Nuevo giro a la izquierda en América Latina, ¿qué izquierda?

Santiago Leiras
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Nuevo giro a la izquierda en América Latina, ¿qué izquierda?

El politólogo brasileño Francisco Weffort nos interpelaba a comienzos de los años noventa del siglo XX con una aguda reflexión sobre las democracias emergentes: Nuevas democracias ¿Qué democracias?, era el título de un sugestivo artículo en el cual se interrogaba sobre la calidad de las nuevas democracias en América Latina y el este de Europa. Parafraseando al recordado autor, cabe preguntarse si nos encontramos frente a un nuevo giro a la izquierda en la región y, en caso de una respuesta afirmativa, a qué izquierda(s).

Sobre el (no tan) “viejo” giro a la izquierda

Los Gobiernos emergentes de América Latina durante la primera década del siglo XXI fueron manifestaciones representativas del denominado “giro a la izquierda”. Estos Gobiernos surgieron en un contexto externo caracterizado por un “superciclo de las materias primas” entre 2003 y 2011, un retiro relativo de Estados Unidos de la región y el aumento de la influencia de otros actores externos, en particular China, y, en menor medida, Rusia e Irán.

Dos han sido las características principales de este ciclo ideológico-político: su heterogeneidad ideológica y su estabilidad política. En relación con lo ideológico, hubo tres variantes dentro del universo de la izquierda política en la región: radical (Venezuela, Bolivia, Ecuador y Paraguay), moderada (Brasil, Uruguay, Chile) y Argentina (más moderada en sus inicios; más radical en otros momentos). Esa diversidad estuvo marcada por tres ejes: en primer lugar, el tipo de relación con el mercado (más amigable/más hostil); en segundo lugar, el papel del Estado (más presente/menos presente) y, en tercer lugar, las características de la democracia (incorporación o no de un formato participativo).

En cuanto a la estabilidad política que vivió la región, esta está respaldada por la evidencia. De 16 mandatarios electos en el período 2003-2015, nueve de ellos finalizaron su mandato en los plazos establecidos; dos continúan en sus cargos hasta la fecha (Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela), uno ha fallecido en su cuarto mandato (Hugo Chávez en Venezuela), uno renunció al término de su tercer mandato (Evo Morales en Bolivia), dos presidentes fueron destituidos por juicio político (Dilma Rousseff durante su segundo mandato y Fernando Lugo en Paraguay) y uno fue destituido por el Poder Legislativo (Manuel Zelaya en Honduras).

¿Nuevo giro a la izquierda o giro antioficialista?

Un nuevo ciclo político ha llegado a la región. De confirmarse el triunfo electoral de Lula da Silva en los comicios presidenciales del mes de octubre en Brasil, nos encontraremos frente a un panorama en el cual las cinco principales economías de la región estarían gobernadas por partidos, frentes o coaliciones de las diferentes expresiones de la izquierda regional: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. A ello se suman aquellos casos como los de Perú y Honduras, ajenos a una fuerte tradición política en la izquierda, y los crónicos casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Como en el caso de la ola anterior, esta vez el panorama de la izquierda regional también resulta heterogéneo. Por una parte se mantiene la rama bolivariana (Cuba, Nicaragua, Venezuela); por otra, están los países donde hay una disputa entre mentores y sucesores (Alberto Fernández y Cristina Fernández en Argentina; Evo Morales y Luis Arce en Bolivia; Vladimir Cerón y Pedro Castillo en Perú); aquella que está lejos de Dios y cerca de Estados Unidos (Andrés Manuel López Obrador en México); la de las incógnitas en cuanto a su rumbo (Lula da Silva en Brasil y Gustavo Petro en Colombia) o la reformista (Gabriel Boric en Chile).

Al mismo tiempo, el “nuevo” giro convive con un largo ciclo electoral caracterizado por el castigo a los oficialismos de diferente condición. La excepción ha sido la de Daniel Ortega, en Nicaragua, en un contexto alejado de las garantías de un proceso electoral libre, competitivo y transparente, propias de una democracia representativa. El clima antioficialista convive, además, con niveles decrecientes de tolerancia social y “lunas de miel” más cortas para los nuevos oficialismos, y son las experiencias de Pedro Castillo, en Perú, o de Gabriel Boric, en Chile, y la derrota del Frente de Todos en las elecciones legislativas del año pasado en Argentina, casos muy representativos.

En suma, fragmentación ideológica, polarización política, castigo a viejos oficialismos y escasa tolerancia a los nuevos oficialismos parecen signar el nuevo tiempo político en América Latina.

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El metaverso impactará a todos los sectores de la economía

Filiberto Galarraga
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El metaverso impactará a todos los sectores de la economía

El metaverso está promoviendo una serie de debates a escala mundial que recorren temas que moverán toda la economía, y los efectos de esta nueva era tecnológica los sentiremos todos. Se calcula que en 2026 aproximadamente ¼ de la población mundial pasará al menos una hora al día en el metaverso, según Metaverse Hype, un estudio del Instituto Gartner. En este mundo virtual, paralelo a nuestra vida real, las personas realizarán actividades de trabajo, ocio, compras, educación y entretenimiento, entre otras. En el sector bancario, la tecnología ya ha ido cambiando la forma de interactuar, crear y ofrecer nuevos productos y servicios, y aquí también asistiremos a una verdadera transformación del sector bajo la influencia de la ya conocida era del metaverso.

Atender a las comunidades en este entorno virtual que simula el mundo real, y donde las personas están representadas por sus avatares, requerirá, entre otras cosas, una mejora del recorrido del cliente. Aunque la banca es cada vez más flexible y accesible, aún debe estar más presente en la dinámica de sus clientes. Y el metaverso parece ser una buena herramienta para este fin, además de ayudar a fortalecer las relaciones y generar una mayor interacción.

Es un hecho que el mundo digital ha abierto nuevos caminos en el contacto con las diferentes generaciones, y ya vemos a las instituciones financieras buscando otras formas de comunicarse con sus audiencias, considerando las agendas, propósitos y especificidades de cada grupo. Pero ¿cómo será la relación entre los clientes y sus bancos e instituciones financieras en el metaverso?

Todavía no lo sabemos de forma concreta, pero es posible que visiten las sucursales virtuales para una atención al cliente, hagan un análisis hipotecario con un especialista del sector, discutan planes de jubilación con un asesor avatar, participen en un seminario de inversión o incluso en un programa de inclusión y educación financiera de algún banco o entidad del sector. Todo usando tu avatar. Hay muchas perspectivas que las organizaciones deberían tener en cuenta al crear y ofrecer productos para que los usuarios puedan tener su vida digital como una continuidad de la real.

Y el mercado ya se está moviendo en esta dirección. JP Morgan es uno de los bancos que ha entrado en el universo del metaverso, con su salón Onyx. El banco Kookmin, en Corea del Sur, empezó a permitir las consultas individuales entre clientes y empleados con avatares, y a proporcionar información financiera personalizada a sus clientes. En América Latina, un buen ejemplo es el mercado brasileño, uno de los más representativos de la región. En diciembre del año pasado el Banco do Brasil anunció su entrada en el entorno virtual con un videojuego. Allí, el cliente puede abrir una cuenta para que su personaje reciba beneficios, y también puede trabajar para el banco, conduciendo el coche blindado o llenando cajeros automáticos.

