Diez reflexiones sobre la primera vuelta en Colombia

Jerónimo Ríos Sierra
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Diez reflexiones sobre la primera vuelta en Colombia

Uno: La izquierda colombiana, liderada por Gustavo Petro, ha obtenido el mejor resultado de su historia en la primera vuelta electoral. Tanto es así, que en un contexto de alta participación para lo que representa Colombia (55%), el Pacto Histórico, que aglutina a todas las fuerzas progresistas del país, ha obtenido más de ocho millones y medio de votos. Un dato que supera incluso el resultado de la segunda vuelta electoral de los comicios presidenciales de 2018 y que consolida la máxima de que el otrora alcalde de Bogotá es el candidato por batir.

Dos: El uribismo consuma su particular proceso de decadencia. Desde 2010, tras dos presidencias consecutivas de Álvaro Uribe, el candidato que este designaba se garantizaba su presencia en la segunda vuelta electoral. Sin embargo, desde hace años la imagen del máximo valedor de la Política de Seguridad Democrática ha ido perdiendo enteros. La vitola de mesianismo del pasado ha dejado paso a una figura desdibujada por el exceso, el dogmatismo y la manipulación. A ello debe añadirse el descrédito de Iván Duque, sin agenda de gobierno en estos cuatro años y con índices de favorabilidad que hace sólo unos meses apenas llegaban al 25%.

Tres: Sergio Fajardo es el gran derrotado. Hace sólo cuatro años estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta electoral, siendo finalmente superado, por un escaso margen, por Gustavo Petro. De haberlo logrado, dada la volatilidad electoral en su favor, al ocupar el espacio del moderantismo ideológico, posiblemente hubiera llegado a la presidencia de Colombia. Empero, su candidatura surgió de una coalición de nombres profundamente fracturada, con personalismos enfrentados, y que ha desarrollado una campaña gris, sin grandes propuestas, con una participación tibia en los debates, como si en ningún momento Fajardo se hubiera creído capaz de colarse en la segunda vuelta.

Cuatro: Rodolfo Hernández es la gran sorpresa. La intención de voto en los últimos meses ha sido más o menos estable, entre el 10 y el 12%. Su condición de outsider y valedor de la antipolítica frente al tradicionalismo elitista disfruta de una notable audiencia. Un caldo de cultivo superior al esperado, para un candidato que es una suerte de Donald Trump a la bumanguesa, que carece de programación de gobierno, que mantiene un discurso de simplismos reduccionistas al servicio de la demagogia, y que encuentra en las redes sociales -especialmente Twitter y TikTok.

Quinto: Se constata la liberación que ha supuesto el Acuerdo de Paz para la izquierda. Durante décadas, la pervivencia del conflicto armado hizo que buena parte del andamiaje político-partidista gravitase en torno al clivaje que alimentaba la violencia. Así, desmovilizadas las FARC-EP, la visibilidad y politización de otros aspectos de la agenda pública, como la educación, la salud, la vivienda o el empleo, han ganado enteros. Esto, agitando a la sociedad colombiana, motivando amplios escenarios de movilización y protesta, y construyendo la viabilidad, como alternativa, de una izquierda democrática que dirija las riendas del país.

Sexto: La cultura política colombiana es una suma de ingredientes que, de un modo u otro, igual que permiten entender el auge y la popularidad de Gustavo Petro, pueden ayudar a permitir entender que alguien como Hernández se cuele en la segunda vuelta. Aún en muchos lugares de Colombia prima una cultura política parroquial y conservadora, que el elitismo tradicionalista no ha sabido ni querido entender. Sus excesos en la patrimonialización del Estado, y la imagen de saqueo continuo, producto de una corrupción tan endémica como clientelar, abona un escenario idóneo para el discurso antiestablecimiento y anticorrupción que, demagógicamente, enarbola Hernández.

Séptimo: La coyuntura de la segunda vuelta juega a favor de Hernández. El uribismo y el propio Federico Gutiérrez ya han manifestado su adhesión a la candidatura del exalcalde de Bucaramanga. Todo, sin negociaciones ni peticiones previas, sabedores que cualquier posibilidad mejor que Petro es la única deseable para sus intereses. El uribismo, la maquinaria partidista del Partido Liberal, del Partido Conservador o de Cambio Radical, con gran anclaje territorial, irá a favor de Hernández, como igualmente lo hará la mayoría de un espectro mediático que sigue considerando a Petro la personación del bolivarismo en Colombia.

Octavo: Aunque para Gustavo Petro el candidato que mejor jugaba para sus intereses era Federico Gutiérrez, no todo está perdido. Desde luego, ha de evitar el discurso que figuras como Hernández motiva, en tanto que sus intervenciones concitan pulsión, improvisación, escasa viabilidad e insulto fácil. Frente a la demagogia antidemocrática las armas deben ser otras, como han evidenciado las campañas en el continente, desde Estados Unidos y hasta Brasil, pasando por El Salvador. Será importante atraer al voto de centro, al voto no movilizado en primera vuelta y priorizar los enclaves geográficos, mayormente periféricos, que junto a Bogotá han respaldado la agenda progresista y de paz, desde el año 2016.

Nueve: En los próximos días es de esperar que los expresidentes César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe se posicionen con Rodolfo Hernández. Viendo la suma que resta que personifica Iván Duque, su presencia en la campaña, posiblemente, sea más taimada que en la primera vuelta, en donde se posicionó claramente del lado de Gutiérrez. Entre los expresidentes, Petro tiene el apoyo asegurado de Ernesto Samper, pero está por ver lo que hace Juan Manuel Santos. Es posible que un eventual respaldo de su parte, sumado al de otras figuras, como Sergio Fajardo, matice la proyección de Petro sobre parte del imaginario colectivo y atraiga al votante moderado que, inicialmente, en otras circunstancias, jamás votaría a Petro.

Diez: Desde luego, Colombia se juega mucho en estas elecciones, y no es una máxima recurrente. Tras cuatro años de inacción, desgobierno e involución en buena parte de los indicadores sociales o de seguridad, la llegada de Hernández a la presidencia ha de entenderse como una amenaza a la institucionalidad. Petro es el único que propone una agenda programática coherente con los retos de una Colombia que demanda, entre muchas otras cuestiones, mayor gasto público, mejor redistribución de los recursos y las oportunidades, mayores capacidades institucionales en el territorio y el retorno a una senda de la paz, por completo desdibujado tras la nefasta presidencia saliente de Iván Duque.

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¿Medios o periodistas independientes ante la Guerra en Ucrania?

Gustavo A. Rivero
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¿Medios o periodistas independientes ante la Guerra en Ucrania?

Con el inicio de las operaciones militares rusas en Ucrania, un significativo número de periodistas de diferentes partes del mundo que trabajaban para medios rusos como RT (Russia Today) y Sputnik renunciaron a sus puestos, como los corresponsales ingleses Shadia Edwards-Dashti y Jonny Tickle y la editora en jefe rusa y activista Maria Boronova. De hecho, a diferencia de la mayoría de los periodistas hispanohablantes de esos medios que se mantuvieron en sus posiciones aceptando la línea editorial del gobierno ruso, Inna Afinogenova, una de las youtuber-periodista más populares en español, renunció a RT debido a su desacuerdo con la guerra y el rol propagandístico del medio para el que trabajaba.           

Los efectos colaterales de los conflictos en la prensa rusa no son nuevos. De hecho, en 2014 la presentadora norteamericana de RT Liz Wahl renunció en plena transmisión por razones similares. Sin embargo, la postura de estos periodistas contradice la afirmación de Vladimir Putin de que RT es “una cadena totalmente independiente, a pesar de ser financiada por el Estado”.

