Guerra y paz en Ucrania: por un retorno al status quo ante bellum 

Carlos Domínguez Avila
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Guerra y paz en Ucrania: por un retorno al status quo ante bellum 

Después de tres meses de una guerra no declarada y no provocada de la Federación Rusa contra el pueblo y gobierno de Ucrania, se hace cada vez más evidente que un retorno a las posiciones de las fuerzas beligerantes antes del inicio de las hostilidades, en 24 de febrero, sería un paso decisivo para lograr una paz justa y necesaria en el este de Europa. En contraste con otras campañas militares rusas, como las observadas en Georgia, Crimea o Siria, en esta oportunidad es claro que no hubo una inmediata derrocada y rendición político-militar del gobierno de Kiev. Tampoco hubo “liberación” del vecino – con las posibles excepciones de lo visto en ciertos territorios de las orientales provincias de Donetsk y Lugansk. En general, es evidente que los ucranianos han tomado la decisiva y dramática decisión de luchar por la soberanía e independencia de su país, e intentar expulsar a fuerzas invasoras.

Evidentemente, la campaña militar, en general, y la determinación de resistir a la agresión extranjera, en particular, han representado altísimos costos humanos y materiales para ambos contendientes. Del lado ucraniano, delante de una intervención militar externa y del desequilibrio de las fuerzas preexistente, se ha implementado una estrategia fundamentalmente defensiva. Hasta el momento, ello posibilitó la expulsión de unidades rusas al norte de la capital y de Kharkov. También, a pesar de la reciente caída de Mariupol, se ha constatado cierta estabilización de los teatros de operaciones en el este y sur del país. Infelizmente, en el interludio, los defensores de su país han tenido que convivir con no pocos casos de atrocidades y crímenes de guerra, con la destrucción de infraestructura económica y social, con millones de desplazados y refugiados, y con enorme sufrimiento psicológico especialmente entre no combatientes – mujeres, infantes y ancianos. Igualmente, según fuentes que gozan de credibilidad, la campaña militar rusa ha provocado costos financieros superiores a los 300 mil millones de dólares y la desestructuración del sistema económico de Ucrania. En suma, ha sido una dolorosa experiencia colectiva para un Estado internacionalmente reconocido.

En medio de ese conflicto bilateral ruso-ucraniano, desde febrero hubo una vigorosa reacción de la comunidad internacional. La mayoría de los actores estatales y no estatales se ha pronunciado en favor del derecho internacional y de las reivindicaciones de Kiev. Ello ha sido bastante claro en algunas decisiones del sistema de Naciones Unidas. Inversamente, hubo escepticismo y repulsa en contra de la agresión impulsada por el gobierno de Moscú y por sus más estrechos aliados y clientes – incluyendo al gobierno de Bielorrusia y fuerzas separatistas prorrusas. Conviene subrayar que, con pocas y por veces paradojales excepciones, ese patrón de conducta e identidad internacional esencialmente favorable a Ucrania ha sido replicado en la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños, así como del Sur Global.

Paralelamente, y quizás como consecuencias no programadas o deseadas, la campaña militar de las fuerzas armadas rusas ha provocado reacciones en muchas otras capitales del planeta. Ello ha incluido el ofrecimiento de buenos oficios de numerosos actores internacionales para buscar una salida pacífica a la crisis. También es posible verificar la virtual “desfinlandización” de Finlandia y Suecia, el rearme de Alemania y otros países, la recomposición de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y las crecientes tensiones ruso-estadunidenses. Asimismo, ha sido posible constatar afinidades electivas y comprensión hacia la decisión del gobierno de Vladimir Putin en Beijing, la imposición de pesadas sanciones económicas – tanto comerciales como financieras y comunicacionales – de países occidentales a Rusia. Adicionalmente, pero no menos importante, se han destacado las fuertes divergencias culturales y religiosas entre líderes eslavos, la interrupción del diálogo intercivilizacional, y una virtual suspensión de la cooperación científica, técnica y deportiva internacional principalmente con relación a las fuerzas agresoras.

Desde la perspectiva de los estudios e investigaciones en seguridad internacional y cuestiones estratégicas contemporáneas, tales acontecimientos sugieren la existencia de un proceso de recomposición del sistema internacional. Desde un punto de vista académico, la guerra en Ucrania también ha generado un impacto significativo en lo concerniente al devenir de las principales teorías de Relaciones Internacionales, tal es el caso del neorrealismo, del liberalismo analítico, del constructivismo, entre otras. Consecuentemente, numerosos analistas han llegado a afirmar que se trata de uno de los acontecimientos más importante desde los ataques del 11 de septiembre de 2001 a los Estados Unidos y eventos subsecuentes.

Viéndolo desde la perspectiva del conjunto de los países latinoamericanos, en cuya experiencia histórica no faltaron casos de resistencia y oposición a envestidas imperialistas fundamentalmente semejantes a las actualmente observadas en el este de Europa, lo ideal seria una salida negociada del conflicto. Ese sería el cometido en el que han trabajado líderes de la ONU, del Vaticano, de Turquía, de Israel y de otros países, instituciones y agentes con vínculos e intereses directos en el conflicto. Sea como fuere, lejos de aceptar una humillante rendición y sumisión de Ucrania a los designios de Moscú, tal negociación debería preservar la soberanía, seguridad, libertad e integridad territorial de las partes. Así las cosas, el retorno a la situación del status quo ante bellum sería, salvo mejor interpretación, un paso decisivo en la resolución de este atroz, ultrapasado y espurio conflicto.

Un esfuerzo para atender a las reivindicaciones etnopolíticas de grupos prorrusos podría ser eventualmente realizado procurando atender a las demandas de creciente autonomía dentro del Estado ucraniano. La cuestión de Crimea podría ser resuelta, por ejemplo, mediante un intercambio de territorios – en lugar de la simple anexión de la península y de su zona económica exclusiva a la Federación Rusa. Y garantías de seguridad internacional equivalentes, recíprocas y mutuamente aceptables podrían ser intercambiadas entre los gobiernos en cuestión. Queda por verse quién pagará la cuenta por la masiva e insensata destrucción de la economía ucraniana, por el enorme sufrimiento psicosocial impuesto a su población, y por los reacomodamientos generados en el orden internacional regional y global.    

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La crisis en Ucrania no es culpa de Occidente

Gian Luca Gardini
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La crisis en Ucrania no es culpa de Occidente

Algunos analistas culpan a Occidente, en particular a la expansión de la OTAN, por provocar la reacción rusa y la guerra en Ucrania. John Mearsheimer, de la Universidad de Chicago, ha suscitado un amplio debate internacional sosteniendo que Rusia actuó porque Occidente amenazó directamente su seguridad e intereses vitales. Esa teoría ignora la fuerte responsabilidad de Moscú, la ideología de Putin y su deseo de alterar el orden internacional. En este contexto, América Latina, quien también se vería afectada por las secuelas del conflicto, debería decidir de una vez y conjuntamente de qué lado está.

Nunca hubo amenaza real a la seguridad rusa

Entre 1999 y 2004 la OTAN se amplió a varios países de la ex área de influencia soviética. Rusia se opuso, pero aceptó, ya que los nuevos miembros no compartían una frontera extensa con Rusia, y Moscú se encontraba en una posición débil. El punto de no retorno se alcanzaría en 2008 con la cumbre de la OTAN en Bucarest. La declaración final afirmaba que en el futuro Georgia y Ucrania se convertirían en miembros de la OTAN.

Los temores de Rusia eran infundados. La Declaración de Bucarest apoyaba la futura solicitud de Ucrania y Georgia, pero también hacía hincapié en la necesidad de debatir las cuestiones pendientes. Francia y Alemania detuvieron la iniciativa precisamente para no alarmar a Rusia. De hecho, la OTAN nunca ofreció a Georgia y Ucrania un plan de adhesión y su proceso formal nunca se inició.

