El desafío de acercar la ciencia a la sabiduría de los pueblos originarios

Sergio Richard Romero Nina
-
0
El desafío de acercar la ciencia a la sabiduría de los pueblos originarios

Coautora Fany Ramos Quispe

Ante la necesidad de un diálogo en el que se pueda construir de manera abierta y conjunta una ciencia que considere con equidad los diferentes ámbitos de conocimiento, incluyendo los indígenas, locales y ancestrales, donde se puedan valorar sus aportes a la sociedad y a mantener la vida, se están abriendo espacios de diálogo intercientíficos. Se trata de procesos de investigación transdisciplinaria, los cuales cuentan con herramientas de la diplomacia científica que sirven para los espacios de negociación y decisión sobre temas ambientales. En ese contexto, el 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y este año se reconoce más que nunca la importancia de su sabiduría para enfrentar la múltiple crisis que vivimos.

El papel de la juventud indígena como agentes de cambio también ha sido reconocido; sin embargo, es necesario construir una ciencia y espacios de decisión que vayan más allá del mero reconocimiento. La ciencia y los espacios de decisión deben facilitar el diálogo y la acción colaborativa entre los diferentes sistemas de conocimiento y tanto personas como entes que los poseen y practican.

En esta línea, en junio se abrió un diálogo intercientífico en el congreso SRI2023, que se hizo en Panamá, donde académicos, representantes de Gobiernos, de la sociedad civil, de pueblos indígenas, de comunidades locales y afrodescendientes (Picla), y de sus jóvenes, compartieron sus conocimientos para buscar soluciones a las numerosas crisis que vivimos.

En este diálogo, los grupos se identificaron a sí mismos como defensores de la Madre Tierra, del conocimiento y las sabidurías ancestrales, que encuentran soluciones a diario a los grandes problemas climáticos y ambientales. Sin embargo, aún predomina en nuestras sociedades una visión de la sostenibilidad que responde al mercado y que presiona a los sistemas de vida y sus valores.

Los Piclas propusieron en una declaración algunas medidas para avanzar hacia una ciencia más notoria, colaborativa, equitativa y participativa. En primer lugar, se propone trabajar para garantizar una participación equitativa de los Piclas y, especialmente, de las mujeres en eventos de ciencia transdisciplinaria. Además, aspira a alcanzar resultados que respondan a las necesidades de las zonas, así como evitar el extractivismo ontológico y epistémico. Otra de las medidas sirve para facilitar una participación cohesiva y simbiótica entre los representantes de los Piclas y comunicar los resultados para fortalecer la divulgación de la sabiduría ancestral. Y, finalmente, se busca abrir espacios de prácticas de conexión espiritual, ya que estas son parte de la sabiduría ancestral.

Reflexiones sobre el diálogo intercientífico y la sabiduría ancestral

Existen grandes retos para democratizar la información y los espacios de decisión. La sistematización y divulgación de los conocimientos regionales, comunitarios y ancestrales son fundamentales y los modelos de vida que han heredado los Piclas contienen conocimientos que originan y perpetúan lo que hoy en día se conoce como desarrollo sostenible. Algunas de estas prácticas están relacionadas con la construcción de sistemas de producción y procesamiento de alimentos para la soberanía alimentaria y tienen a las mujeres como principales protagonistas, guardianas de la vida, y como canales tanto de transmisión como de revitalización de la lengua materna, de las tradiciones y costumbres de la comunidad.

Para la reconstitución y el fortalecimiento del conocimiento sobre los territorios de los Piclas se requiere la recuperación o creación de datos no solo de las personas, sino también de los mismos sistemas de vida donde habitan. Además, es necesario diferenciar entre experimentación, que usualmente se da en lo científico-académico/occidental-moderno, y la experiencia, que se transmite en los territorios y las comunidades de los pueblos indígenas.

Para construir sistemas integrados de conocimiento, también se deben fortalecer las capacidades de las zonas e incluir a los más jóvenes, sin olvidar la importancia de la equidad y la diversidad de conocimientos. La generación de experiencia va más allá de la experimentación; tiene que ver con saber sentir, saber pensar, saber decir, saber querer, saber hacer.

La ciencia requiere cambiar, para lo cual es fundamental el diálogo entre los diferentes sistemas de conocimiento. Es decir, hay que acercar la llamada ciencia y la sabiduría ancestral, de manera que construyan políticas y soluciones que no ignoren los sistemas de vida de los Piclas como se ha hecho hasta ahora. La sociedad civil debe estar en las mesas de toma de decisiones no solo como observadores, sino también como agentes activos en la definición de los problemas que la ciencia pretende resolver, y en la exploración y construcción colaborativas de las soluciones.

Para ello, es necesario fomentar más espacios de reflexión donde se aborden las preocupaciones de los sectores históricamente excluidos como los pueblos indígenas, las comunidades y los afrodescendientes, y de la comunidad científica. Estos espacios también deben ser contabilizados en las labores que se hacen en el mundo para abordar la crisis climático-ambiental y la búsqueda de justicia.  

Los negacionistas del cambio climático dañan la imagen de la derecha frente al mercado

Pedro Lange Machado
-
0
Los negacionistas del cambio climático dañan la imagen de la derecha frente al mercado

Los riesgos que plantea el calentamiento global se han convertido en un foco ineludible del mercado financiero. Cada vez más fondos de inversión orientan sus decisiones según los principios ESG (environmental, social and governance), empresas y Gobiernos emiten bonos «verdes» (es decir, destinados a financiar inversiones que tengan un impacto medioambiental positivo), proliferan las agencias de calificación ESG, y las agencias tradicionales de calificación de riesgos integran factores de tipo ESG a sus metodologías. El asunto medioambiental es un tema urgente en la agenda internacional, y el sistema financiero, a través de lo que se conoce como «finanzas verdes», es uno de sus mecanismos de proyección.

Una consecuencia de la adaptación del mercado al asunto climático es su inclusión en la evaluación de la credibilidad de los Gobiernos. En el contexto de la globalización financiera, el «riesgo político» es una variable notoria para las decisiones de inversión. En las democracias liberales, los Gobiernos de derechas suelen gozar de mayor credibilidad a los ojos del mercado, dada la prioridad que suelen dar a la estabilidad monetaria al gestionar la economía. Los Gobiernos de izquierdas, por el contrario, son blanco de desconfianza por parte de los inversores porque se preocupan más por el bienestar social (a veces en detrimento de la inflación). Históricamente, esto se traduce en un patrón de riesgo político más pronunciado cuando un Gobierno de izquierdas está en el poder.

