El 11-S chileno cincuenta años más tarde

Hay fechas que marcan una época y que imbuyen de simbolismo a las generaciones que les toca vivirlas. Como si se tratara de un marchamo, precisan el momento concreto y configuran un legado que define buena parte del futuro. Algunas tienen la capacidad de trascender el entorno físico donde el evento que les dio sentido ocurre, de manera que constituyen un referente de mayor escala. El 11 de septiembre de 1973 es una de ellas. No solo supuso el final violento de un proceso político en un país concreto, Chile, que tuvo que acarrear durante las décadas siguientes con su dramática huella, sino que impactó en la sociedad internacional de forma notable.

El golpe de Estado que terminó con los mil días del gobierno de Salvador Allende configuró una sinfonía malsonante de significados en Chile. Supuso la quiebra de su institucionalidad rompiendo el modelo que hasta entonces había sido excepcional en la región, junto con Uruguay; enterró los sueños de generaciones que mezclaban la ilusión del cambio democrático con la de la revolución incruenta y que hicieron del lema “socialismo en libertad” la bandera de su existencia; no supo valorar el potencial desestabilizador que ciertos sectores económicos tenían (camioneros); puso de manifiesto la torpeza a la hora de no entender que la sociedad chilena estaba dividida de forma que la propuesta política de transformación se sostenía por un contingente social que no era mayoritario y que todo ello se traducía en un fragmentado sistema de partidos donde la formación de mayorías era muy complicada; y propició que “la mano invisible” de Estados Unidos estuviera presente alentando a militares para actuar en su papel de salvadores de la patria y de los valores occidentales cuya fama de garantes de la constitución por medio siglo se vería arruinada. 

En fin, aquel 11 de septiembre así mismo dejó la imagen de un presidente que, al poner fin a su vida en la Casa de la Moneda, sometida a un pertinaz bombardeo, situó el listón muy alto en esa compleja combinación weberiana de la ética de la responsabilidad y de la convicción. Al fracaso de llevar el cambio político, económico y social de la izquierda chilena, como han puesto de relieve los trabajos recientes de Daniel Mansuy (Salvador Allende. La izquierda chilena y la Unidad Popular) y de Gonzalo Vial (El fracaso de una ilusión) y antes, entre otros, de Tomás Moulian y Manuel Antonio Garretón, así como de Juan Gabriel Valdés, la respuesta de Allende hacía confluir el derramamiento de su sangre con la de todos los asesinados el infausto día y los que le siguieron contornando la representativa de Víctor Jara, asesinado cinco días después con 41 años tras haber sido torturado. Un desastre que, a diferencia de lo acontecido en España tras el golpe de estado de julio de 1936, ha tenido cierta reparación a pesar del tiempo transcurrido, como lo prueba la reciente condena por unanimidad de la Corte Suprema de los que perpetraron el asesinato del cantautor.

Pero aquel 11 de septiembre también tuvo un impacto internacional. La interrupción del proceso chileno venía a ser el correlato, cinco años más tarde, de la invasión de los tanques soviéticos de Praga, que había detenido los ideales de cambio político alentados por el gobierno de Alexander Dubcek. Los condicionantes de la guerra fría se veían así reforzados. Irónicamente, en América Latina dieron aire a la profundización de los rasgos totalitarios de la revolución cubana a la vez que estimularon la agitación en los cuarteles para impulsar la doctrina de la seguridad nacional inspiradora del momento. 

Incluso en Italia la propuesta del compromiso histórico por la que el PCI y la Democracia Cristiana tanteaban cierta aproximación quedó en almoneda. En España, el franquismo cerró filas, pero la oposición entendió la necesidad de una acción conjunta que culminará en la coincidencia de la Plataforma Democrática y la Junta Democrática. Por encima de todo aquel clima se alzaba la figura del entonces secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, quien, medio siglo después, al celebrar su centenario, sigue recibiendo atención como el oráculo de la historia.

Chile tuvo una de las dictaduras más largas de la región y, además de perseguir a la izquierda, fue introductor primerizo de las políticas neoliberales. Ambos elementos tuvieron consecuencias relevantes en los lustros siguientes. Si bien la dictadura fue desmantelada gracias al voto popular tras un plebiscito celebrado en 1988, la ley electoral pergeñada obligó a una alianza de los partidos y movimientos que habían tomado una postura muy crítica frente al régimen de Pinochet. 

La Concertación, integrada por demócrata cristianos, radicales y socialistas en diferentes facciones, fue de esta manera la respuesta política que gobernó al país durante veinte años condicionada por enclaves autoritarios, según expresión de Manuel Antonio Garretón, que poco a poco fueron eliminándose. Sin embargo, la constitución que regía los destinos del país seguía siendo la elaborada en los tiempos de Pinochet (1980). 

La alternancia, gracias al triunfo electoral de la derecha liderada por Sebastián Piñera en 2010 y 2018, confirmó que el asentamiento democrático era factible en el nuevo estado de cosas. Sin embargo, el conflicto social estaba lejos de ser canalizado. Diferentes movilizaciones sociales tradujeron el descontento de un modelo que no satisfacía a las nuevas generaciones y que ponía de relieve el fracaso de alguna de las políticas más emblemáticas del orden neoliberal. El sistema de pensiones, la sanidad, la educación suponían ejemplos de mal gobierno y pésima gestión que emponzoñaban el clima social. Entonces, el pasado se erguía como un terreno al que formular preguntas buscando explicaciones del acontecer cotidiano. En ese escenario, cincuenta años después del 11 de septiembre de 1973, las respuestas pueden encontrar su fundamento.

*Otra versión de este texto fue publicada en El Ciervo, nº 800, julio-agosto 2023, Barcelona

El lenguaje como herramienta en la lucha por los derechos humanos  

En marzo de 2023, las Madres de la Plaza de Mayo marcharon por el 40 aniversario del fin de la dictadura argentina. Ellas subrayan que el acto fue una «marcha», no una «ronda», como se lo definió popularmente. El lenguaje importa en este y en muchos otros casos, y es una poderosa herramienta para proteger los derechos humanos.

Las Madres son la organización más conocida dentro y fuera del país, y el momento inicial de cuando se organizaron coincide con los momentos más oscuros de la dictadura argentina. «No queremos llamar ‘ronda’ a lo que llamamos marcha porque dar vueltas es dar vueltas a lo mismo, pero marchar es marchar haciendo algo», dicen.

Podemos destacar la característica performativa de la «marcha», de acuerdo con los análisis del lenguaje que se han discutido en trabajos tempranos como los de J. L Austin y H. Pitkin sobre el tema de la «actuación». El punto por destacar adquiere aquí los contornos de la lucha por la realización de los derechos humanos, por los desaparecidos, contra la impunidad de los funcionarios perpetradores de las injusticias. Por tanto, esto se convierte en un relevante repertorio de lenguaje que se emplea en el caso de todos los movimientos posteriores en América Latina (hasta nuestros días).

