La Franja y la Ruta diez años después, poco que festejar

Marcos Gava
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La Franja y la Ruta diez años después, poco que festejar

Este septiembre se cumplen diez años de la presentación que hizo Xi Jinping ante la comunidad internacional del proyecto insignia de la diplomacia china: la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, en su acrónimo en inglés). La iniciativa plantea la integración económica y comercial de China con el mundo a través de corredores e infraestructuras terrestres y marítimas en Asia Central, Europa, África y América Latina, financiados en su mayoría por Pekín.

El plan es seductor. En la última década, al menos 151 países han firmado memorandos de adhesión, entre ellos 22 latinoamericanos y caribeños.

El «Plan Marshall» chino

Pekín encuentra los argumentos de sus políticas actuales en su propia civilización. La Ruta de la Seda, una red de rutas terrestres y marítimas que hace dos mil años se desplegaba por distintas regiones del mundo, inspira al «proyecto del siglo», como etiqueta la propaganda del régimen. Esta añade que su vocación es que «beneficie a toda la humanidad». Pero los críticos del proyecto lo asemejan a un Plan Marshall chino que permite a Pekín ejercer influencia internacional y construir su liderazgo global. Marca la agenda y sienta las bases de un nuevo orden mundial.

El esquema del BRI ya existía antes de 2013. China lanzó su estrategia de salir afuera a poco de entrar en la Organización Mundial del Comercio, en 2001. Y, por su necesidad de garantizar el suministro de los recursos naturales que debían alimentar la fábrica del mundo y la urbanización del país, sus empresas y bancos estatales iniciaron su internacionalización. De la mano de su capitalismo de Estado, invirtieron en todo tipo de proyectos, construyeron infraestructuras por medio mundo y financiaron a gran escala. Con la crisis financiera de 2008, Pekín se hizo con activos, tecnología y mercados estratégicos antes vedados.

Demanda china en América Latina

En 2013, este modelo se empaquetó diplomáticamente, se adornó con eslóganes y tomó un nombre atractivo. Por entonces, América Latina se había beneficiado de la demanda china y del precio de las materias primas. Los flujos comerciales crecían exponencialmente y recibía financiación infinita en medio de reticencias de Occidente. Ecuador, Argentina, Venezuela y otros países se echaron en brazos de China. No solo por ser esta una fuente (casi) inagotable de préstamos, sino por afinidad política e ideológica, incluida la pulsión antiestadounidense. Muchos de aquellos gobiernos se unieron así al BRI.

¿Todo lleva a Pekín?

El gobierno chino anunció en 2019 que más de 3.100 proyectos de conectividad se realizaron dentro del ámbito del BRI. Sin embargo, es difícil saber cuántos de ellos ya existían con anterioridad o cuántos se habrían ejecutado igualmente sin el BRI. En cualquier caso, una década después del anuncio de Xi Jinping, el plan parece haber perdido impulso en medio del nuevo mundo geopolítico salido de la pandemia, el alcance de la (in)sostenibilidad de la deuda y la propia desaceleración económica en China. Ya no parece que todos los caminos conduzcan a Pekín.

Con semejante escenario, se abren alternativas acaso menos ambiciosas que el BRI. Una es la apuesta por la doble circulación, en la que China busca reducir su dependencia del comercio exterior. A la vez, pretende reforzar su economía doméstica. Asimismo, renueva sus esfuerzos en el sudeste asiático, donde tiene influencia histórica. Y en los países que conforman la Organización de Cooperación de Shanghái, ubicados en su periferia. Aunque el desarrollo y la prosperidad de China son muy dependientes del resto del mundo, y el aislamiento no es en absoluto una opción, América Latina podría perder (por estas razones) parte de su atractivo.

La desglobalización selectiva, incluida la deslocalización de empresas antes instaladas en China hacia destinos más fiables, obliga a todos los jugadores a reajustar sus fichas en el tablero. Pero, incluso si el BRI pierde fuerza económicamente, seguirá siendo políticamente importante para Pekín dado que su pretensión es consolidar su rol como potencia emergente y, acaso más adelante, hegemónica. Para ese propósito, el BRI convivirá, y se complementará, con las otras iniciativas de seguridad y desarrollo globales impulsadas por Xi Jinping. Su telón de fondo es el «destino común para la humanidad» que propugna el presidente chino.

Subordinación

Según los críticos, esto encierra una pretensión perversa: un orden internacional basado en una unidad de naciones económicamente dependientes de China y, por tanto, subordinadas a esta. Además de su vertiente económica, la acción del BRI se ha preocupado de reforzar la idea de China como alternativa de poder. Aboga por el multilateralismo y busca posicionarse como el principal aliado para desarrollar el sur global, muchas veces como contrapeso a los intereses de Estados Unidos. Detrás de todo ello, la voluntad de Xi Jinping es atraer al sur global a su órbita e influir en un orden mundial para hacerlo más seguro para sus intereses.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

Recalculando la competencia política en Argentina

Juliana Montani
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Recalculando la competencia política en Argentina

Recalculando, la palabra desesperante con la cual en medio del estrés del tránsito nos ataca el navegador. Así nos han dejado las PASO (primarias abiertas para la elección de presidente) a los analistas, ciudadanos y, sobre todo, a los líderes de la política en Argentina.

Después del shock viene la integración de la nueva situación y la incorporación de nuevas ideas a nuestro horizonte de opciones. Hay miedo: a lo nuevo, a la incertidumbre, a la ingobernabilidad, a lo antidemocrático. Se nos plantean tres incógnitas: ¿Hasta dónde llega el fenómeno Milei? ¿Se reconfigura nuestro sistema de partidos y alianzas? ¿Qué oportunidades no podemos pasar por alto?

Milei ha demostrado ser un cabal representante del borgiano “No nos une el amor, sino el espanto”. Logró aglutinar el descontento con la política tradicional, afortunadamente a través de la expresión democrática por excelencia, el voto, más allá de su discurso furioso y de algunas promesas impracticables. Retórica o propuesta que convencieron a muchos.

La primera gran pregunta es si tiene posibilidades de ser elegido presidente, y si, de ser electo, su gobierno sería viable. Todavía el fenómeno Milei se trata solo de una opción. Faltan bastantes cálculos y reacomodamiento de fuerzas y de discursos para ver si será ganador. La gran duda es si su partido, La Libertad Avanza, es una colecta de antis, de demoledores del statu quo, o si conforma una nueva sustancia que pueda catalizarse en gobierno viable.

Si Milei no accede a la presidencia es en parte porque no se le tiene la confianza necesaria, porque no puede establecer mayorías parlamentarias, porque le falta gestión y apoyos. Más allá del descontento, se necesita cierto convencimiento de que pueda desempeñar un gobierno democrático, con legitimidad simbólica y apoyo suficiente para poder articular políticas públicas. Para ganar elecciones puede ser suficiente la belicosidad discursiva, pero esta no alcanza para gobernar. Muchos se preguntan cómo Milei gestionaría el conflicto, cómo negociaría con grupos de presión y, sobre todo -gran medida argentina-, si podría llegar a fin de mandato de (en tiempos políticos largos) 4 años.