En un futuro muy cercano será posible virtualizar las interacciones con los clientes a niveles diferentes de los actuales. Tal vez podamos ir a un cajero automático virtual, transferir dinero al monedero digital y pasar a realizar compras virtuales; mantener una reunión con el avatar de nuestro director de banco ―y todo ello también a través de nuestro avatar, en el entorno del metaverso― y gracias a toda la tecnología incorporada en cada paso de estos posibles procesos. 

Esta nueva economía que está aumentando es todavía una fuente de crecimiento sin explotar, y cada institución definirá qué papel quiere desempeñar y cómo puede aprovechar las oportunidades de expansión para su negocio y su marca. Por eso, muchos grandes actores mundiales están desarrollando proyectos orientados a este mundo que conecta personas, lugares, actividades y cosas del mundo real en un entorno virtual.

Pero para que todo esto ocurra realmente, es necesario generar confianza en las acciones desarrolladas en el metaverso. No basta con marcar presencia, moverse o monetizar virtualmente. Es necesario que se construyan relaciones positivas y sólidas con el público. Es necesario airear y buscar inspiración fuera de los segmentos exactos y contar con equipos multidisciplinares del mundo físico, por ejemplo. Antropólogos, arquitectos, diseñadores y sociólogos han contribuido a la consecución del éxito que puede llegar a ser el metaverso. 

Hoy, lo que ya sabemos es que, sin duda, es un espacio potencial para el desarrollo de nuevas oportunidades para las instituciones financieras. Por ello, debemos estar atentos y seguir los movimientos y noticias que envuelven este tema.

Por último, dondequiera que haya intercambios de bienes y servicios, incluidos los mundos virtuales, siempre habrá relevancia para los servicios bancarios. El ecosistema, por tanto, necesita más desarrollo tecnológico y la construcción de relaciones sólidas y de confianza con los usuarios. El metaverso, por su parte, necesita normas y directrices para cumplir las expectativas del sector, además de incluir una propuesta de valor clara para los clientes reales.

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Cuba: el excepcionalismo “democrático” y la selectividad del pensamiento crítico

Armando Chaguaceda
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Cuba: el excepcionalismo “democrático” y la selectividad del pensamiento crítico

El 11 de julio de 2021 se registraron las protestas más multitudinarias de la historia contemporánea de Cuba. Los manifestantes exigían mayores derechos y libertades, pero a un año de este evento, organizaciones como Human Rights Watch,  han documentado fuerte represión por parte del régimen cubano, violaciones sistemáticas de los derechos humanos y el drástico aumento del número de personas forzadas a salir del país. Ante este escenario, la academia y el pensamiento crítico latinoamericano muchas veces callan o se muestran selectivos, aplicando al caso cubano criterios de excepcionalidad con poco fundamento.

Latinoamérica es hoy una región donde la democracia liberal -en tanto modelo imperfecto pero vigente en la mayoría de sus naciones- habilita las libertades cívicas de expresión, información e investigación. Un continente donde como regla la academia puede, sin las cortapisas ideológicas o policiacas de antaño, analizar y criticar el desempeño de los gobiernos. Y en el que los intelectuales, habiendo padecido por décadas la brutal represión de dictaduras militares, deberían valorar -para sí y para los demás- las virtudes de una sociedad abierta; ejerciendo con rigor epistémico y pluralismo el pensamiento crítico.

Sin embargo, como hemos señalado antes, nuestra academia regional revela una adhesión precaria y sesgada a los valores del proyecto democrático. Si se trata de analizar las expresiones -pasadas o presentes- del autoritarismo de derechas, no hay mayor problema. Todo el rigor se despliega contra las dictaduras de seguridad nacional, los Estados burocrático-autoritarios y los populismos conservadores, aun cuando sus gobernantes hayan sido elegidos de forma democrática.

Pero si llega el turno a las autocracias de origen izquierdista, el posicionamiento cambia. Cuba, Nicaragua y Venezuela provocan el estiramiento (y vaciamiento) conceptual, los silencios y el trato amable. Esto es, ahora, triplemente paradójico. Por el creciente nivel de sofisticación de las ciencias sociales latinoamericanas, por la disponibilidad de datos sobre la situación real de esos países y, quizá lo más relevante, por ser hoy estos los tres únicos regímenes plenamente autocráticos de la región. Sin embargo, tanto la influencia de los Estados autoritarios (especialmente el cubano) sobre las organizaciones y redes académicas latinoamericanas como las lealtades políticas cobijadas por estas, impiden que los factores de sofisticación analítica, acceso a datos y cultura política democrática jueguen su rol.

Cuba reúne hoy la paradoja de ser y no ser excepcional. Lo es la naturaleza de su régimen político, afín al modelo leninista, al que algunos aún presentan como una excepcional “democracia popular y participativa”. Pero no son excepcionales, en el contexto regional, la creciente diversidad, estratificación y beligerancias de su sociedad, de cara a sus élites. Así es Cuba: estancadamente soviética por su régimen, dinámicamente latinoamericana por su cambiante realidad socioeconómica y cultural. Lo demostraron los eventos del 11 y 12 de julio de 2021.

Un ejemplo del trato amable y poco crítico hacia Cuba es la Latin American Studies Association (LASA), un espacio en el que la retórica del Gobierno cubano es significativa a través de la participación de académicos de la Isla. En un pronunciamiento emitido en 2021, a propósito de la situación de los derechos humanos, se manifestó preocupación por el trato que reciben académicos, intelectuales y críticos en Cuba, pero con escasas críticas al gobierno.

Otro caso relevante es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Tras las manifestaciones de julio de 2021, la directiva y centros cubanos miembros, publicaron una declaración “Frente a la campaña de manipulación contra Cuba” que fue duramente criticada por su autoritarismo por parte de académicos e intelectuales de más de 20 países.

Además, un reciente libro de CLACSO, Cuba 11J: Protestas, respuestas, desafíos, intentó pasar balance de las más numerosas, extendidas, diversas y también reprimidas protestas populares de las últimas décadas en Cuba. Ejemplifica la postura de cierta parte de la academia poco crítica de Cuba o sostenedora de la «excepcionalidad cubana». Publicado por la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales de CLACSO, la obra refleja el tratamiento especial que recibe la realidad cubana.

Paradójicamente, el libro -que reúne aportes de académicos cubanos y foráneos- no parece especialmente interesado en definir de qué orden sociopolítico se habla. No hay una discusión seria sobre los principios, instituciones y procesos reales del sistema político donde se desplegaron las protestas. Las palabras autoritario/a y autoritarismo aparecen apenas 4 veces. Nunca se usan para caracterizar al régimen, sino a ciertas prácticas. El término tiranía se usa una vez. Dictadura aparece 12 veces, la mayoría de las veces como una construcción creada desde la democracia occidental que rechaza otras experiencias como Rusia, China y, por supuesto, Cuba. Autocracia -acaso la noción más robusta y menos politizada- no se emplea. Eso dentro de las 72,917 palabras de la obra.

En la obra, lo autoritario alude (pág. 55) a los modelos ruso y chino, en una crítica a las poliarquías. La noción de tiranía (pág. 144) se invoca para relativizar las críticas al régimen cubano; mientras que la palabra dictadura también se emplea para cuestionar el discurso político y académico de la democracia.

A diferencia de una obra donde los conceptos se anclen en evidencias empíricas y teorías robustas, pareciera que las categorías se utilizan aquí más como creencias y sesgos personales. No aparece un solo intelectual que defienda la poliarquía como alternativa. La misma poliarquía que abrigó el desarrollo profesional de los autores de la obra. El mismo régimen que permite la publicación de un libro que le cuestiona de modo reiterado.

