“Operación especial en Ucrania” desinformación y censura en América Latina

Gustavo A. Rivero
-
0
“Operación especial en Ucrania” desinformación y censura en América Latina

Los canales de YouTube y los perfiles de Facebook de los medios de comunicación financiados por Rusia como SputnikNews y Russia Today (RT) han sido bloqueados en Europa y Estados Unidos por diseminar información considerada falsa sobre la actual guerra contra Ucrania. Esto también ha sucedido en Latinoamérica con todos los canales Sputnik Mundo y RT en Español, incluido Ahí les va, el más popular en la región, liderado por la periodista/youtuber, Inna Afinogenova. Las razones que han aducido estas plataformas para cerrar las cuentas fue el incremento de contenido manipulado como montajes, imágenes y videos falsos que favorecen a Rusia y difaman a Ucrania y a sus aliados. 

Ya desde épocas de la Guerra Fría, Rusia ha sido acusada en repetidas ocasiones de ejecutar operaciones de información con el objetivo de manipular a la opinión pública. Con la revolución de la información, la naturaleza y difusión del poder de los Estados ha cambiado, convirtiendo al ciberespacio en un nuevo dominio operacional no convencional para las guerras, pues su accesibilidad facilita la existencia de una multiplicidad de actores y acciones.

En este nuevo terreno de combate, es usual encontrar interferencias electorales, desinformación y noticias falsas, ciberataques, ataques con drones e influencia financiera como modalidades de ataque, todas ellas acuñadas bajo el nombre de amenaza o guerra híbrida, de la información o doctrina Gerasimov. 

Respecto a la modalidad de desinformación y noticias falsas, las narrativas existentes en la región hispanohablante tienen su principal origen en las traducciones de contenidos originales en ucraniano, ruso e inglés. El fact-checker español Newtral y el latinoamericano AFP Factual han verificado hasta el momento en conjunto más de 80 bulos —contenido falso diseminado de forma coordinada y masiva con el objetivo de convertirlo en verdad— en redes sociales como Twitter, Facebook, YouTube y TikTok sobre el conflicto.

Dichas verificaciones van desde retransmisiones falsas de CNN en vivo hasta fotografías de protestas descontextualizadas o inexistentes que buscan particularmente desacreditar las acciones políticas y militares ucranianas.   

Las redes sociales y los medios rusos en español

La cuenta de TikTok del medio de comunicación Sputnik Mundo tiene alrededor de 62.6 k de seguidores. Desde el inicio de “la operación especial de Rusia en Ucrania”, la cuenta fue bloqueada durante seis días y le fueron eliminados 24 videos por incumplir las normas de la comunidad, de acuerdo con el presentador del medio.

Una de las causas fue la publicación de un video el 27 de febrero que sugería que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski había escapado de la capital Kiev a Lviv. Esto fue originalmente mencionado por el presidente de la Duma Estatal rusa (Cámara Baja de la Asamblea), Vyacheslav Volodin, y difundido por otros medios de comunicación respaldados por el Estado ruso como Tass (Russian News Agency). Sin embargo, dicho contenido era falso y Sputnik jamás rectificó esta información, según una investigación del centro de pensamiento Institute for Strategic Dialogue (ISD). 

De acuerdo con la organización estadounidense DFRLab, en la red social Twitter, además de las cuentas oficiales de RT en Español y Sputnik Mundo, las cuentas de las embajadas rusas en Argentina, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela y Uruguay han sido las que más han compartido publicaciones creadas originalmente por estos medios. Este tipo de contenido tiende a justificar la operación en Ucrania y afirman la necesidad de desnazificar y desmilitarizar a este país para proteger al pueblo ruso, así como para desenmascarar las verdaderas intenciones de la OTAN y los Estados Unidos.  

A diferencia de lo sucedido en la cuenta de Twitter en inglés, en donde se dio una tendencia regional con el numeral #IStandWithPutin o #IStandWithRussia al inicio de la guerra (dicha tendencia estuvo encabezada por cuentas automatizadas o bots), en los países hispanohablantes no se ha identificado ninguna que haya sido similar. En Twitter en español, los hashtags #YoEstoyConPutin o similares son, en su mayoría, trinos empleados en el año 2015 para apoyar a Rusia y sus acciones militares en la guerra en Siria, y muy pocos relacionados con el actual conflicto bélico. Además, cuentas que produjeron este contenido parecen ser reales y afirman localizarse en países como Venezuela, Nicaragua y, en menor medida, Bolivia. 