La creación de este tipo de proyectos de comunicación no son algo nuevo en el mundo. Particularmente, más no exclusivamente, los Estados no democráticos se han caracterizado por emplear estas agencias política y militarmente con el objetivo de influenciar audiencias extranjeras, amparados bajo slogans de presunta independencia editorial. 

Si no estás conmigo, estás contra mí 

La credibilidad periodística de Inna Afinogenova fue siempre cuestionada por medios tradicionales de la región por trabajar para RT. Ya desde el 2017, la periodista rusa había sido señalada por la directora de la revista colombiana Semana, Vicky Davila, el periodista de El Financiero de México, Fernando García, e inclusive por el editor del diario El País de España, David Alandete, quienes aseguraban que el contenido del medio, al ser financiada por el Estado ruso, favorecía a sus aliados en la región como Venezuela y a todos los líderes o partidos políticos catalogados de izquierda.

Además, en repetidas ocasiones las críticas sugerían, sin suficiente evidencia, que las publicaciones del medio ruso eran inorgánicas y que eran diseminadas y viralizadas por un ejército de cuentas falsas. Por lo tanto, su trabajo no era periodístico, sino un producto propagandístico sesgado y altamente politizado. 

Sin embargo, la periodista rusa sostuvo constantemente que los contenidos que producía no estaban afectados por los objetivos políticos del gobierno ruso. Y, de hecho, sugirió varias veces que la incomodidad que ella suscita en estos medios hispanohablantes se debía a la baja calidad del periodismo de estos medios, el cual evidentemente servía a los intereses de los partidos políticos tradicionales latinoamericanos cercanos a los intereses de Estados Unidos.

En este sentido, la sección de comentarios de sus publicaciones era un fervoroso espacio de interacciones en el que se congregaban mayoritariamente sus creyentes, quienes a por ser un faro de luz en medio del limitado análisis periodístico de los fenómenos políticos y sociales latinoamericanos.    

Con la escalada del conflicto ucraniano, los análisis de la periodista rusa se fueron distanciando de la línea editorial del gobierno ruso y por ende de RT, ya que era evidente su desacuerdo tanto con las acciones de la OTAN y sus aliados como con las del Estado ruso.

Más tarde, contenidos suyos fueron censurados y eliminados de la red social Youtube, como gran parte del contenido pro ruso. Pero a la misma vez, la periodista desapareció repentinamente del canal ruso. En su reaparición, meses más tarde a través de un video en su propio canal de Youtube, la periodista explicó que se había ausentado, entre otras cosas, debido a su renuncia de RT por diferencias editoriales. Esto generó que sus cuentas perdieran seguidores.  

Sesgo “independiente” 

El ejemplo de la periodista rusa Inna Afinogenova evidencia la alta polarización que existe entre los medios de comunicación financiados por Estados no democráticos como RT o HispanTV de Irán. Se trata de medios que emplean slogans como “cuestionar más” o “mostrar un punto de vista alternativo” para ofertar un tipo de periodismo cercano a la “verdad”. Sin embargo, se trata de armas de información que polarizan y favorecen intereses particulares.

Pero este fenómeno no es exclusivo de este tipo de regímenes. Los medios de comunicación occidentales de países democráticos, también dicen ser “independientes” y al final, su alcance y profundidad están limitados por factores económicos privados o políticos. Por lo tanto, informar a la sociedad no es su objetivo único.      

En este marco, si asumimos que la decisión de la periodista rusa de abandonar RT no es una estrategia mediática para incrementar el número de seguidores en redes sociales, su renuncia sería una lección de integridad periodística. Sobre todo, en un momento donde la era digital la monetización y la popularidad predominan sobre la coherencia informativa. Finalmente, lo que el caso de la periodista rusa deja en evidencia es la brecha que existe entre la línea editorial de los periodistas que trabajan para los grandes medios y los medios en sí. Por lo tanto, si lo que buscamos es una auténtica independencia, parece claro que será más fácil encontrarla entre las personas que se dedican al periodismo que entre los medios de comunicación.

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Democracia anormal

Alberto Ruiz Méndez
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Democracia anormal

La nuestra es una época de democracia anormal. Algunos piensan que basta con volver a cierta normalidad política para que el rumbo de la democracia tome su cauce ordinario; otros piensan que ha llegado el momento de crear algo diferente o radical. Quizá no nos hemos percatado de que, de un lado u otro, ya no están hablando de la misma forma de gobierno cuando dicen “democracia”.

Tanto académicos como fuerzas políticas coinciden en que la democracia está en crisis. Para los actores políticos, el origen de la crisis, o bien está en los que gobiernan ―la concentración del poder en Nicaragua o Venezuela―, o bien está en los que buscan arrebatarles el poder ―en México, el discurso presidencial insiste en que los “conservadores” impiden la transformación del país―.

Desde la academia, si bien han identificado tres factores que amenazan a la democracia, a saber, pulsiones autoritarias, populismos y tendencias iliberales; la diversidad de ideas y conceptos que han acuñado para explicar la actual crisis da cuenta de la complejidad que ella encierra. En este sentido, a partir del clásico término de “democracias delegativas” podemos encontrar, entre otros aspectos, democracias fatigadas, débiles, iliberales, autoritarias, frágiles.

¿Pero qué democracia está en crisis? La normal, es decir, esa forma de gobierno sobre la que hubo acuerdo acerca de sus principios básicos ―libertad individual e igualdad política― y sobre sus instituciones ―representativas― que hacen realidad la voluntad popular expresada a través del sufragio universal. La democracia normal es la que se consolida después de la Segunda Guerra Mundial acompañando al estado de bienestar y que mantiene sus principios básicos en el posterior Estado Neoliberal Global.

En la democracia normal, el “quién” y el “cómo” forman un consenso. El “quién” de la democracia era el más amplio número de ciudadanos caracterizados por sus libertades y su derecho a la participación política a través del “cómo”, es decir, aquellos procedimientos que les permiten participar en la toma de decisiones colectivas, por ejemplo, las elecciones. Las campañas electorales se dirigían a la ciudadanía, pero hoy esto ha cambiado, pues el “quién” está en disputa.

Tanto si se presentan como oposición como si son parte del Gobierno, los actores políticos han dejado de tener consenso sobre el “quién” democrático. En la actualidad, cuando aquellos actores dicen “mexicanos”, “colombianos”, “chilenos” y no dicen ciudadanos, quieren decir “pueblo”, esto es, un ente fragmentado de la ciudadanía sobre el que buscan legitimar su acceso al poder mediante eso que llaman democracia, o sea, las elecciones.

En la democracia normal, el poder es un lugar vacío que buscaba ser ocupado por fuerzas políticas que “representan” a la ciudadanía, aunque sea de forma parcial. En la democracia anormal, el poder es un espacio vaciado de esa representación y que los partidos políticos buscan colmar con una parte del todo. En la democracia anormal el discurso político hace de esa parte ―los pobres, los nacionales, los excluidos, los ofendidos― la única legítima para tomar decisiones colectivas.

Muchos no se han dado cuenta de que esto significa la desaparición del consenso sobre lo que debemos entender por democracia. Pero esta se ha rato en tanto que para populistas basta con el apoyo ―legítimo, por cierto― de su pueblo para llegar al poder, mientras que para algunos autoritarios basta con el sustento de las fuerzas políticas y sociales correctas para mantenerse en el poder. Ya no es necesario hablar de derechos, libertades o participación; basta con decir “elecciones”, “patriotas” o “pueblo” para hablar de democracia.

Hemos errado al creer que para explicar la actual crisis democrática, debemos pensar en la democracia formada por un núcleo que, de alterarse, implica su degeneración. Pero si la solución es volver a la democracia normal, ello implicaría cerrar la vías para la denuncia de exclusiones e injusticias legítimas porque efectivamente hay un “pueblo” que ha sido ignorado por el consenso hegemónico de la democracia normal.