Es un autor residente en la isla quién, casi en solitario, alude (p. 68) a la realidad del problema: “Hay demandas reales hechas de forma pacífica, cuyo desconocimiento puede ser arriesgado. A ello habría que añadir que el discurso oficial justifica el uso de la violencia represora y esto impacta negativamente en sectores de la población que se mantienen al margen, pero observan con consternación todo lo que sucede. Un ejemplo que viene al caso es el de intelectuales y artistas que han hecho públicas sus condenas. Los acontecimientos han repercutido negativamente en la imagen internacional de Cuba. Se percibe que las autoridades, incluso las de seguridad, fueron tomadas por sorpresa. También existe la apreciación de que se está ocultando el nivel de la represión.”.

Los silencios y sesgos académicos respecto a la “excepcionalidad cubana” son cuestionables desde la lógica específica del conocimiento científico, al distorsionar tanto la añeja discusión conceptual como los saldos prácticos derivados de la naturaleza autocrática de los regímenes leninistas. Pero también invisibilizan el costo humano y responsabilidad política detrás de la represión (aún) en curso. Esto complica la toma de conciencia y acción, en el campo democrático progresista, sobre la realidad de Cuba.

Su saldo es negativo, tanto en el terreno abstracto de las ideas como en el de la influencia concreta de estas, al legitimar el control y represión autoritarios sobre el destino de las personas que habitan esos países. Porque los autoritarismos, del tipo que sean, son la antítesis del pensamiento crítico y de cualquier noción auténtica de soberanía popular.

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Ecuador: entre el estallido y el diálogo

César Ulloa
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Ecuador: entre el estallido y el diálogo

Junio de 2022 fue sinónimo de estallido en Ecuador. La dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) junto con sus comunidades iniciaron un paro, al que se unieron varios sectores sociales, para exigir al gobierno de Guillermo Lasso el cumplimiento de diez demandas que no fueron procesadas en el 2021, debido a tres reuniones que fracasaron por la falta de flexibilidad de las partes. La principal exigencia al Ejecutivo fue la disminución del precio de los combustibles, pues las gasolineras vendían en correspondencia con el mercado bajo un esquema que cerró la política histórica de subsidios. Esta decisión fue tomada por el exmandatario Lenín Moreno, antecesor del actual. La paralización duró 18 días en un contexto de crisis política, económica y de inseguridad ciudadana.

De octubre de 2019 a junio de 2022

Octubre de 2019 encendió el ciclo de protesta social en América Latina y su epicentro fue Quito. El estallido inició con la paralización de los transportistas, pero fue contenida por el Gobierno. Inmediatamente, una renovada y joven dirigencia indígena tomó la posta, se apropió del relato y posicionó un pliego de demandas que excedían la disminución del precio de los combustibles con el respaldo de varios sectores sociales.

La recomposición del movimiento indígena fue evidente en comparación con su última actuación en el 2015 cuando confrontaron con el expresidente Rafael Correa, su adversario político. Desde el 2019 se vislumbró un nuevo escenario político para el movimiento indígena. Un candidato presidencial de Pachakutik robustecido para el 2021 y quedó tercero y un líder indígena en ascenso, Leonidas Iza.

A diferencia de octubre de 2019, en este caso la dirigencia indígena invitó al Gobierno a dialogar desde el momento de su posesión, pero condicionando su participación en línea directa con sus intereses. En este proceso, la Conaie no permitió la entrada de otras organizaciones partidistas o sectores sociales afines para no compartir el liderazgo de la reivindicación social. Su respaldo directo es el bloque legislativo Pachakutik que representa la segunda mayoría y las bases de las comunidades de las provincias de las Sierra Centro (Bolívar, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi), Sierra Norte (Imbabura) y las amazónicas (Pastaza, Morona Santiago, Zamora, Napo, Sucumbíos, Orellana). Su presencia es exigua en la Costa.

La Conaie ha tendido tres años para afianzar su organicidad, convocatoria y movilización, es decir, dirigentes de las filiales en sindéresis con el liderazgo de Leonidas Iza, quien proviene del ala más radical del movimiento indígena, en una mezcla ideológica de mariateguismo de origen peruano, socialismo comunitario y adscripción católica.

Este afianzamiento ha perfeccionado la estrategia de movilización desde las provincias a la capital y la resistencia para enfrentar una paralización más larga. Esta vez fueron 18 días, siete más que en octubre de 2019. Las protestas se gestaron a dos meses de que las organizaciones políticas deban presentar sus candidaturas para las alcaldías y prefecturas. Pachakutik disputará el electorado del correísmo, de las izquierdas y el populismo urbano.

El estallido de junio se produjo en un contexto en donde la aceptación del Gobierno llegó al 20%. En un año, el Ejecutivo había perdido 50% de apoyo pese al exitoso plan de vacunación, a haber logrado la estabilidad macroeconómica y a estar exento de acusaciones de corrupción. Sin embargo, enfrentó una arremetida de la delincuencia común, el crimen organizado y las matanzas en las cárceles. Es decir, hubo una combinación de inseguridad, desempleo y una falta de conexión con el ciudadano común, quien no lograba comprender hacia dónde iba el Gobierno. Esto, sin perder de vista el bloqueo en la Asamblea y la férrea oposición del correísmo y la controversia nunca resuelta con su ex aliado natural de derecha, el Partido Social Cristiano.

Otras cartas para el análisis 

Este nuevo estallido puso en evidencia la disputa del relato político en el imaginario social acerca de la reivindicación histórica versus el intento de golpe de Estado. La confrontación se produjo en las redes alternativas y digitales, en donde los medios comunitarios, ambientalistas, feministas y de derechos colectivos se embanderaron con la propuesta de la Conaie versus los medios tradicionales, quienes matizaron las coberturas periodísticas, combinando lo que sucedía en la Asamblea y en las calles. En el recinto legislativo se dio paso a la votación para destituir al Presidente al tenor del Art. 130 por impulso del correísmo más los votos de Pachakutik y los autodenominados rebeldes de otras bancadas.

Mientras Iza disputaba la calle, los partidos de oposición buscaron la muerte cruzada en contra de Guillermo Lasso. Para que ello se requería 92 de 137 voluntades, pero llegaron a 82 con fraude electrónico incluido, pues se manipuló la votación de cuatro asambleístas que se expresaron en contra, pero su votación se registró de manera contraria. Este delito está siendo investigado por la Fiscalía.

La intensidad de la protesta fue variando a lo largo de los 18 días de paralización, pues la búsqueda de una mediación efectiva parecía alejarse a cada intento, pues no hay institución del Estado que haya logrado buenos resultados. El Presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, intentó un diálogo, pero se cayó cuando votó por la destitución del Presidente. Jugó a ser juez y parte.

El paro refrescó la memoria a la población y encendió, una vez más, las alertas al Estado respecto de la desatención al sector rural. Casi el 40% de la totalidad de niños con desnutrición crónica son indígenas. Las provincias donde se concentra la pobreza y la falta de servicios son las de la Sierra Centro y la Amazonía, siendo la última región en donde contradictoriamente están los pozos petroleros y también las mayores reservas de biodiversidad del planeta. Más allá de las diez demandas de la Conaie está en disputa el modelo de desarrollo. 

La sociedad civil y la mediación

Frente a la crisis institucional, la sociedad civil socorrió al país para empujar un proceso de diálogo desde el papel de las fundaciones históricas como Esquel, las universidades, la Red de Gobierno Abierto, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la Confederación de Organizaciones de la Sociedad Civil y los ambientalistas. La dirigencia indígena y el Gobierno coincidieron en que la Iglesia Católica lleve la mediación en los próximos 90 días, en donde habrá sobresaltos y rupturas, ante un país que requiere volver al cauce de la pacificación con justicia social, recomposición del tejido ciudadano y cero impunidad a los grupos delincuenciales infiltrados que aprovecharon la crisis para sembrar el terror.