Nueva derecha

Pero las transformaciones políticas del siglo XXI, en plena crisis climática y medioambiental, deberían flexibilizar este patrón. En todo el mundo está surgiendo una «nueva derecha», a menudo tildada de «populista», «extremista» o «radical». Uno de los rasgos característicos de estos agentes, que ha ido eclipsando el espacio de la derecha tradicional en el espectro partidista, es el negacionismo científico en general y el climático en particular.

Una vez que la polarización electoral se traduce en una disputa entre izquierda y derecha, tiende a convertirse en un vector de riesgos políticos aún más graves que los antes vinculados a la izquierda. Con la progresiva materialización que adquieren los riesgos climáticos para el mercado, las pérdidas financieras que estén relacionadas con un Gobierno que represente a esta «nueva» derecha serán cada vez más tangibles.

Claire Parfitt y Gareth Bryant, profesores de la Universidad de Sídney, estudian los daños causados por la derecha negacionista en Estados Unidos. El avance populista del Partido Republicano, cuyo mayor símbolo es el expresidente Donald Trump, se ha traducido en acusaciones de «politización de las finanzas» por parte de congresistas de derechas y en demandas e imposición de marcos regulatorios negacionistas. En Florida, por ejemplo, el gobernador republicano Ron DeSantis obligó al fondo de pensiones estatal a eliminar los factores de tipo ASG de sus decisiones de inversión. Los proyectos de ley contra las finanzas verdes proliferan por todo el país. Solo en 2022, diecinueve fiscales generales, estatales y republicanos acusaron a BlackRock, el mayor gestor de activos financieros del mundo, de sacrificar la rentabilidad en favor del activismo climático. Para el New York Times, el daño climático será el legado más duradero y profundo de la administración Trump.

Pasar la pelota

La realidad no es muy diferente en Brasil. Durante dos décadas (1994-2014), la polarización en las elecciones presidenciales se produjo entre el «moderado» PT y el PSDB, y en beneficio de la maduración de la democracia del país. No obstante, la derecha tradicional colapsó en la segunda década del siglo XXI, cediendo su hegemonía a la derecha del espectro político a grupos populistas, que se aglutinaron en torno al bolsonarismo.

En un artículo publicado en la revista Environmental Conservation, Silva y Fearnside enumeran las diferentes iniciativas del gobierno de Jair Bolsonaro para impulsar la devastación ambiental. Las acciones del Gobierno han incluido el vaciamiento y el recorte de fondos de los organismos públicos responsables de la protección del medio ambiente (como Ibama y Funai), la autorización de la minería en tierras indígenas y una serie de medidas, incluyendo decretos presidenciales, que han facilitado la deforestación y han dificultado la vigilancia ambiental. En una reunión ministerial que se realizó en mayo de 2020, se hizo icónica la propuesta del entonces ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, de pasar la ley mientras la población brasileña estaba «distraída» por la pandemia de la COVID-19. En septiembre de 2022, las cenizas de la selva amazónica oscurecieron la ciudad de São Paulo.

Es probable que los ejemplos de los riesgos climáticos que plantea esta «nueva derecha» sean aún más abundantes si más de sus representantes llegan al poder. En Francia, la extrema derecha obtuvo una votación récord en 2022, cuando Marine Le Pen fue derrotada por Emmanuel Macron. En España, un diputado del partido populista en ascenso Vox llegó a afirmar que el calentamiento global podría reducir las muertes por frío. Mientras, Alemania asiste al progresivo avance electoral de la extremista Alternativa para Alemania (AfD), que cuenta con varios negacionistas del clima entre sus miembros. En el sur global, 2023 también podría ser un punto de inflexión en Argentina, donde el populista de derechas Javier Milei lideró las primarias presidenciales. Para Milei, el calentamiento global es solo «una mentira del socialismo».

Pérdida de credibilidad

Aunque el nivel de delirio y conspiración varía según los casos, la estrategia argumentativa consiste en asociar la crisis económica a las medidas destinadas a paliar la crisis climática, que no es más que una fantasía inventada por el establishment. El asunto medioambiental, conviene subrayarlo, no es más que una de las caras del negacionismo de la derecha populista. En cualquier caso, quizá sea la que tenga consecuencias más devastadoras a medio plazo, cuando quizá ya se haya alcanzado un punto de no retorno.

Al tratarse de un fenómeno global, el coste de este nuevo derecho tiende a ser tasado por el mercado financiero a medida que la materialización de los riesgos climáticos que conlleva se hace evidente en las inversiones de todo el mundo. Por un lado, esto representa una pérdida de credibilidad relativa para la derecha a los ojos del mercado. Por otro lado, esta reorganización de los parámetros de riesgo político puede actuar como fuente de presión para que la derecha radical modere su agenda medioambiental, con el fin de conseguir los resultados electorales que persigue. En otras palabras, este proceso podría tener un efecto positivo en la transición hacia una economía global baja en carbono.

Pero mientras los saboteadores de la derecha sean fuertes en las disputas electorales, el riesgo político que catalizan estará lejos de cualquier solución para contenerlos, especialmente ante los intereses contradictorios de los inversores que operan en el circuito financiero mundial. Sin una derecha responsable que vuelva a hegemonizar su lado del espectro partidario, alcanzar las metas fijadas por el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU será un desafío. Entender la crisis de la derecha como un componente relevante de la crisis climática es, por tanto, un requisito nada desdeñable para resolver el problema medioambiental.

Las encrucijadas del cambio en el primer año de gobierno de Gustavo Petro

Andrés Londoño Niño
-
0
Las encrucijadas del cambio en el primer año de gobierno de Gustavo Petro

Si bien a principios del siglo XXI la gran mayoría de países de la región daban el giro hacia la izquierda, en Colombia no fue hasta casi dos décadas después que Gustavo Petro fuera elegido como primer presidente de izquierda en la historia del país. Petro prometió llevar a cabo amplias reformas en diversos campos, como la reforma política, el trabajo, el sistema pensional, la salud y la educación. Sin embargo, los obstáculos que ha debido enfrentar durante su primer año de gobierno no han sido pocos. 

La victoria de Petro no fue arrasadora, obtuvo 50,44% de los votos frente al 47,31% de su contrincante, el outsider y polémico candidato Rodolfo Hernández. Igualmente, las elecciones legislativas no dieron una mayoría considerable al partido de gobierno, Pacto Histórico, pues partidos opositores como el Centro Democrático, mantuvieron varias curules en el Congreso. Esto hizo que el gobierno se viera obligado a hacer coalición con partidos tradicionales como el Partido Liberal y el Partido de la U e incluso con el Partido Conservador, a cambio de favores políticos. 

A diferencia de los gobiernos de derecha, las coaliciones de gobiernos progresistas tienden a ser frágiles y responder a objetivos muy específicos y coyunturales, lo cual deriva en crisis de gobernabilidad, tal y como sucedió con Dilma Rousseff en Brasil o con Fernando Lugo en Paraguay. En el caso de Petro, la coalición con los partidos tradicionales entró en crisis en abril de 2023, debido a diferencias en la reforma a la salud que, además, generó el primer cambio de gabinete y la salida de algunos ministros respaldados por partidos tradicionales.

