Bukele militariza municipios para contener la caída de su popularidad

Dardo Justino Rodríguez
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Bukele militariza municipios para contener la caída de su popularidad

En el mes de mayo, en una reunión con alcaldes, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que Soyapango era el municipio más seguro del país, incluso más que Costa Rica, el país de la región con menores índices de criminalidad. Sin embargo, pocos meses después, el pasado sábado 3 de diciembre, el primer mandatario salvadoreño salió a anunciar, sin medias tintas, que Soyapango estaba totalmente cercado por efectivos militares y de la Policía Nacional Civil (PNC), debido a la gran presencia de pandilleros y al auge de la criminalidad.

¿Militarización o cerco?

Bukele anunció en declaraciones que “8.500 soldados y 1.500 agentes han rodeado la ciudad, mientras los equipos de extracción de la policía y el Ejército se encargan de sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí”. Según aseguraron voceros oficiales, no se trataba de una militarización del municipio, sino de un cerco para evitar la huida de criminales todavía presentes. A partir del inicio de la operación, se ha visto a grupos de entre diez y veinte soldados y policías recorriendo las calles del municipio para pedir documentación a los transeúntes, arrestando, además, a quienes consideran sospechosos, principalmente jóvenes.

Soyapango, con una población de 258.000 personas, es uno de los municipios más poblados del país, de acuerdo con cifras oficiales de hace un par de años, y un centro de intensa actividad económica e industrial. Por lo tanto, las operaciones también están afectando el normal flujo del comercio y la economía.

De acuerdo con Bukele, se trata de la quinta fase del gubernamental Plan de Control Territorial, anunciado en noviembre pasado. Esta fase consistiría en capturar a los mareros y demás criminales escondidos en sitios que, hasta ahora, eran considerados seguros para los pandilleros. Un vocero del gabinete de Defensa indicó que las fuerzas de intervención tienen listados con los nombres de los delincuentes que se refugian en Soyapango, por lo cual la búsqueda se está haciendo de manera personalizada.

Puesta en escena

Para la numerosa oposición al Gobierno, este aparatoso despliegue es una nueva puesta en escena del presidente, muy adepto a los golpes de efecto que, si bien atraen las miradas, no garantizan una mejora en la situación de inseguridad en la que vive una gran parte de la población salvadoreña.

Según la oposición, estos golpes tendrían como objetivo encubierto la recuperación de la popularidad del presidente, que está debilitada entre la ciudadanía. Aunque para la —muy poco creíble— encuestadora CID-Gallup, Bukele es el político con mayor nivel de aceptación de América Latina, lo cierto es que, de los altísimos índices que tuvo al comienzo de su gestión, ahora alcanza un 58%, de acuerdo con las cifras recabadas por otras empresas encuestadoras. Si bien se trata de un alto grado de aprobación, el apoyo se reduce de forma persistente, según esas mismas fuentes.

Pero a pesar de lo contradictorio de las medidas, teniendo en cuenta las declaraciones oficiales de hace apenas unos meses del presidente, algunos de sus ministros y la misma alcaldesa de ese municipio, Nercy Montano, quien aseguró que su municipio era el más seguro de toda Centroamérica, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró el lunes 5 de diciembre que esta estrategia de cercos militares se empleará en otros municipios del país.

Ante estos nuevos anuncios y como suele suceder con respecto a cada decisión controvertida de Bukele, las críticas surgieron de inmediato desde diferentes sectores de la oposición que consideran que esta no solo es una medida con pocas probabilidades de éxito, sino que también viola los derechos humanos del grueso de la ciudadanía.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ha criticado la medida por violar las regulaciones sobre seguridad ciudadana establecidas en los Acuerdos de Paz. Lo mismo han expresado dirigentes de otros espacios opositores como el Partido Vamos, que ha señalado a Bukele como un líder autoritario y lo ha comparado con Daniel Ortega, de Nicaragua.

Ante las críticas, el ministro de Defensa aseguró que “no hay complicaciones para la población honrada”, y que el grado de error es cero. Sin embargo, los vecinos de Soyapango no han sido consultados sobre las medidas aplicadas.

Pero no solo desde la oposición política han surgido reproches, sino también desde las mismas fuerzas policiales. El Movimiento de los Trabajadores de la Policía (MTP) —una especie de sindicato— ha hecho llegar sus quejas al Gobierno y a los medios de comunicación, y ha indicado que no se está teniendo en cuenta el bienestar de los funcionarios policiales que participan en el cerco. Según han expresado, los policías, tras los intensos patrullajes nocturnos, deben dormir en el suelo y carecen de alimentación apropiada y condiciones básicas de aseo personal.

A pesar de las numerosas críticas a la política de seguridad del Gobierno, no es probable que Bukele dé marcha atrás en esta fase del Plan de Control Territorial. El presidente jamás vuelve sobre sus pasos y siempre encuentra una forma de salir de apuros. Cuando las cosas no van bien, apela a mentiras que, sin embargo, cada vez creen menos ciudadanos.

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Del “mítico” al fraude: elecciones brasileñas de 2022

Dalson Figueiredo
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Del “mítico” al fraude: elecciones brasileñas de 2022

El tema de este texto es delicado y peligroso hasta el punto de que se ha convertido en uno de los tabúes de nuestra sociedad. No estamos hablando del hambre, como hizo Josué de Castro. Estamos hablando de la delicadeza del único régimen de gobierno capaz de resolver conflictos sin necesidad de violencia física: la democracia. Según Our World in Data, 7 de cada 10 personas viven en sistemas autocráticos, es decir, donde no es posible elegir a los representantes políticos a partir de elecciones libres y justas. En este artículo, sostenemos que las elecciones presidenciales brasileñas de 2022 no fueron ni libres ni justas. Hay pruebas sólidas de que el candidato en ejercicio, Jair Bolsonaro, utilizó políticamente las instituciones gubernamentales y abusó del poder económico con el objetivo de obtener beneficios electorales, además de degradar intencionadamente la confianza de la población en el sistema de recuento de votos.

El 29 de octubre, Silvinei Vasques, entonces director de la Policía Federal de Carreteras (PRF) pidió votos para Bolsonaro en las redes sociales. Al día siguiente, la PRF puso en marcha 549 operaciones de inspección de vehículos en todo el país, lo que representa un aumento del 70% con respecto a la primera ronda. Durante las inspecciones, 610 vehículos de transporte público fueron detenidos, a pesar de la prohibición del Tribunal Superior Electoral. La mayoría de las operaciones tuvo lugar en el Nordeste, principal bastión electoral del Partido de los Trabajadores (PT) y única región en la que Lula obtuvo más votos que su adversario. Aquí está la primera puñalada a la noción de elecciones libres y justas, puesto que hay registros objetivos del uso político de la PRF para suprimir votos contra Lula.

Pocos meses antes de las elecciones, Bolsonaro sancionó la Propuesta de Enmienda a la Constitución nº 15/2022, que aumentó el gasto social durante el año electoral, así como amplió la carta de crédito consignado para los beneficiarios de la Ayuda Brasil. Es decir, la Constitución se modificó para que fuera legal distribuir dinero durante el periodo electoral. Aquí tenemos el segundo golpe contra la idea de elecciones libres y justas.

