Avances y rezagos sobre la igualdad de género en Argentina

La igualdad de género es un proceso que está en marcha a escala global y local. Argentina refleja un interesante avance en este sentido y los argentinos reconocen progresos respecto del papel de las mujeres en los ámbitos político y laboral. Sin embargo, en el de la casa, el cambio de valores no termina de cristalizarse en prácticas concretas con la misma rapidez.

En 2015 los movimientos feministas comenzaron a ganar visibilidad con la primera marcha del colectivo #NiUnaMenos, que se transformó en consigna y bandera para la región. A las consignas contra la violencia de género se sumaron después voces a favor de la legalización del aborto, y la “marea verde” atravesó fronteras geográficas y judiciales. Con la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en enero de 2021, Argentina se convirtió en uno de los primeros países de la región en garantizar el aborto gratuito, voluntario y seguro, y en dejar de criminalizar a las mujeres por interrumpir la gestación.

La mayor presencia institucional de la lucha feminista se hizo aún más palpable con la promulgación de la Ley Micaela en enero de 2019, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la nación, y en todos sus niveles y jerarquías. En ese mismo año se destaca la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, precedente clave de la proliferación de instancias ministeriales a escala provincial.

Según el informe global de WIN Voices!, que se hizo en 39 países, en la Argentina la percepción sobre los avances de la igualdad laboral está en línea con la global y, en cuanto a la igualdad política, está algo por encima del promedio mundial, pero con relación a la igualdad de género dentro del hogar, somos más pesimistas que en el resto del mundo, es decir, el 61% contra el 71%.

Aunque aún existe un largo camino por recorrer, la participación de las mujeres en el campo laboral fue creciendo con el paso del tiempo, y este es, sin lugar a dudas, un logro por celebrar. Nuestro país es el mejor posicionado en la región en cuanto a la percepción de igualdad de oportunidades laborales y es uno de los países con mayores expectativas de que en los próximos 25 años las mujeres reciban el mismo salario que los hombres por el mismo trabajo.

Sin embargo, todavía existe un 34% de los argentinos que creen que las mujeres tienen menos oportunidades laborales y el 32% considera que ganan menos que los hombres. Esta brecha salarial es mucho más reconocida entre las mujeres argentinas que entre los hombres: el hecho de que los dupliquen en esta última opinión es un ejemplo claro de la disonancia significativa que también atraviesa otros indicadores.

En este sentido, hay consenso entre hombres y mujeres respecto de que son ellas las principales responsables de las tareas domésticas y de cuidado, pero cuentan realidades diferentes en cuanto a la participación masculina.

Los padres mencionan que realizan más tareas vinculadas al cuidado de sus hijos o hijas de lo que piensan las mujeres (mostrando una vez más la disonancia significativa entre géneros). Por ejemplo, y centrándonos en las actividades de acompañamiento escolar:  casi 6 de cada 10 padres señalan que ayudan a sus hijos con tareas escolares y estudios, pero, entre las mujeres, solo un tercio nos dicen que los padres hacen esa tarea. Algo similar sucede con la asistencia a reuniones de padres o el traslado a las distintas actividades de los niños. La pregunta que surge entonces es si hay una sobreestimación por parte de los padres o una falta de reconocimiento por parte de las mujeres.

En cualquier caso, es muy notoria la brecha de género que existe cuando se trata del acompañamiento escolar de los hijos. Las madres los visten y les preparan la comida, mantienen la comunicación con la escuela y asisten a las reuniones de padres, participan en los grupos de WhatsApp de padres y también cumplen con otras múltiples funciones. Los padres, por el contrario, solamente tienen una presencia importante en el traslado de los niños al colegio o a otras actividades. Pero, aún en esos casos, las mujeres están muy presentes.

Las mujeres dedican el doble de tiempo que los hombres al hogar y a los hijos, y, aun cuando la mujer trabaja, la brecha con la participación de los hombres es fuertemente notoria. El hecho de que la mujer trabaje reduce su participación, pero no incrementa la participación de los hombres (con la excepción de las tareas de comunicación con el colegio y las demás familias). Para todas las otras actividades medidas se convoca a “la tribu”, es decir, la participación de los hombres continúa igual y lo que crece es el involucramiento de otros familiares y, en menor medida, el involucramiento de otros no familiares.

Pese a todo lo anterior, las mujeres argentinas están entre las que más valoran la vida familiar (junto a España, Estados Unidos, Polonia, México y Pakistán) y se encuentran satisfechas con ella, además de que se evalúan muy bien a sí mismas como madres. Sin embargo, los nuevos valores que transmiten las luchas por la igualdad de género han instalado una manera diferente de vincularse con las tareas de cuidado y del hogar.

Ya no se trata tanto de alcanzar el ideal de ama de casa perfecta al servicio del hombre “proveedor”, sino más bien de conseguir cierta autonomía y pragmatismo que permitan articular los distintos papeles de la mujer dentro y fuera del hogar.

De todas maneras, los derechos adquiridos por las mujeres tienen un “costo” que debe ser atendido, puesto que en las prácticas concretas el cambio hacia una igualdad de género real se produce mucho más lento que en lo discursivo, por lo que el modelo legítimo de responsabilidad doméstica sigue siendo femenino.

La disparidad en la carga doméstica entra en conflicto con la mayor igualdad de oportunidades laborales, lo que se transforma en sobrecarga para las mujeres. 7 de cada 10 sostienen que en un día normal de su vida no tienen tiempo para ellas mismas (porcentaje que casi duplica al de los hombres).

La Ley Micaela y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo marcaron hitos en la lucha feminista y son claros indicadores de que los avances en materia de género en nuestro país son innegables. La gran mayoría de los argentinos piensa que el papel social y político de la mujer está cambiando en nuestro país. Incluso un cuarto de ellos declara haber realizado personalmente acciones en defensa de asuntos de género. El reto, entonces, es achicar la brecha entre los valores y las prácticas, pero llevando al ámbito doméstico y personal los logros que los movimientos feministas están consiguiendo en el mundo laboral y político.

*Este texto está escrito en el marco del X congreso de WAPOR Latam: www.waporlatinoamerica.org.

Los desafíos ineludibles de la comunicación policial

La gestión de las comunicaciones policiales, más que como un protocolo de relacionamiento, requiere ser asumida como un compromiso estratégico de alta importancia y una acción de responsabilidad social. Esto implica desarrollar un tratamiento integral y profesional que contribuya a la legitimidad social de las instituciones.