La red social Telegram, por otro lado, ha sido un gran aliado para la reproducción de los medios rusos en la región, ya que es de las pocas plataformas que no los ha censurado.

¿Censura selectiva?

La censura que han recibido estos medios está siendo muy cuestionada, pues las agencias de comunicación rusas no son las únicas que han diseminado contenido desinformativo en la región y que no lo han rectificado. El canal mexicano Televisa, por ejemplo, publicó ―de manera descuidada― imágenes y videos de ataques militares afirmando que correspondían a la guerra en Ucrania, cuando, en realidad, eran del conflicto árabe-israelí. Esto fue denunciado por Roberto de la Madrid a quien, sin embargo, le fue cerrado el canal de YouTube por unos días debido a la denuncia.

Esto pone sobre la mesa que estas plataformas globales se están convirtiendo en jueces de la verdad. En algunos casos aciertan, y en otros no, puesto que sus criterios y algoritmos son selectivos, ya que en última instancia buscan más la monetización que la verdad.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Revocación de mandato de AMLO: dato duro vence narrativa (y “otros datos”)

Alejandro García Magos
-
0
Revocación de mandato de AMLO: dato duro vence narrativa (y “otros datos”)

El dato más importante que arrojó el ejercicio de revocación de mandato fueron los quince millones de votos que recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a favor de su continuidad. Dado que el ejercicio fue promovido por y desde el gobierno, la cifra puede ser interpretada como el voto duro de AMLO o, si se prefiere, una medida de la capacidad del oficialismo de movilizar a sus votantes. ¿Quince millones son pocos o muchos?, se preguntará usted. Según se vea. Algunos pensamos que no son tantos, ya que equivalen al 16 por ciento del electorado. Una cifra nada despreciable ni mucho menos, pero que pone en duda la supuesta enorme popularidad del presidente. Este dato hace pensar que quizá estamos aquí frente a un fenómeno bien conocido en México: la discrepancia entre popularidad y apoyo electoral al presidente. La lección de la consulta sería pues que si bien AMLO y su partido parecen imbatibles en medios de comunicación y redes sociales, electoralmente es perfectamente posible vencerles.

Empecemos diciendo que esta revocación, oficialmente denominada como Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, fue una gran pantomima. La historia se remonta a agosto de 2021 cuando se aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato. Esta ley fue pensada para darle a la ciudadanía una herramienta para inconformarse con el ejecutivo y, en última instancia, removerlo del cargo de forma pacífica y legal. Pero ya se sabe que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, y lo que se pensó como una herramienta de democracia directa para empoderar a la ciudadanía fue capturada por el gobierno para movilizar a sus bases. En efecto, y contra toda lógica, la revocación de mandato del presidente fue promovida desde un inicio por el mismo gobierno de AMLO. El mundo al revés.

Es claro entonces que este ejercicio no califica realmente como una consulta de revocación, puesto que no responde a una genuina demanda ciudadana. Se trató más bien de un ejercicio de movilización gobiernista como los que vemos en países semi-autoritarios. Dicho lo anterior, sin embargo, desde el análisis político el ejercicio fue de gran valor pues permitió observar con nitidez el verdadero músculo electoral del presidente. Digo músculo electoral y no popularidad porque si algo quedó patente en la jornada del 10 de abril es que la una y la otra cosa no son iguales. La diferencia es clave puesto que una de las estrategias que AMLO utiliza para dividir y paralizar a la oposición es señalar que tiene niveles récord de popularidad.

Y aquí ojo: esta afirmación se ha demostrado claramente como un mito. En efecto, a estas alturas de sus sexenios, los presidentes Salinas, Zedillo, Fox y Calderón tenían similares niveles de aprobación rondando el sesenta por ciento (la abrupta caída en popularidad de Peña Nieto es la excepción, no la regla). A pesar de ello, los voceros del oficialismo repiten todos los días que este presidente es el más popular en la historia de México. El mismo AMLO incluso gusta de compartir encuestas en sus conferencias matutinas que lo ubican como uno de los líderes mundiales con niveles más altos de aprobación. No es ningún accidente, por el contrario se trata de una deliberada estrategia para crear una narrativa favorable a su gobierno.

