos. Estas imposiciones se dan tanto dentro de países entre grupos socioeconómicamente hegemónicos, como así también entre países o regiones “más desarrolladas” sobre otras que  reciben el peso del modelo de desarrollo también en sus consecuencias. 

Las causas y consecuencias de las amenazas globales, como la proliferación de enfermedades y los eventos climáticos son distribuidas de forma desigual en el planeta, así como los recursos para afrontarlas.

Desigualdad y alternativas 

Existe una deuda poco mencionada en ámbitos técnicos y políticos que tiene que ver con las responsabilidades y las causas vinculadas a las múltiples desigualdades que se generan y profundizan en este contexto de crisis climática. A pesar de la gravedad de la situación que atraviesa el planeta socio ambientalmente, muchos países aún no ratifican el Acuerdo de Escazú (que establece como norma internacional la participación social amplia, la justicia y el acceso a la información en materia ambiental) y son pocos los que consideran la deuda socioecológica. Muy por el contrario, el clima de violencia hacia activistas y movimientos ambientales se ha recrudecido en la región en los últimos años,  y las condiciones de las poblaciones más desfavorecidas socioeconómicamente se siguen deteriorando. 

Algunos ámbitos académicos han salido del esquema netamente de generador de conocimienros científicos, para proponer y procurar transformaciones concretas que atiendan las multiples desigualdades. Quienes abogan por el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, por ejemplo, sostienen que la transición energética, social y digital debería diseñarse desde los territorios que cargan con el sacrificio material, cultural y ambiental de salvar al planeta. 

En un contexto donde las definiciones de la crisis ambiental no son únicas, donde el exceso de información no soluciona problemas y donde existen diferentes responsabilidades geopolíticas en relación a los riesgos planetarios, es necesario discutir sobre los mecanismos que podrían revertir las desigualdades sociales que se reproducen y profundizan en el planeta. Lo anterior supone la aceptación de las múltiples realidades que coexisten en torno al tema, tomando las narrativas académicas y políticas como construcciones cargadas de sentido, visibilizando las estructuras que perpetúan los mecanismos de desigualdad y dando espacio a las soluciones alternativas con licencia social.