Fox News – Dominion y las consecuencias de desinformar en procesos electorales

Jesús Delgado Valery
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Fox News – Dominion y las consecuencias de desinformar en procesos electorales

Los procesos electorales en los regímenes democráticos, es decir, en los que hay incertidumbre en los resultados electorales y el oficialismo puede ser derrotado, se han convertido en fenómenos mediáticos globales. Hace unas décadas, las elecciones de un país despertaban poco interés en otras latitudes, e incluso en países de la misma región. Pero en la actualidad, gracias a la inmediatez de la conversación digital, encontramos a especialistas y ciudadanos interesados en los procesos electorales de países ajenos a la realidad de sus propios países. El interés por estos comicios, incluye, no solo la jornada de votación, sino la fase preelectoral y sobre todo la postelectoral, aún más si los resultados son puestos en duda o incluso impugnadas ante instancias judiciales.

El acceso a la conversación digital, aunado al auge de la polarización política, ha convertido a los procesos electorales en verdaderos espectáculos donde simpatizantes y detractores de los candidatos usan las redes sociales para expresar su conformidad o descontento con los resultados.

Los medios de comunicación, por su parte, han aprovechado esta situación para maximizar su impacto. Muchos de ellos se han convertido en la fuente de información exclusiva de algunas agrupaciones, de manera que se ven con el compromiso de publicar contenidos que coincidan y refuercen las convicciones de sus consumidores. Este proceso ha deteriorado notablemente la calidad del periodismo e incentivado el extremismo en ciertos grupos que, de manera dogmática, aceptan lo que sus medios predilectos publican.

La desinformación y la confianza en los procesos electorales

Desde hace años, organizaciones y agencias internacionales, así como organismos electorales, buscan soluciones para que la desinformación no afecte la confianza en los procesos electorales. Sin embargo, no ha sido tarea fácil ya que es un problema multifactorial y está demostrado que la desinformación viaja mucho más rápido y es más atractiva que el posterior factchecking.

Una de las narrativas más atractivas (y nocivas) en el marco de los procesos electorales es la del fraude. Es decir, que sin elementos que argumenten la denuncia se promueva el desconocimiento de los resultados por supuestas prácticas fraudulentas.

Según el Director del Departamento para la Cooperación y la Observación Electoral de la OEA, Gerardo de Icaza, “cuando la idea del fraude se adueña de la opinión de un sector, resulta difícil encontrar el antídoto o argumento que pueda convencerlo de lo contrario. Sumado a esto, los medios encuentran en alegatos de fraude una oportunidad tentadora de generar ratings y vender periódicos con la publicación de titulares sensacionalistas.”

Lamentablemente, esta situación no es extraordinaria, por el contrario, podemos decir que, de una u otra forma, la mayoría de los últimos procesos electorales en la región han sido víctimas de esta narrativa.

Las elecciones de Brasil del año pasado supusieron un esfuerzo enorme, tanto para el Tribunal Superior Electoral (TSE) como para los factcheckers, que tuvieron que enfrentar una avalancha de desinformación en la fase pre electoral, así como en la postelectoral. Durante los meses previos a la jornada electoral, el mismo presidente Jair Bolsonaro aseguraba que las urnas electrónicas eran vulnerables y que se podía fraguar un fraude. De esta manera se geneeró desconfianza en un sistema de votación que ha funcionado adecuadamente por más de 20 años.

Posteriormente, luego de conocerse su derrota, la desinformación se centró en alimentar la narrativa del fraude, lo que promovió las manifestaciones de decenas de miles de simpatizantes del entonces presidente exigiendo que se reconociera su victoria.

Otro caso que alcanzó un impacto global fue el de la denuncia de fraude por parte del ex presidente Donald Trump quien, junto a su abogado, Rudolph Giuliani, recorrió distintos estudios de televisión e instancias judiciales asegurando que habían sido víctimas de un fraude masivo. Algunas cadenas de noticias como Fox News difundieron activamente esta narrativa, acusando incluso a algunas empresas desarrolladoras de tecnología, como Dominiom Voting Systems o Smartmatic. Algunos de los periodistas de la cadena y de los invitados a sus programas aseguraban que las máquinas de votación habían sido manipuladas y por lo tanto la elección de Joe Biden era fraudulenta.

Las empresas acusadas tomaron cartas en el asunto y acudieron a la justicia acusando de difamación a la famosa cadena de noticias Fox News. Dominiom Voting Systems solicitó una indemnización de 1600 millones dólares y Smartmatic otra de 2700 millones.

El pasado 31 de marzo, poco más de dos años después de las elecciones de 2020, el Tribunal Superior de Delaware dictaminó que ninguna de las declaraciones que hizo Fox News sobre Dominion era verdadera y ordenó un juicio para determinar si la cadena había actuado con real malicia. Ante este escenario, la cadena arregló con la empresa un pago de 787 millones de dólares para evitar el juicio.

La democracia es un bien intangible, invaluable, pero atacar y poner en duda a sus instituciones de manera injustificada e irresponsable debe tener un precio.

Usar la democracia para destruirla

Dagoberto Valdés Hernández
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Usar la democracia para destruirla

Puede ser en Colombia o en España, en Estados Unidos o en Rusia. El nuevo guion para apoderarse del poder político y destruir las instituciones democráticas es evidente, predecible y eficaz. Es la operación maquiavélica más viable en este mundo donde los golpes militares, las guerras de invasión, las revoluciones violentas y la perpetuación en el poder, son cada vez más repudiados por la conciencia ciudadana y universal.

El primer ministro británico Winston Churchill pronunció una famosa frase que sirve para legitimar a la democracia como el mejor de los sistemas políticos. Pero con su humor inglés dejó abierta una puerta a las debilidades de este sistema: “La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre. Con excepción de todos los demás.”

En efecto, a nadie, o a casi nadie, se le ocurriría actualmente defender abiertamente a las tiranías contemporáneas, ni a las dictaduras de nuevo tipo, ni a los autoritarismos sin careta. Sin embargo, esos sistemas intentan continuamente resurgir porque aferrarse al poder absoluto, totalitario o populista, es una de las tentaciones más enraizadas entre las ambiciones humanas. A esos regímenes se refería Churchill.

Entonces, como estos regímenes autoritarios son cada vez más repelidos por los ciudadanos conscientes y formados, los más listos han inventado una fórmula fraudulenta para disfrazar sus propósitos bajo la manipulación de las reglas del juego democrático. En resumen: usan la democracia para destruirla.

El guion reconocible

Los regímenes populistas, dictatoriales y hasta tiránicos de hoy no comienzan su andadura con un golpe violento. Se introducen en las dinámicas e instituciones del sistema democrático con un discurso demagógico apocalíptico.