Además, Bolsonaro intentó socavar la confianza de la población en la integridad del sistema digital de recuento de votos. Según él, y gran parte de sus seguidores, las urnas electrónicas son susceptibles de fraude. Estos discursos se han repetido exhaustivamente en los últimos cuatro años. Como muestra nuestra investigación, hubo 18 discursos públicos sobre fraude electoral y desconfianza en las urnas electrónicas. Sin embargo, ni el TCU ni la OAB encontraron indicios de irregularidades. Ni siquiera el esperado informe de las Fuerzas Armadas fue capaz de identificar ninguna anomalía.

A continuación, presentamos los resultados de una investigación en curso sobre fraude electoral. Nuestro análisis se basa en un supuesto fundamental: la manipulación intencionada de los votos deja huellas que pueden detectarse mediante análisis estadísticos. Siguiendo las mejores prácticas metodológicas internacionales, empleamos cinco procedimientos diferentes. La imagen 1 ilustra dos de ellas, utilizando como técnicas la aplicación de la ley de Newcomb-Benford y el gráfico de huellas dactilares. La primera técnica analiza las frecuencias relativas de las segundas cifras observadas en el recuento total de votos, mientras que la segunda herramienta compara la relación entre la tasa de participación y la proporción de votos válidos del candidato ganador.

Una forma de encontrar patrones estadísticos sospechosos es examinar con qué frecuencia se repiten ciertos dígitos en el recuento de votos en distintos municipios o distritos electorales para un candidato determinado. En las elecciones propiamente dichas, los valores del primer dígito, el segundo dígito y el último dígito de los votos acumulados tienden a seguir una distribución predecible. Según la ley de Newcomb-Benford, en un conjunto de números espontáneos, las primeras cifras tienen más probabilidades de aparecer que las últimas.  Esta curiosidad matemática fue descubierta originalmente por el astrónomo Simon Newcomb cuando, al hojear un libro de tablas de logaritmos, observó que las hojas iniciales estaban significativamente más desgastadas que las finales. Esta regularidad numérica fue redescubierta por Frank Benford en un artículo publicado en 1938. En él, Benford calculaba la frecuencia esperada de los dígitos a partir de una amplia variedad de distribuciones de datos y demostraba que nos encontrábamos ante una ley: los dígitos menores aparecen con más frecuencia que los mayores. Desde entonces, este procedimiento empezó a utilizarse para detectar patrones sospechosos en los datos.  

Las figuras 1 y 2, por ejemplo, muestran que la frecuencia de la segunda cifra (ilustrada por las barras) se aproxima al patrón esperado (representado por la línea roja) para los candidatos más votados. Esta correspondencia entre lo observado y lo esperado aumenta la confianza en la imparcialidad del proceso electoral. Las técnicas que se centran en los primeros y últimos dígitos tampoco detectaron anomalías.

Otro procedimiento consiste en analizar la relación entre el porcentaje de votantes presentes y la proporción de votos emitidos a favor del candidato ganador. En elecciones libres y justas, la teoría sostiene que el dominio del voto no debe darse para que un candidato ganador obtenga el voto de todos los presentes. Esto se debe a que, asumiendo que la abstención debería variar más o menos uniformemente entre los colegios electorales, se espera que el voto a un candidato determinado sea independiente de la tasa de participación. El gráfico de huellas dactilares es una herramienta que pone de relieve este tipo de tendencia mediante la acumulación de puntos en la esquina superior derecha. Si esto ocurre, podría ser un indicio de manipulación del resultado electoral, ya que los votos de los votantes ausentes se transferirían artificialmente al candidato ganador. No encontramos ningún patrón sospechoso (véase la figura 3). 

El análisis electoral forense es un campo de estudio reciente y se enfrenta a algunos retos. Se sabe, por ejemplo, que el voto estratégico produce anomalías estadísticas que pueden confundirse fácilmente con intentos deliberados de manipular el recuento de votos. Teniendo esto en cuenta, empleamos diferentes técnicas de investigación con el objetivo de aumentar la fiabilidad de los resultados. Una cosa es corromper el recuento de votos obedeciendo a una regularidad matemática conocida, como la Ley de Benford, por ejemplo. Otra cosa es ser capaz de engañar al sistema de acuerdo con múltiples pruebas estadísticas en un periodo de tiempo extremadamente corto, unas tres horas. Algo que sólo sería posible en un universo de ficción. Además, la disponibilidad pública de los datos y los códigos informáticos garantiza la transparencia y replicabilidad de nuestro estudio.

En resumen: no encontramos indicios de fraude en los resultados de las elecciones presidenciales de 2022. Ninguno de nuestros procedimientos de investigación forense corrobora la tesis de que los votos fueron manipulados. El diccionario Michaelis define el mito como una historia fantástica que no se puede demostrar, protagonizada generalmente por seres sobrenaturales. El mítico candidato, ahora derrotado, no parece haber comprendido que su fábula mágica se terminó.

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Coautores: Cláucia Piccoli Faganello, Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul (PUCRS); Pedro Cardoso Saraiva Marques, Universidad Federal de Pernambuco (UFPE); Nelson Goulart, Universidad Estatal del Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF); Quemuel Baruque de Freitas Rodrigues, Universidad Federal de Pernambuco (UFPE); Bernardo Rangel Tura, Instituto Nacional de Cardiología del Ministerio de Salud (INC – MS); Renato Lira Brito, Universidad Federal de Pernambuco (UFPE); Artur Quirino, Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG); Lucas Silva, Universidad Estatal de Ciencias de la Salud de Alagoas (UNCISAL); Ananda Marques, Universidade Federal do Piauí (UFPI)/Escola de Saúde Pública do Maranhão (ESPMA); Hesaú Rômulo, Universidade de Brasília (UnB)/Universidade Federal do Tocantins (UFT); Ana Carol Aldapi Vaquera, Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Elecciones en Guatemala: una oportunidad histórica

Luis Miguel Santibáñez Suárez
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Elecciones en Guatemala: una oportunidad histórica

En las elecciones presidenciales de Guatemala de 2015 y 2019, una serie de irregularidades ensombrecieron el proceso electoral. La Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió en los informes de Observación Electoral respecto a las oportunidades que enfrentaba este país sobre el proceso comicial de 2023. El próximo mes de junio el pueblo guatemalteco se volverá a encontrar con las urnas para elegir al próximo presidente y vicepresidente, 160 diputaciones al Congreso, 340 alcaldías y 20 diputaciones al Parlamento Centroamericano.

Más de 130.00 personas participarán el día de la jornada electoral en la recepción y escrutinio de los votos. En Guatemala, la Constitución establece que luego de llevarse a cabo las elecciones generales, en el supuesto de que no exista una mayoría absoluta en la elección presidencial, deberá convocarse a una segunda vuelta y esta se celebrará entre 45 y 60 días después de la primera ronda electoral. Esta será la gran oportunidad para Guatemala de recuperar la confianza en el proceso comicial.

