América Latina y China en tiempos de incertidumbre mundial

Ignacio Bertesaghi
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América Latina y China en tiempos de incertidumbre mundial

Las dinámicas internacionales no dan tregua a la economía y al comercio internacional, lo que lleva a las organizaciones y analistas a la permanente revisión de las proyecciones económicas para los próximos meses. Lo cierto es que ya no es posible adelantar qué ocurrirá en la economía global, y la alternativa es limitarse a identificar posibles escenarios.

Actualmente, toda la atención mundial está centrada en la guerra en Ucrania que comenzó en febrero de 2022 y atraviesa una fase de acrecentamiento, dada la anexión de Vladímir Putin de otras cuatro provincias ucranianas. Junto con Crimea, anexada en 2014, Rusia controla el 22% del territorio de Ucrania y la porción más rica en productos agrícolas y minerales. Y a esto se suma el posible uso de armas nucleares por parte de Putin.

Pero también se ha llegado a límites inesperados en el enfrentamiento de Estados Unidos y China por Taiwán, dada la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla. Mientras se estabilizan las tensiones entre las dos principales potencias mundiales, Corea del Norte dice presente con una seguidilla de lanzamientos de misiles, algunos de los que llegaron a atravesar territorio japonés.

En este contexto, las principales economías mundiales enfrentan enormes desafíos y ya evidencian resultados económicos muy deficientes en lo que va de 2022. Naturalmente la guerra en Ucrania ha tenido impactos en los precios internacionales, no solo de productos alimenticios, sino también energéticos, lo que afectó los precios internos con elevados niveles de inflación en los últimos meses.

Recientemente, y debido a las políticas monetarias y financieras (tasas de interés) seguidas por las principales potencias, además de cierta recuperación y el aumento de los niveles de oferta, los precios internacionales han sufrido una importante baja, si bien siguen a precios históricamente altos.

Por otro lado, está el factor China, que ha sufrido los efectos de su política de COVID cero en la economía, especialmente por las drásticas decisiones de cuarentenas obligatorias y cierres de puertos, tal como ocurrió con Shanghái. Si bien se espera que tras el comité central del Partido Comunista comience un levantamiento progresivo de las medidas restrictivas en China, es posible que hasta mediados de 2023 no se logre una estabilización total.

En los hechos, de acuerdo a los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el segundo trimestre de 2022 la economía de China cayó -2,6%, mientras que la de Estados Unidos y el Reino Unido, -0,1% (en el caso de la primera potencia mundial, sería el segundo trimestre consecutivo de caída). Mientras tanto, Japón creció 0,5% en el segundo trimestre de este año y la eurozona, 0,6%.

Adicionalmente, el FMI prevé para el año 2022 y 2023 crecimientos económicos que estarán en los índices más bajos en lo que va del siglo XXI y espera una situación aún peor con el corte total del suministro de gas de parte de Rusia a la Unión Europea, lo que aumenta los riesgos de recesión. Por otra parte, la Organización Mundial del Comercio (OMC) revisó sus proyecciones para el crecimiento del comercio mundial para 2023, y este estará en los peores índices de las últimas décadas.

En este escenario de globalización económica e interdependencia, América Latina no está exenta de la crisis global, en especial por la importancia que tienen las principales economías mundiales como mercados de destinos de las exportaciones, por ejemplo, China, donde se observa una caída en las ventas hacia ese mercado (como también la ya señalada disminución de los precios internacionales de algunos productos).

Además, en tiempos de incertidumbre, el dólar se fortalece, lo que tiene implicancias en los grados de deuda de muchos de los países latinoamericanos. Estos, a su vez, se ven impactados por las subas de las tasas de interés para controlar la inflación. Ello encarece los índices de financiación de muchas de las economías emergentes.

Por otro lado, y más allá de los efectos recién señalados, algunos países de América Latina muestran desempeños mejores que los proyectados, incluso con la revisión al alza del crecimiento esperado para lo que resta del año. La capacidad de producir productos agrícolas y alimentos procesados (si bien existen amenazas climáticas), así como, en algunos casos, bienes energéticos de forma muy competitiva (con capacidad de exportar al mundo), es un enorme diferencial en la coyuntura actual en la que existen limitaciones de oferta estructurales.

En un contexto de inestabilidad, con guerras en curso y con temores, debido al atravesamiento de dificultades todavía mayores, conceptos vinculados con la seguridad alimentaria y la continuidad de las cadenas de abastecimiento ubican a muchos de los países latinoamericanos en una posición de ventaja comparativa, que debe ser aprovechada y complementada con reformas estructurales que aún siguen pendientes.

* Este texto fue publicado originalmente en la web de REDCAEM

La limitada noción de la democracia del presidente Boric

Enrique Gomáriz Moraga
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La limitada noción de la democracia del presidente Boric

El presidente de Chile, Gabriel Boric, insiste con frecuencia en que se ha tenido que desprender de buena parte de los tópicos tradicionales de la izquierda chilena. Sin embargo, quizás no sea consciente de todos los que todavía arrastra. En las últimas semanas, ha repetido una frase que le encanta, pero sin darse cuenta de que refleja una noción de la democracia limitada, propia de la izquierda tradicional, en especial en América Latina.

El presidente afirma cada vez que tiene oportunidad: “La democracia está para resolver los problemas de la gente, porque si no lo hace, la gente se desencanta”. En eso consistiría el valor fundamental de la democracia: en procurar el bienestar de la población, sobre todo en el plano socioeconómico (aunque no únicamente). Al expresar esa idea, Boric se inscribe en la concepción usual de la izquierda latinoamericana, según la cual la naturaleza de la democracia es puramente instrumental; no tiene valor en sí misma.

Este desconocimiento del valor sustantivo de la democracia tiene consecuencias: es lo que ha conducido a elogiar al régimen cubano durante mucho tiempo y a disimular las “imperfecciones” de Gobiernos como el venezolano o el nicaragüense.

La izquierda latinoamericana se resiste todavía a admitir que la democracia tiene un doble valor. El sistema democrático no es simplemente una fábrica de bienestar. Su valor sustantivo consiste en que es un sistema que le permite a un conjunto social adoptar decisiones colectivas, en condiciones pacíficas y previsibles. Ese valor sustantivo es crucial para el desarrollo humano. Luego, las decisiones colectivas democráticas podrán gustarnos más o menos, ser acordes o no con nuestra ideología o nuestro sistema de valores. Pero si una decisión ha sido adoptada normativamente de forma correcta, la democracia ha cumplido con su función principal: permitir que el conjunto social pueda adoptar decisiones colectivas de manera pacífica.

Desde luego, el sistema democrático también se orienta hacia el bien común, y, en ese sentido, perseguirá el bienestar de la población. Pero reducir el valor de la democracia a esta segunda función refleja un menosprecio del valor sustantivo de la democracia, que puede poner en riesgo ese plano del desarrollo humano. Como dijo Adam Przeworski, el desarrollo es algo muy oral: poder comer y poder hablar. Y si se conculca cualquiera de los elementos del binomio se impide el desarrollo humano.

Por otra parte, el desconocimiento del valor sustantivo de la democracia induce hacia el mantenimiento de una deficiente cultura política cívica y política. Si la ciudadanía (y, sobre todo, sus representantes políticos) solo valora la democracia por su capacidad de generar bienestar, no puede extrañar el hecho de que la ciudadanía deje de sentirse comprometida con la democracia en cuanto aparezca una crisis económica nacional o internacional.