La primera reforma que fracasó en marzo fue la política que pretendía cambiar el sistema electoral colombiano. A lo largo de los debates fue perdiendo apoyos y terminó distanciándose de la propuesta original. La reforma laboral se hundió en junio, mientras que en la nueva legislatura que comenzó en julio, continúa la reforma de la salud, que se convirtió en una de las principales apuestas del gobierno, aunque tiene dificultades de ser aprobada por la falta de apoyo legislativo. Del mismo modo, la reforma pensional se encuentra en trámite en el Congreso en medio de críticas de grandes gremios de comerciantes y empresarios.

El gobierno se enfrenta a un gran desafío para negociar con los líderes de los partidos y con congresistas de otras fuerzas políticas para poder avanzar con varias de las reformas propuestas. En la práctica, estas no podrán ser tan profundas y amplias y deben ser consensuadas con varios sectores políticos, lo cual puede acabar reduciendo su alcance.

Por otro lado, el gobierno de Petro, además de la oposición legislativa, ha tenido un escrutinio mayor por parte de los medios de comunicación tradicionales, los cuales han sido históricamente aliados de las élites políticas y económicas. De hecho, la oposición mediática a Petro se remonta desde que era alcalde de Bogotá. Esto es evidente en el amplio cubrimiento dado a las crisis del gobierno y las insistentes denuncias de las acciones de sus funcionarios, ausentes en gobiernos anteriores, como con los casos de abuso del uso de la fuerza durante las movilizaciones sociales en el gobierno de Iván Duque.

Un tercer frente es la oposición de entes de control como la Fiscalía General, encabezada por Francisco Barbosa, quien fue Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales durante el gobierno de Duque, así como por la Procuraduría General, liderada por Margarita Cabello, exministra de Justicia también del gobierno anterior. En el caso de la Fiscalía, llama la atención la celeridad con la que se ha actuado en este gobierno ante los escándalos por las llamadas chuzadas o interceptaciones ilegales y que involucraron a la entonces Jefa de Gabinete, Laura Sarabia, y el exembajador de Venezuela, Armando Benedetti. Del mismo modo, la Fiscalía avanzó rápidamente con la investigación en contra de Nicolás Petro, hijo del Presidente, quien aceptó el ingreso de dinero ilícito a la campaña y cuyos topes habrían superado lo permitido por ley.

En contraposición, pocos avances se han dado en investigaciones como en el caso de Odebrecht, pues solo hasta hace pocos meses Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial del uribismo en 2014 y expresidente del Centro Democrático, fue imputado por la Fiscalía por recibir financiación extranjera en su campaña, a pesar de que la legislación colombiana lo prohíbe.

Así pues, la oposición legislativa y mediática y el mayor control de organismos públicos han colocado al nuevo gobierno en una clara desventaja para llevar a cabo las reformas que prometió en campaña.

No obstante, hay políticas en las que hay un mayor margen de maniobra, por tener el menor poder de veto de la oposición. Por ejemplo, la Paz Total, proclamada ley a los pocos meses de posesionado el gobierno ha tenido avances recientes con el alto al fuego con el Ejército de Liberación Nacional, grupo armado con el que los gobiernos predecesores tuvieron pocos avances en los procesos de negociación. Sin embargo, con otros grupos, como con el Clan del Golfo, ha habido pocos avances e incluso paralización de las negociaciones.

En materia de política exterior también ha habido un mayor margen de maniobra y se destacan importantes logros como el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, tras cuatro años de ruptura. Y en el tema ambiental, el gobierno ha logrado trascender el bajo perfil que ha caracterizado a la política exterior colombiana, buscando un liderazgo en espacios regionales y globales.

En conclusión, ha sido un gran desafío para el gobierno Petro salir del discurso propio del activismo político, que lo situaba en el rol de opositor y pasar al papel de gobernante. Desde una visión más pesimista, este primer año ha demostrado la dificultad de que los gobiernos de izquierda puedan gobernar y avanzar con sus reformas, colocándolos más en el papel de administradores de las funciones del Estado que de protagonistas de grandes transformaciones sociales.

Desde una visión más optimista, podría decirse que este ha sido un año de aprendizajes que ha demostrado la fragilidad de las coaliciones políticas con partidos y líderes tradicionales, lo cual permitió a Petro llegar al poder, pero que a la vez ha sido fuente de crisis. En cualquier caso, los tres años restantes representan un gran reto que demanda amplia capacidad de negociación con diversas fuerzas políticas.

Batacazo electoral en Ecuador, fracasaron las encuestas

César Ulloa
-
0
Batacazo electoral en Ecuador, fracasaron las encuestas

Tras la primera vuelta electoral, la candidata del correísmo, Luisa González, fue la más votada con el 33.1% de los votos. Y el segundo lugar, que disputará la presidencia en el balotaje, fue, sorpresivamente, para el candidato de centroderecha Daniel Noboa del Movimiento Ecuatoriano Unido, quien obtuvo el 23.6%  de los votos. El tercer puesto fue para Christian Zurita quien sustituyó al asesinado Fernando Villavicencio con el 16.51%.

El sufragio se produjo en un contexto inédito debido al magnicidio del candidato Fernando Villavicencio a 11 días de las elecciones, una crisis de inseguridad que podría cerrar el año con 40 homicidios cada 100 mil habitantes y el desempleo como segundo problema para la población, en especial para jóvenes y mujeres.

En la contienda electoral se enfrentaron ocho candidatos de todas las tendencias, en donde se posicionaron dos temas en todas las campañas con sus propios matices: inseguridad y desempleo. Y el otro tema relevante fue el medio ambiente debido al referendo donde finalmente la ciudadanía optó por dejar bajo tierra el petróleo de la reserva ecológica Yasuní. 

Los ecuatorianos acudieron a los recintos de forma masiva. Esto pese al ambiente de inseguridad y a varios incidentes que involucraron la seguridad de los candidatos Daniel Noboa y Otto Sonnenholzner en la última semana, quienes presenciaron balaceras entre bandas a metros de donde desarrollaban actividades proselitistas. Esto deja un mensaje contundente: ni siquiera las personas más protegidas del país están exentas del peligro causado por el crimen organizado.

Encuestas y opinión pública

Una vez más, las encuestas fracasaron en los pronósticos. Si bien todas coincidieron en ubicar en primer lugar al correísmo, nadie imaginó que Daniel Noboa, candidato del centro a la derecha y el más joven (35 años), pasaría a segunda vuelta. Atrás quedaron quienes, aparentemente, tenían las mejores opciones según los medios de comunicación tradicionales, como el exvicepresidente de centro derecha, Otto Sonnenholzner; el reemplazo del candidato asesinado por sicariato y de izquierda, Fernando Villavicencio; el derechista y outsider, Jean Topic y el ambientalista y por segunda vez candidato, Yaku Pérez.