En 2019, dicho proceso se vio ensombrecido en la primera vuelta, debido al alto grado de polarización política, alimentado por procesos de desinformación y la falta de resultados que despertaron dudas en torno a la credibilidad de los comicios. En ese contexto, la OEA detectó deficiencias en los sistemas informáticos de transmisión de resultados, y recomendó, entre otras cosas, replantear el diseño de transmisión de resultados preliminares, utilizando tecnologías que blinden la seguridad de los resultados; centralizar el proceso de digitación de actas y que estas cuenten con identificadores de caracteres para optimizar los tiempos a fin de ofrecer información rápida a la ciudadanía y que el avance de los resultados pueda observarse en tiempo real.

Con el propósito de alcanzar estos objetivos, deberán de llevarse a cabo simulacros que permitan la posible atención a contingencias y contar con entes externos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que puedan evaluar el desarrollo de los sistemas.

La transmisión de datos y las complicaciones que se tuvieron con el sistema informático en la primera vuelta electoral mermó la confianza en el proceso comicial y puso en riesgo la credibilidad del organismo electoral. Incluso, se tuvo que recurrir a autoridades del Ministerio Público para que realizaran una inspección al departamento de informática del TSE, ya que, debido a las fallas que presentó la aplicación informática, se tuvo que recurrir al cómputo de actas. Esto retrasó la publicación de resultados en diferentes distritos.

Incluso, la Fiscalía que atiende temas relacionados con posibles delitos electorales detuvo a dos exautoridades del TSE que fueron señaladas por delitos de destrucción de registros informáticos e incumplimiento de deberes.

¿Cuáles son las tareas pendientes?

Los partidos políticos deben ser conscientes de las deficiencias que se presentaron principalmente en la primera vuelta de las elecciones de junio de 2019. Si bien hubo mejoras para los comicios en la segunda ronda, ahora se necesita la disposición de cada uno de los actores políticos para garantizar que la autoridad electoral pueda hacer su trabajo. La observancia de las fuerzas políticas fortalece al sistema electoral y brinda certeza al proceso electivo.

Por su parte, la autoridad electoral cuenta con una gran oportunidad. Es importante que cumpla las recomendaciones de los organismos internacionales. Se debe garantizar que el conteo de los votos que hace la ciudadanía en los centros de votación pueda ser transmitido en tiempo real por los propios ciudadanos, utilizando tecnologías de reconocimiento, transmisión, digitación y digitalización ágiles, confiables y blindados de intereses maliciosos que solo abonarían a un clima de zozobra en torno a la renovación de los poderes en Guatemala.

La participación externa e internacional debe ser garante en la observancia de las etapas del proceso electoral. Ya en 2019 hubo acompañamiento cívico al proceso electoral, en el que se pudieron identificar las deficiencias. Por ello, es importante que la autoridad electoral de Guatemala genere insumos que garanticen la certeza respecto a los resultados, que proporcione información rápida, fluida, y que busque mecanismos que permitan darle gobernabilidad al país, en medio de una elección que promete altos niveles de competencia.

El TSE de Guatemala tiene hoy la oportunidad histórica de brindarle al pueblo guatemalteco la tranquilidad de que sus votos serán contados con absoluta transparencia, a la vista de todos y con la conformidad de los fiscales electorales, en un proceso confiable que brinde certeza, amplio consenso y viabilidad de futuro para Guatemala. Afortunadamente, el fantasma del fraude no está presente con respecto a las elecciones del próximo junio, ya que el TSE ha sido claro en sus determinaciones, lo que se traduce en retornar a la confianza ciudadana, en vías de un proceso limpio y sin sobresaltos.

El uso de tecnologías aplicadas por la propia ciudadanía, validada con todos los esquemas de seguridad y en una dinámica de tiempo real, además del acompañamiento de la auditoría técnica internacional, podrá fortalecer el proceso. La ciudadanía, los actores políticos, las agrupaciones y la sociedad en su conjunto deben dar a Guatemala esta gran oportunidad.

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A Cristina Kirchner le llegó el día que nunca llegaría

Federico Finchelstein
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A Cristina Kirchner le llegó el día que nunca llegaría

La condena por cargos de corrupción a la actual Vicepresidenta y ex Presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos plantea interrogantes importantes sobre la independencia de poderes en Argentina. No es la primera vez que un expresidente es condenado en Argentina, pero también hay diferencias significativas con los casos anteriores.

Hay obviamente una gran distinción entre la corrupción y matar gente. En 1985, los miembros de la Junta dictatorial que gobernó el país durante la “Guerra Sucia” (1976-1983) fueron condenados y arrestados por sus crímenes genocidas. Mientras que, en 2001, el presidente peronista Carlos Menem (1989-1999) fue condenado y detenido por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador durante la década de 1990.

El caso de Cristina Fernández de Kirchner, sin embargo, es diferente y su condena no se relaciona con historias de violencia sino con cargos de corrupción. A diferencia de los casos anteriores, la sentencia de la vicepresidenta no está firme y con seguridad va a ser apelada. Además, la vicepresidenta en funciones tiene inmunidad por lo que en un futuro próximo no será detenida como sí lo fue Menem.

¿Por qué Cristina es condenada ahora? Como tantos políticos argentinos, Cristina Kirchner no puede explicar por qué tiene tanto dinero. Pero para comprender lo sucedido, algo que parecía que nunca iba a suceder, es importante entender el contexto específico en el cual sucedió.

Aunque muchas de las acusaciones eran fuertes y claras, hasta ahora CFK (como se la conoce en Argentina) había podido doblegar a su voluntad al actual gobierno peronista. Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández que la defiende de la boca para afuera también terminó por proporcionar, quizás sin querer, el contexto perfecto para que su juicio se resolviera. Además, a un poder judicial con vínculos con la oposición se sumó, para enrarecer aún más el ambiente, el atentado -poco claro- contra Cristina llevado a cabo por un grupo de lumpenes con preferencias neo-nazis.

En un mensaje acalorado, Cristina Kirchner denunció “mafias judiciales” y “estados paralelos”, y aunque dijo que no iba a hondar en cuestiones teóricas, dejó claro que para ella este es un tema ideológico. La historia del populismo y su propia historia de virajes ideológicos no concuerda con su postura. En los noventas, la mayoría de los peronistas coincidía por entonces con Nestor Kirchner en que Menem representaba una continuidad histórica con Perón. En los 2000, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner renegaron de su pasado menemista y se presentaron como líderes de una era nueva, diametralmente opuesta a la del menemismo, que había traicionado “las banderas nacionales”.