En 2020 la OTAN reconoció a Ucrania como “socio de oportunidades mejoradas”. Esto permite consultas políticas regulares, intercambio de información, plataformas de interoperabilidad y ejercicios conjuntos. Finlandia, un país miembro de la Unión Europea y que tiene frontera directa con la Federación Rusa, goza del mismo estatus. Finlandia tiene, además, un ejército de 180.000 personas y compra regularmente material militar a Estados Unidos. ¿Deberíamos esperar una invasión rusa a Finlandia? Esperemos que no.

Promesas incumplidas y tratados violados

En la conferencia de seguridad de Munich de 2007, el Presidente Putin se refirió explícitamente a las supuestas garantías de no ampliación de la OTAN ofrecidas en 1990 por el entonces Secretario General de la OTAN, Wörner. Sin embargo, las palabras citadas por Putin estaban sacadas de contexto y se referían únicamente a la reunificación alemana.

En 1990, a cambio de la unificación de las dos Alemanias, Gorbachov obtuvo una garantía informal de no expansión de la OTAN. Los documentos diplomáticos revelan que entre 1990 y 1991 el presidente estadounidense George H. Bush, Kohl de Alemania, Mitterrand de Francia y Major del Reino Unido, tranquilizaron a Gorbachov y a su ministro de Asuntos Exteriores, Shevardnadze, de que no habría expansión de la OTAN.

La versión de Occidente es que estas garantías se referían a la Unión Soviética y no podían aplicarse a Rusia en años posteriores. Es una justificación quizás algo improvisada, pero aceptada por algunos analistas, así como por el propio Shevardnadze. En cualquier caso, ¿bastaría eso para explicar la invasión a Ucrania treinta y dos años después?

Putin violó los tratados firmados por la Federación Rusa sobre Ucrania. En 1994 con el Memorando de Budapest, a cambio de ceder el arsenal nuclear ucraniano a Rusia, Moscú se comprometió a respetar la independencia, la soberanía y las fronteras de Ucrania, así como a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra Ucrania. Rusia no ha cumplido ninguno de sus compromisos.

Revisionismo ruso y causas complejas

No es el activismo de la OTAN lo que explica la guerra rusa en Ucrania, sino la forma en que Putin ha decidido gradualmente oponerse a ello, dentro de un diseño más amplio de revisionismo y redefinición del orden internacional liberal liderado por Occidente.

Analistas rusos confirman este argumento. Andrey Sushentsov, del Instituto de Estudios Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores, señala que con la invasión rusa a Ucrania la era de la búsqueda de Rusia de su lugar en el mundo centrado en Occidente ha terminado. Sergei Karaganov, del Consejo de Política Exterior y Defensa en Moscú, habla de una estrategia rusa de «utilizar diversos instrumentos de política exterior, incluidos los militares” y de sustituir el actual sistema de seguridad euroatlántico por uno euroasiático.

El ministro de Asuntos Exteriores Lavrov arremetió contra el orden liberal y acusó a Occidente de arrogarse un derecho autoperpetuado a remodelar los países «no democráticos» según las normas occidentales, una posición que calificó de «imperial y neocolonial». Las relaciones internacionales, agregó, están experimentando cambios fundamentales y la era de la dominación occidental está llegando a su fin.

Pero las supuestas amenazas a Rusia no están en el ámbito de la seguridad militar sino en el de los valores. La difusión de la democracia, los derechos individuales y el respeto a la ley socavan el orden autocrático ruso. Las élites rusas harían bien en preguntarse cómo es que tantos países anhelan un futuro más cercano a Occidente y libre de Moscú.

América Latina es parte de Occidente

Las consecuencias de un conflicto de largo plazo en Ucrania afectarían sensiblemente a América Latina. El costo de materias primas y alimentos a nivel mundial crecerá impactando el precio de los productos manufacturados que América Latina importa. La aceleración europea hacia una energía y economía verde tendrán impactos mundiales tanto en lo económico como en lo político. Estados Unidos y Europa irán buscando aliados confiables y estables y América Latina tendrá que definir su lugar entre Occidente y los países autocráticos.

América Latina es históricamente y culturalmente parte de Occidente. Los líderes continentales subrayan los valores compartidos con EEUU y Europa como la democracia, el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional. Pero al momento de actuar, la región está dividida. En las resoluciones de condena de la agresión rusa en la ONU y en la OEA, algunos países latinoamericanos se abstuvieron, negando así sus propios valores en favor de convenientes posturas ideológicas y de posibles retornos económicos y políticos.

La ocasión es propicia para reanudar una relación más equitativa y ventajosa con Occidente y balancear la creciente influencia política, económica e ideológica china, cuyas consecuencias permanecen dudosas.

Escenarios futuros

Occidente haría bien en buscar un acercamiento con Moscú después de una paz justa en Ucrania. El Kremlin sería un socio importante para gestionar la situación en Siria, Libia, Afganistán y la lucha contra el terrorismo. Además, Rusia sería un aliado clave para contener a China si se volviese más revisionista y asertiva. De hecho, la cautela de Pekín sobre Ucrania podría presagiar tensiones en Taiwán.

Es el momento de un profundo replanteamiento. Occidente debería acabar con la retórica de la decadencia y la «crítica a ultranza» y potenciar la coherencia entre los valores que encarna y sus acciones. América Latina, por su parte, debería actuar consecuentemente con los valores que proclama. Tendría que tomar una posición conjunta al lado de aquellos que defienden dichos valores y no flirtear con aquellos que los debilitan. Los valores conforman los intereses de largo plazo.

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El “partido del sombrero” mexicano

Ernesto Hernández Norzagaray
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El “partido del sombrero” mexicano

La ciencia política clásica difícilmente elaboraría una clasificación que incluya lo que llamo “partido del sombrero”, es decir, un tipo de partido que se sale de los cánones convencionales de izquierda-derecha, o de los llamados clivajes nacionalistas o regionalistas, lo que supondría que la definición mencionada atiende más al periodismo de investigación que a una tipología politológica seria y rigurosa.

Si nos remitimos al origen de los partidos políticos, lo que no vamos a encontrar es que se constituyeron a partir de los grupos de interés económico, laboral, regional o religioso. Y si bien ese mundo de pertenencia partidaria se ha ampliado con nuevas identidades políticas, también hemos sido testigo de la incursión subrepticia de grupos criminales en las elecciones con candidatos propios o con aquellos que están bajo su esfera de influencia.

En México, estas organizaciones criminales ejercen una influencia transversal en el sistema de partidos y lo hacen al margen de las identidades partidarias generando un complejo sistema de relaciones sociales y políticas que se traducen en formas sui generis de poder que algunos autores llaman genéricamente narcopolítica.

El Diccionario de la Lengua Española define la narcopolítica como: “Actividad política en que las instituciones están muy influidas por el narcotráfico”. Esa influencia, evidentemente tiene sus propias rutas de apropiación de lo público. Todavía hasta a los años noventa del siglo pasado había indicios de que los llamados “señores del narco” estaban al servicio del poder político. Y una regla no escrita es que estos no debían meter sus manos en la política ni contra los políticos.

En este siglo, se fueron incrementando los intereses de los políticos al margen del antiguo tutelaje priista que se fue diluyendo con los procesos de alternancia. Y de esta manera, fueron transformándose en factores reales de poder en las regiones del país donde operaban los cárteles. De manera que al narco le interesó cada vez más saber quiénes eran los candidatos a los cargos de elección popular y, sobre todo, aquellos que tenían posibilidades.