Los partidos, alianzas y candidatos están recalculando sus discursos y estrategias en base a los resultados de las PASO, y teniendo en cuenta la posible doble vuelta de las elecciones presidenciales de diciembre. Si no hay candidato que obtenga el 45% de los votos afirmativos en la primera vuelta, ni más del 40% con una diferencia de diez puntos porcentuales con el segundo candidato más votado, se realizará un balotaje entre los dos más votados. Es posible que el voto anti casta política, voto protesta, voto anarcocapitalista no sea tan fuerte a la hora de la elección de presidente, donde la ciencia política prevé que el electorado se corre hacia el centro. Después de todo, podemos expresar nuestra furia en las PASO, pero al elegir presidente, el electorado se modera. Como dice la famosa frase en inglés, “ten cuidado con lo que deseas, que se puede hacer realidad”.

La segunda cuestión es la nueva distribución del voto y de los candidatos.

La Argentina durante generaciones ha mermado su capital social, político y económico para crear riqueza, seguridad, educación y salud de calidad. Un país condenado a la dualidad amigo-enemigo que hasta ahora no logró repuntar. La dinámica de la competencia política argentina está caracterizada por lo que se conoce como “la grieta”: los votantes quedan presos de su pertenencia al espacio peronismo o antiperonismo.

Existe un porcentaje anclado a cada lado de la pecera, el famoso “núcleo duro”. Las grandes y a veces enormes diferencias dentro del peronismo y del antiperonismo no provocaban una fuga de los votantes de un lado hacia el otro.

El fenómeno Milei muestra que, más que una lealtad profunda a los propios, la grieta estaba dominada por la no pertenencia al otro modo. En otras palabras, hemos sido prisioneros de la grieta como constitutiva de nuestra identidad política por oposición. Hasta ahora, los decepcionados con la política veían como opciones o bien apoyar a regañadientes a los candidatos de su lado, o bien quedarse en su casa a la hora de ir a votar. Estas PASO han mostrado, efectivamente, un aumento del ausentismo, pero también una nueva alternativa. El gran cambio consiste en que Milei propuso una “salida elegante” para los desencantados.

La dignidad de la pobreza, la reivindicación de la marginalidad en una sociedad empobrecida y vulnerable, es el nicho del discurso ya ocupado por el peronismo. Del otro lado, el antiperonismo sigue ofreciendo un cambio al que no ha demostrado llegar ni con gradualismo, ni estando juntos. Milei se instaló como una propuesta de redención y disrupción, y los desencantados saltaron de sus lugares tradicionales del peronismo y antiperonismo donde estaban anquilosados. Es un llamado a cerrar filas de frustrados.

Y la tercera cuestión es cómo reaccionar ante el mensaje de las urnas.

Es probable entonces que sean Patricia Bullrich o Sergio Massa quienes se cuelguen la banda presidencial. Sin embargo, no olvidemos que la política también transcurre en el tiempo entre campañas, y si esta vez la voz de los desencantados no se logra articular, más adelante puede ser que trabaje para lograr una propuesta votable, con todo lo que le falta: alianzas en las cámaras, propuestas claramente democráticas que no provoquen miedo, construcción política, candidatos con más experiencia y votantes más fieles. O simplemente que termine de catalizar el hartazgo, porque los demás actores relevantes no ocupen el espacio de articuladores de las demandas de renovación de la política.
Que el árbol de la estrategia no nos impida ver el bosque de una nueva realidad. Las urnas hablan y han mostrado la oportunidad para un gran cambio. En una sociedad con 40% de pobres hay necesidades acuciantes, con medidas que hay que congeniar porque pueden necesitar generaciones para tener impacto. El próximo presidente, el congreso y la oposición tendrán mayores oportunidades para generar un gran consenso en puntos fundamentales. La nueva dinámica que se ha bautizado como “de tres tercios” puede liberar el hechizo de espejo de la grieta. El reclamo de cambios tangibles y hasta disruptivos puede ser aprovechado para vivificar instituciones, reformar el Estado, ayudar a dinamizar al sector empresarial, diversificar las fuentes de riqueza de nuestro país para poder desarticular el clientelismo. Si existe una oportunidad de saltar la grieta, que sea para cambiar el diálogo político, introducir temas de mediano plazo en la agenda, organizar alianzas transgrieta entre diversos actores de la sociedad civil y política para que la realidad no nos sorprenda recalculando.

La continuidad en la política monetaria y las penurias del crecimiento en América Latina

Gregorio Vidal
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La continuidad en la política monetaria y las penurias del crecimiento en América Latina

En América Latina ejecutar una política monetaria restrictiva como el medio eficaz y pertinente para controlar y reducir la inflación es una decisión que no se objeta entre las juntas de gobierno o en los consejos directivos de los bancos centrales. Directivos de los organismos financieros multilaterales y miembros de las juntas directivas de las calificadoras de riesgo y gran parte de la banca transnacional con sede en Estados Unidos comparten la misma opinión. En los círculos académicos del mainstream se sostiene que el recurso a la política monetaria restrictiva es el único camino para controlar la alta inflación. 

En el conjunto de estos ámbitos se afirma que es imprescindible observar resultados en materia de menor resiliencia en los mercados laborales para plantearse modificar las decisiones y proceder a una reducción sistemática de las tasas de interés de referencia. Jerome Powell, presidente del consejo directivo de la Reserva Federal de Estados Unidos, señaló en su discurso, en la reunión de banqueros centrales de Jackson Hole de agosto, que el fuerte crecimiento y el resurgimiento de la fortaleza en el mercado laboral podrían requerir una respuesta más contundente en materia de alzas en la tasa de interés de referencia.

En las mayores economías de América Latina, en el curso del segundo semestre del año 2021, se inició una política de incremento en las tasas de interés de referencia, incluso antes de que procediera de la misma forma la Reserva Federal de Estados Unidos. En Brasil, en mayo de 2021 la tasa de interés de referencia se elevó de 2.75% a 3.5%. Después los aumentos continuaron hasta alcanzar el 13.75% en agosto de 2022. En todo el periodo se sostenía que era la medida necesaria para enfrentar la inflación.

En Argentina el desarreglo monetario financiero es total desde tiempo atrás, con el añadido de inestabilidad cambiaria e incapacidad para hacer frente a compromisos en materia de deuda externa contratada durante el gobierno de Macri con el FMI. En México, Colombia y Chile los aumentos se presentan a partir del segundo semestre de 2021, acumulándose en Colombia y Chile más de 10 puntos de alza en la tasa de interés de referencia en algo más de un año.  

A la fecha, no obstante que desde el segundo semestre de 2022 se observa una reducción en el incremento del índice de precios al consumidor, que se profundiza en el primer semestre del año en curso, únicamente el Banco Central de Chile ha realizado una reducción importante, de 175 puntos base de julio a septiembre de 2023, en la tasa de interés de referencia. En Brasil, Colombia y México se mantienen tasas de interés de referencia de dos dígitos, siguiendo las directrices que se llevan a cabo por los bancos centrales de Estados Unidos, Inglaterra y el de la zona del euro, entre otros países desarrollados.

En Brasil, desde hace meses el gobierno federal ha criticado la política monetaria ejecutada por el banco central sin lograr un cambio importante. En mayo del año en curso, cuando el comité encargado de fijar la política monetaria por cuenta del banco central de Brasil (COPOM) mantuvo sin cambios la tasa de interés de referencia, a las críticas del gobierno se sumaron las de organizaciones sindicales (Força Sindical y CUT) y empresariales (CNI).

