El deseo de cambio es el mensaje que deja la elección primaria en Venezuela

María Isabel Puerta Riera
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El deseo de cambio es el mensaje que deja la elección primaria en Venezuela

En noviembre de 2022 se instaló la Comisión Nacional de Primarias (CNdP) en Venezuela con la misión de organizar una consulta a nivel nacional para escoger al candidato unitario con la intención de representar a los sectores opositores en la Elección Presidencial de 2024. En palabras del presidente de la CNdP, Jesús María Casal, la misión del organismo era el rescate del valor del voto, ofreciendo una oportunidad para coincidir en un “proyecto básico común de democratización”. Estas fueron las premisas de un esfuerzo de organización colectivo que convocó a sectores partidistas y de la sociedad civil en una tarea de dimensiones complejas y bajo constante amenaza por parte del sector oficialista.

La tarea que se propusieron representaba un enorme desafío no solamente dadas las limitaciones materiales y financieras que se enfrentaban para sacar adelante la consulta, sino debido a la persistencia y agravamiento de los desacuerdos entre las distintas facciones de la oposición venezolana. Por una parte, se discutió la posibilidad de contar con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE), que sería descartada luego del desmantelamiento de su directiva, una decisión que fue vista como un intento inútil de retrasar la consulta nacional. El anuncio de la Elección Primaria supuso por una parte el reconocimiento de la necesidad de organizar una plataforma electoral unitaria, mientras que por la otra, se trataba de la urgencia de superar los desencuentros para el beneficio común de lograr una propuesta coherente de política opositora.

Sin embargo, uno de los retos de la Elección Primaria como convocatoria social estaba justamente en la dificultad de lograr que todos los actores políticos coincidieran en la misma dirección estratégica. Sin duda que las diferencias ideológicas siguen allí, pero el esfuerzo se orientaba más hacia la conformación de un planteamiento unitario que le devolviera la confianza a los venezolanos en la ruta electoral. A esto además hay que sumar la incertidumbre sobre las medidas de inhabilitación que pesan, no solamente sobre María Corina Machado, la ganadora de la elección primaria, sino sobre otros políticos como Henrique Capriles Radonski, quien se retiró argumentando la dificultad de avanzar con esa medida en su contra.

Entre lo discutido y acordado en Barbados la semana pasada, cuando la oposición y el oficialismo formalizaron su compromiso de retomar las negociaciones entre ambas partes, fue el levantamiento temporal de las sanciones económicas impuestas por EE. UU. a cambio de permitir la participación electoral de la oposición. El tema de las inhabilitaciones no quedó resuelto.

Una vez efectuada la consulta, la oposición pasa a otra fase en el proceso político-electoral. Ahora toca, además de mantener el entusiasmo que las encuestas ya adelantaban sobre la participación en la primaria, luchar por condiciones electorales que incluyan el levantamiento de esas medidas que pesan sobre María Corina Machado, y sobre lo cual no hay nada firme desde el punto de vista de las negociaciones que en paralelo continuarán entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria.

En este sentido, con la elección de Machado como líder de la oposición venezolana se presenta un nuevo escenario donde es de esperar que habrá definiciones, no solamente en términos estratégicos sino de representación. Uno de los aspectos críticos será la continuidad del actual equipo negociador de la oposición. No se puede descartar que luego de los resultados de la consulta se produzcan cambios en este proceso, lo que posiblemente sea aprovechado por el Gobierno para seguir estimulando las fracturas en la coalición opositora, como ha sido su estrategia.

La victoria de Machado no deja zanjada la dinámica interna opositora, pues otros aspirantes que se abstuvieron de participar en la elección primaria no excluyen una incursión fuera de la plataforma opositora en 2024, como es el caso de Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia. Este escenario no es improbable, como tampoco lo es que otros factores de la coalición opositora, así como de sectores políticamente fluidos como es el caso del humorista Benjamín Rausseo, quien continúa manifestando interés en participar como candidato independiente, decidan lanzar sus candidaturas en 2024.

La oposición deberá unificar esfuerzos para mantener la base de apoyo de Machado como capital político para negociar mejores condiciones electorales que no se limiten a su habilitación. Quedan pendientes las condiciones de participación que incluyen el Registro Electoral, así como el voto en el exterior que requiere de su apertura. Esto dependerá de los acuerdos a los que llegue el Gobierno de Maduro con la Plataforma Unitaria, pues en algunos países con una población venezolana siginficativa, Venezuela no tiene relaciones diplomáticas, como es el caso de los EE. UU.

Finalmente, según la Comisión Electoral, 2.3 millones de venezolanos salieron a votar en unas Elecciones Primarias autogestionadas, enfrentando numerosos obstáculos: desde la reducción de centros de votación, la agresión a grupos del oficialismo o la supresión de información hasta interrupciones en el acceso a internet.

Esta experiencia ha dejado claro que, a pesar del descontento con la clase política, muchos venezolanos no han dejado de creer en la democracia y en el poder del voto. A pesar de las amenazas, las redes sociales y los medios mostraron un país que salió masivamente a votar por una esperanza. Este entusiasmo y la expresión de un deseo de cambio que difícilmente le será arrebatado a los venezolanos, es quizás el mensaje más poderoso que dejó esta jornada cívica.

El desconcertante letargo de la agenda migratoria en Colombia

Carolina Moreno
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El desconcertante letargo de la agenda migratoria en Colombia

Coautora Stephanie López

El gobierno de Gustavo Petro lleva más de un año en el poder y, hay que decirlo sin ambages, su liderazgo en materia migratoria ha sido un continuo letargo, escasamente perturbado por algunos trinos que desconciertan. Ante esta ausencia de gestión de las autoridades nacionales de Colombia preocupa, en especial, lo que tiene que ver con la llamada migración de tránsito. El ostracismo en el que se ha venido dejando la política migratoria del país no solo es lamentable, sino que repercute de la peor manera en las personas migrantes y refugiadas que cruzan o residen en territorio colombiano. En tal sentido, es necesario contar con una agenda pública en la que el renglón migratorio tenga, de nuevo, el lugar relevante que el contexto impone. 

En primer lugar, como ya algunas voces lo han advertido, resulta lamentable que el acceso a los datos sobre el comportamiento de la migración venezolana en Colombia sea hoy tan escaso, casi inexistente. Por una parte, Migración Colombia dejó de publicar las infografías periódicas que nos permitían conocer el número de personas venezolanas en el país, cuántas de ellas mujeres y hombres, así como los rangos etarios y su distribución territorial. Por mucho tiempo tuvimos un rezago de esa información, pues la última infografía publicada era la que presentaba los datos de la migración venezolana con corte a febrero de 2022. 