¿Dónde entonces habrá que buscar a los defensores del valor público del sistema político democrático? Y, desde luego, si no hay defensores del valor sustantivo de la democracia, este sistema político estará expuesto a múltiples crisis y nunca podrá afirmarse que se ha consolidado básicamente. Los sondeos de opinión muestran que en los países de la región continúan importantes bolsones de población con baja cultura democrática que desprecian el valor de la democracia.

El presidente Boric debería captar que en Chile hay todavía bolsones de esa población desentendida o desafecta respecto a la democracia y, de hecho, podrían haber tenido bastante peso en el resultado del pasado plebiscito. Desde luego, ambos planos del valor de la democracia se conectan: elevar el nivel de vida de la población también puede contribuir a un mayor compromiso con el sistema democrático. Pero no es algo automático ni lineal.

Es necesario poner especial atención a la elevación de la cultura política democrática en América Latina. Por ello, sería un logro fundamental del mandato presidencial de Boric el hecho de que el compromiso con el valor sustantivo de la democracia aumente apreciablemente entre la población al final de su gobierno. Sin embargo, para ello, debería desprenderse cuanto antes de esa noción de la democracia simplemente instrumental que todavía arrastra.

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Educación inicial para combatir la pobreza y la desigualdad

Julio Galárraga
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Educación inicial para combatir la pobreza y la desigualdad

Entre el año 2019 y 2020, la pandemia de la COVID-19 profundizó los problemas fiscales de los Gobiernos centrales en la mayor parte de los países de la región. En Ecuador, esta situación obligó al Gobierno a ejecutar recortes presupuestarios en varias áreas que afectaron fuertemente la provisión de servicios del Estado. Uno de ellos fue el recorte en el sector educativo, específicamente en el proyecto de Educación Inicial y Básica del Ministerio de Educación, lo que ocasionó el cierre del Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia (Safpi). Este servicio atendía las necesidades educativas de niños de tres y cuatro años de familias vulnerables, que, por sus condiciones, no podían asistir a una institución educativa.

Cuando se establecen este tipo de acciones en un país, el principio fundamental que debe guiar los recortes es que deben ser realizados en aquellos gastos o inversiones que son menos fundamentales o que afectan en menor proporción las necesidades básicas y el bienestar de su gente. Es decir, se deben efectuar de manera estratégica, pensando en el presente, pero también en el futuro.

De acuerdo con datos oficiales, en el programa Safpi se invirtió alrededor de 3,4 millones de dólares entre 2018 y 2020. Se trataba de un programa educativo de visita directa al hogar, que buscaba generar ambientes de aprendizaje favorables y sensibilizar sobre el papel de los miembros de la familia en el desarrollo integral de los niños. Por lo tanto, su presupuesto se destinó, en su mayoría, a la contratación de docentes, que en dos años lectivos llegaron a 400 parroquias y a entre 16.000 y casi 20.000 niños por periodo.

El cierre de este programa significó una gran pérdida para muchas familias, pero también para toda la sociedad en su conjunto. Los programas focalizados hacia familias vulnerables o de escasos recursos pueden reducir la pobreza y la desigualdad, ya que ayudan a nivelar las condiciones disparejas en las que las personas cultivan sus aprendizajes emocionales y sociales durante los primeros años de vida, los cuales determinan los resultados en el plano individual durante la vida.

Una de las claves, como lo menciona el premio nobel de economía, James Heckman, yace en que la desigualdad en el desarrollo de habilidades en las personas se explica principalmente por las características del hogar. Estas características incluyen los ingresos, la educación de los padres y madres, la nutrición y la calidad del cuidado y crianza que reciben los seres humanos en sus primeros años de vida.

En el caso de aquellos hogares que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, varios de estos elementos son más bajos o de menor calidad, por lo que se siembran desigualdades entre personas desde la infancia.

La evidencia recabada en varios países muestra que aquellos niños de hogares en condiciones de pobreza o vulnerabilidad que participaron en este tipo de programas alcanzó un mayor nivel de desarrollo de habilidades, mejor desempeño escolar y nivel educativo, mayores ingresos, mejor salud, menor participación en criminalidad y un comportamiento menos violento en su adultez. En general, cada dólar invertido en estos programas rinde 7,3 dólares de beneficios, ya que se previene el incurrir en costos sociales y económicos futuros para remediar problemáticas generadas por personas que no alcanzan todo su potencial.

Si tomamos en cuenta esto, al analizar la eliminación del programa Safpi en Ecuador, debido a los recortes realizados por los efectos de la pandemia, no solo se afectó el acceso educativo de miles de niños, sino que también se eliminó un mecanismo que ha probado ser sumamente efectivo en cuanto a la reducción de la pobreza y la desigualdad, incluso sin tener en cuenta el hecho de que el programa contaba con un presupuesto relativamente bajo y hasta menor que los gastos en publicidad del Gobierno.

Esto nos deja, sin duda, dos grandes lecciones. La primera es que los programas de educación temprana son imprescindibles porque permiten igualar las condiciones en las que la población desarrolla sus habilidades en sus primeros años de vida. Y la segunda es que los Gobiernos y ciudadanos debemos tomar conciencia de que la decisión de recortar o eliminar una política o programa público debe fundamentarse en mantener una visión objetiva y estratégica que impacte mínimamente el bienestar social, y en una perspectiva a largo plazo.

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La bolsonarización del kirchnerismo

Fabián Echegaray
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La bolsonarización del kirchnerismo

Coautor Ezequiel Raimondo

Nunca se sabrá si la fallida elección de Luiz Inácio Lula da Silva en primera vuelta frustró más a sus correligionarios del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil o a sus admiradores dentro de las filas del kirchnerismo en Argentina. La imagen del gobernador Axel Kiciloff haciendo campaña pro-Lula con una foto en tamaño real del brasileño va más allá de la apuesta táctica a ampliar la red de contención de los Gobiernos autotitulados de izquierda en la región. 

Esta transmite la creencia del kirchnerismo de que las gestiones de Lula y de Cristina Fernández de Kirchner fueron gemelas, caracterizando un modelo de gobernanza y una propuesta de orden político idéntico, en oposición a —por ejemplo— el bolsonarismo y similares movimientos a uno y otro lado de la frontera. ¿Pero son realmente tan parecidos el kirchnerismo y el petismo como son diferentes el kirchnerismo y el bolsonarismo?

Contra lo que les gustaría aparentar, los actuales oficialismos en Argentina y Brasil se asemejan mucho más de lo que admitirían. Al menos, en lo que respecta a cómo piensan acerca del funcionamiento y el papel de la sociedad, así como su composición y sobre cuál es el papel de las instituciones independientes del Estado.

El bolsonarismo y el kirchnerismo coinciden en su visión instrumental de las entidades autónomas estatales, concebidas como poleas de transmisión de órdenes del Ejecutivo para lo cual deben ser colonizadas. Mientras tanto, la sociedad es entendida como compuesta exclusivamente por dos elementos: una pluralidad de grupos de intereses organizados, apropiadores de los recursos monetarios, comunicacionales y de liderazgo, a quienes se somete, coopta o excluye, y una masa fragmentada relativamente indiferenciada, a la que se empuja al clientelismo y subordina con favores y dádivas, activándola o desmovilizándola, según sus necesidades. Y si resiste, o no se alinea, se le hace merecedora del sometimiento con regulaciones ad hoc, controles caprichosos y autoritarios o acción disciplinaria punitiva.