Las Madres de Mayo es una organización que se creó a finales de la década de 1970 y llevó a cabo una serie de acciones, con el objetivo de encontrar e identificar a los niños secuestrados durante la última dictadura militar argentina. Según la investigadora Rita Duarte, los niños que no fueron asesinados fueron dados en adopción en procesos impregnados de ilegalidad y violencia. Partiendo de la primera organización, en 1994 se creó la Abuelas, una de las más activas en la actualidad.

Y, seguidamente, está ahora H.I.J.O.S. Esta se basa en nuevos repertorios y acciones denominadas escraches, como se conoce a las denuncias públicas y ruidosas en contra de conocidos torturadores y asesinos que se encuentran en libertad. 

La disputa en el escenario político argentino exige que se revise la Historia, y pugna constantemente por la reparación, con el no olvido y el fin de la impunidad como soportes. En todos los casos, la lucha de estas mujeres forma parte de la escena pública. En los archivos, en las calles, en los congresos nacionales, en las escuelas, allí donde son convocadas lideran sus denuncias y reiteran el derecho a la memoria por sus muertos/desaparecidos y, en particular, por la responsabilidad política de los Estados en relación con estos crímenes. 

La paradoja de la amnistía

En Brasil, el fin de la dictadura tiene como contexto clave la paradoja de la amnistía y la Constitución de 1988. Los Gobiernos posteriores a la transición atravesaron situaciones complejas en cuanto a la definición y posterior elaboración y empleo de derechos a través de políticas públicas. En el caso de los movimientos sociales, además de su vinculación con la promoción y defensa de agendas de políticas públicas, se han dado en el país procesos de memoria, verdad y reparación.

Si pensamos en las dictaduras de Brasil y Argentina, por ejemplo, la película Argentina, 1985 es oportuna y llegó en un buen momento en 2022, cuando las elecciones más difíciles de la historia de la redemocratización en Brasil estaban rodeadas de amenazas de golpe militar. El entonces presidente afirmó categóricamente que no confiaba en las elecciones en el mismo país que lo eligió en 2018. La actitud antidemocrática tendría efectos nefastos, como lo demuestra desde la amenaza de bomba en Nochebuena hasta la invasión de las sedes de los tres poderes del Estado.

Considerando las historias de los dos países, el juicio a los militares involucrados en crímenes de Estado une el pasado de amnistía (e impunidad para militares y policías) en Brasil, y la estabilidad democrática (a pesar de la aguda crisis económica) que vive Argentina. Un resultado concreto de esta comparación es darse cuenta de cómo ninguna mención al «bandido bueno es bandido muerto», que hemos visto en el pasado reciente en Brasil, forma parte del lenguaje utilizado por los candidatos presidenciales de hoy en Argentina. Desgraciadamente, la llegada de Javier Milei y su uso de expresiones como «tiemblen zurdos de mierda», ya no nos permiten hablar de la excepcionalidad de este último país.

El juicio retratado en la película presta especial atención a los relatos de las víctimas: a los familiares que, a pesar de la inmensa e irreparable pérdida de sus seres queridos, llevan a la escena pública su lucha por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los crímenes del Estado contra sus ciudadanos. Además, lo ocurrido en el país vecino, sin precedentes en América Latina, puede compararse con el juicio de Núremberg, ya que llevó a la escena pública internacional un asunto crucial sobre cómo tratar como «buenos ciudadanos» a quienes pretenden matar, torturar y exterminar porque «cumplen órdenes».

La impunidad como amenaza

La importancia del aspecto militar en Alemania, Brasil y Argentina está oscuramente entrelazada con la persistencia de partidarios del nazismo y de la violencia de Estado en nuestros días.

El lenguaje de los derechos humanos nos enseña que la impunidad de los agentes estatales es uno de los principales factores que amenazan a las democracias. Esto se confirma no solo en los relatos de víctimas y movimientos, sino también en documentos y Comisiones de la Verdad. Solo en 2022, 6.429 personas murieron como consecuencia de intervenciones policiales, según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública.

Asistimos a un aumento de la letalidad de la acción policial en los últimos años y también a un crecimiento del número de mujeres que se comprometen políticamente contra las violaciones causadas por el Estado. Así, según la politóloga Débora Quintela, es plausible predecir que, si no hay cambios en términos de seguridad pública en las grandes ciudades de Brasil (y la idea actual es que la violencia institucional solo aumentará), la tendencia es que el movimiento de madres de víctimas de la violencia policial se amplíe y solidifique como acción colectiva. Desgraciadamente, con cada nueva víctima, también tenemos una nueva madre indignada, una activista en potencia.

Entender el asunto de los derechos como un proceso histórico que está en disputa en las arenas políticas nacionales y sus interfaces internacionales puede ayudarnos a comprender mejor las dinámicas nacionales y sus puntos de intersección. Investigar los abusos, buscar la verdad, honrar la memoria de las víctimas y no permitir que la violencia se repita son formas de cultivar los valores democráticos en la sociedad. 

Estemos atentos al lenguaje que se utiliza, a los actos de habla de madres y seres queridos que lloran sus pérdidas y piden justicia. La reivindicación de los derechos humanos es relevante por su comprensión con respecto a demandas colectivas en la política, para fomentar la justicia para quienes han sufrido o sufren injusticias, para la recuperación de la memoria, la verdad, la justicia y la no repetición de las violaciones de derechos.

Una reflexión a 50 años del golpe militar en Chile

La conmemoración de los 50 años del golpe militar en Chile invita a reflexionar sobre el colapso del orden republicano, democrático y presidencial. Desde una perspectiva republicana y democrática, la desconcentración del poder, el imperio de la ley, la deliberación y la participación ciudadana son esenciales. La caída de estos pilares impide asegurar la libertad, el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho, acercándonos a la violencia como solución a los conflictos. Así, surge la pregunta de cuáles factores nos llevaron a este trágico desenlace.

Las explicaciones son diversas. Algunas tesis subrayan que el “agotamiento del modelo sustitutivo de importaciones” generó un descontrol inflacionario desde el gobierno de Ibáñez. Otras, subrayan que el contexto de la Guerra Fría polarizó a los partidos con ideologías opuestas, impulsando movimientos centrífugos que promovieron la búsqueda de “utopías” o “planificaciones globales” en los gobiernos de los años sesenta y setenta.

Otros enfoques se centran en la responsabilidad de los actores políticos, con partidos que adoptaron estrategias rupturistas, tanto en la oposición como en el gobierno, y un presidente incapaz de encontrar una salida democrática al conflicto.

América Latina experimentó varios golpes similares en este período, lo cual plantea el surgimiento del Estado burocrático autoritario o explicaciones que sugieren que los quiebres son el resultado del mal endémico del presidencialismo. Aunque existe consenso en que es un problema multifactorial, la discusión aún está abierta.