Solo hasta hace unos días se publicó un nuevo reporte, con información de hace un año, en el que se indica que, a octubre de 2022, hay cerca de 2.9 millones de venezolanos en Colombia. Además, a pesar de que con el registro para el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) se cuenta con datos de caracterización socioeconómica a partir de un cuestionario de más de 80 preguntas, estos datos no son abiertos. Pero no solo se han dejado de producir y publicar los datos oficiales sobre migración venezolana, sino que también se ha vuelto muy difícil acceder a las infografías oficiales de Migración Colombia producidas en los gobiernos anteriores. Incluso, los enlaces de búsqueda de dichos datos ya no funcionan y el ícono de la página web de Migración Colombia que permitía acceder a esta información en un solo sitio ha desaparecido. 

La opacidad de los datos es igualmente una cuestión que se replica en la otra migración, aquella que, supuestamente, no tiene vocación de permanencia, de la cual poco o nada se ha dado a conocer por parte del gobierno nacional. La dinámica de la migración por el Darién la hemos conocido, exclusivamente, a través de agencias internacionales, por el gobierno panameño o por autoridades de control colombianas. 

Esta migración de tránsito ya no solo es la que cruza por el Tapón del Darién. De acuerdo con el más reciente informe de la Procuraduría General de Colombia, también está saliendo desde la isla colombiana de San Andrés hacia Nicaragua. Esta migración, históricamente invisible, lo hace en condiciones de altísima vulnerabilidad, y sus derechos humanos son violentados sistemáticamente. Mientras que Panamá ofrece datos sobre la población arribando a este país desde Colombia por el Darién, Colombia no cuenta con una acción similar, lo cual es muy lamentable. En cualquier caso, de acuerdo con el informe de la OIM sobre migración de las Américas, sabemos que “a junio de 2023 la frontera terrestre entre Panamá y Colombia ha registrado un incremento interanual del 90 por ciento, con 196371 entradas irregulares” (p. 1),  y que “los venezolanos son la primera nacionalidad migrante irregular en tránsito en todos los países excepto en Estados Unidos, donde son segundos” (p. 15).

Adicionalmente, en las últimas semanas el gobierno de los Estados Unidos hizo dos anuncios importantes, pero contradictorios, frente a la migración desde Venezuela, precisamente por el aumento de estos flujos hacia el país y por presión política por parte de ciudades como Nueva York, que se han visto desbordadas en un contexto de campaña presidencial. El primero es la extensión del permiso de protección temporal (TPS) para la población venezolana, por 18 meses. El segundo, en contravía del primero, es la deportación de las personas venezolanas hacia su país cuando intenten cruzar la frontera norteamericana de manera irregular. Esta política de externalización de fronteras, que se extiende hasta Colombia, tiene consecuencias directas sobre la población en tránsito. 

Luego de que se conocieran estas medidas, el presidente Gustavo Petro anunció en Twitter la necesidad de contar con corredores humanitarios para el “retorno de venezolanos”. Sin embargo, hay que decirlo con claridad y sin eufemismos, (i) las deportaciones no son repatriaciones; (ii) el retorno siempre debe ser voluntario, y (iii) las deportaciones, por definición, no son voluntarias. En cualquier caso, estas deportaciones ponen cada vez más en tela de juicio la voluntad del gobierno de contar con una migración “segura, ordenada y regular”, como dice el Pacto sobre Migraciones de Naciones Unidas, mientras las personas migrantes en tránsito siguen poniendo en riesgo sus vidas intentando llegar a los Estados Unidos. Además, implícitamente, se reconoce que las condiciones en Venezuela son idóneas para este retorno, violando el principio de no devolución. 

La diversidad de los flujos y sus rutas migratorias, en algunos casos con vocación de permanencia, en otros de tránsito, nos invita, ineludiblemente, a abordar la movilidad humana de manera integral y con un enfoque de derechos humanos, donde la protección de la persona y su seguridad sean el centro de la acción estatal. Hacemos un llamado al gobierno colombiano a diseñar y ejecutar medidas positivas en este sentido. El reciente anuncio de la apertura de “indagaciones preliminares” a algunos funcionarios del sector de Relaciones Exteriores (Cancillería y Migración Colombia), realizado por la Procuraduría, “por la presunta omisión de la aplicación integral de la Política Integral Migratoria (PIM) respecto a la población que atraviesa el Tapón del Darién”, no hace más que ratificar la inacción que aquí estamos describiendo. 

Stephanie López es Investigadora postdoctoral de The Local Engagement Refugee Research Network (LERRN), Carleton University, Ottawa (Canadá).

Unasur: del regionalismo mágico al regionalismo pragmático

Detlef Nolte
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Unasur: del regionalismo mágico al regionalismo pragmático

Hace un año, siete expresidentes latinoamericanos y once excancilleres (así como otros exministros y exdiputados) enviaron una carta abierta a los presidentes sudamericanos en ejercicio reivindicando la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que según su opinión “es la mejor plataforma para reconstituir un espacio de integración en América del Sur”. Haciendo referencia a un estudio muy legalista del excanciller ecuatoriano Guillaume Long, los firmantes sostenían que “Unasur todavía existe”. En los meses siguientes, varios presidentes latinoamericanos declararon en diferentes ocasiones que querían avanzar en la integración sudamericana y reincorporarse a Unasur. Cuando el presidente Lula invitó a sus homólogos a Brasilia a finales de mayo 2023, la expectativa general era que se trataría del tan anunciado relanzamiento de Unasur. El día del encuentro, El País publicó un enfático llamamiento del ex secretario general de Unasur Ernesto Samper sobre “El necesario resurgimiento de Unasur”. 

Pero en la declaración final de la reunión presidencial en Brasil, el así llamado Consenso de Brasilia, no se menciona ni una sola vez a Unasur. En cambio, los presidentes acordaron “establecer un grupo de contacto, encabezado por los cancilleres, para evaluación de las experiencias de los mecanismos sudamericanos de integración y la elaboración de una hoja de ruta para la integración de América del Sur, a ser sometida a la consideración de los jefes de Estado”. Cuatro meses después, el 5 de octubre, la hoja de ruta fue aprobada por los gobiernos sudamericanos. De nuevo, no se hace referencia a Unasur. En su lugar, la hoja de ruta propone “priorizar iniciativas concretas, con un impacto positivo en las condiciones de vida de las poblaciones y que no dupliquen los esfuerzos ya encaminados en otros mecanismos de cooperación.” Además, plantea fortalecer el diálogo en áreas específicas y establecer un calendario de reuniones sectoriales. 

A pesar de las declaraciones y estudios que supuestamente demuestran que Unasur está viva, no hay señales de resurgimiento o vida. Unasur se parece a un fantasma que aparece de vez en cuando en el horizonte, pero luego se desvanece en el aire. La hoja de ruta para la integración sudamericana no define a Unasur como su objetivo final. En cambio, hay indicios de una reorientación del debate sobre la integración sudamericana que tiene como punto de partida las experiencias del pasado. En un contexto de polarización política entre gobiernos de derecha e izquierda, Unasur perdió impulso cuando las preferencias de los estados miembros comenzaron a divergir en cuanto a los objetivos y el valor estratégico de la organización regional. El destino de Unasur quedó sellado cuando Venezuela bloqueó la elección de un nuevo secretario general para evitar cualquier riesgo de que pudiera criticar al régimen.  