Estos son algunos de los pasos del guion predecible. En primero lugar manipulan a los pobres, a los más vulnerables, presentándose como mesías, como salvadores. Aprovechan frecuentes casos de corrupción para sembrar la narrativa de que todos los partidos son corruptos, todos los políticos oportunistas y deshonestos y que todo lo anterior ha sido un fracaso.

Estas agrupaciones, además, se arman de un programa bien hilado donde aparecen como la única alternativa para purificar y reinventar el sistema democrático que se ha corrompido, que no tiene alternativas, que no puede reformarse o renovarse si no es con el mesías y su partido de salvación nacional. Para ello, estos regímenes establecen el absoluto control de los medios de comunicación y del sistema educativo y cultural.

Los populismos, exacerban el nacionalismo, el patrioterismo y la lucha de clases para destruir a todo el que se oponga al “bien del pueblo”. Las masas despersonalizadas y enardecidas por la ilusión de que “ahora sí vamos a arreglarlo todo”, votan convencidos de que el “bueno por conocer” es mucho mejor que “el malo conocido”.

En definitiva, la solución para el votante parece ser la de escoger en las elecciones democráticas al “iluminado”, al “hombre fuerte”, al que parece que tiene las llaves del paraíso terrenal. Y con él, entronizar al único “movimiento”, al naciente partido o guerrilla reciclada en grupo político “no tradicional”, porque dice el guion que todo lo tradicional es viejo, corrupto y acabado.

Como “nadie escarmienta por totalitarismo, autoritarismo o populismo, ajeno”, las urnas se convierten en trincheras reivindicativas, en barricadas contra todo lo establecido. No se vota por el que tiene más mérito, más formación para servir o por el que más experiencia ha acumulado. Tampoco se vota por el que haya demostrado mayor integridad o por el que tenga el programa más coherente y realista.

Se vota por la utopía ilusionista. No por esas pequeñas utopías que nos empujan hacia delante a sabiendas de que, cada vez que creemos haberlas conquistado, se alejarán como el horizonte. Se vota por “el paraíso” de los pobres, aunque quien o quienes la enarbolan tenga historiales impresentables, autoritarios y violentos.

Y cuando estos personajes salen electos por métodos democráticos legitimados por una Constitución, en elecciones libres, plurales, competitivas y monitoreadas por la sociedad civil y auditores internacionales, comienzan a erosionar la democracia desde adentro.

El primer paso es “penetrar” los tres poderes del Estado de Derecho colocando en ellos a personas “fieles” a la causa de la “limpieza” de las instituciones. No serán los mejores servidores públicos, ni los menos corruptos, sino los “incondicionales” que sean obedientes al “elegido”. Y estos, desde dentro abren grietas, convierten la normal conflictividad en conflictos irreconciliables y atacan a las “antiguas instituciones tradicionales” para cambiarlas.

Una vez que el líder y sus seguidores han copado las instituciones democráticas y las han carcomido por dentro, casi imperceptiblemente, asestan el golpe redentor para que las nuevas estructuras apoyen una reforma de la Constitución. Al mismo tiempo, se va trabajando a nivel de las bases para que las legítimas demandas se conviertan en violencia destructora de la sociedad civil, dividiendo a los compatriotas.

Finalmente se convoca a la redacción de una nueva Constitución y en ella se crean las estructuras que perpetuarán en el poder al lídere, quién utiliza la propi democracia para destruirla.

Basta estar atentos a la evolución política de ciertos países para comprobar que este guion, diseñado para destruir la democracia utilizando mecanismos democráticos, se repite con leves matices. En esencia, los pueblos, por falta de educación cívica y política, se dejan arrastrar por estos cantos de sirena. Una y otra vez.

Esto ha pasado en países con pasado totalitario, donde tras un período democrático se regresó a otra variante de autoritarismo. Cuba ha experimentado dictaduras de derecha y de izquierda, populismos y este totalitarismo. Ojalá aprendamos de estas lecciones de la historia para que en el futuro no volvamos a chocar con la misma piedra… o con otras similares. Nunca más.

El fiscal de la CPI y las víctimas de la crisis de Venezuela

Isaac Nahón Serfaty
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El fiscal de la CPI y las víctimas de la crisis de Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, advirtió (antes de la más reciente reunión internacional en Bogotá sobre la crisis del país) que uno de los requisitos para retomar el diálogo con la oposición era lo siguiente: “Las políticas de lawfare (o ‘guerra legal’), las políticas de ataque a través de aventuras en tribunales de Estados Unidos, o a través de la Corte Penal Internacional (CPI), se (tienen que detener) porque afectan directamente a nuestros líderes más importantes”. En resumidas cuentas, el chavismo exige impunidad ante la corrupción y los crímenes de lesa humanidad, para seguir negociando condiciones electorales justas, levantamiento de sanciones y liberación de presos políticos.

En el caso de EE.UU., las decisiones judiciales y administrativas han variado de acuerdo a conveniencias políticas: desde la liberación de los sobrinos de la pareja presidencial Maduro-Flores, condenados por narcotráfico, y el intercambio de siete ejecutivos de la petrolera Citgo que estaban presos en Caracas, hasta la eliminación de la lista de sancionados de la OFAC (oficina del tesoro) de otro sobrino de la primera dama Cilia Flores, que fue acusado de lavado de dinero.

Pero en el proceso abierto de la CPI, que está en etapa de revisión preliminar, el asunto se les complica a los militares y funcionarios civiles venezolanos que están acusados de presuntos crímenes de lesa humanidad, crímenes que no prescriben. Después de la conferencia del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, organizada por el Centro Raoul Wallenberg por los Derechos Humanos y la Universidad de Ottawa, da la impresión de que la determinación de quien deberá eventualmente encabezar la acusación contra los presuntos criminales del chavismo no será un hueso fácil de roer para el régimen de Nicolás Maduro.

Karim Khan no habló directamente del caso de Venezuela, ya que no puede emitir opinión pública sobre un proceso que se está revisando. Sin embargo, el fiscal jefe de la CPI insistió en su conferencia en que el reto más importante que tiene la corte de La Haya es hacer realidad aquella promesa de “nunca jamás” que fue emitida después de los juicios contra los jerarcas nazis en Núremberg por el genocidio contra los judíos, los romas y otros grupos humanos. Sin embargo, esta promesa no se ha cumplido tal como lo testimonian los genocidios en Camboya, Ruanda, los Balcanes, y las más recientes persecuciones y masacres contra los rohinyás en Birmania o los uigures en China.

Lo que está en juego, según Khan, es la credibilidad del sistema de justicia internacional y de los propios cimientos del orden global establecido después de la Segunda Guerra Mundial que ha servido, por ahora (y quién sabe hasta cuándo), para evitar otra gran confrontación que podría tener un desenlace nuclear.