El otro aspecto clave que la consulta demostró, fue constatar que AMLO sigue siendo un político muy capaz de torcer la ley para salirse con la suya. Ejemplos sobran. Empecemos por decir que el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó que una de cada cuatro firmas de petición para llevar a cabo la consulta eran falsas. Sigamos por el hecho de que el presidente le recortó al INE el presupuesto para llevar a cabo la consulta bajo el argumento de la austeridad. Y terminemos por decir que ni él ni su partido respetaron la veda electoral (la ley establece que los partidos no podrán inmiscuirse en la campaña de revocación).

Repito: nada de esto es accidental. El politólogo Alberto Simpser en su libro “Why Governments and Parties Manipulate Elections: Theory, Practice, and Implications”, señala que los actores políticos en el poder pueden violan las reglas de forma abierta y sin tapujos para mandar un poderoso mensaje: tengo el poder y la audacia de brincarme la ley, y háganle como quieran. De acuerdo a Simpser, “la manipulación electoral puede potencialmente producir mucho más que simplemente ganar la elección en cuestión. Específicamente, la manipulación excesiva y descarada tiene una serie de efectos previstos que incluyen, entre otros: desalentar a los partidarios de la oposición de acudir a votar o protestar; […] disuadir a las élites políticas de oponerse al partido gobernante o incluso de entrar en la contienda política.”

Todo lo anterior arroja datos clave. Primeramente, que el voto duro de AMLO es hasta cierto punto relativamente pequeño, nada despreciable claro está pero tampoco imbatible. Segundo, es muy probable que estemos asistiendo a un caso de magnificación deliberada de la imagen de AMLO como un presidente popular en base a dos estrategias. La primera sería la construcción de una narrativa en torno a su persona como un presidente excepcionalmente popular —hemos visto ya que los datos señalan que se trata de un mito. Segundo, su forma de actuar como un político muy dispuesto a saltarse las reglas del juego electoral a la vista de todos, lo que le daría una ventaja psicológica.

Narrativa y psicología son importantísimas en las refriegas políticas, nadie lo niega. Pero los números mandan. Y lo que nos dicen es que a este presidente se le puede vencer electoralmente. ¿Es AMLO pues una especie de Mago de Oz de la política mexicana?

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Siempre hemos sido racistas en Brasil

Sofía Cavalcanti Zanforlin
-
0
Siempre hemos sido racistas en Brasil

Recientemente, el debate sobre el racismo en Brasil se retomó en la prensa, con textos publicados en algunos de los principales periódicos del país, como Folha de S. Paulo. El 24 de enero fue asesinado el refugiado congoleño Moïse Kabagambe, víctima de una agresión tras exigir el pago de dos días de trabajo en un quiosco de Barra da Tijuca, uno de los barrios turísticos de la ciudad de Río de Janeiro. A pesar de ello, es sorprendente que todavía se dude del principio racista en la fundación del proyecto de nación brasileño.

El racismo como elemento estructural

Desde la llegada de los primeros inmigrantes, existe una relación entre política migratoria, etnicidad y racismo, como señalan Carlos Vainer, Giralda Seyferth y Jeffrey Lesser, tres de los principales estudiosos del tema. Ya en el Imperio, una decisión gubernamental hablaba de la concepción de la colonia alemana de São Leopoldo por las ventajas de «emplear blancos libres e industriosos, tanto en las artes como en la agricultura».

La República retoma el objetivo de una política de colonización a la manera de las primeras experiencias de institución de colonias, y dio pasos significativos en el sentido de que la apertura de Brasil a la inmigración debía conciliarse con una política eugenista. Es en este periodo cuando se dictan decretos, a través del Servicio de Introducción y Localización de Inmigrantes, para regular quiénes eran los inmigrantes deseados, es decir, europeos blancos y considerados «civilizados».

La relación entre la eugenesia, la política de blanqueamiento y la inmigración durante la República también se convirtió en una cuestión sobre cómo pensar y construir un proyecto de nación para Brasil, y qué tipo de personas formarían parte de esta nación. Según Carlos Vainer, el Estado brasileño se asignó la tarea de constituir un pueblo y una nacionalidad con el objetivo de responder a tres órdenes de cuestiones: «1- la necesidad económica, de brazos entrenados y disciplinados; 2- la necesidad eugenésica, de aumentar las dosis de sangre blanca; 3- la necesidad nacional, de construir un pueblo nacionalmente unificado e integrado sobre estándares culturales homogéneos».