Bolsonaro y los Fernández —con discursos diferentes— se han esmerado en la aplicación de la misma receta: la dependización de la sociedad y el utilitarismo de los mecanismos estatales de gobernanza pública. En Brasil, la militarización de ministerios, secretarías, empresas públicas o de capital mixto donde el Estado brasileño es accionista mayoritario es un ejemplo. De los poco más de dos mil militares en cargos públicos que hubo durante la administración Temer, se pasó en pocos años a más de 6.500 y hoy superarían los 8.000.

Ese corporativismo emula la colonización del Estado por militantes y simpatizantes kichneristas y adeptos de los movimientos sociales a los que se les formaliza autoridad ejecutiva en las varias instancias de gobernanza de la estructura estatal. Según datos del Ministerio de Trabajo de Argentina, solo en los dos primeros años de gestión de los Fernández se sumaron 134.300 personas al plantel del empleo público en todos los niveles, un aumento del 4,2%, mientras el PBI se mantuvo estancado, y el empleo privado, en retroceso durante ese período. A pesar del agrandamiento de la máquina estatal durante los años de Lula, nunca los Gobiernos del PT permitieron semejante proceso de colonización militante o corporativista en escala similar.

Esa instrumentalización se extiende a los cuestionamientos e intentonas de limitación o subordinación de autarquías o poderes autónomos. En plena pandemia, Jair Bolsonaro buscó la sumisión del Sistema Único de Salud (SUS) a sus recetas sin prueba científica, al mismo tiempo que pretendió la obediencia de la autoridad sanitaria Anvisa, transformando, así, sus visiones en las prioridades del país en términos de política de inmunidad y vigilancia endémica.

Además, ni bien asumió el poder, el presidente brasileño amenazó y buscó redefinir el equilibrio de poder dentro de las instituciones judiciales controladoras, ya sea de las elecciones (como el Tribunal Electoral) o del monitoreo de actividades financieras ilegales, pero siempre poniendo los intereses personales antes que los de la sociedad y la nación.

Una de las consecuencias fue la desactivación de la operación Lava Jato, instituida en tiempos de la presidencia de Lula, y que simbolizó el cénit de la autonomía de la fiscalía pública y la policía federal para realizar sus investigaciones, incluso la que culminó con el propio Lula siendo encarcelado de modo cuestionable.

El paralelismo con las intervenciones o atropellos del kirchnerismo a entidades independientes del Estado y con capacidad de regular o moldar las facultades gerenciales del Gobierno es muy notoria. En Argentina, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) fue obligado a maquillar las mediciones de inflación, crecimiento y desempleo. Y el poder judicial vive jaqueado por decenas de iniciativas impulsadas en el Congreso para “democratizar” la Justicia, es decir, para domesticarla. Los Gobiernos del PT nunca se atrevieron a tanto.

Por último, la dependización de la sociedad como masa clientelizable y la entronización de grupos de intereses como interlocutores privilegiados y monopolizadores de la representación de la sociedad es otra característica que une al bolsonarismo y al kirchnerismo, y aleja a este último de la manera con que el lulismo condujo sus gobiernos. En Brasil, frente al desafío electoral de conseguir su reelección, Bolsonaro modificó el asistencialismo social construido por las gestiones de Fernando Cardoso y de Lula mediante el aumento del valor de la ayuda, más allá de los recursos genuinamente existentes y renunciando a exigirles a sus beneficiarios las contrapartidas con vocación cívica de tamaña asistencia, tales como el envío de hijos a la escuela o su vacunación.

En Argentina, tras la crisis social de 2001 en la que existía un único plan social (Jefes y Jefas de Familia), hoy cuenta con 143 tipos de asistencia distinta y 22 millones de beneficiarios, casi el 45% de la población que es la proporción de pobres. La ayuda llega sin condicionamientos cívicos.

Es probable que Kiciloff con su foto tamaño real de Lula sueñe en una autoimagen más respetable del kirchnerismo como la construida por los Gobiernos del PT. Pero es casi seguro que se sienta más cómodo y cercano a las prácticas de los bolsonaristas en lo referido a la disciplina social y al orden político implementado.

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Ezequiel Raimondo es politólogo y asesor principal en la Cámara de Senadores de Argentina. Es coautor del libro “Desencanto político, transición y democracia” (CEAL, 1985).

Twiplomacy rusa en América Latina

Gustavo A. Rivero
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Twiplomacy rusa en América Latina

La “operación especial en Ucrania”, además de ser una estrategia bélica en el extranjero, también lo ha sido en las redes sociales, particularmente en Twitter y Telegram. A través de la cuenta oficial de la Cancillería de Rusia en español, se ha diseminado una narrativa propagandística bélico-nostálgica y diplomáticamente alternativa a la OTAN. El Gobierno ruso se apoyó en las 17 cuentas de Twitter de sus embajadas en Uruguay, Venezuela, Panamá, Paraguay, Perú, México, Nicaragua, España, Ecuador, Cuba, Costa Rica, Colombia, Chile, Bolivia, Brasil, Argentina (esta última es la única que tiene una cuenta en idioma ruso), junto a medios de comunicación y periodistas alternativos, ha aprovechado la oportunidad para seguir reafirmando su interés en posicionarse en la región.

El uso estratégico de las redes sociales (con objetivos propagandísticos) por parte de los Estados ha ampliado el alcance informativo de las políticas exteriores. Este fenómeno es denominado como diplomacia pública o diplomacia digital, cuyo objetivo primordial es mejorar la imagen estatal a escala internacional. Desde el año 2012, la agencia multinacional de relaciones públicas, marketing y comunicaciones BCW ha documentado el comportamiento de los Gobiernos, líderes políticos y organizaciones internacionales en Twitter, fenómeno que se conoce como twiplomacy. De acuerdo con esta agencia, esta plataforma se ha convertido en la primera fuente de información a la que acuden los usuarios del mundo para acceder a las declaraciones políticas de primera mano y sin intermediarios.

#DigitalDiplomacy en los Andes

Los contenidos publicados por la Cancillería de Rusia desde enero hasta septiembre del 2022 se dividen en dos grandes temáticas: la propaganda bélico-nostálgica y la agenda diplomática alternativa a los Estados Unidos. Respecto a la primera, se ha producido una serie de trinos que buscan resaltar el papel decisivo de la Unión Soviética en la liberación de Europa del nacionalsocialismo con el conocido día de la victoria.

Así mismo, hay trinos sobre los logros del programa espacial durante la Guerra Fría, como el viaje de Yuri Gagarin en 1961, quien fue el primer ser humano en recorrer completamente una órbita de la tierra. La cuenta también intenta destacar los aportes tecnológicos que los rusos han realizado a la sociedad, tal como es el caso del icónico vehículo Lada Niva. Sin embargo, este tipo de contenidos no tienen un gran impacto en las redes. 