El resultado de la cumbre de Brasilia demuestra el fracaso de un enfoque de regionalismo mágico teñido de nostalgia que supone que la mera voluntad e imaginación impulsarán la integración, ignorando una dura realidad prosaica. Declaraciones grandilocuentes de expresidentes no bastan para impulsar el proceso de integración si los políticos en ejercicio no se ponen de acuerdo sobre el camino y los objetivos de la integración. Por ejemplo, en la cumbre de Brasilia, con las palabras “basta de instituciones”, el presidente uruguayo Lacalle Pou ha cuestionado la necesidad de otra organización regional sudamericana.

La no reactivación de Unasur tiene aspectos positivos. Parece que el regionalismo sudamericano se está alejando de un regionalismo mágico para acercarse a un regionalismo pragmático que extrae lecciones de las experiencias positivas y negativas del pasado. Esto incluye blindar mejor a las instituciones regionales de los caprichos y fluctuaciones ideológicas de la política. Al mismo tiempo, deberían aprovecharse las experiencias positivas de los consejos sectoriales de Unasur que han tenido éxito, como el Consejo Suramericano de Salud o el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento. Un enfoque pragmático significa reconstruir el espacio de integración en América del Sur que representó Unasur de abajo hacia arriba. Los objetivos y actividades enumerados en la hoja de ruta apuntan en esta dirección. Teniendo como telón de fondo la experiencia de Unasur, pero también la actuación de las organizaciones regionales durante la pandemia, es aconsejable adoptar un enfoque más técnico, sectorial y pragmático de la cooperación regional, que podría facilitar la cooperación en temas de interés común entre gobiernos ideológicamente opuestos. Esto no impide que los presidentes sudamericanos se reúnan de vez en cuando y se invoque el fantasma de Unasur. Pero estas reuniones ya no son el centro del proceso de integración sudamericano. Un enfoque pragmático puede carecer de la magia y los fantasmas de los grandes discursos, pero podría conducir a mejores resultados y a estructuras más estables para la integración regional. Para superar la crisis del regionalismo en Sudamérica, las instituciones regionales deben producir resultados que se correspondan con sus objetivos declarados y demostrar su utilidad. Solo así será posible superar el escepticismo sobre la medida en que los proyectos e instituciones regionales contribuyen a resolver los problemas de América del Sur.

Cuba suspende otra vez en derechos humanos

Raudiel F. Peña Barrios
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Cuba suspende otra vez en derechos humanos

El próximo 15 de noviembre se desarrollará el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Este ejercicio ocurrirá en un contexto nefasto para los derechos humanos en el país. A la habitual política restrictiva de los derechos civiles y políticos se suma la desprotección de los económicos, sociales y culturales, los cuales durante mucho tiempo fueron la carta de presentación del Estado cubano ante la comunidad internacional. Por ello, es posible afirmar que el gobierno desaprueba este examen, a pesar de no haber comenzado aún.

Durante el EPU anterior, en 2018, las autoridades cubanas anotaron 18 recomendaciones relacionadas con los obstáculos legislativos para el disfrute de los derechos humanos. Estas recomendaciones incluyeron la ratificación de los pactos internacionales de Derechos Civiles y de Derechos Económicos Sociales y Culturales, así como la firma y ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. No obstante, en la actualidad no se han ratificado estos instrumentos jurídicos internacionales.

A esto se suma que en la Constitución cubana de 2019 se mantiene la unidad de poderes, lo cual anula los contrapesos al gobierno de los poderes judicial, legislativo y electoral. El Partido Comunista de Cuba (PCC) es único y se reconoce como la fuerza superior y dirigente de la sociedad y el Estado. Esto significa que se mantiene al margen de la ley, pues no existen mecanismos de control sobre su estructura y funcionamiento. 

La élite del PCC se ha asegurado que la actividad legislativa en el país responda a sus intereses. Así, en 2018 se aprobó el Decreto ley No. 370, en el cual se prohíbe la difusión de información “contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. Además, en el año 2021 se aprobó el Decreto ley No. 35, el cual, junto con otras disposiciones normativas, conforma el marco jurídico sobre telecomunicaciones. 

Este paquete legislativo habilita la persecución de personas que utilizan las redes sociales con fines ciudadanos y sociopolíticos. Por ello, se prohíbe “utilizarlas para atentar contra la seguridad y el orden interior del país”, para “transmitir informes o noticias falsas” o en “acciones dirigidas a ocasionar afectaciones o perjuicios a terceros y como medio para cometer actos ilícitos”. También se advierte de que no son utilizables para generar o transmitir información que afecte “el bienestar general, la moralidad pública y el respeto al orden público”. Esto implica que no es posible ejercer la libertad de expresión en contra de los intereses del Estado.

La vigencia de ambos decretos leyes permite a las autoridades controlar el ciberespacio con base en la discriminación política y restringir la libertad de expresión en las redes sociales sin respetar los estándares internacionales en la materia. Asimismo, se pretende someter a los ciudadanos al discurso del PCC sobre la realidad del país, con represalias de multas y la confiscación de los medios de trabajo de activistas, periodistas y artistas independientes, así como opositores políticos.

Por otra parte, en julio de 2019 se aprobó la Ley No. 127, Ley Electoral, que mantiene la naturaleza autocrática de las elecciones en Cuba. Esta legislación no permite la libre competencia electoral entre diferentes fuerzas políticas y subordina el sistema electoral al control del PCC y de las organizaciones de masas que operan como sus poleas de transmisión. Los ciudadanos solo nominan y eligen directamente a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. En el caso de los diputados a la ANPP, se eligen a los candidatos propuestos por las comisiones de candidaturas.

Según el contenido de dicha ley, la participación política depende de que un ciudadano esté habilitado para ejercer sus derechos civiles y políticos. Esto no es relevante si se tratara de un régimen democrático. Pero en Cuba los derechos civiles y políticos se pierden por discrepar con el gobierno. De ahí que el espectro de participación se reduce a aquellos ciudadanos alineados con los intereses del Estado y, sobre todo, de la élite del PCC.

Luego, se aprobó el nuevo Código Penal en 2022, en el cual se tipifican delitos que anulan el ejercicio de las libertades de expresión, manifestación, asociación, reunión y prensa. Varios de sus tipos penales procuran impedir que las personas opongan sus derechos al Estado, lo cual eleva los niveles de violencia política y se reprimen conductas que las autoridades consideran “provocaciones”.

En esta categoría se incluye cualquier financiamiento nacional o internacional para la sociedad civil independiente, como por ejemplo organizaciones de defensores de derechos humanos o medios de prensa independientes. También debe destacarse que en el nuevo Código Penal se mantiene la pena de muerte. Esta sanción se contempla para 23 delitos considerados graves, tres más que el Código Penal anterior.

