Consulta popular en Ecuador: ¿se cierra el ciclo de la antipolítica?

Julio Echeverría
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Consulta popular en Ecuador: ¿se cierra el ciclo de la antipolítica?

El próximo febrero, Ecuador ensayará un nuevo ejercicio de reforma política para modificar los equilibrios entre democracia participativa y democracia representativa que están establecidos en la Constitución de 2008. Ahí se indicó una quinta función del Estado, la de transparencia y control social, mediante la cual se sustituye a la legislatura en cuanto a la función de designación de titulares de los órganos de control. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que asumió estas funciones, se mostró ineficiente y vulnerable a todo tipo de presión. La consulta popular convocada por el Gobierno para este 5 de febrero apunta a la modificación de esta situación. Sin embargo, el camino adoptado parecería no ser el más idóneo. 

La Constitución del 2008 establece tres modalidades de cambio político constitucional: la reforma, que es tratada por la Asamblea y que requiere, para su aprobación, las dos terceras partes de los que la integran; la enmienda, que es tratada mediante plebiscito o consulta popular; y la Asamblea Constituyente. Las dos primeras no pueden cambiar la estructura del Estado ni afectar derechos, mientras que la tercera sí puede introducir modificaciones de esta profundidad.

Una reforma de fondo tendría que ver con la instalación de una Asamblea Constituyente, pero el régimen descarta esa posibilidad y opta por un camino que combina las modalidades de la reforma y la enmienda constitucional. Las preguntas se agrupan en tres grandes ejes temáticos: seguridad, institucionalidad y ambiente. Las primeras dos están dirigidas hacia el fortalecimiento del Estado en la lucha contra el crimen organizado a través de la introducción de la extradición en casos de delitos transnacionales y el fortalecimiento de la Fiscalía. Para ello, fomenta su autonomía respecto del Consejo de la Judicatura.

Las preguntas tres y cuatro apuntan hacia la reducción del tamaño de la Asamblea y a la exigencia de mayores requisitos para la inscripción de movimientos locales, con el fin de disminuir la fragmentación política y el localismo. Las preguntas cinco y seis están dirigidas hacia la modificación de los procesos selectivos en la integración del CPCCS, así como también de los órganos de control (Contraloría, Procuraduría, Defensoría Pública, Consejo Electoral, Consejo de la Judicatura, Superintendencias y otros). Finalmente, las preguntas siete y ocho se orientan hacia el mejoramiento de la gobernanza ambiental mediante el control de las fuentes hídricas y la compensación para los que protegen los bienes ambientales.  

La consulta parecería advertir que el problema central de la institucionalidad radica en los déficits de capacidad selectiva del sistema político. En la actualidad, los actores políticos no son funcionales al incremento del poder decisional para reducir las asimetrías sociales, generar bienestar y crecimiento de la economía. Las decisiones que adopta la Asamblea responden a intereses particulares de grupos de poder y, en muchos casos, a estructuras mafiosas o delincuenciales. El diseño institucional genera fragmentación y no es proclive a la producción consensual de la política.

El mismo problema, pero en otro grado institucional, se presenta al tener que definir las lógicas del control político. El diseño garantista pone énfasis en el derecho de acceso al proceso decisional, genera la impresión de que el sistema está abierto a fortalecer la democracia participativa y a recibir la participación de ciudadanos interesados en integrar los órganos de control, pero, al hacerlo, termina descuidando la responsabilidad en cuanto a la toma de decisiones, el ciudadano que los integra es responsable solo frente a sí mismo y no frente a la sociedad o a las instituciones que la conforman.

La escasa legitimidad de origen de funcionarios de estas instancias los vuelve sujetos influenciables por poderes de hecho que no derivan de la representación política, lo que termina por bloquear el funcionamiento institucional o, en su defecto, por judicializar a la política, al usar indiscriminadamente los recursos garantistas de protección de derechos. La línea antirrepresentación presente en la Constitución de Montecristi aquí revela la gravedad de sus efectos.

Si bien se reconoce la pertinencia de los temas y de las preguntas, los cambios y modificaciones planteados por la consulta no son claros y contundentes, ello se aprecia tanto en la tímida reforma al sistema de organizaciones políticas como en la ambigua y poco decidida traslación hacia la legislatura de las competencias del CPCCS; se mantiene la dicotomía entre partidos nacionales y movimientos locales, la reforma apunta más a lo cuantitativo que a lo cualitativo; no es suficiente reducir el tamaño de la legislatura o exigir umbrales de afiliación a los movimientos. Se trataría en todo caso de eliminar dicha dicotomía y fortalecer a los partidos como monopolios de la representación, incentivar su presencia en los ámbitos locales para reducir el localismo y el clientelismo, pero la consulta no define con claridad estos aspectos sustantivos y cruciales en la operación selectiva del sistema político.

Lo recomendable sería repotenciar la legitimidad de origen en los procesos de nominación de autoridades de control, en los cuales la legislatura pueda recobrar protagonismo, y trabajar en la reconfiguración de la representación, cerrando, sin embargo, el ciclo de la antipolítica que caracterizó al diseño institucional de Montecristi.

Todo ello supondría determinar con más claridad el papel de la sociedad civil (Academia y colegios profesionales), que podría fungir como instancia o filtro de mediación técnica y profesional, para que, conjuntamente con mecanismos de impugnación ciudadana abierta, se mejoren las capacidades selectivas del sistema. No obstante, estas líneas de reforma no aparecen adecuadamente formuladas en la consulta.

Es probable que la reforma institucional deba esperar mejores condiciones, con el objeto de posibilitar un examen más concienzudo de todo el entramado institucional, pero ello requeriría de una Asamblea Constituyente, que, en las condiciones actuales, parecería inviable.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Los jueces también hacen política

Fernando Barrientos
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Los jueces también hacen política

El 21 de diciembre de 2022, el académico de la UNAM, Guillermo Sheridan, demostró que la actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de México, Yasmín Esquivel, había plagiado totalmente una tesis de licenciatura con la que obtuvo el título de abogada en 1987. En los días que siguieron, Esquivel lo negó de manera sistemática, pero en el repositorio digital de la UNAM, que contiene todas las tesis, se podía corroborar el plagio. 

Finalmente, el 11 de enero la universidad confirmó que la ministra obtuvo su grado de forma fraudulenta y en colusión con su asesora de tesis. Sin embargo, la misma universidad señaló que la Secretaría de Educación Pública, autoridad del Estado encargada de reconocer los grados académicos, es el organismo que puede retirar el título.

En casi todo el mundo el poder judicial es monopólico disciplinar; solo los que tienen un título en derecho pueden acceder a la carrera judicial. Un título académico demuestra una formación y habilita a una persona para ejercer una profesión, pero, si se obtiene de manera fraudulenta, toda esa carrera habrá sido una simulación. 

Por ello, este no es un caso más de plagio académico. Se trata de una magistrada de la corte suprema, uno de los cargos más importantes del Estado, y su legitimidad se basa tanto en el proceso formal para designarla como en su carrera y reputación.

Esquivel, sin embargo, es esposa de José María Riobóo, uno de los principales contratistas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y muy cercano desde que gobernó la Ciudad de México. Esta condición, y no tanto su carrera, le permitió a Esquivel el que el Ejecutivo la propusiera para ocupar el cargo de ministra de la SCJN. Así, su caso pone bajo la lupa la legitimidad de los jueces, el peso de sus decisiones, el importante papel político de las instituciones judiciales como garantes del Estado de derecho, pero también los peligros de la politización de la justicia.