En este marco, una dimensión del quiebre de la democracia chilena en 1973 puede ser examinada a través de la colisión constante entre una figura presidencial, a la cual se le asignó en su origen un carácter reformista, y un Congreso con experiencia, resultado de una larga trayectoria, dispuesto a usar sus prerrogativas para contener los arranques presidenciales. El origen de esta historia lo podemos ubicar en la búsqueda por revitalizar el presidencialismo en 1925.

En la arquitectura institucional de 1925 se buscó contener las prácticas parlamentarias y otorgarle al presidente un rol preponderante en el sistema político para que liderara la iniciativa de reformas estructurales que buscaban subsanar los problemas de la “cuestión social” y la demanda de nuevos actores sociales. No olvidemos que este nuevo orden fue diseñado bajo la tutela militar, la cual ya en esa época se hacía presente en la política chilena y latinoamericana.

Sin embargo, este diseño institucional no logró contener los sedimentos de la práctica política internalizados en el periodo histórico anterior (1871-1925). Esto permitió consolidar un Congreso que fuera un contrapeso efectivo ante las arremetidas de un poder ejecutivo siempre amenazante.

Un elemento central del periodo político entre 1925 y 1973 es la urgencia de reformas estructurales para modernizar el estado y abordar demandas sociales. En términos políticos, el poder ejecutivo renovado se enfrentó a un electorado diverso y volátil, resultado de reformas como la eliminación del sufragio censitario y la inclusión de mujeres en el padrón (1949), y la implementación de la cédula única, dificultando mayorías estables.

Los partidos cobraron protagonismo en este escenario, arraigándose en el territorio y ejerciendo influencia en el Congreso, con capacidad de movilización e influencia informal en el poder ejecutivo. Un presidente sin mayorías y distante de partidos o coaliciones frágiles carecía del poder para activar reformas reales.

De esta manera, aunque en teoría el presidente ostentaba un gran poder, en la práctica -debido a su minoría en el Congreso- su influencia no era tan sólida como se pensaba. El Congreso Nacional, en ese período, actuó como un actor clave de veto, y los presidentes enfrentaron su poder en muchos momentos históricos desde 1932 hasta 1973. Mencionemos los gobiernos del Frente Popular (1936-1941), donde mantener la coalición desgastó al presidente, enfrentando presiones de su partido incluso en la conformación del gabinete. Un caso emblemático es el gobierno radical de Pedro Aguirre Cerda (1938-41), donde las diferencias sobre el gabinete llevaron al extremo de considerar su renuncia.

Adicionalmente, se debe precisar que de los 27 años entre la presidencia de González Videla en 1946 y el gobierno Salvador Allende, en 19 años el presidente se encontró en minoría en el Congreso. Esto obligó, sin duda, al presidente a construir –en lo posible– una relación cooperativa o negociadora con el Congreso y con la oposición.

Al contrario, cuando el presidente adoptó una actitud más desafiante ante un Congreso adverso, el resultado fue bastante perjudicial. Un ejemplo de ello es el caso de Salvador Allende (1970-73) y su intento por concretar una agenda reformista a través de mecanismos no convenidos con el Congreso, mediante el uso de decretos, leyes e intervenciones a la industria. Esta estrategia le significó una oposición acérrima a través de múltiples acusaciones constitucionales a ministros e incluso un intento al propio presidente (1973), sin contar con el bloqueo de su agenda legislativa.

Este desencuentro institucional afectó a varios presidentes. Por ejemplo, Carlos Ibáñez (1952-1958) afirmó en su mensaje de 1955 que resistir la tendencia parlamentaria entorpece la acción presidencial, abogando por reformas constitucionales. Jorge Alessandri (1958-1964) propuso limitar atribuciones parlamentarias en 1964 y aumentar el poder ejecutivo. Y Eduardo Frei Montalva buscó fortalecer al presidente en 1964 y 1969, como respuesta a conflictos institucionales que obstaculizaban las reformas necesarias.

En este proceso de aprendizaje, se avanzó gradualmente con la promulgación de la Ley 17.284, resultado de la discusión en el Congreso por el proyecto de Frei Montalva (1969). Esta ley dio rango constitucional a decretos con fuerza de ley, limitó iniciativa parlamentaria en gasto público y algunas áreas legales, mejoró el mecanismo de urgencias a favor del presidente, creó el Tribunal Constitucional (TC) y permitió convocar plebiscitos.

Estos ajustes institucionales llegaron tardíamente, sin tiempo para afianzarse. En el momento del quiebre, los actores políticos forzaron un sistema desgastado hasta su colapso. El colapso de la democracia chilena hace 50 años y sus trágicas secuelas nos invitan a revalorizar diseños institucionales que equilibren los poderes y la importancia de contar con actores políticos comprometidos con el orden republicano y democrático.

La democracia argentina está en deuda con la auditoría electoral ciudadana

Los aniversarios siempre son oportunos para hacer balances, más cuando los números son redondos. A 40 años de la recuperación de la democracia argentina, y en el marco del proceso electoral de 2023, nos preguntamos: ¿qué papel tiene la ciudadanía organizada en las elecciones?

A diferencia de otros países de la región (ver índice de observación electoral de América Latina), Argentina no cuenta con la figura de la observación electoral, doméstica o internacional, en su marco legal. En su lugar, existe lo que ha definido la Cámara Nacional Electoral (CNE) como “acompañamiento cívico”, entendido como “el conjunto de actividades realizadas por organizaciones o entidades de la sociedad civil de nuestro país, tendientes a efectuar un seguimiento puntual del acto electoral, el que comprenderá la búsqueda y obtención completa y exacta de información, y su análisis imparcial y profesional para la extracción de conclusiones”. 

Mientras la observación electoral prevé la participación de los observadores en la fase preelectoral (inscripción de partidos, de candidaturas, campaña electoral, simulacros, etc.) y postelectoral (transmisión y totalización de resultados, escrutinio definitivo, entre otros), el acompañamiento cívico solo considera el acto eleccionario como monitoreable.

Por otro lado, no está regulado por ley, sino que es una acordada de la CNE, de manera que no están estipulados los plazos para la acreditación, o para recurrir en caso de que la CNE haya denegado la participación de alguna organización. 

Esto ha facilitado que, por ejemplo, durante la pandemia la jueza federal con competencia electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Romilda Servini de Cubría, haya rechazado el ingreso de acompañantes cívicos a los centros de votación por considerarlos “sujetos ajenos” al proceso electoral.

Tampoco hay plazos de respuesta por parte de la CNE y de los Juzgados Electorales provinciales, siendo así que en muchas ocasiones las notificaciones de aprobación o rechazo de la acreditación llegan a 72 o 48 horas del comienzo de la jornada electoral.

También hay que decir que el acompañamiento cívico está reservado solo a organizaciones y personas argentinas. No hay marco para acreditación de misiones de observación internacionales, ni para extranjeros residentes en Argentina. 