De ello se han aprovechado algunos actores políticos, a través de la polarización y la fragmentación, para desfigurar a la democracia. Arropados con la bandera de su “pueblo”, no alcanzan a entender que sin límites a su poder no habrá democracia. Por ello, no podemos dejar de denunciar sus amenazas, pero mientras pensemos que la vuelta a la democracia normal sea la solución, no sabremos cómo hacer frente a aquellas amenazas.

La idea de la democracia anormal, esto es, la idea de que hemos perdido el consenso sobre el significado de la democracia, y su disputa por el “quién”, es una oportunidad de atacar viejas desigualdades mediante nuevas potestades. La idea de la democracia anormal busca enfatizar el hecho de que la democracia, sus valores e instituciones, es el resultado de sus impugnaciones. Nos encontramos en ese momento: más vale que sepamos cómo transformarla, para no perderla.

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¿Chile se encamina hacia un régimen de control político-afectivo?

Isaac Nahón Serfaty
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¿Chile se encamina hacia un régimen de control político-afectivo?

El borrador de la Constitución que presentaron los asambleístas de la Convención Constituyente de Chile contiene el diseño de un régimen de control político-afectivo. Aunque de momento es solamente una colección de artículos sin la debida estructura legislativa, con muchas redundancias y contradicciones, vale la pena leerlo, ya que representa el súmmum de la doctrina de la izquierda “despierta” o “woke”. Aunque el constituyente tiene buenas intenciones y quiere corregir las injusticias anteriores y las que vendrán, el texto revela el afán de suprimir las bases de la democracia liberal en la que los seres humanos son iguales ante la ley, y sustituir la igualdad de los ciudadanos por una fragmentación de identidades y orientaciones «afectivas».

Este régimen político-afectivo tiene la subjetividad como paradigma. Los derechos, según muchos de los artículos propuestos por los constituyentes chilenos, no son de todos los ciudadanos (aunque así lo pretendan), sino de todas aquellas personas que se definan o sean definidos por el Estado de alguna forma.

Disidencias sexogenéricas

El caso más llamativo es el que tiene que ver con la identidad de género. En el capítulo de la democracia paritaria se afirma que “el Estado reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía” (1.- Artículo 2.º). Se entiende la idea de las diversidades sexogenéricas, es decir, las variadas formas de identificación, más allá de la dualidad hombre, mujer, o heterosexual u homosexual. Pero resulta menos obvio qué se quiere decir con las “disidencias sexogenéricas”. ¿Disidencia con respecto a qué o contra qué?

Cuando el texto se refiere a la “igualdad sustantiva”, término que se repite en el borrador, establece que “la Constitución asegura la igualdad sustantiva de género, obligándose a garantizar el mismo trato y condiciones para las mujeres, niñas y diversidades y disidencias sexogenéricas ante todos los órganos estatales y espacios de organización de la sociedad civil” (105. Artículo 6).

En este caso, parece que las disidencias sexogenéricas se definen en oposición a lo masculino. El texto vuelve sobre las “disidencias sexogenéricas” en el apartado sobre el derecho a una vida libre de violencia de género enfatizando que se trata de la violencia contra las mujeres, niñas y los llamados disidentes sexuales y de género. Aquí se reafirma el implícito según el cual la “disidencia” es con respecto a lo masculino, quien sería el sujeto ejecutor de la violencia de género, como de hecho lo es la mayoría de los casos.

Una primera conclusión es que en el borrador de la posible futura Constitución se ha incluido la muy imprecisa categoría “disidencia sexogenérica” para darles cabida a todas las posibilidades de comportamientos sexuales y de identificación de género que vayan más allá de las conocidas como hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales, bisexuales, transgénero, pansexuales, no sexuales, etc. La idea misma de disidencia implica además una oposición con respecto a otras preferencias sexuales o identificación de género, especialmente la masculina. Disidente sería cualquier persona que desde sus gustos, afectos o pasiones quiera ser o hacer lo que le dé la gana, por lo que no podrá sufrir discriminación alguna, según el constituyente chileno.

A esta categoría imprecisa de los disidentes sexogenéricos hay que agregarle otra en la que las mujeres pierden la exclusividad biológica de ser las únicas que pueden tener en su cuerpo a otro ser humano y dar a luz. En el capítulo de los derechos sexuales y reproductivos se escribe: “El Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos…”. (253.- Artículo 16). ¿Quiénes son, además de las mujeres, las personas con capacidad de gestar? La gestación pasa a ser un proceso asexuado, vaciado de su feminidad.

No ciudadanos, sino sentimientos

El texto constitucional rompe con la distinción entre la acción pública y el espacio individual de los sentimientos. Recordemos que el expediente de la “enfermedad mental” (i. e. estados afectivos) ha sido utilizado para suprimir y encarcelar disidentes en los totalitarismos fascistas y comunistas.

Cuando el borrador prescribe el derecho a la identidad se dice que “toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad, en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas” (249.- Artículo 12). ¿Qué diferencia las orientaciones sexoafectivas de las otras? Lo único que parece distinto es el énfasis que se pone en lo afectivo, es decir, en el sentimiento como variable de identificación.

En una formulación sobre el derecho a la integridad personal que tiene un objetivo muy loable, como es la prevención del maltrato y la tortura, el texto propone que “toda persona tiene derecho a la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva…” (259.- Artículo 24). ¿Cómo se puede regular la integridad psicosocial o afectiva? ¿Cuál es el papel de un Estado en la normalización de la subjetividad humana? La respuesta es, en principio, ninguno. Sin embargo, en el régimen de control político-afectivo el Estado tiene la obligación de proteger y moldear los sentimientos.

Cuando se habla del derecho a la igualdad y la no discriminación, el artículo propuesto tiene un carácter invasivo de la esfera privada del afecto: “En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. Queda prohibida toda forma de esclavitud. Se asegura el derecho a la protección contra toda forma de discriminación, en especial cuando se funde en uno o más motivos tales como nacionalidad o apatridia (sic), edad, sexo, orientación sexual o afectiva […] o cualquier otra condición social” (291.- Artículo 23). La orientación afectiva no resulta fácil de definir, pues los parámetros sentimentales tienen una gran carga subjetiva, son variables, y a veces lábiles. Y en el caso de “cualquier otra condición social” deja la puerta abierta a interpretaciones caprichosas de burócratas del Estado.

Adjetivar la igualdad

Los constituyentes chilenos ponen mucho énfasis en adjetivar la igualdad como “sustantiva” o el ejercicio “sustantivo” de la democracia. Sin embargo, la igualdad no debería ser adjetivada, pues ella incluye a todos los humanos sin distinción. Somos iguales, punto. Como lo proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su primer artículo: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Sin embargo, en el borrador constitucional lo “sustantivo” de la igualdad no reside en su concepción universal de lo humano, sino en la desagregación de la persona según definiciones puramente subjetivas. Y es justamente en la regulación de lo subjetivo que el texto le otorga un gran poder al Estado para poner en marcha una política que decida cuáles son las emociones aceptables y aquellas que no lo son.

Este borrador es sintomático de una tendencia mundial en la que se impone un discurso que fragmenta la concepción misma del ser humano. Este discurso penetra todas las instituciones y disuelve a la persona en microidentidades que dependen de los humores de los poderosos que, vigilantes, perseguirán y reeducarán a quienes no entren en los moldes afectivos prescritos por su doctrina “verdadera”.