Sin embargo, cuando años antes Menem llevó al peronismo hacia la derecha neoliberal, Cristina Kirchner se mantuvo en el barco mientras afirmaba abiertamente que apoyaba al presidente que “aborrecía” los planteos feministas y que la Argentina ya no corría peligro de ser derrotada por el “infame trapo rojo de los 70”. Años después, en los 2000, cuando intentó encarnar la izquierda populista, Cristina Kirchner puso en tela de juicio la supuesta izquierda que se identificaba con el color rojo mientras promovía una izquierda “verdadera” representada por los argentinos que lucían los colores nacionales. Según ella, no había posiciones legítimas, ni de derecha ni de izquierda, más allá del kirchnerismo. En concreto, en el populismo la posición del líder es más importante que los contenidos de sus cambiantes discursos.

Tras la condena, ha mantenido sus acusaciones contra los medios críticos con ella, y en particular al diario Clarín, uno de los más importantes del país, por manejar el poder judicial. Esta es una historia que viene de lejos. Durante diez años, los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner lanzaron una ofensiva contra los medios críticos. Pasando de la demonización a la práctica, utilizaron la Administración de Ingresos Públicos para acosar al periódico opositor con auditorías y finalmente con leyes antimonopólicas que favorecían a medios cercanos ideológicamente. Métodos similares, aunque más extremos, se usaron y se siguen usando en países como Venezuela, Nicaragua y El Salvador.

Además, de forma esperable, Cristina Kirchner volvió a acusar al poder judicial de estar en su contra. Vale recordar que el propio peronismo manipuló al mismo poder judicial durante los gobiernos de Carlos Menem, Néstor Kirchner y la propia Cristina Kirchner (2007-2015).

En la práctica, la Vicepresidenta no ha podido explicar el enorme aumento de su patrimonio al cabo de una vida dedicada a la función pública. Cabe recordar que inexplicablemente su hija tenía más de cuatro millones y medio dólares en dos cajas de seguridad en Buenos Aires. A esto se suma el hecho de que un amigo de su marido, un empleado bancario con nulos antecedentes empresariales, se convirtió del día a la mañana en un exitoso emprendedor y en el magnate de obra pública en la Patagonia durante los años 2000.

Ante esta realidad, muchos argentinos creen convincentemente que el problema de la corrupción no es exclusivo del peronismo o de los Kirchner y vinculan el caso a otros de la región. En lo personal no estoy de acuerdo con los argumentos sobre las supuestas similitudes entre este juicio y otros casos en América Latina. Quizá el caso que más se acerque a este es el de Donald Trump en el sentido de que, así como en el Partido Republicano, muchos peronistas se alegran en silencio por la caída de un ícono populista por corrupción.

¿Será este juicio el inicio de una investigación más amplia y seria sobre la corrupción en la política argentina, problema que trasciende al peronismo? Este tampoco es el caso. Solo el tiempo dirá si este enjuiciamiento a la Vicepresidenta tiene consecuencias políticas significativas o si es solo un caso más de “mucho ruido y pocas nueces” en la larga historia de corrupción en Argentina.

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El aviso peruano

Enrique Gomáriz Moraga
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El aviso peruano

En el escenario latinoamericano las sanas reglas del juego político pueden retorcerse, pero, afortunadamente, no demasiado. Especialmente en países profundamente divididos, como es el caso de la mayoría de los países de la región en la actualidad. Esta es una lección que muchos se empeñan en desconocer, desde Río Grande hasta Tierra del Fuego. Y los últimos acontecimientos- dramáticos- en el Perú vienen a recordarlo.

Posiblemente, el tercer intento de vacancia impulsado en el Congreso peruano por los partidos de la oposición no hubiera obtenido los votos suficientes para destituir al presidente Castillo. Pero ante la posibilidad de que sus antiguos aliados le jugaran una mala pasada, el mandatario optó por forzar las reglas del juego y disolver el Congreso pocas horas antes de que se votara la moción de vacancia. Una fuga hacia adelante que solo le ayudó a descubrir lo aislado que estaba. Desde la cúpula militar hasta los diputados de su propio partido, Perú Libre, todos rechazaron la maniobra presidencial. Hoy Castillo sigue abandonado y solo en la misma cárcel donde también se encuentra el expresidente Fujimori.

Cuando la prensa y los observadores tratan de explicar cómo es posible que se haya llegado a esta situación, ponen el acento en la incapacidad de Castillo para gobernar el país. Y es cierto que su conducción errática de los asuntos públicos constituye un factor fundamental para explicar esta crisis. El recuento de este año y medio de presidencia muestra una acumulación de bandazos y rupturas espectacular. Ha formado en este breve plazo cinco gobiernos, unas veces con representantes radicales y otras con moderados e incluso conservadores. La última ruptura sonada fue con el estratega de su proyecto, Vladimir Cerrón, el hombre que conformó el partido Perú Libre y llevó a Castillo a la presidencia.

Indudablemente, esa incapacidad de orientar la nave del país es una poderosa razón explicativa del trance actual. Pero no es la única y quizás no es la más profunda. Creo que la causa fundamental refiere al desconocimiento del mandatario electo en junio de 2021 de la verdadera composición política del país. Resulta chocante que los medios de comunicación tiendan hoy a olvidarse que Castillo ganó la segunda vuelta con el 46,8% de los votos, frente a los 46,6% de su oponente, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Es decir, cuando Castillo llegó al Palacio de Gobierno de Lima encontró un país radicalmente dividido. Eso representó para Castillo un dilema considerable: ¿debía llevar adelante el programa izquierdista por el que había sido elegido o, a la vista de la división patria, debía moderarlo para intentar alguna suerte de reunificación del país?

En el fondo, ese es el mismo dilema que enfrentan los nuevos gobiernos progresistas en Brasil, Colombia, Chile y Argentina. Por eso sigo sosteniendo que América Latina no está viviendo una nueva oleada progresista como sucedió al inicio de este siglo. El ejemplo de Lula es paradigmático. Su primer gobierno fue el resultado de un corrimiento del electorado hacia posiciones progresistas, ganó las elecciones con más del 60% de los votos. Hoy, sin embargo, apenas supero la mitad del electorado. Tanto Petro, como Boric, Fernández o Lula, ya saben que tendrán que gobernar un país profundamente dividido, política y culturalmente. Lo que no está tan claro es si son plenamente conscientes de las consecuencias que ello significa en la práctica.

El drama que hoy vive el Perú debiera ser un aviso para navegantes, una lección aprendida que no habría que desconocer. Todo indica que tratar de impulsar un programa izquierdista en un país radicalmente dividido presenta enormes riesgos, que pueden conducir a la búsqueda de caminos erráticos, como le ha sucedido de forma exagerada a Castillo.

La tarea que tienen por delante los gobiernos de corte progresista en la región es complicada. Lejos de impulsar a fondo los programas izquierdistas, deben lograr un equilibrio entre una ejecución moderada de esos programas y acuerdos amplios con las fuerzas de oposición para evitar una polarización que conduzca a la ingobernabilidad de sus países. El abismo al que hoy se asoma el Perú debiera ser un poderoso aviso para muchos gobiernos circundantes.