Los jueces no son la boca de la ley

Los jueces hacen política, pues sus acciones y decisiones influyen decisivamente en el sistema político. La sentencia de Montesquieu, “los jueces son la boca por donde habla la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni su fuerza ni su rigor”, es una visión equívoca, y desafortunadamente muy difundida.

Las leyes nacen en los Parlamentos y, por lo tanto, son un producto político con objetivos y fines. Para que las leyes funcionen y para que su aplicación sea justa, tienen que construirse buscando el bien general, y, aun así, pueden ser manipuladas. De ahí que el papel de los jueces sea fundamental. ¿Cuándo contribuye la actuación de los jueces al mejoramiento de la democracia? La respuesta es: cuando legítimamente hacen valer el Estado de derecho.

En diciembre de 2022 un tribunal penal de Argentina condenó a Cristina Fernández, vicepresidenta y líder del grupo actual en el poder, a seis años de prisión por corrupción durante sus dos gobiernos. Durante el proceso y, a pesar de las pruebas en su contra, Fernández nunca dejó de considerarse víctima de una “mafia judicial”.

En Brasil, la operación Lava Jato llevó en 2014 al descubrimiento de una red de lavado de dinero que comprendió a más de cuarenta políticos y a funcionarios de Petrobras, la mayor empresa petrolera de ese país. Como consecuencia de la mala aplicación de las leyes y de las presiones indebidas hacia los jueces, pero también de la corrupción de algunos de ellos, el caso se politizó hasta el punto de encarcelar al ahora y otra vez presidente Luis Ignácio Lula da Silva. En 2019 la sentencia fue revocada y el caso Lava Jato quedó en entredicho.

Partiendo de las investigaciones a Odebrecht, empresa constructora brasileña que sobornaba para ganar contratos de obra pública, se juzgó y encarceló a políticos y a funcionarios de varios niveles de, entre otros países, Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Venezuela.

Pero las situaciones varían de país en país. En casos como Perú, donde entre las personas investigadas están los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pablo Kuczynski, la justicia ha sido contundente y ha enjuiciado a políticos de todas las orientaciones políticas. Mientras tanto, en México, Emilio Lozoya, funcionario de alto nivel muy cercano al expresidente Enrique Peña Nieto y con numerosas acusaciones y evidencia de actos ilícitos, goza de libertad condicional.

El sistema judicial es un poder de control de otros poderes. Por ello, en América Latina los políticos, particularmente los presidentes, han tratado de someterlo. La designación de los más altos cargos judiciales en casi todos los países de la región es un proceso político en el que muchas veces cuenta poco la carrera judicial y el prestigio.

El reconocimiento del papel político de los tribunales y las cortes supremas se debe a los procesos de democratización que llevó a la creación de nuevas Constituciones o a profundas reformas constitucionales para afirmar derechos políticos, sociales, económicos y culturales. No es que antes fueran pasivas y ahora sean activas, sino que la democratización amplió su papel como protectora de tales derechos. Sin embargo, cabe destacar que también favoreció la judicialización de la política, ya que la resolución de asuntos, que antes se decidían en la arena política, ahora se resuelven por la vía judicial.

El Judicial es un poder que no obtiene su legitimidad de las urnas, la ciudadanía acepta las decisiones judiciales porque confía en que los jueces cumplen los requisitos que marca la ley y que su formación y desempeño aseguran que tales decisiones se apegan a los principios de derecho y están orientadas hacia la búsqueda de la justicia.

En casi cualquier país, si se descubre que un médico hizo trampa para obtener su grado, inmediatamente se le retira de su función, independientemente de su historial. ¿Por qué no puede suceder lo mismo con un abogado?

La ministra Esquivel obtuvo su título, consciente de que estaba cometiendo un fraude. Ahora, al permanecer en el cargo, pone en riesgo la legitimidad de la SCJN y de todo el andamiaje del sistema judicial mexicano. Cualquier decisión de la corte sobre casos similares a los mencionados anteriormente, que comprenda temas socialmente delicados y políticamente relevantes, estará cubierta por un velo de sospecha antes de siquiera conocerse el veredicto. La SCJN ya no tendrá el prestigio que debería tener, pues sin legitimidad, la legalidad de las decisiones judiciales estará en tela de juicio.

Brasil debe buscar soluciones pactadas para evitar las desgracias del pasado

Hamilton Garcia de Lima
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Brasil debe buscar soluciones pactadas para evitar las desgracias del pasado

El nuevo gobierno de Lula -su tercero y el quinto del Partido de los Trabajadores- ha comenzado su luna de miel con los votantes anunciando la reactivación de políticas de Estado que habían sido descuidadas o saboteadas por el gobierno anterior. Además, ya se ha empezado a poner en orden el presupuesto público, tras la orgía de beneficios otorgados por Bolsonaro para intentar ganar las elecciones. Esto debería garantizar a Lula un inicio de gobierno sin grandes sobresaltos por falta de recursos. Pero a pesar de las promesas de Lula de no aumentar los gastos de personal ni perder de vista el enfoque programático, la gran cantidad de ministerios repartida entre su amplia base de apoyo parlamentario, ahora transformada en «frente amplio», huele al pasado.

El área estratégica de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, se encomendó a una dirigente del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) que no tiene antecedentes en la materia. Lo mismo puede decirse de las áreas de Comunicaciones y Turismo, que fueron asignadas al partido Unión Brasil; de las áreas de Minas y Energía y de Pesca, a cargo del Partido Social Democrático (PSD); Ciudades, para el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) y las áreas de Desarrollo Agrario y Gestión a miembros del Partido de los Trabajadores (PT). En todos estos casos, los elegidos parecen carecer de la experiencia necesaria para afrontar con eficacia, desde el inicio, las respectivas exigencias de sus carteras en un Gobierno que habla de «urgencias» y de no tener «espacio para equivocarse».

Esta práctica no es exclusiva del PT. Es un problema estructural de la democracia brasileña, responsable, en gran parte, de su mal funcionamiento, ya que empodera facciones políticas, disfrazadas de partidos, sin compromiso con el bien público. El problema es que la Realpolitik brasileña insiste en despreciar los efectos de tal pragmatismo sobre la propia legitimidad del sistema, atribuyendo los agudos síntomas de su degeneración únicamente a las locuras bolsonaristas y a su prodigiosa máquina de desinformación.

A la ciega autoconfianza del pragmatismo brasileño y su arte de acomodar intereses se suma el ensimismamiento de la izquierda en su eterno juego de instrumentalización de la «lucha democrática». Esta sensación de infalibilidad parece impedirnos tomar plena conciencia de los errores cometidos desde la redemocratización del país. Esto se aprecia en la despreocupación de Lula por el control del gasto público, sin tener en cuenta que el Estado brasileño es un Estado caro -prisionero de oligarquías derrochadoras- que ofrece servicios de baja calidad -como la educación básica, la salud y la seguridad- en medio de una corrupción institucionalizada.

De hecho, gran parte de la calidad de vida de los asalariados depende del acceso a servicios públicos de calidad y no tanto al mercado de consumo, tan destacado en los trece años de gobiernos del PT.