Con el objetivo de homogeneizar el tejido social brasileño, para crear un ambiente de cohesión de la nacionalidad, aunque sea a partir de un delirio imaginario, se intensificaron las acciones estatales que se venían realizando desde la década de 1920, y que se intensificaron durante el gobierno de Getúlio Vargas. Además de esto, hubo preocupación por la llamada amenaza amarilla, en referencia a los inmigrantes asiáticos.

Entre el atraso mestizo y la fantasía del progreso europeizado

Durante la campaña de nacionalización del Estado Novo (1937-1945), el europeo blanco seguía figurando como el inmigrante deseado. Sin embargo, el llamado «enquistamiento», es decir, el cierre comunitario de los inmigrantes europeos, especialmente los alemanes, era un factor a combatir, según Giralda Seyferth. Por lo tanto, de alguna manera, todas las comunidades de inmigrantes, incluso las de origen europeo, sufrieron la presión y lidiaron con el endurecimiento de las políticas asimilacionistas practicadas por el Estado brasileño.

En este sentido, el Estado brasileño pasó a actuar a través de decretos y leyes en el proceso de selección de los inmigrantes deseados y en la interferencia con las costumbres de las colonias o comunidades existentes, como forma de impedir la formación de espacios segregados, y poniendo en práctica una política de asimilación forzada. 

Sin embargo, hay que señalar que, aunque la visión del inmigrante estaba marcada por la tensión y el racismo, el inmigrante siempre gozó de un mejor estatus que el nativo o el mestizo brasileño que lleva las marcas de las etnias no deseadas: el indígena y, sobre todo, el negro. El inmigrante supera ampliamente al nacional desde el punto de vista racial y económico (eugenesia y productividad), señala Carlos Vainer.

El caso de la inmigración japonesa es ilustrativo de esta tensión y alternancia de construcción de significados en torno a un grupo étnico, a veces caracterizada por un profundo racismo, que llegó a asemejarse al africano, a veces por el deseo y la admiración por sus cualidades de buen trabajador: «los japoneses fueron vistos, simultáneamente, como el mejor trabajador y el más inasimilable de todos los extranjeros -el más extranjero de los extranjeros», según Vainer.

Sin embargo, para Jeffrey Lesser, el caso japonés sería ilustrativo del choque entre «la razón racial/nacional y la razón económica». Los japoneses en Brasil, al igual que en otros países del hemisferio, eran vistos como una «minoría modelo».

El final del siglo XIX y el principio del XX estuvieron bajo la influencia de las teorías eugenésicas y naturalistas de mejora racial, la búsqueda del «blanqueamiento» de la población mestiza brasileña y la adopción de modelos urbanos y nuevos parámetros económicos.

Tanto Vainer como Seyferth destacan la permanencia de la concepción eugenista en el contexto posterior a 1945 para el proyecto de nación y la construcción de significados en torno a la identidad nacional. Podemos señalar, de forma sintética, que dos sesgos fueron constantes en este proyecto: el económico, que tiene como telón de fondo el deseo de transformar el país en una nación desarrollada; y, implicado a este deseo, el segundo sesgo, la noción de etnicidad, con el proyecto eugenista, de blanquear el componente étnico local.

En el plano histórico concreto, esta ecuación socio-cultural-étnica se tradujo en la institución de un proyecto modernizador que, teóricamente, dejaría atrás las huellas de una estructura rural inadecuada a las aspiraciones industriales de la nueva élite nacional. En su génesis, nuestra élite está fundada por la «cultura señorial», el mantenimiento del privilegio, el consumo de lujo utilizado como demarcador de las fronteras sociales y de clase, y una polarización entre los intereses políticos regionales.

Las políticas de modernización consistieron en el fin de la mano de obra esclava y una apertura para atraer y recibir inmigrantes europeos destinados a ejercer el trabajo asalariado y apoyar el proceso de mecanización de las plantaciones. Así, el objetivo era promover el desarrollo económico y la «reformulación» étnica nacional. 

Este movimiento se ratificó y recibió nuevos injertos imaginarios con el tiempo. El perfil actual de la migración en Brasil revela un cambio de panorama en los nuevos flujos de extranjeros que llegan al país, con un aumento de la inmigración latinoamericana y africana, con una importante presencia de asiáticos, especialmente los chinos.