El COPOM acordó una reducción de 50 puntos base en su reunión de agosto; no obstante, al argumentar su decisión señaló que se mantienen núcleos de inflación aún elevados y una resiliencia en los mercados de trabajo de diversos países, por lo que no hay garantía para avanzar en esta dirección. Reconoció que en el país el conjunto de indicadores económicos es consistente con una desaceleración, que no escapa a sus estimaciones.

En Colombia, la junta directiva del banco central decide mantener en el mismo nivel la tasa de interés de referencia sin considerar los señalamientos para que procedan de otra forma por parte del gobierno federal, de la asociación de empresarios y de la propia asociación bancaria. Según estos actores, la reducción en la tasa de interés de referencia es una medida necesaria para permitir el crecimiento de la economía, en tanto que los costos financieros actuales presionan a hogares y hacen inviables las inversiones para gran cantidad de empresas.

En la reunión de los banqueros centrales de Jackson Hole, Powell también señaló que los datos de los meses de junio y julio de reducción de la inflación subyacente son bienvenidos, pero dos meses de buenos datos son solo el comienzo. El énfasis sigue siendo, sin mediar alguna explicación, alcanzar el 2% que, según esta lectura, debe incluir el alza en los precios de lo que se mide con la inflación subyacente. Powell plantea el punto central que orienta las decisiones en materia de política monetaria cuando afirma que para lograr que la inflación vuelva a bajar de manera sostenible al 2% se requerida un periodo de crecimiento por debajo de la tendencia, así como cierto debilitamiento de las condiciones del mercado laboral.

La directora ejecutiva del Banco Central Europeo sostiene la misma opinión y, acorde con ese criterio, en la reunión del jueves 14 de septiembre la junta directiva de ese banco central decidió su décimo aumento consecutivo en la tasa de interés de referencia. El acto puede empujar con mayor fuerza a la recesión en varias economías de la zona o profundizarla en aquellas que avanzan en esa dirección, como en Alemania que registra dos trimestres consecutivos en el año con una variación negativa.

Todo indica que el debilitamiento de las condiciones del mercado laboral se acompaña de menor crecimiento o recesión. También que el alza en las tasas de interés plantea problemas para familias y actores sociales que dependen del crédito bancario. Pero también es un dato positivo para todos los que pueden realizar colocaciones financieras sin que estas graviten en sus gastos.

Para un reducido grupo de grandes colocadores financieros el criterio del nivel de la tasa de interés real no es la referencia pertinente. Para ellos es la tasa de interés pura y simple en tanto que mantienen en los circuitos financieros sus recursos sin tener que considerar regresos al mundo de la producción. Para este pequeño segmento de la población el presente es un tiempo de bonanza. Para los gobiernos de América Latina que intentan impulsar cambios para disminuir la desigualdad social, en cambio, es un momento de notables dificultades, es un tiempo de penurias.

«Contra todo y contra todos»: prejuicios y biometría en el fútbol

Bruno Nathansohn
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«Contra todo y contra todos»: prejuicios y biometría en el fútbol

El 23 de junio, el Clube de Regatas Vasco da Gama, conocido popularmente como Vasco, fue sancionado por los incidentes ocurridos tras un partido del campeonato brasileño de fútbol. A raíz de ello, el juez de turno, Marcelo Rubioli, prohibió el acceso a su estadio, São Januário, una decisión que para muchos se basa en prejuicios sociales.

El acta afirma que “el complejo está rodeado por la comunidad de Barreira do Vasco, desde donde se oye habitualmente el sonido de disparos procedentes del tráfico de drogas que allí se desarrolla”; y que las estrechas calles “están siempre abarrotadas de hinchas borrachos”. Esto recuerda el histórico enfrentamiento del club con la élite de la sociedad carioca, que se remonta al año 1923. Ese año, el club ganó su primer campeonato con atletas negros y pobres, pertenecientes al proletariado y a la enorme colonia portuguesa de la ciudad. Han pasado 100 años desde el histórico enfrentamiento de un club popular contra los prejuicios raciales y de clase. Los medios han cambiado pero los motivos parecen ser los mismos.

La historia del Vasco nació predestinada a la lucha. Sus orígenes se entrelazan con la propia resistencia de elementos culturales arraigados en las clases sociales más vulnerables de la sociedad carioca. En este sentido, su existencia trasciende los límites de la colonia portuguesa e incluye a grupos históricamente marginados, como negros, obreros e inmigrantes pobres.

En una carta dirigida a la Asociación Deportiva Atlética Metropolitana (AMEA), conocida como la Respuesta Histórica, escrita en 1924, el Vasco se enfrentó a los clubes fundadores de la Asociación, que no aceptaban que tuviera en su plantilla jugadores negros, analfabetos, inmigrantes y socialmente desfavorecidos, además de alegar la falta de un estadio propio.

Según la carta, los jugadores de aquellos días fueron llevados a los tribunales y juzgados sin la debida representación legal, basándose en una “investigación sobre las posiciones sociales de los miembros”. En un contexto en el que la práctica del fútbol estaba reservada a las clases sociales más pudientes, se erigió un monumento arraigado en las tradiciones más populares de la ciudad, el estadio São Januário. Reconocido como un monumento de resistencia construido por la fuerza popular, recibe a sus aficionados, en un pre-partido único en el mundo, con un círculo de samba de la comunidad Barreira do Vasco, la «Sambarreira».

Cien años después, el Vasco se enfrenta de nuevo a la discriminación de representantes de la élite de la sociedad brasileña, al parecer radicados en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD), el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJRJ) y el Ministerio Público de Río (MP-RJ), así como de sus adversarios, que le impiden repetidamente jugar en el estadio Maracaná.

Sin generalizar, porque todas estas instituciones cuentan con profesionales serios que cumplen con su deber, cabe señalar las temibles acciones institucionales que vienen haciendo inviable la existencia social de un club único, a través de un movimiento deliberado para destruirlo.

El club, que ya cumple condena por los disturbios ocurridos hace más de 70 días, sigue sin poder jugar en su propio estadio (Estadio São Januário). Este caso coincide con la lucha del club por ejercer su derecho a jugar en un bien público nacional, el Maracaná, contra la postura del gobierno del estado de Río de Janeiro y sus opositores, que lo gestionan de forma temporal sin licitación.

Pero ahora la lucha ha adquirido nuevos contornos. Además de las pérdidas deportivas, el Vasco se enfrenta a decisiones judiciales totalmente desconectadas de la realidad, que imponen inmensas pérdidas no solo al club, sino también a las comunidades vulnerables de su entorno, que dependen de los partidos del Vasco para su subsistencia.

Esta aparente persecución se convierte en una cuestión social más amplia, que afecta a la vida económica de los estratos más pobres e impone instrumentos de segregación más profundos contra un objetivo específico, las clases trabajadoras. Paralelamente a esta argucia legal contra el Vasco, se intenta llegar a un acuerdo con el MP-RJ mediante la firma de un Acuerdo de Ajuste de Conducta (AAC). Sin embargo, la principal exigencia es que el club instale un sistema biométrico de cobro mediante reconocimiento facial.