Por otro lado, no es de extrañar que en sus discursos de asunción del mando, Lula no haya tocado el tema de la corrupción y que haya nombrado para la cartera de Integración Nacional a un político condenado por el Supremo Tribunal de Justicia a seis años de prisión por malversación de fondos, según alerta la ONG Transparencia Internacional. El presidente tampoco habló de la eficacia de la máquina gubernamental y de la seguridad pública, como si fueran cuestiones resueltas que no afectan a los más pobres.

Tras el reciente intento de golpe bolsonarista, puede ser que estos temas sean aún menos discutidos por los expertos y los medios de comunicación, a fin de evitar críticas al gobierno tras los fuertes ataques a la democracia y sus instituciones. Sin embargo, estos temas estarán inexorablemente presentes en la vida cotidiana de la población y ningún gobierno tendrá éxito si no los enfrenta, lo cual implica confrontar a los sectores parasitarios que dominan la máquina pública.

Además de los problemas estructurales de Brasil, el nuevo gobierno deberá afrontar el estancamiento económico empeorado por la crisis económica global. Y aquí entramos en la cuestión más delicada para la supervivencia de nuestra democracia: ¿hasta cuándo podremos refinanciar nuestra deuda social mediante deuda pública, sin tomar medidas eficaces para la sostenibilidad del desarrollo económico y social?

A juzgar por los discursos de Lula y del vicepresidente Geraldo Alckmin, este problema ha dejado de ser un tema anacrónico para las élites brasileñas. Sin embargo, la eficacia de su confrontación se ve obstaculizada por la cuestión objetiva del presupuesto público y la planificación, y por la forma en que el sistema político los implementa.

Retomar la senda del desarrollo nos plantea el doble desafío de la presión distributiva y del crecimiento del Estado, frente a múltiples intereses particularistas (corporativos) a nivel de empresas y segmentos estatales. La presión presupuestaria de este tipo de acuerdos se registra en el «techo de gasto» instituido en el gobierno de Michel Temer, tanto porque excluyó de él los costos de la deuda pública, como porque subestimó las necesidades sociales presentes en una democracia.

La solución de este impasse requiere mucho más que lo que parece capaz de ofrecer la concertación democrática en torno al nuevo gobierno. Tanto en lo que se refiere a la elaboración de soluciones efectivas, reuniendo a pensadores y fuerzas políticas de diversas orientaciones, como en la urgencia de enfrentar y resolver la crisis de legitimidad, que pasa por la transformación de las facciones en verdaderos partidos. Estas metas no pueden ser alcanzadas por la política de conciliación tal como se ha establecido históricamente en el país.

En esta etapa de la vida política nacional, la incapacidad del nuevo gobierno para generar y hacer viables estas soluciones pactadas podría ser la sentencia de muerte de la Nueva República. En todos los casos anteriores, una vez que el poder político había agotado su margen de maniobra, el cambio contó con la participación directa de los militares, bien para redefinir los términos del régimen liberal, bien para suprimirlo. Esforcémonos, pues, por producir una solución pactada capaz de evitar las desgracias del pasado.

En este año electoral, ¿se consolidará el ciclo progresista?

Sebastián Godínez Rivera
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En este año electoral, ¿se consolidará el ciclo progresista?

Ha comenzado el 2023 y en este año electoral la región muestra síntomas de tensión. El Perú no ha logrado salir de la complicada crisis institucional desde diciembre del año pasado; Brasil vivió la toma de la sede de los poderes por parte de los partidistas del expresidente Jair Bolsonaro; la economía argentina es víctima de la hiperinflación y el fantasma del autoritarismo recorre la región.

Actualmente, el mapa ideológico se encuentra dividido entre once países gobernados por la izquierda; cuatro, por la derecha, y tres, por el centro. Con estas cifras, hay elementos para argumentar que la región ha vivido un giro hacia la izquierda. No obstante, no sabemos si será fugaz o si se afianzará y durará al menos una década como en la primera ola (2003-2015).

Este año pertenece a lo que el politólogo Daniel Zovatto ha llamado el superciclo electoral, ya que nueve países irán a las urnas. Algunos como Ecuador celebrarán comicios locales, Colombia votará gubernaturas y alcaldías, Chile prevé un nuevo calendario para impulsar otro plebiscito constitucional en diciembre, y México tendrá elecciones en dos entidades del país. Sin embargo, 2023 alberga tres elecciones generales: las de Paraguay en abril; Guatemala, en junio, y Argentina, en noviembre.

Hemos visto en procesos anteriores que candidatos radicales como el chileno José Antonio Kast, o Keiko Fujimori en el Perú, fueron derrotados en las urnas. Sin embargo, la región ha sido testigo del nacimiento de candidaturas antisistema, y la población se ha visto seducida por estas, tal como ocurre en El Salvador, de Nayib Bukele; el Brasil, de Jair Bolsonaro, y los Estados Unidos, de Donald Trump.

Los comicios de Guatemala y Paraguay son significativos para la izquierda latinoamericana si se toma en cuenta que estos países han sido gobernados, generalmente, por la derecha. Las fuerzas progresistas de Paraguay, como el Frente Guasú y el Partido Democrático Progresista, intentarán derrotar al oficialista Partido Colorado, que busca retener el poder y que el país rote hacia la izquierda. Si esta nación cambia la derecha por la izquierda, prácticamente todo el Cono Sur estaría bajo el mando de Gobiernos progresistas.

No obstante, se debe tener en cuenta que si la Presidencia es de izquierda habrá que analizar la conformación del Poder Legislativo. Este es un hecho que cada vez cobra más relevancia, debido a que los candidatos de la izquierda encabezan los Gobiernos, pero los Congresos están dominados por la derecha, un aspecto decisivo al implementar el plan de gobierno.

El siguiente país donde la derecha tiene gran presencia es Guatemala. Este es un caso curioso, ya que desde principios del siglo XXI no ha girado hacia la izquierda, sino que ha tenido presidentes de derecha en mayor o menor medida. El progresismo guatemalteco se aglutina, hasta el momento, en el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que buscará establecer un Gobierno de izquierda. A diferencia de 2019, cuando su protagonismo era mínimo y terminó en un cuarto lugar, ahora las cosas podrían cambiar y hacer que la nación gire a la izquierda por primera vez en este siglo.

Por último, las elecciones generales en Argentina serán la antesala del péndulo político, dado que se definirá si el peronismo retiene el poder o si la derecha lo sacará de la Casa Rosada. El gobierno de Alberto Fernández no ha logrado detener el aumento de la inflación que ha deteriorado la economía familiar. Si bien el triunfo de Argentina en el Mundial representó una bocanada de aire fresco para el país, las disputas para eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) han generado incertidumbre. El desdoblamiento del calendario electoral en catorce provincias y la declaración de Cristina Fernández de que no se presentará como candidata del Frente de Todos han modificado el panorama rumbo a las elecciones.

Argentina podría ser el primer país en el que la izquierda deje el poder en el marco de esta nueva ola de izquierda. Por ello, esta elección será decisiva para el progresismo y la derecha regional. Además, será la antesala del 2024, cuando ocho países vayan a las urnas para elegir a un nuevo presidente. De estos, seis son gobernados actualmente por la izquierda; uno, por el centro, y solo uno, por la derecha. A su vez, Estados Unidos tendrá elecciones presidenciales en 2024, lo cual ejerce un gran impacto político en nuestra región.