A esto se añaden las afectaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. La implementación de la Tarea Ordenamiento para la unificación monetaria y cambiaria y la inversión de más recursos en el turismo que en la alimentación, la construcción de viviendas, la salud y la educación han deteriorado el nivel de vida de millones de cubanos. Mientras, la inflación y los altos precios del dólar en el mercado negro han aumentado la desigualdad y han afectado a sectores vulnerables como pensionados y personas con discapacidad. Estos y otros factores propiciaron las protestas sin precedentes de julio de 2021, cuya represión derivó en el encarcelamiento de cientos de personas por motivos políticos. 
Por tanto, es posible afirmar que Cuba está suspensa en este EPU. Siempre lo ha estado, pero quizás hoy sea más evidente que sus autoridades no tienen compromiso alguno con el aseguramiento de los derechos más elementales de sus ciudadanos. De tal forma, una evaluación positiva de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos solo es explicable por la presencia de muchos de sus aliados en este órgano, los cuales, además, tienen la capacidad de asegurar su presencia hasta 2026.

Renovar la centroderecha en América Latina

Miguel Ángel Martínez Meucci
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Renovar la centroderecha en América Latina

El malestar actual de las democracias latinoamericanas —y de la española también— tiene mucho que ver con el hecho de que los partidos socialdemócratas más importantes, esas organizaciones políticas que durante la segunda mitad del siglo pasado ayudaron a construir múltiples transiciones a la democracia, no siempre se abstienen de coquetear con las nuevas izquierdas extremas. Éstas, por su parte, no han perdido un ápice de su voluntad de poder. En cambio, han sabido refaccionarse para seguir operando en el mundo de la post Guerra Fría. Este ha sido transformado por la Tercera Ola Democratizadora, la caída de la Unión Soviética y la apertura generalizada de fronteras comerciales.

Centroizquierda desdibujada

En el nuevo contexto global, la izquierda extrema ha aparcado los postulados más ortodoxos del marxismo convencional. Durante las últimas décadas se afanó en la generación de nuevas corrientes ideológicas y de renovadas prácticas políticas. En América Latina, estas prácticas abarcan desde la ampliación de los repertorios de protesta hasta la implementación de varios procesos constituyentes. Pasando por la colonización masiva de los medios académicos y culturales. Frente a tales novedades, los socialdemócratas tradicionales se muestran ahora escasos de ideas. Están inseguros de su propia tradición política y desbordados por el empuje de sus parientes más extremistas. Al punto que terminan a menudo entregados a las directrices que éstos plantean.

Este vasallaje queda plasmado en instancias de nuevo cuño como el Foro de São Paulo, el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista. Se trata de espacios nuevos, variopintos y diversos, surgidos en la tradición del internacionalismo comunista. Allí, tanto demócratas como autócratas terminan compartiendo ideario y líneas de acción. Participan multitud de partidos socialdemócratas que van rompiendo así, de forma tácita o explícita, un sano entendimiento con la centroderecha o lo que es lo mismo, con el fundamento del centro político que durante los años noventa permitió estabilizar el difícil tránsito a la democracia en múltiples países.

Parálisis de la centroderecha

Ahora bien, si la centroizquierda tradicional parece sucumbir lentamente al peso de la costumbre y de su propia falta de convicciones e ideas, otro tanto acontece con los partidos tradicionales de la centroderecha latinoamericana. Sus cuadros y estructuras tienden a moverse perezosamente en el marco de una inercia esterilizante. A menudo están bajo el influjo de ciertas figuras que demuestran mayor alergia al cambio que al nepotismo. Escasea la voluntad de ir a la lucha cultural y de renovar el debate político con discusiones sobre valores y propuestas. Mientras se reacciona con escepticismo ante cualquier iniciativa innovadora.

Al igual que sus contrapartes socialdemócratas, los partidos de la centroderecha latinoamericana llevan varias décadas alternándose en el ejercicio del gobierno, acarreando así el consiguiente desgaste de sus capacidades de representación y articulación de las demandas populares. Los vínculos consolidados con ciertos sectores de la sociedad tienden a veces a distanciarlos del sentir popular, llevándolos incluso a calificar de populista cualquier intento de hablarle a la gente de a pie. Los efectos colaterales y perniciosos de esta inercia se incrementan en sociedades tan desiguales como las latinoamericanas. Ya que el vacío de contrapesos a la izquierda dejado por la centroderecha tradicional termina siendo llenado por liderazgos que sí son verdaderamente populistas y, a veces, autoritarios.

Pero aquí es donde se presenta una diferencia crucial con los socialdemócratas. La centroderecha suele mostrarse más exigente que la centroizquierda a la hora de asociarse con quienes emergen por su costado más extremo. Mientras las socialdemocracias regionales a veces van más allá de hacerles un guiño y abiertamente cooperan con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Mucho más difícil resulta que los partidos tradicionales de la centroderecha hagan lo propio con figuras como Bukele, a quienes suelen cuestionar en declaraciones públicas.

Reflexión y renovación

A veces este distanciamiento obedece a una genuina conciencia democrática. Otras veces procura más bien defender entramados de intereses que involucran a ciertos partidos de la centroderecha tradicional. Y esas figuras disruptivas pueden llegar a ponerlos en jaque. Y en ocasiones sucede también que —por ferviente convicción o circunstancial conveniencia— la centroderecha se ha deslizado tanto hacia la izquierda que, por ejemplo, algunos cuadros políticos socialcristianos en Sudamérica dan la impresión de estar más cerca del ideario socialista —al estilo del Foro de São Paulo— que de las posiciones defendidas por organizaciones que integran el Partido Popular Europeo.

Como consecuencia de todo lo anterior, las posiciones de la centroderecha tradicional en América Latina se debilitan estructuralmente ante los bloques filo-autoritarios que reúnen a toda la izquierda, así como también ante el ascenso de ciertos populistas de derechas. Los reiterados llamados que hacen a sus antiguos socios socialdemócratas para reconstruir el centro político no parecen rendir demasiados resultados. Ya que éstos no siempre le hacen ascos a las hegemonías de izquierda que puedan implantar junto a sus socios más extremistas.

Innovación necesaria

El punto, en definitiva, es que a menudo faltan en las fuerzas sociales y políticas de la centroderecha tradicional los reflejos, agudeza y voluntad de poder necesarios para acometer una profunda renovación de sus prácticas políticas. La realidad parece demostrar que el centro político no puede reconstruirse mediante el mero cuestionamiento de unos y el lastimoso ruego a otros. Y mucho menos mimetizándose con ellos. En consecuencia, la única alternativa es asumir el reto de la innovación política en apego a la propia tradición. Y enarbolar para ello la defensa de valores, entrando de lleno al debate de ideas y volviendo a hacer política más allá de los partidos.

Asimismo, liberales clásicos, humanistas cristianos y conservadores democráticos han de retomar el deseo y la voluntad de convertirse en fuerzas políticas genuinamente populares, destacando los vínculos que los unen y no las diferencias que los distancian. Sólo así podrá configurarse un núcleo duro capaz de forjarse, por derecho propio, un amplio espacio político que esté orientado a la defensa y promoción de la libertad y la democracia. No hay otra vía para ejercer, con fuerza, gallardía y firmeza, la moderación necesaria para sostener el rumbo propio de una democracia liberal. Algunas iniciativas apuntan ya en esta dirección, teniendo a menudo por protagonistas a diversas mujeres, pero eso ya es materia para otro artículo.