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Uvalde, Búfalo y el delirio estadounidense de las armas

José María Ramos
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Uvalde, Búfalo y el delirio estadounidense de las armas

El último asesinato masivo en Estados Unidos en una escuela de Uvalde, un poblado de Texas, uno de los estados más conservadores y proarmas, causó 21 muertos —la mayoría, niños— y ocurrió tan solo 11 días después de la masacre anterior en Búfalo. Como ante cada masacre, el sistema político estadounidense se divide entre el silencio y las manifestaciones de rechazo tras sobrepasar, por enésima vez, una imaginaria línea roja. Pero mientras el debate, como siempre, no pasa del debate, las Bolsas, como siempre, reaccionan de inmediato y las acciones de los principales fabricantes de armas estadounidenses, que viven de la muerte, se dispararon: Smith & Wesson Brands creció un 9%; Vista Outdoor, un 6,7%, y Sturm, Ruger & Company, un 3,5%.

Mientras los fabricantes de armas, agrupados en la Asociación Nacional del Rifle, y los beneficiarios de su corrupción —también llamada lobby— se enriquecen, el debate se enzarza —frente a las cámaras— entre los derechos individuales establecidos por la Segunda Enmienda de la Constitución para el uso de armas, y las afectaciones colectivas.

Una de las excusas favoritas de los defensores de la “libertad” suele recaer en que la mayor parte de los asesinos que cometen las masacres en Estados Unidos tienen problemas de salud mental. Con esto, el arma no es el problema central, sino lo que existe, que es un supuesto mal uso de estas, ignorando por completo el absurdo acceso a casi cualquier tipo de arma.

La matanza de Uvalde es un nuevo caso en el que los actores principales son jóvenes que, debido al acceso irrestricto y “constitucional” a partir de los 18 años a armas semiautomáticas, entre ellas, las del tipo rifles AR-15, disponen de todos los artilugios para reproducir escenas a las cuales estamos cada vez más familiarizados. En este año, según la ONG Gun Violence Archive, ha habido 213 tiroteos en Estados Unidos.

Y es que ese ridículo apego a la Constitución permite que un adolescente se pueda armar hasta los dientes en cualquier tienda a la vuelta de la esquina, pero que un menor de 21 años no pueda tomarse ni siquiera una cerveza.

Texas es uno de los estados con mayor acceso a la compra de armas; de hecho, no se requiere un permiso especial, ya que fueron derogados por el actual gobernador Greg Abbott. Sin embargo, este hecho difícilmente generará un consenso acerca de establecer un mayor control de armas, incluso de las de asalto, a pesar de que las evidencias indican que a mayor regulación en cuanto a la compra, menores son las muertes en los estados.

El debate, de hecho, se mantendrá en torno a la Segunda Enmienda de la Constitución y al insólito argumento de que para reducir los asesinatos hay que armar a los profesores en las escuelas, como afirmó el fiscal general de Texas, Ken Paxton, tras la masacre. Este es el absurdo argumento del cual se aferra la Asociación Nacional del Rifle y que seguramente sacará a relucir en su próxima Convención Anual que se efectuará en la ciudad de Houston, Texas, el 27 de mayo y en la cual participará el expresidente Donald Trump. 

Y es que la Asociación Nacional del Rifle estadounidense ha apoyado las campañas políticas de candidatos, tanto republicanos como demócratas, especialmente en comunidades en las que el uso de las armas es una cuestión cultural y forma parte de su cotidianidad. Así, la última propuesta de control de armas, llevada adelante por el gobierno del presidente Barack Obama, estuvo a punto de avanzar, pero finalmente fracasó debido a que legisladores demócratas terminaron apoyando a sus comunidades en favor del uso de estas.

Ante las nuevas masacres del último mes, vale recordar, una vez más, que sería muy deseable que el Congreso estadounidense avance en una legislación de mayor control de armas, para la que se requiere el voto de 60 de los 100 senadores que conforman la cámara. Pero ante el contexto político y electoral que se avecina, parece bastante difícil. Además, las posiciones conservadoras, como el rechazo al aborto, se están fortaleciendo en la sociedad estadounidense. Por ello, de momento parece que en Estados Unidos se seguirán priorizando los intereses económicos e ideológicos de los grupos de presión y ciertos sectores de la población antes que la vida.

Colombia se debate entre el continuismo o la ruptura

Jerónimo Ríos Sierra
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Colombia se debate entre el continuismo o la ruptura

Las próximas elecciones presidenciales en Colombia pondrán fin a cuatro años de involución democrática e inacción del presidente Iván Duque, que deja un país en peor situación que la que heredó. Esto resulta inasumible cuando, precisamente, su predecesor, Juan Manuel Santos, había conseguido, a lo largo de sus ocho años de presidencia, mejorar todos los indicadores sociales y económicos del país, además de cerrar un proceso de paz con las FARC-EP con el que se ponía fin al conflicto armado más longevo y violento del continente.

Durante los cuatro años de Iván Duque la imagen exterior del país ha perdido enteros. A pesar de que éste ha tratado de proyectar su imagen ante los principales organismos internacionales como la de un presidente comprometido con la paz y la prosperidad social, existe una clara disonancia entre su plano discursivo y la realidad de los hechos.

Indudablemente, su condición de uribista, que es con la que llega a la presidencia, le obligó de partida a renunciar a muchos de los hitos obtenidos durante el período 2010-2018. Primero, y por razones obvias, su gobierno cuestionó la esencia del Acuerdo de Paz. Es por ello que su máxima gubernamental fue la “paz con legalidad”, a la vez que cuestionaba la integralidad jurídica del Acuerdo.

El gobierno de Duque ejerció un saboteo institucional de baja intensidad hacia aquellos puntos del Acuerdo que más chirriaban al conservatismo y al uribismo en particular como la justicia transicional, la comisión de la verdad o la participación política de los excombatientes. De hecho, según el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, encargado de hacer seguimiento a la implementación de la paz, el nivel de cumplimiento íntegro de este gobierno ha sido de un 2% anual.

Por otro lado, en materia de seguridad y orden público, el país es considerablemente más violento que hace cuatro años. La aparente respuesta amparada en la militarización de la seguridad, que intenta exhibir falazmente las capacidades de un Estado “fuerte”, más bien dejan entrever la falta de una hoja de ruta adaptada a las exigencias del post-Acuerdo.

La experiencia nos dice que, tras la firma de un Acuerdo de Paz, lo habitual es que aumente la violencia. El control del territorio, la atomización de la disputa por los recursos ilícitos entre los actores y la desideologización de los grupos disidentes, sumado a la precariedad institucional terminan siendo prioridades y urgencias desatendidas.

Pero el gobierno actuó como si nada hubiera cambiado, y en lugar de aprovechar el Acuerdo para impulsar nuevas políticas públicas en favor de fortalecer la descentralización territorial, la democracia local y la recomposición del tejido social, optó por un discurso simplista que no se corresponde con una realidad que reclama mayores y mejores mecanismos de respuesta.

Así, a la proliferación de disidencias de las otrora FARC-EP, grupos criminales de impronta local y un aumento de la geografía de la violencia y de las capacidades operativas de algunos grupos, como el ELN o el Clan del Golfo, se suma la inoperancia en los esquemas de protección. De hecho, desde la firma de la paz, en noviembre de 2016, han sido asesinados casi 2.000 líderes sociales y más de 300 exintegrantes de las FARC-EP.

Por otra parte, ha aumentado el descontento social hasta el punto de alimentar dos paros nacionales, en 2019 y 2021, además de multitud de episodios de protestas ciudadanas y altercados callejeros que han mostrado la incapacidad para el diálogo de un gobierno que sigue entendiendo que los derechos son patrimonio de la concesión y que el conflicto social es sinónimo de violencia.

Todo esto, con el fin de evitar reconocer mecanismos de diálogo y reconocimiento con la sociedad civil y, más bien, reivindicar la necesidad de mayores necesidades de militarización, con la correspondiente criminalización de la protesta.