Finalmente, en Haití se ha instalado el Alto Comité para la Transición, el cual se encargará de organizar elecciones en 2023, con el objetivo de renovar los poderes. El 9 de enero los últimos diez senadores electos terminaron su encargo; por lo tanto, ya no hay funcionarios electos, y todos han sido nombrados por la emergencia que vive el país desde 2016 cuando se realizaron los últimos comicios, y luego por el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.

Ante este contexto, ¿se terminará de consolidar este nuevo progresismo latinoamericano o la derecha comenzará a ganar terreno nuevamente?

Perú da un giro, esta vez a la derecha

Luis Pásara
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Perú da un giro, esta vez a la derecha

Mientras en la mitad del país siguen las manifestaciones, protestas y marchas, cuyo objetivo es la renuncia de la presidenta y el cierre del Congreso, la respuesta gubernamental comprende los llamados a la calma que ha hecho la mandataria Dina Boluarte y una dura represión por parte de la policía y el Ejército. Esto ha llevado a que, hasta ahora, haya alrededor de cincuenta muertos y centenares de heridos, además de la declaración del estado de emergencia. Así, el gobierno de Boluarte se ha ido alineando al perfil de sus socios del sector de la derecha del espectro político.

En busca de una definición

Hace un mes, luego de que Boluarte asumiera la Presidencia como consecuencia del autogolpe fracasado de Pedro Castillo, el rumbo político del país era más bien indefinido. A mediados de enero la definición se ha ido aclarando luego de haberse hecho un cambio de primer ministro, quien fue reemplazado después de haber pasado apenas once días en el cargo, la multiplicación de protestas y la violenta represión que llevó a tres ministros a renunciar como señal de discrepancia.

Boluarte está apoyada por los grupos de derecha que representan algo más de un tercio de los escaños del Congreso y que han recibido reconocimiento mediante la designación de algunos ministros y altos cargos en el Ejecutivo. La presidenta dirige frecuentes discursos en los que pide perdón por los baleados a manos de las fuerzas del orden y ha hecho suya la propuesta de adelantar las elecciones. Sin embargo, aún se halla pendiente de establecer la fecha de las próximas elecciones generales que se harán en 2023 o en 2024, en lugar de en 2026, dadas las exigencias de los manifestantes.

Algunos de los nombramientos que ha hecho Boluarte indican hacia dónde se inclina su gestión. El ministro de Educación, Óscar Becerra, quien tiene una formación multidisciplinaria, fue señalado por una investigación parlamentaria como partícipe en la adquisición de computadoras a precio sobrevalorado durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), asunto que no desembocó en un procesamiento judicial. Su participación en las redes sociales lo muestra afín a las ideas de quienes cuestionan la evaluación que hace la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) de la calidad de las universidades, y que, en nombre de la autonomía universitaria, defienden la proliferación de universidades privadas con fines de lucro. Ha mostrado su inclinación política en una presentación ante una comisión del Congreso, en la que afirmó: “Tenemos que detectar a través de los servicios de Inteligencia a los elementos que pretenden socavar las bases democráticas de nuestra sociedad (…) lamento reconocer que están infiltrados en el magisterio y en el Ministerio de Educación, no podemos permitirlo”.

El ministro del Interior, Vicente Romero, es el tercero en esa cartera en lo que va de mes y medio del gobierno de Boluarte. Es un general de la Policía Nacional que ha mantenido cercanía con cuatro presidentes de la república. Un video, sin embargo, que circula en redes sociales lo muestra entregando calendarios de propaganda de Alberto Fujimori durante su periodo presidencial. En lo que lleva de gestión y dada la actuación de las fuerzas del orden, ha habido 18 civiles muertos que participaban en protestas en la localidad de Juliaca.

Debido a los disturbios (salpicados de desmanes, tal como suele ocurrir en estas expresiones desbordadas), se ha comparado la respuesta gubernamental con el caso de Brasil. En las manifestaciones bolsonaristas que invadieron el Congreso y las sedes judiciales hubo 1.500 detenidos, pero ni un solo muerto.

En el caso de Perú, el primer ministro Alberto Otárola declaró lo siguiente en el Congreso: “Actuaremos con firmeza ante las acechanzas de los extremismos fundamentalistas y mesiánicos y de cualquier forma de totalitarismo impulsado por infiltrados violentistas de toda laya”. 

La asimilación de la protesta en con el terrorismo es una repetida tesis conservadora cuyo fundamento ha sido anunciado por el vocero del sector derechista en el Congreso. El almirante en situación de retiro, Jorge Montoya, recitó lo siguiente en Twitter: “Si no se restablece el principio de autoridad, todo está perdido. Las fuerzas del orden deben estar autorizadas a disparar. Es sumamente peligroso continuar así”.

¿Cuánto puede durar la presidencia de Boluarte?

Boluarte, que se ha definido como “una mujer provinciana de izquierda”, confiesa que no entiende las protestas que se han extendido en el país durante las últimas semanas. Al parecer, al asumir el cargo (para lo cual, dos días antes fue exonerada en el Congreso de una acusación que podría haberle impedido continuar como vicepresidenta) no tenía un rumbo claro. Designó a un primer ministro notoriamente incompetente y a un gabinete formado por técnicos. Las protestas que ocurrieron unos días después (y probablemente alguna suerte de cercanía y de acuerdo con sectores de derecha del Congreso) la llevaron a cambiar el derrotero y a designar a representantes de la “mano dura” en altos cargos.

Entretanto, su desaprobación en la Presidencia creció tres puntos porcentuales en enero hasta llegar al 71%, según la encuestadora IPSOS, que detalla que el rechazo es mayor en el interior del país (79%) que en Lima (57%). La desaprobación del primer ministro Otárola es menor, pero también mayoritaria (61%), y la del Congreso ha aumentado hasta el 80%. Asimismo, una abrumadora mayoría favorece el adelanto electoral.

Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el 58% de los peruanos considera que los organismos de seguridad cometieron excesos al reprimir las protestas, pero la mitad de ellos dijo que se sentían identificados con estas. Y el apoyo a la demanda por una nueva Constitución ha pasado del 47% en mayo al 69% en enero.

No está claro cómo se podrá superar una situación que parece entrampada y se adereza con voces que llaman a una guerra civil. El 10 de enero el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales sostuvo que las muertes ocurridas son “producto de la protesta popular y el accionar del gobierno” y reiteró su posición “para que el adelanto de las elecciones generales con el recorte presidencial y del Congreso se realice de inmediato”, como una solución efectiva a la crisis política. Además, solicitó la “sanción a quienes han cometido hechos vandálicos contra la infraestructura pública y privada”.

Ciertamente, la renuncia de una aturdida Dina Boluarte no comporta una solución a los problemas de fondo del país. Sin embargo, sería una válvula de escape a la presión de una marea social desatada a partir del golpe de Estado de Pedro Castillo, su vacancia y detención, pero que tiene hondas raíces en la desatención secular, teñida de discriminación y desprecio que sufren vastos sectores del Perú.

La disyuntiva de Lula da Silva

Enrique Gomáriz Moraga
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La disyuntiva de Lula da Silva

Existe bastante coincidencia entre los analistas brasileños acerca de que el asalto a los edificios de los poderes públicos del pasado 8 de enero tiene el efecto inmediato de abrir una ventana de oportunidad a favor de acción de gobierno del presidente electo Lula da Silva. Donde hay menos consenso es respecto de la dimensión y el plazo de esa ventana.