*Este texto ha sido publicado originalmente en Diálogo Político

Oriente Medio: otra guerra imposible de ganar

Enrique Gomáriz Moraga
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Oriente Medio: otra guerra imposible de ganar

Toda guerra es una derrota humana, significa que los seres humanos no han logrado encontrar una vía pacífica para resolver sus diferencias. Pero hay un tipo de guerra que lleva esta derrota moral al paroxismo. Se trata de las unwinnable wars, es decir, las guerras imposibles de ganar. A menos, claro está, que se logre la liquidación física total del antagonista. 

Este tipo de guerras tienden a enquistarse y quedar listas para una nueva explosión de destrucción y muerte. Y si no encuentran alguna salida estable del conflicto, la idea de que será posible encontrar una solución definitiva en el campo de batalla no es otra cosa que un espejismo. Algunos conflictos armados lograron encontrar esa vía de solución, después de muchas muertes y sufrimiento, como fue el caso de la guerra de Irlanda. Pero otros, incluso los más actuales, como el de Ucrania, son del tipo unwinnable war. Algo que se asocia bien con su vocación de durabilidad.

El conflicto armado entre palestinos e israelíes constituye el paradigma de este tipo de guerras. Una vez establecidas las bases constitutivas del enfrentamiento, solo existen dos opciones prácticas: la destrucción completa de una de las partes contendientes o bien un acuerdo negociado, aunque no resulte completamente satisfactorio para nadie. En realidad, a esa primera opción se referían los judíos ortodoxos cuando pedían a Nethanyahu que “entrara en Gaza para resolver de una vez por todas el problema”. No se puede pretender que sea posible distinguir a los militantes de Hamás de la población palestina que vive en Gaza. La única forma de evitar que el niño de ocho años que vive en ese territorio ocupado sea mañana un militante de Hamás es borrándolo del mapa. Esta narrativa radical es la que conduce a golpear tan fuerte a la población palestina para que nunca olvide el costo de una agresión a Israel. En este contexto, la completa destrucción de un hospital, colmado de enfermos y heridos, encaja bien en esa lógica implacable.

Pero, desde el lado opuesto, hacer que tu vida solo tenga sentido si la dedicas a la destrucción de Israel también forma parte de la misma lógica, dentro de la cual cabe perfectamente el uso de armas de última generación, especialmente los drones, para provocar la elevación del enfrentamiento histórico. La destrucción de Israel es tan ilusoria como la negación de aceptar el establecimiento de un Estado palestino.

Como participante de una misión mediadora en los años ochenta, tuve la oportunidad de escuchar a Yasir Arafat contarnos dónde estaba su casa en Belén, antes de que fuera requisada por colonos israelíes. Y pude comprobar que el intercambio de ideas con las generaciones de judíos que habían vivido los campos de concentración se hacía eterno, hasta que el interlocutor acudía a su ultimo argumento, recogiéndose la manga de la camisa para mostrarme el número grabado en su antebrazo.

La solución al conflicto ya ha sido establecida por la comunidad internacional, mediante la resolución de Naciones Unidas que plantea el establecimiento de dos estados. Pero ninguna de las partes está dispuesta a aceptarla por entero. Israel aduce que con ello empeoraría su seguridad, algo que Estados Unidos apoya por razones geopolíticas y también domésticas. Y la parte palestina se mantiene completamente dividida al respecto. Hamás nunca superará la vieja demanda del regreso a la situación antes de la creación del Estado de Israel.

Hace tiempo que mi conclusión sobre este conflicto es que el hecho de haber sufrido una terrible persecución o discriminación no otorga a nadie una carta blanca moral para relacionarse con el mundo. No hay justificación ética para utilizar el terror como instrumento político o usar contra otros la espantosa experiencia adquirida en los campos de concentración. Los aterrorizados pueden convertirse en maestros del terror y los perseguidos pueden ser los perseguidores más atroces. La comunidad internacional debe ayudar a los contendientes a encontrar una vía de negociación, comenzando por romper con la retórica victimista de ambos. Tomar distancia de esa retórica facilita la libertad de condenar cualquier acción condenable de cualquiera de las dos partes. Hoy, cuando Brasil preside por este mes el Consejo de Seguridad de la ONU, parece oportuno que impulse acciones de carácter humanitario y que se apeguen a los acuerdos y resoluciones ya establecidos entre las partes. Incluso si Estados Unidos ejerce su veto en el Consejo, colocando la defensa de Israel por encima de cualquier otro criterio.

Pix y sus innovaciones para el sector de pagos en Brasil

Juan Pablo D'Antiochia
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Pix y sus innovaciones para el sector de pagos en Brasil

El éxito de Pix en Brasil es innegable. Este medio de pago digital se destaca entre los brasileños, y no se puede negar que ha traído una revolución al mercado, con innumerables beneficios. Según The Global Payments Report 2023, elaborado anualmente por Worldpay a partir de FIS, a finales de 2022, el 24% de las transacciones brasileñas de comercio electrónico se realizaron a través de Pix. Y este sistema, reconocido por su rapidez y comodidad, aún tiene grandes perspectivas de traer más novedades al mercado financiero en los próximos años.

Recientemente, el Banco Central anunció una serie de medidas destinadas a ampliar el alcance de Pix, entre ellas una muy esperada: la opción de pagar a plazos. Está previsto que esta novedad entre en vigor a partir del segundo trimestre de 2024. Sin embargo, algunos bancos, tanto tradicionales como digitales, han decidido adelantarse y ya han empezado a ofrecer el «Pix Parcelado». Este modelo se asemeja a las cuotas de las tarjetas de crédito con intereses. Aunque aún no ha sido oficializado como norma por el Banco Central, es una clara muestra de cómo el sector privado se está adaptando e innovando proactivamente sobre la base del Pix.

Otra innovación prevista, también para 2024, es Pix Automático, que será una modalidad dirigida a pagos recurrentes, combinando la experiencia del débito automático en cuenta con la gestión de suscripciones digitales, que se ha convertido en un hábito común en nuestro consumo rutinario de productos y servicios. Se espera que este modelo ofrezca flexibilidad y la opción de cancelar en cualquier momento, garantizando una experiencia de usuario más cómoda y controlada.

Sin duda, existe un claro incentivo para que los modelos de negocio aún ligados al boleto bancário migren al Pix. Aún así, las compañías de tarjetas de crédito están mostrando interés y se están movilizando para ofrecer tarifas más atractivas, en un intento de garantizar que las tarjetas retengan un porcentaje de estos pagos.