En los espacios estelares de la televisión y las radios de cobertura nacional, el candidato Noboa pasó desapercibido, incluso meses antes en calidad de legislador y como presidente de la Comisión Económica en la Asamblea. No era convocado ni tampoco fue noticia para los programas de opinión de mayor sintonía. Según cálculos de Noboa, su candidatura presidencial se presentaría en el 2025, pero nadie avizoraba la disolución de la Asamblea por decisión del Presidente en el transcurso de un juicio político en su contra.

Daniel Noboa es el heredero del mayor grupo empresarial del Ecuador, además de haberse criado en un contexto político ya que su padre, Álvaro, fue cinco veces candidato a la presidencia y en dos de ellas, resultó finalista.

Su electorado es nacional y se afinca en una estrategia asistencial y exuberante. Las campañas de los Noboa se caracterizan por la entrega de víveres, sillas de rueda, colchones, entre otras ayudas a los sectores más pauperizados de todas las regiones del país, pero su base es la Costa y, específicamente, la provincia del Guayas, donde se ubica el puerto principal del Ecuador.

La narrativa de Noboa se centra en su programa de gobierno, esencialmente en la generación de empleo y asistencia social, al igual que hizo su padre. Y a diferencia de sus contendores, él no entró en la confrontación y se dedicó a recorrer el país, además de tener un desempeño destacado en el debate presidencial, en donde fue muy bien calificado por la opinión pública que lo tenía invisibilizado hasta ese momento.

Por el otro lado, por primera vez el correísmo presentó una candidata y su campaña apostó por la nostalgia y la añoranza, en el sentido de que el pasado con Rafael Correa y el antineoliberalismo fue mejor.

La composición de la Asamblea

Los tres primeros lugares a la elección presidencial para el periodo de un año y seis meses inciden en la composición de la Asamblea. El correísmo se mantiene como la primera fuerza política con 50 de 137 asambleístas, el movimiento Construye que auspició al asesinado Fernando Villavicencio se quedaría con 20 escaños, mientras que el movimiento ADN de Noboa con 12. Estos resultados abren la puerta a nuevas fuerzas políticas y su desempeño será determinante para las elecciones generales del 2025.

Ante este contexto, las candidaturas finalistas tendrán que persuadir al electorado en dos problemáticas centrales: la inseguridad y la economía. En esta última se requiere un gran trabajo después de que la mayoría de la población votó en la consulta por resguardar el ambiente. Esto abre la dimensión a un Ecuador post petrolero, en donde la transición no será sencilla ni tampoco rápida.

A medio siglo del golpe, las divisiones en Chile subsisten

Paulina Valenzuela
-
0
A medio siglo del golpe, las divisiones en Chile subsisten

A pocos días de conmemorar el medio siglo del golpe de estado en Chile, del año 1973, las divisiones históricas vinculadas a la fecha siguen presentes y palpables. Datos de estudios de opinión pública revelan un contexto de antagonismos que hace difícil que esta conmemoración pueda ser aprovechada para forjar acuerdos amplios que fortalezcan la democracia en el futuro. Esos abismos suelen volverse bastante visibles en Chile en forma de crisis institucionales como la que ocurrió recientemente alrededor del plebiscito constitucional. ¿Se proyectan por lo tanto aquellas antinomias de los años 70 en las profundas discrepancias que revelaron –cincuenta años después- los hechos alrededor de la votación por la reforma constitucional?

La encuesta del GPS Ciudadano producida por la agencia de investigación Datavoz, con sede en Santiago, realizada más de un mes antes del aniversario del golpe, señala que las antítesis siguen vigentes. Haciendo zoom en aquellos que votaron a favor o contra en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, donde –recordemos– prevaleció el rechazo a la propuesta constitucional de la Convención Constituyente 2021-2022 (54,1%), los ciudadanos revelan percepciones e interpretaciones radicalmente contrapuestas de los eventos cincuentenarios. Ante la pregunta «¿Cuál es la primera palabra o idea que se le viene a la mente?» frente a la conmemoración de los 50 años del golpe, quienes aprobaron la reforma constitucional, y por lo tanto tienden a inscribirse en una posición más progresista, asocian la violenta ruptura democrática por parte de los militares a los términos justicia, dictadura, muerte y dolor, lo que refleja la persistente conmoción y trauma relacionadas con ese período de la historia chilena. Por otro lado, quienes votaron por el “rechazo” a la enmienda a la carta magna conectan el golpe del 73 a conceptos como libertad, división, pasado, resistencia al comunismo y palabras de gratitud a Pinochet. En ambos grupos, las ideas asociadas a la necesidad de reconciliación o de cerrar esta etapa con actos de justicia aparecen con muy poca fuerza. 

Las diferencias entre los dos grupos se profundizan cuando se evalúa la importancia de conmemorar los 50 años del golpe. Cuatro de cada diez ciudadanos consideran poco o nada importante conmemorarlo, reforzando una actitud más distante. Al desglosar esta opinión por voto, las divisiones vuelven a surgir claramente: una mayoría (51%) de los que estaban a favor de la reforma constitucional entiende que recordar los eventos es muy importante, como una forma de cultivar la memoria histórica sobre el quiebre de la democracia. En contraste con esa postura, una amplia pluralidad (45%) de quienes rechazaron la reforma constitucional desconsideró como relevante cualquier celebración o acto que recuerde la tragedia de 1973.

La ausencia de consensos sobre el pasado es muy notable. Más de ¾ partes de quienes se opusieron a la reforma constitucional limitan la condena a las violaciones a los derechos humanos tras el golpe, pero sin cuestionar la legitimidad de esa ruptura del orden republicano y democrático por los militares. En cambio, 2/3 de quienes aprobaron la reforma opinan que tanto el golpe como las violaciones son injustificables. Esos antagonismos están lejos de ser modismos o influencias inmediatistas de fuerzas o líderes partidarios y –de modo grave– parecen anclados en procesos de socialización política albergados en el interior de cada familia o núcleo de referencia. Consultados sobre cómo reaccionó su familia cercana (padres de los encuestados) en los tiempos del golpe, el resultado es que aquellos que votaron por el No a la nueva constitución tienden a tener antecedentes familiares más favorables al golpe, mientras que quienes votaron por el Sí poseen antecedentes contrarios. Las diferencias políticas se remontan, por lo tanto, a las historias familiares de aquellas épocas, prolongando el cisma vivido cincuenta años atrás.