El amplio rechazo de la asonada se ha mostrado a nivel institucional y en las calles de las principales ciudades, donde se ha exigido mano dura contra los violentos asaltantes. Pero otros datos son menos coincidentes.  La votación de condena del senado ha salido adelante sin contar con el voto favorable de los senadores bolsonaristas. Asimismo, en varios estados también ha habido manifestaciones de seguidores de Bolsonaro a favor de la puesta en libertad de los detenidos en los hechos reprobados por las autoridades de los tres poderes.

En cuanto a la duración de ese lapso de oportunidad, todo indica que es bastante incierto. Mucho depende del manejo posterior que haga Lula de la crisis y de las reverberaciones que esta tenga en otros campos, como, por ejemplo, entre los actores económicos. La demanda de estabilidad política de estos sectores pesará sobre el equipo económico del nuevo Ministro de Hacienda, Fernando Haddad, que enfrenta el reto de recuperar el equilibrio macroeconómico del país.

Existe asimismo una demanda de los sectores radicales de la izquierda, que también habitan al interior del PT, que plantean aprovechar la intentona golpista para dar un salto adelante en un programa de confrontación de clases. Con frecuencia, esta perspectiva se alimenta del desconocimiento -o la subvaloración- de la división sociocultural del Brasil, que se sustituye por la idea de que el bolsonarismo es un movimiento radical protofacista. Desde luego que entre los seguidores de Bolsonaro existe un sector radical que desconocen las reglas del juego democrático, pero creer que el 49% que votó a Bolsonaro esta en esa disposición es simplificar el análisis. Y en sentido opuesto, creer que Lula lidera ya un amplio campo político (de izquierda, centro y derecha), que abarca más de la mitad de la población que le apoyó en las elecciones es caer en un espejismo. Significa considerar que el rechazo masivo de la asonada constituye una ventana de oportunidad de larga duración para Lula. Un espejismo similar al sucedido en Chile con la elección de Boric, cuyo equipo creyó poseer una amplia base de apoyo y hoy no se explica la caída en picado de su apoyo popular (por debajo del 30% del electorado).

Sin embargo, es poco probable que Lula se deje caer en la tentación de esa fuga hacia adelante. Si el nuevo mandatario evita esa perspectiva radical, la disyuntiva que enfrenta refiere a dos perspectivas posibles: gobernar sabiendo que Brasil se encuentra radicalmente dividido y tratar de reunificarlo, como prometió la noche de los resultados electorales, o bien gobernar a pesar de la división existente, tratando de disimularla o esquivarla.  Ambas opciones tienen sus propios fundamentos.

Gobernar tratando de surfear la polarización puede partir de la simple espera, muy frecuente tras las crisis, de que el tiempo apacigüe los ánimos, lo que haría depender su éxito del desarrollo de un buen gobierno general del nuevo presidente. Pero existe otro argumento más rotundo: considerar que la reunificación del país es imposible. Esa es la orientación de varios analistas académicos. Un artículo de Andrés Malamud, de la Universidad de Lisboa, tomando como referencia la tesis de Timothy Power, profesor de Oxford, de que en las sociedades polarizadas no puede haber presidentes muy populares, sostiene que a lo único que se puede aspirar en estas sociedades es a que “el odio de la mitad de la población se exprese en las urnas y, pacíficamente en las calles, pero no en los palacios de Gobierno” (El País, España, 10/1/23). En pocas palabras, aceptar que la polarización es inevitable, intentando que no se salga de los límites pacíficos.

Puede que esta previsión, no muy edificante, sea la más realista, pero significa asumir que la promesa de Lula de reunificar el país es solo una quimera, porque, independientemente de su voluntad, es inalcanzable. Pero aceptar ese planteamiento de que la división de la sociedad es insuperable, significa aceptar que es imposible impulsar una interlocución sobre diferentes visiones de mundo que permita alcanzar nuevos consensos socioculturales, o, al menos, mayorías muy extendidas al respecto. Algo que implicaría negar la posibilidad de una deliberación ciudadana, fruto de un proceso comunicativo (como plantea el sociólogo alemán Jurgen Habermas).

En el caso de Brasil ese dilema tiene un marcado componente de carácter religioso. Una antigua colaboradora de Lula, Marina Silva, hoy ministra de medio ambiente, ahora evangélica, sostiene que es necesario tener una actitud de dialogo con el evangelismo “que pronto será casi la mitad de la población brasilera”. Y existe coincidencia en Brasil acerca de que el bolsonarismo es claramente mayoritario en el ámbito evangélico. ¿Será imposible realizar una interlocución con esa visión de mundo, claramente distinta a la que tiene el Partido del Trabajo? Ojalá Lula no abandone el reto de lograr la reunificación de Brasil impulsando la deliberación ciudadana, apoyada en la ejecución de un buen gobierno. Mantener esa promesa no solo aumentaría el anhelo de un Brasil menos violento, sino que aportaría alguna esperanza de concebir un horizonte regional menos amenazante. Es necesario tener en mente el aviso peruano de lo que significa tratar de impulsar un proyecto radical en una sociedad políticamente dividida. Tal vez sea más útil que estar predispuesto a usar la socorrida noción de fascismo para analizar todo escenario conflictivo, sobre todo haciendo comparaciones simplistas con los fenómenos liderados por Hitler o Mussolini en la primera mitad del siglo pasado.  

Puerto Rico busca superar su condición territorial-colonial

Héctor A. Ríos Maury
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Puerto Rico busca superar su condición territorial-colonial

En 1898, en el contexto de la guerra Hispano-Estadounidense, Puerto Rico pasó de ser colonia de España a convertirse en uno de los 16 territorios de Estados Unidos. De estos, solo cinco están habitados: Guam, islas Marianas del Norte, islas Vírgenes Americanas, Samoa Americana y Puerto Rico, que es el único con la estructura política requerida constitucionalmente para intentar trascender su situación territorial.

El pasado 15 de diciembre la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó con 233 votos a favor (217 demócratas y 16 republicanos) y 191 en contra (todos republicanos) el Puerto Rico Status Act. HR 8393. Este se trata de una ley presentada por los congresistas puertorriqueños y demócratas, Nydia Velázquez, de Nueva York, y Darren Soto, de Florida, y también por medio de la comisionada del Gobierno de Puerto Rico en Washington, Jennifer González Colón. Esta última está aliada al Partido Nuevo Progresista, que gobierna en Puerto Rico, y al Partido Republicano, de Estados Unidos. La ley está avalada, asimismo, por otros 59 congresistas.  

Este instrumento ordena la celebración de un plebiscito en Puerto Rico para sus 3.2 millones de habitantes (ciudadanos americanos), avalado por primera vez en la historia de manera explícita y directamente por parte del Congreso (antes hubo consultas consecuentes, pero sin ese aval), para dirimir y diligenciar su estatus definitivo en su relación con Estados Unidos.

Las opciones de la consulta excluye el estatuto territorial-colonial vigente, denominado Estado Libre Asociado (ELA), que fue establecido en 1952 y declarado en bancarrota fiscal desde 2017. En términos macroeconómicos, Puerto Rico, partiendo del régimen del ELA, tiene un ingreso per cápita de alrededor de 32.000 dólares anuales, que es menos de la mitad del promedio de los 50 estados (estos también tienen sectores privados más fuertes y competitivos), pero con costos de vida y cargas contributivas, los cuales, en muchos casos, son comparables o mayores a estos.  