Mientras países como Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia o México valoran positivamente la observación electoral, tanto internacional como nacional, Argentina junto a Uruguay y Chile son los países democráticos más cerrados a la auditoría ciudadana en América Latina. 

Transparencia Electoral acompañó en el 2020 un proyecto de Ley presentado por el diputado nacional Gustavo Menna que buscaba regular la participación de organizaciones nacionales e internacionales en diferentes etapas del proceso electoral. Lamentablemente no avanzó en la etapa legislativa, al igual que otros proyectos anteriores con objetivos similares. 

Las instituciones argentinas no han entendido la importancia y utilidad de la observación electoral doméstica e internacional. Mientras que en la región es la regla, Argentina, por ejemplo, es uno de los pocos países que no ha invitado a una misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La observación electoral no solo disuade a los actores de incurrir en irregularidades y malas prácticas electorales, sino que tiene un potencial enorme para proponer mejoras en todas las fases del ciclo electoral. Pero, sobre todo, es un derecho de los ciudadanos que no militan en partidos políticos pero se preocupan por la calidad de los procesos electorales, así como una forma de acceso a la información. 

A 40 años de la recuperación democrática, y ante evidencias claras de su agotamiento, establecer mecanismos para la auditoría ciudadana de las elecciones puede fortalecer los procesos comiciales y redundar en una mayor legitimidad del sistema.

El “Trump de las Pampas”: Argentina suma un riesgo más

Coautor Eduardo Ryo Tamaki

Los contextos de crisis son campo fértil para candidatos antisistema. El pasado 13 de agosto en Argentina, con motivo de las primarias obligatorias (PASO), Javier Milei, un candidato populista de extrema derecha, salió primero con 30% de los votos, dejando en segundo lugar a la coalición opositora Juntos por el Cambio, y en tercero, a la del gobierno. En un contexto de inflación galopante, brecha cambiaria y aumento de la pobreza, los 7 millones que apoyaron a Milei expresaron ante todo la frustración y el enojo con la oferta política tradicional frente a la situación económica que obviamente el gobierno en curso, pero también su antecesor, no fueron capaces de resolver.

Para enfrentarse a lo que define como “populismo kirchnerista” o “zurderío”, Milei propone un programa económico liberal en las antípodas, basado en el estado mínimo y el déficit cero, pretendiendo que la “casta política” es la que pagará el costo del cambio, y no la gente. Su propuesta es bastante populista.

De hecho, Milei ha demostrado hasta ahora ser un ejemplo clásico de populismo. Consideremos que el populismo no tiene ver con políticas económicas, aunque tradicionalmente se lo asociara con gobiernos fiscalmente irresponsables. Para los nuevos enfoques, el populismo se define mejor como una ideología, aunque débil o incompleta, como un conjunto de ideas vagamente articuladas sobre el mundo y la política que se expresan y sostienen a través de discursos. Se trata de un mundo de blanco y negro que combina una noción de un «nosotros» o «pueblo» moralmente bueno y homogéneo frente a un “ellos”, una «élite» malévola, corrupta y egocéntrica que se ha aprovechado del «pueblo», usurpando su «poder» para perseguir sus intereses. El populista busca movilizar a la población para enfrentar a las élites (económicas, científicas, políticas o incluso transnacionales) mientras promete devolver el poder al pueblo.

Milei es todo eso, tiene 1.400.000 seguidores en Tik Tok, a quienes captura con su narrativa de «nosotros” contra “ellos», los ladrones que saquearon el sistema y son, consecuentemente, responsables de los 40 años de fracasos en Argentina. Si se hace con el gobierno, promete erradicar los privilegios de los políticos y poner fin a la casta política parasitaria, corrupta e inútil. Sólo entonces el pueblo argentino podrá ser libre, sólo entonces los argentinos podrán ser los arquitectos de su propio destino.

Milei no es un fenómeno nuevo ni aislado. El «Trump de las Pampas» equivaldría al «Trump de los trópicos«, como se llamara repetidamente a Bolsonaro. Y de hecho estos tres líderes comparten muchas similitudes: Milei también lucha en una cruzada moral contra los valores progresistas y liberales que, a su entender, buscan subvertir y destruir el concepto de familia, y en este sentido, comparte la agenda anti-comunismo/socialismo de Bolsonaro. Exhibiendo su negacionismo, Milei afirma que el cambio climático es una mentira socialista y cree que la educación sexual es una agenda post-marxista que tiene como objetivo exterminar la población. Y más aún. Siguiendo los pasos de Trump y Bolsonaro, Milei también prometió trasladar la Embajada de Argentina en Israel a Jerusalén. Dentro de América Latina, Milei es una expresión más del giro a la derecha que dio origen a populistas como Rodolfo Hernández en Colombia, Keiko Fujimori en Perú y Nayib Bukele en El Salvador, entre otros.

¿Por qué debería preocuparnos un Milei presidente?

A una semana de las PASO se registraron saqueos y vandalismo en distintos puntos del país, una historia conocida en Argentina. Si la situación económica no mejorara, y la social empeorara, Milei presidente no es un escenario improbable. Ahí vemos otro problema, que va más allá de la ideología: el populista, también outsider o rebelde, que vendría a aportar «aire fresco» a la política, no tiene estructura política propia, y también es hostil a la cooperación, las coaliciones y concesiones.

Para ilustrar, quizás vale contrastar con un caso del pasado argentino reciente, el de Carlos Menem, presidente entre 1989 y 1999, quién llegó al poder prometiendo salariazo y revolución productiva, para abrazar el neoliberalismo luego de la elección. Milei no sólo afirma que el primer gobierno de Menem fue el mejor de la historia, sino haber sido bendecido alguna vez por el expresidente como su sucesor. Más allá de agendas similares de control de la inflación (en el primero, la convertibilidad; para Milei, la dolarización) y de reducción del estado, Menem se destacó por haber implementado la política de privatizaciones de mayor envergadura en la región. Se escenificó como la opción outsider para llegar al poder, cuando en realidad era el líder legítimo del tradicional y mayoritario Partido Justicialista, que no sólo consiguió la presidencia sino también mayorías amplias en ambas cámaras legislativas, las que le concedieron dos leyes fundamentales de delegación legislativa en 1989 y muchas más a lo largo de su primer mandato.

No se gobierna en democracia sólo con la opinión pública. Para aprobar reformas importantes como las privatizaciones o cerrar el banco central, se necesita apoyo institucional. Los apoyos de Milei presidente serán magros en el Congreso y le será inevitable componer con “la casta”. Vemos dos posibilidades aquí. La primera, al estilo Bolsonaro, quien llegó a la presidencia con notable minoría parlamentaria, pero con promesas grandilocuentes de deshacerse de la ‘vieja política’ y no ‘hacer política’ con el establishment corrupto y, una vez en el poder, agobiado por su mal manejo de la pandemia y cientos de pedidos de juicio político, acabó pactando con el centrão, es decir, repartiendo ministerios y recursos a este grupo de partidos oportunistas. Recordemos que Bolsonaro dejó el poder con un alto costo para la democracia, cuestionando las instituciones electorales y, como Trump, con un asalto a los tres poderes el 8 de enero en Brasília.