A medio siglo del golpe de estado en Chile, las divisiones sobre cómo interpretar el pasado persisten, conspirando no solo contra la convergencia en un relato común sobre el pasado sino que se proyectan también en un sesgo contra un modus operandi consensuado frente a las recientes y futuras crisis institucionales.

Avances y rezagos sobre la igualdad de género en Argentina

Constanza Cilley
-
0
Avances y rezagos sobre la igualdad de género en Argentina

La igualdad de género es un proceso que está en marcha a escala global y local. Argentina refleja un interesante avance en este sentido y los argentinos reconocen progresos respecto del papel de las mujeres en los ámbitos político y laboral. Sin embargo, en el de la casa, el cambio de valores no termina de cristalizarse en prácticas concretas con la misma rapidez.

En 2015 los movimientos feministas comenzaron a ganar visibilidad con la primera marcha del colectivo #NiUnaMenos, que se transformó en consigna y bandera para la región. A las consignas contra la violencia de género se sumaron después voces a favor de la legalización del aborto, y la “marea verde” atravesó fronteras geográficas y judiciales. Con la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en enero de 2021, Argentina se convirtió en uno de los primeros países de la región en garantizar el aborto gratuito, voluntario y seguro, y en dejar de criminalizar a las mujeres por interrumpir la gestación.

La mayor presencia institucional de la lucha feminista se hizo aún más palpable con la promulgación de la Ley Micaela en enero de 2019, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la nación, y en todos sus niveles y jerarquías. En ese mismo año se destaca la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, precedente clave de la proliferación de instancias ministeriales a escala provincial.

Según el informe global de WIN Voices!, que se hizo en 39 países, en la Argentina la percepción sobre los avances de la igualdad laboral está en línea con la global y, en cuanto a la igualdad política, está algo por encima del promedio mundial, pero con relación a la igualdad de género dentro del hogar, somos más pesimistas que en el resto del mundo, es decir, el 61% contra el 71%.

Aunque aún existe un largo camino por recorrer, la participación de las mujeres en el campo laboral fue creciendo con el paso del tiempo, y este es, sin lugar a dudas, un logro por celebrar. Nuestro país es el mejor posicionado en la región en cuanto a la percepción de igualdad de oportunidades laborales y es uno de los países con mayores expectativas de que en los próximos 25 años las mujeres reciban el mismo salario que los hombres por el mismo trabajo.

Sin embargo, todavía existe un 34% de los argentinos que creen que las mujeres tienen menos oportunidades laborales y el 32% considera que ganan menos que los hombres. Esta brecha salarial es mucho más reconocida entre las mujeres argentinas que entre los hombres: el hecho de que los dupliquen en esta última opinión es un ejemplo claro de la disonancia significativa que también atraviesa otros indicadores.

En este sentido, hay consenso entre hombres y mujeres respecto de que son ellas las principales responsables de las tareas domésticas y de cuidado, pero cuentan realidades diferentes en cuanto a la participación masculina.

Los padres mencionan que realizan más tareas vinculadas al cuidado de sus hijos o hijas de lo que piensan las mujeres (mostrando una vez más la disonancia significativa entre géneros). Por ejemplo, y centrándonos en las actividades de acompañamiento escolar:  casi 6 de cada 10 padres señalan que ayudan a sus hijos con tareas escolares y estudios, pero, entre las mujeres, solo un tercio nos dicen que los padres hacen esa tarea. Algo similar sucede con la asistencia a reuniones de padres o el traslado a las distintas actividades de los niños. La pregunta que surge entonces es si hay una sobreestimación por parte de los padres o una falta de reconocimiento por parte de las mujeres.

En cualquier caso, es muy notoria la brecha de género que existe cuando se trata del acompañamiento escolar de los hijos. Las madres los visten y les preparan la comida, mantienen la comunicación con la escuela y asisten a las reuniones de padres, participan en los grupos de WhatsApp de padres y también cumplen con otras múltiples funciones. Los padres, por el contrario, solamente tienen una presencia importante en el traslado de los niños al colegio o a otras actividades. Pero, aún en esos casos, las mujeres están muy presentes.

Las mujeres dedican el doble de tiempo que los hombres al hogar y a los hijos, y, aun cuando la mujer trabaja, la brecha con la participación de los hombres es fuertemente notoria. El hecho de que la mujer trabaje reduce su participación, pero no incrementa la participación de los hombres (con la excepción de las tareas de comunicación con el colegio y las demás familias). Para todas las otras actividades medidas se convoca a “la tribu”, es decir, la participación de los hombres continúa igual y lo que crece es el involucramiento de otros familiares y, en menor medida, el involucramiento de otros no familiares.

Pese a todo lo anterior, las mujeres argentinas están entre las que más valoran la vida familiar (junto a España, Estados Unidos, Polonia, México y Pakistán) y se encuentran satisfechas con ella, además de que se evalúan muy bien a sí mismas como madres. Sin embargo, los nuevos valores que transmiten las luchas por la igualdad de género han instalado una manera diferente de vincularse con las tareas de cuidado y del hogar.

Ya no se trata tanto de alcanzar el ideal de ama de casa perfecta al servicio del hombre “proveedor”, sino más bien de conseguir cierta autonomía y pragmatismo que permitan articular los distintos papeles de la mujer dentro y fuera del hogar.

De todas maneras, los derechos adquiridos por las mujeres tienen un “costo” que debe ser atendido, puesto que en las prácticas concretas el cambio hacia una igualdad de género real se produce mucho más lento que en lo discursivo, por lo que el modelo legítimo de responsabilidad doméstica sigue siendo femenino.

La disparidad en la carga doméstica entra en conflicto con la mayor igualdad de oportunidades laborales, lo que se transforma en sobrecarga para las mujeres. 7 de cada 10 sostienen que en un día normal de su vida no tienen tiempo para ellas mismas (porcentaje que casi duplica al de los hombres).

La Ley Micaela y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo marcaron hitos en la lucha feminista y son claros indicadores de que los avances en materia de género en nuestro país son innegables. La gran mayoría de los argentinos piensa que el papel social y político de la mujer está cambiando en nuestro país. Incluso un cuarto de ellos declara haber realizado personalmente acciones en defensa de asuntos de género. El reto, entonces, es achicar la brecha entre los valores y las prácticas, pero llevando al ámbito doméstico y personal los logros que los movimientos feministas están consiguiendo en el mundo laboral y político.

*Este texto está escrito en el marco del X congreso de WAPOR Latam: www.waporlatinoamerica.org.

Los desafíos ineludibles de la comunicación policial

Henry M. Rodríguez
-
0
Los desafíos ineludibles de la comunicación policial

La gestión de las comunicaciones policiales, más que como un protocolo de relacionamiento, requiere ser asumida como un compromiso estratégico de alta importancia y una acción de responsabilidad social. Esto implica desarrollar un tratamiento integral y profesional que contribuya a la legitimidad social de las instituciones.