Y es así como los narcos han intervenido en la postulación de candidatos afines a sus intereses, lo que ha significado que han tenido que “limpiar” de adversarios políticos en estados, alcaldías y distritos. Se ha pasado del “palomeo” de candidatos a la neutralización de ciertas candidaturas, se ha promocionado candidatos afines a la violencia en las campañas, y en muchos casos, en los últimos procesos electorales federales y locales se ha asesinado a quienes no se someten a esa directriz subterránea.

En las pasadas elecciones locales de 2021, el “partido del sombrero” arrasó en los estados de la costa del Pacífico lo que llevó a la renuncia de un gran número de candidatos violentados y la colocación de más de un centenar de dirigentes partidarios y operadores políticos.

Con este tipo de “campaña paralela”, evidentemente el resultado de la elección en muchas regiones fue previsible, pues ganaron los que tenían que ganar. Y si un instrumento de campaña funciona con un bajo costo político, es muy probable que se siga utilizando donde ya se utilizó y se vaya ampliando al resto del territorial. Recordemos, además, que de esa cadena de crímenes ocurridos en 2021, en la mayoría de los casos no hay resultados judiciales sobre que grupo los cometió y por lo tanto están archivados.

Esto significa que, si en México tenemos un 95% de impunidad, en el caso de los crímenes políticos locales ronda el 100% lo cual representa un serio tropiezo para nuestra frágil democracia. Y en este marco, no es excesivo afirmar que si el país no logra frenar la situción, terminaremos siendo una narcocracia.

Sin embargo, el presidente López Obrador insiste en afirmar que si se aprueba su iniciativa de reforma electoral, ya presentada formalmente, viviríamos en una “auténtica democracia”. Pero la ausencia de financiamiento público que contempla la iniciativa, no solo comprimiría el sistema de partidos, sino que abriría las puertas al dinero proveniente de los poderes fácticos.

Y es que los partidos podrían dejar de ser “entidades de interés público” para convertirse probablemente en organizaciones con registro, pero al servicio de este singular particular. Esto sería, técnicamente, la derrota de la política institucional.

Soy partidario de que el costo de las elecciones ha llegado demasiado lejos y son necesarios consensos políticos para reducirlos sensiblemente. Lamentablemente eso no ocurrirá por los escasos incentivos que tiene este pretendido modelo de democracia electoral y por que la oposición nunca la votaría.

Como afirmó el sociólogo Jorge Zepeda Patterson, se trata de una iniciativa que está pensada desde el interés personal, más que desde una visión de construcción institucional. López Obrador, en este asunto, está interesado en dejar registro de que planteó una propuesta que fue rechazada por la oposición.

Y es que su narrativa está marcada por los símbolos de la buena patria y la disputa permanente con sus enemigos reales o ficticios. Por eso, cuando se le plantean los problemas del día a día con el narco, las masacres, los feminicidios, las muertes violentas de jóvenes y un largo etcétera, que se sale de su guion, les da la vuelta para terminar poneiendo el foco en aquellos enemigos que ha construido en su relato transformador: el neoliberalismo en su expresión más abstracta y los dueños del dinero en su manifestación más pedagógica. La abstracción como recurso retórico.

Y así, AMLO buscara llegar hasta el final. Tiene de su lado la clientela susceptible a sus mensajes soberanistas, la prédica patriota y nacionalista de la 4T (Cuarta Transformación). El resto puede esperar porque el crimen organizado “también es pueblo” y “son seres humanos”.

Por ello, el “partido del sombrero”, el partido del crimen organizado, con sus expresiones regionales, adquiere un mayor significado al estar en medio de la prédica nacionalista que a la larga seguirá en su empeño de capturar las instituciones del Estado mexicano. Por eso, las elecciones son más importantes que nunca.

En definitiva, el “partido del sombrero” o el nombre que se le dé, con mayor o menor valor politológico, expresa la realidad mexicana. Una realidad cada día más preocupante que está debilitando sensiblemente la democracia mexicana.

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Mujeres rurales, en la primera línea del cambio climático y los desastres en América Latina y el Caribe

Anne-Teresa Birthwright
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Mujeres rurales, en la primera línea del cambio climático y los desastres en América Latina y el Caribe

«…no hay sector social más invisible, menos comprendido y menos atendido que el de las mujeres rurales, a pesar del papel vital que desempeñan en nuestras comunidades rurales…», dijo la expresidenta de Costa Rica, señora Laura Chinchilla.

El café Blue Mountain es uno de los granos especiales más caros del mundo, abastece al mercado de cafés de lujo y cuesta más de 58 dólares la libra. Sus preciadas bayas crecen en las frescas y empinadas laderas de la cordillera Blue Mountain de Jamaica, a más de 1.000 metros de altura, y dan sustento a más de 4.000 pequeños agricultores. Sin embargo, la zona donde se produce este café de lujo no ha escapado de los efectos del cambio climático.

Los medios de subsistencia de las mujeres caficultoras jamaiquinas, que son las más afectadas, se han visto impactados por la variabilidad de las precipitaciones, la prolongación de las estaciones secas, la reducción de los rendimientos y el aumento de las plagas y enfermedades. Esto ha dado lugar a una producción irregular y a un peor café, lo cual ha causado pérdidas económicas.

Estas condiciones también han aumentado el coste de mantenimiento de las explotaciones de café, ya que los insumos agrícolas necesarios para aumentar el rendimiento y tratar enfermedades como la roya del café suelen ser caros.

Pero este no es el único caso en el que mujeres rurales viven una mayor secuela por el cambio climático, ya que generalmente las mujeres tienen una mayor dependencia de los recursos naturales para sustentar los medios de vida. Esto se ve afectado por fenómenos hidrometeorológicos como huracanes, tormentas, inundaciones, sequías y deslizamientos de tierra, entre otros.

Lamentablemente, aunque América Latina y el Caribe (ALC) contribuyen con menos del 10% de las emisiones globales, sus economías, sectores, infraestructuras y personas han sufrido desproporcionadamente las consecuencias y efectos adversos. Según el informe Estado del clima en América Latina y el Caribe 2020, el paso de los huracanes Eta e Iota causó estragos en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, mientras que Brasil, Bolivia, Paraguay y la región argentina del Pantanal sufrieron sequías y una temporada de incendios sin precedentes. Los glaciares de los Andes chilenos y argentinos siguen retrocediendo y la región del Caribe sigue atravesando un déficit de lluvias.

Además, teniendo en cuenta que muchas economías de ALC dependen de sectores sensibles al clima como la agricultura, tanto la seguridad alimentaria como la nutricional también están en el punto de mira. Se prevé que para 2050, Centroamérica y el Caribe enfrentarán una reducción de una quinta parte en el rendimiento agrícola de los frijoles y el maíz.

Otras áreas que permanecen muy expuestas y vulnerables son la salud humana, los recursos hídricos, los asentamientos y la biodiversidad. Desde el punto de vista económico, los daños anuales para la región debido al cambio climático se estiman en 100.000 millones de dólares para el 2050, lo que equivale casi al PIB de Ecuador.

Particularmente para la región del Caribe, se proyectan alrededor de 22 mil millones de dólares en pérdidas. Por lo tanto, el impacto devastador en el tejido económico, cultural, ambiental, físico y social de los países erosionará cualquier avance y progreso.

En medio de estas amenazas, el rostro en cuanto al género (del cambio climático) sigue siendo un tema crítico, puesto que la diferencia en las capacidades de hombres y mujeres para adaptarse sigue generando preocupación. La reciente evaluación del IPCC informó sobre el efecto desigual del cambio climático en hombres y mujeres. Esto se debe principalmente a la desigualdad e inequidad de género que influye en el control y acceso a los bienes, recursos, servicios y procesos de toma de decisiones.

La Cepal reconoce que «las mujeres y los niños tienen 14 veces más probabilidades que los hombres de morir durante un desastre». Y se espera que las mujeres rurales, especialmente en nuestra región, sean las más afectadas por el cambio climático.