Por otro lado, las publicaciones correspondientes a una agenda alternativa a la OTAN han buscado contradecir la narrativa de la organización en algunos eventos históricos. En marzo, algunos trinos destacan la “doble moral” de la organización al mencionar el bombardeo contra Yugoslavia. De acuerdo con la perspectiva rusa, esta fue la primera invasión armada de un Estado soberano en Europa desde 1945, la cual erosionó el esquema de seguridad internacional establecido desde la Segunda Guerra Mundial. Además, esta intervención militar por motivos humanitarios legitimó para Estados occidentales el uso de la fuerza, yendo, así, a contracorriente del principio de no injerencia.

Adicionalmente, estas cuentas intentan contrarrestar la culpabilidad de Rusia en esta guerra. La estrategia de comunicación se ha enfocado en catalogar las causas “occidentales” de esta situación como hechos o mitos desinformativos. En enero, se publicaron seis trinos desmintiendo a Rusia y culpando a la OTAN y a los Estados Unidos. Allí se afirma que, debido al apoyo que Occidente les ha dado a los nacionalistas ucranianos desde 2014, Rusia se ha visto obligada a intervenir por la seguridad de los residentes de Crimea y Dombás. En julio, se contradijeron las supuestas consecuencias económicas globales de la guerra en Ucrania, particularmente las relacionadas con la crisis alimentaria que señaló el Banco Mundial. Por último, se ha publicado contenido desmintiendo las presuntas acciones militares rusas contra civiles en las ciudades de Bucha, Kiev y Odesa y se afirma que se trata de una provocación desinformativa de la OTAN para justificar las sanciones en contra de esta nación.

La Cancillería de Rusia arremete, a su vez, contra Estados Unidos mediante la alusión a la injerencia militar, política y económica que ha tenido en la región. En este sentido, divulga contenido sobre las acciones militares fronterizas del gigante americano en 1846 en México, el golpe de Estado orquestado por la CIA en 1954 con el objetivo de derrocar al presidente Jacobo Árbenz en Guatemala, y la “ocupación militar de Haití” desde 1915 hasta 1934. Respecto a la injerencia económica, en repetidas ocasiones se han producido trinos cuestionando tanto el embargo económico a Cuba como las sanciones económicas impuestas a Venezuela. 

La cuenta de la Cancillería también visibiliza el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Rusia y los países que se resisten al mandato estadounidense. Se han publicado fragmentos de las presuntas llamadas entre Vladímir Putin y los presidentes de Cuba, Venezuela y Brasil en las que resaltan el apoyo económico y político. También se conmemoran constantemente las fechas en las que los países de la región reconocieron a la Unión Soviética como Estado y establecieron relaciones. En septiembre se realizó una serie de publicaciones, “al margen del 77 período de sesiones de la ONU”, de las reuniones entre el canciller ruso Serguéi Lavrov y los de Venezuela, Cuba, Brasil y Bolivia.

¿Influencia virtual?

La diplomacia digital rusa en América Latina es congruente con sus intereses de política exterior, los cuales, aparte de buscar el fortalecimiento de las relaciones con Estados aliados como Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Argentina, y desafiar ciertamente la posición del gigante norteamericano, intenta, asimismo, aproximarse a los ciudadanos de habla hispana. Para ello, Rusia se ha adaptado rápidamente a las redes sociales, aumentando su presencia en internet y empleando un lenguaje simple, acompañado de imágenes explicativas o satíricas, más atractivas para la audiencia. A pesar del esfuerzo de Rusia por influenciar en la región, la popularidad e interacción de sus publicaciones entre los usuarios es aún muy baja.    

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Elecciones en Brasil y un segundo mandato de Bolsonaro

Guilherme Simões Reis
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Elecciones en Brasil y un segundo mandato de Bolsonaro

Los brasileños acudieron a las urnas el 2 de octubre y votaron para presidente, senadores, diputados federales y en las elecciones estatales. Las expectativas de muchos eran que el ex presidente ganara en la primera ronda. La ventaja, de seis millones de votos fue significativa, pero el voto a su oponente y sus aliados (43,2%) sorprendió y envalentonó a la extrema derecha. Lula recibió 12,9 millones de votos más en el Nordeste que Bolsonaro, lo que compensó haber recibido 6,9 millones menos que su oponente en las regiones del Sudeste, Sur y Medio Oeste del país.

La segunda ronda se celebrará el 30 de octubre y Bolsonaro será apoyado por el actual gobernador de São Paulo, Rodrigo García (derrotado en su intento de reelección), y de los gobernadores reelegidos ya en la primera vuelta en Río de Janeiro y Minas Gerais, Cláudio Castro y Romeu Zema. Lula cuenta con el apoyo de Simone Tebet, que quedó tercera en las elecciones presidenciales, y del PDT, partido que quedó cuarto lanzando a Ciro Gomes.

La elección para el Senado Federal también mostró la fuerza de Bolsonaro. Se renovó un tercio de la Cámara, 27 de los 81 senadores, y ocho eran de su Partido Liberal, que se convirtió en la bancada más numerosa. Entre los elegidos se encuentran antiguos ministros, fundamentalistas religiosos como Damares Alves, y el vicepresidente general Hamilton Mourão, así como el ex juez Sérgio Moro, que persiguió y condenó a Lula en los juicios de la operación Lava Jato. Este había roto con Bolsonaro, pero ahora ha expresado su apoyo.

El avance del autoritarismo

El uso de la maquinaria pública en la campaña para la reelección no tiene precedentes. Los actos oficiales del 7 de septiembre, día de la independencia de Brasil, se transformaron en un acto de campaña, cuando el candidato presidente afirmó que nunca será detenido y que las únicas opciones para él son la muerte o la victoria. Además, ha repetido que sólo reconocerá el resultado de las elecciones si son «limpias». Esto implica que cualquier derrota se interpretaría como un fraude.

En este marco, si Bolsonaro gana en la segunda vuelta aumentará radicalmente su margen de maniobra para imponerse por encima de los controles y subvertir la Constitución, con el riesgo de cerrar el régimen. Una victoria contra Lula, favorito en todos los sondeos desde hace cuatro años y con dos mandatos presidenciales bien valorados y reconocidos internacionalmente, aumentaría la capacidad de Bolsonaro de unificar a su alrededor a los sectores del aparato represivo: Fuerzas Armadas y Policía. También le permitiría atraer a su base, junto a los parlamentarios de extrema derecha ya alineados, a congresistas ávidos de fondos presupuestarios.

El apoyo al actual gobierno se ha comprado con un aumento de los recursos presupuestarios para inversiones que son escogidas por los parlamentarios, el llamado «presupuesto secreto». Tales recursos se obtienen incluso con recortes en áreas sociales, como la educación: en 2022 se bloquearon 1.000 millones de reales para universidades y colegios federales, haciendo inviable gran parte de las actividades de la educación pública.

Este escenario permitiría a Bolsonaro llevar a cabo reformas constitucionales y la reformulación de la principal barrera institucional para ello: la composición del Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro ofendió a dos de sus miembros, Alexandre de Moraes y Luís Roberto Barroso, y mencionó la posibilidad de su destitución tras las elecciones. También planteó la posibilidad de aumentar el número de miembros del STF, para contar con más candidaturas, y de rebajar su edad de jubilación, para forzar el cese de los nombrados por sus predecesores.