Si bien la gestión de la información no es el único factor que influye en la percepción positiva o negativa que tiene la ciudadanía con respecto a los cuerpos policiales, sí contribuye en un porcentaje importante a la resolución de casos delictivos, a la prevención de crímenes y a la confianza y relacionamiento con la ciudadanía. En Latinoamérica la comunicación policial no es la más asertiva, cosa que impacta en la percepción de las personas respecto a la seguridad y las instituciones.

Precisamente, la falta de claridad, precisión y objetividad, así como el hermetismo informativo de algunos voceros o encargados de las relaciones públicas ante determinados acontecimientos mediáticos, suelen generar rupturas comunicacionales con serias consecuencias reputacionales para las instituciones. Un estudio de la empresa de consultoría Gallup revela que Latinoamérica es la región del mundo que registra más desconfianza en su policía local: tan solo un 49% de los ciudadanos confían en la fuerza policial, a diferencia del promedio global, que es del 71%. 

Siendo la confianza y la credibilidad elementos clave para la actividad policial, es prioritario afianzar la cercanía de la fuerza pública con la ciudadanía y hacer una apuesta contundente para el cuidado del prestigio y la reputación de los organismos policiales, utilizando la comunicación como piedra angular. No es una tarea menor: requiere una administración mucho más transparente, oportuna, integral y organizada con los flujos comunicacionales. 

El Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) define la percepción de seguridad como la “sensación que tiene la población de ser víctima de algún hecho delictivo o evento que pueda atentar contra su seguridad, integridad física o moral, vulnere sus derechos y la conlleve al peligro, daño o riesgo”; sin embargo, como advierte el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), esta percepción no siempre cuadra con las cifras reales de seguridad. Por ejemplo, los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana que realiza el gobierno de Chile constataron que en 2016 el 85% de los ciudadanos percibía un aumento de la delincuencia en el país, mientras que la victimización para delitos de connotación social se ubicó en un 27,3%.

¿Por qué la comunicación policial se debería preocupar por brechas como esta, que no distan mucho de las de otras latitudes latinoamericanas? Porque en la medida que las personas mejoren su percepción del entorno, se podrá mejorar la convivencia social, así como incrementar el grado de satisfacción de la ciudadanía con sus cuerpos policiales.

Si bien existen múltiples factores que pueden incidir en la percepción de inseguridad, y que deberían ser objeto de estudio en el interior de cada institución, se podría decir que la información que está recibiendo la ciudadanía a través de los medios de comunicación es uno de los factores críticos.

En 2019, Human Right Watch había denunciado múltiples casos de represión y abuso policial y militar durante las diversas manifestaciones sociales presentadas en Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia y Haití, señalando que los cuerpos de seguridad emplearon la fuerza de manera negligente y excesiva, incluso contra transeúntes o manifestantes pacíficos. 

A su vez, estos casos de violencia policial fueron ampliamente divulgados en los medios gráficos, audiovisuales y digitales, en ocasiones con un tono sensacionalista que incitó el malestar social e incidió en el agravamiento de los desórdenes. 

Esta alta exposición mediática puso en evidencia la necesidad de impulsar reformas orientadas a la protección los derechos humanos en el interior de las organizaciones policiales y militares, así como atender la poca capacidad de respuesta que poseen para afrontar este tipo de crisis de cara a la opinión pública.

Durante este periodo se ha incrementado la representación mediática del delito. De acuerdo con Kessler y Focass (2014), las noticias policiales pasaron a cubrirse como noticias de inseguridad, con generalizaciones de los acontecimientos, fragmentaciones de los hechos, centralidad en las víctimas, apelación a la emocionalidad y distinción de las llamadas olas delictivas. En definitiva, incrementando la brecha entre percepción y realidad.

Se requiere una comunicación que, más que seguir la dinámica informativa planteada por los medios, busque espacios de acercamiento a los ciudadanos, a través de la recuperación del discurso preventivo alrededor de la seguridad, y del suministro oportuno de información a la prensa, con anticipación, seguimiento y equilibrio.

Es imperativo profesionalizar las comunicaciones policiales para responder asertiva y empáticamente al contenido noticioso, por más sensacionalista que sea. Más crucial todavía es la preparación de información relevante, argumentativa, que brinde mayor precisión, rigor y contexto.

Se requiere establecer figuras de colaboración a nivel local y regional con periodistas y personas de gran influencia social para definir estrategias sólidas, certeras y oportunas de comunicaciones internas, así como de comunicaciones externas, apalancándose en las agencias asociadas, consultores y redes comunitarias. 

Desde el liderazgo de las comunicaciones policiales, el enfoque no debe reducirse a las declaraciones ni a los boletines de prensa. Quien asuma la vocería de la institución debe tener claridad, información, procesos, procedimientos y mecanismos de monitoreo que le brinden la capacidad de evitar que la imagen de la institución pueda ser afectada. 

Se trata de ir más allá de emitir y divulgar información: hay que ocuparse además de atender las consultas ciudadanas, disponer de canales eficientes que acerquen al ciudadano; educar y tranquilizar al público y también cumplir con las responsabilidades sobre los errores que se presenten, monitorear las noticias e informar sobre la evolución de las situaciones. 

En definitiva, la clave está en consolidar una estrategia integral, que incluya políticas que garanticen transparencia y accesibilidad, constancia, participación activa de los policías en la comunidad y capacitación para proporcionar a los policías habilidades de comunicación.

Estas prácticas, en conjunto, podrían contribuir a la construcción y el sostenimiento de una percepción positiva de la seguridad ciudadana, a partir del fortalecimiento de la comunicación policial. Una tarea titánica pero que amerita de un proceso profundo de autorreflexión y direccionamiento estratégico. Por algo se puede empezar.

Las elecciones de Guatemala podrían dar la presidencia a otra ex primera dama

Ignacio Arana
-
0
Las elecciones de Guatemala podrían dar la presidencia a otra ex primera dama

Coautora Carolina Guerrero

Este domingo la ex primera dama de Guatemala, Sandra Torres, podría profundizar el éxito electoral de las ex primeras damas en América Latina si se convierte en la segunda presidenta activa, luego de que la también ex primera dama Xiomara Castro asumiera la presidencia de Honduras en 2022.

Torres representa al partido conservador Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y corre en desventaja contra el diputado Bernardo Arévalo, un ex canciller y ex embajador en España que fundó el partido progresista Movimiento Semilla tras las protestas sociales que sacudieron al país en 2015.

La propuesta social de Torres es conservadora: se opone al aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo y promueve visiones cercanas a los evangélicos.Torres también ha prometido mejorar la seguridad pública apoyándose en ideas similares a las del Presidente salvadoreño Nayib Bukele, combatir la corrupción, promover el turismo, eliminar el IVA, entregar bonos mensuales a madres de familia y entregar ayuda económica y alimentos a los más pobres.