Diez demandas de la Conaie

  1. Bajar el precio de los combustibles.
  2. Generación de empleo.
  3. No ampliar ni explotar más hidrocarburos ni minería.
  4. Respeto y garantía de los derechos colectivos.
  5. No privatizar los sectores estratégicos.
  6. Control a la especulación de los precios.
  7. Atender la salud y la educación.
  8. Seguridad ciudadana.
  9. Una política de precios justos para el agro.
  10. Moratoria y renegociación de deudas para 4 millones de familias.

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Los niños venezolanos con enfermedades graves mueren por falta de atención médica

Isaac Nahón Serfaty
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Los niños venezolanos con enfermedades graves mueren por falta de atención médica

Venezuela pasa rápidamente de lo ridículo a lo grotesco, mientras que la crisis profunda que viven millones de venezolanos empeora. Un día, en un desfile militar para conmemorar la independencia, un muñeco inflable llamado “Súper Bigote” sustituye al presidente Nicolás Maduro, quien se ausenta del evento público más importante del calendario patrio. Otro día se descubre el horroroso crimen de un dirigente chavista que, tras dos años desaparecido, aparece descuartizado por orden de su mujer para evitar que la acusara por corrupción. Pero mientras se difunden estas noticias esperpénticas, que dejan a buena parte de la población indiferente, la decadencia del sistema público de salud golpea a los venezolanos más vulnerables.

El desastre del sistema sanitario venezolano ha quedado en evidencia en el recopilado de la plataforma HumVenezuela y por la Encuesta Nacional de Hospitales, iniciativas de la sociedad civil que buscan llenar el vacío informativo que ha dejado el régimen de Maduro.

El Ministerio de Salud no publica el boletín epidemiológico nacional desde mayo de 2017, cuando se difundió el reporte de la última semana de 2016. En aquel momento, el boletín se coló a los medios de comunicación y reveló que la tasa de mortalidad infantil se había disparado: 11466 niños fallecieron en 2016, 30% más que en 2015. Esto le costó el puesto a la entonces ministra de la Salud, Antonieta Caporale. Desde entonces no hay datos epidemiológicos oficiales.

El drama en el hospital de niños

En dos informes preparados por la organización no gubernamental Prepara Familia se documenta la situación en el principal hospital pediátrico del país, el J. M. de los Ríos, de Caracas. Como muestra de la tragedia, uno de los informes menciona el impacto que ha tenido la suspensión del programa de trasplantes de órganos a partir de junio de 2017, lo que, según estimaciones de la ONG, ha afectado a unas 1500 personas, entre ellas 150 niños y adolescentes que esperan todavía por un órgano para salvar su vida. El propio Maduro anunció en noviembre de 2021 que el programa nacional de trasplantes sería reactivado, pero esto no ha ocurrido.

El caso más ilustrativo de esta crisis de trasplantes es el de la unidad de nefrología del Hospital J. M. de los Ríos. Desde 2017 ya van 71 niños y adolescentes fallecidos por falta de antibióticos y problemas con los equipos de diálisis. La Asociación Nacional de Nefrología estima que, a partir de la suspensión del programa de trasplante, más del 70% de las unidades de diálisis no funcionan apropiadamente por defectos de los equipos y falta de agua corriente potable, entre otros problemas.

La unidad de hemodiálisis del hospital pediátrico de referencia nacional es la única en el país que puede ofrecer el servicio a niños que pesan menos de 10 kg. Solo la mitad de las máquinas funcionan, según el reporte. El hospital no cuenta con tomógrafo ni equipo de resonancia magnética. El craneótomo, instrumento para hacer operaciones del cerebro, no funciona por falta de mantenimiento. El centro pediátrico solo tiene un aparato de rayos X portátil que la mayor parte del tiempo no sirve. El laboratorio no tiene reactivos, por lo que los pacientes y sus familiares deben recurrir a los laboratorios privados. Y la unidad del laboratorio de nefrología ha estado cerrada por cinco años.

Ni siquiera ante la muerte, este hospital cuenta con servicios adecuados. Las malas condiciones de la unidad de anatomía patológica no permiten el debido cuidado de los cadáveres, particularmente cuando se producen varias muertes en poco tiempo. Las familias no reciben apoyo de la administración del hospital ni del Gobierno, y dependen de la ayuda de organizaciones de la sociedad civil para cubrir los gastos funerarios.   

La pandemia de la COVID-19 ha empeorado la situación. Las unidades pediátricas del país, incluyendo el hospital J. M. de los Ríos, han dado prioridad a los menores con síntomas, lo que ha tenido un impacto negativo en los pacientes que sufren enfermedades crónicas, padecimientos nefrológicos, hematológicos y cáncer.

El reporte señala, además, que el 95% de las personas que acompañan a los niños y adolescentes hospitalizados son mujeres, lo cual demuestra la enorme inequidad de género. Las tareas de cuidado son realizadas por madres y demás mujeres familiares o cercanas a los pacientes que no reciben ningún tipo de apoyo por parte de los servicios de salud. Por ello, el informe  considera que es importante que este trabajo sea remunerado para dar apoyo a mujeres y familias que vienen de los sectores más pobres de la sociedad.

Derechos fundamentales vulnerados

El contexto general de la salud en Venezuela es de continuo deterioro. En plena pandemia, los datos que llegan desde las organizaciones no gubernamentales revelan problemas crónicos que empeoran. Según el más reciente informe de la Encuesta Nacional de Hospitales de junio de 2022, los índices de carencia de insumos básicos es de 47% en las emergencias de los hospitales públicos y 72% en los quirófanos.

Por su lado, el reporte de HumVenezuela, que se publicó en junio de 2021, señala que, con la pandemia, el número de venezolanos que perdió servicios de salud, tanto en el sistema público como privado, se elevó a 18,8 millones. También aumentó a más de nueve de cada diez personas las que carecen de protección financiera y a casi seis de cada diez las que no contaban con recursos económicos para cubrir gastos de salud. Los hospitales públicos reportaron un 82% de inoperatividad para atender enfermedades distintas al COVID-19, situación que se agrava por el retiro de entre 58% y 70% del personal médico y del 62% al 88%, de enfermería. El personal especializado de salud emigra como tantos otros millones de venezolanos.

Prepara Familia y otras organizaciones de la sociedad civil han denunciado esta situación repetidas veces ante instancias internacionales, porque la Fiscalía General de Venezuela y la Defensoría del Pueblo, organismos que deberían asegurar la defensa de los derechos de los venezolanos, han hecho oídos sordos ante las peticiones de los afectados y quienes los representan.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido varias medidas cautelares para proteger a los pacientes del hospital pediátrico J. M. de los Ríos. Y aunque la propaganda del régimen de Maduro pretenda que “Venezuela se arregló”, los niños que mueren por falta de atención médica desmienten tristemente un eslogan que suena como un insulto a su memoria y al dolor de sus familiares.

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El miedo de Ortega a las monjitas y un cable premonitorio de WikiLeaks

Carlos Chamorro
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El miedo de Ortega a las monjitas y un cable premonitorio de WikiLeaks

El dictador Daniel Ortega expulsó de Nicaragua a 18 Misioneras de la Caridad de la orden religiosa de Madre Teresa de Calcuta, después de haber cerrado sus obras de beneficencia y cancelado la personería jurídica de su asociación, porque no se registraron como “agentes extranjeros”.