Corresponde al presidente del Senado recibir la denuncia para iniciar el proceso de destitución de un miembro del STF y se necesita el voto de 54 de los 81 senadores para aprobarla. La aprobación de las enmiendas a la Constitución requiere el apoyo de 54 senadores y también de 308 de los 513 diputados federales. En este marco, la amplia bancada de Bolsonaro en el Senado hace saltar las alarmas.

La agenda regresiva de Bolsonaro

El Foro de Seguridad Pública indica que el número de congresistas que son oficiales de policía o de las Fuerzas Armadas aumentó de 28 a 36 en estas elecciones. La Agencia Estado, por su parte, señala que, de los 40 candidatos a diputados o senadores federales apoyados por el grupo de presión para la flexibilización del porte de armas Proarmas, 17 fueron elegidos, en su mayoría por el Partido Liberal. Precisamente el gesto de disparar un arma con las manos fue el símbolo de la campaña de Bolsonaro en 2018. Su gobierno se identifica con el militarismo y la violencia y difusión de las armas, lo que favorece a los grupos mafiosos paramilitares conocidos como «milicias», cuyas relaciones personales con el clan presidencial son conocidas.

El fundamentalismo cristiano también es llamativo en los pronunciamientos de Bolsonaro, cuyo lema es «Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos». Los evangélicos son uno de los segmentos con mayor incidencia de voto para él. Según la encuestadora DataFolha, el 62% de los evangélicos votaría por Bolsonaro en la segunda vuelta, mientras que el 31% por Lula. Ilegalizar el aborto en Brasil no está fuera de los planes: Damares Alves, ministra de la Mujer y los Derechos Humanos, en 2020 acosó durante meses a una niña de diez años violada para que no abortara, a pesar de que la legislación lo permitía tanto por la violencia sexual como por el riesgo de morir en el parto.

El autoritarismo militar y el fundamentalismo religioso avanzan en Brasil. Esta puede ser la última oportunidad para detenerlo. No por casualidad, los históricos adversarios de Lula han expresado su apoyo en esta segunda vuelta, en el más amplio frente político desde la campaña por el voto directo al final de la dictadura militar.

Interrogantes de la transición cubana (o la democratización posible)

Carlos M. Rodríguez Arechavaleta
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Interrogantes de la transición cubana (o la democratización posible)

Es una evidencia irrefutable la entropía, el caos y la persistente crisis en Cuba. Ni las narrativas más sofisticadas de la posverdad logran dibujarnos una Cuba próspera, empoderada y convencida de su bienestar futuro. La Cuba que percibimos suele ser trágicamente desgarradora y contrasta con el triunfalismo de las narrativas oficiales. Esta asimetría entre realidad, discurso(s) oficial(es) y múltiples expresiones académicas o basadas en opiniones pueden darnos pistas para reflexionar sobre qué tan probable es un cambio político por medio de la transición o, en su defecto, las razones de la persistencia del régimen actual. 

Cuba parece ser la excepción de los casos de regímenes no democráticos, ya sean autoritarismos diversos o totalitarismos. A pesar de sus vínculos económicos y políticos con la antigua URSS y el campo socialista, sobrevivió a su caída. Fue capaz, además, de transferir de forma ordenada el liderazgo carismático histórico y garantizar la continuidad del régimen.

Además, el régimen ha tenido capacidad para reintegrarse a coaliciones estratégicas regionales (Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina) durante las “olas de Gobiernos de izquierda”, de negociar coyunturalmente con potencias internacionales (EE. UU.), de proyectarse como un destino para inversiones sectoriales (turismo para España, Canadá, Italia, etc.) o sobrevivir por más de seis décadas a medidas de embargo económico.

La sumatoria de estos factores constituye el núcleo duro de una narrativa que resalta la legitimidad, legalidad y capacidad del régimen para defender un proyecto de soberanía nacional y su profundo antimperialismo selectivo. Esta narrativa, con una clara orientación continuista, se observa en las élites políticas, su diplomacia, y en sectores académicos internos y externos.

Esta perspectiva oficial señala cualquier contradicción interna como una derivación de la agresividad del “bloqueo” norteamericano y asume el cambio como reforma controlada; por supuesto, por la dirección del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el Gobierno. Cualquier otro cambio será visto como una amenaza a la soberanía nacional. Ahí encontraremos la aversión oficial al término “transición”, entendido como “proyecto político contrarrevolucionario pro-EE.UU.”.

La transición política es una categoría analítica, no ideológica, que se refiere a un cambio de régimen político. Y su núcleo duro es la conformación de actores con perspectivas diversas y proyectos creíbles para negociar y causar un cambio en la estrategia de los demás actores en condiciones contingentes y de mucha incertidumbre.

En síntesis, ningún actor independiente sería capaz de garantizar un cambio político, por lo que entraría en juego su capacidad para establecer alianzas estratégicas con otro actor externo para fortalecer su estrategia de negociación. En la tercera ola democratizadora, las diferencias de poder entre reformistas del Gobierno y moderados de la oposición fueron determinantes.

Otros estudios han interpretado la transición política, de cualquier signo, como una dinámica de acción y reacción entre las élites del régimen y la sociedad civil. La movilización popular desempeña un papel importante, pues puede marcar el ritmo de la transformación al obligar al régimen a optar entre alternativas: represión, integración o la transferencia de poder.

La transición política presupone ciertas condiciones estructurales, contextuales, históricas y de elección estratégica de actores interesados en el cambio político. El tipo de régimen y su marco institucional puede explicar la homogeneidad en el interior de la élite política y la autonomía de la emergente sociedad civil cubana. En este sentido, la matriz totalitaria del régimen difiere de los autoritarismos burocráticos-autoritarios de pluralidad limitada de los modelos clásicos, pues ha garantizado la cohesión y la rotación de lealtades de la élite política.

Tanto en lo institucional como en lo ideológico, la unidad ha sido el núcleo articulador de la gobernanza y la legitimidad del régimen. El PCC se antepone a las estructuras de Estado y gobierno, y su buró político, como órgano de vigilancia y control, y las reglas electorales han garantizado el consenso y la rotación de lealtades dentro de la élite.

Este control se extiende al órgano legislativo, pervirtiendo sus funciones deliberativas en acciones de ratificación de decretos de una cúpula cada vez más invisible. Los órganos supremos del Estado (el Consejo de Estado) y el Gobierno (Consejo de Ministros) rinden cuenta al presidente, quien, fiel a la vocación personalista del régimen, es el dirigente supremo del partido único (PCC).

La unidad estructural y narrativa del régimen deja poco espacio al disenso, a la reflexión crítica y a la discusión de opciones intraélite, condición necesaria para el surgimiento de fracturas y de un sector reformista alternativo. Ha predominado en el cálculo de las élites la estabilidad continuista para mantenerse en el poder y conservar sus privilegios.

Para el régimen, la sociedad civil “institucionalizada” son las “organizaciones sociales y de masas”, debido a su visión conductista y mecanicista de lo social. La sociedad será, entonces, una “masa” amorfa incapaz de autonomía reflexiva, por lo que debe ser dirigida. Así, el uso frecuente de mecanismos complementarios de democracia directa como la consulta popular, el referéndum y el plebiscito constituyen procesos de participación popular con incidencia inducida.

Superar este control de décadas del Gobierno hacia cualquier forma de autonomía cívica es uno de los retos más importantes de la emergente sociedad civil que debe afrontar registros, monitoreo, sanciones, prohibiciones e incluso criminalización y represión.