Pero, la realidad es otra. El Acuerdo de Paz, más allá de poner fin al conflicto con las FARC-EP, ha servido para abrir un nuevo escenario de reclamos sociales y políticos que durante décadas han sido opacados por la violencia. De la misma forma, ofrece a la ciudadanía la disposición de nuevos repertorios de movilización, desprovistos de la presencia de actores armados, a la vez que libera un espacio para la izquierda que, en inicio, debe servir para mejorar la calidad de la democracia en el país.

No obstante, todo lo anterior no van más allá del plano de la suposición en tanto que, de acuerdo con varios medidores de calidad democrática y electoral, la premisa de entender que la democracia mejora tras la firma de un Acuerdo de Paz, en el caso de Colombia, arroja resultados más que cuestionables.

La pandemia ha servido igualmente para mostrar las contradicciones y debilidades de uno de los Estados más desiguales del mundo. El índice de pobreza multidimensional es de los peores del planeta y los umbrales de población por debajo de la línea de pobreza han retrocedido casi dos décadas, superando el 40%. Por supuesto, no ayuda un Estado profundamente (re)centralizado, en donde la informalidad laboral afecta a casi dos terceras partes y cuya estructura tributaria es una de las más regresivas del continente.

Este intrincado escenario es el que deberá asumir el futuro presidente. Pero antes deberá dirimirse la disputa electoral, la cual, en primera vuelta, todo invita a pensar en que será el otrora alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien resulte la fuerza más votada. Sin embargo, es improbable que obtenga más del 50%, de manera que el resultado final se resolverá en la segunda vuelta prevista para el 19 de junio.

Por otro lado, las encuestas más fiables dan como segundo candidato más votado al conservador Federico Gutiérrez. Esto era impensable hace unos meses, cuando parecía que la presidencia de Colombia la disputarían Gustavo Petro y Sergio Fajardo. Sin embargo, la tendencia a la baja de Fajardo ha sido inversamente proporcional al respaldo que Gutiérrez ha obtenido de medios como Semana o RCN, de los partidos tradicionales, como el Partido Liberal y el Partido Conservador, así como de los expresidentes César Gaviria o Andrés Pastrana.

Es como si durante estos últimos dos meses la máxima de “todos contra Petro” hubiera permitido cerrar filas sobre un candidato capaz de imbricar extremos disímiles.

Tres factores que decidirán la elección

Hay tres factores que decidirán la elección. Primero, la capacidad de movilización, favorable, pero también desfavorable, que acompaña a Gustavo Petro. Sus errores de campaña y la apuesta por Francia Márquez como vicepresidenta, si bien han consolidado su posición de izquierdas, han lastrado cualquier viraje al centro.

Segundo, ha de verse qué sucede con el comportamiento del votante más moderado, inicialmente alineado con la Coalición Centro Esperanza de Sergio Fajardo, y que ha de moverse sobre un continuum profundamente centrífugo y altamente polarizado. Tercero, y como contrapeso, estaría la escasísima favorabilidad que despierta Iván Duque y cuyo sucesor natural sería Gutiérrez.

En conclusión, vista la herencia que ha de recibir el próximo presidente, lo que se juega en las próximas elecciones parece gravitar entre el continuismo y la ruptura. El continuismo de Federico Gutiérrez, alineado con la desregulación del mercado, el Estado de mínimos, la política securitaria más tradicional y la proximidad geopolítica con Estados Unidos. O la ruptura de Gustavo Petro, favorable a recuperar la senda del Acuerdo de Paz, fortalecer la dimensión territorial e institucional del Estado, y promover una política pública que apueste por mayor cohesión social y mayor gasto público. En unas semanas saldremos de dudas.

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Menstruación y trabajo: el derecho a trabajar sin dolor

Adoración Guamán
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Menstruación y trabajo: el derecho a trabajar sin dolor

El pasado 17 de mayo el Gobierno de España dio un paso histórico en materia de igualdad y no discriminación. Gracias al impulso del Ministerio de Igualdad encabezado por Unidas Podemos, España tendrá la legislación reguladora del derecho a la salud sexual y reproductiva más avanzada de Europa. Para ello, el Gobierno dio luz verde a la tramitación normativa de una reforma que ampliará el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, se reforzará la educación sexual, se reconocerá la gestación por sustitución como una forma de violencia contra las mujeres y se regulará en términos laborales la salud menstrual.

Una de las cuestiones más discutidas respecto de esta reforma ha sido la regulación de una incapacidad temporal derivada de reglas incapacitantes, abriéndose un debate en ámbitos políticos e incluso sindicales respecto de si la regulación propuesta puede acabar agravando la discriminación en la contratación laboral. Así, los efectos de la menstruación sobre la vida de las mujeres han protagonizado por primera vez tertulias y debates en medios de comunicación, rompiéndose el tabú de la cuestión.

Durante días hemos escuchado cómo se enumeraban el conjunto de dolores que sufrimos las mujeres y las personas que menstrúan y que incluyen calambres abdominales, náuseas, fatiga, sensación de desmayo, dolores de cabeza, dolor de espalda y malestar general o migrañas. Con todo esto una vez al mes y 480 veces a lo largo de nuestra vida acudimos al trabajo con dolores incapacitantes, generándose un “presentismo” (trabajo en condiciones no óptimas) que supera con mucho al absentismo y que impacta considerablemente en la salud laboral y en la productividad de las empresas.

Pese a que se trata de una situación por la que puede transitar la mitad de la población mundial, la salud menstrual se mantiene en la práctica totalidad de países del mundo en un ámbito cubierto por el estigma, la vergüenza y los estereotipos. Ni el derecho laboral ni las normas de la seguridad social han contemplado específicamente estas situaciones. Al contrario, habitualmente las políticas de salud laboral se desarrollaban mediante normas pretendidamente “neutras” (basadas en la experiencia de trabajadores varones e ignorando la diferente realidad de la salud de las mujeres) o bien políticas de salud y seguridad en el trabajo que consideraban a la mujer desde una óptica proteccionista, como colectivo débil y centradas en la protección del embarazo y la maternidad. La menstruación, como situación a considerar per se, ha estado poco presente en los debates jurídicos.

De hecho, algunas de las experiencias regulatorias previas han dado malos resultados. En concreto, Japón aprobó una ley relativa a la menstruación en el trabajo en 1947; Corea del Sur concede a las mujeres un día de permiso por la menstruación y Taiwán tres días; en Indonesia dos. Además, en algunas provincias de China se han adoptado políticas similares. Diversos informes señalan las dificultades de la implantación de estas normas vinculadas y su relación con prácticas discriminatorias o incluso vulneraciones de derechos de las mujeres, todo lo cual está probablemente relacionado a una defectuosa regulación y mala praxis empresarial. Algunos autores, a la vista de los escasos o malos resultados, calificaron estas prácticas como “sexismo benevolente”.

El debate en otros países, como Francia, Reino Unido o Australia, se ha abierto al hilo de las experiencias en diversas empresas que han implantado modelos de organización del trabajo compatibles con la protección de la salud menstrual (incluyendo igualmente los periodos de menopausia) y que reportan constantes tasas de éxito tanto desde el punto de vista del aumento de la productividad como de la mejora del bienestar de las personas que se acogen a estos permisos. Por su parte, el parlamento italiano debatió en abril de 2016 una propuesta de ley titulada “Establecimiento de permisos para mujeres que padecen dismenorrea”. 

La propuesta, que no llegó a aprobarse, contemplaba el derecho de no acudir al trabajo un máximo de tres días al mes a las mujeres que padezcan una dismenorrea que impida el desempeño de las funciones ordinarias del trabajo diario, condición que debía ser constatada en un certificado médico de carácter anual. Este “permiso menstrual” sería cubierto por el Estado con una prestación igual al salario. Además, algunos convenios colectivos, en España o en Argentina, regulan permisos recuperables por las trabajadoras, con poco éxito.