Este nuevo escenario renueva las preguntas sobre la migración en el país e impone nuevas miradas, sin embargo, mantiene la etnicidad como una cuestión latente, ya que actualmente recibimos un contingente de personas cuya visibilidad e interés deben ser constantemente negociados. En este sentido, recordamos que la lucha por la etnicidad revela un pasado racista en profunda sintonía con el discurso eugenésico eurocéntrico y que nos ciega ante una multiplicidad de minorías activas y creativas en el territorio local, tanto en el pasado como en el presente.

En América Latina la trata de personas implica sobre todo la explotación de las mujeres

Verônica Maria Teresi
-
0
En América Latina la trata de personas implica sobre todo la explotación de las mujeres

En 2018, casi ocho de cada diez víctimas detectadas de trata en Centroamérica y el Caribe eran niñas y mujeres, mientras que en Sudamérica, siete de cada diez víctimas eran mujeres, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La trata de personas, más allá de cualquier tipo penal definido por cada Estado, se refiere a una forma de explotación de personas, independiente del propósito exploratorio, sea este sexual, laboral, mendicidad, extracción de órganos, casamiento forzado o maternidad subrogada, entre otros. Se trata de una realidad dramática en nuestra región que afecta sobre todo a las mujeres migrantes.

El desplazamiento territorial es una alternativa para mejorar las condiciones de vida de las personas y sus familias, y particularmente la de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Los principales factores que llevan a estas personas a salir de sus países, son las dificultades económicas y la exclusión social, los problemas familiares y la desigualdad de género.

Ante este fenómeno, las redes de trata de mujeres en América Latina se aprovechan de su vulnerabilidad para engañarlas y explotarlas inclusive durante largos períodos de tiempo. Las redes emplean herramientas virtuales para atraer a sus víctimas y generalmente no usan coerción física para captarlas y llevarlas al exterior. Sin embargo, al llegar a su destino final, a muchas se les incautan sus documentos y son retenidas hasta que paguen sus deudas.

A pesar de ello, muchas mujeres no tienen la percepción de que estén siendo explotadas, y mucho menos traficadas. Parece que solo la prostitución forzada (a través de la coacción y la amenaza) está asociada con la trata de personas. Además, la trata resultante del engaño sobre las condiciones en el ejercicio de la prostitución no es entendida como trata por ellas mismas, lo que constituye un importante desafío a la hora de ofrecer respuestas ante la vulneración de sus derechos.

Sin embargo, cuando las mujeres sí son consientes de su situación de explotación, las redes actúan a través de amenazas personales y a sus familiares, obligándolas a permanecer recluidas.

Pese a la prevalencia de hombres como reclutadores de las víctimas de trata, existe también una gran cantidad de reclutadoras que logran convencer a las mujeres de las ventajas de estar insertadas en redes sexuales, a través de sus experiencias “exitosas” con la prostitución en el exterior.

Si bien la mayoría de las mujeres son reclutadas en su lugar de origen, también hay muchas que migran de forma autónoma, y ya en el lugar de destino, acaban pasando por situaciones de vulnerabilidad y son captadas por redes de explotación. Sin embargo, estos casos generalmente no encajan en el “perfil” oficial de víctima de trata.

Violencia de género y relaciones desiguales como trasfondo

Cuando hablamos de la trata de mujeres es importante comprender que la precarización de las relaciones lleva a contextos de vulnerabilidad. Las relaciones desiguales en las que viven las mujeres no les permiten gozar de sus plenos derechos, facilitan que sean tratadas como objetos y las colocan en condiciones de sumisión y opresión, como sujetos sin capacidades y saberes.

Y es que la pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres y la pandemia ha profundizado este escenario, haciendo que 118 millones de latinoamericanas vivan actualmente en situación de pobreza, de acuerdo con la CEPAL. Además, las mujeres tienen una carga desproporcionada de cuidados dentro de sus familias. Esto reduce sus posibilidades de acceso a empleo formal y digno, así como a recursos económicos para su subsistencia y la de sus familias.

Además, la desigualdad se refleja en la dispar participación laboral entre hombres y mujeres en el mundo, según datos recientes de la Organización del Trabajo (OIT). Mientras que el 76,1% de los hombres está en el mercado, sólo el 45,6% de las mujeres tiene un trabajo. Y las mujeres y niñas tienen más probabilidades de tener trabajos precarios. Esto evidencia que la desigualdad económica también se basa en la desigualdad de género.