Pero las mujeres desempeñan un papel fundamental en el sistema alimentario, donde representan el 43% de la mano de obra agrícola, contribuyendo a la seguridad alimentaria de las comunidades como productoras, plantadoras, cosechadoras, trabajadoras agrícolas, criadoras de ganado, así como en el cuidado doméstico.

Sin embargo, a pesar de su contribución, su trabajo a menudo no se reconoce. Su realidad está marcada por la pobreza y las desigualdades estructurales, sobre todo porque tienen menos acceso a los recursos productivos. Los efectos del cambio climático y las catástrofes tienden a incrementar estos problemas generalizados y, con ello, su vulnerabilidad.

Según Oxfam, alrededor del 30% de las mujeres rurales de América Latina son propietarias de tierras agrícolas, mientras que el acceso a la asistencia técnica solo está disponible para menos del 5%. Por ejemplo, en Brasil y Guatemala las mujeres rurales se enfrentan a un menor acceso al crédito, a tecnología, mecanización, a la tierra y a otros activos, lo que limita su capacidad de adaptación y de toma de decisiones.

En Colombia, el cambio climático ha afectado a las productoras de café al acrecentar la propagación de la broca del café. Pero su capacidad para gestionar la plaga se ha visto obstaculizada por la falta de acceso a conocimientos técnicos, información y control de la toma de decisiones. Casos similares se han repetido en países como Haití y otras pequeñas islas del Caribe, donde las mujeres rurales se enfrentan a barreras socioeconómicas arraigadas en la desigualdad de género, lo que agranda su vulnerabilidad y riesgo ante los desastres climáticos.

Para las productoras de café en las Montañas Azules de Jamaica, el impacto del cambio climático también se ha visto alimentado por la disparidad en la recepción de servicios de asesoramiento. Según una encuesta piloto de IWCA Jamaica (JAWiC), una agricultora con 10 años de experiencia percibe que «la gente [las partes interesadas de la industria en general] quiere ayudar más a los hombres o miran a los hombres» en lo que respecta a la gestión de la granja.

Las mujeres también señalan las barreras para acceder a recursos, a formación técnica y a oportunidades que permitan una movilidad ascendente en la cadena de valor del café, así como la capacidad de ocupar espacios de liderazgo dentro de sus comunidades. Esta dinámica de género y la desigual relación de poder quedan, asimismo, ilustradas en que algunas mujeres perciben su contribución como «menor» en comparación con los hombres.

Sin embargo, ignorar el aporte de las mujeres a los medios de vida rurales y limitar sus oportunidades no solo disminuye el potencial económico de una nación, sino que también debilita su resistencia a las consecuencias del cambio climático.En el caso de las productoras jamaiquinas, se ha intentado cambiar esta realidad facilitándoles acceso a formación, conocimientos técnicos, financiación y recursos productivos. No obstante, el empoderamiento de las mujeres rurales no solo requiere una perspectiva de género en la reforma de las instituciones y la inversión en servicios, sino también abordar las normas culturales, socioeconómicas y patriarcales profundamente arraigadas que limitan su capacidad productiva y poder de decisión. Esto permitirá, además, que la humanidad pueda seguir disfrutando de uno de los mejores cafés del mundo.

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China se involucra con América Latina: ¿distorsionando el desarrollo y la democracia?

Robert Evan Ellis
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China se involucra con América Latina: ¿distorsionando el desarrollo y la democracia?

Las actividades comerciales, políticas, militares y culturales de la República Popular China (RPC) en América Latina durante las últimas dos décadas están fomentando indirectamente una región menos democrática y segura. Y es que el valor agregado de la extracción de los recursos de la región y el suministro de bienes y servicios a sus mercados se dirige cada vez más a empresas e inversores chinos, en lugar de a los pueblos latinoamericanos.

Los esfuerzos de China, generalmente encabezados por sus empresas estatales y apoyados por el Gobierno, buscan asegurar el acceso a recursos, alimentos, mercados y tecnologías estratégicas, con el fin de obtener el mayor valor agregado posible para las entidades de ese país. Así, sus avances particulares comprenden la “conectividad” de las economías latinoamericanas, incluidos los puertos, el transporte terrestre y marítimo, la generación y transmisión de electricidad, las telecomunicaciones, el comercio electrónico y las finanzas, entre otros.

Los esfuerzos de la potencia asiática están respaldados por su considerable poder blando que a menudo aprovecha, no solo la admiración por la cultura china o al país como modelo político y de desarrollo, sino también por la esperanza de un “beneficio” político, corporativo o personal, que no es necesariamente inconsistente con la desconfianza que algunos en la región tienen por las prácticas del Gobierno y sus empresas.

Dicho poder blando se ve reforzado por la diplomacia de pueblo a pueblo (paradiplomacia), incluidos los 44 Institutos Confucio que atraen a latinoamericanos interesados en China, así como las becas Hanban (institución pública que depende directamente del Ministerio de Educación de China) que permiten a los más capaces estudiar en el país asiático, lo cual los puede llevar a ocupar en el futuro posiciones comerciales y diplomáticas con respecto a China en sus propios Gobiernos, mientras que el pago de viajes a académicos, políticos, periodistas y funcionarios gubernamentales los ubica, en cierta medida, en una situación comprometida a la hora de criticar al país.

De esta manera, China y sus empresas, al perseguir sus propios intereses, se han convertido en “incubadoras” de regímenes autoritarios a medida que las élites populistas consolidan el poder, secuestran sus democracias y actúan contra el sector privado. El Gobierno chino vende, por ejemplo, a sus socios autoritarios los sistemas militares y electrónicos para ayudarlos a mantenerse en el poder controlando a sus poblaciones. Esto genera un beneficio mutuo, ya que estos Gobiernos suministran después productos básicos a China y contratan a sus empresas para proyectos en términos, a menudo, lucrativos.

Con respecto a la soberanía de Taiwán, China no solo fomenta el objetivo estratégico de aislar a la isla, sino que también influencia a los países para un “cambia de rumbo” a través de la firma de múltiples memorandos de entendimiento, normalmente no transparentes, que abren la economía, la infraestructura, el sistema educativo y otras áreas.

Las actividades militares y policiales del Gobierno, en y con líderes de la región, busca envalentonarlos, a la vez que les vende o dona transporte militar y aviones de combate, helicópteros, patrulleros, vehículos blindados, equipos de construcción, motocicletas y patrulleros policiales y vehículos de doble uso.

Además, China lleva regularmente a líderes militares latinoamericanos a China continental para darles cursos de capacitación y educación militar. A su vez, envía a miembros del Ejército Popular de Liberación (EPL) a que hagan cursos en América Latina; que realicen visitas institucionales periódicas, y la propia Marina china hace escalas en puertos de la región.

De hecho, se han realizado 20 despliegues militares y visitas de 200 altos funcionarios de defensa del EPL a la región en las últimas dos décadas. Además, se entiende que en el contexto de un conflicto con los Estados Unidos, dichos intercambios facilitan la capacidad del EPL para desplegarse en la región, incluso ante la falta de una base militar formal o un acuerdo de alianza.

En este contexto, la pandemia de la COVID-19 ha allanado el camino para una ampliación significativa de la presencia de China en América Latina. Aparte de la diplomacia de vacunas de China, las dificultades económicas y fiscales por la pandemia en América Latina han elevado la importancia de la República Popular China como comprador de minerales y productos alimenticios latinoamericanos. Así, las decisiones de prestar o invertir dinero en la región han fortalecido su posición en las negociaciones con los Gobiernos latinoamericanos.