La otra alternativa es conocida para Argentina. A un presidente radical o intransigente, se le enfrentará el congreso y habrá choque de poderes. En un contexto de crisis, la calle se agitará aún más y tendremos otra presidencia interrumpida. Las perspectivas son inciertas aun para las elecciones del 22 de octubre. Entre las amenazas a la democracia y el riesgo económico, la oferta populista de Milei ha traído un horizonte sombrío para lo que debería ser un año festivo, aquel en que Argentina celebra cuarenta años de democracia.

Eduardo Ryo Tamaki  es Investigador, German Institute for Global and Area Studies (GIGA) y miembro de Team Populism.

El desafío de acercar la ciencia a la sabiduría de los pueblos originarios

Coautora Fany Ramos Quispe

Ante la necesidad de un diálogo en el que se pueda construir de manera abierta y conjunta una ciencia que considere con equidad los diferentes ámbitos de conocimiento, incluyendo los indígenas, locales y ancestrales, donde se puedan valorar sus aportes a la sociedad y a mantener la vida, se están abriendo espacios de diálogo intercientíficos. Se trata de procesos de investigación transdisciplinaria, los cuales cuentan con herramientas de la diplomacia científica que sirven para los espacios de negociación y decisión sobre temas ambientales. En ese contexto, el 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y este año se reconoce más que nunca la importancia de su sabiduría para enfrentar la múltiple crisis que vivimos.

El papel de la juventud indígena como agentes de cambio también ha sido reconocido; sin embargo, es necesario construir una ciencia y espacios de decisión que vayan más allá del mero reconocimiento. La ciencia y los espacios de decisión deben facilitar el diálogo y la acción colaborativa entre los diferentes sistemas de conocimiento y tanto personas como entes que los poseen y practican.

En esta línea, en junio se abrió un diálogo intercientífico en el congreso SRI2023, que se hizo en Panamá, donde académicos, representantes de Gobiernos, de la sociedad civil, de pueblos indígenas, de comunidades locales y afrodescendientes (Picla), y de sus jóvenes, compartieron sus conocimientos para buscar soluciones a las numerosas crisis que vivimos.

En este diálogo, los grupos se identificaron a sí mismos como defensores de la Madre Tierra, del conocimiento y las sabidurías ancestrales, que encuentran soluciones a diario a los grandes problemas climáticos y ambientales. Sin embargo, aún predomina en nuestras sociedades una visión de la sostenibilidad que responde al mercado y que presiona a los sistemas de vida y sus valores.

Los Piclas propusieron en una declaración algunas medidas para avanzar hacia una ciencia más notoria, colaborativa, equitativa y participativa. En primer lugar, se propone trabajar para garantizar una participación equitativa de los Piclas y, especialmente, de las mujeres en eventos de ciencia transdisciplinaria. Además, aspira a alcanzar resultados que respondan a las necesidades de las zonas, así como evitar el extractivismo ontológico y epistémico. Otra de las medidas sirve para facilitar una participación cohesiva y simbiótica entre los representantes de los Piclas y comunicar los resultados para fortalecer la divulgación de la sabiduría ancestral. Y, finalmente, se busca abrir espacios de prácticas de conexión espiritual, ya que estas son parte de la sabiduría ancestral.

Reflexiones sobre el diálogo intercientífico y la sabiduría ancestral

Existen grandes retos para democratizar la información y los espacios de decisión. La sistematización y divulgación de los conocimientos regionales, comunitarios y ancestrales son fundamentales y los modelos de vida que han heredado los Piclas contienen conocimientos que originan y perpetúan lo que hoy en día se conoce como desarrollo sostenible. Algunas de estas prácticas están relacionadas con la construcción de sistemas de producción y procesamiento de alimentos para la soberanía alimentaria y tienen a las mujeres como principales protagonistas, guardianas de la vida, y como canales tanto de transmisión como de revitalización de la lengua materna, de las tradiciones y costumbres de la comunidad.

Para la reconstitución y el fortalecimiento del conocimiento sobre los territorios de los Piclas se requiere la recuperación o creación de datos no solo de las personas, sino también de los mismos sistemas de vida donde habitan. Además, es necesario diferenciar entre experimentación, que usualmente se da en lo científico-académico/occidental-moderno, y la experiencia, que se transmite en los territorios y las comunidades de los pueblos indígenas.

Para construir sistemas integrados de conocimiento, también se deben fortalecer las capacidades de las zonas e incluir a los más jóvenes, sin olvidar la importancia de la equidad y la diversidad de conocimientos. La generación de experiencia va más allá de la experimentación; tiene que ver con saber sentir, saber pensar, saber decir, saber querer, saber hacer.

La ciencia requiere cambiar, para lo cual es fundamental el diálogo entre los diferentes sistemas de conocimiento. Es decir, hay que acercar la llamada ciencia y la sabiduría ancestral, de manera que construyan políticas y soluciones que no ignoren los sistemas de vida de los Piclas como se ha hecho hasta ahora. La sociedad civil debe estar en las mesas de toma de decisiones no solo como observadores, sino también como agentes activos en la definición de los problemas que la ciencia pretende resolver, y en la exploración y construcción colaborativas de las soluciones.

Para ello, es necesario fomentar más espacios de reflexión donde se aborden las preocupaciones de los sectores históricamente excluidos como los pueblos indígenas, las comunidades y los afrodescendientes, y de la comunidad científica. Estos espacios también deben ser contabilizados en las labores que se hacen en el mundo para abordar la crisis climático-ambiental y la búsqueda de justicia.  

Los negacionistas del cambio climático dañan la imagen de la derecha frente al mercado

Los riesgos que plantea el calentamiento global se han convertido en un foco ineludible del mercado financiero. Cada vez más fondos de inversión orientan sus decisiones según los principios ESG (environmental, social and governance), empresas y Gobiernos emiten bonos «verdes» (es decir, destinados a financiar inversiones que tengan un impacto medioambiental positivo), proliferan las agencias de calificación ESG, y las agencias tradicionales de calificación de riesgos integran factores de tipo ESG a sus metodologías. El asunto medioambiental es un tema urgente en la agenda internacional, y el sistema financiero, a través de lo que se conoce como «finanzas verdes», es uno de sus mecanismos de proyección.

Una consecuencia de la adaptación del mercado al asunto climático es su inclusión en la evaluación de la credibilidad de los Gobiernos. En el contexto de la globalización financiera, el «riesgo político» es una variable notoria para las decisiones de inversión. En las democracias liberales, los Gobiernos de derechas suelen gozar de mayor credibilidad a los ojos del mercado, dada la prioridad que suelen dar a la estabilidad monetaria al gestionar la economía. Los Gobiernos de izquierdas, por el contrario, son blanco de desconfianza por parte de los inversores porque se preocupan más por el bienestar social (a veces en detrimento de la inflación). Históricamente, esto se traduce en un patrón de riesgo político más pronunciado cuando un Gobierno de izquierdas está en el poder.