La propuesta española es sin duda la más acabada y se centra en la protección de la salud menstrual en el ámbito del contrato de trabajo, como un derecho dentro de la salud laboral. Para ello se reconoce el derecho a una incapacidad temporal especial para las mujeres con menstruaciones dolorosas que las incapacitan para trabajar, sin máximo de días según indique el informe médico preceptivo, a cargo de la seguridad social, abonada desde el primer día de baja y sin requisitos de cotización previos. No habrá, por tanto, carga alguna económica para el empresario.

Ante la regulación de esta baja laboral por menstruación se ha afirmado que poner el foco en cómo la menstruación afecta la capacidad de trabajo de un buen número de mujeres durante determinados días del mes significaría reconocer una debilidad y podría implicar una reacción empresarial, una suerte de backlash (por el que ya hemos transitado) que podría ahondar en la preferencia de contratación masculina.

Para descartar o minimizar esta posibilidad es necesario recordar que medidas como esta no pueden ser dispositivos jurídicos aislados sino que deben conjugarse con una buena política de igualdad en materia de derechos vinculados a los cuidados, y muy particularmente a la maternidad y paternidad, basada en la corresponsabilidad; una estructura normativa antidiscriminatoria fuerte, que sancione las conductas sexistas en el trabajo; una potente labor pedagógica que evidencie entre el empresariado que la igualdad en las empresas es un derecho (y es positivo igualmente para la productividad) y el compromiso del diálogo social para su desarrollo adecuado. Que la salud menstrual entre en las empresas requiere que el Estado impulse estos dispositivos y que el empresariado interiorice la necesidad de protegerla.

La propuesta de regulaciones como la española es per se un enorme paso adelante en lo jurídico, simbólico y cultural que permite visibilizar y verbalizar una realidad y una necesidad históricamente opacada. Con ella se abre un camino que puede ser ejemplo para América Latina, acompañando los pasos adelante en la despenalización del aborto y los procesos hacia el reconocimiento de la igualdad y la prohibición de discriminación en las relaciones de trabajo. Evidentemente, los obstáculos a superar son cuantiosos por muchos aspectos. En nuestra región, la corresponsabilidad es escasa (el tiempo de trabajo no remunerado o de cuidados de las mujeres es mucho mayor que el tiempo que dedican los hombres) y esto lastra la contratación femenina y perpetua las desigualdades. 

Además, es bien sabido que, en América Latina, las personas que trabajan sin las garantías jurídicas vinculadas al contrato de trabajo (el llamado trabajo informal) representan más de la mitad de la fuerza laboral, lo cual dificulta la aplicación de medidas como la señalada. Por añadidura, la permanencia del estigma y el tabú respecto de la menstruación, que en el argot popular se sigue identificando con una enfermedad, es igualmente clara. Afortunadamente, la potencia del movimiento feminista en la región está permitiendo los avances normativos que nos hacen caminar hacia la consecución de una sociedad más justa, donde nadie tenga que ir a trabajar aquejada de dolores incapacitantes y donde la menstruación forme parte de la cotidianeidad, libre de estereotipos, estigmas y discriminaciones.

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Tren Maya: más que un tren, nada de maya

Carlos Tornel
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Tren Maya: más que un tren, nada de maya

Coautor Pablo Montaño

El Tren Maya, como se conoce al proyecto impulsado por el gobierno de la denominada Cuarta Transformación (4T) de Andrés Manuel López Obrador, se presenta como una alternativa para avanzar hacia un supuesto desarrollo sustentable. Sin embargo, no es otra cosa que una profundización del modelo capitalista extractivo, que reproduce la misma lógica colonial que busca llevar el desarrollo a aquellos que han sido históricamente excluidos del “progreso” y la modernidad. La reconfiguración del territorio del sur de México es una vuelta de tuerca a la profundización de una crisis civilizatoria.

A finales del mes pasado el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) publicó la más reciente y sombría advertencia sobre el estado del clima. El reporte indica que las emisiones a nivel global deben alcanzar un pico a más tardar en 2025, de lo contrario los efectos del colapso climático serán catastróficos. En plena encrucijada civilizatoria, es decir, en un momento en el que la adicción al crecimiento económico y a la producción de combustibles fósiles deberían decrecer, el Tren Maya va en dirección contraria.

Se trata de un megaproyecto turístico y de transporte de mercancías que, según el gobierno, busca “mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el ambiente y detonar el desarrollo sustentable”. El proyecto, –que como dicen las comunidades mayas, es más que un tren y no tiene nada de maya– , consta de 1,525 km de vía y consiste en la creación de infraestructura ferroviaria con desarrollos turísticos, habitacionales y de traslado, almacenamiento y comercio de mercancías en cinco estados del sureste de México, convirtiéndolo en el proyecto de desarrollo más grande en América Latina.

Bajo la lógica del desarrollo sustentable, el tren apela al turismo como la forma más efectiva de proveer crecimiento económico y proteger a la naturaleza. Sin embargo, no se ha realizado una Evaluación de Impacto Ambiental que permita mitigar de forma efectiva los impactos acumulativos del proyecto. A la fecha, únicamente se han realizado algunas Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) de ciertos tramos, mientras que otros no han sido analizados a pesar de que amenazan ecosistemas altamente vulnerables como la zona de cenotes y acuíferos subterráneos de la Península de Yucatán.

El proyecto en realidad es un reordenamiento territorial ya que busca crear, junto con el tren transístmico, que cruzará de Salina Cruz en Oaxaca a Coatzacoalcos en Veracruz, una nueva ruta de comercio interoceánico y una integración del territorio al comercio mundial. Siguiendo la argumentación de que el sureste de México es un espacio abandonado o ignorado por el modelo de desarrollo, estos trenes buscan integrar la región al capitalismo global al facilitar el tránsito de mercancías, combustibles y el turismo, abriendo el territorio al extractivismo, integrando así nuevos territorios a la lógica capitalista.

El gobierno ha rechazado las críticas tachándolas de conservadoras o neoliberales. Pero el modelo de desarrollo al que apuesta no es ni puede ser sustentable. El tren es una pieza del gran proyecto de transformación territorial de la región sur-sureste de México. Y en la península muchos saben que no es sino un proyecto reciclado de administraciones anteriores que beneficiará a empresas transnacionales y que servirá para articular los megaproyectos que ya existen en el territorio como los monocultivos de soya transgénica, las mega-granjas porcícolas o los grandes proyectos de generación de energía renovable. Así, el gobierno de López Obrador está redefiniendo y reorganizando el territorio como un espacio legible a la inversión capitalista a partir de una dialéctica entre la idea de productividad y lo que es considerado como desperdicio. Este modelo implica marginar otras formas de ser, existir y habitar estos espacios.

El tren tiene otros aspectos problemáticos como la creación de un hub para el comercio internacional, así como, contribuir a la captura de migrantes en el flujo hacia Estados Unidos.  Esto último, ocurre en parte, por la transformación turística de las rutas del tren que por décadas han utilizado las personas migrantes (La Bestia), obligándolas a caminos cada vez más peligrosos. Pero tal vez su aspecto más controversial es la forma en la que utiliza la cultura y la identidad indígena maya para justificar la imposición del “desarrollo sustentable”.

Vale la pena recordar el supuesto “error” de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que reveló la forma en la que el gobierno busca perpetrar un etnocidio en nombre de su propio desarrollo. Según la Secretaría: “El etnocidio puede tener un giro positivo, el etnodesarrollo. Este puede ser posible si se involucra en el proceso de desarrollo y en la administración de beneficios a las poblaciones indígenas”.