Si bien la gestión de la información no es el único factor que influye en la percepción positiva o negativa que tiene la ciudadanía con respecto a los cuerpos policiales, sí contribuye en un porcentaje importante a la resolución de casos delictivos, a la prevención de crímenes y a la confianza y relacionamiento con la ciudadanía. En Latinoamérica la comunicación policial no es la más asertiva, cosa que impacta en la percepción de las personas respecto a la seguridad y las instituciones.

Precisamente, la falta de claridad, precisión y objetividad, así como el hermetismo informativo de algunos voceros o encargados de las relaciones públicas ante determinados acontecimientos mediáticos, suelen generar rupturas comunicacionales con serias consecuencias reputacionales para las instituciones. Un estudio de la empresa de consultoría Gallup revela que Latinoamérica es la región del mundo que registra más desconfianza en su policía local: tan solo un 49% de los ciudadanos confían en la fuerza policial, a diferencia del promedio global, que es del 71%. 

Siendo la confianza y la credibilidad elementos clave para la actividad policial, es prioritario afianzar la cercanía de la fuerza pública con la ciudadanía y hacer una apuesta contundente para el cuidado del prestigio y la reputación de los organismos policiales, utilizando la comunicación como piedra angular. No es una tarea menor: requiere una administración mucho más transparente, oportuna, integral y organizada con los flujos comunicacionales. 

El Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) define la percepción de seguridad como la “sensación que tiene la población de ser víctima de algún hecho delictivo o evento que pueda atentar contra su seguridad, integridad física o moral, vulnere sus derechos y la conlleve al peligro, daño o riesgo”; sin embargo, como advierte el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), esta percepción no siempre cuadra con las cifras reales de seguridad. Por ejemplo, los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana que realiza el gobierno de Chile constataron que en 2016 el 85% de los ciudadanos percibía un aumento de la delincuencia en el país, mientras que la victimización para delitos de connotación social se ubicó en un 27,3%.

¿Por qué la comunicación policial se debería preocupar por brechas como esta, que no distan mucho de las de otras latitudes latinoamericanas? Porque en la medida que las personas mejoren su percepción del entorno, se podrá mejorar la convivencia social, así como incrementar el grado de satisfacción de la ciudadanía con sus cuerpos policiales.

Si bien existen múltiples factores que pueden incidir en la percepción de inseguridad, y que deberían ser objeto de estudio en el interior de cada institución, se podría decir que la información que está recibiendo la ciudadanía a través de los medios de comunicación es uno de los factores críticos.

En 2019, Human Right Watch había denunciado múltiples casos de represión y abuso policial y militar durante las diversas manifestaciones sociales presentadas en Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia y Haití, señalando que los cuerpos de seguridad emplearon la fuerza de manera negligente y excesiva, incluso contra transeúntes o manifestantes pacíficos. 

A su vez, estos casos de violencia policial fueron ampliamente divulgados en los medios gráficos, audiovisuales y digitales, en ocasiones con un tono sensacionalista que incitó el malestar social e incidió en el agravamiento de los desórdenes. 

Esta alta exposición mediática puso en evidencia la necesidad de impulsar reformas orientadas a la protección los derechos humanos en el interior de las organizaciones policiales y militares, así como atender la poca capacidad de respuesta que poseen para afrontar este tipo de crisis de cara a la opinión pública.

Durante este periodo se ha incrementado la representación mediática del delito. De acuerdo con Kessler y Focass (2014), las noticias policiales pasaron a cubrirse como noticias de inseguridad, con generalizaciones de los acontecimientos, fragmentaciones de los hechos, centralidad en las víctimas, apelación a la emocionalidad y distinción de las llamadas olas delictivas. En definitiva, incrementando la brecha entre percepción y realidad.

Se requiere una comunicación que, más que seguir la dinámica informativa planteada por los medios, busque espacios de acercamiento a los ciudadanos, a través de la recuperación del discurso preventivo alrededor de la seguridad, y del suministro oportuno de información a la prensa, con anticipación, seguimiento y equilibrio.

Es imperativo profesionalizar las comunicaciones policiales para responder asertiva y empáticamente al contenido noticioso, por más sensacionalista que sea. Más crucial todavía es la preparación de información relevante, argumentativa, que brinde mayor precisión, rigor y contexto.

Se requiere establecer figuras de colaboración a nivel local y regional con periodistas y personas de gran influencia social para definir estrategias sólidas, certeras y oportunas de comunicaciones internas, así como de comunicaciones externas, apalancándose en las agencias asociadas, consultores y redes comunitarias. 

Desde el liderazgo de las comunicaciones policiales, el enfoque no debe reducirse a las declaraciones ni a los boletines de prensa. Quien asuma la vocería de la institución debe tener claridad, información, procesos, procedimientos y mecanismos de monitoreo que le brinden la capacidad de evitar que la imagen de la institución pueda ser afectada. 

Se trata de ir más allá de emitir y divulgar información: hay que ocuparse además de atender las consultas ciudadanas, disponer de canales eficientes que acerquen al ciudadano; educar y tranquilizar al público y también cumplir con las responsabilidades sobre los errores que se presenten, monitorear las noticias e informar sobre la evolución de las situaciones. 

En definitiva, la clave está en consolidar una estrategia integral, que incluya políticas que garanticen transparencia y accesibilidad, constancia, participación activa de los policías en la comunidad y capacitación para proporcionar a los policías habilidades de comunicación.

Estas prácticas, en conjunto, podrían contribuir a la construcción y el sostenimiento de una percepción positiva de la seguridad ciudadana, a partir del fortalecimiento de la comunicación policial. Una tarea titánica pero que amerita de un proceso profundo de autorreflexión y direccionamiento estratégico. Por algo se puede empezar.

Las elecciones de Guatemala podrían dar la presidencia a otra ex primera dama

Coautora Carolina Guerrero

Este domingo la ex primera dama de Guatemala, Sandra Torres, podría profundizar el éxito electoral de las ex primeras damas en América Latina si se convierte en la segunda presidenta activa, luego de que la también ex primera dama Xiomara Castro asumiera la presidencia de Honduras en 2022.

Torres representa al partido conservador Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y corre en desventaja contra el diputado Bernardo Arévalo, un ex canciller y ex embajador en España que fundó el partido progresista Movimiento Semilla tras las protestas sociales que sacudieron al país en 2015.

La propuesta social de Torres es conservadora: se opone al aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo y promueve visiones cercanas a los evangélicos.Torres también ha prometido mejorar la seguridad pública apoyándose en ideas similares a las del Presidente salvadoreño Nayib Bukele, combatir la corrupción, promover el turismo, eliminar el IVA, entregar bonos mensuales a madres de familia y entregar ayuda económica y alimentos a los más pobres.