Nueva derecha

Pero las transformaciones políticas del siglo XXI, en plena crisis climática y medioambiental, deberían flexibilizar este patrón. En todo el mundo está surgiendo una «nueva derecha», a menudo tildada de «populista», «extremista» o «radical». Uno de los rasgos característicos de estos agentes, que ha ido eclipsando el espacio de la derecha tradicional en el espectro partidista, es el negacionismo científico en general y el climático en particular.

Una vez que la polarización electoral se traduce en una disputa entre izquierda y derecha, tiende a convertirse en un vector de riesgos políticos aún más graves que los antes vinculados a la izquierda. Con la progresiva materialización que adquieren los riesgos climáticos para el mercado, las pérdidas financieras que estén relacionadas con un Gobierno que represente a esta «nueva» derecha serán cada vez más tangibles.

Claire Parfitt y Gareth Bryant, profesores de la Universidad de Sídney, estudian los daños causados por la derecha negacionista en Estados Unidos. El avance populista del Partido Republicano, cuyo mayor símbolo es el expresidente Donald Trump, se ha traducido en acusaciones de «politización de las finanzas» por parte de congresistas de derechas y en demandas e imposición de marcos regulatorios negacionistas. En Florida, por ejemplo, el gobernador republicano Ron DeSantis obligó al fondo de pensiones estatal a eliminar los factores de tipo ASG de sus decisiones de inversión. Los proyectos de ley contra las finanzas verdes proliferan por todo el país. Solo en 2022, diecinueve fiscales generales, estatales y republicanos acusaron a BlackRock, el mayor gestor de activos financieros del mundo, de sacrificar la rentabilidad en favor del activismo climático. Para el New York Times, el daño climático será el legado más duradero y profundo de la administración Trump.

Pasar la pelota

La realidad no es muy diferente en Brasil. Durante dos décadas (1994-2014), la polarización en las elecciones presidenciales se produjo entre el «moderado» PT y el PSDB, y en beneficio de la maduración de la democracia del país. No obstante, la derecha tradicional colapsó en la segunda década del siglo XXI, cediendo su hegemonía a la derecha del espectro político a grupos populistas, que se aglutinaron en torno al bolsonarismo.

En un artículo publicado en la revista Environmental Conservation, Silva y Fearnside enumeran las diferentes iniciativas del gobierno de Jair Bolsonaro para impulsar la devastación ambiental. Las acciones del Gobierno han incluido el vaciamiento y el recorte de fondos de los organismos públicos responsables de la protección del medio ambiente (como Ibama y Funai), la autorización de la minería en tierras indígenas y una serie de medidas, incluyendo decretos presidenciales, que han facilitado la deforestación y han dificultado la vigilancia ambiental. En una reunión ministerial que se realizó en mayo de 2020, se hizo icónica la propuesta del entonces ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, de pasar la ley mientras la población brasileña estaba «distraída» por la pandemia de la COVID-19. En septiembre de 2022, las cenizas de la selva amazónica oscurecieron la ciudad de São Paulo.

Es probable que los ejemplos de los riesgos climáticos que plantea esta «nueva derecha» sean aún más abundantes si más de sus representantes llegan al poder. En Francia, la extrema derecha obtuvo una votación récord en 2022, cuando Marine Le Pen fue derrotada por Emmanuel Macron. En España, un diputado del partido populista en ascenso Vox llegó a afirmar que el calentamiento global podría reducir las muertes por frío. Mientras, Alemania asiste al progresivo avance electoral de la extremista Alternativa para Alemania (AfD), que cuenta con varios negacionistas del clima entre sus miembros. En el sur global, 2023 también podría ser un punto de inflexión en Argentina, donde el populista de derechas Javier Milei lideró las primarias presidenciales. Para Milei, el calentamiento global es solo «una mentira del socialismo».

Pérdida de credibilidad

Aunque el nivel de delirio y conspiración varía según los casos, la estrategia argumentativa consiste en asociar la crisis económica a las medidas destinadas a paliar la crisis climática, que no es más que una fantasía inventada por el establishment. El asunto medioambiental, conviene subrayarlo, no es más que una de las caras del negacionismo de la derecha populista. En cualquier caso, quizá sea la que tenga consecuencias más devastadoras a medio plazo, cuando quizá ya se haya alcanzado un punto de no retorno.

Al tratarse de un fenómeno global, el coste de este nuevo derecho tiende a ser tasado por el mercado financiero a medida que la materialización de los riesgos climáticos que conlleva se hace evidente en las inversiones de todo el mundo. Por un lado, esto representa una pérdida de credibilidad relativa para la derecha a los ojos del mercado. Por otro lado, esta reorganización de los parámetros de riesgo político puede actuar como fuente de presión para que la derecha radical modere su agenda medioambiental, con el fin de conseguir los resultados electorales que persigue. En otras palabras, este proceso podría tener un efecto positivo en la transición hacia una economía global baja en carbono.

Pero mientras los saboteadores de la derecha sean fuertes en las disputas electorales, el riesgo político que catalizan estará lejos de cualquier solución para contenerlos, especialmente ante los intereses contradictorios de los inversores que operan en el circuito financiero mundial. Sin una derecha responsable que vuelva a hegemonizar su lado del espectro partidario, alcanzar las metas fijadas por el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU será un desafío. Entender la crisis de la derecha como un componente relevante de la crisis climática es, por tanto, un requisito nada desdeñable para resolver el problema medioambiental.

Las encrucijadas del cambio en el primer año de gobierno de Gustavo Petro

Si bien a principios del siglo XXI la gran mayoría de países de la región daban el giro hacia la izquierda, en Colombia no fue hasta casi dos décadas después que Gustavo Petro fuera elegido como primer presidente de izquierda en la historia del país. Petro prometió llevar a cabo amplias reformas en diversos campos, como la reforma política, el trabajo, el sistema pensional, la salud y la educación. Sin embargo, los obstáculos que ha debido enfrentar durante su primer año de gobierno no han sido pocos. 

La victoria de Petro no fue arrasadora, obtuvo 50,44% de los votos frente al 47,31% de su contrincante, el outsider y polémico candidato Rodolfo Hernández. Igualmente, las elecciones legislativas no dieron una mayoría considerable al partido de gobierno, Pacto Histórico, pues partidos opositores como el Centro Democrático, mantuvieron varias curules en el Congreso. Esto hizo que el gobierno se viera obligado a hacer coalición con partidos tradicionales como el Partido Liberal y el Partido de la U e incluso con el Partido Conservador, a cambio de favores políticos. 