La relación de subordinación y dominación entre hombres y mujeres influencia en como las personas pueden desarrollar sus habilidades personales, profesionales y sociales, pero también nos ayuda a percibir como estos papeles contribuyen en la violencia de género y consecuentemente, en algunos casos, en la trata de mujeres. Por lo tanto, la violencia contra las mujeres dialoga con desigualdades de clase, raza y sexualidad, de forma interseccional, es decir, se trata de desigualdades que se combinan y refuerzan entre sí.

Por esta razón, comprender la trata de mujeres como una expresión de la violencia de género es fundamental para la construcción de políticas públicas en los Estados de origen, y de destino. Tales políticas deben ser capaces de promover derechos y disminuir las desigualdades de género entre mujeres y hombres.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Uruguay busca un TLC con China ante un Mercosur empantanado

Ignacio Bertesaghi
-
0
Uruguay busca un TLC con China ante un Mercosur empantanado

Durante la pandemia de la COVID-19, el vínculo entre Uruguay y China se profundizó con el acceso pleno a las vacunas Sinovac que llegaron para atender las demandas sanitarias del país sudamericano. Sin embargo, lo que ha llamado la atención política nacional y regional fue el anuncio del presidente uruguayo de que se iniciaría un estudio de factibilidad para suscribir un tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países.

Naturalmente dicho estudio no garantiza la apertura de las negociaciones, pero sí es considerado el primer paso hacia un TLC. La decisión de Uruguay y el movimiento que dio China es una señal más de una relación que crece y que genera enormes expectativas en los actores nacionales.

Este es el último paso después de la consolidación de la relación entre Uruguay y China con la suscripción de la declaración de la Asociación Estratégica durante la visita del presidente Tabaré Vázquez a China en 2016. En ese viaje se abrió por primera vez la posibilidad de avanzar en la firma de un TLC bilateral, lo que el expresidente uruguayo dijo que ocurriría en 2018.

Finalmente, el acuerdo no se alcanzó, sobre todo por la falta de liderazgo en la política interna, donde algunos actores nacionales bloquearon la posibilidad de avanzar en la negociación.

La oposición de los socios del Mercosur

Las ambiciones de Uruguay, no obstante, se enfrentan a otro gran desafío y es que hasta el momento generan polémica en la región por los diferentes puntos de vista de los miembros del Mercosur.

Uruguay argumenta que puede avanzar en la firma de acuerdos bilaterales por entender que la Decisión 32/00 del Consejo del Mercado Común no se encuentra en vigor. Pero esta posición no es compartida por Argentina, que antepone el Tratado de Asunción, una visión acompañada, con menor énfasis, por Paraguay.

En el caso de Brasil, se debe recordar que, simultáneamente a la propuesta de flexibilización liderada por Uruguay, su interés estaba fundamentalmente centrado en la baja del arancel externo común del esquema de integración. Brasil, en especial con el apoyo del ministro de Economía, Paulo Guedes, y del presidente Jair Bolsonaro, acompañó a Uruguay en su propuesta y nunca marcó una posición firme ―contraria― a que Uruguay cierre un acuerdo con China, aunque tampoco la apoyó expresamente.

No obstante, con el cambio de canciller, Itamaraty volvió a cumplir un papel más preponderante, lo que derivó en señales ya no tan claras desde el principal socio del Mercosur.

Partiendo de este ámbito y asumiendo un cambio de contexto ―especialmente en Brasil por el escenario electoral―, los representantes uruguayos deberían volver a las negociaciones, buscando, por ejemplo, la regionalización de las relaciones del bloque con China, lo que podría articularse lanzando un diálogo Mercosur-China en el próximo semestre, cuando Uruguay tendrá a su cargo la presidencia del Mercosur.

Esa señal sería de central importancia para que China decida seguir adelante con las negociaciones bilaterales. Y es que la decisión de Uruguay es legítima si se tiene en cuenta que todas las partes avanzan en decisiones que van en contra del Tratado de Asunción, actuación que ocurre regularmente desde el año 1999.

Por otro lado, mientras que Uruguay estableció relaciones diplomáticas con China en 1988, unos cuantos años después que Argentina y Brasil, Paraguay es uno de los 14 Estados del mundo que aún mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán. Este es otro escollo más para la normal conexión del Mercosur con la potencia asiática.

Pero si Uruguay desea avanzar en ese sentido, además de lidiar con sus vecinos, deberá acelerar la negociación de otros acuerdos propuestos por China en áreas como la economía digital y verde, inversiones, cooperación dentro de lo que es la Franja y la Ruta. Estas serían señales de importancia para China, ya que acompañan la estrategia de alcanzar una Asociación Estratégica Integral, en la que la firma del TLC es un elemento de suma importancia, pero no el único.