Los territorios: modelos de inferioridad económica y ciudadana

El constitucionalismo estadounidense establece dos categorías principales de organización política: los estados, en los que sus ciudadanos disfrutan de plenitud de derechos, otorgamientos socioeconómicos y privilegios, y los territorios, en los que no existe tal beneficio.

La Constitución estadounidense de 1789, muy avanzada para la época, pero que existía en medio de tiempos de expansiones geográficas y esclavitud, establece en el artículo IV, de la tercera sección (cláusula territorial) que “el Congreso podrá disponer de, y promulgar todas las reglas y reglamentos en relación con el territorio y otras propiedades pertenecientes a Estados Unidos». 

Esa estipulación es de carácter plenipotenciario y sienta las bases para que la propia Constitución discrimine de manera selectiva contra los ciudadanos americanos residentes en los territorios, que, por ejemplo, no pueden votar en las elecciones de los Estados Unidos, pero que son reclutados, incluso de forma obligatoria si fuese necesario, lo que ha ocurrido en el pasado para que sirvan a las Fuerzas Armadas. Paradójicamente, los ciudadanos de los territorios adquieren derechos plenos si se reubican en los 50 estados. 

El Proyecto

El Proyecto HR 8393 es el primer paso para que Puerto Rico supere su condición territorial-colonial. Este dispone que la consulta plebiscitaria incluirá tres opciones no territoriales, tomando en cuenta que cualquiera de ellas es más digna y eficaz que el estatuto actual: A) La independencia o separación total. B) La libre asociación, una variante de la independencia, que mantendría la ciudadanía americana durante 25 años para quienes nazcan en ese período, y las transferencias metropolitanas de recursos económicos. C) La estadidad, que significa la integración plena, con ciudadanía estadounidense permanente y una incorporación mayor que la actual de la economía puertorriqueña a la de Estados Unidos. 

Puerto Rico recibe hoy aproximadamente 22 mil millones de dólares anuales en transferencias gubernamentales, una cifra sustancial pero muy inferior a la de alrededor de 40 mil millones que perciben estados que albergan a un número de habitantes comparable a Puerto Rico, como es el caso de Connecticut o Arkansas. La estadidad ha ganado los tres plebiscitos más recientes en 2012, 2017 y 2020.

Derivaciones

Aun cuando el Proyecto 8393 no fue discutido en el Senado, y técnicamente quedó sin vigencia inmediata al terminar el periodo congresional en diciembre de 2022, sus proponentes, que cuentan con el respaldo de la administración Biden, lo impulsarán otra vez. Aunque el proceso político será difícil y puede inducir a ajustes, tiene posibilidades de éxito en una Cámara que ahora lideran los republicanos pero por una mayoría menor al margen de aprobación anterior. Y, si en esta ocasión, llega con tiempo suficiente al Senado, ese cuerpo está bajo el control demócrata.

En este momento el mayor respaldo para el proyecto proviene del Partido Demócrata, entre otras razones porque dentro del Partido Republicano existen voces que argumentan que Puerto Rico sería un Estado demócrata. Es una idea apócrifa, pues a lo largo de la Historia, Puerto Rico ha elegido candidatos de ambos partidos. Además, la conducta electoral siempre varía.

Más allá de esa falsa teoría, el debate bipartidista en Estados Unidos sobre los temas de inmigración y multiculturalismo repercute en Puerto Rico. Por ejemplo, en el plano interno, entre los opositores a la estadidad sobresale el movimiento independentista puertorriqueño, minoritario pero influyente, cuyo perfil ideológico nacionalista lo equipara, entre otras corrientes políticas, al separatismo catalán en cuanto a sus alegatos de asimilación cultural de una nación “oprimida, por parte de una fuerza extranjera, invasora, centralista e imperial».

Esos argumentos, con resonancia en la xenófoba ultraderecha trumpista y sus periferias, son errados histórica, antropológica y jurídicamente. Estados Unidos es un país muy marcado desde el punto de vista multicultural y cuenta con más de 60 millones de hispanohablantes, que están aumentando. En ese país, la Constitución, tal como se reconoce en el Proyecto 8393, no establece un único idioma oficial, por lo que deja esa potestad a cada estado. Por tanto, Puerto Rico mantendría el español y el inglés.Ocurra lo que ocurra dentro de poco tiempo en las situaciones y en los juegos de poder del Congreso, la aprobación del HR 8393 es un suceso histórico y un detonante, nuevo y positivo, del acontecer político puertorriqueño.

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Brasil: participación social en el «nivel superior”

João Roberto Lopes
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Brasil: participación social en el «nivel superior”

Coautores Ciro Torres, João A. Lins Sucupira, Luiz M. Behnken

La respuesta a la actual polarización de la sociedad brasileña es sólo una: más democracia. La democracia brasileña es quizás, desde el punto de vista institucional, una de las más permeables a la participación social. De manera formal y legal, nuestra Constitución prevé «la participación de la sociedad en los procesos de formulación, seguimiento, control y evaluación» de las políticas sociales. De hecho, prácticamente todas las políticas de nuestro sistema de protección social prevén la participación a través de consejos sectoriales (sanidad, medio ambiente, asistencia, educación, cultura, etc.) formados por representantes de los poderes públicos, el mundo empresarial y la sociedad civil.

Pese a las dificultades para garantizar una participación efectiva a través de dichos consejos, no se puede negar la importancia del control social para las políticas públicas del país. La calidad y la coherencia de políticas como el Sistema Único de Salud (SUS), el Sistema Único de Asistencia Social (SUAS) y el Sistema Nacional de Medio Ambiente (SISNAMA), por citar algunos ejemplos, deben mucho a la participación, ya sea en su formulación o en su gestión.

Toda esta participación, sin embargo, no llega al «nivel superior» del Estado brasileño, o mejor dicho, a los órganos que gestionan las finanzas públicas y las políticas económicas, como el Ministerio de Planificación y Finanzas, así como los bancos públicos. Apoyados en una razón técnica, supuestamente neutral, tales organismos se ponen a salvo del debate público, rigiéndose por un alto grado de homogeneidad de opiniones e intereses de unos pocos (rentistas), que defienden la «austeridad» y el «ajuste fiscal».

Desde la redemocratización del país, vivimos atrapados por un ajuste fiscal interminable, que, a pesar de enfrentar el desequilibrio de las cuentas públicas, sólo lo reproduce y profundiza, sometiendo al pueblo brasileño a un trabajo que ni Sísifo podría soportar. Esto se debe a que el ajuste siempre se ha centrado en los «gastos» sociales, en beneficio de la usura operada por los grandes acreedores de la deuda pública. No por casualidad, la aplicación de buenas políticas, construidas con trabajo y participación social, se topa casi siempre con la «restricción fiscal».

El momento político que vive Brasil, con la elección de un gobierno de coalición, bajo el liderazgo de un partido de centro-izquierda, representa una oportunidad de oro para abrir el debate sobre la agenda económica y fiscal. Esta sería, sin duda, una agenda que permitiría al Gobierno de Lula escapar de la polarización política, sometiendo la agenda económica al control democrático.