Pese a las críticas y aunque el gobierno reconoció que se trataba de un error, hasta ahora no ha realizado ninguna consulta indígena que se apegue a los marcos internacionales del Convenio 169 de la OIT y que permita apuntalar hacia el supuesto etnodesarrollo. En repetidas ocasiones el proyecto se ha presentado como una decisión tomada y que dichas consultas no cambiarían el proyecto. 

Este plan contribuye, además, a perpetuar el orden colonial. Ya decía la destacada intelectual mixe, Yásnaya Aguilar que “la independencia de México no fue un rompimiento con el orden colonial, sino que implicó su perfeccionamiento”. Podríamos agregar que el desarrollo de megaproyectos como este son una profundización de ese orden colonial, en donde la identidad maya se reduce a un servicio turístico, transformándola en una experiencia o mercancía que puede ser aprovechada y extraída.

El modelo impulsado por la 4T perpetúa la violencia colonial ya que consiste en eliminar la posibilidad de que lo otro exista de acuerdo a sus propias formas de ser, conocer y entender. A cambio de ello, el uso de lo indígena como decía Guillermo Bonfil Batalla, sirve para perpetuar el México Imaginario (del desarrollo y progreso) pero condena a la identidad indígena al pasado (el México Profundo).

Bajo la visión de “desarrollo” y “progreso”, las formas tradicionales de siembra, de subsistencia, de relacionarse con el territorio y, por ende, de la misma cosmovisión maya suelen ser descontadas o inclusive vistas como obstáculos para desarrollar la región. El proyecto Sembrando Vida, que busca recuperar la deforestación provocada por el tren, ilustra el rechazo al patrimonio biocultural, al sustituirlo por especies de ‘valor’ y ‘servicios’ que pueden ser mercantilizados.

Es difícil hablar de un etnodesarrollo o de un desarrollo sustentable en la región. Más aún si entendemos este proyecto como la continuación del modelo colonial y capitalista que ha sido impulsado en México en los últimos 500 años, que vuelve a imponer una sola visión del futuro.

Apostar por un proyecto así, incluso teniendo en cuenta los posibles beneficios económicos en el corto plazo, es perpetuar la lógica que ha conducido a la crisis civilizatoria y al colapso del clima que enfrentamos. Impulsar un verdadero etnodesarrollo implicaría aprender a escuchar las alternativas al desarrollo que ya existen en el territorio.

Pablo Montaño es politólogo y máster en medio ambiente y desarrollo sustentable por la Universidad de Londres. Está especializado en comunicación climática y es coordinador de la organización Conexiones Climáticas y productor y guionista de la serie documental El Tema.

Adiós a Bolsonaro

Camila De Mario
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Adiós a Bolsonaro

Estamos en campaña. Y por lo tanto, tan angustiados como comprometidos. Los que se asombraron con los resultados de las elecciones de 2018, al menos ahora son más conscientes de lo que representa Bolsonaro y el bolsonarismo para Brasil. Para quienes apostaron hasta el último segundo a que una fracción importante de la sociedad brasileña no se alinearía con el totalitarismo y el fascismo, hoy, con cada encuesta electoral que se divulga, existe el temor de mirar la variación de los números de intención de voto y cogitar que tal vez no sea en 2022 cuando podamos despedirnos de Bolsonaro.

Sin embargo, aunque podamos, es bueno tenerlo claro: el adiós será a la figura de Bolsonaro como presidente, pero no a Bolsonaro como líder popular autoritario, desleal y violento. Menos aún (más preocupante) al bolsonarismo como presencia a largo plazo en la sociedad brasileña.

Después de la redemocratización, a pesar de los numerosos logros sociales y de la garantía de importantes derechos sociales, es importante recordar que la vida cotidiana de nuestras periferias siguió estando marcada por la violencia y la inseguridad social. Los trabajadores más pobres, a pesar de la posibilidad de ascenso e inclusión social -que se produjo esencialmente a través del consumo-, se vieron obligados a adaptarse a la voracidad y la explotación del trabajo informal, precario y uberizado. Los pobres, obligados a concentrarse en sobrevivir, encontraron apoyo en algunas políticas públicas, pero sobre todo en redes dentro de sus comunidades, en las iglesias y en la milicia. 

La frustración por los intentos fallidos de integración social generó una reacción de resentimiento en un tejido social deshilachado. La reacción se estructuró en las periferias, y se fortaleció en las iglesias – especialmente las neopentecostales y en Internet.

La reacción también provino de fracciones de las clases medias que se sintieron amenazadas por el movimiento de ascenso social de las clases bajas (observado entre 2003 y 2014), y de las élites financieras y conservadoras, disgustadas con los rumbos políticos y económicos del país, hasta estallar en las calles y en las páginas de los periódicos en 2013. Una guerra cuyos contornos sólo se fueron aclarando a partir de 2016, y sobre todo, después de 2018.

Violencia, abandono, indignación, injusticia y resentimiento. Estos son los afectos que guían la acción política por el odio al otro (diferente) y por un sentido primario de la justicia, que exige que los agraviados se tomen la justicia por su mano. El resentimiento social generado por el sentimiento de injusticia provocado por una promesa incumplida es una manifestación colectiva desafiante, difícil de resolver, porque el resentido echa la culpa de su situación al otro, de lo que ha perdido o no ha ganado. En este caso, los que se sienten perjudicados no se perciben como autores del pacto social, ni capaces de cambiarlo. Sin poder político, también tienden inconscientemente a buscar gobernantes que les protejan, una autoridad como las figuras paternas de la infancia. Buscan un mesías redentor.

La continuidad del bolsonarismo más allá de Bolsonaro

Estos sentimientos están más vivos que nunca en la sociedad brasileña y tienden a aflorar de nuevo, con fuerza, haciendo que la política -por la que los brasileños nunca han sentido mucho aprecio- vuelva aún más resentida a los perfiles de Facebook, a los grupos familiares de WhatsApp, pero también a las mesas de los almuerzos de los domingos, a las de los bares, a las colas del supermercado, de la panadería, del autobús, del metro y del tren. A través de opiniones formadas en redes sociales, en grupos de WhatsApp, por influenciadores de YouTube, o por figuras de autoridad totalmente despreocupadas de los hechos, de los datos divulgados por los institutos de investigación, de la ciencia o de cualquier fundamento de verdad.

Ciertamente uno de los grandes problemas que tendremos que afrontar es el descrédito socialmente generalizado en los medios de comunicación formales, en las instituciones, en la ciencia, en las escuelas y en los profesores (acusados de adoctrinadores).

En los últimos años, en la ola de odio hacia la política, hemos visto crecer una masa de gente asqueada de los medios de comunicación -muchos de ellos incluso alineados con los valores de la derecha-, algunos asociados con hashtags peyorativos, como el término «basura», y con «adoctrinadores comunistas de izquierda». «¡Basura!», gritaron. En medio de una guerra cultural y política, los medios de comunicación se quemaron en la hoguera del negacionismo, los creadores de opinión, los intelectuales públicos y los «influencers» (ellos también) pasaron a arder en las hogueras de la anulación.

Universidades, escuelas y profesores despreciados públicamente, acusados de adoctrinamiento ideológico, «tomadores de partido». Tener y enunciar públicamente una opinión política se convirtió en un acto abominable, motivo de un profundo cisma entre «nosotros, buenos ciudadanos», y «ellos, izquierdistas, marxistas culturales, bandidos». 

Mi punto es: este escenario no ha sido desmontado, y las opiniones y acciones que crea y alimenta no tienen relación con la ciencia, con los datos, con los hechos de la economía o con la política de cargos y partidos. Se basan en micropercepciones del mundo y en concepciones teológicas de lo que es bueno, que se presentan como verdades incontestables. Así que no hay discurso, ni argumento capaz de hacer frente a lo que se siente y a la reacción indignada que se acumula, justificada en base a valores y eslóganes redentores. En esta lógica, es necesario resistir a los problemas y ser perseverante, porque para rescatar los valores de la patria y salvar a Brasil es necesario todavía mucha lucha.