A diferencia de los gobiernos de derecha, las coaliciones de gobiernos progresistas tienden a ser frágiles y responder a objetivos muy específicos y coyunturales, lo cual deriva en crisis de gobernabilidad, tal y como sucedió con Dilma Rousseff en Brasil o con Fernando Lugo en Paraguay. En el caso de Petro, la coalición con los partidos tradicionales entró en crisis en abril de 2023, debido a diferencias en la reforma a la salud que, además, generó el primer cambio de gabinete y la salida de algunos ministros respaldados por partidos tradicionales.

La primera reforma que fracasó en marzo fue la política que pretendía cambiar el sistema electoral colombiano. A lo largo de los debates fue perdiendo apoyos y terminó distanciándose de la propuesta original. La reforma laboral se hundió en junio, mientras que en la nueva legislatura que comenzó en julio, continúa la reforma de la salud, que se convirtió en una de las principales apuestas del gobierno, aunque tiene dificultades de ser aprobada por la falta de apoyo legislativo. Del mismo modo, la reforma pensional se encuentra en trámite en el Congreso en medio de críticas de grandes gremios de comerciantes y empresarios.

El gobierno se enfrenta a un gran desafío para negociar con los líderes de los partidos y con congresistas de otras fuerzas políticas para poder avanzar con varias de las reformas propuestas. En la práctica, estas no podrán ser tan profundas y amplias y deben ser consensuadas con varios sectores políticos, lo cual puede acabar reduciendo su alcance.

Por otro lado, el gobierno de Petro, además de la oposición legislativa, ha tenido un escrutinio mayor por parte de los medios de comunicación tradicionales, los cuales han sido históricamente aliados de las élites políticas y económicas. De hecho, la oposición mediática a Petro se remonta desde que era alcalde de Bogotá. Esto es evidente en el amplio cubrimiento dado a las crisis del gobierno y las insistentes denuncias de las acciones de sus funcionarios, ausentes en gobiernos anteriores, como con los casos de abuso del uso de la fuerza durante las movilizaciones sociales en el gobierno de Iván Duque.

Un tercer frente es la oposición de entes de control como la Fiscalía General, encabezada por Francisco Barbosa, quien fue Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales durante el gobierno de Duque, así como por la Procuraduría General, liderada por Margarita Cabello, exministra de Justicia también del gobierno anterior. En el caso de la Fiscalía, llama la atención la celeridad con la que se ha actuado en este gobierno ante los escándalos por las llamadas chuzadas o interceptaciones ilegales y que involucraron a la entonces Jefa de Gabinete, Laura Sarabia, y el exembajador de Venezuela, Armando Benedetti. Del mismo modo, la Fiscalía avanzó rápidamente con la investigación en contra de Nicolás Petro, hijo del Presidente, quien aceptó el ingreso de dinero ilícito a la campaña y cuyos topes habrían superado lo permitido por ley.

En contraposición, pocos avances se han dado en investigaciones como en el caso de Odebrecht, pues solo hasta hace pocos meses Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial del uribismo en 2014 y expresidente del Centro Democrático, fue imputado por la Fiscalía por recibir financiación extranjera en su campaña, a pesar de que la legislación colombiana lo prohíbe.

Así pues, la oposición legislativa y mediática y el mayor control de organismos públicos han colocado al nuevo gobierno en una clara desventaja para llevar a cabo las reformas que prometió en campaña.

No obstante, hay políticas en las que hay un mayor margen de maniobra, por tener el menor poder de veto de la oposición. Por ejemplo, la Paz Total, proclamada ley a los pocos meses de posesionado el gobierno ha tenido avances recientes con el alto al fuego con el Ejército de Liberación Nacional, grupo armado con el que los gobiernos predecesores tuvieron pocos avances en los procesos de negociación. Sin embargo, con otros grupos, como con el Clan del Golfo, ha habido pocos avances e incluso paralización de las negociaciones.

En materia de política exterior también ha habido un mayor margen de maniobra y se destacan importantes logros como el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, tras cuatro años de ruptura. Y en el tema ambiental, el gobierno ha logrado trascender el bajo perfil que ha caracterizado a la política exterior colombiana, buscando un liderazgo en espacios regionales y globales.

En conclusión, ha sido un gran desafío para el gobierno Petro salir del discurso propio del activismo político, que lo situaba en el rol de opositor y pasar al papel de gobernante. Desde una visión más pesimista, este primer año ha demostrado la dificultad de que los gobiernos de izquierda puedan gobernar y avanzar con sus reformas, colocándolos más en el papel de administradores de las funciones del Estado que de protagonistas de grandes transformaciones sociales.

Desde una visión más optimista, podría decirse que este ha sido un año de aprendizajes que ha demostrado la fragilidad de las coaliciones políticas con partidos y líderes tradicionales, lo cual permitió a Petro llegar al poder, pero que a la vez ha sido fuente de crisis. En cualquier caso, los tres años restantes representan un gran reto que demanda amplia capacidad de negociación con diversas fuerzas políticas.

Batacazo electoral en Ecuador, fracasaron las encuestas

Tras la primera vuelta electoral, la candidata del correísmo, Luisa González, fue la más votada con el 33.1% de los votos. Y el segundo lugar, que disputará la presidencia en el balotaje, fue, sorpresivamente, para el candidato de centroderecha Daniel Noboa del Movimiento Ecuatoriano Unido, quien obtuvo el 23.6%  de los votos. El tercer puesto fue para Christian Zurita quien sustituyó al asesinado Fernando Villavicencio con el 16.51%.

El sufragio se produjo en un contexto inédito debido al magnicidio del candidato Fernando Villavicencio a 11 días de las elecciones, una crisis de inseguridad que podría cerrar el año con 40 homicidios cada 100 mil habitantes y el desempleo como segundo problema para la población, en especial para jóvenes y mujeres.

En la contienda electoral se enfrentaron ocho candidatos de todas las tendencias, en donde se posicionaron dos temas en todas las campañas con sus propios matices: inseguridad y desempleo. Y el otro tema relevante fue el medio ambiente debido al referendo donde finalmente la ciudadanía optó por dejar bajo tierra el petróleo de la reserva ecológica Yasuní. 

Los ecuatorianos acudieron a los recintos de forma masiva. Esto pese al ambiente de inseguridad y a varios incidentes que involucraron la seguridad de los candidatos Daniel Noboa y Otto Sonnenholzner en la última semana, quienes presenciaron balaceras entre bandas a metros de donde desarrollaban actividades proselitistas. Esto deja un mensaje contundente: ni siquiera las personas más protegidas del país están exentas del peligro causado por el crimen organizado.

Encuestas y opinión pública

Una vez más, las encuestas fracasaron en los pronósticos. Si bien todas coincidieron en ubicar en primer lugar al correísmo, nadie imaginó que Daniel Noboa, candidato del centro a la derecha y el más joven (35 años), pasaría a segunda vuelta. Atrás quedaron quienes, aparentemente, tenían las mejores opciones según los medios de comunicación tradicionales, como el exvicepresidente de centro derecha, Otto Sonnenholzner; el reemplazo del candidato asesinado por sicariato y de izquierda, Fernando Villavicencio; el derechista y outsider, Jean Topic y el ambientalista y por segunda vez candidato, Yaku Pérez.