Con la desmoralización del «techo de gastos», ya se prevé que el tercer gobierno Lula necesitará instituir una nueva regla fiscal. El nuevo Gobierno se ha comprometido a debatir una reforma fiscal, al menos en lo que respecta al impuesto sobre la renta. Estas agendas deben estar abiertas al debate, a la participación de la sociedad.

El curso de la política económica y fiscal debe estar sujeto al escrutinio público. Algunos pueden objetar que se trata de asuntos muy técnicos y complejos, que difícilmente podrían ser objeto de un debate más amplio en la sociedad. Sin duda, todas las políticas públicas, no sólo las económicas, conllevan siempre un cierto grado de complejidad. Por lo tanto, el argumento del tecnicismo para impedir la participación en los asuntos económicos es falso y engañoso.

Se trata de discutir las orientaciones de las políticas fiscales y económicas del país con la debida transparencia de los datos presupuestarios y monetarios. La propia Ley de Responsabilidad Fiscal proporciona el «incentivo a la participación popular durante los procesos de elaboración y discusión de planes, ley de directrices presupuestarias y presupuestos».

Son bien conocidas las experiencias de «presupuesto participativo» desarrolladas por municipios gobernados por el Partido de los Trabajadores (PT). Estas experiencias representaron un ensayo importante para la implicación de la participación en las finanzas públicas, aunque normalmente limitadas a los municipios.

A nivel federal, es necesario avanzar en las directrices fiscales y económicas que guían la elaboración del propio presupuesto, de lo contrario se corre el riesgo de frustrar las expectativas de las organizaciones y movimientos sociales.

Basta recordar que en los gobiernos anteriores del PT hubo un proceso de gran participación a través de las llamadas conferencias nacionales, destinadas a influir en la formulación de las diferentes políticas sectoriales del gobierno. Este proceso se vio a menudo frustrado por la no aplicación de dichas políticas, debido precisamente a los «límites fiscales».

Lula ha dicho que pretende retomar la agenda de conferencias nacionales. Es hora de pensar en un proceso de este tipo para debatir la agenda fiscal y económica del país con representantes de la sociedad civil. Más allá del formato y la composición de tales conferencias, es importante señalar a la sociedad el fin del blindaje del debate fiscal y económico, monopolizado hoy por las oligarquías financieras hegemónicas y sus portavoces en el mundo académico y los medios de comunicación.

Tenemos que debatir si queremos seguir con una estructura fiscal profundamente regresiva, que penaliza a los más pobres en favor de los más ricos. Si el control fiscal seguirá restringiendo las políticas sociales y las inversiones, sin establecer límites a los gastos financieros. Si seguiremos teniendo los tipos de interés reales más altos del planeta. Si vamos a hacer uso del crédito público para favorecer la desconcentración y diversificación productiva, o continuar por la senda de la desindustrialización, manteniendo al país rehén de las commodities agroextractivistas.

Necesitamos más democracia, proyectar la participación social en el «nivel superior» del Estado. Tal vez sea ésta una de las principales tareas de los sectores progresistas brasileños. Sólo así recuperaremos, de manos de unos pocos, el debate y la definición de los rumbos y objetivos de la nación.

En otros tiempos, la Central Única dos Trabalhadores (CUT) ya había propuesto la participación de representantes de los trabajadores en el Consejo de Política Monetaria (COPOM). También hubo la experiencia de la «Plataforma BNDES», que reunió, de 2007 a 2011, a diferentes organizaciones y movimientos sociales con el objetivo de democratizar la política operativa del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Esta experiencia ayudó a este banco público a adoptar una política socioambiental y de transparencia, aunque frágil.

A quienes temen la «reacción del mercado» ante su propia desmitificación, nos gustaría recordarles que el «rey ya está desnudo» y que, si persistimos en no exponer su desnudez, su desvergüenza no encontrará límites, como demuestra el bolsonarismo. La mejor manera de hacer avanzar la democracia, exorcizando las prácticas autoritarias y neofascistas, será, precisamente, sometiendo las finanzas públicas y la economía al control social. ¡Esta es la hora!

Ciro Torres. Doctor en Ciencias Políticas por la UFF, profesor en la PUC-Rio.

João Antônio Lins Sucupira. Economista de la UNB, fundador del Foro del Presupuesto Popular de Río de Janeiro y profesor de la PUC-Río.

Luiz Mário Behnken. Economista licenciado en Economía por la UFRJ y fundador del Foro de Presupuesto Popular de Río de Janeiro.

La 4T: ¿hecho histórico o hito argumental?

Javier Rosiles
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La 4T: ¿hecho histórico o hito argumental?

La Cuarta Transformación (4T), propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se acerca a un punto culminante. En 2024 se determinará si el proyecto tendrá continuidad o será parado en seco por la oposición. En ese contexto, conviene preguntarse si lo que se destaca de la 4T es su historia o su argumento.

Las palabras “historia” y “argumento” no significan lo mismo. En el libro publicado en noviembre de 2022, Cómo piensan los escritores, Richard Cohen cita al escritor E. M. Forster, quien en sus clases de literatura estableció una célebre distinción entre ambas palabras: “Una historia es: ‘El rey murió y luego murió la reina’. Un argumento es: ‘El rey murió y luego la reina murió de pena”.

Desde una perspectiva literaria, hay una diferencia sustancial: la historia es una mera descripción, un nivel inferior frente al argumento. Este último tiene como atributos la explicación, la causalidad, la justificación.

Existe una paradoja: el presidente de México que más se ha empeñado en comunicar no parece haber dado todavía el salto de la historia al argumento. En sus conferencias matutinas, conocidas como “las mañaneras”, ejerce más el oficio de historiador, que tanto le apasiona, que el de novelista, el cual les imprime profundidad y contenido a sus dichos. Hay una marcada distancia entre la superficialidad y la complejidad.

Es verdad que la superficialidad ayuda a que la mayor parte del público entienda mejor lo que se relata, pero abusar de la sencillez va en detrimento de la exigencia porque necesariamente la primera va acompañada de la ausencia de detalles y matices.

En los menos de dos años que le quedan para abandonar el poder, la tarea del gobierno federal encabezado por López Obrador tendrá que evidenciar que se vive una Cuarta Transformación o que, por lo menos, se están sentando las bases de esta. Resultados concretos más que aspiraciones.

El presidente mexicano acumula ya más de mil conferencias matutinas en las que informa sobre el estado que guarda el país. En la primera que realizó hace ya cuatro años, el 3 de diciembre de 2018, las calificó de “ejercicio de comunicación inédito”.

A partir de entonces, y hasta finales del año pasado, la numeralia era la siguiente: 1.004 conferencias de prensa matutinas ordinarias, de las cuales, 897 se hicieron en el Palacio Nacional y el resto en el interior del país. Habría que agregar las conferencias extraordinarias y las presididas por los secretarios de Gobernación de turno, para sumar un total de 1.026.

Todos los días, de lunes a viernes, del 3 de diciembre de 2018 al 23 de diciembre de 2022 las conferencias se han hecho sin falta. En esos cuatro años, no se ofrecieron solo en 43 días, por motivos diversos, como las festividades de Navidad y Año Nuevo, viajes del presidente a Estados Unidos o la presentación de informes de gobierno.

En diferentes sectores se han cuestionado los mensajes del presidente que han sido emitidos durante dichos ejercicios mediáticos hasta el punto de que algunos medios han afirmado que se pueden contar hasta 94.000 falsedades durante esas más de mil conferencias. Se trata de una cifra muy superior a la del expresidente Donald Trump, a quien se le atribuyen 30.573 mentiras o datos falsos en cuatro años de gobierno.