Esta triple agresión contra la libertad religiosa, el derecho de asociación, y el derecho de los pobres a recibir asistencia social de parte de organizaciones de la sociedad civil, ha provocado un repudio generalizado, incluso entre los partidarios del régimen, y en la opinión pública internacional, que además condena la censura y la persecución desatada contra el diario La Prensa como castigo por cubrir la noticia de la expulsión.

En realidad, no es la primera vez que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lanza un ataque virulento contra representantes de la Iglesia católica. Después de la rebelión de abril, entre 2018 y 2022, asaltaron la basílica de Diriamba; atacaron a balazos la iglesia de la Divina Misericordia, donde mataron a dos estudiantes universitarios; atentaron contra la imagen de la Sangre de Cristo en la catedral de Managua;  provocaron el exilio forzado del obispo Silvio José Báez; expulsaron del país al nuncio apostólico Waldemar Sommertag; asediaron a monseñor Rolando Álvarez y a decenas de sacerdotes en los templos; y encarcelaron al padre Manuel Salvador García.

Y a pesar de estos antecedentes persecutorios, ha causado estupor la expulsión de las hermanas de la caridad, porque ellas solamente se dedicaban a ayudar a los más necesitados con obras de caridad cristiana.

Pero, tampoco es la primera vez que el régimen criminaliza la solidaridad de pueblo a pueblo, y pretende prohibir la ayuda a los más vulnerables en un país lacerado por la pobreza; a los afectados por el hambre y la sequía; a las víctimas de la negligencia oficial ante la pandemia de la covid-19; y a los más desprotegidos por la falta de acceso a los servicios sociales más elementales. La prohibición de la solidaridad está en el ADN dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que pretenden implantarse como los únicos benefactores sociales ante los pobres, para que cada vez que la población acceda a un derecho, le dé “gracias al comandante y la compañera”, consagrando un acto de sometimiento político.

Por ello han cancelado ya a más de 950 oenegés, asociaciones médicas y educativas, obras sociales de la Iglesia católica, y sobre todo los proyectos de desarrollo social y comunitario que apuntalan una ciudadanía activa, con el objetivo de instalar un régimen totalitario en el que el Estado-partido-familia encarnado en la pareja presidencial sea el único interlocutor ante la población y especialmente con los más pobres.

Pero aún con toda esa evidencia a la vista, resulta difícil entender la saña contra las monjas de Madre Teresa de Calcuta y quizás la única explicación, que no es justificación, es que ese odio ha estado ahí siempre y se alimenta del miedo profundo que Ortega y Murillo le tienen al pueblo, y al ejercicio de la solidaridad que forma parte de la identidad de los valores democráticos de los nicaragüenses.

Entre los más de 1400 documentos sobre Nicaragua filtrados por WikiLeaks, que están basados en los cables diplomáticos enviados por el embajador de Estados Unidos en Managua a las oficinas del Departamento de Estado en Washington, hay uno fechado el 27 de abril de 2009, hace más de 13 años, por el embajador Robert Callahan, en el que cita un encuentro privado con la entonces primer comisionada de la Policía Nacional Aminta Granera, en el que la jefa policial relata el temor y la paranoia de Ortega provocado por la supuesta amenaza de unas monjitas. Cito textualmente: “La jefa de la Policía Aminta Granera le dijo al embajador Callahan que el presidente Daniel Ortega está completamente loco y representa una amenaza para el país”. Y agregó que, según Ortega, hay “unas monjitas que están rezando para que lo asesinen”.

En este cable diplomático que escribe Callahan, la comisionada Granera no especifica quiénes son las monjitas, a las que teme Daniel Ortega porque supuestamente estaban conspirando en su contra, a través de la oración, para que le quiten la vida.

Según Ortega, se trata de un “grupo de monjitas muy mayores”, que están rezando para que lo maten, y considera que esto es una grave amenaza para la seguridad nacional.

Granera se limita a decir que ella misma se siente “insegura” ante Ortega, porque éste la considera una potencial rival política, y que lo único que le permitía a ella misma mantenerse segura frente a Ortega, era su “creciente popularidad”. Y remata que “la única persona que tiene influencia sobre Ortega es su esposa Rosario Murillo”.

Trece años después de la publicación de este cable premonitorio de WikiLeaks, la paranoia de Ortega y Murillo, el miedo a la ciudadanía y a perder el poder, es lo único que puede explicar la irracionalidad de un régimen totalitario que masacró a su propio pueblo, encarcela y tortura a los que reclaman libertad y elecciones libres, cierra todos los espacios de la sociedad civil, y se siente amenazado por las monjas de Madre Teresa de Calcuta.

*Este texto fue publicado originalmente en Confidencial de Nicaragua.

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La victoria de Petro y los retos de la nueva ola rosada en América Latina

Fabricio Pereira da Silva
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La victoria de Petro y los retos de la nueva ola rosada en América Latina

La elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia confirmó una segunda ola rosada en América Latina y según los últimos sondeos, Luiz Inácio Lula da Silva ganará las elecciones de octubre en Brasil.

Las elecciones brasileñas a estas alturas se han polarizado definitivamente entre Lula y Bolsonaro. La pregunta es cómo y cuándo Bolsonaro intentará su golpe. Si será antes o después de las elecciones, y qué alcance tendrá. En cualquier caso, es poco probable que los eventuales disturbios policiales y militares, y las muestras de violencia de los fascistas y milicianos partidarios de Bolsonaro impidan la celebración de las elecciones o la investidura de Lula. Todo indica que los próximos meses serán de angustia y violencia, pero que la democracia saldrá victoriosa. Al menos momentáneamente, porque está claro que el bolsonarismo seguirá vivo.

Así, a principios de 2023, casi toda la región volverá a estar gobernada por partidos y movimientos de la izquierda del espectro político. Esto incluirá a países que no participaron en la primera ola rosada, como México, Colombia y Perú. Es muy posible que más adelante la izquierda vuelva al poder en Uruguay y Ecuador. 

Esta nueva ola, sin embargo, debe entenderse como un nuevo momento -no como una continuación del primero– del ciclo de gobiernos de izquierda en la región durante la década de 2000 y la primera mitad de 2010. Ese ciclo se agotó a mediados de la década de 2010, dando paso a un avance de los gobiernos de extrema derecha y de centro derecha, que ahora termina antes de consolidarse.

Los retos de esta nueva ola

El contexto global que se vive hoy en día es muy diferente al de principios del siglo XXI, marcado por el llamado «boom de las materias primas». Ahora, la situación es de crisis, agravada por la pandemia y la guerra de Ucrania, y una probable recesión el próximo año. La segunda ola rosada fracasará si no hace autocrítica y adaptaciones de la primera, tendrá peores resultados y una corta duración. No puede ser «más de lo mismo» en un contexto peor que se ha transformado considerablemente.

Evidentemente, las sociedades latinoamericanas tampoco son las mismas que las de hace dos décadas. Se caracterizan por más desempleo, subempleo, precarización, «uberización». Están atravesadas por los valores neoliberales, el espíritu empresarial y el consumismo. El avance de las denominaciones religiosas neopentecostales está relacionado con esto, y es de no poca relevancia en este panorama. Sus economías están reprimarizadas y orientadas a la exportación de productos de la agroindustria (o en el mejor de los casos a las «maquiladoras»), con vastas regiones cada vez más entregadas a las actividades económicas ilegales, a los paramilitares, a la devastación y al acaparamiento de tierras.