Llama la atención que esta exigencia solo afecta al estadio del Vasco da Gama, y no afecta a otros recintos donde habitualmente se disputan partidos en la ciudad. El argumento de que la zona es peligrosa y supone un riesgo mayor que otros recintos, como señaló el juez de guardia, no se sostiene. Por cierto, estos lugares tienen la misma incidencia de tiroteos y violencia entre aficionados que São Januário.

Si así fuera, todos los estadios tendrían que pasar por los mismos criterios, sometiendo a las personas que frecuentan estos espacios al mismo procedimiento. Parece que, tal como está planteada la propuesta, esta iniciativa no forma parte de una estrategia amplia para el buen funcionamiento de la seguridad en los recintos deportivos, sino que tiene como objetivo vigilar y castigar a un determinado grupo social. Los expertos que analizan la buena conducta y las prácticas de las instituciones afirman que la aplicación de este sistema puede entrañar graves riesgos.

Lo que está ocurriendo con el Vasco es una imposición para que sus hinchas, o las personas que van al estadio, situado en una región socialmente vulnerable, sin elección, tengan sus datos biométricos recogidos, a partir de una opinión discriminatoria y sin base técnica plausible. Hay un deseo de tutela sobre las decisiones de un club en la gestión de sus intereses.

El prejuicio al que se enfrenta el Vasco parece persistir, se entrelaza con la segregación de amplios sectores de la sociedad brasileña. A las barreras concretas se suman ahora las digitales, que permiten recoger datos sobre las «clases peligrosas», término acuñado en el siglo XIX para referirse a los trabajadores excluidos del proceso de producción, pero que también hace referencia a los «indeseables»: negros e inmigrantes, especialmente de regiones pobres. Al racismo tradicional se superpone el racismo algorítmico.

Contra estas barreras de acceso, la comunidad Barreira do Vasco resiste. Y, como dicen los hinchas del club: «El Vasco tiene que jugar contra todo y contra todos».

Las lecciones de las elecciones

Cecilia Rodríguez Balmaceda
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Las lecciones de las elecciones

Coautor Francisco Sánchez

El pasado domingo 20 de agosto, Ecuador y Guatemala celebraron elecciones generales en un contexto de violencia, inseguridad y un fuerte descontento ciudadano. Estos procesos, de gran relevancia para ambos países, instalaron en la agenda política algunas cuestiones cruciales para la región. Entre los asuntos destacados están el de la inseguridad, el modelo Bukele como solución y el surgimiento de actores políticos capaces de capitalizar el malestar de los ciudadanos.

Las elecciones en segunda vuelta de Guatemala dieron como ganador a Bernardo Arévalo, uno de los fundadores del partido progresista Movimiento Semilla surgido tras las protestas sociales que sacudieron al país en 2015. Arévalo se impuso con una amplia diferencia de votos (21 puntos) a la ex primera dama, Sandra Torres, representante del partido conservador Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que intentaba por cuarta vez llegar a la presidencia.

Tras ganar la presidencia con un 58% de los votos, Arévalo asumirá el cargo en enero y como principal reto deberá enfrentar a un sistema político y judicial corrupto que ha arrastrado al país centroamericano a una profunda crisis democrática.

Por su parte, Ecuador celebró elecciones generales anticipadas. Estos comicios se adelantaron a raíz de la activación del mecanismo constitucional de “muerte cruzada” por el presidente Guillermo Lasso, en un intento de evadir un juicio político que ponía en riesgo su mandato. Estos comicios estuvieron marcados por la violencia política perpetrada por el narcotráfico tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Los comicios dieron como ganadores a Luisa González (33,38% de los votos) candidata de izquierda respaldada por el correísmo, y Daniel Noboa (23,61%), candidato de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), un acaudalado empresario con poca experiencia política que fue la sorpresa de las votaciones. Al no lograrse una mayoría absoluta o un 40% con al menos 10 puntos de ventaja sobre el segundo, el próximo 15 de octubre se llevará a cabo la segunda vuelta electoral. Quien resulte electo presidente, junto con el nuevo Congreso, asumirá funciones el 30 de noviembre, culminando el período de Lasso en mayo de 2025.

Como ya se anticipó, ambos procesos electorales dejan una serie de lecciones que necesitan tomarse en cuenta. En primer lugar, ambas victorias esconden debilidades a medio plazo, en el que la necesidad de forjar acuerdos entre Ejecutivo y Legislativo se torna en una necesidad imperiosa pero compleja que pone en evidencia las particulares características de los modelos de competencia partidista de las democracias de la región. Esta característica aunada a la forma de gobierno presidencial que permite que se elijan presidentes sin apoyo suficiente en el parlamento da como corolario escenarios políticos propensos a la desestabilización.

Aunque la victoria de Arévalo fue sólida, su gobierno está destinado a ser débil. Su partido cuenta con apenas 23 de los 160 diputados en un legislativo en el que los partidos tradicionales, liderados por el conservador Vamos, del presidente saliente Alejandro Giammattei, y la UNE, de Sandra Torres, registran una mayoría.

En el caso de Ecuador, el porcentaje de votos obtenido por Luisa González confirma que el correísmo tiene un voto duro muy fiel, que perdura con los años. Sin embargo, estas cifras revelan que el correísmo posee una debilidad manifiesta de cara a la segunda vuelta. No obstante, gane quien en gane en el balotaje y ocupe el Palacio de Carondelet, desde diciembre de este año hasta mayo de 2025, se enfrentará de nuevo a un Parlamento fraccionado.

De esta manera, otra vez hay un presidente electo y un o una potencial presidente que tendrán que gobernar sin contar con mayoría en el legislativo que les permita poner en marcha sus ambiciosos proyectos de reforma. Los conflictos entre las dos ramas son constantes en los dos países y llevan a la parálisis institucional o a que se posponga la aprobación de políticas públicas. Precisamente el enfrentamiento con la Asamblea Nacional fue el motivo para que el presidente Lasso adelante elecciones luego de haber conseguido aprobar solo tres proyectos de ley en tres años.

Se supone que la falta de mayorías legislativas se suple con acuerdos entre partidos fuertes; pero, y aquí otra lección de estas elecciones, en los dos países de los que estamos hablando hay sistemas de partidos altamente volátiles e inestables. Por ello, es necesario que ampliemos las miras para entender a los sistemas de partido altamente volátiles y dejemos de verlos como problema y los veamos más bien como una característica más.

Otra de las lecciones interesantes de estas elecciones es que no se impuso el bukelismo, que parecía ser una tendencia. Si bien es cierto que el notorio incremento de la inseguridad y la imagen de Bukele tanto en El Salvador como a nivel internacional, posicionaron ese tema en la agenda, los candidatos ganadores de las elecciones lo han hecho con una agenda más social y menos punitiva. En este sentido, tanto Ecuador como Guatemala, dos países desiguales no solo a nivel social y económico, sino también étnico, priorizaron estas preocupaciones antes que las políticas de “mano dura” para enfrentar la inseguridad.

Por último, cabe destacar el triunfo de candidatos que han sabido capitalizar el malestar ciudadano ante la corrupción generalizada del sistema político, frente a estructuras partidarias tradicionales o con una estructura política más sólida.

Francisco Sánchez es Director del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca.

Claudia Sheinbaum, la construcción de un nuevo liderazgo

Mayte Muñoz
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Claudia Sheinbaum, la construcción de un nuevo liderazgo

Claudia Sheinbaum (Ciudad de México, 1962), científica, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), militante política y exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, es la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia de México. Ella será quien contienda a las elecciones generales a celebrarse el próximo 2024.