En los últimos años se percibe un creciente activismo en sectores de la sociedad civil sobre un abanico de temas y cuyos posicionamientos rebasan los clásicos clivajes izquierda-derecha o Gobierno-oposición. No obstante, estas restricciones limitan la capacidad de interacción, lo que genera fragmentación en las acciones colectivas.

Estas limitaciones afectan a los grupos de la oposición con posicionamientos que van desde propuestas moderadas hasta radicales intervenciones militares de potencias extranjeras o potenciar estallidos de rebeldía interna antigubernamental. Es difícil visualizar la capacidad de estos actores para negociar en un escenario de transición. Pero el pacto entre reformistas de la élite y moderados de la oposición debe ser la estrategia predominante. Las opciones radicales nunca han garantizado una transición política exitosa a la democracia.

Durante el último año las circunstancias internas se han complicado para el Gobierno. Los nefastos efectos de la pandemia de la COVID-19 o el dengue han afectado al turismo. El desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, la crisis energética, la galopante inflación y la pésima calidad de los servicios médicos han impulsado expresiones diversas de disenso.

En este sentido, el carácter masivo, espontáneo, transversal y politizado de las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 demuestran que el malestar de la población puede desatar disensos con resultados inciertos. La respuesta represiva del régimen descarta negociar reformas liberalizadoras. Su estrategia predominante será la continuidad basada en el adoctrinamiento sistemático, la cooptación manipulativa, la “salida” de sectores disidentes y la represión de cualquier sujeto que amenace la estabilidad y continuidad del régimen.

En la historia política de Cuba como república han predominado los cambios de régimen por rupturas violentas, ya sea en versiones de golpe de Estado (1952) o por revoluciones (1933, 1959) sobre los pactos (1939), y la única experiencia de democracia se reduce a doce años (1940-1952). La mayoría de estas experiencias, sin embargo, han sido silenciadas, tergiversadas y manipuladas por la propaganda ideológica del Gobierno, que las desecha como base de un aprendizaje político para las nuevas generaciones.

El gran reto de la transición cubana hoy es desmitificar y revalorizar el núcleo central del mito revolucionario: la unidad (totalitaria), y asumir como condición de soberanía republicana las nociones de pluralidad, deliberación, tolerancia e inclusión.

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La feminización de la migración venezolana

Pía Riggirozzi
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La feminización de la migración venezolana

Coautora Natalia Cintra

El número de personas en el mundo que se ven obligados a abandonar su país de origen está aumentando significativamente, debido a los crecientes desafíos por las guerras, el cambio climático, la pobreza, la inseguridad alimentaria y la violencia de género. A finales de 2021 había 89,3 millones de migrantes forzados a escala mundial, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). En América Latina, este flujo se ha incrementado desde 2015 en más de 6 millones a causa de venezolanos desplazados que huyen a países vecinos. La mitad son mujeres y niñas.

En este contexto, ha habido una “feminización” de la migración forzada. Las mujeres y niñas que viajan sin cónyuges o parientes varones, o que se ven forzadas a migrar por motivos relacionados con riesgos, debido a su género, representan un porcentaje cada vez mayor. Las experiencias vividas por las mujeres y niñas desplazadas están inherentemente vinculadas a situaciones de inseguridad que afectan su salud y salud sexual y reproductiva.

Feminización de la migración

Las mujeres constituyen casi la mitad de los 272 millones de migrantes del mundo y el 48% de todos los refugiados, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones. En América Latina y el Caribe, representan algo más de la mitad de todos los migrantes.

La migración intrarregional se ha feminizado principalmente debido al gran flujo de migrantes de Venezuela. Si bien la crítica situación del país afectó a la población en general, repercutió de manera desproporcionada a mujeres y niñas. Por ejemplo, la escasez de alimentos tiene un efecto particularmente adverso en las mujeres cuidadoras y cabezas de familia, quienes a menudo son responsables de alimentar a los niños y de cuidar a los ancianos. Según la ACNUR, hay altas tasas de desnutrición entre las mujeres embarazadas en los barrios pobres y un aumento pronunciado de las tasas de mortalidad infantil y materna.

Además, la fuerte disminución de la infraestructura médica perjudicó a las mujeres en edad fértil por la falta de métodos anticonceptivos. Esto, junto con el declive de la infraestructura médica, impulsó el alza de las enfermedades de transmisión sexual, en particular el VIH, el incremento de las tasas de mortalidad materna, el riesgo de embarazos no deseados y los abortos inseguros. El deterioro de los hospitales y las clínicas de maternidad también condujo a una atención prenatal y posnatal limitada. Según Amnistía Internacional (2018), entre 2015 y 2016 las muertes maternas se incrementaron un 65%, y la mortalidad infantil, un 30%.

Venezuela no solo tiene las tasas de mortalidad materna más altas de la región, sino que el 13% de ellas se debe a abortos inseguros. Estas razones explican la feminización de la migración en América Latina. 

Violencia de género en el desplazamiento

Generalmente, los desplazamientos forzados exacerban las vulnerabilidades y los riesgos entre las mujeres y las niñas. Las migrantes forzadas están expuestas, en lo particular, a riesgos de explotación, violencia sexual y conductas sexuales de riesgo para su supervivencia (económica), lo que lleva a un número creciente de embarazos no deseados, VIH, infecciones de transmisión sexual, muerte materna y precariedad generalizada.

Por lo general, los riesgos y necesidades de los desplazados no son neutrales al género, y los sistemas de protección deben responder de acuerdo a esas necesidades y derechos de género. Sin embargo, muchos países receptores son ambiguos en la gobernanza y la responsabilidad, incluso, por medio de la criminalización o estigmatización de las mujeres desplazadas y, como consecuencia, reproducen las desigualdades de género.

Brasil y la (des)protección de las migrantes

Brasil es un caso paradigmático porque tiene una larga y única historia de política migratoria y de protección de migrantes y refugiados. En 2019, tres años después de una importante afluencia de venezolanos a Brasil, el Gobierno clasificó a Venezuela como un país en situación de “violación grave y generalizada de los derechos humanos”. Esto permitió que los venezolanos fueran reconocidos como refugiados y, como resultado, disfrutaran de los correspondientes derechos de protección. En ese contexto, se estableció la Operación Acogida en 2018, un programa humanitario esencial para proporcionar orden, refugio y atención sanitaria.

A pesar de estos impresionantes logros, las brechas de protección arriesgan descarrilar los avances y, más aún, reproducir violaciones de los derechos humanos de muchas migrantes venezolanas. La primera brecha es la de las políticas fronterizas, de vigilancia y la militarización que ha empujado a muchas mujeres a utilizar vías irregulares como cruce fronterizo alternativo por temor al maltrato o a la deportación. Esto se ha intensificado desde tiempos de la COVID-19.

Muchas mujeres que ingresan al país por medios irregulares se vuelven indocumentadas, invisibles y con dificultades para acceder a sistemas de protección, e información sobre la documentación, albergues y al sistema universal de salud. Si las mujeres y niñas migrantes se vuelven invisibles, caen en las grietas de un sistema que privilegia a quienes ingresan por la “puerta grande” oficial, lo que aumenta la dependencia en trabajos informales, explotación y relaciones abusivas.