En este contexto, además de la urgencia de las crecientes y urgentes inversiones sociales, esta segunda ola rosada podría reanudar activamente la integración regional, con mayor énfasis en la integración productiva y el la circulación de personas. Buscar enfrentar conjuntamente temas como la crisis climática, la devastación de la Amazonía, la superación definitiva de la pandemia, incluso temas como la reducción del neoextractivismo y la dependencia en el campo del conocimiento y la tecnología. 

Los movimientos sociales emergentes (mucho más fuertes en la región que hace dos décadas) podrían encontrar en estos gobiernos no agentes para instrumentalizarlos o silenciarlos, sino espacios democráticos para condensar sus múltiples demandas, derivadas de múltiples formas de opresión. En este sentido, estos gobiernos podrían fomentar versiones más radicales y decisivas de la democratización y el reparto del poder.

¿Será posible todo esto? ¿Y sería deseable para estas fuerzas de la izquierda que van a regresar a ocupar los gobiernos? Temo que no. 

La clave está en la movilización popular

Por lo tanto, es difícil imaginar que todo esto pueda ocurrir sin movilizaciones populares. En este sentido, existe un mayor potencial en países donde los ciclos de movilización precedieron a la llegada de la izquierda al poder, como Chile y Colombia.

Aun así, el gobierno de Gabriel Boric comienza a dar señales de retroceso y parálisis en Chile (con la aprobación de la nueva Constitución amenazada). Y no se podría esperar tanto de Petro en Colombia, después de sus movimientos de moderación para llegar como favorito a estas elecciones – profundizados para asegurar su victoria por un corto margen en la segunda vuelta. El gobierno de Petro hará mucho si democratiza la política colombiana -ya ha comenzado a hacerlo al «normalizar» a la izquierda, ahora desvinculada de la guerrilla y de la violencia en el imaginario de ese país-.

La nueva ola en el Brasil de Lula

En Brasil, se puede esperar menos. Un frente amplio se configura en este momento para derrotar al fascismo y a las amenazas reales del derrocamiento definitivo de la democracia brasileña -en proceso de desmantelamiento desde el golpe parlamentario de 2016 que derrocó a Dilma Rousseff-.

Así, en principio, el nuevo gobierno se presentará como un intento de reconstrucción democrática e institucional, y una reanudación de la agenda (en peores condiciones) de reducción del hambre, la pobreza, el desempleo y la reactivación económica, que caracterizó a los primeros gobiernos de Lula.

Algunas novedades podrían venir de las movilizaciones ecologistas, feministas, negras, LGBTQIA+ e indígenas, hoy mucho más fuertes en Brasil que en la primera elección de Lula en 2002. En estos ámbitos habrá que presentar nuevas propuestas y formas de actuar. Pero, de nuevo, la clave está en las calles.

Más allá de las movilizaciones visibles, nunca se puede predecir lo que puede generar una mecha en las movilizaciones callejeras como el estallido social chileno. Al analista social siempre le resultará difícil observar los movimientos subterráneos que conducen a un fenómeno así, hasta que se produzca. 

Sin embargo, sin movilizaciones populares que empujen a los gobiernos, el retorno de la izquierda en Brasil y otras partes de la región será probablemente efímero, configurando un ciclo más frágil que el anterior.

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Las víctimas del calentamiento global no han oído hablar de cambio climático

Duvan A. Caro Tapia
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Las víctimas del calentamiento global no han oído hablar de cambio climático

Coautores Olga L. Hernández, Matías Mastrangelo, Diana C. Moreno

Las comunidades indígenas y campesinas que habitan el bosque tropical de Montes de María, en el municipio de María La Baja, en el Caribe colombiano, han sido testigos durante las últimas décadas de los cambios en sus diversos cultivos que han pasado a ser monocultivos de palma africana y arroz, la disminución de las aguas que fluyen de la montaña, la desaparición de plantas medicinales y la creciente irregularidad de las lluvias. Los desbordamientos cada vez más frecuentes de los ríos causan inundaciones que traen consigo un sinfín de enfermedades, mientras los incendios no solo arrasan los cultivos de pancoger —cultivos que satisfacen parte de las necesidades alimenticias de una población determinada—, sino también el bosque tropical que, además, facilita a los habitantes el acceso al agua.

Sin embargo, para Duvan Andrés Caro, quien se dedica a comunicar los problemas de estas comunidades empobrecidas, racializadas y olvidadas, el cambio climático “es un cuento de científicos, de ONG, de las ciudades. De otro mundo”.

Durante décadas, los científicos han depositado sus esperanzas en que la evidencia ayudaría a los políticos a tomar decisiones que reduzcan la vulnerabilidad social y los conflictos ambientales. Cada vez se oye con más frecuencia a los “tomadores de decisiones” del sector público y privado hablando de cambio ambiental y sustentabilidad. Pero, a medida que se multiplican las conferencias internacionales sobre el cambio climático, aumenta de forma exponencial el número de personas que abandonan las zonas rurales, desplazadas por la destrucción de la naturaleza y sus medios de vida. Y es que la desconexión entre los foros internacionales en los que se buscan las soluciones y tanto los territorios como sus pobladores es evidente.

Pero no todo está perdido. En la actualidad, están surgiendo nuevas formas de vincular a la ciencia con los territorios y los centros de toma de decisiones. Y es que si los científicos realmente quieren contribuir a buscar soluciones a los problemas ambientales, deben comenzar a tener en cuenta la voz de los habitantes de esas zonas y abrirse a sus conocimientos.

La producción conjunta, o “coproducción”, entre habitantes, científicos, tomadores de decisiones y otros actores sociales vinculados al territorio es una forma de reconectar esos mundos distantes y distintos, de generar espacios para el diálogo de saberes y generar espacios de negociación entre las partes.

Además, si los datos que se vienen generando en los centros de investigaciones se adaptaran a lenguajes comprensibles para las comunidades, se podría dar un giro de 180º a los procesos de toma de decisiones que afectan a estos territorios y sus moradores. Esto facilitaría los procesos de restauración y conservación de los corredores biológicos, algo cada vez más urgente, ya que de ellos depende la soberanía y seguridad alimentaria de las comunidades.

En este marco, tanto los habitantes de la comunidad colombiana de María La Baja como los del pequeño poblado de Sachayoj (“señor del bosque”, en quichua) en el Chaco argentino ―que ha pasado de ser una de las mayores regiones boscosas del continente a una de las fronteras de deforestación más grandes del planeta en solo 30 años― han participado en un proyecto científico que tuvo resultados promisorios de “coproducción” de conocimientos y capacidades.

El proyecto Resiliencia socioecológica ante el cambio ambiental global en territorios heterogéneos reunió a pobladores, productores, científicos y otros actores sociales para identificar conjuntamente las principales amenazas y oportunidades para el desarrollo local. En Sachayoj, debido a la demanda de los actores del territorio, se está implementando un plan de monitoreo de indicadores ambientales para corregir malas prácticas y evitar mayores riesgos y vulnerabilidades. El monitoreo de polinizadores, por ejemplo, está reduciendo el uso de agroquímicos y favoreciendo la polinización biológica.

En María La Baja, por otro lado, la comunidad local y los científicos codiseñaron piezas comunicativas sobre la vida y diversidad en el territorio, memoria y alimento, y acciones de bienestar y revitalización del territorio en el contexto de conservación del bosque seco tropical. El proyecto además ha impulsado y fortalecido las dinámicas socioecológicas sobre monitoreo de fauna, flora y producción agrícola, para superar las vulnerabilidades de la región.