¿Cómo pasar del escepticismo y el cinismo con el que muchos ven las acciones (o la falta de acciones) de la CPI? Khan afirmó que los fiscales de la CPI no son “paracaidistas que pueden hacer operaciones relámpago contra los acusados de crímenes contra la humanidad”, pero sí mostró ejemplos de cómo se debe aplicar la justicia. Lo más importante para el fiscal es ir al terreno, escuchar a los sobrevivientes y a las víctimas, comprender el contexto social, político, cultural y religioso en el que se han cometido los crímenes.

La justicia no es una abstracción, sino una acción que tiene consecuencias prácticas. Él mismo, ante escenarios de conflicto y violaciones de derechos humanos, visitó Venezuela en 2021 y 2022. Sus viajes a Caracas han servido para que el gobierno de Maduro se viera visto obligado a firmar un acuerdo con la CPI, lo que implicó la apertura de una oficina de la corte internacional en el país. Aunque es obvio que el régimen chavista ha buscado lavarse la cara al recibir a Khan, el propio fiscal jefe ha dicho en declaraciones a la prensa: “Uno no puede ser ingenuo, pero uno tampoco puede sospechar innecesariamente, porque entonces no estás siendo imparcial”.

La oficina del fiscal de la CPI tiene que hacer frente a limitaciones de presupuesto, tecnológicas y logísticas. Khan indicó en su conferencia que la CPI genera grandes expectativas con respecto a una gran variedad de casos, pero cuenta con pocos recursos. El fiscal jefe cree, sin embargo, que la clave está en la independencia de la corte y de su oficina. Y cuando se le preguntó sobre quiénes, desde posiciones de poder, cuestionaban su imparcialidad, afirmó: “Nosotros nos ocupamos del suelo, no del techo”. Enfatizó, a su vez, que su foco está en los supervivientes y en las víctimas de crímenes de lesa humanidad. “Ellos no han perdido la esperanza de que se haga justicia”, concluyó.

El fenómeno Payo Cubas, en Paraguay

Esteban Caballero
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El fenómeno Payo Cubas, en Paraguay

“¿Es ridículo defecar en el despacho de un juez?”, le preguntó Paraguayo Cubas, más conocido como Payo Cubas, a su entrevistador Carlos Mateo Balmelli, en un programa de televisión. En efecto, la anécdota es que él, literalmente, se bajó los pantalones y le dejó su presente a un juez. “¿Y cómo te definís?”, le preguntó Carlos a Payo. “Yo no me veo como un político”, respondió, “más me veo como un religioso cívico, lleno de dogmas”. “Vivo en un estado de constante excitación académica”.

Las elecciones latinoamericanas han visto una partida de personajes discordantes, de esos que realmente viven “out of the box”, pero Payo Cubas muy bien podría ocupar un lugar destacado en esa liga. Su cabeza, grande, calva y ovalada, con una mirada intensa, y una sonrisa burlona, habla y aboga por la legalización de la marihuana para acabar con la mafia de la frontera en Pedro Juan Caballero. Su discurrir es incomprensible y sus asociaciones son inverosímiles, aunque punzantes.

Pero Payo también trae consigo una dosis de ira, insultos, amenazas y violencia. Actualmente está detenido por perturbar la paz pública y predicar el odio. Llamó a tomar el Tribunal de Justicia Electoral con acusaciones de fraude, muy probablemente infundadas tras las recientes elecciones. Usualmente amenaza con llevar a “los bandidos” al paredón. Y bandidos hay muchos. Son pocos los miembros de la clase política que escapan a ese calificativo. De hecho, propone la pena de muerte para los que han robado del erario.

Augusto Roa Bastos se refirió a la mansedumbre del pueblo paraguayo. Resiliente y resignado. Un pueblo que parece vivir su destino sin el más mínimo sentido del derecho. Es como si viviese con permiso, en tierra ajena. Las elites hablan, debaten, se pelean, se pronuncian sobre el deber ser, pero los paraguayos tienen que aguantar un transporte público de pésima calidad, un sistema de salud que no resuelve y escuelas públicas en estado precario. Payo parece haber penetrado ese silencio manso y canalizó la ira que subyace. Cuando él grita “al paredón”, un coro de voces anónimas grita “si, carajo”.

Paraguay ya lleva unos largos años de estancamiento. Después de haber descendido de manera significativa entre el 2003 y el 2014, la pobreza se ha mantenido en torno al 25%. El 65% de la fuerza de trabajo está en la informalidad. Los trabajadores por cuenta propia y las empleadas domésticas constituyen una porción importante. Se habla de unas 255.000 mil familias campesinas recluidas en parcelas de tierra cada vez más pequeñas. El Instituto Nacional de Estadísticas habla de una cuarta parte de la población con inseguridad alimentaria moderada o severa. Y la inseguridad es un grave problema para la ciudadanía.

Todo lo mencionado duele. Sin embargo, duele aún más cuando la gente siente que el sistema está amañado. El empleo formal más cotizado en el país es el del sector público. Es ahí donde se encuentra trabajo decente, con ciertos beneficios y con perspectivas de una mínima protección social. La tónica es que ese sector está dominado por el partido-Estado, el Partido Colorado, el que movilizó su voto duro el día de las elecciones y volvió a ganar, por mayoría simple. El que protege a los suyos. Así se los percibe. En cambio, el joven que vive del delivery, el trabajador de la construcción, la empleada doméstica o el campesino, entiende que no tiene futuro. El estancamiento y la pandemia lo ha agotado.

Payo recogió todo esto y lo pudo hacer porque su competidor en la oposición, Efraín Alegre,  no supo convertirse en el interlocutor válido de ese sentimiento de desazón e injusticia. Al final, su discurso de “mafia” o “patria” no logró tocar la fibra de la gente joven y de las clases medias y bajas. El político liberal hizo su mejor esfuerzo, pero terminó siendo considerado parte de “los mismos de siempre”. Al final, Payo salió tercero, pero con un 23% tocándole los talones al candidato de la llamada Concertación.

Lastimosamente, el pueblo iracundo se ha equivocado en su elección. Payo, el “anarquista romántico” que hubiese sido trotskista de haber optado por el socialismo; el histriónico, que admira a Chiang Kai Shek, que dice que la comunicación con el pueblo tiene que ver con la mirada, es un tiro al aire. Seduce, pero no lleva a ningún lado. Lo echaron del Senado por sus improperios y comportamiento. Cuando se le preguntó que por qué no cuidó su posición contestó, “era demasiado aburrido, yo proponía una cosa y era mi voto contra el resto, terminé tomando medio litro de whisky al día”.