Mientras tanto, la realidad es un reto. Los datos y los titulares de los periódicos insisten: la inflación se ha disparado, el desempleo también, el hambre ha vuelto. La cesta de la compra está vacía, y el tamaño de los productos en las estanterías (a pesar de las subidas de precios) se ha reducido. La gasolina y el gas de cocina son inasequibles. Las enfermedades han vuelto: el sarampión, la polio, la explosión del dengue en 2022. La movilidad social ha retrocedido, en los últimos cinco años hemos experimentado un retroceso sociolaboral, hemos vuelto a los niveles de las décadas perdidas, de los años 80 y 90. 

Nunca está de más recordar las decisiones de gestión de la pandemia tomadas por el gobierno de Bolsonaro y las denuncias contenidas en el informe de la CPI del COVID. No olvidemos el luto colectivo y los muertos y huérfanos de la pandemia, ni los retrasos en la escolarización y la privación de socialización de nuestros hijos, los traumas a los que se enfrentará toda una generación marcada por la gestión de un gobierno que dio la espalda a lo colectivo, a lo social y al sufrimiento.  

La apuesta es que los dolores de la realidad impedirán la reelección de Bolsonaro, pero el bolsonarismo y todo el resentimiento social del que se alimenta seguirá vivo, palpitando. Tenemos el deber histórico de enfrentarnos a ellos.

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El terrorista de Buffallo y el anclaje global del racismo

Federico Finchelstein
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El terrorista de Buffallo y el anclaje global del racismo

Co-autor Emmanuel Guerisoli

La reciente masacre racista de Buffalo tiene una historia global que la antecede. De hecho, el “manifiesto” de 180 páginas del terrorista elogia a Argentina en su primera página, por su supuesta situación racial. El asesino idealiza al país sudamericano a través de la mentira racista y delirante y dice que Argentina es el único país “blanco” con una alta tasa de natalidad que la defendería de los enemigos de la raza blanca. ¿De dónde viene esta fantasía delirante de una “Argentina blanca”?

Argentina es un país diverso, muchas veces abierto, tolerante y generoso. Y también es un país que como muchos tiene una larga historia de fascismos y racismos varios.

La “teoría del gran reemplazo”

El terrorista de Buffalo adhiere a la llamada “teoría del gran reemplazo”, cuyos orígenes se remontan a las ideas de degeneración social y racismo científico de finales del siglo XIX. Acorde con ellas, la superioridad civilizatoria occidental debía mantenerse biológica y culturalmente para evitar el caos y colapso social. Esta ideología fue ampliamente aceptada por elites políticas en varios países a ambos lados del Atlántico y dio lugar a políticas eugenésicas, segregacionistas, anti-inmigratorias, y finalmente fascistas y genocidas.

En los años 30 los nazis radicalizaron la mentira de una conspiración judía cuyo fin era organizar la mezcla de razas, dando lugar a un exterminio de poblaciones blancas a nivel mundial. De ahí en más, la idea del “genocidio blanco” fue utilizada por organizaciones fascistas y afines durante la Guerra Fría para justificar la violencia política en el nombre de la defensa existencial de nacionalismos étnicos.

En los 70s, la Confederación Anticomunista Latinoamericana introduce nociones de “genocidio y supremacía blanca” que influenciaron las doctrinas de las agencias responsables de la Operación Cóndor. Las dictaduras de Bolivia, Chile y Paraguay fueron muy receptivas a tales ideas debido, en parte, a la presencia de ex nazis y ex ustaše -organización terrorista nacionalista croata basada en el racismo religioso y​ aliada del nazismo- en altos cargos.

Las juntas militares latinoamericanas se auto percibían como guerreros de una cruzada histórica contra una conspiración global y en defensa de la civilización occidental cristiana. Durante los 70s y 80s, hubo una fuerte cooperación transatlántica entre agentes de las juntas, organizaciones europeas paramilitares neofascistas como la P2, los gobiernos apartheid de Rhodesia y Sudáfrica, y elementos de la extrema derecha estadounidense.

Estas relaciones rindieron fruto durante las guerras y masacres genocidas en América Central, en las cuales la Argentina tuvo participación directa a través del envío de “asesores” expertos en represión ilegal. Esto nos permite entender de dónde viene el delirio de una América Latina con un rol central en la defensa de Occidente.

No olvidemos que el terrorista de Buffalo también dice que esta lucha racial podría comenzar en países como Argentina o Venezuela e incluso menciona a Uruguay como uno de los países “anclados en la raza blanca”, junto a Australia, Argentina, Nueva Zelandia, y Estados Unidos. Ahora bien, ¿Por qué el terrorista pone a Argentina en un lugar central? Este énfasis en la nación latinoamericana sólo puede entenderse en términos de historias compartidas y tradiciones fascistas, fantasías racistas transnacionales. Son las memorias globales del fascismo internacional. En foros de internet, los extremistas del neofascismo global admiran a la dictadura argentina y también a Augusto Pinochet como actores que deben ser emulados.

Mientras uno de los fundadores del fascismo argentino, Leopoldo Lugones, defendía al imperialismo argentino por esa superioridad “blanca” sobre otras naciones latinoamericanas, los generales de la última dictadura militar (1976-1983), que mataron a decenas de miles de ciudadanos en su “guerra sucia” lanzada en nombre del “occidente cristiano”, utilizaron una lógica similar.

En 1976, el General Videla subrayaba el carácter global de la contienda: “la lucha contra la subversión no se agota en una dimensión puramente militar. Es un fenómeno mundial. Tiene dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales y psicológicas”.

En concreto, las ideas de reemplazo e invasión y las fantasías paranoicas sobre la expansión y la migración de europeos no blancos son fundamentales para la tradición fascista argentina. Las infames declaraciones del general Albano Harguindeguy, ministro del Interior bajo la dictadura argentina sólo pueden entenderse desde esta perspectiva histórica. En 1978, Harguindeguy hablaba de la necesidad de fomentar la inmigración europea para que Argentina pudiera “seguir siendo uno de los tres países más blancos del mundo”.

Este racismo explícito en Argentina, tomó la forma de un reconocimiento abierto de la necesidad de erradicar otras expresiones “no europeas” de la nación. La profundidad y alcance de este deseo se manifestó, una vez más, en los campos de concentración, que funcionaban como centros clandestinos de detención y tortura, en los que el racismo y el antisemitismo tenían un lugar central.

La lucha contra el enemigo no tenía límites. La cooperación internacional entre organizaciones fascistas y supremacistas blancos continuó finalizada la Guerra Fría. Si antes luchaban para vencer al comunismo en Angola, Chile o Nicaragua, ahora el enemigo era el Islam y el multiculturalismo, que el delirio antisemita considera es financiado por el judaísmo.

Los atentados en Utoya, Munich, Pittsburg, El Paso, Christchurch, y ahora Buffalo entre otros son la continuación de la violencia fascista contra minorías a las que, en su delirio ideológico, adjudican la futura destrucción de la civilización occidental y los valores cristianos.

El fascismo es y ha sido siempre transnacional. No se puede entender esta historia estadounidense con ideas de excepcionalísimo porque casi nada es excepcional en las tradiciones fascistas estadounidenses. De todas formas, es comprensible que se haya prestado mucha atención a las dimensiones locales del fenómeno, si no tanto a la historia estadounidense. Pero lo que se ha ignorado por completo hasta ahora son las historias globales del fascismo detrás de estos ataques.

Emmanuel Guerisoli es abogado y doctorando en Sociología e Historia en New School for Social Research (Nueva York). Especializado en derecho penal internacional, derecho constitucional y derechos humanos. Máster en Estudios Internacionales y Sociología.

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