Mientras el uso del Pix avanza, ofreciendo pagos instantáneos y otras funcionalidades integradas, la tarjeta de crédito no pierde su atractivo, sobre todo porque ofrece funcionalidades diferenciadoras, especialmente en lo que se refiere a la seguridad de las transacciones – como los contracargos, ausentes en las transacciones del Pix – y también a los programas de fidelización.

También debería haber avances en algunos modelos de negocio recurrentes en los que las tarjetas de crédito nunca han penetrado en el país, y en los que los consumidores brasileños están acostumbrados a hacer desembolsos inmediatos (como es el caso del boleto), como los servicios públicos y la educación.

Con la integración de estas y otras funcionalidades, es probable que Pix se convierta en el principal medio de pago en Brasil, presentando un horizonte de crecimiento prometedor en poco tiempo. La adopción de esta tecnología representará un avance significativo, especialmente para comerciantes y empresas, agilizando y reduciendo los costes de pago, además de tener un impacto positivo en el flujo de caja de las empresas.

Sin duda, Pix se está consolidando no sólo como una herramienta de pago, sino como una plataforma robusta y polifacética con un enorme potencial disruptivo en la industria de pagos brasileña.

La visión del Banco Central va más allá de su función primaria de transferencias y pagos instantáneos, considerándola un catalizador de la innovación. La estructura de Pix, que combina practicidad, agilidad y accesibilidad, es terreno fértil para nuevas funcionalidades, integraciones y soluciones financieras que están destinadas a redefinir la forma en que gestionamos e interactuamos con nuestro dinero.

A medida que nos embarcamos en este revolucionario viaje financiero, podemos esperar que Pix continúe siendo el precursor de innovaciones que enriquezcan y simplifiquen aún más nuestras transacciones y experiencias financieras cotidianas, manteniendo a Brasil en el epicentro de los avances en los pagos digitales globales.

Los partidos dominicanos calientan motores

Vladimir Rozón García
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Los partidos dominicanos calientan motores

La República Dominicana celebrará elecciones generales el año que viene, teniendo lugar sus comicios municipales el 18 de febrero y presidenciales y del Congreso el 19 de mayo. Ante la proximidad de los referidos procesos, los partidos políticos dominicanos se encuentran implementando los diferentes métodos de selección de candidatos conforme lo establecido en la normativa electoral, como son las encuestas y convenciones de delegados. Según la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 20-23, en su artículo 141, “la nominación de los candidatos a cargos electivos propuestos por las organizaciones políticas deberá ser hecha por el voto afirmativo de la mayoría de los concurrentes a las elecciones primarias, convenciones o mecanismos de selección interna, que conforme con sus estatutos convoquen para tales fines las autoridades correspondientes de conformidad con la ley”.

En el caso específico de las primarias, si bien es cierto que inicialmente tres de los cuatro partidos mayoritarios, es decir, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), manifestaron su intención de realizar elecciones primarias, posteriormente todos cambiaron de parecer y decidieron utilizar otros métodos de selección de candidatos como las antes mencionadas encuestas y convenciones de delegados.

Sin embargo, en el oficialista PRM la decisión de utilizar estos métodos para la elección de sus autoridades internas encontró rechazo en algunos de sus miembros. Este fue el caso del también aspirante presidencial Guido Gómez Mazara, quien afirmó que con esta medida se le negaba a las bases del partido “la oportunidad de decidir”. Consecuentemente, ante el escarceo y los debates internos generados, el presidente de la República y líder de ese partido, Luis Abinader, decidió que se realizarían primarias, aunque solamente en dos niveles electorales: presidencial y municipal, y solo a nivel nacional.

De esta manera, el 1º de octubre de este año 2023 fueron celebradas las referidas primarias, las cuales el presidente Abinader ganó con más del 90 % de los votos, reafirmando así su liderazgo al interior del partido y confirmándose su postulación a la reelección. Por consiguiente, el primer mandatario se medirá ante el tres veces presidente de la República, Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo (FP) y el actual alcalde por la provincia de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el cual gobernó durante 16 años consecutivos, entre el 2004 y 2020.

A este punto, es preciso recordar que la FP nació tras la escisión del PLD en 2019, luego que fueran denunciadas irregularidades en el proceso de primarias por parte del expresidente Fernández (entonces líder y presidente del PLD), quien ante estos hechos decidió marcharse y conformar la FP. No obstante, el 21 de agosto de este año, ambas organizaciones signaron un acuerdo promovido por el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, denominado “Alianza Opositora Rescate RD”.

Inicialmente, esta alianza PRD-FP-PLD, llevará de manera unificada a 86 candidatos a alcaldes y 150 candidatos a directores municipales, lo que representa un 60 % de las autoridades municipales en todo el territorio nacional. En el nivel presidencial, en principio cada partido presentaría su candidato, pero, si ninguno de estos logra el triunfo en primera vuelta, las tres organizaciones respaldarán al candidato que clasifique para la segunda vuelta.

Actualmente, la República Dominicana se encuentra en medio de una “guerra de encuestas”, por lo que, los números presentados son muy dispares. Pero, la mayoría de las encuestas presentadas hasta el momento colocan al presidente Abinader como puntero, apareciendo el expresidente Fernández en segundo lugar y Abel Martínez en tercero. El escenario del triunfo en primera vuelta para el presidente Abinader aparece en varias encuestas, mientras otras plantean un escenario con segunda vuelta entre Abinader y Fernández.

Durante esta etapa y, de cara a los venideros comicios municipales de febrero de 2024, el oficialista PRM ha sido acusado de “comprar” alcaldes y regidores de la oposición. Formalmente, el PLD solicitó ante la Procuraduría General de la República (PGR), en marzo de este año, “investigar el uso de fondos públicos por parte de funcionarios del gobierno central y municipal para comprar alcaldes y otros funcionarios municipales de partidos opositores”. A pesar de la gravedad de las acusaciones, hasta el momento la PGR no se ha pronunciado públicamente al respecto.

En cualquier caso, el panorama electoral para 2024 en República Dominicana está configurado por una eventual reelección del primer mandatario, un sistema de partidos hasta el momento tripartito (lo cual no ocurría desde la década del 90’) y unos comicios en los cuales, ante el fracaso del voto automatizado en 2020 con la suspensión de las elecciones municipales (primeros comicios suspendidos en la historia democrática dominicana), se volverá al voto y escrutinio manual, pero con una transmisión de los resultados mediante el uso de equipos electrónicos.

Guatemala: entre bloqueos y trincheras

Jahir Dabroy
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Guatemala: entre bloqueos y trincheras

Guatemala vive una fuerte tensión como no se había registrado desde hace ya varias décadas. Es una situación creada por una clase política tradicional que estiró la cuerda lo más que pudo y parece ser que está a punto de reventarla. Fueron varios los hechos que conllevaron a lo que sucede hoy en el país; para empezar, mediante disposiciones arbitrarias disfrazadas de legales, no hemos contado con una renovación de cortes en casi cuatro años.  Argumentos superfluos, como que no se han discutido lo suficiente en el Congreso de la República los perfiles de quienes integrarían el sistema de justicia, conllevaron a afianzar a una clase política tradicional acostumbrada desde la transición democrática en 1985 a hacer las cosas mediante el soborno, las sobrevaloraciones y las transas, y a ocupar espacios determinantes en los tres poderes del Estado, a lo que algunos han llamado “pacto de corruptos”. 