La segunda vuelta electoral ocurrirá en medio de una crisis institucional desatada por la decisión de la Fiscalía de suspender la personería jurídica del partido Semilla de Arévalo. La Fiscalía acusó al partido de fraude por usar más de 5.000 firmas falsas para registrar a la colectividad, pero la decisión fue revertida por la Corte de Constitucionalidad. “Es una situación preocupante en cuanto proceso electoral y en cuanto al funcionamiento de las instituciones de un Estado democrático” dijo recientemente el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, al presentar el informe sobre la primera vuelta electoral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también destacó “su preocupación por injerencias en el proceso electoral en Guatemala, en un contexto de falta de independencia del Ministerio Público y su fiscal general”.

Esta es la cuarta vez que Sandra Torres intenta convertirse en presidenta. En 2011 se divorció del Presidente Álvaro Colom “para casarme con el pueblo” a través de su candidatura, la que finalmente no prosperó debido a que la Corte Constitucional de Guatemala dictaminó que violaba  el artículo 186 de la Constitución. Torres no cejó, y en 2015 corrió como la candidata presidencial de UNE, el mismo partido que llevó a Colom a la presidencia, y terminó perdiendo en segunda vuelta ante el comediante Jimmy Morales. Torres lo intentó de nuevo en las elecciones de 2019, cuando también perdió en segunda vuelta ante el actual presidente, Alejandro Giammattei.

Ex primeras damas en el Ejecutivo

Desde 1990 ex primeras damas han intentado ser once veces presidentas y lo han logrado en tres oportunidades (Cristina Fernández en Argentina en 2007 y reelecta en 2011 y Xiomara Castro en Honduras electa en 2022). En el intento quedaron las candidaturas de Sandra Torres y Patricia Escobar en 2011 en Guatemala, Xiomara Castro en Honduras en 2013, Marta Linares en Panamá en 2014 y Keiko Fujimori en Perú en 2011, 2016 y 2021. Además, ocho veces ex primeras damas han sido candidatas a la vicepresidencia y han ganado en cinco oportunidades (Margarita Cedeño de Fernández en República Dominicana en 2012 y 2020; Cristina Fernández en Argentina desde 2019 y Rosario Murillo en Nicaragua en 2016 y reelegida en 2021).

Además de los casos descritos, en los últimos años hubo dos ex primeras damas que fueron precandidatas presidenciales, pero no llegaron a la elección:  Margarita Zavala renunció antes de la elección presidencial en 2018 en México, mientras que Cristiana Chamorro no pudo competir en 2021 en Nicaragua porque fue arrestada por orden del gobierno.

Las candidaturas de ex primeras damas a puestos de elección nacional son una tendencia creciente en América Latina. Entre 1999 y 2016, ellas se presentaron 26 veces como candidatas a la presidencia, vicepresidencia, o el Congreso, resultando electas en 19 ocasiones (Guerrero Valencia y Arana Araya, 2018). En la publicación When Do First Ladies Run for Office? Lessons from Latin America, mostramos que la probabilidad predicha de que las primeras damas con experiencia previa como políticas electas se presenten a las elecciones es del 70%, y que hay un 86% de posibilidades de que ellas compitan por llegar al congreso, la presidencia o la vicepresidencia en la primera oportunidad que tengan tras dejar el Poder Ejecutivo.

La tendencia al alza de las candidaturas es clara: 15 de las 26 candidaturas que estudiamos se produjeron entre 2010 y 2016. Desde 2016, ya son cinco las ex primeras damas que han competido por la presidencia. ¿Por qué tantas primeras damas luego se lanzan como candidatas?

Existen tres razones que hacen que sean candidatas únicas. Primero, gozan de amplio reconocimiento público y cobertura mediática, lo que les permite darse a conocer, influenciar la agenda pública y posicionarse en temas relevantes. Segundo, las primeras damas disfrutan de numerosos privilegios debido a su acceso al ápice del Poder Ejecutivo. La posición les permite desarrollar conexiones personales con la élite política y así aumentar su propio capital político. Tercero, la imagen pública de las primeras damas está inevitablemente conectada al político más poderoso del país. Esto conlleva asociaciones tanto positivas como negativas, pero ineludiblemente la imagen presidencial se les transfiere parcialmente a ellas. Esta semana Torres tendrá por tercera vez la oportunidad de por fin dejar atrás la sombra de su ex marido.

Carolina Guerrero Valencia es investigadora asociada en el GIGA Institute for Latin American Studies en Alemania. Su investigación se centra en las primeras damas, las élites, el poder ejecutivo, las relaciones ejecutivo-legislativo y las mujeres en la política en América Latina.

Tormenta de ideas en medio de la tormenta política argentina

Santiago Leiras
-
0
Tormenta de ideas en medio de la tormenta política argentina

Parafraseando a Karl Marx, un fantasma ha recorrido la Argentina, el del anarcocapitalismo. Contra todos los pronósticos, el precandidato presidencial (ahora candidato) de la agrupación La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, obtuvo más de siete millones de votos, lo que representa el 30% de los sufragios que lo convirtieron en el candidato más votado en los comicios primarios. LLA también ha obtenido el triunfo en 16 de los 24 distritos electorales de todo el país.

¿Qué pasó en las PASO?

El triunfo del dirigente de La Libertad Avanza podría explicarse por cinco factores principales. El primero está relacionado con el contexto regional; el segundo, con la crisis de mediana edad que atraviesa la democracia argentina; el tercero, con el carácter frecuentemente sorpresivo que ha caracterizado a la política argentina desde 1983; el cuarto, con la oportunidad desperdiciada de Juntos por el Cambio y, por último, por las propuestas presentadas por Milei.

Con respecto al primer factor, la región ha sido un verdadero campo de prueba para el surgimiento de líderes de derecha radical con diferentes niveles de suceso electoral. Desde aquellos que llegaron al poder como Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil o Nayib Bukele en El Salvador, hasta candidatos sumamente competitivos que fueron derrotados en segunda vuelta como Rodolfo Hernández en Colombia o José Antonio Kast en Chile.

En relación con el segundo aspecto, el largo ciclo de 40 años de democracia ininterrumpida nos expone a un muy modesto balance en cuanto a la satisfacción de las expectativas sociales. Este ha sido un proceso de escasos logros (una democracia resiliente y un crecimiento de la agenda en materia de derechos civiles) y muchas frustraciones en relación con el incumplimiento de múltiples demandas. No se han cumplido las esperanzas que despertaba aquel lema de la campaña de Raúl Alfonsín de 1983: “Con la democracia se come, se cura y se educa”. De todas maneras, conviene diferenciar el régimen democrático del fracaso de sus gestores a lo largo de estas cuatro décadas.