*Texto originalmente publicado en la página web de la REDCAEM

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La inclusión de las personas trans en la ley contra la violencia hacia las mujeres en Brasil

Vinicius Ferreira Baptista
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La inclusión de las personas trans en la ley contra la violencia hacia las mujeres en Brasil

A principios de abril de este año, la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Brasil sostuvo por unanimidad que la Ley 11.340/2006 (Ley Maria da Penha – LMP) se extiende y aplica a los casos de violencia doméstica o familiar contra las mujeres transexuales.

El Tribunal entendió que las agresiones sufridas por la víctima (una mujer transexual), cometidas por su padre en su domicilio, alcanzaban lo dispuesto en el artículo 5 de la LMP, configurando una violencia basada en el género y no en el sexo biológico, y determinó la aplicación de las medidas de protección solicitadas al amparo de su artículo 22.

El recurso del Ministerio del Estado de São Paulo ante el STJ para el reconocimiento del derecho a la aplicación de la LMP para una mujer trans fue el tercer intento, ya que el juez de primer nivel y el Tribunal de Justicia de São Paulo (TJSP) negaron los pleitos, considerando que la LMP se refería sólo al sexo biológico. Tal declaración fue contraria a la recomendación 128 del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), que observa un protocolo para los juicios con perspectiva de género.

La tesis de este juicio consistía en cuestionar la aplicabilidad de la LMP a las mujeres transexuales. Aunque la LMP se refiere a la violencia de género, los tribunales de primera y segunda instancia aplicaron el concepto de violencia basada en el sexo biológico.

La controversia se resume en un extracto de la decisión del magistrado ponente en el STJ, el ministro Rogerio Schietti, que afirma: «Esta sentencia trata de la vulnerabilidad de una categoría de seres humanos [las personas transgénero], que no se puede resumir a la objetividad de una ciencia exacta. Las existencias y las relaciones humanas son complejas, y la ley no debe basarse en discursos superficiales, simplistas y reduccionistas, especialmente en estos tiempos de naturalización del discurso de odio contra las minorías».

Hay que considerar que la Acción Directa de Inconstitucionalidad por omisión nº 26 y el Requerimiento 4733 criminalizaron la homofobia y la transfobia en los moldes de la Ley 7716/89, equiparándola al delito de racismo.

Los Tribunales de 1ª y 2ª instancia provocan al TSJ

La cuestión de la violencia contra las mujeres trans y su reclamación de los recursos previstos en la LMP y en la Ley nº 13.104/2015 (Ley de Feminicidio) es objeto de disputa en los jueces de primera instancia y en las salas colegiadas de los Tribunales de Justicia de Brasil, que acaban llevando los casos al STJ para su discusión, como ocurrió en este caso.

En 2019, la Tercera Sala Penal del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y Territorios resolvió que el concepto de feminicidio debe alcanzar a las mujeres transgénero en el caso de una tentativa de feminicidio basada en el odio a la condición transgénero, caracterizando el desprecio y la discriminación al género femenino de la víctima (que confiaba en un cambio de registro civil).

Una reciente sentencia del TSJ de 15 de diciembre de 2020, en el HC 541237/DF, determinó que es el Tribunal del Jurado el que debe determinar si aplica o no la calificación de feminicidio a la víctima transexual.

En este caso, la Defensoría Pública del Distrito Federal había presentado un recurso de habeas corpus para descartar la aplicación de la calificación de feminicidio, que fue negado por el STJ, por considerar que en la agresión a la víctima, el acusado caracterizó el desprecio por la condición de mujer al verbalizarle a la víctima que se «convirtiera en hombre».

Ser transexual en América Latina es una tortura

La falta de respeto por los pronombres, los nombres sociales y las identidades de género, la violencia física, emocional y sexual, así como los suicidios y asesinatos, forman parte de la violenta coyuntura de la realidad de las personas trans. Según el Dossier 2022 de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil (ANTRA), tres de cada cuatro mujeres travestis y transexuales sufrieron algún tipo de violencia a lo largo de 2021.

ANTRA destaca que en 2021 se contabilizaron 140 asesinatos de personas trans, 135 de ellos de mujeres travestis y transexuales y cinco casos de hombres trans – señalando a Brasil como el país más letal. El informe Transrespect versus Transphobia Worldwide de la ONG Transgender Europe (TGEU) destaca que en Brasil se producen cuatro de cada diez asesinatos de personas trans en el mundo.

El informe La cartografía de los asesinatos de las personas trans y de género diverso del Observatorio de la Violencia contra las Personas Trans en América Latina y el Caribe (ALC), señala que en la región hubo 277 casos en 2020, con una concentración de víctimas de hasta 30 años y profesionales del sexo.

El Informe de Mapeo Legal 2019 de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales señala que ALC es un espacio de proximidades y contrastes en el derecho de las personas trans. El reconocimiento de género ha sido aprobado en once países de la región, sin embargo, el reconocimiento por autodeterminación sin prueba de intervenciones quirúrgicas, sólo se da en Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica y Ecuador. Uruguay es el único país en el que existe una legislación específica que garantiza los derechos de las personas transgénero.

Al mismo tiempo, existe la permanencia del tema de la prostitución y su criminalización directa asociada a las actividades de las profesionales del sexo (en las que las personas trans encuentran una fuente de ingresos, dada la exclusión en el sistema de empleo formal) como en Argentina, donde la prostitución organizada es ilegal, pero la «privada» no lo es, mientras no se realice en la vía pública. O la criminalización indirecta a través de multas, como en el caso de Uruguay, donde, aunque se reconoce legalmente el trabajo sexual, se acaba limitando los horarios, la vestimenta y los comportamientos «que no afectan a la sensibilidad de las familias». O la criminalización suspendida en casos como el de la República Dominicana, donde el Código Penal establece la prostitución como delito, pero el Tribunal Supremo del país ha decidido despenalizar la prostitución, manteniendo sólo el proxenetismo como delito. También la criminalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo (y con/entre personas transgénero) sigue ocurriendo en Belice o en caso de ofensa moral a las buenas costumbres en Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

Hacia una agenda de derechos trans

La reivindicación de los derechos de las personas trans en Brasil y en ALC pasa por la afirmación de sujetos de derechos, movilizando y asociando la categoría «género» al sexo como interdependiente en la construcción social junto con la violencia y la desigualdad. Dicha medida, inclusive, tuvo ecos del movimiento posterior a la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, al decidir que las personas trans no pueden sufrir discriminación en el trabajo.

Refuerza un movimiento jurídico que busca la defensa de los derechos y la afirmación de la vida sin violencia. Las leyes no impiden, ni siquiera acaban con la violencia, pero son un paso en la exigencia de la acción del Estado en defensa de las personas trans. En consecuencia, fuerzan la confrontación con las leyes que criminalizan para que sean derogadas.

El sentido, por tanto, es reescribir la base normativa para que las personas trans puedan ejercer los mismos derechos y prerrogativas que quienes los ejercen mayoritariamente en la sociedad. El camino hacia la consolidación de una agenda es largo, pero no tiene vuelta atrás.

Profesor adjunto del Departamento de Administración Pública de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (UFFRJ). Trabaja en los programas de posgrado en Desarrollo Territorial de la UFRRJ y en Ciencia Política de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (Unirio).

Episodio relacionado de nuestro podcast:

La economía mundial: inestabilidad, inflación y política monetaria

Gregorio Vidal
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La economía mundial: inestabilidad, inflación y política monetaria

En menos de tres años la economía mundial ha cambiado notablemente. Al principio del cuarto trimestre de 2019 la debilidad del crecimiento era generalizada entre las economías avanzadas. Tras la crisis de 2008, la macroeconomía no llegó a alcanzar la estabilización y en Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Japón los bancos centrales mantuvieron bajas tasas de interés de referencia, cercanas al cero, y en algún país  fueron incluso negativas. Además, se ejecutaron programas de inyección de recursos en los sistemas financieros, la compra de títulos de deuda, y la denominada flexibilización cuantitativa (QE, por sus siglas en inglés) de los bancos centrales tuvo una notable dimensión. Así, la flexibilización de la política monetaria incluyó la denominada QE.