A esto se sumó un Ministerio Público (MP) que ha actuado mediante una política de persecución a cualquier voz que discrepe de esta alianza, lo que ha provocado que un número significativo de personas, entre periodistas, comunicadores, jueces, fiscales y defensores de derechos humanos, se encuentren hoy en el exilio o privados de su libertad. La razón parece ser una especie de péndulo mejorado de lo que hizo la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), hasta el año 2019, en ese momento una persecución con cosas de fondo pero sin muchas formas hacia algunos actores del statu quo. El resultado fue una alta polarización social, con sentimientos de clase muy enarbolados entre lo que primariamente muchos comprenden como izquierda y derecha, sin análisis muy sesudos, pero que son utilizados para justificar acciones y discursos de uno u otro bando.

Hay que recordar también cómo llegamos a inicios de 2023. En ese momento hubo un alto cuestionamiento a las autoridades electorales, en específico al pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por una serie de interpretaciones muy particulares del ordenamiento jurídico-normativo relacionado con el ámbito electoral, que implicó la no inscripción de candidatos. Ese fue el caso del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP), por supuestamente no contar su candidato vicepresidencial, Jordán Rodas, con el finiquito correspondiente al haber sido Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y quien tuvo desde ese cargo una relación poco cercana a la clase política tradicional del país.   

Está también el caso del partido Prosperidad Ciudadana (PC), al que nadie tenía en el radar, hasta que en la primera encuesta seria del país apareció encabezándola, probablemente por su buen manejo de redes sociales y la cercanía que demostraba con la gente. A pesar de que su candidato presidencial no era necesariamente muy distinto en términos ideológicos, no era un personaje que fuese fácil de controlar para esta clase política que hemos venido comentando; como resultado, surge una denuncia de que su asamblea general no había sido realizada en ley, y por lo tanto todas sus demás asambleas quedan anuladas. En total, 1351 candidatos no pudieron participar para diferentes cargos de elección y el candidato Carlos Pineda, que encabezaba las encuestas, sale del proceso electoral. Llama la atención que fue Manuel Baldizón, excandidato presidencial, condenado en EE.UU. por lavado de dinero y quien queda en libertad en el año 2022, quien fue el ciudadano que presentó esa denuncia.  

Hay otros casos, como no haber dejado participar a Roberto Arzú, hijo del expresidente Álvaro Arzú (QEPD), a quien se le señaló de campaña anticipada. Algo que prácticamente hicieron todos los candidatos el último año, disfrazándola de campañas de afiliación y retorciendo la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Decreto 1-85), fueron sumando para lo que se anticiapaba como puntos de conflicto y dificultades para afrontar el proceso electoral que se desarrolló a partir de enero del 2023 con la convocatoria a elecciones.  

Pese a todo, el 60% de los guatemaltecos decidimos ir a votar el 25 de junio, con varios candidatos fuera de ser opciones dentro del menú político que se nos presentaba para elegir.  Discursos de la clase política tradicional bastante conservadores, amparados en una falsa cristiandad (los verdaderos cristianos no roban), se presentaban como opciones para mantener una línea conservadora en el país, sin más sustento ideológico que el mercadeo político de una figura, ni siquiera de un proyecto político.

El resultado fue que en las elecciones presidenciales el primer lugar lo obtuvo el voto nulo, con el 17.38%, lo que evidencia el rechazo a la mayor parte de los políticos tradicionales del país. Luego, Sandra Torres (15.86%), de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), un partido que en sus orígenes fue socialdemócrata y hoy es un catch all party más, pero con la mayor estructura partidaria a nivel nacional, y Bernardo Arévalo (11.77%), de Movimiento Semilla, un partido de centroizquierda progresista, que no se tenía en el radar de analistas y políticos, pasaron al balotaje.  

A partir de ese momento se comenzaron a cuestionar los resultados electorales. Bernardo Arévalo era un personaje incómodo, pues pertenece a un partido pequeño y nuevo, que ha tratado de alguna manera ser distinto del resto de los políticos tradicionales; en algunas cosas lo ha logrado, en otras no tanto, pero obviamente no es parte del eje de partidos políticos tradicionales.   

En segunda vuelta se confirma la victoria de Arévalo (58.01%) sobre Torres (37.24%), lo que da como resultado una serie de acciones de parte del MP para intentar desprestigiar el proceso electoral, que tuvo su punto de no retorno el 1 de octubre cuando retiran del TSE las actas que contienen el trabajo de los órganos electorales temporales, que son conformados por ciudadanos respetables y voluntarios de los diferentes departamentos y municipios del país, en un mecanismo en el que los votos son contados de manera pública delante de los fiscales de los partidos políticos.  

Lo que se mencionaba es la existencia de un plan de parte de las actuales autoridades gubernamentales, en coordinación con los otros dos poderes del Estado y una Corte de Constitucionalidad bastante afín, para anular el proceso electoral y repetirlo con candidatos que generen comodidad a la clase política tradicional, cancelando el Movimiento Semilla por una investigación por tema de firmas falsas en sus afiliados para constituirse como partido (irónicamente denunciada por el propio Bernardo Arévalo), pasando por un interín de elección de alguno de sus personajes para que durante un tiempo se encargue de dirigir los destinos del país como presidente provisional.  

Esto generó que, a partir del 2 de octubre, se desarrollaran una serie de bloqueos iniciados originalmente por la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán para pedir la destitución de la actual Fiscal General y Jefa del MP, Consuelo Porras, y del Fiscal Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche. Con el paso de los días, diferentes actores y sectores se han sumado a lo largo del país. Se han llegado a contabilizar más de 190 bloqueos, donde se debe hacer mención que no se conocen casos de represión por parte de la fuerza pública.

Sin embargo, sí es evidente la ausencia de liderazgo de parte del presidente Alejandro Giammattei para intentar buscar mecanismos inmediatos de resolución del conflicto. Pasaron cerca de ocho días para que apareciera en un mensaje en cadena nacional, donde habló de lo que inevitablemente pasaría, algunos saqueos cometidos por infiltrados, el abuso de los bloqueos para limitar el derecho constitucional de la libre locomoción, la escasez de productos y su inminente encarecimiento, entre otros.

De parte del gobierno central se solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) su participación para intentar lograr un acuerdo entre las partes cinco días después. A pesar de la alta calidad de las personas enviadas, lo que se observa es que no hay claridad en con quién negociar. 48 Cantones no lidera a nivel nacional los bloqueos, pues muchos surgen de forma espontánea y con apoyo popular. Por el otro lado, la petición inicial de renuncia para la Fiscal General del MP ni siquiera ha sido mencionada por el presidente Giammattei, y ella misma ha dicho que no dejará el cargo.