La exjefa de Gobierno de la capital ha ganado la encuesta que su partido propuso como modo de escoger a su candidato o candidata a las próximas elecciones generales y suceder al mandatario actual, Andrés Manuel López Obrador, en la presidencia de la República el próximo sexenio si, como pronostican los sondeos, triunfa.

Claudia Sheinbaum tiene ante sí un gran reto. Esto es indudable. Y para afrontarlo cuenta en su haber con formación académica y trayectoria política. De su formación académica es importante mencionar que Sheinbaum estudió la licenciatura en Física y la maestría y el doctorado en Ingeniería de Energía en la UNAM, e hizo una estancia en la Universidad de California, en Estados Unidos. Se ha desempeñado como investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM desde 1995.

Con relación a su trayectoria política, sus primeros contactos con la práctica política se desarrollaron en la lucha estudiantil en la UNAM cuando, siendo alumna de la Facultad de Ciencias, formó parte del movimiento de 1986-1987 en defensa de la educación pública y en contra del aumento de las cuotas para los estudiantes. Sería hasta el año 2000 que ella aceptara ocupar un cargo, secretaria de Medio Ambiente en el gobierno de la ciudad, entonces regentado por el actual presidente de México. Fue en esa etapa cuando se forjó una relación de trabajo y de compromiso político con López Obrador, quien contó con ella en su primera campaña presidencial en 2006.

Tras las elecciones que fueron consideradas fraudulentas, López Obrador estableció un movimiento de resistencia civil y solicitó a Sheinbaum hacerse cargo de la organización de la estructura popular en defensa de los bienes nacionales (conocidas como las Adelitas). En 2012, en la segunda campaña a la presidencia, fue propuesta para la cartera de Medio Ambiente, si se ganaban las elecciones. Pero las elecciones se perdieron frente al candidato del PRI y la académica volvió a su labor de investigación en la UNAM. En 2014, regresó a la arena política tras la fundación de Morena; en 2015 se postuló y ganó la alcaldía de Tlalpan, que ocuparía hasta 2018, cuando pasó a gestionar, tras ser elegida, la jefatura de la Ciudad de México de la que se ha encargado hasta 2023.

De su gestión podemos extraer algunas ideas acerca del perfil de la exjefa de Gobierno. La académica, formada en física y en ecología, puso especial atención al medio ambiente y buscó ampliar la red de transporte público limpio y sustentable (el Metrobús, el Trolebús, las ciclovías); en coherencia con las demandas estudiantiles de su juventud, durante su gestión se otorgaron becas a estudiantes de escasos recursos y se implementó un programa para llevar formación extracurricular a las zonas marginadas: espacios de formación comunitaria conocidos como Pilares. A las luces de esta gestión hay que añadir una sombra: en 2021 se produjo un accidente en la línea 12 del metro en el que perdieron la vida 27 personas. Aunque esta línea fue diseñada y construida durante la gestión anterior, a la administración de Sheinbaum se la acusó de no dar suficiente mantenimiento por aplicar políticas de austeridad.

En fin, la trayectoria de la candidata a la presidencia de la República de los Estados Unidos Mexicanos nos da una idea de quién es la mujer que puede asumir la mayor responsabilidad política del país. Mujer que, no omito mencionar, es además madre de dos hijos: Mariana, actualmente posdoctoranda en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, y Rodrigo, quien estudió la carrera de Artes Visuales también en la UNAM y se dedica al cine documental.

Numerosos medios de información nacionales y extranjeros se han hecho eco de su condición de mujer. En efecto, debemos congratularnos de que después de siglos de lucha (no olvidemos que ya en 1791 Olympia de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana) las mujeres hayamos ido ocupando espacios de representación y decisión política y felicitarnos también de que la paridad se haya incorporado en la Constitución mexicana. Es de esperar que su gestión, en caso de ganar las elecciones, sea sensible a las demandas sentidas de las mujeres y cuerpos feminizados en continuidad con su labor en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Aunque, desde mi punto de vista, no es su condición de mujer lo relevante. Otras mujeres ocupando cargos de representación política ha habido (y hay) insensibles a problemas de género. Pensemos, por poner un ejemplo, en Margaret Thatcher.

Lo verdaderamente significativo de su condición de mujer desempeñando la más alta responsabilidad de la República es, en primer lugar, que su trayectoria puede constituir un ejemplo para las mujeres, para las jóvenes de este país: Sí, las mujeres podemos; sí, las mujeres tenemos derecho efectivo (no solo en papel) a ejercer la representación política. Para todas, y en especial para aquellas que sufren violencia y condiciones de desigualdad laboral, social y económica, la que fue joven integrante del movimiento estudiantil de los años ochenta tendría, en caso de ser presidenta, la posibilidad de implementar políticas y planes de igualdad, programas de inclusión y, fundamentalmente, programas contra la violencia de género. Estas políticas puede llevarlas a cabo un presidente o una presidenta indistintamente; sin embargo, en el caso de Sheinbaum es de es de esperar que así sea, porque ella misma ha experimentado agresiones machistas.

En efecto, sorprende que los críticos de la aspirante a la presidencia siembren dudas acerca de su capacidad de agencia libre, responsable y comprometida señalando, en un gesto característicamente misógino, que ella nos es más que una marioneta en manos de actual presidente de la República.  No cabe duda de que Andrés Manuel López Obrador es un líder carismático. Con su retiro de la vida política, dejará un vacío importante en el movimiento de izquierdas que fundó y comandó desde 2014 a la fecha.

Hoy, tras recibir el “bastón de mando”, Claudia Sheinbaum tiene como primer reto la construcción, en el interior del movimiento, de un nuevo liderazgo, un liderazgo con sello propio. Su reto mayor, a medio plazo, será dirigir la República desde los principios de ese nuevo liderazgo.

La propaganda golpista vuelve a la campaña electoral en Argentina

Federico Finchelstein
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La propaganda golpista vuelve a la campaña electoral en Argentina

Coautor Emmanuel Guerisoli

En Argentina el discurso de la dictadura reemplaza a la historia. En vísperas de lo que parecería ser una de las elecciones presidenciales más relevantes desde la vuelta de la democracia en 1983, vemos una novedad: la propaganda de la vieja dictadura militar se repite en la campaña y el debate histórico se ve relegado al olvido. Se vuelve a la idea de los “excesos”, que en concreto niega la realidad del pasado: el plan sistemático de exterminio y sus crímenes de lesa humanidad que desencadenaron los juicios a los militares de 1985 en adelante. No hay nada original en esto y más bien representa una nueva tendencia latinoamericano del negacionismo histórico. Lo mismo hicieron Jair Bolsonaro en Brasil y José Antonio Kast en Chile justificando sus respectivas dictaduras. 

La actual candidata argentina para vicepresidenta de La Libertad Avanza y futura encargada de las áreas de defensa y seguridad interna, Victoria Villarruel, está intentando reformular la violencia no-estatal de la década de los 70, revitalizando el rol de la dictadura. Esta no reinterpretación de la Junta no es exclusiva de Villarruel, sino también de su compañero de fórmula, Javier Milei, a The Economist: “Hubo una guerra entre un grupo de subversivos que querían imponer una dictadura comunista y del otro lado estaban las fuerzas de seguridad, que se excedieron en sus acciones”.