La segunda vuelta electoral ocurrirá en medio de una crisis institucional desatada por la decisión de la Fiscalía de suspender la personería jurídica del partido Semilla de Arévalo. La Fiscalía acusó al partido de fraude por usar más de 5.000 firmas falsas para registrar a la colectividad, pero la decisión fue revertida por la Corte de Constitucionalidad. “Es una situación preocupante en cuanto proceso electoral y en cuanto al funcionamiento de las instituciones de un Estado democrático” dijo recientemente el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, al presentar el informe sobre la primera vuelta electoral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también destacó “su preocupación por injerencias en el proceso electoral en Guatemala, en un contexto de falta de independencia del Ministerio Público y su fiscal general”.

Esta es la cuarta vez que Sandra Torres intenta convertirse en presidenta. En 2011 se divorció del Presidente Álvaro Colom “para casarme con el pueblo” a través de su candidatura, la que finalmente no prosperó debido a que la Corte Constitucional de Guatemala dictaminó que violaba  el artículo 186 de la Constitución. Torres no cejó, y en 2015 corrió como la candidata presidencial de UNE, el mismo partido que llevó a Colom a la presidencia, y terminó perdiendo en segunda vuelta ante el comediante Jimmy Morales. Torres lo intentó de nuevo en las elecciones de 2019, cuando también perdió en segunda vuelta ante el actual presidente, Alejandro Giammattei.

Ex primeras damas en el Ejecutivo

Desde 1990 ex primeras damas han intentado ser once veces presidentas y lo han logrado en tres oportunidades (Cristina Fernández en Argentina en 2007 y reelecta en 2011 y Xiomara Castro en Honduras electa en 2022). En el intento quedaron las candidaturas de Sandra Torres y Patricia Escobar en 2011 en Guatemala, Xiomara Castro en Honduras en 2013, Marta Linares en Panamá en 2014 y Keiko Fujimori en Perú en 2011, 2016 y 2021. Además, ocho veces ex primeras damas han sido candidatas a la vicepresidencia y han ganado en cinco oportunidades (Margarita Cedeño de Fernández en República Dominicana en 2012 y 2020; Cristina Fernández en Argentina desde 2019 y Rosario Murillo en Nicaragua en 2016 y reelegida en 2021).

Además de los casos descritos, en los últimos años hubo dos ex primeras damas que fueron precandidatas presidenciales, pero no llegaron a la elección:  Margarita Zavala renunció antes de la elección presidencial en 2018 en México, mientras que Cristiana Chamorro no pudo competir en 2021 en Nicaragua porque fue arrestada por orden del gobierno.

Las candidaturas de ex primeras damas a puestos de elección nacional son una tendencia creciente en América Latina. Entre 1999 y 2016, ellas se presentaron 26 veces como candidatas a la presidencia, vicepresidencia, o el Congreso, resultando electas en 19 ocasiones (Guerrero Valencia y Arana Araya, 2018). En la publicación When Do First Ladies Run for Office? Lessons from Latin America, mostramos que la probabilidad predicha de que las primeras damas con experiencia previa como políticas electas se presenten a las elecciones es del 70%, y que hay un 86% de posibilidades de que ellas compitan por llegar al congreso, la presidencia o la vicepresidencia en la primera oportunidad que tengan tras dejar el Poder Ejecutivo.

La tendencia al alza de las candidaturas es clara: 15 de las 26 candidaturas que estudiamos se produjeron entre 2010 y 2016. Desde 2016, ya son cinco las ex primeras damas que han competido por la presidencia. ¿Por qué tantas primeras damas luego se lanzan como candidatas?

Existen tres razones que hacen que sean candidatas únicas. Primero, gozan de amplio reconocimiento público y cobertura mediática, lo que les permite darse a conocer, influenciar la agenda pública y posicionarse en temas relevantes. Segundo, las primeras damas disfrutan de numerosos privilegios debido a su acceso al ápice del Poder Ejecutivo. La posición les permite desarrollar conexiones personales con la élite política y así aumentar su propio capital político. Tercero, la imagen pública de las primeras damas está inevitablemente conectada al político más poderoso del país. Esto conlleva asociaciones tanto positivas como negativas, pero ineludiblemente la imagen presidencial se les transfiere parcialmente a ellas. Esta semana Torres tendrá por tercera vez la oportunidad de por fin dejar atrás la sombra de su ex marido.

Carolina Guerrero Valencia es investigadora asociada en el GIGA Institute for Latin American Studies en Alemania. Su investigación se centra en las primeras damas, las élites, el poder ejecutivo, las relaciones ejecutivo-legislativo y las mujeres en la política en América Latina.

Tormenta de ideas en medio de la tormenta política argentina

Parafraseando a Karl Marx, un fantasma ha recorrido la Argentina, el del anarcocapitalismo. Contra todos los pronósticos, el precandidato presidencial (ahora candidato) de la agrupación La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, obtuvo más de siete millones de votos, lo que representa el 30% de los sufragios que lo convirtieron en el candidato más votado en los comicios primarios. LLA también ha obtenido el triunfo en 16 de los 24 distritos electorales de todo el país.

¿Qué pasó en las PASO?

El triunfo del dirigente de La Libertad Avanza podría explicarse por cinco factores principales. El primero está relacionado con el contexto regional; el segundo, con la crisis de mediana edad que atraviesa la democracia argentina; el tercero, con el carácter frecuentemente sorpresivo que ha caracterizado a la política argentina desde 1983; el cuarto, con la oportunidad desperdiciada de Juntos por el Cambio y, por último, por las propuestas presentadas por Milei.

Con respecto al primer factor, la región ha sido un verdadero campo de prueba para el surgimiento de líderes de derecha radical con diferentes niveles de suceso electoral. Desde aquellos que llegaron al poder como Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil o Nayib Bukele en El Salvador, hasta candidatos sumamente competitivos que fueron derrotados en segunda vuelta como Rodolfo Hernández en Colombia o José Antonio Kast en Chile.

En relación con el segundo aspecto, el largo ciclo de 40 años de democracia ininterrumpida nos expone a un muy modesto balance en cuanto a la satisfacción de las expectativas sociales. Este ha sido un proceso de escasos logros (una democracia resiliente y un crecimiento de la agenda en materia de derechos civiles) y muchas frustraciones en relación con el incumplimiento de múltiples demandas. No se han cumplido las esperanzas que despertaba aquel lema de la campaña de Raúl Alfonsín de 1983: “Con la democracia se come, se cura y se educa”. De todas maneras, conviene diferenciar el régimen democrático del fracaso de sus gestores a lo largo de estas cuatro décadas.