Con la pandemia de la COVID-19 y ante la drástica caída de los mercados de valores y de títulos de deuda en las principales economías avanzadas, la QE se profundizó, a la vez que se mantuvieron bajas las tasas de interés. En las economías de mercados emergentes se ejecutaron versiones específicas de la QE y entre los principales bancos centrales se realizaron operaciones de canje de monedas, principalmente de dólares por las monedas de diversos países para mantener la estabilidad monetaria. 

La tesis defendida en los principales círculos académicos y en los organismos financieros internacionales de que la política monetaria es lo que permite llegar a la estabilidad y recuperar el crecimiento no solo se mantuvo, sino que se profundizó al extremo. El uso de la política fiscal fue puntual y principalmente de soporte o apoyo al consumo de grupos de la población o de segmentos empresariales para paliar la reducción de ingresos, y se mantuvo, así, la idea de considerar el equilibrio fiscal como variable clave.

En 2020 los mercados de valores se recuperaron y varios de los principales índices como el S&P 500, el Dow Jones 30 o el Nasdaq 100 llegaron a máximos históricos. También se recuperaron los mercados de deuda. A mediados de 2020 el FMI observó que la acción de los bancos centrales produjo resultados positivos, de forma tal que, en las economías con sectores financieros de importancia sistémica, los mercados de acciones se sobrepusieron.

En 2021 continuó el avance en los mercados de valores y hasta hace pocas semanas el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P siguieron reportando máximos históricos. En el conjunto de la economía no existe una situación semejante. Para finales de 2021 aún no se llegaba a la recuperación continua de la economía mundial. Sin embargo, surgían nuevos problemas producto de la pandemia, como las dificultades en algunas cadenas de valor; el atraso en el transporte de mercancías, con saturación en rutas marítimas; las diferencias notables en la recuperación de algunas actividades económicas, e incluso la falta de algunos insumos importantes de ciertos productos.

En este contexto reaparecieron problemas inflacionarios y en un plazo relativamente corto los índices de precios al consumidor en las principales economías desarrolladas ascienden a cifras no vistas desde hace varios lustros.

En este marco, y para complejizar aún más la situación, se dio la invasión de Rusia en Ucrania, desatando una guerra con un alcance indefinido y con un impacto negativo inmediato en los precios de energéticos y algunos granos básicos. Los datos recientes sobre el conflicto bélico indican que puede prolongarse mientras que el Gobierno de Estados Unidos y el resto de los miembros de la OTAN buscan derrotar a Rusia a través de la ejecución de sanciones económicas y la dotación de armamento al Gobierno de Ucrania.

El petróleo, el gas, el maíz y el trigo han cotizado en los mercados de futuros con gran inestabilidad y una tendencia al alza, en tanto Rusia y Ucrania son productores de importancia global. La inflación, por tanto, se ha visto impulsada aún más con la guerra.

Sin embargo, la reacción de los organismos financieros internacionales, de varios de los más importantes bancos centrales y de ministerios de hacienda o finanzas de algunas economías avanzadas es totalmente convencional: más política monetaria. Se impone el recurso del alza permanente de la tasa de interés de referencia.

La Reserva Federal (FED) de EE. UU. empezó el 16 de marzo un ciclo de alza en las tasas de interés a corto plazo, con un aumento de 25 puntos base. Semanas después, el 4 de mayo y afirmando que es una medida para restaurar la estabilidad de precios, la FED incrementó medio punto a los tipos de interés y señaló que están sobre la mesa algunos incrementos semejantes en las próximas reuniones.

En México y Brasil, considerando la notable vulnerabilidad de sus mercados financieros y la dificultad para mantener los capitales en el país que detentan títulos de deuda del Gobierno federal y de las empresas, ambos bancos centrales vienen realizando desde hace meses algunas alzas mayores en su tasa de referencia.

En México, en noviembre de 2021 se fijó la tasa en 5% y para marzo de 2022 se había incrementado en 150 puntos base a 6,5%. En Brasil, se aumentó en 150 puntos base en diciembre de 2021. En marzo se hizo otro aumento y en el momento del que llevó a cabo la FED, el Banco Central de Brasil incrementó su tasa de interés en un punto porcentual hasta llegar a 12,75%.

Los aumentos en la tasa de interés se siguen sumando con el argumento de combatir la inflación, pero no se observan resultados positivos y, por el contrario, hay una disminución en las expectativas de crecimiento. El alza en la tasa de interés inhibe la actividad económica, lo que es una pésima noticia cuando la inversión tiene un comportamiento tan débil, en particular en países como México y Brasil.

¿Todo el Gobierno al empresariado?

Fabián Echegaray
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¿Todo el Gobierno al empresariado?

Sea por legado de la filosofía clásica griega o por influencias del pensamiento católico agustiniano que separaba la esfera privada comercial (orientada por el lucro) de las decisiones colectivas en pos del bien común, muchos de nosotros nos acostumbramos a disociar el poder político y las definiciones públicas de las influencias de mercado. Esa separación pudo tener sentido en la época de los grandes imperios, construcción del Estado nacional y procesos independentistas contestadores del colonialismo propios del siglo XX, cuando las autoridades contaban con recursos, capacidades y legitimidad para surgir como la fuente casi exclusiva del bienestar nacional. Pero hoy en día, cuando corporaciones como Apple, Microsoft o Amazon tienen cada una un valor de mercado superior al PBI brasileño, ruso, canadiense o español —todos, países del selecto y enriquecido G20—, se hace difícil defender aquella división, así como exceptuar a la vanguardia empresarial de un papel más determinante que la producción de bienes.

La creciente atribución de capacidades y responsabilidades a las grandes empresas por el destino de las sociedades donde actúan y sus derivaciones ambientales, climáticas, éticas y sociales se inscribe en un proceso de paulatino reconocimiento del poder y competencias de las corporaciones. Esas potencialidades no solo reflejan una situación de paridad o hasta superioridad con las instituciones políticas convencionales para generar y distribuir impactos donde actúan. También retratan la percepción de inhabilidad o desinterés del poder público tradicional (Gobierno, instituciones del Estado, partidos o Parlamento) para gestionar problemas para los cuales los agentes del mercado (al igual que otros, como la sociedad civil organizada) se proyectan como mucho más capacitados para dar respuestas satisfactorias.

Esto explica la creciente expectativa de la ciudadanía por un comportamiento empresarial social y ambientalmente responsable. Un estudio de la consultora Market Analysis, junto con la red mundial de encuestadoras independientes WIN, que entrevistó a más de 33.230 personas en 39 países, revela que siete de cada diez adultos del mundo consideran extremadamente o muy importante estar conscientes e informados sobre las acciones de gobernanza socioambiental que ejecutan las grandes compañías.

En los principales países de América Latina como Brasil, México y Argentina, esa proporción llega al 80% o más. Aunque en una proporción algo menor, chilenos y colombianos también superan el promedio global en jerarquizar el conocimiento sobre la actuación corporativa en materia de sostenibilidad. Pero la importancia de la concientización va más allá de especulaciones en abstracto: poco más de 6 de cada 10 adultos en todo el mundo admiten que el comportamiento socioambiental corporativo molda sus preferencias de compra o adhesión a marcas.

Votar con el bolsillo eligiendo los ofertantes de productos y servicios (empresas) con mejores credenciales éticas y sustentables se conoce como “consumo político” y podría ser una fuerza transformadora capaz de extender la acción ciudadana más allá de las esferas formales de las urnas, la militancia partidaria o la protesta callejera. Ello ocurriría porque el poder y la capacidad de influencia social y ambiental de las corporaciones exige influenciarlas allí donde —de hecho— es posible moldar su comportamiento: su salud financiera, su participación de mercado, su reputación entre los consumidores y otros stakeholders.