Más allá de Payo queda el descontento, lo que expresa el propio Payo, no lo que representa, porque para representar se requiere articular algo más coherente. ¿Cómo ganar la confianza de la gente, en el país de la desconfianza? Años de dictadura, corrupción, desigualdad e impunidad han corroído el capital social del país. La gente no parece estar pidiendo una revolución social, sino el fin de los privilegios. Algo muy básico, casi premoderno.

La sostenibilidad y la vida interior de las personas

Matías Mastrangelo
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La sostenibilidad y la vida interior de las personas

La crisis ambiental que atraviesa el mundo es consecuencia, en gran medida, de comportamientos individualistas que no tienen en cuenta el bienestar de la sociedad en su conjunto. Desde agricultores que utilizan agroquímicos en exceso que contaminan el suelo y el agua, a agentes inmobiliarios que deforestan para especular con el precio de la tierra y pescadores que no respetan las cuotas y zonas de veda, los ejemplos de decisiones que degradan el ambiente sobran.

Si bien cada vez hay más información que evidencia las consecuencias de estos comportamientos, la degradación de la naturaleza persiste y se acelera. ¿Por qué? Una posible respuesta es que no estamos atacando la raíz del problema. Como sociedad seguimos implementando soluciones superficiales en lugar de buscar cambios profundos.

La investigación y gestión de la sostenibilidad han fijado su atención en los procesos ecológicos, los mercados económicos, las estructuras sociales y las dinámicas políticas. Es decir, se han centrado en factores que forman parte de la “realidad externa” de las personas y ha desatendido e ignorado la profunda influencia y capacidad transformadora de la “vida interior” de las personas: sus emociones, valores, creencias e identidades.

Nuestro grado de conexión individual con la naturaleza, tanto física como psicológica, influye fuertemente en la forma en que la sociedad impacta sobre el ambiente. A pesar de ser una tendencia clara, sólo recientemente estamos empezando a evidenciar científicamente la pérdida de conexión con la naturaleza a nivel global y sus consecuencias. Por ejemplo, la desconexión con la naturaleza nos priva de beneficios a la salud y el bienestar general, además de bloquear emociones, actitudes y acciones positivas de cuidado del ambiente.

Algunas prácticas ajenas a los círculos académicos, como las religiones, han prestado mucha mayor atención a la influencia que la “vida interior” de las personas tiene en la sostenibilidad, que las mismas ciencias dedicadas a esta diciplina. El Papa Francisco, por ejemplo, señala en su Encíclica Laudato Si, que “la crisis ecológica es un llamamiento a una profunda conversión interior”. Y de manera similar, en su Ética para el Nuevo Milenio, el Dalai Lama propone que una mayor atención a nuestra vida interior nos conduciría a una mayor felicidad y sentaría las bases para construir una comunidad global más ética y sostenible.

Las dimensiones de la “vida interior” de las personas han sido desatendidas por las ciencias de la sostenibilidad en parte porque los investigadores no pueden abordarlas desde la ciencia tradicional, es decir, como si fueran independientes del objeto de estudio. La investigación y gestión del vínculo entre las emociones, valores, creencias, identidades y las acciones sobre el ambiente requiere observar y monitorear nuestra propia vida interior en forma honesta y comprometida. Sólo así podremos reflexionar sobre el “por qué” de nuestros comportamientos, e identificar “quién” promueve la sostenibilidad y quién no.

Debido a que las ciencias de la sostenibilidad no han tenido en cuenta la profunda relación entre la “vida interior” de las personas y el impacto de sus acciones, muchas de las políticas diseñadas no buscan desplazar los valores que subyacen a los problemas ambientales. Incluso, muchas de estas, los incluyen en sus estrategias. Un ejemplo de esto son los incentivos fiscales para promover productos “verdes” o “sostenibles”, como autos eléctricos. Estas políticas implícitamente apelan a la codicia y el materialismo para cambiar el comportamiento de los consumidores.

Sin embargo, más allá de las carencias de las ciencias dedicadas a estudiar la sostenibilidad, hay signos de cambio en el horizonte que apuntan hacia un abordaje más integral y explícito de la “realidad interna” de las personas en busca de puntos de apalancamiento capaces de impulsar una transición hacia la sostenibilidad profunda y duradera.

Cada vez más investigadores señalan que la transición hacia la sostenibilidad, no sólo requiere conocimiento acerca de cómo funcionan los sistemas socio-ecológicos y cómo deberían ser para ser sostenibles, sino que hace falta más conocimiento acerca de cómo conducir estos sistemas hacia estados más deseables. Por ejemplo, necesitamos entender si las políticas lograrán revertir a tiempo la pérdida de biodiversidad promoviendo cambios en los valores que las personas tienen sobre su relación con la vida silvestre (de dominancia a mutualismo), o si deben intervenir directamente sobre los comportamientos que impactan sobre la naturaleza (por ejemplo, incentivando la restauración de ecosistemas degradados).

Este tipo de conocimiento transformador es el que se comparte y promueve en espacios como el Congreso de Investigación + Innovación en Sostenibilidad (SRI) a desarrollarse en junio en la ciudad de Panamá. Allí se procurará generar un compromiso entre los investigadores y gestores de la sostenibilidad para comprender mejor, no sólo los procesos de transformación, sino la forma en que éstos pueden ser activados.

Si seguimos pensando que los problemas ambientales como la pérdida de biodiversidad y el cambio climático están “fuera” nuestro, perderemos la posibilidad de descubrir y utilizar las poderosas soluciones que tenemos “dentro” nuestro.

La resaca conservadora en Chile

Claudio Fuentes
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La resaca conservadora en Chile

Coautora Aurora Rozas M.

¿Cómo explicar que de una ola progresista se pase abruptamente a una resaca conservadora en Chile? ¿Cómo entender el resultado aplastante de la derecha en la elección de los consejeros del Consejo Constitucional que escribirá la nueva propuesta de Constitución? La obligatoriedad del voto incorporada en el plebiscito de salida es una variable significativa de la que poco se sabía. Entre 2009 y 2021 la voluntariedad del voto se tradujo en que cerca de la mitad de la población no manifestara su voluntad en las urnas, lo que generó una desconexión profunda con el proceso político electoral. En general, se trata de personas desafectadas de las disputas ideológicas que poca esperanza tienen en que la política sea el camino para resolver sus problemas.

Hay que tener en cuenta que en Chile hay un sector votante relativamente leal o “duro” en cada sector del espectro político. La centro-izquierda ha movilizado entre cuatro y seis millones de personas en los últimos ciclos electorales. Casi seis millones apoyaron la idea de establecer una nueva Constitución, sin embargo, menos de cinco millones aprobaron la propuesta constitucional de la Convención que finalmente resultó rechazada. En la elección de este nuevo Consejo Constitucional la centro-izquierda obtuvo poco más de tres millones y medio de votos. 