También pueden señalarse declaraciones desafortunadas. La más reciente, cuando el presidente López Obrador dijo que ayudar a los pobres es parte de su estrategia política: “Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media ni con los de arriba, ni con los medios ni con la intelectualidad. No es un asunto personal, es un asunto de estrategia política”.

Lo cierto es que se ha privilegiado la historia y, con ello, el discurso más propio para el acceso que para el ejercicio del poder. Preocupa que, imbuidos en la aridez y fricciones propias de la liza electoral, que prácticamente ya está en marcha rumbo a los comicios presidenciales de 2024, se posponga los argumentos que demuestren la implementación de una transformación de tal talante que sea comparable con la independencia, la reforma y la Revolución mexicana. La 4T solamente como un hecho histórico, no como un hito argumental.

Una historia es: “El presidente ganó la elección en 2018 y luego se habló de una transformación”. Un argumento es: “El presidente ganó la elección en 2018 y luego se habló de una transformación a partir de los cambios sustanciales que trastocaron al régimen político”. La historia está por contarse; los argumentos están a la espera de ser esgrimidos.

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Posbolsonarismo: ¿el tiro por la culata?

Fabián Echegaray
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Posbolsonarismo: ¿el tiro por la culata?

¿Puede haber sido la agresión terrorista de las hordas bolsonaristas contra los pilares del sistema institucional brasileño un regalo inesperado que favorezca la consolidación de la democracia en ese país?

Autoconvocados por las redes sociales, inspirados por cuatro años de prédica antipolítica, y antidemocrática del expresidente Bolsonaro durante su mandato y fogoneados por bloggers e influenciadores digitales cultivando fake news contra jueces, líderes progresistas y el pluralismo político, entre cuatro y seis mil radicalizados se alzaron con palos, piedras y machetes (y seguramente alguna arma escondida) para invadir y destruir la infraestructura del Congreso, el Poder Judicial y una parte del Ejecutivo en Brasilia. 

Este episodio- punto culminante de una serie de manifestaciones crecientemente violentas y anticívicas de los partidarios del ex mandatario- ocurrió el domingo 8 de enero de 2023, una semana después de la asunción de Lula como presidente. Por lo tanto, no tuvo la intención de impedir la transferencia del mando sino que básicamente fue un acto tan puramente expresivo como caótico de repudio contra los poderes y protagonistas institucionales de la democracia brasileña.

Patrocinado por aliados militares y policiales, cómplices del sector agrobusiness, maderero y de la minería ilegal, más algunos otros dirigentes empresariales y sectas evangélicas radicalizadas asociadas al candidato perdedor en las elecciones de 2022, el movimiento subversivo fue creado- inicialmente- con el fin de mantener a Bolsonaro en el centro de la escena pública. 

De esa manera, los extremistas pensaban perpetuar el monopolio representacional de la derecha y extrema derecha, concentrando en el expresidente la oposición al nuevo gobierno del PT. Así, se consolidaría el desequilibrio provocado, casi una década atrás, cuando el PSDB (antigua base de líderes nacionales como el expresidente Fernando Henrique Cardoso y los gobernadores José Serra, Gerardo Alckmin, Franco Montoro y Mario Covas) que nucleaba la representación del centro y centro-derecha, y contrapesaba al PT en la competición electoral ordenando y organizando el sistema político brasileño por 30 años, abdicó de sus capacidades gerenciales y ambiciones políticas. 

Bajo el control de figuras menores, el PSDB dejó de ser una fuerza anclada en propuestas programáticas para asentarse exclusivamente en una denuncia moralista hueca e hipócrita, donde los adversarios de centro-izquierda e izquierda fueron denunciados como profanadores de lo sagrado. Esto pavimentó el terreno para la ascensión del fundamentalismo bolsonarista.

Sin embargo, con Bolsonaro fuera del país en un auto-exilio encubierto y con la sorprendente autonomía demostrada en su invasión y depredación de los símbolos de la democracia republicana el domingo pasado, este movimiento de radicalizados acabó protagonizando el acta fundacional de un bolsonarismo sin Bolsonaro. Brasil es un país acostumbrado a negociar entre pocas élites sus cambios sistémicos e institucionales más substantivos, desde su independencia de Portugal hasta el fin de la esclavitud, pasando por la transición de la monarquía a la república, e inclusive durante las diferentes metamorfosis entre democracia tutelada y dictadura. Sin embargo, este movimiento sólo pudo generar- aún entre las dirigencias más hacia la derecha- un sentimiento, cuanto menos de incomodidad sino abiertamente reactivo al ver una multitud histérica transbordar sus supuestos líderes y comandantes.

La anomia destructiva y el fanatismo apocalíptico escenificados por los atacantes, junto con sus coreografías circenses de rituales militares, surtos histéricos y gritos de guerra, no sólo recuerdan a los trumpistas que invadieron el congreso norteamericano dos años atrás, como también a la violenta rebelión de las huestes kirchneristas y de izquierda radicalizadas que atacaron el Congreso argentino en 2017 con más de 14 toneladas de piedras y cascotes en el momento que se legislaba una reforma previsional. 

Recuerdan aún más los deliciosos relatos de Vargas Llosa en su libro La Guerra del Fin del Mundo sobre la locura monarquista romántica y ultramontana de los seguidores del padre Antonio Conselheiro en Canudos en reacción al surgimiento de la república. Relatos plagados de delirios dogmáticos, creencias en supercherías medievales y abrazados a un pensamiento tan mágico como violento. Sin duda, Canudos constituyó un episodio tan alucinado y retratador del célebre realismo mágico literario como un fenómeno trágico del Brasil nordestino durante finales del siglo XIX.

La erección del posbolsonarismo, consagrado por los recientes ataques y que generó algunas celebraciones intoxicadas en las redes sociales, debe cumplir muy pocas de sus esperanzas. Probablemente se asemeje más a un lapsus catártico y caótico que a un factor de presión con peso propio y larga vida. Todas las evidencias sobre la mayoría de sus participantes advierten de que se trata de un fenómeno casi psiquiátrico: son los desgarrados de la muchedumbre solitaria de la cual ya nos hablaba David Riesman en el siglo pasado. Individuos buscando un sentido y misión comunitaria a cualquier costo, abrazados a una identidad maximalista, fanática, llena de certidumbres, acrítica, cero reflexiva y sin fisuras o ambigüedades. En definitiva, el mismo caldo de cultivo que alimentó el fascismo y el nazismo.

A pesar del tácito apoyo pasivo despertado entre algunas fuerzas policiales, el posbolsonarismo violento y anárquico deberá acelerar el desencanto de la clase media conservadora con la extrema derecha, facilitarle al nuevo gobierno la limpieza de la colonización de entidades estatales implementada por Bolsonaro. También debe galvanizar la clase política y principalmente el poder legislativo en torno a la democracia y el proyecto de reconstrucción liderado por Lula y Alckmin, y liquidar las fuentes de financiación del golpismo y otras expresiones antisistema.

El parto del bolsonarismo sin Bolsonaro, arropado en sus atuendos verde-amarillos y la camiseta de la selección nacional, puede haber sido -paradójicamente- un regalo para la consolidación de la democracia brasileña.

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