Como hizo mención el internacionalista guatemalteco Roberto Wagner, cada grupo está en su trinchera y no quiere salir de ella, sin disposición de negociación; a lo que se suma un presidente electo, Bernardo Arévalo, que no da muestras de hacer un llamado al diálogo inmediato y a liderar una transición mucho más ordenada, considerando que los bloqueos al final de cuentas generan una afectación de país, y dan muestra de la primitiva forma de hacer política en la que ha caído Guatemala, donde se reclaman derechos de unos sacrificando los de otros. 

https://open.spotify.com/episode/3NsTobQmUw9Zdc61yNczRd?si=cd6f8d02b0174409

El voto anticorreísta gana las elecciones en Ecuador

César Ulloa
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El voto anticorreísta gana las elecciones en Ecuador

Daniel Noboa, de 35 años, será el presidente más joven de la historia del país. La segunda vuelta de las elecciones en Ecuador se decantó a favor del heredero de una de las mayores fortunas del país, cuyo principal antecedente político son las cinco campañas presidenciales de su padre y haber ocupado una curul como asambleísta en el último periodo legislativo. Noboa se impuso con el 52,3% de los votos a la candidata del correísmo, Luisa González, quien obtuvo el 47,7% y representaba la fidelidad y la experiencia. Una vez más, la población acudió a elegir entre el correísmo y el anticorreísmo.

Noboa ejercerá la presidencia solo hasta mayo de 2025, ya que estas elecciones extraordinarias habían sido convocadas para completar el periodo del presidente Guillermo Lasso, luego de que el mandatario aplicara en mayo la “muerte cruzada”, como se conoce al mecanismo que le permitió disolver la Asamblea Nacional.

La campaña electoral que antecede a estas elecciones se puede calificar como atípica e insípida. En primer lugar, porque estuvo condicionada por la disolución de la Asamblea, lo cual exigió la organización de los comicios en 90 días por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), le sucede  el magnicidio del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio en unas elecciones calificadas como las más violentas de la historia republicana y finalmente la fatiga ciudadana debido a la crisis económica, la inseguridad por la penetración del crimen organizado y las denuncias de corrupción permanentes entre las diferentes funciones del Estado.

En segundo lugar, la campaña fue insípida porque no puso en debate y en la profundidad que se requerían los temas esenciales que demanda la población. Si bien, la inseguridad, el desempleo y la lucha contra la corrupción fueron mencionados por parte de los dos finalistas en sus campañas, no se explicó cómo se llevarían a cabo sus planes y promesas. Incluso, las propuestas excedían el tiempo de gobierno para el ganador, pues son apenas 15 meses de gobierno, de los cuales se descuenta un quimestre para el proceso de democracia interna de los partidos y movimientos, quienes deberán elegir a los candidatos para el 2025.

Además, la campaña transcurrió por fuera de la lógica tradicional de hacer proselitismo debido a la inseguridad y la violencia. Se clausuraron los mítines multitudinarios, las caminatas y el aprovechamiento de los espacios públicos por parte de los candidatos. La campaña se mudó a las redes sociales, así como a espacios acondicionados para poco público, previo estudio de la viabilidad de los eventos. Por primera vez se veía a los candidatos y sus equipos con chalecos antibalas y varios cercos de seguridad en los diferentes actos. Incluso, los medios de comunicación desconocían la agenda de los presidenciables.

La papeleta electoral sin Correa      

En menos de tres años, la papeleta electoral sin Rafael Correa en Ecuador se convierte en derrota para su movimiento político, la Revolución Ciudadana. El correísmo llegó por segunda ocasión a segunda vuelta (2021 y 2023), pero no le alcanzó una vez más para ganar las presidenciales frente a un electorado contrario, pese a no estar aglutinado en ningún partido. Esto no significa que esta fuerza política haya dejado de ser determinante en la política, pues cuenta con cerca de 50 asambleístas de 137 y autoridades seccionales electas en las tres principales provincias: Manabí, Guayas y Pichincha. La candidata derrotada, después de reconocer el resultado, felicitó al ganador en una expresión democrática junto con sus coidearios.

Por su lado, Daniel Noboa se alzó con la victoria en las regiones de la Sierra y el Oriente, sobre todo en la provincia de Pichincha donde se encuentra la capital, Quito. Además, disputó muy de cerca la Costa, en donde el correísmo sigue conservando su nicho electoral.

En esta contienda, el voto joven fue decisivo. De las casi 13 millones de personas habilitadas para sufragar, el 30% tienen entre 16 y 29 años según el Consejo Nacional Electoral y el Instituto de Estadística y Censos (INEC). Esto no quiere decir que el votante joven elija a un candidato joven, sin embargo, sí exige a los candidatos a disputar este segmento. Esto en un contexto de bono demográfico donde Ecuador cuenta con el mayor porcentaje de personas habilitadas para trabajar, pero donde 7 de cada 10 jóvenes están desempleados. Esto explica porque la promesa de empleo es la más llamativa.

Retos para el nuevo presidente

Los retos son urgentes y de distinta naturaleza para el nuevo huésped del Palacio de Carondelet. En lo económico destacan: un déficit fiscal de USD 3.500 millones hasta fin de año, solventar el gasto corriente para el sector público, pagar la deuda del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que asciende a USD 10.151,9 millones, la generación de condiciones que propicien el empleo, sobre todo en el sector joven, y cumplir con los créditos de los organismos multilaterales.

En lo político, el reto de Daniel Noboa es poder cocretar, con una Asamblea Nacional fragmentada, la aprobación de leyes con carácter de urgente. Cada bloque legislativo tiene agenda propia y no, necesariamente, coincide con la del nuevo mandatario. Otro desafío son los compromisos inconclusos del gobierno saliente con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la que demandará respuestas inmediatas a riesgo de una paralización. En lo judicial, resulta impostergable la reforma del sistema de justicia, debido a las sentencias de varios jueces a favor de los líderes de las bandas criminales, además de las permanentes tensiones entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura, órgano administrativo del sistema de justicia.

En lo social, son varias las demandas ciudadanas. En primer lugar, el combate contra la desnutrición crónica infantil que ubica al Ecuador en el segundo lugar en América Latina después de Guatemala. En temas de educación, uno de los mayores problemas es la falta de acceso de 200 mil jóvenes bachilleres a las instituciones de educación superior cada año y los rezagos de la pandemia que todavía no se han resuelto. La salud pública es tema aparte, pues requiere atención urgente en términos de equipamiento de hospitales, medicinas, contratación de profesionales, cobertura y calidad.

Pero sin desmerecer lo anterior, el principal problema de Ecuador es la inseguridad, pues la ausencia de una política de Estado puede provocar que Ecuador cierre el año con 40 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, además del problema de las masacres en las cárceles, la comercialización de droga a gran escala y el microtráfico, y la falta de recursos y talentos en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

El periodo gubernamental que se inaugura en diciembre es complejo y el nuevo gobierno dependerá de las diferentes fuerzas políticas, sectores, gremios, colectivos para sacar adelante un país en crisis.

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