En la derecha, las cifras han sido algo más oscilantes, Si bien para la elección de convencionales en 2021 la derecha obtuvo poco más de un millón de votos, a fines de ese mismo año el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, volvió a alcanzar el apoyo de más de tres millones y medio de personas.

En el plebiscito de salida del año 2022, donde participó el 86% de la población habilitada para sufragar (13 millones), casi ocho millones se inclinaron por el rechazo y menos de cinco millones lo hizo por el apruebo. Ahora, en esta nueva elección de consejeros constitucionales los números de participación son similares, 85% de los electores ejerció su derecho a voto (12,8 millones), de los cuales 5,5 millones se inclinaron por opciones de derecha, y 3,6 por opciones de centro-izquierda. Llama la atención el aumento significativo del voto nulo y blanco que representó dos de cada diez votos.

Parte de la explicación del resultado del domingo se debe a los cambios en las reglas electorales, las que introdujeron un importante caudal de votantes que no estaba involucrada con la discusión política nacional. Conectar con estos ciudadanos representa un desafío relevante para las fuerzas políticas con intención de construir mayorías sociales.

Pero la incorporación de nuevos electores no explica del todo la presente ola conservadora. ¿Por qué las mayorías se están inclinando por opciones de derecha? ¿Por qué la derecha tradicional pierde terreno frente a un partido nuevo y emergente como el Partido Republicano que nació hace menos de una década de la mano de José Antonio Kast?

Existen dos explicaciones complementarias. Lo primero tiene que ver con una sociedad que está cansada o hastiada de “los mismos de siempre”, lo que se traduce en un voto con un componente destituyente fuerte. El Partido Republicano y el Partido de la Gente son dos fuerzas políticas emergentes que no han tenido responsabilidades de Estado y que en su conjunto aglutinaron a cuatro de cada diez de quienes marcaron una preferencia electoral. Dichos partidos se basan en un relato anti-política tradicional y se presentan como los voceros y defensores de las preocupaciones y urgencias de la gente.

Esto nos lleva a una segunda explicación. El Partido Republicano ha centrado su acción política en temas de alta sensibilidad como el temor a la delincuencia, la crisis migratoria y las preocupaciones económicas. Además, el partido fue asertivo en fijar los marcos de la conversación ya que la campaña no giró en torno al desafío de escribir una nueva Constitución, sino a los problemas de la población que no tienen un componente constitucional directo. Se trata de un discurso que prioriza la seguridad, conservador desde el punto de vista de los valores, y retóricamente anti-establishment.

¿Qué implicancias tendrá este resultado para el país?

El consejo constitucional deberá aprobar las normas constitucionales con tres quintas partes de sus integrantes, es decir, con el apoyo de 31 de los 51 consejeros del Consejo Constitucional. El Partido Republicano obtuvo 23 escaños, por lo que sin ellos no es posible aprobar normas dentro del órgano. Si a ello se suman los 11 asientos de la derecha tradicional, el control de la derecha de dicho Consejo es absoluto. Los consejeros de izquierda sumados al consejero indígena solo logran 17 escaños, lo cual los deja al margen de la definición de la nueva Constitución.

Con esta integración, la derecha podría, perfectamente, escribir una Constitución que responda a sus propios intereses e ideología, sin tener que negociar ni una coma con las fuerzas de centro izquierda. No obstante, existe el precedente de la Convención anterior donde las fuerzas de izquierda dominantes no se incluyeron a la derecha, lo cual tuvo como resultado el contundente rechazo de la ciudadanía.

Ahora vivimos una situación completamente opuesta en la que las derechas tendrán la responsabilidad de someter un texto constitucional que deberá ser aceptado por la mayoría del país. Entre junio y diciembre veremos cómo se desplegará la política partisana para hacer realidad una nueva propuesta de Constitución que será sometida al escrutinio ciudadano.

La interrogante es si optará por un texto estrecho que responda solo a los intereses sectoriales o bien se abrirá a un acuerdo más amplio que incorpore las demandas de los sectores progresistas para asegurar la aprobación del texto el próximo diciembre.

Aurora Rozas. Egresada de derecho de la Universidad de Valparaíso. Ayudante del departamento de Derecho Público y de Introducción y Filosofía del Derecho de la misma casa de estudio. Integrante del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Valparaíso.  

¿Cómo enfrentar el incremento de la población carcelaria en América Latina?

Aarón Sánchez
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¿Cómo enfrentar el incremento de la población carcelaria en América Latina?

Actualmente, alrededor de 11.5 millones de personas viven privadas de libertad en todo el mundo. Así lo afirma la última edición de la Lista de la población carcelaria mundial  (WPPL, por sus siglas en inglés), que fue publicada por el Instituto de Investigación de Políticas de Justicia y Crímenes (ICPR, por sus siglas en inglés) de 2021. Tan solo en Brasil hay 800.000 presos, casi el 7% de la población carcelaria mundial, y en México hay más de 220.000. El tercer lugar en la región lo ocupa Argentina, con cerca de 110.000 presos, seguido por Colombia, con 98.000, y Perú, con 88.000.

Según el informe, la tendencia viene incrementándose desde el año 2000. La población carcelaria en las Américas, sin contar a Estados Unidos, cuya población carcelaria es por mucho la más grande, ha aumentado un 138% desde 2000 y ha tenido un alza del 77% en Centroamérica, y del 200% en Suramérica. 

De acuerdo con las Naciones Unidas, la tasa mundial es de 143 reclusos por cada 100.000 habitantes. En ese orden, El Salvador y Cuba presentan las tasas más altas de la región con 564 y 510 presos por cada 100 habitantes, respectivamente.

¿Cómo enfrentar el incremento de las tasas de población penitenciaria en América Latina?

Pese a esta realidad, las recomendaciones de los “expertos” siguen siendo las mismas. El bemol de las alternativas propuestas y de las acciones de seguridad y política penitenciaria es la falta de evidencia empírica de sus argumentos. Por ello, se necesita una mayor formación metodológica y “creatividad” para superar la discusión sobre cómo enfrentar los problemas de seguridad y las crisis carcelarias en América Latina, más allá del malestar, debido a la infraestructura penitenciaria, y la recomendación para edificar más cárceles.

Sin estrategia ni planeación, los nuevos centros se llenarán sin excepción. Por otra parte, la idea de la reinserción debe superar sus limitaciones y fracasos para construir una nueva realidad a partir de acciones concretas que trasciendan el discurso.