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Radicalización memética: el humor como forma violenta de hacer política

Gabriel Bayarri Toscano
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Radicalización memética: el humor como forma violenta de hacer política

En los años previos al auge del trumpismo, la Rana Pepe, un popular meme de internet, se hizo viral entre el populismo global de derechas. Se trataba de una rana antropomórfica verde con cuerpo humanoide que siempre decía la misma frase: «Feels good, man”. Inesperadamente, Pepe se convirtió en un meme representativo en internet cuando su popularidad se disparó en Myspace, Gaia Online y 4chan en 2008. A partir de entonces, su uso por parte de los partidarios de Donald Trump, especialmente los grupos de alt-right y supremacistas blancos, fue tan fuerte que es considerado por muchos estudiosos como uno de los elementos indispensables en la comunicación digital que impulsó al trumpismo a la Presidencia de EE. UU.

La Rana Pepe no tardó en llegar a Europa, donde fue adoptada por varios grupos populistas de derecha, como el Front National (hoy conocido como Rassemblement National) y vinculó a Pepe con Marine Le Pen. El meme siguió viajando rápidamente y representando diferentes formas de ironía y humor en América Latina, África y Hong Kong. Su fuerza supuso que se añadiera a la base de datos de símbolos de odio de la Liga Antidifamación junto a la esvástica y la cruz en la gota de sangre del Ku Klux Klan. El enorme poder de este meme hizo que algunos estudiosos empezaran a pensar en la importancia del humor y las imágenes de los memes en los procesos de globalización y radicalización política.

En 2021, Fielitz y Ahmed, de la Red de Concienciación sobre la Radicalización (RAN), publicaron un informe para la Comisión Europea titulado: «Ya no es gracioso: el uso del humor por parte de los extremistas de derecha». Los autores defendían la importancia de estudiar estas formas de comunicación violenta y el necesario aprendizaje que se podría promover a partir del estudio de diferentes regiones del mundo, como los países latinoamericanos. De esta manera, durante la reciente campaña electoral de Brasil pude continuar estudiando el comportamiento político de los electores del presidente Jair Bolsonaro. En mi actual proyecto estudio cómo esta forma específica de comunicación memética contribuye a entender la normalización de la violencia en la extrema derecha latinoamericana.

Miles de imágenes y videos cortos de TikTok inundaron estos meses las redes sociales en Brasil. Los memes incitaban a un placer desconocido que no era fácil de descifrar. El humor ejercía en la campaña electoral una violación de la dignidad de los colectivos LGTBIQ+, racializados o de izquierdas, pero esta violencia era presentada en un código que hacía parecer que se trataba de una acción benigna. La mayoría de los simpatizantes bolsonaristas encontraban graciosas las bromas sobre estos colectivos, pues de algún modo estaban atacando una norma social y moral, lo que llamaban como “políticamente correcto”. Atacar a estos colectivos les producía risa, puesto que el ataque a esta norma social y moral estaba combinado simultáneamente con un código particular que otorgaba carácter benigno a la violación de esta norma.

Así, mis informantes reían al observar imágenes caricaturescas del futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva siendo torturado, transformado en un animal o denigrado: “Es gracioso, se están riendo de un ladrón”. De la misma manera, los entrevistados se reían de imágenes que mostraban perros apoyando a Bolsonaro, dado que estos serían devorados por hordas de petistas hambrientos; también se burlaban del vello corporal de las mujeres feministas o de la reproducción numerosa de colectivos afrobrasileños que querrían recibir ayudas sociales que los miles de memes representaban en sus diversas formas.

El humor funciona en la extrema derecha como un modo placentero de desinhibición de los prejuicios. El proceso de radicalización política supone que cada vez exista un desplazamiento mayor entre la noción de violencia maligna, es decir, aquella con la que no se puede bromear, hacia una violencia benigna, que sí sería objeto de humor.

A medida que el racismo, el machismo y otras formas de violencia se fueron normalizando en la retórica bolsonarista, el ataque a estos colectivos se pudo explicitar con mayor naturalidad. Los adversarios políticos eran representados de manera cada vez más explícitamente violenta en la campaña electoral, en la que se pudo bromear con su muerte, castración, amputación, humillación a través del montaje pornográfico o deshumanizado.

En una época marcada por la desinformación en línea y el aumento de los niveles de polarización social, existe un creciente interés en el debate público sobre el papel adecuado que debe desempeñar la comunicación memética para hacer frente a las actividades nocivas. El papel del humor en los procesos de polarización y radicalización política no ha sido hasta ahora suficientemente estudiado, aunque investigaciones recientes muestran las similitudes con los fascismos históricos: la construcción de antagonistas a través de imágenes burlescas, específicamente del pueblo judío, gitano y la comunidad LGTBIQ+.

Existe una fina línea entre la risa y la humillación, la comedia y la tragedia, y el humor y el daño. El humor se torna en un código fundamental en el entendimiento de la disonancia cognitiva de las extremas derechas, para las cuales funciona como una forma de violencia velada. En América Latina, la condición poscolonial implica que los elementos del populismo de derecha, como el autoritarismo, el militarismo y el racismo, estén codificados a través de formas comunicativas particulares.

La comunicación memética se mueve en los códigos del humor y la ironía, donde las regulaciones y normas internacionales son ambiguas. La internacionalización de la cultura humorística está en marcha en la extrema derecha del entorno latinoamericano, por lo que urge estudiar modos de regulación y educación acerca del uso de estos códigos “soft”, que presentan un papel central en los procesos de radicalización política.

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Perú, ¿una democracia inviable?

Carlos Ugo Santander
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Perú, ¿una democracia inviable?

Perú ya tuvo tres presidentes encarcelados (Alberto Fujimori, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski) en las últimas dos décadas. El expresidente Alan García se suicidó por la presión de ser acusado por corrupción, y Alejandro Toledo se encuentra en vías de ser extraditado desde los Estados Unidos. Pedro Castillo será pronto el cuarto presidente de Perú en ser encarcelado y obligado a responder ante la justicia, pues fue destituido por sedición al haber decretado inconstitucionalmente el cierre del Congreso.

Durante su gobierno, el ya expresidente, buscó ampliar apoyos e intentó hacer un gobierno de coalición, y esto le costó quedarse sin partido político, pues Perú Libre, el partido de izquierda marxista que le catapultó al poder, decidió abandonarlo. Los motivos fueron el rechazo a los deseos del partido de gobernar como minoría e imponer funcionarios sin idoneidad para ejercer cargos públicos.

Castillo, aislado, tampoco poseía capital social como para construir puentes con otros actores políticos y, por ende, para constituir un gobierno más amplio. Sin mayoría en el Parlamento, logró apenas sumar algunos aliados circunstanciales para evitar su destitución en el Congreso.

El ahora expresidente Castillo, sin capacidad para imponer una agenda de gobierno o para dar dirección política adecuada, terminó ahogándose bajo presuntas acusaciones de corrupción, las mismas que, amplificadas por los medios de comunicación, lo llevaron a improvisar. Su círculo personal más próximo actuó de forma desleal y optó por denunciarlo en la medida en que no obtenía favores personales.