En los espacios estelares de la televisión y las radios de cobertura nacional, el candidato Noboa pasó desapercibido, incluso meses antes en calidad de legislador y como presidente de la Comisión Económica en la Asamblea. No era convocado ni tampoco fue noticia para los programas de opinión de mayor sintonía. Según cálculos de Noboa, su candidatura presidencial se presentaría en el 2025, pero nadie avizoraba la disolución de la Asamblea por decisión del Presidente en el transcurso de un juicio político en su contra.

Daniel Noboa es el heredero del mayor grupo empresarial del Ecuador, además de haberse criado en un contexto político ya que su padre, Álvaro, fue cinco veces candidato a la presidencia y en dos de ellas, resultó finalista.

Su electorado es nacional y se afinca en una estrategia asistencial y exuberante. Las campañas de los Noboa se caracterizan por la entrega de víveres, sillas de rueda, colchones, entre otras ayudas a los sectores más pauperizados de todas las regiones del país, pero su base es la Costa y, específicamente, la provincia del Guayas, donde se ubica el puerto principal del Ecuador.

La narrativa de Noboa se centra en su programa de gobierno, esencialmente en la generación de empleo y asistencia social, al igual que hizo su padre. Y a diferencia de sus contendores, él no entró en la confrontación y se dedicó a recorrer el país, además de tener un desempeño destacado en el debate presidencial, en donde fue muy bien calificado por la opinión pública que lo tenía invisibilizado hasta ese momento.

Por el otro lado, por primera vez el correísmo presentó una candidata y su campaña apostó por la nostalgia y la añoranza, en el sentido de que el pasado con Rafael Correa y el antineoliberalismo fue mejor.

La composición de la Asamblea

Los tres primeros lugares a la elección presidencial para el periodo de un año y seis meses inciden en la composición de la Asamblea. El correísmo se mantiene como la primera fuerza política con 50 de 137 asambleístas, el movimiento Construye que auspició al asesinado Fernando Villavicencio se quedaría con 20 escaños, mientras que el movimiento ADN de Noboa con 12. Estos resultados abren la puerta a nuevas fuerzas políticas y su desempeño será determinante para las elecciones generales del 2025.

Ante este contexto, las candidaturas finalistas tendrán que persuadir al electorado en dos problemáticas centrales: la inseguridad y la economía. En esta última se requiere un gran trabajo después de que la mayoría de la población votó en la consulta por resguardar el ambiente. Esto abre la dimensión a un Ecuador post petrolero, en donde la transición no será sencilla ni tampoco rápida.

A medio siglo del golpe, las divisiones en Chile subsisten

A pocos días de conmemorar el medio siglo del golpe de estado en Chile, del año 1973, las divisiones históricas vinculadas a la fecha siguen presentes y palpables. Datos de estudios de opinión pública revelan un contexto de antagonismos que hace difícil que esta conmemoración pueda ser aprovechada para forjar acuerdos amplios que fortalezcan la democracia en el futuro. Esos abismos suelen volverse bastante visibles en Chile en forma de crisis institucionales como la que ocurrió recientemente alrededor del plebiscito constitucional. ¿Se proyectan por lo tanto aquellas antinomias de los años 70 en las profundas discrepancias que revelaron –cincuenta años después- los hechos alrededor de la votación por la reforma constitucional?

La encuesta del GPS Ciudadano producida por la agencia de investigación Datavoz, con sede en Santiago, realizada más de un mes antes del aniversario del golpe, señala que las antítesis siguen vigentes. Haciendo zoom en aquellos que votaron a favor o contra en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, donde –recordemos– prevaleció el rechazo a la propuesta constitucional de la Convención Constituyente 2021-2022 (54,1%), los ciudadanos revelan percepciones e interpretaciones radicalmente contrapuestas de los eventos cincuentenarios. Ante la pregunta «¿Cuál es la primera palabra o idea que se le viene a la mente?» frente a la conmemoración de los 50 años del golpe, quienes aprobaron la reforma constitucional, y por lo tanto tienden a inscribirse en una posición más progresista, asocian la violenta ruptura democrática por parte de los militares a los términos justicia, dictadura, muerte y dolor, lo que refleja la persistente conmoción y trauma relacionadas con ese período de la historia chilena. Por otro lado, quienes votaron por el “rechazo” a la enmienda a la carta magna conectan el golpe del 73 a conceptos como libertad, división, pasado, resistencia al comunismo y palabras de gratitud a Pinochet. En ambos grupos, las ideas asociadas a la necesidad de reconciliación o de cerrar esta etapa con actos de justicia aparecen con muy poca fuerza. 

Las diferencias entre los dos grupos se profundizan cuando se evalúa la importancia de conmemorar los 50 años del golpe. Cuatro de cada diez ciudadanos consideran poco o nada importante conmemorarlo, reforzando una actitud más distante. Al desglosar esta opinión por voto, las divisiones vuelven a surgir claramente: una mayoría (51%) de los que estaban a favor de la reforma constitucional entiende que recordar los eventos es muy importante, como una forma de cultivar la memoria histórica sobre el quiebre de la democracia. En contraste con esa postura, una amplia pluralidad (45%) de quienes rechazaron la reforma constitucional desconsideró como relevante cualquier celebración o acto que recuerde la tragedia de 1973.

La ausencia de consensos sobre el pasado es muy notable. Más de ¾ partes de quienes se opusieron a la reforma constitucional limitan la condena a las violaciones a los derechos humanos tras el golpe, pero sin cuestionar la legitimidad de esa ruptura del orden republicano y democrático por los militares. En cambio, 2/3 de quienes aprobaron la reforma opinan que tanto el golpe como las violaciones son injustificables. Esos antagonismos están lejos de ser modismos o influencias inmediatistas de fuerzas o líderes partidarios y –de modo grave– parecen anclados en procesos de socialización política albergados en el interior de cada familia o núcleo de referencia. Consultados sobre cómo reaccionó su familia cercana (padres de los encuestados) en los tiempos del golpe, el resultado es que aquellos que votaron por el No a la nueva constitución tienden a tener antecedentes familiares más favorables al golpe, mientras que quienes votaron por el Sí poseen antecedentes contrarios. Las diferencias políticas se remontan, por lo tanto, a las historias familiares de aquellas épocas, prolongando el cisma vivido cincuenta años atrás.

A medio siglo del golpe de estado en Chile, las divisiones sobre cómo interpretar el pasado persisten, conspirando no solo contra la convergencia en un relato común sobre el pasado sino que se proyectan también en un sesgo contra un modus operandi consensuado frente a las recientes y futuras crisis institucionales.