Algunas medidas podrían ser el incremento del uso de medidas no privativas de libertad en todas las etapas del proceso de justicia penal, a fin de eliminar su nexo con el sistema durante las intervenciones de justicia penal existentes. Como ejemplo de buenas prácticas en este sentido, durante 2022, en México, el programa de Libertades, por causas humanitarias, sumó más de 3.000 liberaciones anticipadas y amnistías a internos por delitos no graves, que no pudieron pagar una defensa y que estaban en condiciones de vulnerabilidad.

Otra medida podría ser la optimización de los presupuestos y costos de infraestructura de las instalaciones penitenciarias. Esto, sin vulnerar los niveles de seguridad y custodia, pero sí priorizando la atención a las condiciones de vida de los presos y tanto la protección como el ejercicio efectivo de los derechos de la población interna, el personal y sus visitantes.

Además, podrían aplicarse estrategias de seguridad que se basen en la transparencia y la institucionalización de normas, protocolos, procedimientos y prácticas, que permitan, a su vez, el cumplimiento de los objetivos y la supervisión, conforme a indicadores de desempeño que puedan ser evaluados y que formen parte de un proceso continuo. También se debería incrementar el personal y desarrollar programas de capacitación para atender y enfrentar las necesidades que garanticen la gobernabilidad y seguridad en los establecimientos penitenciarios, así como el empleo de diferentes intervenciones para la reinserción.

Los proyectos de Cárceles Productivas se encuentran multiplicándose en América Latina como una exitosa alternativa de intervención durante la ejecución penal. Hay casos de éxito en Costa Rica, Colombia, Argentina y México, entre otros. Estos presentan iniciativas que se destacan por la coordinación y “corresponsabilidad” entre el sector privado, organismos no gubernamentales y la administración pública. Finalmente, se deberían incorporar opciones de intervención que se fundamenten en enfoques diferenciados para la atención y protección de los derechos humanos de los presos.

En el prefacio de su obra El futuro de las prisiones (1978), Norval Morris establece una aguda crítica a la crisis de la prisión, pues afirma que en los dos siglos transcurridos ha fracasado en sus propósitos con relación a la rehabilitación, hoy conocida como reinserción. “Las cárceles tienen escasos amigos; el descontento en ellas es cosa generalizada. A menudo son escenarios de brutalidades, violencia y conflictos raciales”.

En este sentido, valdría la pena plantear una moderna reforma penitenciaria que sea alternativa al viejo modelo de la prisión. Un esquema que por fin atienda la expectativa de llevar la legalidad a la prisión, más allá del desgastado concepto de reinserción, el cual garantice un sistema de justicia sobre la base del derecho a la inclusión de las personas que, como consecuencia de décadas de exclusión y desigualdad, han vivido la vulnerabilidad de sus derechos en libertad y que actualmente se vuelven ejércitos de “los otros” presos, manteniendo y manifestando por diferentes vías su rechazo.

Es necesaria una reforma que impulse la protección de los derechos humanos y salvaguarde el principio de dignidad humana de los reclusos en el sistema de justicia de ejecución penal, pero sobre todo fuera de este. Esta aspiración no es solo un deseo, sino una esperanza para las naciones latinoamericanas, que afrontan desafíos y cambios que requieren el trabajo y la cooperación de todos los que intervienen en él. 

De este modo, se anhela, si no el final de la encrucijada, sí la capacidad, fortaleza y, en especial, el ánimo y la esperanza para seguir trabajando en un sistema de justicia que beneficie la convivencia y la construcción de la paz.

Petro, Biden y la transición energética latinoamericana

Leonardo Stanley
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Petro, Biden y la transición energética latinoamericana

En su reciente visita a Estados Unidos, Gustavo Petro coincidió con Joe Biden en destacar la urgencia del problema climático. En la declaración conjunta, ambos líderes se comprometieron a trabajar en pos de la interconexión eléctrica de las Américas, lo cual fomentaría un mercado regional para las energías limpias y reduciría la dependencia de los combustibles fósiles.

Para Petro, la cumbre fue un espaldarazo a su ambiciosa política de transición energética. Colombia es el primer país petrolero en plantear la prohibición a nuevos proyectos de prospección petrolera. Según un informe del Ministerio de Minas y Energía, Colombia cuenta con 381 acuerdos vigentes, de los cuales 118 están en etapa de exploración, lo que garantiza la autosuficiencia energética hasta 2042. Las autoridades también se han comprometido a dejar atrás la minería de carbón, que es de gran relevancia en ciertas regiones del país.

La actividad minera y petrolera supone el 8% del producto bruto interno de Colombia. Por ello, la transición es un gran desafío macroeconómico. Pero, más temprano que tarde, estos activos quedarán varados, lo que implicaría fuertes costos económicos por la pérdida de empleo y la caída en el nivel de actividad, con su consiguiente costo fiscal, si no también financiero. Todo ello obliga a quien gobierna a planificar la transición, no demorar el proceso y ejercer un papel activo en la transformación.

Colombia está intentando emplear una nueva política que escape a la tan mentada división entre izquierdas y derechas. En América Latina, ni los Gobiernos de tinte neoliberal, como el de Guillermo Lasso en Ecuador, ni los de orientación neodesarrollista como el de Alberto Fernández en Argentina, han logrado superar el esquema extractivista que caracteriza a la región. Tampoco han sabido redirigir fondos hacia la transición, por lo que los capitales siguen financiando proyectos de exploración y explotación petrolera.

Por otro lado, países como Uruguay, Costa Rica, Chile y Colombia avanzan hacia un nuevo modelo energético. En este contexto, es fundamental que la idea de Petro resulte exitosa y, en consecuencia, el papel que podría desempeñar el Gobierno estadounidense en dicho proceso.

La transición también es beneficiosa en lo social. De acuerdo con el último informe económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de aquí a finales de la década, la transición puede crear uno de cada diez empleos. Avanzar con la transición implica, asimismo, recrear un nuevo modelo de industrialización, ir hacia cadenas de valor electrointensivas y atraer inversiones que prioricen la innovación verde.

Tanto Petro como Biden destacaron la necesidad de avanzar con la transición. A fin de ayudar, EE. UU. debería rever su política hacia Latinoamérica y seducirla, no con palabras, sino con fondos y brindando tanto asistencia como cooperación en materia tecnológica. Ricos en minerales estratégicos, los países de la región, por su parte, deben adecuar la legislación en materia de inversión extranjera, dejando atrás la mirada cuantitativa, reintroducir cláusulas de transferencia tecnológica y alentar la conformación de joint-ventures.

El temor al humor de los mercados no puede llevarnos a relegar soberanía en materia energética, ni a mantener la cuenta de capital indiscriminadamente abierta a la llegada de fondos para que terminen alimentando una burbuja financiera verde. Al contrario, se debería instaurar un banco de desarrollo verde.