El tercer factor que explica el ascenso de Milei es la amplia experiencia del país en cuanto al surgimiento de políticos, no detectados por el radar de la política tradicional, pero que rápidamente lograron convertirse en referentes políticos nacionales. Están los casos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Néstor Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Las excepciones han sido Fernando de la Rúa y Cristina Fernández. El Cisne Negro se ha blanqueado en la Argentina.

El cuarto aspecto es que la oposición de Juntos por el Cambio, ganador en los comicios legislativos del año 2021, ha llevado a cabo un proceso interno muy disputado que probablemente le ha impedido terminar de convencer a una significativa parte de la sociedad de su condición de alternativa electoral. Ese espacio fue ocupado por Javier Milei. Si el manual todavía funciona, es de esperarse que la resolución de la interna en favor de Patricia Bullrich le permita a JxC no solo ordenar su espacio, sino también recuperar su capacidad de “enamorar” a la sociedad.

Finalmente, el precandidato Milei presentó a la sociedad un conjunto de propuestas, algunas muy polémicas como la venta de órganos y otras difícilmente practicables, aunque no imposibles en Argentina, como el cierre del Banco Central o la dolarización. Todo eso, en medio de una campaña teñida por el deterioro del debate público y la ausencia de propuestas.

Tras las PASO, nos encontramos frente a una situación de tres tercios (Cristina Fernández, LLA, JxC y Unión por la Patria-UP) en ese orden.

¿Qué lecciones podemos extraer de experiencias precedentes de fragmentación electoral en la Argentina? En las experiencias anteriores el resultado fue el triunfo del segundo candidato con mayor cantidad de sufragios, no del más votado. Los ganadores fueron Néstor Kirchner en 2003 (en aquel momento sin PASO) y Mauricio Macri en 2015 (ya con primarias abiertas simultáneas y obligatorias) frente a Carlos Menem y a Daniel Scioli, respectivamente.

La pregunta sería: ¿no hay dos sin tres o la tercera es la vencida?

El Tratado de Alta Mar y la diplomacia latinoamericana

Coautor Pedro Sloboda

Tras casi dos décadas de negociaciones, unos 200 países adoptaron el Tratado de Alta Mar el 19 de junio en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El acuerdo prevé la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ), que comprenden la alta mar y los fondos marinos internacionales, zonas sobre las que ningún país ejerce soberanía. El tratado entrará en vigor 120 días después del depósito del 60º instrumento de ratificación.

Los países latinoamericanos desempeñaron un papel decisivo durante las negociaciones del tratado y contribuyeron a la conclusión de un acuerdo equilibrado que preservará los océanos, estimulará la investigación marina y repartirá beneficios entre los países en desarrollo. Coordinados en el bloque negociador denominado CLAM («Grupo Núcleo Latinoamericano»), catorce países latinoamericanos presentaron posiciones conjuntas sobre diversos temas y establecieron alianzas con otros países y grupos regionales, entre los que destacan el G-77+China, las islas del Caribe y el grupo de países africanos. El CLAM estuvo integrado por los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Cabe destacar la inclusión en el acuerdo del principio del patrimonio común de la humanidad, basado en los esfuerzos coordinados de los países en desarrollo. Desde la perspectiva de la diplomacia latinoamericana, los recursos genéticos marinos recogidos en alta mar y en los fondos marinos internacionales -y la secuenciación genética de estos recursos- son patrimonio común de la humanidad. Por encontrarse en zonas no sujetas a la soberanía de ningún país, se considera que estos recursos pertenecen a todos («res communis»), por lo que su explotación científica y económica debe realizarse en beneficio de toda la humanidad. El principio del patrimonio común de la humanidad ya estaba consagrado en otros instrumentos internacionales, como la Resolución 2749 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Declaración de Principios que Rigen los Fondos Marinos Internacionales) de 1970 y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

La inclusión de este principio en el acuerdo BBNJ significa que los beneficios científicos y económicos de la explotación de los recursos genéticos de alta mar y de los fondos marinos internacionales no pueden restringirse a unos pocos países. Los beneficios deben compartirse con los países en desarrollo a través de la creación de capacidades técnicas, la transferencia de tecnologías marinas, las oportunidades de cooperación científica, la facilitación del acceso a las bases de datos digitales de secuenciación genética y la financiación de proyectos destinados a preservar los recursos marinos. Esta perspectiva diplomática de carácter democrático e integrador fue defendida con firmeza por el CLAM durante las negociaciones y prevaleció en el texto final del tratado.

Esta postura, que también encabezaron los 134 países en desarrollo que integran la agrupación G-77+China, contrasta con la opinión contraria, según la cual los recursos genéticos de las zonas marítimas internacionales deberían considerarse una especie de «res nullius» («asunto de nadie»), de los que se apropiarían quienes tuvieran la capacidad técnica y financiera para hacerlo. Este planteamiento restringiría los beneficios de la explotación científica y comercial de estos recursos esencialmente a los países más ricos, en detrimento de los países con menos capacidad para invertir en estas actividades.

La divergencia de principio entre ambas concepciones («res communis» y «res nullius») fue el último obstáculo para la conclusión del Tratado de Alta Mar. En la última fase de las negociaciones, los representantes de más de 100 países se enfrentaron a un maratón de 38 horas ininterrumpidas de intensas negociaciones los días 3 y 4 de marzo de este año en Nueva York. En las últimas horas de la conferencia, con un importante papel de mediación de las delegaciones de Brasil y Jamaica, las delegaciones decidieron incluir simultáneamente en el acuerdo los principios del patrimonio común de la humanidad y la libertad de investigación científica en alta mar. Esta fórmula de compromiso y la adopción del tratado por consenso demuestran la fuerza del diálogo y del multilateralismo, incluso en situaciones en las que las diferencias entre Estados parecen insalvables.

El texto final del tratado, a la vez equilibrado y ambicioso, regula las actividades con recursos genéticos de alta mar, incluida la secuenciación genética digital. El principio del patrimonio común de la humanidad obliga a compartir con los países en desarrollo la información científica y los beneficios derivados de la investigación y comercialización de estos recursos. Al mismo tiempo, la libertad de investigación científica marina fomenta nuevas inversiones en capacitación, innovación y desarrollo tecnológico, preferiblemente con la participación de instituciones de investigación y científicos de países en desarrollo, incluida América Latina.