El camino del TLC-Uruguay

Desde 1988, la relación de Uruguay con China se ha profundizado, ya no solo en lo que se refiere al crecimiento exponencial en el comercio de bienes, transformando a China desde hace tiempo en el primer socio comercial de Uruguay, sino también en cooperación y en intercambios políticos. Las inversiones, sin embargo, han aumentado pero a menor ritmo si se le compara con otros países sudamericanos.

Desde inicios del siglo XXI, China comenzó a dar pasos significativos para transformarse en un actor global, ingresando a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, lo que en pocos años lo catapultó como el principal exportador mundial superando a Alemania. China también comenzó a ganar terreno en los organismos internacionales de posguerra, estrategia que simultáneamente complementó con la implementación de nuevas instituciones y proyectos estratégicos.

En 2001 se creó la Organización de Cooperación de Shanghái; en 2013, China lanzó el megaproyecto de la Franja y la Ruta; en 2014 lideró el lanzamiento del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS; en 2016 hizo lo propio con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, y en 2020 logró suscribir el RCEP, acuerdo comercial de mayor impacto económico y comercial a escala global.

Para China, la firma de un acuerdo comercial es un eslabón más de una cadena mucho más amplia de acuerdos y de señales que derivan en ir subiendo la categoría de importancia que el Partido Comunista chino les otorga a determinados países.

Por lo tanto, para llegar a una Asociación Estratégica Integral se deben cumplir ―especialmente en el caso de economías pequeñas― una serie de acciones a largo plazo.

En ese sentido, Uruguay ha suscrito un número relevante de acuerdos de cooperación en diversas áreas, pero también ingresó a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, al Nuevo Banco de Desarrollo y al Banco Asiático en Inversión en Infraestructura, lo que son señales claras de la relevancia otorgada a su principal socio comercial.

Está claro que la apuesta de Uruguay es muy ambiciosa, mas aún es posible si se ajusta parcialmente la estrategia en curso, puesto que el camino de Uruguay hacia el TLC con China ya se inició y no debería tener punto de retorno.

* Este texto fue publicado originalmente en la web de REDCAEM

El incierto papel de Centroamérica en la agenda de EE. UU.

Juan Manuel Muñoz Portillo
-
0
El incierto papel de Centroamérica en la agenda de EE. UU.

La migración de Centroamérica hacia Estados Unidos ha aumentado y, según un informe que el Comité Internacional de la Cruz Roja publicó en el mes de marzo, es probable que en 2022 crezca más y se agraven los problemas de seguridad para las personas que intentan cruzar la frontera entre la potencia norteamericana y México. La inmigración se ha vuelto un tema clave para Estados Unidos, y varias encuestas la ubican entre los principales problemas de los estadounidenses.

En las elecciones de 2020 hubo razones para el optimismo en Centroamérica. Ese año, Joe Biden prometió ―en la campaña presidencial― 4.000 millones de dólares para atender las causas de la emigración en México y los países del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala). Las causas son múltiples, pero, en su mayoría, tienen que ver con el desarrollo económico y social de los países centroamericanos. Las visitas del secretario de Estado, Antony Blinken, y la vicepresidenta, Kamala Harris, a Costa Rica y Guatemala, respectivamente, en junio del año pasado, se podían interpretar como una señal de interés de la administración Biden por cumplir esa meta. También es una buena señal la asistencia de Kamala Harris al traspaso presidencial en Honduras el  27 de enero.

Previamente, ningún Gobierno estadounidense había manifestado tanta atención a los problemas de desarrollo económico y social de la región. No obstante, también había razones para el escepticismo. Como bien señaló un panel de expertos del Diálogo Interamericano, encabezado por la expresidenta Laura Chinchilla, la propuesta del gobierno de Biden tenía varias limitaciones. Entre estas se encontraba la falta de enfoque regional que, como ha demostrado la historia, es fundamental para entender y afrontar los problemas de Centroamérica.

Es cierto que a través de alianzas público-privadas fomentadas por Estados Unidos se está trabajando para atraer inversión a los países más afectados. Varias empresas norteamericanas han manifestado interés, algo facilitado por un contexto de nearshoring. Es una oportunidad, pero seguramente requiere apalancamiento del sector público a través de políticas sociales en áreas clave como la educación y la salud. De cualquier forma, los efectos se verán a largo plazo.