El tercer factor que explica el ascenso de Milei es la amplia experiencia del país en cuanto al surgimiento de políticos, no detectados por el radar de la política tradicional, pero que rápidamente lograron convertirse en referentes políticos nacionales. Están los casos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Néstor Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Las excepciones han sido Fernando de la Rúa y Cristina Fernández. El Cisne Negro se ha blanqueado en la Argentina.

El cuarto aspecto es que la oposición de Juntos por el Cambio, ganador en los comicios legislativos del año 2021, ha llevado a cabo un proceso interno muy disputado que probablemente le ha impedido terminar de convencer a una significativa parte de la sociedad de su condición de alternativa electoral. Ese espacio fue ocupado por Javier Milei. Si el manual todavía funciona, es de esperarse que la resolución de la interna en favor de Patricia Bullrich le permita a JxC no solo ordenar su espacio, sino también recuperar su capacidad de “enamorar” a la sociedad.

Finalmente, el precandidato Milei presentó a la sociedad un conjunto de propuestas, algunas muy polémicas como la venta de órganos y otras difícilmente practicables, aunque no imposibles en Argentina, como el cierre del Banco Central o la dolarización. Todo eso, en medio de una campaña teñida por el deterioro del debate público y la ausencia de propuestas.

Tras las PASO, nos encontramos frente a una situación de tres tercios (Cristina Fernández, LLA, JxC y Unión por la Patria-UP) en ese orden.

¿Qué lecciones podemos extraer de experiencias precedentes de fragmentación electoral en la Argentina? En las experiencias anteriores el resultado fue el triunfo del segundo candidato con mayor cantidad de sufragios, no del más votado. Los ganadores fueron Néstor Kirchner en 2003 (en aquel momento sin PASO) y Mauricio Macri en 2015 (ya con primarias abiertas simultáneas y obligatorias) frente a Carlos Menem y a Daniel Scioli, respectivamente.

La pregunta sería: ¿no hay dos sin tres o la tercera es la vencida?

El Tratado de Alta Mar y la diplomacia latinoamericana

Philippe Raposo
-
0
El Tratado de Alta Mar y la diplomacia latinoamericana

Coautor Pedro Sloboda

Tras casi dos décadas de negociaciones, unos 200 países adoptaron el Tratado de Alta Mar el 19 de junio en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El acuerdo prevé la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ), que comprenden la alta mar y los fondos marinos internacionales, zonas sobre las que ningún país ejerce soberanía. El tratado entrará en vigor 120 días después del depósito del 60º instrumento de ratificación.

Los países latinoamericanos desempeñaron un papel decisivo durante las negociaciones del tratado y contribuyeron a la conclusión de un acuerdo equilibrado que preservará los océanos, estimulará la investigación marina y repartirá beneficios entre los países en desarrollo. Coordinados en el bloque negociador denominado CLAM («Grupo Núcleo Latinoamericano»), catorce países latinoamericanos presentaron posiciones conjuntas sobre diversos temas y establecieron alianzas con otros países y grupos regionales, entre los que destacan el G-77+China, las islas del Caribe y el grupo de países africanos. El CLAM estuvo integrado por los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Cabe destacar la inclusión en el acuerdo del principio del patrimonio común de la humanidad, basado en los esfuerzos coordinados de los países en desarrollo. Desde la perspectiva de la diplomacia latinoamericana, los recursos genéticos marinos recogidos en alta mar y en los fondos marinos internacionales -y la secuenciación genética de estos recursos- son patrimonio común de la humanidad. Por encontrarse en zonas no sujetas a la soberanía de ningún país, se considera que estos recursos pertenecen a todos («res communis»), por lo que su explotación científica y económica debe realizarse en beneficio de toda la humanidad. El principio del patrimonio común de la humanidad ya estaba consagrado en otros instrumentos internacionales, como la Resolución 2749 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Declaración de Principios que Rigen los Fondos Marinos Internacionales) de 1970 y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

La inclusión de este principio en el acuerdo BBNJ significa que los beneficios científicos y económicos de la explotación de los recursos genéticos de alta mar y de los fondos marinos internacionales no pueden restringirse a unos pocos países. Los beneficios deben compartirse con los países en desarrollo a través de la creación de capacidades técnicas, la transferencia de tecnologías marinas, las oportunidades de cooperación científica, la facilitación del acceso a las bases de datos digitales de secuenciación genética y la financiación de proyectos destinados a preservar los recursos marinos. Esta perspectiva diplomática de carácter democrático e integrador fue defendida con firmeza por el CLAM durante las negociaciones y prevaleció en el texto final del tratado.

Esta postura, que también encabezaron los 134 países en desarrollo que integran la agrupación G-77+China, contrasta con la opinión contraria, según la cual los recursos genéticos de las zonas marítimas internacionales deberían considerarse una especie de «res nullius» («asunto de nadie»), de los que se apropiarían quienes tuvieran la capacidad técnica y financiera para hacerlo. Este planteamiento restringiría los beneficios de la explotación científica y comercial de estos recursos esencialmente a los países más ricos, en detrimento de los países con menos capacidad para invertir en estas actividades.

La divergencia de principio entre ambas concepciones («res communis» y «res nullius») fue el último obstáculo para la conclusión del Tratado de Alta Mar. En la última fase de las negociaciones, los representantes de más de 100 países se enfrentaron a un maratón de 38 horas ininterrumpidas de intensas negociaciones los días 3 y 4 de marzo de este año en Nueva York. En las últimas horas de la conferencia, con un importante papel de mediación de las delegaciones de Brasil y Jamaica, las delegaciones decidieron incluir simultáneamente en el acuerdo los principios del patrimonio común de la humanidad y la libertad de investigación científica en alta mar. Esta fórmula de compromiso y la adopción del tratado por consenso demuestran la fuerza del diálogo y del multilateralismo, incluso en situaciones en las que las diferencias entre Estados parecen insalvables.

El texto final del tratado, a la vez equilibrado y ambicioso, regula las actividades con recursos genéticos de alta mar, incluida la secuenciación genética digital. El principio del patrimonio común de la humanidad obliga a compartir con los países en desarrollo la información científica y los beneficios derivados de la investigación y comercialización de estos recursos. Al mismo tiempo, la libertad de investigación científica marina fomenta nuevas inversiones en capacitación, innovación y desarrollo tecnológico, preferiblemente con la participación de instituciones de investigación y científicos de países en desarrollo, incluida América Latina.

*Los autores son diplomáticos de carrera y participaron en las negociaciones del Tratado de Alta Mar. Las opiniones expresadas en este texto son las de los autores y no reflejan necesariamente las del gobierno brasileño.

1...133134135...266Página 134 de 266