En realidad, la así llamada “guerra sucia” no fue una verdadera guerra, sino una militarización ilegal de la represión estatal. Se trata de una expresión popularizada que tiene que ser explicada en relación con la genealogía fascista del país. La Guerra Sucia no tenía como protagonistas a dos combatientes, sino a víctimas y victimarios. El Estado hizo la “guerra” contra sus ciudadanos. Este terror autorizado por el Estado tenía sus raíces en los movimientos fascistas de los años de entreguerras. Los historiadores hablan de terrorismo de Estado, mientras que Villaruel afirma que “El terrorismo de Estado no existe”.

Villarruel y Milei afirman que la violencia estatal, si bien fue excesiva, estaba justificada y sus efectos salvaron al país de una dictadura comunista. Repiten los argumentos de los dictadores y la ideología del fascismo en Argentina. Negar la desaparición sistemática de decenas de miles de personas; el homicidio, secuestro, detención indefinida y tortura y violación de otras miles; el robo y saqueo de la propiedad privada de los desaparecidos, secuestrados y sus familiares; el rapto, retención, y comercialización de bebés y niños de los desaparecidos, y la construcción a nivel nacional de una red clandestina de campos de concentración, y calificarlo de “accionar excesivo” es, en el mejor de los casos, ignorante, y en el peor de los casos encubridor. Es un la misma lógica de Trump en EE.UU. y Bolsonaro en Brasil.

Históricamente, la violencia política no-estatal en la Argentina era parte de un proceso sociopolítico global y no solamente protagonizado por guerrillas u organizaciones de izquierda/comunista. Villarruel y Milei no mencionan la relación entre la dictadura militar y los herederos del grupo Tacuara, de índole católica antisemita, y sobre todo de la organización terrorista más violenta de la Argentina: la Triple A, que fue autora de más de 900 homicidios en dos años y funcionó como un brazo parapolicial del gobierno de Juan Domingo Perón y luego Isabel Perón.

Las guerrillas de Montoneros y ERP no eran organizaciones aliadas. Ambas guerrillas cometieron acciones criminales y fueron responsables de cientos de muertes durante gobiernos militares y democráticos; pero jamás estuvieron cerca de derrotar al Estado y tomar el poder. 

Esto no justifica los actos violentos y homicidas de las guerrillas. Varias de sus víctimas merecen ser recordadas y que sus muertes no sean enmarcadas como el resultado de actos heroicos o de resistencia. Pero hay diferencias esenciales entre crímenes producidos por organizaciones no-estatales y los cometidos por agentes estatales. Cuando Villarruel reclama que es injusto que militares argentinos sean investigados y condenados por crímenes de lesa humanidad, cuya tipificación y no prescriptibilidad se legisló con posterioridad a la comisión de tales actos, se olvida de que los acusados actuaron en nombre del Estado y con apoyo del aparato represivo estatal. Ellos estaban actuando no como ciudadanos privados, a los cuales los principios garantizadores del derecho penal se aplican, sino como el Estado mismo. No es injusto, al contrario: los legisladores argentinos tipificaron los delitos de lesa humanidad de tal manera para poder tener un Estado más justo. 

Los vínculos entre Milei/Villarruel y la lógica fascista van más allá de los vínculos personales con criminales. Villarruel llevaba jóvenes al departamento del dictador Videla, su tío Ernesto fue uno de los altos mandos del campo de concentración El Vesuvio y Milei trabajó como asesor personal del genocida general Antonio Bussi en los 90.

Por ello, esta negación de la realidad histórica es absolutamente peligrosa para la democracia argentina. La Junta Militar tomó el poder en 1976 ilegalmente. Si Milei y Villarruel no tienen un problema con esto, están legitimando el rol extraconstitucional que las fuerzas armadas tuvieron para “salvar” a Argentina de peligros existenciales, reales o no, y restablecer el orden en la sociedad. Quienes no cuestionan la legalidad de un golpe de Estado revelan sus intenciones no democráticas, como justamente hizo Milei al decir que el intento de golpe de estado en Brasil del 8 de enero fue organizado por Lula y al plantear dudas sobre la legitimidad de las elecciones en EE.UU. y Brasil. 

Cuando Milei acusa a Lula y al presidente de Chile Boric de ser comunistas, cuando culpa al “marxismo-cultural” de toda la decadencia socioeconómica de Argentina, y el mundo, en los últimos 40 años, y cuando fantasea con que en los 70 un grupo de subversivos intentó imponer una dictadura comunista en Argentina, está definiendo quiénes son los enemigos existenciales del país.

En su visión, él y su plataforma política personifican una cruzada mesiánica contra las fuerzas comunistas. Estos enemigos no tienen lugar en la Argentina de Milei, la mera existencia de ellos la ponen en peligro y en este marco ideológico la represión y la dictadura no pueden ser descartadas. La intolerancia y la violencia discursiva de Milei y Villarruel debe ser relacionada con su negación de las historias pasadas y recientes de golpes y violencias autoritarias. Esta negación de la historia es un aspecto central del peligro para la democracia que representa Javier Milei.

Emmanuel Guerisoli abogado. Doctorando en Sociología e Historia en New School for Social Research (N. York). Especializado en derecho penal internacional, derecho constitucional y derechos humanos. Máster en Estudios Internacionales y Sociología.

Los BRICS y la política exterior del gobierno Lula

Marta Fernández
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Los BRICS y la política exterior del gobierno Lula

El BRICS ha sido una de las plataformas centrales del gobierno Lula. En ella, busca avanzar en la idea de una mayor participación y representación de los países del Sur global en el proceso internacional de toma de decisiones. La invitación para la adhesión de seis países al BRICS, hecha en la 15ª Cumbre de Sudáfrica, que concluyó el 24 de agosto, debe entenderse en el marco de este movimiento de búsqueda de una mayor representatividad económica, política y geográfica de la agrupación. Al fin y al cabo, si se aceptan las invitaciones, a partir de enero la agrupación contará con un país latinoamericano más, Argentina, dos africanos más, Egipto y Etiopía, y tres países de Oriente Medio, los grandes productores de petróleo Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Aunque la ampliación era vista como un camino previsible para los BRICS, la aprobación de los seis países incluso antes de que se definieran los criterios fue una sorpresa. La sorpresa puede atribuirse en gran medida a la guerra de Ucrania, un acontecimiento que, aunque decisivo para la entrada de los nuevos miembros, acabó funcionando como agenda invisible.

Al igual que el Presidente ruso Vladimir Putin no pudo asistir a la Cumbre por el riesgo de ser detenido por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, el conflicto en Ucrania estuvo presente y ausente al mismo tiempo. Ausente porque se evitó debido a que Rusia, la potencia que violó la soberanía de Ucrania, es miembro de los BRICS. Y presente, porque a raíz del conflicto que provocó el relativo aislamiento diplomático de Rusia y la intensificación de las rivalidades entre China y Estados Unidos, estos dos países necesitan aliados geopolíticos y geoeconómicos para equilibrar el poder de Estados Unidos y del bloque occidental.

A su vez, la asimetría de poder dentro de los BRICS a favor de Rusia y, sobre todo, de China, creó las condiciones para que ambas potencias impusieran su agenda a países como Brasil, que, si bien por un lado defendía el principio de un bloque cada vez más inclusivo, se mostraba reticente ante una inclusión ampliada y desorganizada de miembros que no sólo podría hacerle perder su papel de líder, sino también crear problemas de coordinación política.