El contexto global ha cambiado. La geopolítica ocupa un lugar preponderante en las decisiones políticas tanto como de las empresas. El futuro es profundamente incierto, lo cual implica reconsiderar el papel del Estado y entender que este debe liderar el proceso de transición energética. Sin embargo, la urgencia climática impone una mayor cooperación entre naciones y una nueva actitud de EE. UU. con respecto a la región.

Algo similar sucedió con la llegada de Franklin D. Roosevelt en 1933, quien en su discurso de asunción planteó una nueva aproximación a Latinoamérica. Así, comenzó a percibirse el surgimiento de una nueva perspectiva en materia de política económica, por lo que se dejó atrás la visión liberal que impregnaba la mirada de las misiones monetarias del Sistema de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) que llegaban a la región. Se fue introduciendo una nueva aproximación al desarrollo.

Hace pocos días, Larry Summers, uno de los economistas más escuchados por el establishment político de Washington, se preguntaba (en un mensaje de Twitter) por el creciente desinterés de los políticos latinoamericanos por EE. UU. En un diálogo reciente, un grupo le planteó: “Mira, me gustan más tus valores que los de China. Pero la verdad es que cuando nos relacionamos con los chinos, nos dan un aeropuerto. Y, cuando nos comprometemos con ustedes, obtenemos una lección”. 

Así como sucedió en el pasado, sería bueno que la administración Biden avance hacia una especie de “green new deal neighbor policy”, y que los “spin doctors” transformen sus recetas en paquetes de financiamiento verde. La región necesita ir hacia un modelo de producción limpio y olvidar la explotación petrolera. Con su conocimiento, tecnología y fuentes de financiamiento, EE. UU. puede ayudar a la región.

No obstante, ello no debería conllevar nuevos condicionamientos a los Gobiernos de la región, ni tampoco imponer prohibiciones sobre otras alianzas, si estas permiten avanzar hacia un mundo más justo, sin petróleo. Las prohibiciones y los bloqueos deberían imponerse sobre los flujos de capital que llegan a la región para financiar nuevas exploraciones petroleras y para que los incentivos se alineen con la transición verde.

América Latina y la política exterior feminista

Bruna Soares de Aguiar
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América Latina y la política exterior feminista

En 2014, Suecia fue el primer país en anunciar una política exterior feminista (PEF). Sin embargo, en octubre de 2022, la coalición de derechas ganó las elecciones en el país nórdico, y desde entonces, lo que había sido el espejo de varios planes de acción feminista, dejó de figurar en el selecto grupo de acciones exteriores de carácter notablemente feminista. 

Nueve años después de la innovación de asumir un paradigma feminista en las relaciones internacionales, solo México (en lo que respecta a América Latina) se ha embarcado en el intento de cambiar, al menos en la nomenclatura, los caminos que pretende seguir en el sistema internacional. México, un país en el que 7 de cada 10 niñas menores de 15 años fueron víctimas de violencia de género en 2022, anunció que integraría la perspectiva feminista en sus articulaciones con el exterior, aunque esto genere muchas controversias. Sin embargo, los países europeos que también han declarado la adopción de una PEF no presentan una trayectoria coherente con las perspectivas feministas, como es el caso de Francia, Alemania y, en América del Norte, Canadá.

En este sentido, el principal desafío de la política exterior feminista en este momento es desprenderse de la idea de que es sinónimo de políticas de igualdad de género y, sobre todo, dejar de ser una aparente estrategia discursiva de los Gobiernos. Así, lo que hay que cuestionarse es si, de hecho, en los últimos nueve años, algún país ha ejecutado una política exterior feminista más allá de la adjetivación.

«El peligro de una historia única»

Como bien ha señalado la escritora feminista Chimamanda Ngozi Adichie, estamos acostumbrados a escuchar una sola versión de los hechos y asumirlos como verdades incontrovertibles, sobre todo si las cuentan quienes ejercen el poder. Por eso, cuando un país nórdico que figura en los principales rankings de igualdad de género anunció un manual de política exterior feminista, asumimos este camino no solo como posible y necesario, sino también, en muchos casos, como el único.

En un intento por denominar feministas a sus políticas, los Estados acaban adjetivando las políticas de igualdad de género como feministas. Acaban, en cierta medida, cooptando los feminismos en un proceso de promoción de acciones que son históricas y tradicionales en las relaciones internacionales, y que no cuestionan en absoluto las estructuras de desigualdad entre hombres y mujeres, la distribución desigual del poder y la escasez del debate sobre la diversidad sexual y de género, el racismo y el colonialismo en el sistema internacional.

Aquí no se trata de negar los evidentes efectos positivos del aumento del número de mujeres en los Parlamentos, consulados y embajadas, así como en otros puestos de poder en los Estados y Gobiernos. Sin embargo, es necesario ir más allá.

En Brasil, durante las elecciones de 2022, se habló mucho de la posibilidad de tener finalmente una mujer al frente de Itamaraty. No fue así. La decepción del primer momento dio paso a la esperanza con el anuncio de Maria Laura da Rocha como secretaria general. Recién en 2023 tuvimos la primera mujer en un cargo de liderazgo en nuestro sistema de relaciones exteriores. ¿Cómo dar el paso hacia una PEF? Tal vez, en este caso, sea importante valorar la necesidad de cambios estructurales, pero también (re)contar la historia y las posibilidades del ejercicio de los feminismos como paradigmas de las relaciones exteriores.

El objetivo aquí no es presentar «cómo implementar una PEF en 10 pasos», sino proponer una reflexión sobre los aportes que pueden y deben construirse a partir de la experiencia de Latinoamérica y, en particular, de Brasil.

La historiografía del movimiento feminista internacional es narrada a partir del protagonismo de las luchas en Estados Unidos y Europa, sin embargo, en América Latina las mujeres fueron y son activas en las luchas por ocupar y mantener los espacios públicos en sus territorios. La diferencia radica en, precisamente, la forma en que luchan. Hay que apelar a las reflexiones decoloniales, ya que en la región ha habido y hay un proceso de epistemicidio, es decir, una práctica constante de borrar los aportes que no son producidos en los países centrales o por las élites. De esta forma, lo que solemos entender como suficiente para el empleo de una PEF termina siendo, una vez más, una (re)producción de procesos de igualdad de género constituidos a partir de contextos específicos que, en muchos casos, poco se parecen al nuestro.

La estructura gubernamental de Brasil es el resultado de un largo proceso de colonización y colonialismo interno, en el que hombres blancos experimentados (en el sentido de mayor tiempo vivido) definen los caminos que debemos seguir. Esto no quiere decir que sea diferente en Europa, pero en un momento dado se percibió que una pequeña dosis de derechos sociales podría contribuir al proyecto de poder vigente. Esto no ha ocurrido aquí porque los derechos sociales no favorecen la dominación.