El tiempo es otro factor que crea o incrementa situaciones de riesgo, impotencia e indignidad para las mujeres y niñas migrantes. Por ejemplo, el tiempo en la calle a la espera de ser albergadas, para recibir información y documentación, para ser regularizadas, para encontrar un trabajo, para la atención médica o en la calle cuando deben abandonar los albergues nocturnos.

Además, los albergues que operan, sobre todo, en lo que es la Operación Acogida, si bien mitigan algunas necesidades inmediatas, se ven afectados por falta de privacidad, de higiene y de seguridad en carpas comunales donde duermen juntos cientos y cientos de migrantes.

A esto se suma la falta de apoyo en la prestación de cuidados y para acceder a puestos de trabajo decentes y formales. Las condiciones socioeconómicas influyen de manera directa en las experiencias de las mujeres migrantes que están encargadas de tareas de cuidados. También existe el riesgo de que estas mujeres sean explotadas sexualmente, dadas las necesidades urgentes a las que se enfrentan. Por ello, son necesarias políticas específicas para mejorar su acceso al empleo formal, y que apoyen las tareas de cuidado y escolarización para romper ciclos de pobreza y explotación. Por último, hay una brecha lingüística y cultural que dificulta la comunicación y la visita a servicios de protección existentes, especialmente riesgoso para las víctimas de la violencia que se ven limitadas en su posibilidad de denunciar o buscar apoyo.

La protección, en su conjunto, debe ir más allá de un enfoque emergencial a corto plazo. Hay serias implicaciones de género en cómo se conciben e implementan regulaciones, políticas y servicios de protección en lugares de tránsito y de residencia. Una feminización del abordaje de protección debe asegurar condiciones que permitan a las mujeres y niñas migrantes reconstruir su vida en relación con su entorno inmediato y con respecto a su futuro.

Natalia Cintra es investigadora posdoctoral en la Universidad de Southampton, en el Reino Unido. Doctora en Derecho (PUC-Rio). Sus intereses de investigación comprenden los estudios migratorios y de asilo con una perspectiva racial y de género.

Sin oposición no hay democracia

Fernando Barrientos
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Sin oposición no hay democracia

En varios países latinoamericanos existe una creciente polarización política que se fomenta desde el vértice del poder. Uno de los principales focos de ataque son los sectores de la oposición partidista y no partidista a varios de los Gobiernos de turno. El presidencialismo, que es la forma de gobierno común en la región, funciona eficientemente si existe una equilibrada relación entre el Gobierno y la oposición, pero sobre todo si los partidos, grupos y sectores que se ubican en una u otra situación comparten valores democráticos.

Los Gobiernos divididos, es decir, cuando el Gobierno no cuenta con una mayoría en el poder legislativo, pueden generar fases de ingobernabilidad. Sin embargo, la historia reciente de América Latina muestra que, por lo regular, la ingobernabilidad se fomenta desde los Ejecutivos, y cuando estos gozan de amplias mayorías legislativas, también hay mayor proclividad a fomentar prácticas autoritarias.

En los últimos años, sea bajo Gobiernos unificados o bajo Gobiernos divididos, una gran parte de los presidentes latinoamericanos, sus gobiernos y sus seguidores han atizado ataques a las oposiciones, poniendo en riesgo la estabilidad de las democracias, que de por sí no gozan de buena salud. A octubre de 2022, de los 16 países más grandes y poblados de la región, siete cuentan con un Gobierno unificado, es decir, que el partido del presidente y sus aliados tiene, al menos, mayoría simple en el poder legislativo.

Entre ellos están El Salvador, Nicaragua y Venezuela, que cuentan con un legislativo unicameral, y los tres ya son considerados autoritarios en los índices que miden la democracia en el mundo. Y México, que cuenta con un sistema bicameral, puede considerarse actualmente una democracia débil o con rasgos de regresión autoritaria.

Desde el 2007, en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ha controlado el 85% de la Asamblea Nacional, y la oposición apenas ha alcanzado el 15% de los escaños. En agosto de 2021, la alianza opositora Ciudadanos por la Libertad (CxL), que lideraba las encuestas, fue inhabilitada por el Tribunal Electoral, controlado por el oficialismo, y sus precandidatos fueron encarcelados. En las elecciones municipales de 2017 esa alianza había ganado cinco municipalidades, pero en julio de 2022 fueron tomadas por el Gobierno de manera ilegal y nombró a nuevos alcaldes. La situación se agravó en septiembre de este año cuando el régimen de Ortega ordenó detener arbitrariamente a familiares de opositores o disidentes a su gobierno.

En Venezuela, de cinco legislaturas que se han instalado desde el año 2000 bajo la Constitución de 1999, cuatro han estado bajo el control del gobierno chavista. Y cuando perdió la mayoría en 2016, Nicolás Maduro desconoció a la Asamblea en manos de la oposición y fraguó una estrategia para poner sobre esta a la Asamblea Constituyente de 2017 que solo respondía, de facto, a sus órdenes. Ello generó una crisis política y de representación a tal grado que los partidos y líderes de oposición decidieron no participar en las elecciones legislativas de 2020, a la par que el Consejo Nacional Electoral decidió aumentar ilegítimamente el número de legisladores de 167 a 207, de los cuales actualmente el 93% son oficialistas.

En El Salvador, en febrero de 2020, el presidente Nayib Bukele, elegido un año antes, ingresó escoltado por miembros del Ejército a la sede de la Asamblea Legislativa, en ese momento controlada por la oposición, para presionarlos a votar un proyecto de solicitud de préstamo a Estados Unidos. Esta acción fue débilmente condenada dentro del mismo país, a pesar de que fue una clara violación de la soberanía del poder legislativo. En las elecciones legislativas de 2021, su partido, Nuevas Ideas, obtuvo el 76% de los escaños, y una vez instalados, votaron la destitución de los miembros de la Corte Constitucional y del fiscal general, quienes se habían opuesto a sus decisiones, y posteriormente designaron a miembros afines al Gobierno. Para justificar tan arbitrarias decisiones, Bukele llegó a decir: “El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos”.

Desde el 2018 en México, la organización Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sus partidos aliados, tienen mayoría simple en las Cámaras de Diputados y Senadores, y han logrado aumentarla gracias al transfuguismo y a la poca disciplina partidaria de los partidos de oposición. Prácticamente, todos los días desde que ganó las elecciones, en sus conferencias “mañaneras”, el presidente se dedica a denostar y a ridiculizar a la oposición, y cuando los votos no les han alcanzado a su partido y aliados para llevar a cabo sus reformas legales, ha recurrido al chantaje y a la amenaza para que algunos legisladores de partidos de oposición voten sus iniciativas, tal como sucedió en octubre de 2022 cuando el Congreso aprobó la ampliación de la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028.

Estos casos son muestra de la debilidad de las democracias en América Latina y de los peligros del presidencialismo cuando este no es controlado o, más bien, cuando no hay controles democráticos. Las oposiciones sistémicas en la democracia, partidistas y no partidistas, no solo son necesarias, sino que también su permanencia es indispensable. Así como no puede existir democracia sin elecciones, tampoco la hay sin oposición.