Al mismo tiempo, la guerra en Ucrania ha dado impulso a las ambiciones, operativamente complejas, de desdolarizar la economía, una exigencia del gobierno de Lula. Las sanciones económicas impuestas a Rusia, incluido el acceso del Banco Central ruso a las reservas de dólares y su expulsión del sistema de pagos Swift, han demostrado la voluntad de Estados Unidos de convertir el dólar y el sistema financiero internacional en armas de guerra. Esta securitización del dólar podría tener un efecto boomerang contra la propia hegemonía de la que goza el dólar desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ya que podría contribuir a impulsar la búsqueda de alternativas más fiables y menos sujetas a chantaje en momentos de inestabilidad geopolítica. 

En este sentido, Brasil se encuentra en un delicado equilibrio: por un lado, apoya tanto la expansión de los BRICS como la desdolarización de la economía con el objetivo de mover el sistema centrífugamente hacia la multipolaridad, es decir, hacia un sistema en el que habría varios polos de poder, pero, por otro lado, podría convertirse en rehén de un orden cada vez más bipolarizado en dos polos de poder antagónicos. Brasil se enfrenta, por tanto, a la difícil tarea de contribuir a abrir un espacio de diálogo y coordinación multilateral en el que los países del Sur Global puedan actuar con relativa autonomía de los grandes centros de poder.

Brasil viene exigiendo coherencia a China y Rusia en relación con los objetivos propios de los BRICS de democratización del sistema internacional y de apertura de espacios para aprovechar algunas de sus agendas históricas, como la reforma del Consejo de Seguridad.

La entrada de nuevos miembros en los BRICS, por ejemplo, fue la forma de Brasil de conseguir una declaración explícita de Rusia y China, como consta en la Declaración Final de la Cumbre, a favor de la democratización del Consejo de Seguridad de la ONU con la entrada de Brasil, pero también de India y Sudáfrica. En este sentido, cabe destacar que, a pesar de la entrada en el BRICS de una serie de Estados con un historial de violaciones de los derechos humanos y autoritarismo, Brasil consiguió negociar la apertura de un espacio en la declaración en el que los términos democracia y derechos humanos estaban presentes y en el que se destacaba la importancia de aplicarlos, tanto a nivel de gobernanza global como a nivel nacional.

Brasil también ha conseguido incluir en la agrupación a un aliado regional, Argentina. Aún no está claro si Argentina se unirá realmente a la agrupación, dado que Javier Milei, el favorito en las primarias argentinas, se ha pronunciado en contra de la adhesión del país al bloque, diciendo que no se unirá a los «comunistas», ha destilado odio hacia China y, en contra de los BRICS, y ha propuesto la dolarización de la economía del país.

En este sentido, si se anuncia la adhesión de Argentina a los BRICS en enero, tal vez podamos concluir al mismo tiempo que hemos obtenido otra pequeña victoria para Brasil. Despolarizar y abrir terreno al diálogo y a la política en un escenario en el que todas las alternativas parecen agotadas ante la insistencia de Estados Unidos y Rusia en resolver sus conflictos por la vía militar parece ser una de las vías productivas que se abren para Brasil, América Latina y el Sur Global.  

A vueltas con el estado

Manuel Alcántara
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A vueltas con el estado

Hay asuntos recurrentes, cuestiones que parecen obsoletas y que, sin embargo, están ahí imbuidas de una actualidad agobiante. Las modas intelectuales las entierran y las agendas mediáticas las ocultan ante el aparente desinterés del gran público. Sumergida en la vorágine de lo identitario, absorbida por el predominio de la singularidad, alienada por la sociedad de consumo, la gente está distraída. En la mayoría de las ocasiones centra su atención en materias diversas tanto en su deambular cotidiano como cuando se refiriere a los momentos puntuales en que la política le reclama. En todo caso el estado parece algo ajeno.

Además, en las últimas décadas está sometido primero al manoseo y luego al vituperio en clave de mantras eficaces para gestar estrategias de descrédito. Hoy la discusión en la plaza pública está ausente. No solo lo está frente a cualquier convocatoria electoral con la consiguiente banalización de las ofertas proclamadas sino también a la hora de buscar solución a los problemas que confrontan las sociedades. Sin embargo, su reconsideración me parece prioritaria. Fuera de toda soflama estatista ciega tomar en cuenta sus funciones en la perspectiva de la evidencia conocida a lo largo del último siglo y medio es imponderable sin dejar de lado las enormes transformaciones producidas sobre todo en el ámbito tecnológico.

La actualidad de América Latina ofrece un rico abanico de escenarios dramáticos en los que el olvido de viejos temas impele a gestar una diligencia imponderable. La coincidencia en el tiempo de tres procesos electorales en países que por su tamaño y su ubicación geográfica podrían considerarse como muestras representativas de la región ofrece un rico material para la reflexión. Por otra parte, no se trata de asuntos aislados ni exclusivos de la elite política pues se engarzan con multitud de experiencias de índole similar que día a día afectan a diferentes grupos de la sociedad

El asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, supone el epítome del fracaso de un estado a la hora de proteger a un candidato en plena función de un proceso fundamental para la política como es el de la liza electoral. Villavicencio es una más, aunque emblemática, de las cientos de víctimas mensuales que se cobra la violencia en Ecuador en una degeneración notable de la convivencia que vive progresivamente el país durante la última década. Para pensadores como Thomas Hobbes o Max Weber una idea de progreso político se vincula a que el monopolio del uso de la violencia legítima esté en manos del estado; algo que es cada vez más ajeno a un gran número de países de la región cuya enumeración es innecesaria. El asesinato de Villavicencio debe entenderse como el cruce de una línea roja que alerte que se entra en un escenario extremadamente peligroso donde se aboque en una situación de estado fallido, como advierte Simón Pachano.

El triunfo claro de Javier Milei en las elecciones primarias argentinas es un aldabonazo mayúsculo de una oferta política, sin entrar en las connotaciones individuales vinculadas con su trayectoria personal ni con la ausencia de un proyecto mínimamente articulado con una maquinaria política, que cuestiona a su vez en profundidad al estado en tanto que institución pública. En primer lugar, su decidido posicionamiento de prescindir de la moneda nacional le aleja de los presupuestos clásicos referidos a que el poder de acuñar moneda es una de las características clave de la soberanía. Pero es sobre todo su decidida fe en su utopía libertaria la que deconstruye el marco de la convivencia larvado a lo largo del tiempo. Sus manifestaciones en la noche del éxito electoral son explícitas de condena del pacto social sobre el que se articula el estado social de derecho. Dijo: “Estamos ante el fin del modelo de la casta, basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad hay un derecho, pero se olvida de que ese derecho alguien lo tiene que pagar”.