En la última semana, obtuvo una victoria significativa cuando el Tribunal Constitucional desestimó la acusación de traición a la patria por unas declaraciones en las que ofreció una salida al mar a Bolivia. Sin embargo, esa victoria fue sobredimensionada por el exmandatario, quien creyó ingenuamente que cerrar el Congreso llevaría a la opinión pública a manifestarse a su favor en las calles.

A pesar de que el día en el que el Congreso discutiría por tercera vez sobre su destitución, la oposición no contaba con los 87 votos parlamentarios para conseguirlo, la decisión del exmandatario no tenía ningún respaldo político. Aún así, decidió precipitadamente decretar el cierre del Congreso.

Ante este movimiento, la cámara se reunió de inmediato en sesión para declarar la incapacidad moral del presidente y, pocas horas después de su decisión desacertada, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía. Al cabo de pocas horas, Dina Boluarte fue reconocida por el Congreso de la república como su sucesora. Boluarte, que viene de las filas de Perú Libre, fue finalmente expulsada de su partido al declarar que no abrazaba su ideario.

Lo cierto es que la asunción de Boluarte a la Presidencia es la sexta en seis años. Boluarte no tiene ningún apoyo formal en el Congreso y por eso intentará constituir un gabinete plural. De no lograrlo, las probabilidades de que sea destituida son muy altas.

Este peligro radica en particular en la extrema derecha, que cuenta con diferentes bancadas y tiene un destacado protagonismo. Estas formaciones están dispuestas a desgastar el aparato institucional peruano mientras no exista sintonía ideológica con el Gobierno. Partiendo del hecho de que Dina Boluarte es una mujer de izquierda, cualquier agenda diferente sería motivo suficiente para sustituirla.

Existe evidencia de que la oposición (especialmente la de extrema derecha) actuó de forma desleal y con fundamentos poco constitucionales para destituir al expresidente Castillo. Y es que las prerrogativas de control político dan visibilidad a sus parlamentarios, que poco se comprometen con las demandas urgentes del país.

No hay duda de que este récord de inestabilidad del sistema político en el Perú se sustenta en el propio diseño institucional, que da pie a la confrontación, en lugar de la cooperación. De hecho, el ejercicio del poder en el país se reduce a la presencia de un presidente con muchos recursos políticos frente a parlamentarios que, para convertirse en opciones de alternancia, no pueden apelar a otra estrategia que la de la confrontación, incluso siendo desleales con el régimen democrático, si hace falta.

Si Castillo hubiera aceptado la vacancia, quizás políticamente habría salido fortalecido. El diseño institucional peruano hizo que Castillo optase por salir equivocadamente de la constitucionalidad vigente. Y ese fue un grave error.

Con su decreto, esperaba llamar a nuevas elecciones parlamentarias. Sin embargo, nada garantizaba que un nuevo Congreso le fuera favorable, dado que no tenía partido ni representaba una propuesta ideológica concreta. Es decir, se habría tratado del ejercicio del poder sin finalidad clara y sin ninguna propuesta determinada para el segmento del electorado que le aupó al poder y que tanto demanda cambios sociales.

Lo que Pedro Castillo realmente consiguió fue juntar a todos en su contra y con ello hacer inviable cualquier movimiento progresista en el Perú.

La sentencia a Cristina abre un nuevo capítulo de la política argentina

Diego M. Raus
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La sentencia a Cristina abre un nuevo capítulo de la política argentina

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en la denominada comunicacionalmente “Causa Vialidad”. En la causa judicial, iniciada casi cuatro años atrás, se dictaminó que desde 2009 hasta 2015 las presidencias de Cristina de Kirchner direccionaron fraudulenta y espuriamente montos exorbitantes de dinero destinados a obras públicas de vialidad hacia una empresa vinculada a la familia Krichenr. Esta empresa -Austral Construcciones- fue creada durante la presidencia de Néstor Kirchner y a cargo de un ex empleado bancario -Lázaro Báez- sin experiencia previa en el rubro. Junto a Cristina fueron condenados Lázaro Báez y otras personas relacionadas con esos hechos.

En octubre la fiscalía solicitó para la vicepresidenta una pena de 12 años de prisión efectiva por el delito de dirigir una asociación ilícita en perjuicio del estado. Si bien la defensa tuvo tiempo para rebatir los cargos, muchos medios sostuvieron que la estrategia consistió más en denunciar una persecución política, al estilo lawfare, que en comprobar la falsedad de la acusación.

El remate de este proceso fue la lectura del fallo por parte de un tribunal federal compuesto por tres jueces, dos de los cuales rechazaron la figura de asociación ilícita y basaron la condena en administración fraudulenta. El tercer juez, que sostuvo la asociación ilícita, aprobó el fallo en disidencia.

Tras la lectura del fallo, Cristina Fernández de Kirchner se dirigió al público a través de las redes sociales, sosteniendo nuevamente que el fallo es producto de una persecución política a su persona, similar a las persecuciones políticas a otros líderes populares en América Latina en los últimos años. La vicepresidenta señaló además que la “persecución” va en contra de la defensa de los intereses populares que esos liderazgos encarnaron en las últimas dos décadas en la región. Cristina afirmó además que estos ataques se estructuran en poderes fácticos articulados entre sectores judiciales, corporaciones económicas, partidos de derecha y la intromisión de sectores de la política norteamericana.

La vicepresidenta, su sector político y sus aliados venían sosteniendo desde hace tiempo, en la medida que se acercaba el final del juicio y la promulgación del fallo, que todo era una causa inventada, persecutoria, de los mismos poderes antipopulares de la Argentina. Y que por lo tanto, la condena era inevitable, pero dado el contexto mencionado, ilegítima y políticamente perversa.

Mientras tanto, para la oposición política, sectores empresariales y comunicacionales, grupos y organizaciones de izquierda y parte de la sociedad civil, el juicio y su posible fallo condenatorio no es sino la evidencia última de una matriz de corrupción que atravesó las tres presidencias “kirchneristas” (la primera de Néstor Kirchner, las otras dos de Cristina).

A partir del fallo se desprenden cuatro aspectos fundamentales. En primer lugar, la condena a prisión de Cristina no es efectiva por el momento. Más allá de la continuidad de instancias judiciales, la vicepresidenta es, por la Constitución argentina, presidenta de la Cámara de Senadores de la Nación y, por ende, tiene inmunidad parlamentaria. De igual manera la inhabilitación para ejercer cargos públicos no se sustentará dadas instancias judiciales previsibles (tribunales de apelación, Corte Suprema) que pueden durar años.

Por otro lado, la causa “Vialidad”, cuya primera instancia se cerró ayer, está atada a otras dos causas -“Hotesur” y “Los Sauces”- que, según la parte acusatoria, implicó lavado de dinero mediante alquileres de propiedades de la familia Kirchner, al provenir de “retornos” de los cuantiosos fondos obtenidos por las concesiones de obras públicas a Austral Construcciones. En estas dos causas están comprometidos los dos hijos de Cristina ya que formaban parte de las asociaciones comerciales de la familia.