El favorecimiento de firmas con gobernanza ciudadana que respetan el medio ambiente en vez de envenenarlo, o que amplían los derechos de sus funcionarios y comparten los beneficios económicos entre proveedores, sobre los que ignoran buenas prácticas socioambientales, contribuye a construir una sociedad más humana, abierta e inclusiva.

¿Por qué —entonces— no se materializa esa nueva forma de activismo y construcción de una agenda progresista impulsando un nuevo orden social que extienda la buena gobernanza de forma más masiva? El estudio Market Analysis/WIN también revela las sospechas que rodean a los agentes con poder, políticos y empresariales, en la región, estimulando la parálisis donde podría haber oportunidades de movilización progresista.

En los 39 países sondados tan solo una de cada cinco personas cree que la mayoría de las compañías operan seriamente con responsabilidad social y sostenibilidad. Otro 40% cree —al contrario— que, en su mayoría, las empresas buscan aparentar gobernanza; en definitiva, puro marketing. En América Latina, sacando al Brasil que, además de tener una estructura empresarial más compleja, tiene una tradición de debates e instituciones fuertes y visibles dedicadas a la propagación y reconocimiento de la llamada ciudadanía corporativa y los principios ESG (de gobernanza socioambiental), tan solo el 10% confía en los compromisos sustentables del mundo empresarial (la mitad del promedio mundial).

El actual escenario que combina fuertes expectativas de compromiso corporativo con el bien común por parte de los ciudadanos, sumado a su disposición para premiar o castigar firmas en función de su desempeño socioambiental y la baja credibilidad en el comportamiento altruista y prosocial de las empresas, representa un verdadero desafío. Por un lado, esa combinación redefine y consolida quienes son los nuevos jugadores de peso frente a los desafíos que nuestros países enfrentan, materializando un corrimiento de las expectativas de que los problemas importantes sean dirigidos hacia las empresas en lugar de concentrar toda la fe en las instituciones tradicionales de la política y del Estado. Por otro lado, esa situación genera un caudal de presión y demanda cuya canalización se frustra ante la incredulidad sobre las verdaderas intenciones corporativas. La posibilidad de que la actuación empresarial sea vista como oportunista antes que genuina, además de las frustraciones con el sistema político formal—, pueden abrir la puerta para expresiones radicalizadas o antisistema. La descreencia en la posibilidad de concretizar avances progresistas también por las vías de mercado ante Estados fallidos o Gobiernos paralizados como los que caracterizan nuestra región, junto con los comportamientos corporativos que alimentan o justifican dicha percepción, podrían frustrar la propuesta de un modelo duradero de desarrollo responsable.

Medio siglo de relaciones entre Argentina y China

Sergio M. Cesarín
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Medio siglo de relaciones entre Argentina y China

El 19 de febrero de 2022, Argentina y China conmemoraron 50 años de relaciones diplomáticas que han transitado por diferentes etapas que han acompañado el acelerado ascenso de la potencia asiática a escala global. Actualmente, las asimetrías requieren ajustar estrategias para maximizar beneficios derivados de una creciente interdependencia de Argentina de la que ―muy probablemente― sea a mediados de siglo la primera economía del mundo.

Ya a fines de la década de los setenta, Argentina intentaba aprovechar la potencial demanda agroalimentaria de una economía en los albores de profundas reformas. La década de los ochenta estuvo signada por la primacía de factores externos e internos, en la que la restauración democrática argentina impulsó las relaciones con China. Partiendo de similares cosmovisiones como “economías en desarrollo y no alineadas”, ambas partes avanzaron en la firma de acuerdos, propios de una agenda cooperativa.

Más tarde, los noventa proveyeron un marco particularmente apto para el despliegue de una agenda bilateral más intensa, favorecida por la globalización con sus secuelas sobre liberalización económica (Consenso de Washington), las expectativas de China por ingresar a la Organización Mundial del Comercio (OMC), el atractivo que suscitó el proyecto del Mercado Común del Sur (Mercosur) y la estabilización económica argentina.

Durante esta etapa, el dinámico crecimiento de China amplificó opciones para dilatar las corrientes de comercio bajo un patrón de complementariedad, canalizar préstamos por parte de instituciones financieras chinas destinados a programas sociales y atraer capitales de inversión de ese país (inversión extranjera, IE), particularmente interesados en los sectores minero, agroalimentario y energético. Firmas estatales chinas (SOE), impulsadas por la estrategia gubernamental sobre internacionalización (go out), exploraron oportunidades en Argentina.

Amparados por una activa diplomacia comercial presidencial, los respectivos sectores empresariales (públicos y privados) asumieron un mayor protagonismo, y asuntos como migraciones, doble imposición, protección de inversiones (BTI), cooperación aduanera y la apertura de un centro de promoción comercial argentino en Shanghái impulsaron una densa agenda bilateral.

Las primeras décadas del siglo XXI indican senderos económicos divergentes que, sin embargo, no obstaculizaron la continuidad y ampliación de vínculos entre ambos países. China mantuvo altas tasas de crecimiento, y desplegó en América Latina y el Caribe una activa estrategia de penetración comercial y cultural.

Como contrapartida, la Argentina se sumergió en una fase económica crítica, la cual fue  ―parcialmente― superada a partir de 2004. En esta etapa, China desempeñaría un papel central en la tracción de exportaciones argentinas de agroalimentos, favoreciendo, así, la obtención de rentas por parte de una alicaída economía nacional gracias al boom de precios internacionales de materias primas.

La visita a la Argentina en 2004 del entonces presidente Hu Jintao confirmó el interés inversor de su país a escala local en sectores estratégicos como ferrocarriles, telecomunicaciones, carreteras, puertos, minería e hidrocarburos. Los acuerdos entonces firmados confirman la importancia que cobraba para la Argentina una relación con China, asumida en palabras pronunciadas por Néstor Kirchner como un “contrapeso” geopolítico frente a la propuesta de Estados Unidos de crear un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y un “factor de industrialización”.

La sintonía político-ideológica entre Gobiernos de “izquierda” de la región, es decir, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela, posibilitó a China una inserción menos interferida por un Estados Unidos que intentaba “contener” su creciente influencia. Por otra parte, la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en 2010 retroalimentó las pretensiones argentinas (y latinoamericanas) de profundizar los vínculos con China.

Durante la última década y hasta la actualidad, las relaciones se han consolidado. En 2014, los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Xi Jinping firmaron la Declaración Conjunta para el Establecimiento de la Asociación Estratégica Integral. Otros convenios sobre cooperación económica, comercial, financiera, nuclear y cultural, que incluyeron el otorgamiento por parte de China de un préstamo por 4.714 millones de dólares para financiar las represas Kirchner y Cepernic (provincia de Santa Cruz) y el préstamo para la renovación total de las vías del Ferrocarril Belgrano Cargas convalidaron el ingreso argentino ―de hecho― al proyecto de la Franja y la Ruta (BRI).

A partir de entonces, las inversiones chinas han fluido en sectores como infraestructura, telecomunicaciones, extracción de petróleo, energías convencionales y no convencionales. El financiamiento de bancos estatales chinos ha sostenido y sostiene proyectos de desarrollo en municipios bajo el auspicio de iniciativas sobre “hermanamiento de ciudades y provincias” que acercan lejanas geografías y mixturan diferentes identidades (posteriormente, y también como resultado de los acuerdos gubernamentales de 2014).

Pero si lo fáctico es relevante, lo simbólico ocupa un lugar destacado. En cinco décadas la construcción de imágenes sobre China a escala local ha evolucionado. La inmigración consolidó el establecimiento de una “comunidad china de ultramar” con activa presencia social, cuya diferenciada identidad cultural genera interés.