No basta la existencia de dos o más partidos: el que está en el Gobierno debe asumir que requiere y debe tener un contrapeso político, de otra manera surgirán tentaciones autoritarias, con el consecuente deterioro de los principios democráticos. La dialéctica gobierno-oposición no solo mide las fuerzas que apoyan al Gobierno, sino también aquellas que ejercen un poder activo de crítica, de control y de dirección alternativa de gobierno. En América Latina solo Colombia reconoce desde 2017 el papel de las oposiciones y les otorga derechos a partir de un estatuto.

La “oposición” no debe confundirse de ninguna manera con “hostilidad” al Gobierno. Las funciones de las oposiciones partidistas en las democracias son expresarse sobre la dirección que toma o debiera tomar el Gobierno; ejercer funciones de control, utilizando los recursos legales a su alcance, expresarse sobre los resultados de la actuación del Gobierno y sus consecuencias; y prepararse para la alternancia, es decir, toda oposición tiene la responsabilidad de mostrarse como una opción de gobierno.La oposición se ejerce a partir de una autoubicación que se asume a partir de una orientación ideológica, de un conjunto de ideas sobre la política y de los resultados del juego democrático. Solo en la medida en que se comprenda el poder y la estructuración de las oposiciones políticas, es posible entender también el éxito o el fracaso de los Gobiernos de turno, pero sobre todo el devenir de las democracias.

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Ciudadanía digital, desinformación y calidad de la democracia

Carlos Domínguez Avila
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Ciudadanía digital, desinformación y calidad de la democracia

La ciudadanía digital es un concepto emergente, un tanto ambiguo y vinculado a los derechos y deberes de los ciudadanos en el mundo virtual, en la sociedad del conocimiento, en Internet y en las redes sociales. También conocida como ciberciudadanía o e-ciudadanía, examina las competencias digitales imprescindibles para un acceso seguro y efectivo a la información que esté disponible en línea como para participar en comunidades virtuales y presenciales.

Es incuestionable la relevancia de una emergente ciudadanía digital ante una proactiva, veraz y republicana producción de contenido, de un lado, y un consumo consciente y responsable de contenidos, especialmente aquellos disponibles en Internet, de otro. En contraposición, se entiende que una sociedad mal informada no puede ser plenamente libre ni democrática.

La ciudadanía digital está directamente relacionada con otros principios y valores. Desde la libertad de expresión y de comunicación (prensa y emisión del pensamiento), la defensa del interés público y del bien común, hasta ciertas dimensiones fundamentales de la democracia como la rendición de cuentas interinstitucional, el Estado de derecho, la libertad, la competencia, la participación (deliberación) y la igualdad/solidaridad.

En términos analíticos, la ciudadanía digital se localizaría en la intersección entre la libertad de expresión, comunicación pública (política) y democracia. Y es primordial en la sociedad de la información y sus ramificaciones, en lo concerniente a la inclusión (alfabetización digital), derechos y deberes de los usuarios en ambientes de Internet, e-gobierno, ciberactivismo, comportamiento tecnológico adecuado, responsabilidad y convivencia.

Esto ha cobrado particular importancia ante el surgimiento y popularización en las últimas dos décadas de redes sociales virtuales como Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp o Telegram, que son utilizadas diariamente por buena parte de los latinoamericanos.

Aunque no se puedan ni deban soslayar las contribuciones de dichas redes sociales ni del Internet a las sociedades contemporáneas, tampoco se debe desconocer la existencia de conductas irresponsables, intencionales y premeditadas de ciertos actores. Esto comprende una amplia gama de acciones que incluyen la manipulación, el abuso de poder, la invasión de la vida privada, el crimen cibernético, la polarización, el fundamentalismo, la persecución de la disidencia en línea  o la divulgación masiva del discurso de odio.

Más recientemente, sobre todo desde el escándalo de Cambridge Analytica, en 2018, las estrategias de desinformación o de diseminación de noticias fraudulentas o engañosas (fake news) cobró aún más relevancia. Y actualmente se entiende que las estrategias de desinformación impactan en procesos de erosión de la democracia en numerosos países a escala global. Ello es reforzado, además, a través del uso de herramientas tecnológicas como la microfocalización o dirección de contenidos, deep fake news, manipulación de algoritmos (Google), astroturfing, entre otros.

Las estrategias de desinformación generan impactos sociales espurios, ya que socavan la confianza social, institucional e interpersonal. Al mismo tiempo, dichas estrategias generan incertidumbre, alientan la ingobernabilidad y la desafección, empobrecen la deliberación en el espacio público, refuerzan posiciones sectarias, sesgadas y radicales (incluyendo el discurso de odio, la discriminación y la digitalización de prejuicios —de género, racial, intergeneracional, geoespacial—), inducen a los usuarios al error y deterioran la cultura política democrática y republicana.

En consecuencia, se viene denunciando insistentemente el extraordinario desafío que representan dichas estrategias de desinformación tanto en democracias consolidadas como en democracias en transición.

¿Qué (se puede) hacer para controlar y reducir la desinformación? Se sabe que la desinformación, principalmente en períodos de campañas electorales, es una estrategia con antecedentes bastante antiguos y que se ha renovado junto a la referida popularización de las redes sociales e Internet. Una vez confirmados sus deletéreos efectos para la deliberación, el espacio público y el bien común, numerosas sociedades y Gobiernos han reaccionado para proteger y reforzar sus regímenes políticos.

En términos operativos, se han adoptado iniciativas como la promoción de la ciudadanía digital, la regulación sectorial o el monitoreo y verificación de los contenidos, hasta la represión y responsabilización de agentes directamente involucrados en la producción y divulgación de noticias fraudulentas, distorsionadas y eventualmente criminales.

En el contexto de ese doble proceso de promoción de una ciudadanía digital y de represión de la desinformación, numerosos actores podrían ser llamados a asumir responsabilidades, sobre todo en el caso de productores, intermediarios y distribuidores de informaciones engañosas. Y en ese ámbito, deberían intervenir las autoridades, las asociaciones de medios de comunicación, el mundo académico, las organizaciones de la sociedad civil, los legisladores, los órganos reguladores, las organizaciones internacionales, los sistemas educativos y la audiencia.

La adopción de medidas contra las estrategias de desinformación y subversión antidemocráticas no pueden ser entendidas como un retorno a la censura previa de los medios de comunicación. Por el contrario, se trata de un creciente esfuerzo de autorregulación y profesionalización del sistema de comunicación, de mejoramiento de la opinión pública fundamentada en evidencia, de recomposición de la relación tripartita entre los medios de comunicación, el sistema político (Gobiernos, oposición) y la ciudadanía, y de perfeccionamiento del régimen político vigente.

En suma, una sociedad no será verdaderamente libre, republicana o democrática si no dispone de información veraz, precisa, transparente y bien fundamentada. El asunto es aún más urgente, ya que, en los últimos años, numerosos países latinoamericanos han sido víctimas de masivas, intencionales y premeditadas campañas de desinformación, principalmente en períodos electorales.

Las estrategias de desinformación y subversión son impulsadas en beneficio de algunos pocos interesados, pero repercuten en el conjunto de las relaciones entre los ciudadanos, la sociedad y el Estado. Por ello, la promoción de una ciudadanía digital se perfila como el mejor remedio contra la pandemia de la desinformación, siempre y cuando esta se fundamente en la veracidad (apertura, descentralización y neutralidad), en el pluralismo (acceso universal), en la diversidad, en la tolerancia a la crítica, en la democracia deliberativa (Gobierno abierto) y en el interés público.

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