*Los autores son diplomáticos de carrera y participaron en las negociaciones del Tratado de Alta Mar. Las opiniones expresadas en este texto son las de los autores y no reflejan necesariamente las del gobierno brasileño.

Ecuador, el país en el que crecí

Ecuador, hasta hace poco más de 15 años, era una “isla de paz”. En la década de los ochenta del siglo anterior, el narcotráfico, el narcoterrorismo, la delincuencia organizada y el paramilitarismo desangraban a sus vecinos Colombia y Perú. Por ello, muchos afirmaban que este era un caso inédito, y para algunos cabía la pregunta de por qué un país pequeño, vulnerable en lo económico, con un Estado dependiente de las materias primas, un conflicto limítrofe irresoluto y una novel democracia podía escapar a la violencia. Este país que, como bien lo había dicho Alexander von Humboldt entre 1799 y 1804, vivía pobremente en medio de innumerables riquezas, dormía entre crujientes volcanes y se alegraba con música triste. Era un país más de América del Sur, tal vez irrelevante en el escenario internacional, pero pacífico.

Desde la creación del Sistema de Naciones Unidas, Ecuador siempre ha abogado por la resolución pacífica de las controversias y, al menos en lo internacional, ha apelado a lo institucional. Es un país que, en medio de sus problemas, trató siempre de desarrollar una democracia, que, aunque débil, imperfecta y seducida por los caudillismos, trataba de abrirse camino entre sus pares latinoamericanos.

La democracia ecuatoriana sobrevivió a la muerte de un expresidente en funciones, dos guerras, al secuestro de un presidente en una base militar, a dos fenómenos de El Niño, a dos crisis de la deuda, al colapso de su sistema financiero y a la dolarización. Era un país en el que, si bien se debían tomar precauciones (como en cualquier país latinoamericano), no se escuchaba hablar de coches bomba, cadáveres colgados de los puentes, extorsiones a pequeños y medianos negocios, asesinatos de candidatos a cualquier cargo de elección popular ni de despedazados en las cárceles y, menos aún, los políticos se tomaban fotos con narcos o candidateaban a exmiembros de bandas delincuenciales (como los Latin Kings) a la Asamblea Nacional.

Ecuador era un Estado con altibajos, pero que mantenía el control del monopolio legítimo de la violencia. Las instituciones encargadas de la seguridad contaban con fuertes niveles de credibilidad y confianza ciudadana y, a pesar de las carencias y necesidades de la gente, aún existía un tejido social con actividades barriales, donde los vecinos se encontraban en las fiestas de la ciudad o en los reclamos por la atención de sus mandatarios.

El país en el que yo crecí no era para nada perfecto, seguía siendo injusto con los que menos tenían y, hacia fines de los noventa, muchos compatriotas tuvieron que emigrar a España, Estados Unidos o Italia para buscar oportunidades, pero con la esperanza de regresar, comprarse una casa y montarse un negocio que les permitiera pasar el resto de sus días en su país.

En aquel país había problemas políticos, como en cualquier otro de la región, pero no había candidatos amenazados ni autoridades asesinadas. El último asesinato de un candidato presidencial ocurrió en 1978, cuando los enemigos de la democracia de ese entonces quisieron evitar que volviera al país.

Hoy, esos enemigos se han instalado en Ecuador, y el reciente asesinato del candidato presidencial ha marcado un antes y un después. Fernando Villavicencio había denunciado las amenazas del cáncer de la delincuencia organizada y por ello fue acribillado a balazos a las 17:30 de la tarde en el centro norte de la capital y en condiciones que generan suspicacia por la falta de previsión de su equipo de seguridad, conformado por policías y personal privado.

Aquel país ya no existe y muchos quieren dejar lo que queda de él. Nadie quiere vivir entre la zozobra de no saber si regresará sano a su casa, si una bala perdida acabará con la vida de un ser querido o si tendrá que elegir entre pagar una extorsión o seguir viviendo.

Y es que yo crecí en un país pacífico, donde no había miedo de ir a las urnas, donde hacer política, tal vez, no era la mejor decisión, pero no te costaba la vida. Ahora sobrevivo en medio de una violencia que trata de imponer su paz con fuego, lágrimas, dolor y en medio de una democracia moribunda, a la cual, quién sabe, pronto alguien le dé la extremaunción.

La antidemocracia triunfa en las primarias argentinas

La victoria del “Trump argentino” Javier Milei en las primarias argentinas no debería ser una sorpresa, pero de todas formas sorprendió a muchos. A pocos años de las derrotas de Donald Trump en Estados Unidos y de Jair Bolsonaro en Brasil, muchos argentinos no quieren aprender de la historia reciente y cercana. Bolsonaro, de vínculos estrechos con Milei, degradó a Brasil con sus políticas de odio a lo distinto, su inexperiencia en la administración de la cosa pública y su deseo de dictadura. Mientras que las políticas de Trump en Estados Unidos tuvieron efectos nocivos en lo social, lo cultural y lo económico. Y como si fuera poco, ambas administraciones terminaron con intentos fallidos de golpe de Estado con el objetivo de perpetuarse en el poder.

La mentira totalitaria contribuyó al surgimiento y a la caída de estos líderes. Y en esto, Milei también los sigue e imita. En su discurso de la victoria, el domingo pasado, Milei dijo que Argentina había sido la primera potencia mundial en el siglo XIX y prometió que Argentina ocuparía un lugar principal entre las potencias del mundo.

Con razón, se ha dicho que Milei parece un desequilibrado. Es un inepto y un maleducado que grita, insulta y parece no tener idea de las cosas que dice: abolir el banco central, plantear un debate sobre la necesidad de la venta de órganos o que los hijos pueden ser vendidos o comprados por sus padres. Pero Milei también promete el fin de los políticos, como si él se dedicara a cualquier otra cosa que no fuera la política.

Otra coincidencia con los líderes autoritarios es que piensa, – o dice- que el cambio climático es un invento socialista y que la educación sexual es parte de un plan siniestro para destruir a la familia. Pero por sobre todas las cosas, Milei se presenta como un fundamentalista del mercado, un libertario, aunque su concepto de libertad no incluye el derecho al aborto o la denuncia de las violaciones de los derechos humanos de la última dictadura militar (1976-1983).

En el plano internacional, sus aliados son el ultraderechista José Antonio Kast en Chile, Bolsonaro y los líderes del partido Vox de España. Mientras que, en Argentina, ha reclutado miembros de la vieja política y sobre todo sectores de extrema derecha identificados con la dictadura militar.  Y es que, como todo político con aspiraciones autoritarias, Milei propone soluciones mágicas aprovechando que los políticos tradicionales en Argentina no están cumpliendo con las demandas de la sociedad.