Así que, por mucho que Brasil haya elegido un gobierno que es, hasta cierto punto, progresista, el país sigue estando limitado en las estructuras de la única historia que conocemos y (re)contamos sobre la igualdad de género. Los últimos cuatro años no han sido solo de regresión, sino también de ampliación, ascensión y liberación del conservadurismo colonial brasileño. Esto significa que, incluso para avanzar en políticas de igualdad de género, las estructuras son más duras y resistentes. Imaginar una política exterior feminista a estas alturas puede ser utópico, sobre todo si se piensa partiendo del modo europeo.

La contribución de Brasil, en primer lugar, debería ser el desarrollo de una PEF que realmente revise la estructura de su pasado y presente colonial. ¿Cómo abordar una política feminista en un Ministerio de Relaciones Exteriores predominantemente blanco, masculino y heterosexual? ¿Cómo integrar a las mujeres en posiciones de liderazgo en consulados y embajadas, cuando la visión de la sociedad, en muchos casos, es el resultado del propio proceso de construcción de la élite brasileña importada de Europa?

Cuando en un debate presidencial, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que no elegiría a sus ministros por raza y género, sino por capacidad, reveló lo que necesitamos revisar antes de aplicar una PEF en Brasil: nuestras raíces. Hasta que no asumamos, o seamos capaces de asumir, que no se trata de capacidad, sino de representatividad, inclusión y diversidad, las estructuras no serán cuestionadas, y será muy difícil tener una política exterior feminista más allá de los discursos.

¿Por qué Rusia apoya a Venezuela?

Roberto García Alonso
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¿Por qué Rusia apoya a Venezuela?

Coautor Ulf Thoene

Rusia ha sido un aliado crucial de Venezuela a lo largo de su compleja crisis, con la que ha establecido sólidas relaciones políticas, económicas y culturales. En numerosas ocasiones, Rusia ha manifestado su respaldo a Venezuela, consolidándose como su aliado más firme y poderoso, aunque ya existían estrechos vínculos entre Vladimir Putin y Hugo Chávez antes de que la crisis venezolana se desencadenara bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

¿Qué motiva el apoyo de Rusia a Venezuela?

La presencia rusa en Latinoamérica no se limita a un solo país. A pesar de que la política exterior rusa prestó escasa atención a América Latina durante la década de 1990, desde 2003 su presencia se ha intensificado, especialmente en Cuba, Nicaragua y, sobre todo, Venezuela, que se ha convertido en su aliado más importante en la región.

Por un lado, las explicaciones estructurales, predominantes, destacan las consideraciones geopolíticas, el equilibrio de poder y las condiciones militares como factores clave en la política exterior rusa. Por otro lado, los enfoques constructivistas subrayan el papel crucial de las ideas y creencias en la narrativa de la política exterior del presidente ruso Putin. De acuerdo con estas perspectivas, la política exterior rusa se ve afectada y debilitada por las relaciones con un Occidente hostil, particularmente Estados Unidos y los estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que buscan limitar y controlar los intereses rusos en el extranjero.

No obstante, ambos enfoques presentan dificultades y resultan insuficientes al analizar una política exterior rusa hacia América Latina que es multifacética. A pesar de sus valiosas aportaciones, estos estudios tienden a enfocarse en aspectos o dimensiones específicas de una de las siguientes áreas: diplomática, informativa, militar o económica. Un estudio reciente indica que la política exterior de un estado se caracteriza principalmente por dos elementos centrales. Estas políticas se diseñan para alcanzar un conjunto de objetivos, pero debido a las limitaciones de recursos, el abanico de opciones de actuación internacional dependerá de los recursos disponibles y los beneficios esperados. Bajo esta perspectiva, cualquier alianza implica costos.

Es cierto que los estados más poderosos cuentan con más recursos y capacidades para generar cambios deseados en el status quo, y que intentarán ejercer su influencia sobre los estados más débiles. Sin embargo, las alianzas asimétricas- entre estados débiles y fuertes- pueden brindar a los más pequeños un soporte vital y a los más fuertes ayudarles a obtener apoyo político o de otro tipo.

Rusia ha brindado apoyo diplomático a Venezuela en varios foros internacionales, bloqueando en múltiples ocasiones iniciativas multilaterales dirigidas a sancionarle o imponerle embargos. Además, Rusia ha expresado gran preocupación por la interferencia externa en los asuntos internos de Venezuela, lanzando advertencias ante la posibilidad de usar la fuerza en detrimento de la integridad territorial y la independencia política venezolana. A cambio de este claro respaldo, Rusia obtiene beneficios tangibles.

A pesar de que los gobiernos de Rusia y Venezuela comparten un interés en desafiar y debilitar el poder de Estados Unidos, este vínculo ideológico se alinea con intereses geoestratégicos concretos. De hecho, las dos áreas principales de la política exterior rusa en Venezuela son la energía y la venta de armas, que recientemente se han visto fortalecidas y ampliadas por los aspectos mediáticos y culturales de la política exterior.

Las compañías petroleras rusas participan en importantes proyectos de exploración de petróleo y recursos minerales en Venezuela, incluyendo las valiosas tierras raras. Este país sudamericano se ha convertido en uno de los principales compradores de armas y sistemas de armamento rusos. Además, Venezuela ha brindado temprano apoyo oficial a las acciones de Rusia en Ucrania y se ha posicionado en contra de la respuesta defensiva de la OTAN.

Por otro lado, las significativas asignaciones presupuestarias destinadas a la financiación militar en Venezuela han contribuido a mantener los privilegios de su élite militar. Al mismo tiempo, Rusia ha desempeñado un papel crucial como proveedor de bienes esenciales para cubrir las necesidades básicas del pueblo venezolano.

La inversión y los préstamos de Rusia han sido fundamentales para mantener a Nicolas Maduro en el poder y lo siguen siendo de cara a las elecciones presidenciales de 2024. No obstante, la abultada deuda venezolana con Rusia, el incumplimiento en sus pagos, la inestabilidad y el deterioro de la situación política, son factores negativos para el statu quo y podrían afectar la asignación de recursos. A pesar de esto, por ahora, una ligera mejora en las relaciones con Estados Unidos y la guerra en Ucrania parecen haber aliviado la tensión en el gobierno de Nicolas Maduro.

Una versión más extendida de este análisis puede consultarse aqui

Ulf Thoene  ( @UlfThoene) es Profesor Asociado en la Universidad de La Sabana, Colombia. Doctor en Derecho y Sociología de la Universidad de Warwick, Reino Unido.

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