En los días previos al fallo, desde la estructura política del kirchnerismo y aliados, se señalaba que si se condenaba a la Vicepresidenta se producirían estallidos políticos y sociales, desde manifestaciones populares, ocupación de sedes judiciales y marchas hacia los tribunales federales. Además, se apuntó a la “paralización del estado y la administración” por la acción de los trabajadores estatales. Lo cierto es que de momento, nada de esto ha sucedido.

En su alocución en redes tras el fallo, Cristina anunció que nunca más va a ser candidata a nada, en línea de lo que se venía mencionando e insinuando en los últimos meses sobre la candidatura presidencial para las elecciones de octubre de 2023. Pero más allá del sentido real de esta renuncia, tras el fallo se abre en Argentina un panorama político incierto.

La presencia armenia en América Latina hoy

María Villarreal
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La presencia armenia en América Latina hoy

Coautora Julia Tordeur

Las tensiones entre Armenia y Azerbaiyán son históricas, pero tras el fin de la guerra de Nagorno Karabaj de 2020 y la crisis fronteriza de 2021, los enfrentamientos a gran escala registrados desde septiembre se han cobrado la vida de centenas de personas. La gravedad de la situación es tal que el Consejo de Seguridad de la ONU celebró recientemente una reunión a puerta cerrada para abordar el tema. El conflicto, sin embargo, encuentra también eco en América Latina donde las comunidades de origen armenio han condenado “la invasión del territorio soberano de Armenia por parte de Azerbaiyán” y han organizado protestas frente a las sedes de las Embajadas de Azerbaiyán.

A pesar de no ser la más numerosa en América Latina, la comunidad de ciudadanos de origen armenio se destaca por ser una de las más activas, heterogéneas e influyentes en la región. Las diversas iglesias, escuelas, clubes, diarios y radios de origen armenio, además de su importante representación en la política, los negocios y las artes de Latinoamérica así lo comprueban.

Las principales comunidades armenias en América Latina están presentes en Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Chile, Honduras y México, pero también existen grupos significativos de esta comunidad en países como Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala o Cuba.

La llegada de los armenios a América Latina está directamente relacionada con los conflictos políticos que empezaron durante el Imperio Otomano. La mayoría de los armenios que llegaron a la región lo hicieron escapando de masacres, persecuciones y procesos de deportación durante la Primera Guerra Mundial y los años posteriores. Muchos son sobrevivientes del Genocidio Armenio, registrado entre 1915 y 1923.

En el contexto de amplias migraciones forzadas, la migración armenia y la formación de una diáspora global, fue facilitada por el Pasaporte Nansen, creado en 1921 por la Sociedad de las Naciones a través del Alto Comisionado para los Refugiados. Sin embargo, a su llegada, los migrantes armenios no eran identificados como armenios, sino como inmigrantes de Europa Occidental, y a menudo se les confundía con sirios y libaneses que también desembarcaban en las metrópolis latinoamericanas.

La presencia y el activismo político de la diáspora armenia en América Latina han sido especialmente evidentes en relación al reconocimiento del Genocidio Armenio. En 1965 Uruguay fue el primer país que reconoció oficialmente este hecho y hoy existen diversos países de la región y entidades como el Parlamento Andino que lo reconocen y condenan.

Actualmente muchos latinoamericanos de origen armenio mantienen su activismo por esta causa, mientras que Armenia intenta promover más y mayores vínculos con esta población. Dos ejemplos ilustran ambas tendencias. En 2021, tras la derrota de Armenia ante Azerbaiyán en el marco del conflicto en Nagorno Karabaj, el ministro armenio de Relaciones Exteriores, Ara Aivazián, convocó en una entrevista a los miembros de la diáspora armenia en América Latina a participar activamente en la reconstrucción del país, definido como su “segunda patria histórica”.

Por otro lado, en abril de 2022, un día antes de cumplirse 107 años del inicio del Genocidio Armenio, Uruguay recibió la visita del canciller de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu. La visita tenía como objetivo la inauguración de la nueva embajada turca en el país, en el contexto de la profundización de las relaciones bilaterales y la firma de un Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, la fecha escogida y el gesto del embajador de reproducir con sus manos el símbolo de una organización paramilitar proturca frente a los manifestantes de la comunidad armenia uruguaya generaron numerosas críticas y condenas.

Pese a que la presencia de la diáspora armenia es regional, en dos países latinoamericanos la importancia de esta comunidad es más marcante: Argentina y Brasil.

La diáspora armenia en Argentina y Brasil

Según los censos locales, la comunidad armenia en Argentina y Brasil comenzó a formarse en las últimas décadas del siglo XIX y se consolidó entre 1930 y 1940.

Argentina y Brasil se convirtieron en destinos de esta población debido a factores como sus políticas migratorias y las oportunidades que ofrecían sus economías, así como la existencia de redes y comunidades de acogida. Las comunidades armenias se asentaron sobre todo en ciudades como São Paulo y Buenos Aires, pero diversas ciudades del interior como Córdoba u Osasco también se convirtieron en el hogar de esta población.

Desde finales del siglo XX, las comunidades armenias de Argentina y Brasil experimentaron un importante crecimiento económico actuando en el comercio y la industria de ambos países.

A nivel económico y comercial, Argentina se encuentra actualmente entre los 10 países con mayores flujos de inversión hacia Armenia. En este proceso es importante señalar el papel que desempeñan actores clave de la diáspora armenia en Argentina como Eduardo Eurnekian, considerado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del país, y activo miembro de la comunidad armenia.

A nivel político, pese al fortalecimiento en los últimos años de las relaciones bilaterales con Turquía, Argentina ha mostrado su apoyo a la causa armenia con el reconocimiento del genocidio por parte de la Cámara de Diputados y el Senado Federal. Además, la Ley 26.199, de 2007, declara al 24 de abril, Día del Genocidio Armenio, como “Día de acción por la tolerancia y respeto entre los pueblos”.

Por otro lado, en Brasil, las primeras familias que desembarcaron en São Paulo formaron grandes industrias vinculadas al sector textil y al comercio de calzado, pero su presencia también es importante a nivel político y cultural.

En el marco del centenario del Genocidio Armenio, la comunidad armenia del país, vinculada especialmente al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), buscó la aprobación de una moción de reconocimiento por parte del Senado. A pesar de que, en 2015, el Senado Federal reconoció unánimemente el Genocidio Armenio, ni el Poder Ejecutivo ni el Ministerio de Relaciones Exteriores emitieron declaraciones apoyando esta medida. Como señala el historiador Heitor Loureiro, durante la década de 2000, el reconocimiento del Genocidio Armenio ha experimentado algunos retos debido a factores como la agenda de la política exterior brasileña y la profundización de la relación con Turquía, considerada como estratégica.

Más allá del activismo de la diáspora, de su lucha por la memoria y el reconocimiento del Genocidio Armenio o de la denuncia del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, las comunidades de origen armenia y sus numerosas contribuciones son centrales y constituyen un buen ejemplo de la diversidad que hoy caracteriza y enriquece nuestra región.