Todo esto nos permite reinsertar al “loco” Milei dentro de una ideología y una práctica populista. Pero más allá de lo ridículo o payasesco del personaje, Milei no puede ser subestimado ya que presenta una ideología claramente antidemocrática. Y es que al igual que Trump y Bolsonaro, los políticos como Milei están en contra del pluralismo en democracia. Se trata de populistas muy cercanos al fascismo que representan propuestas reaccionarias sobre armas y familia. Se presentan como líderes mesiánicos con carácter divino, pero son individuos violentos y erráticos que fomentan el culto a su propia personalidad. De hecho, en 2020 Milei anunció su ingreso a la política de la siguiente manera: “Voy a meterme al sistema para sacarlos a patadas en el culo». 

El punto de vista anti-político y populista de Milei se traduce en promesas de violencia contra enemigos preconcebidos. Y esto es preocupante porque tras el último Golpe de Estado, las promesa de terminar con partidos y movimientos políticos había dejado de ser algo corriente en la política argentina.

Tenemos que recordar nuestras historias de violencias y dictaduras. Al igual que Trump y Bolsonaro o Giorgia Meloni en Italia (o Mussolini o Hitler), Milei fue y sigue siendo normalizado por los medios y también entre figuras políticas de centro-derecha. De hecho, en el discurso después de la elección, el expresidente Mauricio Macri quiso identificar a su propia fuerza política con un supuesto paradigma político que compartiría con Milei.

¿Cómo elegir un partido en las elecciones presidenciales de octubre que en vez de criticar a Milei lo felicita? Esto no pasó en Francia con Marine Le Pen o en Brasil con Bolsonaro, que fue derrotado por una alianza de una gran parte del arco político incluyendo a la centro-derecha para para salvar a la democracia.

Para defender la democracia, los partidos que la defienden deben dejar de lado sus diferencias, más allá de la orientación política, para unirse en contra de estas tendencias, pues los “cordones sanitarios” siguen siendo necesarios. Pero esto no está pasando en Argentina donde Milei sigue siendo considerado un candidato normal cuando su anormalidad política, su carácter antidemocrático, es su característica principal.

Para entender lo que está sucediendo en Argentina hay que entender que Milei no es liberal, de centroderecha ni libertario, es un candidato populista de extrema derecha con vocación de fascista. Y su victoria representaría un grave peligro para la vida democrática en Argentina.

¿Qué esperar del “Pacto fiscal” en Chile?

El pasado 1º de agosto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció el denominado “Pacto Fiscal para el Desarrollo” que llevará adelante en su país. Dado que se necesita financiar el gasto social y los recursos financieros son finitos, la propuesta incorpora un conjunto de acciones para el crecimiento sostenible, eficiencia de la gestión pública y responsabilidad fiscal.

El pacto define: los principios para un sistema tributario moderno; las necesidades y prioridades del gasto; los compromisos de la reforma para fortalecer la transparencia, eficiencia y calidad de los servicios del Estado; impulsar el crecimiento a través de la inversión, productividad y formalización de la economía; fortalecer la administración tributaria y la reforma del impuesto a la renta; y los mecanismos institucionales para el seguimiento, monitoreo y evaluación del Pacto Fiscal.

Dentro de los principios, la llamada justicia tributaria hace referencia al incremento de impuestos para aquellos con mayores ingresos (impuestos progresivos verticales), gravar igual a aquellos con ingresos similares (impuestos horizontales), y disminuir la elusión (evitar la tributación mediante argumentos legales).

En cuanto a la priorización del gasto, el plan busca incrementar el gasto en material social en un monto equivalente al 2,7% del PIB en áreas altamente sensibles como las pensiones, la salud, la protección social y la seguridad pública. Las principales metas que se buscan alcanzar son el incremento de la Pensión Garantizada Universal en poco más del 20%, así como la posibilidad de reducir las listas de espera de atenciones quirúrgicas y especialidades médicas.

Respecto de la reforma al Estado, el plan apunta a mejorar los programas públicos mediante la creación de una Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas. Además se busca establecer un marco normativo que regule las transferencias a ONG´s y fundaciones, permitir el acceso a MIPYMEs en el sistema de compras del Estado, utilizar sistemas digitales para detectar anomalías del gasto público y establecer una fuerte disciplina fiscal en todos los niveles de gobierno.

Como medidas para impulsar el crecimiento, se busca otorgar incentivos fiscales, reducir la tramitación en proyectos de inversión, incentivar la investigación y desarrollo de parte de empresas, incentivar las actividades económicas verde y reducir la informalidad económica. En el ámbito impositivo, se apunta a educar a los contribuyentes, entregar beneficios a la clase media, contar con un sistema tributario para PYMEs y focalizar los impuestos. Y finalmente, se creará la Comisión de Seguimiento y Evaluación para monitorear y evaluar los resultados a los 3 y 5 años de implementación del plan.

En materia social, el Pacto Fiscal apunta a mejorar el bienestar social, en particular, de los grupos económicamente más desfavorecidos, así como grupos socialmente excluidos como las personas mayores, en situación de discapacidad o que fungen como cuidadores. El plan, sin embargo, sigue sin abordar el problema medular que son el rendimiento de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la saturación y cobertura del sistema de salud, tanto pública como privada.

En términos productivos, se busca fortalecer a la micro, pequeña y mediana empresa a través de incentivos ya que son los principales espacios de generación y concentración de empleo. También se apunta a rigidizar la actividad informal, gravar la importación y sancionar el comercio digital, elementos que son empleados por micro y pequeña empresa para proveerse de insumos para operar y como canales de comercialización.  

En términos de la diversificación productiva, se sigue apostando a las actividades extractivistas con énfasis en la minería, además de que la modificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el otorgamiento de Concesiones Marítimas podría generar efectos no deseados en términos ambientales como la proliferación de proyectos con externalidades negativas, intensidad de uso del agua o nuevas zonas de sacrificio.

Los incentivos a la investigación y desarrollo en un país que se concentra en el sector terciario y donde  la industria manufacturera es menor al 10% del PIB, es un tema complejo. Además, se debe priorizar también a las entidades públicas de educación superior, que al día de hoy son quienes concentran la masa crítica de investigadores en el país, ya que podría darse una migración del mundo académico al empresarial, afectando la calidad de la enseñanza superior y de especialización.