Estos avances en dos comunidades marginadas de América Latina confirman que realizar procesos de coproducción, cocreación y hacer llamados al trabajo comunitario al hacer investigaciones medioambientales en territorios concretos es de suma importancia. Los logros alcanzados a través del mayor acercamiento y participación entre los investigadores, los miembros de las comunidades y los centros de investigación ayudan, además, a poner en medio de la discusión el futuro de los recursos naturales, algo muy importante al tomar decisiones que tengan que ver con políticas que afecten a los espacios de relevancia biológica. 

Y es que mientras en el centro de las grandes ciudades y en los países más poderosos del mundo las personas buscan temporalmente “aislarse” de los conflictos ambientales, las familias y comunidades rurales de Latinoamérica y el Caribe viven permanentemente expuestas a sus consecuencias. Por ello, según Duvan, “los habitantes de las comunidades necesitan con urgencia que sus prácticas ancestrales de conservación, cuidado de la naturaleza y de entender la naturaleza sean avaladas y tenidas en cuenta a la hora de generar información sobre el territorio”.

Es hora de consolidar el cambio. Mientras los científicos hemos apostado por una estrategia ineficaz e ingenua para contribuir a la solución de los problemas ambientales, los pobladores rurales en las fronteras del extractivismo en América Latina y el Caribe sufren desproporcionadamente las consecuencias de la destrucción de la naturaleza.

Estamos a tiempo de cambiar esta situación. Pero, en lugar de seguir depositando nuestras esperanzas en influir en los tomadores de decisión, debemos comprometernos a trabajar de igual a igual con todos los actores sociales que habitan y actúan sobre el territorio. Para hacer frente a la crisis ambiental, que se manifiesta cada vez con mayor fuerza sobre las regiones más empobrecidas, hace falta llevar adelante procesos más democráticos en los que se tengan en cuenta las diferentes formas de conocimiento.

Olga Lucía Hernández-Manrique es bióloga e investigadora con doctorado en biodiversidad: conservación y gestión de especies y sus hábitats, de la Universidad de Alicante, España. 

Matías Mastrangelo es biólogo e investigador con doctorado en Estudios Ambientales, de la Universidad Victoria de Wellington, Nueva Zelanda. 

Diana C. Moreno es investigadora adjunta del Instituto Humboldt en Colombia. Zootecnista y doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia.

¿Un pacto migratorio para las Américas dictado por Estados Unidos?

Leiza Brumat
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¿Un pacto migratorio para las Américas dictado por Estados Unidos?

La Cumbre de las Américas, el foro multilateral de más alto nivel sobre las Américas, se celebró recientemente en Los Ángeles. La cumbre estuvo marcada por la adopción de una declaración sobre migración y protección, propuesta por el Gobierno estadounidense y firmada por los Gobiernos de 20 países. ¿De qué trata esta declaración? ¿Por qué la propuso el Gobierno estadounidense y por qué algunos Gobiernos latinoamericanos la respaldaron? ¿Podemos decir que se trata de un “pacto migratorio” para las Américas?

La IX Cumbre de las Américas fue auspiciada por el Gobierno de Estados Unidos, que también propuso los principales temas que se iban a tratar en la reunión. La movilidad humana ocupó el primer lugar en la agenda, probablemente debido a las preocupaciones que existen en el seno de la política interna de Estados Unidos. Actualmente, hay una campaña política en EE. UU. para las elecciones de mitad de mandato, que se celebrarán a principios de noviembre, y el Gobierno de Joe Biden quería enviar un mensaje fuerte y una imagen de liderazgo a su electorado nacional sobre este asunto tan delicado. Pero esto no es algo nuevo. Estados Unidos ha presentado históricamente propuestas de normas y políticas panamericanas como forma de proyectar su poder e intereses al resto de la región.

Muchas veces, Latinoamérica ha resistido y rechazado estas propuestas, ya que la resistencia a la dominación del más fuerte es una preferencia profundamente arraigada en la región. Siguiendo esta línea, en esta ocasión muchos mandatarios no asistieron, y muchos otros criticaron abiertamente al Gobierno de EE. UU. por no haber invitado a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la reunión.

La cumbre fue polémica incluso antes de su inicio. El gobierno de Biden no invitó a los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela debido a “la preocupación por la falta de democracia y respeto a los derechos humanos” en esos países, trazando, así, una línea ideológica y divisoria en uno de los espacios multilaterales de diálogo y cooperación más relevantes del hemisferio.

Sin embargo, al mismo tiempo, se invitó a países como Haití, donde existen importantes problemas de legitimidad de los procesos electorales, o Colombia, donde se producen graves violaciones de los derechos humanos. Estas contradicciones han despertado la preocupación por el doble rasero de la administración Biden hacia América Latina. La ausencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela, tres de los principales países de origen de la migración de la región, también supone una importante limitación para cualquier acuerdo multilateral hemisférico sobre migración.

La no inclusión de las voces y perspectivas de los principales países de origen de la región disminuye la legitimidad de cualquier acuerdo en materia migratoria y, al mismo tiempo, aumenta las enormes asimetrías que caracterizan las relaciones internacionales interamericanas.

De manera similar a los pactos globales de migración y refugio, la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección es un acuerdo no vinculante en el que los Estados signatarios adoptan algunos puntos de acción bajo los principios de “migración segura, ordenada, humana y regular” y “respetando la soberanía de los Estados”. Migración “segura, ordenada y regular” es un principio que ha sido adoptado y fomentado por los pactos globales, pero esta declaración agrega el aspecto “humano”, lo cual probablemente viene del plan de la vicepresidenta Kamala Harris de gestión “humana” de las fronteras.

La declaración de Los Ángeles tiene cuatro pilares principales: asistencia financiera para las comunidades de destino, origen, tránsito y retorno; promoción de vías regulares para la migración y protección internacional; promoción de la “gestión humana de la migración” y de una “respuesta coordinada ante emergencias”. Se incluye un fuerte énfasis en el intercambio de información en las áreas de seguridad y migración irregular.

Este énfasis en la seguridad y la migración irregular se origina en el interés de EE. UU. en adoptar un acuerdo en el ámbito hemisférico con el objetivo de contener los flujos migratorios en dirección hacia el norte, reforzar los controles fronterizos, el intercambio de información con objetivos de control y seguridad, mientras al mismo tiempo se fomenta una retórica humanitaria.

Dicha retórica tiene probablemente como objetivo poner a la norma más en línea con la tradición latinoamericana de gobernanza migratoria liberal y progresiva, y reducir la resistencia y oposición latinoamericanas a las políticas restrictivas y seguritistas de EE. UU. Los pilares de asistencia a los países de origen y destino fueron incluidos a pedido de Colombia y Panamá. El Gobierno de EE. UU. ya se comprometió a proveer 314 millones de dólares en asistencia humanitaria y para el desarrollo como parte de este acuerdo. Esto probablemente incremente la cooperación entre algunos países latinoamericanos y EE. UU. en áreas de interés para el país financiador.

En resumen, respondiendo a las preguntas del principio de este artículo, la declaración de Los Ángeles es un acuerdo jurídicamente no vinculante que define cuatro líneas principales de actuación en el ámbito de la migración y el refugio. Estados Unidos lo propuso principalmente para responder a las preocupaciones de política interna en un momento electoral, pero este tipo de propuestas tienen raíces históricas de más tiempo.