La promoción cultural mediante la creación de Institutos Confucio (en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de La Plata) alimenta la curiosidad por conocer mejor la cultura china; la apertura de colegios bilingües (chino-español), la difusión de estudios sobre literatura argentina en China, del tango como expresión popular, y la apertura de centros de estudio sobre China en universidades y think tanks económicos argentinos han servido para reafirmar la esperada continuidad de una estratégica relación con un actor extrarregional de creciente influencia mundial.

La reciente visita del presidente Alberto Fernández durante febrero de 2022 reafirmó el interés de Argentina por contar con China como un aliado estratégico, sociopolítico, mercado para la exportación de productos agroindustriales y energía, fuente de inversiones (IE), proveedor crediticio y centro de innovación para la captación y transferencia de nuevas tecnologías; por ejemplo, en el sector nuclear, mediante la construcción de una nueva planta financiada por bancos chinos que transformaría a la Argentina en un leading case al contar con un reactor experimental Hualong One.

Complementan este cuadro, el formal ingreso de Argentina al proyecto chino sobre conectividad global de la Franja y la Ruta en sus distintos componentes (terrestre, infraestructura ferroviaria, marítimo-portuaria, digital-telecomunicaciones 5G) mediante un financiamiento esperado por un valor de 23.000 millones de dólares, la búsqueda de alianzas en ciencia y tecnología centradas en el sector espacial y la ampliación del Acuerdo de Swaps hasta los 21.700 millones de dólares.

La participación conjunta en el G-20 también ofrece otro plano de interacción bilateral y multilateral en el que ambas partes comparten intereses sobre estabilidad global, desarrollo económico y reducción de las asimetrías norte-sur.

Sobre las proyecciones de estas relaciones, las brechas y asimetrías de poder entre China y naciones en desarrollo como Argentina, sumidas en periódicas crisis en un mundo convulsionado, requerirá gestionar una agenda común con mayores dosis de pericia diplomática con el objeto de maximizar beneficios derivados de una creciente interdependencia de China.

De esta forma, durante las próximas décadas, China puede ejercer un papel central para Argentina, traccionando intercambios comerciales, radicando inversiones y aportando al desarrollo local mediante aportes financieros para proyectos de infraestructura crítica.

*Texto publicado originalmente en la página web de la REDCAEM

Testigos que son rehenes

Manuel Alcántara
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Testigos que son rehenes

Pareciera que la guerra en el este de Europa, salvo en lo relacionado con el impacto de la crisis económica aneja y las expectativas de un “nuevo orden” mundial, es un asunto ajeno para América Latina. Sin embargo, ciertos rasgos en la configuración del régimen político del país agresor no resultan extraños a la región. En efecto, la deriva autoritaria de lo que en sus inicios configuró una democracia iliberal con un presidente elegido por el voto popular y una separación de poderes torcida se empareja con una pauta tristemente conocida.

Vitaly Mansky es un cineasta ruso, aunque nacido en Leópolis (Ucrania) en 1963, cuya obra “Los testigos de Putin” estrenada en 2018 es un documental excepcional para conocer a Vladímir Putin en su primer año de gobierno durante 2000. Rodado bajo la premisa de lo que debería ser un ejercicio laudatorio del proceso de transición de Yeltsin a Putin, hoy es un testimonio excepcional de cómo un aparente momento virginal está ya pertrechado de la semilla de la disrupción. Cuenta con imágenes de ambos políticos que muestran sus vidas cotidianas y da pie a espontáneas confesiones memorables que anticipan un futuro proceloso.

Sorprende un joven Putin, aparente firme converso en los valores de la democracia, que se debate entre la estimación del amor a la patria, que debe estar por encima de cualquier interés individual, a la que hay que servir sin tregua, y su conciencia de que la presidencia es algo temporal, preludio inequívoco de una etapa ulterior en que se vuelve a ser un ciudadano ordinario. Si Putin bromea con Mansky, a quien tacha de irónico, este no deja de traslucir una tenue desconfianza en el presidente, cuya ambición comienza a hacerse patente.

El cineasta, que reside en Riga desde 2014, en un momento de su vida toma conciencia de que su privilegiada posición inicial como testigo camarógrafo de los movimientos más privados del presidente le convierte en rehén de un régimen en el que pasará de ser un opositor a un exiliado. La avidez galopante por el poder en un entorno en el que los mecanismos institucionales de control son débiles, el escenario de inseguridad en las calles, debido al conflicto checheno que precipita la demanda popular en pro de un redentor y un pasado configurador de una identidad nacional casi quebrada, establecen el entramado sobre el que hoy se yergue parte del drama que vive Europa oriental.

Lo ocurrido en Rusia desde el comienzo del presente siglo tiene su correlato en el ámbito de algunos países de América Latina en donde confluyen aspectos de entre los recién citados. La combinación de la ambición personal, el manoseo de las instituciones para satisfacerla, un apoyo social que al principio fue relevante por parte de poblaciones que se encuentran afectadas por un trauma ―como pudiera ser la inseguridad ominosa, la corrupción o el deterioro económico― o incluso alienadas por la ausencia de reconocimiento de ciertos grupos constituyen un escenario de sobra conocido. A ello se suma el denominador común que hace de la alternancia una práctica en desuso.

Aquí el apoyo inicial en elecciones presidenciales de carácter plebiscitario sostenidas, según señalan los sondeos en la opinión pública de poblaciones que dan testimonio silente, es algo que, como en el caso ruso, se trastoca invariablemente en una situación en la que la gente termina siendo rehén, maniatada, por la ejecutoria del autócrata de turno. Auspiciado por su carácter mesiánico de una ambición ilimitada, se encuentra asimismo acompañado por un medio ambiente fiel, a la vez que interesado, que lo arropa.

Las Fuerzas Armadas y los aparatos de seguridad, la débil administración del Estado cooptada ―en la que se incluye el Poder Judicial―, un sector del empresariado y una hábil política de comunicación en clave publicitaria forman los instrumentos básicos del dominio. El resultado de todo ello es la perpetuación en el poder a cualquier precio.

Nicolás Maduro, siguiendo los pasos de su predecesor, Hugo Chávez, y Daniel Ortega son claros ejemplos de lo señalado. La evidencia estriba en la forma en que permanecen en el poder cercenando a la oposición y haciendo de las elecciones un juego truculento. Así, la población venezolana y nicaragüense ha pasado de ser espectadora a estar secuestrada en un marco de personalización del poder y de persecución de todo aquel que no apoya al líder bonapartista. Pero los riesgos de que se produzca algo similar en otros países de la región están presentes.

Si Vladímir Putin no ponía en duda hace 22 años ―en el documental de Vitaly Mansky― que dejar la presidencia era su destino natural por encontrarse bajo la regla de oro de la democracia del usufructo temporal y limitado del poder, ¿qué garantía existe hoy de que Nayib Bukele en El Salvador o Andrés Manuel López Obrador en México dejen el poder cuando culminen sus mandatos en 2024?

Los pasos dados por ambos para someter a instituciones que efectúan acciones independientes de control, o para cambiar las reglas del juego, representan un jalón en la conversión de las ciudadanías respectivas de testigos a rehenes. Si Bukele ha torcido el brazo al Poder Judicial destituyendo a jueces y a fiscales, y nombrando a una Corte Suprema a su medida, López Obrador sorprende con una iniciativa de reforma electoral en la que propone minar la independencia y desbaratar al Instituto Nacional Electoral, cuya ejecutoria en los últimos años era modélica, para contribuir a que sea cierto su vaticinio de “seguir ganando los juegos por paliza” incrementando el número de rehenes a su antojo.

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