La formalización económica, tiene un gran componente cultural ya que se acostumbra contratar servicios personales como el mantenimiento o la construcción sin contrato, por lo tanto sin el correspondiente aporte de impuestos e imposiciones a la seguridad y retiro. Más allá de la educación de los contribuyentes, es necesario un cambio en la conducta social que permita el tránsito hacia la formalidad de todas las actividades económicas. Por otro lado, cuando se habla de incrementar los impuestos a los altos ingresos ¿en quienes están pensando? ¿en qué tramos de ingreso? ¿personas jurídicas y naturales?

Para concluir, hay que destacar dos desafíos. El primero, son las proyecciones de crecimiento económico, pues de acuerdo al Banco Central se espera un bajo crecimiento para este año (entre -.5% y 0.25%), entre 1,25% y 2,25% en 2024 y entre 2 y 3% para 2025. Esto puede limitar, tanto los ingresos como egresos públicos.

El segundo aspecto que puede jugar en contra de la propuesta es el tiempo. Está previsto el ingreso de la reforma de impuesto a la renta en el Congreso Nacional para el 2024, así como la tramitación y despacho de proyectos procrecimiento y reforma del Estado remanentes. La discusión y toma de acuerdos políticos bien podría dilatarse hasta finales del actual gobierno o bien inicios del próximo, donde las prioridades podrían ser distintas, lo cual daría un nuevo vuelco a varios de los puntos del pacto fiscal.

Argentina: el general Milani va a la guerra

César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, tal como es su nombre completo, fue jefe del Ejército argentino y fue designado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner desde el 3 de julio de 2013 hasta el 24 de junio de 2015. Antes había sido jefe de la Inteligencia militar, cargo que retuvo desde la comandancia.

Desde su pase a retiro debió atravesar procesos judiciales por su desempeño como joven oficial durante la represión de la última dictadura, en la que resultó sobreseído, y también por enriquecimiento ilícito, causa en la que se anuló su absolución. El exjefe del Ejército fue acusado por «haber incrementado ilícita e injustificadamente de manera apreciable su patrimonio en el período que ejerció la función pública dentro del Ejército argentino» desde el 2001, cuando fue promovido a coronel, hasta mediados de 2013. Actualmente retirado, participa en la vida pública por su adhesión militante al peronismo histórico y al kirchnerismo.

Milani sorprendió recientemente por sus comentarios sobre la guerra de Ucrania y su entusiasta apoyo tanto a la invasión rusa como a la figura de Vladímir Putin, al que presenta como un adalid del antiimperialismo. En su cuenta de X, anteriormente Twitter, posteó el 29 de julio lo siguiente: “La llamada contraofensiva ucraniana, que había sido anunciada con bombos y platillos, ya podemos decir a estas alturas de los acontecimientos que ha fracasado rotundamente. Es casi un hecho que ha alcanzado el estancamiento absoluto ante la resistencia de una férrea defensa rusa”.

“No solo ha fracasado ―continuó Milani―, sino que actualmente el ejército del Kremlin se encuentra desarrollando operaciones ofensivas en casi todo el frente de batalla”. El general argentino prosiguió su análisis geopolítico de este modo: “Mientras el imperio de EEUU a través de la OTAN y de un presidente insensato como Zelensky, absolutamente obnubilado por el poder de occidente e ignorante en el arte de la guerra, siguen enviando a la muerte a miles de soldados ucranianos que luchan por intereses que les son absolutamente ajenos, Rusia resiste los embates de la alianza militar más potente del mundo y alarga el combate a su ritmo”.

Continuó su evaluación del conflicto y aseveró: “Una vez que Rusia logre finalizar la guerra, veremos un mundo más equilibrado, con pesos repartidos entre las tres principales potencias y un mejor escenario para los países como el nuestro, que históricamente han sido sometidos a los intereses económicos de los EEUU, una de las principales razones por las cuales no hemos alcanzado jamás nuestra independencia económica y estado de verdadera soberanía nacional”.

Y agregó: “Rusia pelea hoy en día por poner un límite a la expansión desmedida de un imperio insaciable que no ha sabido reconocer límite alguno, los intereses soberanos de muchos países se encuentran en juego en ese conflicto. Bajo este escenario se aproxima el fin de una era geopolítica signada por el unilateralismo. En los próximos años se acabará el dominio absoluto de los EEUU como policía del mundo”. Milani concluyó planteando lo siguiente: “El desafío de nuestro país será el de saber dónde, cómo y de qué forma vamos a posicionarnos para recibir este cambio en pos del beneficio de nuestra amada patria”.

Días más tarde de la difusión de este texto, el 31 de julio, la corresponsal del diario La Nación, de Buenos Aires, le preguntó al jefe de la Inteligencia militar ucraniana, Kyrylo Budanov, en una rueda de prensa que se hizo en Kiev, qué opinión le merecían estos conceptos del exjefe del Ejército argentino. La respuesta fue lacónica: “¿Quién es Milani? Bueno, le ofrezco que venga, lo invitamos a Ucrania y le mostramos qué está pasando”, contestó.

Genera un fuerte escozor recordar que durante muchos años, quien escribe esto y piensa hoy sobre la guerra de Ucrania fue el hombre fuerte de las Fuerzas Armadas de la Argentina, persona de confianza de la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, y de la presidenta Cristina Kirchner. Y alivia saber, por ende, que ahora no representa sino una voz marginal y minoritaria, con fuertes resabios del nacionalismo anticomunista de los tiempos de la Guerra Fría. Aquellos generales y almirantes decían defender la “civilización occidental y cristiana”, y terminaron conduciendo al país a un conflicto armado contra las principales potencias de Occidente, a la vez que exaltaron un antiimperialismo tardío y buscaron el apoyo de Moscú.

Movimientos pendulares de los Gobiernos argentinos que tienen larga data y siguieron repitiéndose hasta tiempos más cercanos. Solo una muestra reciente: el 3 de febrero de 2022, el presidente Alberto Fernández, en el marco de una reunión que mantuvo con Putin en la capital rusa, señaló entusiasmado: «Tenemos que ver la manera de que Argentina se convierta, de algún modo, en una puerta de entrada para América Latina para que Rusia ingrese en América Latina de un modo más decidido». El mandatario argentino se manifestó “profundamente agradecido» a Rusia por el suministro de vacunas contra el coronavirus durante la pandemia. Lo que Fernández no podía anticipar era que tres semanas más tarde el presidente ruso ordenaría la invasión de Ucrania.