Guatemala, a lo largo de décadas, ha construido lo que Edgar Jiménez denomina un “estado corporativo mafioso”. Usando el poder de elites económicas tradicionales se ha logrado una hábil cooptación de un sector neural de la Justicia que se inició cuando se expulsó del país a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un proyecto avalado por Naciones Unidas para modernizar la justicia después de los acuerdos de paz. Los efectos del denominado “pacto de corruptos” han tenido consecuencias muy graves en la proscripción de candidaturas y en la persecución de miembros del poder judicial que no se sometieron a sus dictámenes. Guatemala es el país latinoamericano que cuenta con mayor número de personal de la judicatura exiliado, a los que se suman periodistas y activistas en derechos humanos. Por su parte, el proceso electoral actual ha estado en un brete de colapsar como consecuencia de la persecución al Movimiento Semilla de Bernardo Arévalo.

El estado en tanto que institución política por excelencia es fruto de un dilatado proceso histórico en el que se aglutinan cambios de diferente naturaleza que ha vivido la humanidad. Se trata de una estructura fundamental para articular la convivencia humana ajustando el equilibrio de poderes y asegurarla con un grado mínimo de eficacia y de eficiencia. Su carácter complejo y proceloso le impele a ser objeto permanente de revisión, pero este no se llevará a cabo si el debate público no está continuamente accesible. Si Karl Popper se refirió a “la sociedad abierta y sus enemigos” abriendo una discusión de largo aliento que llega a nuestros días es también el momento de poner encima de la mesa la cuestión del estado social de derecho y sus enemigos.

Energías renovables y cooperación entre China, América Latina y Unión Europea

Ge Gao
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Energías renovables y cooperación entre China, América Latina y Unión Europea

Hace una década, desde que se propuso por primera vez la Iniciativa de la Franja y la Ruta en 2013, China viene haciendo hincapié en el desarrollo de energías limpias como un objetivo clave de su diplomacia energética y su enfoque financiero, y ha convertido la promoción de empresas focalizadas en energía limpia como una prioridad. De acuerdo con esta estrategia, los países en desarrollo se están convirtiendo en los principales destinos de las inversiones chinas. Mientras tanto, América Latina y el Caribe (ALC) están atrayendo la atención mundial por su gran potencial en la promoción de las energías renovables. De hecho, desde 2014 la inversión extranjera directa (IED) en energías renovables en ALC ha superado sistemáticamente el nivel de inversión en petróleo, carbón y gas natural, tanto en volumen como en número de proyectos, a medida que avanza la transición energética verde. 

Además de China, según el UNEP, tres de los cinco países que más invirtieron en energía sostenible entre 2009 y 2018 se encuentran en ALC, a saber, Brasil, México y Chile. Se puede reconocer que se espera que la cooperación en energías limpias entre las dos regiones no solo mejore la capacidad de combatir conjuntamente el cambio climático, sino que también acelere el proceso de transición energética, garantizando así la solidez del suministro energético nacional y logrando un desarrollo sostenible.

El énfasis del gobierno chino en la importancia de promover la cooperación internacional en materia de energías limpias se remonta al XI Plan Quinquenal de Desarrollo Energético, publicado en 2007. Junto con la Iniciativa de la Franja y la Ruta en 2013, la estrategia de cooperación internacional en materia de energía sostenible por parte del gobierno chino ha estado enfocada en fomentar la colaboración en energías limpias y renovables, promover diálogos e intercambios sobre conservación energética y preservación ambiental, brindar capacitación en el ámbito del cambio climático y fortalecer la construcción de capacidades y el apoyo técnico a naciones en desarrollo en el ámbito de la energía verde. 

En la actualidad, veinticuatro de los treinta y tres países de ALC han establecido relaciones diplomáticas con China, doce países han establecido una “asociación estratégica” o una “asociación estratégica integral” con China, y veintidós países han firmado la Iniciativa de la Franja y la Ruta o un Memorando de Entendimiento (MOU) con el gobierno chino.

Posteriormente, la Coalición Internacional para el Desarrollo Verde de la Franja y la Ruta se estableció́ formalmente en 2019 con el objetivo de promover la construcción del desarrollo verde a nivel internacional, con Cuba y Guatemala entre los países de ALC como socios fundadores. Para profundizar la cooperación entre los socios de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en el campo de la energía verde, China, Chile y Colombia junto con otros veintiséis países, han lanzado la Iniciativa de Asociación para el Desarrollo Verde de la Franja y la Ruta, con el fin de impulsar el avance y la adopción de energías limpias, así́ como fomentar la colaboración a nivel internacional, una medida que también garantiza simultáneamente el acceso de los países en desarrollo a una energía asequible y económicamente sostenible.

Sin duda, dicha ambiciosa estrategia de cooperación internacional multisectorial consolida aún más la posición de China como líder mundial en energías verdes, y al mismo tiempo, la expansión de la cooperación en industrias emergentes relacionadas con las energías limpias y la promoción de la transferencia de tecnología entre empresas se han convertido en las actuales áreas de interés del Plan de Acción Conjunto de Cooperación en Áreas Claves China-CELAC. Hasta la fecha, China ha firmado documentos o declaraciones de cooperación gubernamental en el campo de las energías renovables y la energía nuclear con siete países de ALC, todos ellos miembros de la Iniciativa de Asociación para el Desarrollo Verde de la Franja y la Ruta, excepto Brasil.

No obstante, a raíz de la naturaleza intrínsecamente politizada y potencialmente riesgosa del desarrollo del sector energético chino, como queda patente en la actual preeminencia de las empresas estatales (SOEs, por sus siglas en inglés) en el sector energético en la esfera de la cooperación internacional, se ha generado un ambiente donde el sistema de gestión energética chino se encuentra permeado por la intervención gubernamental en el mercado energético, la opacidad en la fijación de precios y la ineficacia de las normativas y regulaciones energéticas. En este sentido, la poderosa influencia financiera y política de las SOEs ha generado la necesidad apremiante de abordar las aprensiones que experimentan los gobiernos y las corporaciones en América Latina y el Caribe en relación con las corporaciones de gran envergadura, en términos de salvaguardia comercial y protección laboral.

En paralelo, la menguante influencia de la Unión Europea (UE) en ALC, a pesar de ser el tercer socio comercial de la región después de Estados Unidos y China, también ha despertado inquietud. Frente al urgente deseo de fomentar la recuperación económica y lograr la transición energética en la era postpandemia, la UE ha concebido una remodelación de sus relaciones con los países de ALC a través de la Tercera Cumbre UE-CELAC. Por su parte, la cooperación de China en la región refuerza su dominio en el ámbito energético y puede ejercer una presión competitiva sobre el mercado energético europeo. No obstante, también es innegable que el estado actual de la colaboración sino-ALC en el ámbito de las energías limpias motiva a la UE a intensificar sus esfuerzos en inversión, investigación, cooperación y desarrollo en este campo, con el fin de mantener su competitividad y alcanzar las metas de desarrollo sostenible.

La UE se encontraría en una posición propicia para extraer lecciones valiosas y experiencias del paradigma colaborativo entre China y ALC. A la par, tiene la capacidad de perfeccionar su enfoque de cooperación con la región latinoamericana y caribeña, manteniendo un compromiso de cooperación activo y sostenido en el tiempo. Sin embargo, ante las transformaciones que perfilan el panorama de la cooperación energética a nivel global, la UE se ve compelida a adoptar una postura proactiva para afrontar los efectos y retos conexos. Es clave que la UE observe una visión de cooperación sino-ALC caracterizada por un multilateralismo más incluyente, amplio y sostenido en el tiempo, y se esfuerce por asumir un rol más destacado en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.

* Este texto fue publicado originalmente en la web de REDCAEM

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