Júlia Tordeur, historiadora y politóloga. Doctoranda en Historia Social (UFRJ) y en Historia, Política y Bienes Culturales (FGV-CPDOC). Especialista en memorias colectivas y derechos humanos en América Latina (Clacso). Investigadora del Grisul.

En Perú la OEA quedó atrás

Luis Pásara
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En Perú la OEA quedó atrás

Luego de “29 reuniones sostenidas con distintas instancias gubernamentales, públicas, privadas y de la sociedad civil” en dos días de paso por Lima, la misión de la OEA, conformada por ocho cancilleres o vicecancilleres de la región, ha emitido un informe sobre la situación peruana que, sobre todo debido a sus omisiones, resulta complaciente con el gobierno de Pedro Castillo. Al final, plantea unas cuantas recomendaciones innocuas que dejan al país en las mismas; esto es, en la situación más crítica de las últimas décadas.

El denominado Grupo de Alto Nivel visitó el país a fines de noviembre, luego de que en octubre el gobierno peruano invocara la Carta Democrática Interamericana en razón de lo que ha venido denunciando como un golpe de estado en marcha. El Consejo Permanente de la OEA acogió el pedido, se solidarizó con el gobierno y posteriormente conformó la misión que luego de visitar el país debía preparar un informe a ser presentado ante el propio Consejo.

El informe de situación destaca siete factores. Algunos son circunstanciales —inestabilidad, alta polarización, confrontación entre poderes, uso excesivo de herramientas de control político—, otros son, digamos, estructurales —el papel de los medios de comunicación, los rasgos de crisis social, el racismo y la discriminación—, que el texto interpola de modo que inclina la balanza a favor de las posiciones gubernamentales. Ejemplo: Castillo es rechazado por actores políticos debido a que es cholo, no porque sea inepto y corrupto, hay que colegir.

No aparece la corrupción

El informe destaca que “Todos los actores entrevistados resaltaron la alta inestabilidad existente” en el país. Al examinar el origen de esta situación, se apunta a “la combinación de diversos factores entre los que se señalaron, la alta fragmentación de las fuerzas políticas; los constantes cambios en la formación de gabinetes; el cuestionamiento al nombramiento de funcionarios por ser considerados no idóneos; la obstaculización del ejercicio del poder; contrapuestos pedidos de recortes de mandato y adelanto de elecciones; los pedidos de vacancia presidencial (tres presentados a la fecha), el uso de la figura de la cuestión de confianza; la disolución del Congreso de la República; las investigaciones abiertas contra el Presidente y otros integrantes del Poder Ejecutivo, y la ausencia de diálogo entre los principales actores políticos.”

El párrafo entero merece ser citado, más que por lo que señala —sin duda, factores existentes—, debido a lo que calla. En el centro de ese silencio está el rasgo que, acumulando denuncias que se han vuelto cotidianas en el país, caracteriza la gestión gubernamental: la corrupción.

Al omitirse ese elemento, que se suma a la inoperancia del aparato estatal en razón de la falta de idoneidad de los principales cargos del Poder Ejecutivo, se pone en relieve el entorpecimiento de la acción gubernamental realizado por la oposición política, que el texto detalla: “el uso indiscriminado de las mociones de vacancia, la negación al Presidente para viajar al exterior, denuncias constitucionales, mociones de interpelación, votos de censura, antejuicio político”. En efecto, la labor de la oposición, desde que Castillo se instaló en el gobierno en julio de 2021, se ha dirigido a socavar su gestión. Pero destacar este factor en discreto tono de reprobación y omitir una referencia al cariz condenable de la acción de gobierno ocasiona un desbalance en el informe.

La evaluación de la acción de gobierno aparece reflejada en los sondeos de opinión. En el más reciente efectuado por IPSOS, la encuestadora más acreditada del país, la falta de confianza en el presidente Castillo alcanza a 68% de los encuestados, al tiempo que 69% considera que Castillo gobierna para sus intereses y los de sus allegados, 67% piensa que no dice la verdad y 65% cree que está involucrado en actos de corrupción.

El contexto, de un gobierno sin rumbo y repetidamente señalado por actos de corrupción, no aparece en el informe del Grupo de Alto Nivel, que al escribir esta nota se encontraba destinado a ser aprobado por el Consejo Permanente. Esta instancia política de una OEA desacreditada por los sesgos de su actuación —especialmente desde que Luis Almagro está a cargo de la Secretaría General—, seguramente se limite a conceder al gobierno peruano aquello que buscaba al invocar la Carta Democrática Interamericana: un respaldo que le dé oxígeno en la lucha política interna.

El informe queda atrás

Ese oxígeno no parece haber llegado. En el país, la recepción del informe del Grupo de Alto Nivel ha sido de rechazo por la opinión informada. De una parte, se ha señalado su desbalance y la inclusión de problemas estructurales —como el racismo y la discriminación— para explicar forzadamente una crisis de situación. De otra parte, la acogida que el texto ha dado a las críticas del gobierno a los medios de comunicación —a los que, “concentrados en pocas manos”, acusa de carecer de objetividad, no ser veraces “y que en algunos casos hasta son desestabilizadores”, al tiempo que invoca “a ejercer la libertad de expresión con un sentido constructivo, responsable, imparcial, y de respeto hacia todos los actores”— ha motivado una reacción airada en editoriales y columnas de opinión.

En definitiva, poca importancia tienen las recomendaciones del informe de la OEA, en especial su llamado a encauzar el diálogo “que se realice una convocatoria a una instancia de diálogo formal entre presidencia, legislativos, altas cortes, representantes de partidos políticos, y miembros de la sociedad civil, libre de condicionamientos”. A tal efecto, el texto sugiere “iniciar una tregua política en tanto se conforma y convoca al diálogo”. Esto último, según han apuntado algunos analistas, es una necesidad urgente del gobierno, en un momento en el que Castillo enfrenta en el Congreso la posibilidad de ser vacado o suspendido del cargo, a más de las siete investigaciones abiertas por el Ministerio Público.

Con la ineficaz gestión de la misión de la OEA, el país continúa profundizando una crisis que, de ser política, se ha contagiado a la economía debido a la falta de crecimiento de la inversión y un posible decrecimiento de la producción minera, asediada por conflictos sociales que no encuentran en el Estado una instancia eficiente de resolución. En la encuesta de IPSOS, casi tres cuartas partes de quienes respondieron (73%) estima que la economía está peor que hace 12 meses y 69% considera que la gestión gubernamental afecta negativamente la economía y el empleo.

En la escena política el zafarrancho continúa. La vicepresidenta Dina Boluarte se ha distanciado del presidente, a la espera de que Castillo sea relevado del cargo y ella pueda sustituirlo. El ministro de Defensa ha renunciado al cargo luego de apenas dos meses de asumirlo, en medio de rumores sobre la posibilidad de un golpe de estado dirigido a cerrar el Congreso. Es un cuadro crecientemente enrarecido respecto del cual ya se ha formulado alguna advertencia de que podría dar paso a un estallido de violencia. Es una situación en la que el informe de la OEA se olvidará pronto, sin pena ni gloria.

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