Cuarenta años después, el último hombre fuerte del generalato argentino se expresa como un pichón de Leopoldo Fortunato Galtieri, aquel general extraviado de la última dictadura, que en 1982 puso al país detrás al recuperar las islas Malvinas por la fuerza y lo embarcó en un conflicto bélico contra Gran Bretaña, lo que terminó resultando un desastre bélico y precipitó la retirada de los militares del poder y la recuperación de la democracia. Esta democracia que se apresta a celebrar sus cuarenta años votando. Entre memorias y desmemorias. Encuentros y extravíos. 
*La versión original de este texto fue publicada en Clarín.

El maíz transgénico vs. la soberanía nacional

El conflicto sobre la restricción de México para importar maíz transgénico es una disputa entre los intereses de la industria agrícola estadounidense y tanto la industria biotecnológica como el esfuerzo del Gobierno mexicano por recuperar un poco la soberanía externa que se ha perdido durante los últimos 40 años. Las advertencias de Washington de que el incumplimiento de los acuerdos comerciales del T-MEC podrían conducir a la implantación de aranceles de Estados Unidos, bien puede ser una manifestación de lo que Colin Crouch ha denominado posdemocracia: Gobiernos formalmente democráticos (liberales), en los que se celebran elecciones periódicas, pero en los cuales las corporaciones empresariales no se subordinan a la autoridad del Estado nacional.

Posdemocracia y “colonialidad”

En las posdemocracias, los intereses empresariales tienen un poder tan abrumador que hacen lobbying para modificar la normativa nacional a su conveniencia. La toma de decisiones se realiza en espacios privados y ocultos del escrutinio público, es decir, a espaldas de la opinión pública que, a fin de cuentas, puede manufacturarse a la carta.

Tal vez el caso de México no es de posdemocracia, pues no podría asegurarse que en algún momento hayamos logrado consolidar instituciones democráticas liberales. Pero los intereses empresariales operan en México exactamente en la misma dirección: hacia la disolución de la soberanía nacional y en favor de los intereses empresariales.

De hecho, podríamos pensar que, en regímenes que no han consolidado instituciones democráticas más o menos fuertes, los intereses de corporaciones trasnacionales operan de manera más enérgica y predatoria, y los han estructurado no como posdemocracias, sino más bien de acuerdo con lo que Walter Mignolo ha llamado la matriz de la “colonialidad”. Se trata de una lógica en la que los capitales externos trabajan en complicidad con élites internas para extraer riqueza, apropiarse del trabajo y los recursos de un país y expoliar sus entornos naturales a través del sometimiento y adelgazamiento del Estado soberano.

¿Una postura anticiencia?

El problema del maíz transgénico puede ser entendido de esta manera. Pero, públicamente, adopta la forma de una discusión sobre evidencia científica. El Gobierno mexicano advierte acerca del peligro del herbicida glifosato, que está relacionado con casos de cáncer en Estados Unidos y Europa, y dice que permitir la entrada de semillas de maíz transgénico podría contaminar variedades nativas de México y afectar la biodiversidad. Recordemos que México es un punto central del origen del maíz y cuenta con cerca de 60 razas oriundas.

Washington solo responde, utilizando la vieja retórica de las tabacaleras y de las empresas petroleras contra el cambio climático, que estas afirmaciones científicas no cuentan con validación científica contundente. Esto podría ser cierto, pero no es el núcleo del problema, solo su justificación retórica.

A lo anterior, se podría responder de diferentes maneras: apelando al principio precautorio (que es lo que, de hecho, ha llevado a cabo el Gobierno mexicano), afirmando que ante un peligro o amenaza suficientemente grande y con posibles efectos irreversibles, la falta de evidencia contundente no será suficiente razón para no tomar medidas precautorias. La simple sospecha razonable —lo cual implica que la evidencia debe señalar el riesgo, aunque sus conclusiones no sean definitivas e irrefutables— debería bastar.

A su vez, podríamos considerar más aún, y de acuerdo con el concepto de ciencia posnormal de Funtowicz y Ravetz, que cuando la ciencia es usada para justificar temas políticos, en especial cuando hablamos de sistemas complejos como los socioambientales, no da certeza en cuanto a las recomendaciones. Eso significa que, en realidad, los argumentos “comprobados científicamente” han subcontratado a la ciencia para legitimar una decisión política. El caso de la seguridad del maíz transgénico es un claro ejemplo de este perverso uso de la certeza científica (o la supuesta falta de ella) con fines políticos y económicos.

Transferencia de tecnología, transferencia de cultura

No obstante, el argumento que más preocupa es el que tiene que ver con las afectaciones que la introducción de maíz transgénico podría tener sobre las formas de organización del trabajo y la estructura social de gran parte del México rural. En este caso, no debemos olvidar que los que se pronuncian a favor de la introducción del maíz transgénico son los agrícolas del norte del país, en donde las enormes extensiones de terreno hacen viable la aplicación de la agroindustria intensiva, la cual depende de grandes maquinarias y agroquímicos para cultivar monocultivos.

Sin embargo, su introducción en el sur y en el sureste de México es absolutamente inviable: no solo afectaría las variedades de maíz, sino también la biodiversidad natural de la zona, que se vería gravemente dañada por extensas plantaciones de semillas transgénicas resistentes a herbicidas que serían funestos para otras plantas. Además, tal como han insistido las autoridades hasta el cansancio, la dieta mexicana, principalmente en la zona mesoamericana, depende en gran medida del maíz tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista nutricional. La introducción de tecnologías no es neutral, puesto que trae consigo cultura, por lo que podríamos esperar que la importación de maíz transgénico para el consumo humano afectará no solo la salud o la biodiversidad, sino también los hábitos alimenticios y la cultura culinaria.

Efectivamente, la transferencia de tecnología también transfiere cultura, entre las cuales se encuentra la laboral. Las formas de organización social de pueblos indígenas y comunidades rurales se estructuran, en gran medida, alrededor de la tierra y de las funciones de trabajo de cada quien. La introducción de esta tecnología podría tener consecuencias de desintegración social, como ocurrió en el pasado cuando se retiraron los subsidios al campo durante el salinismo, lo que causó una ola de migración sin precedentes a las ciudades y a los Estados Unidos.

En defensa de la autodeterminación

Entonces, las razones para oponerse a la introducción del maíz transgénico no son retórica anticiencia (en México existen plantíos transgénicos de algodón y soya) ni nacionalismo acartonado. Existen razones de peso para ser prudentes. El problema es que a los grandes capitales, estas razones les tienen sin cuidado. Así, el conflicto tiene que tomar la forma de una defensa de la soberanía externa, un defensa de la capacidad de autodeterminación en asuntos de suma importancia como la defensa de la biodiversidad, el cuidado de la salud y la conservación de nuestras culturas.