Los intereses de EE. UU. estaban centrados en la contención y la seguridad, y los países latinoamericanos la apoyaron porque la declaración incluía algunas de sus peticiones de financiación y apoyo internacional para los países de origen y de acogida, y también, probablemente, porque los aspectos más securitarios y restrictivos, a los que frecuentemente se resisten los Gobiernos latinoamericanos, se diluyeron bajo una retórica “humana”.

El hecho de no incluir las preferencias de los principales países de origen resta legitimidad al documento final. En consecuencia, la declaración no constituye un pacto migratorio integral para las Américas. Es un acuerdo internacional amplio y flexible que, al igual que los pactos globales sobre migración y refugiados, consiste en compromisos políticos y líneas de acción cuya implementación dependerá en última instancia de las prioridades de cada país.

La negociación de la declaración de Los Ángeles nos ofrece un ejemplo ilustrativo de las dinámicas más amplias que dominan la gobernanza migratoria global y regional, incluyendo a los poderosos países receptores que tratan de impulsar su agenda de contención y las diversas estrategias adaptativas, emulativas y de resistencia que utilizan los países más pequeños y medianos para que sus preferencias sean incluidas en las normas y los estándares regionales y globales.

Ahora que se ha firmado este acuerdo, es probable que surjan dinámicas de poder más complejas durante su aplicación. ¿Qué preferencias prevalecerán?

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Polarización y bipolaridad en el gobierno de Alberto Fernández

Sandra Choroszczucha
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Polarización y bipolaridad en el gobierno de Alberto Fernández

Es de público conocimiento, que, en Argentina, como en otras latitudes, se atraviesa por un proceso prolongado de polarización política, que enfrenta partidos o coaliciones de partidos y confronta sociedades muchas veces de manera descarnada. Pero, probablemente, para los ciudadanos de otras naciones, cueste comprender que la polarización que está poniendo en jaque al gobierno argentino está operando de modo implosivo al interior de la coalición oficialista.

Empecemos por el principio: el peronismo, realineado como Frente para la Victoria (o kircherismo) desde 2003, comenzó a confrontar con la coalición que nació en 2015 bajo el nombre Cambiemos, monopolizada por el Pro de Macri, pero constituida por el Pro, el partido centenario la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, y dicha coalición venció en las urnas en 2015.

En 2019, tras el fracaso del gobierno de Macri, el kircherismo de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) pretendió volver al poder, pero el caudal electoral de CFK no alcanzaba para llegar a conquistar la presidencia y así fue que convocó a Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de su difunto marido, Néstor Kirchner (desde 2003 a 2007), y de ella misma por un año (hasta 2008).

Luego de abandonar al kirchnerismo de Cristina, Alberto Fernández pasó largos años criticando de modo tajante el accionar político y la ética de CFK a través de medios de comunicación y redes sociales. El actual presidente llegó a vincular a la ex presidenta con la muerte dudosa del fiscal de la Nación Alberto Nisman y con el encubrimiento al atentando a la mutual judía Amia en Argentina.

Sin embargo, en 2019, CFK necesitaba reunir electorado para ganar la elección, y argumentan los mal pensados y no los no tanto, que la intención de Cristina de volver al poder, respondía a la necesidad de obtener fueros e intervenir todo lo posible ante la Justicia para poder salir ilesa tras una decena de causas judiciales en su contra. Así, para poder contar con chances de ganar la elección convocó al peronista, en aquel entonces “moderado”, Alberto Fernández, quien pudo atraer votos y así el nuevo Frente de Todos venció en las urnas.

Los primeros meses de mandato el presidente contó con una excelente imagen a partir de ese estilo “moderado” que parecía imponerse frente a una dirigencia político-partidaria muy polarizada y peleada. Pero como resultado de la pandemia del Covid-19, Argentina sufrió la cuarentena más larga del mundo decretada por un presidente, además de que el país heredaba de Mauricio Macri preocupantes desajustes económicos, financieros y sociales.

En este marco, Alberto Fernández se vio desacreditado tras proclamar decretos que ni él ni sus familiares y amigos respetaron como con las fiestas vip o los vacunatorios vip para los propios. Además, la gestión del presidente que apostó a un encierro ciudadano interminable implicó un desmadre del gasto público, una continua emisión monetaria, un endeudamiento creciente, una devaluación que no paró y no para de escalar, un aumento de precios que parece no tener fin, un deterioro severísimo del salario real, una industria que se desmorona y un índice de pobreza que lastima.

Durante el primer año de gestión, la vicepresidenta se mantuvo en silencio como suelen mantenerse los vicepresidentes en Argentina. Pero mientras callaba ante la opinión pública, se ocupaba de colocar en agenda la reforma de la Justicia, tema que la inquietaba e inquieta, tras las numerosas causas penales que comprometen su libertad.

Pero de repente, la vicepresidenta junto a su núcleo duro, congregado en la agrupación La Cámpora liderada entre otros por su hijo Máximo, comenzaron a manifestar con alto parlante la cruzada “anti Alberto” con burlas y agravios constantes y públicos contra el presidente y ministros y secretarios albertistas.

Esto volvió a ocurrir el 2 de julio cuando, mientras CFK ninguneaba en un acto al presidente y al ministro de Economía, Martín Guzmán, este último presentaba su renuncia en tiempo real por Twitter. A partir de entonces, funcionarios albertistas que según CFK “son funcionarios que no funcionan” empezaron a renunciar mientras la Cámpora cristinista, sigue controlando institutos claves del gobierno.

Luego de los impiadosos agravios de CFK y la renuncia de Guzmán, Alberto Fernández afirmó que no hablaría más con la vicepresidenta y tuvieron que intervenir intermediarios para convencerlo de retomar el diálogo. En el correr de una semana sólo se supo que el presidente finalmente se reunió con CFK, pero sin que se diera a conocer los temas tratados en la reunión.

Más tarde el presidente se hizo presente en el acto de asunción de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis (quien fue elegida con la venia de CFK) en una ceremonia que duró 6 minutos. Y trascendió que existió una reunión secreta entre el presidente, la vicepresidenta y el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa (negada por la portavoz del gobierno y luego admitida por el mismo gobierno) en un clima de hermetismo total. Esto generó una enorme incertidumbre ante los mercados y ciudadanos desinformados.

Así, continuó la escalada del dólar, del riesgo país, de los precios, el descenso de las reservas y el empobrecimiento de los argentinos. Mientras, la vicepresidenta continúa presionando para que se trate ya mismo una reforma de la Corte Suprema de Justicia para aumentar su número de miembros, ya que, con la composición actual, no puede lograr el apoyo que necesita para quedar libre de culpas y cargos.

Se esperaba con nerviosismo y preocupación que en el acto por la conmemoración de la independencia argentina del sábado 9 de julio el presidente se pronunciara sobre lo acontecido, pero una vez más, Alberto Fernández volvió a someterse a la vicepresidenta que lo maltrata y boicotea su gestión (gestión que el mismo ya se viene encargando de lapidar), y así pronunció un discurso en el cual llamó “profetas del odio” a sectores de la oposición.

Cabe destacar que frente a la negociación con el FMI para evitar default, la oposición le dio el apoyo con 96% de los diputados votando a favor, mientras su propia fuerza, Frente de Todos, arengada por Máximo Kirchner, quien votó en contra de lo que necesitaba el presidente, le brindó solo un apoyo de un 65% de sus integrantes.

La teletragedia de la cual estamos siendo testigos los argentinos demuestra que la “grieta” al interior del gobierno supera con creces al enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición. Este enfrentamiento está noqueando a la Argentina, pero el presidente de los argentinos no ve, no escucha y no gobierna.

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