Sin embargo, según una nota publicada por la revista Time el pasado mes de enero, para mediados de 2021 solamente se habían invertido unos 250 millones de dólares de la ayuda prometida. No queda claro cómo ni en qué. Tal como han señalado los expertos del Diálogo Interamericano, 4.000 millones de dólares es poco, en realidad, para las dimensiones de los problemas de la región. No obstante, parecía un buen comienzo. A pesar de esto, parece muy improbable el cumplimiento de esa meta al finalizar los cuatro años de la administración Biden-Harris, sobre todo si los demócratas pierden el control del Ejecutivo en noviembre de 2024.

El contexto internacional es uno de los factores que llevan al escepticismo. Si bien parte de la estrategia en política exterior desde el comienzo del Gobierno de Biden ha estado enfocada en recuperar alianzas que se debilitaron durante el gobierno de Donald Trump (2017-2020) con democracias occidentales, mucha de la atención se ha dirigido al sudeste asiático, particularmente hacia el ascenso de China como prioridad de política exterior.

Pero sus supuestos han debido cambiar rápidamente. Han surgido temas imprevistos, como el debilitamiento de su imagen por la caótica salida de sus Fuerzas Armadas

de Afganistán. Además, evidentemente, la invasión rusa a Ucrania es una afrenta a su estatus de potencia hegemónica. 

En el plano interior, la atención de las y los votantes está puesta en la inflación (en medio de elecciones de mitad de periodo en noviembre). La estructura de un sistema político bicameral, con comicios presidenciales cada cuatro años, elecciones en otros niveles a mitad de periodo y sistema bipartidista, plantea desde ya negociaciones muy complicadas para un partido de gobierno frágil en el Congreso. Entonces, una agenda para Centroamérica a largo plazo encontrará dificultades con un Ejecutivo estadounidense que tiene metas a corto plazo e intereses globales. Sin embargo, un segundo gobierno demócrata sería, sin dudas, ventajoso.

Esa lógica se mezcla con los problemas políticos centroamericanos. El Gobierno estadounidense ha manifestado que quiere evitar que la ayuda financiera caiga en saco roto, debido a la profunda corrupción, ampliamente conocida. A esto, se suma el autoritarismo que afecta principalmente a Nicaragua y, en menor medida, a El Salvador, y que amenaza a los otros sistemas políticos.

Si bien Nicaragua no entraría en las ayudas prometidas, complica las cosas. Los Gobiernos en Nicaragua y El Salvador han respondido con medidas represivas hacia organizaciones de la sociedad civil que deberían canalizar parte de la cooperación económica de los actores de la comunidad internacional, como Estados Unidos, a proyectos de desarrollo social. Esperemos que otros Gobiernos en la región no sigan el ejemplo.

Lamentablemente, los millones de personas que necesitan que estas promesas de desarrollo económico y social se cumplan están en medio del juego político. Por lo tanto, miles seguirán intentando migrar hacia Estados Unidos a pesar de que tengan que arriesgar sus vidas.

De momento, hay poca información sobre las políticas que se están implementando en esta área. Solo esperemos que se mantenga el interés a pesar de los factores debilitantes, tanto coyunturales como estructurales, en la política interior de Estados Unidos y los países centroamericanos, así como también en la política internacional.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

La guerra en Ucrania impacta las relaciones entre América Latina y la UE

Detlef Nolte
-
0
La guerra en Ucrania impacta las relaciones entre América Latina y la UE

La invasión de Rusia en Ucrania está produciendo consecuencias políticas y económicas en Europa y América Latina. Millones de ucranianos, en su mayoría mujeres y niños, han abandonado su país y buscan protección en los países de la UE. Y los precios mundiales de las materias primas se han disparado, especialmente para el petróleo y el gas natural, debido a las interrupciones por la guerra y las sanciones contra Rusia, lo cual está perturbando el comercio y las cadenas de suministro globales. En este marco, ¿cuál es el lugar de América Latina en el nuevo escenario geopolítico de la UE?

Los impactos económicos y políticos de la guerra

Rusia y Ucrania son los principales productores de materias primas, y las interrupciones también han generado el aumento del costo de los alimentos con los precios del trigo (para estos, ambos países representan el 30% de las exportaciones mundiales), alcanzando niveles récords.

Por otro lado, la invasión rusa ha fortalecido a la OTAN y a la UE, ya que un enemigo común es el mejor incentivo para fortalecer alianzas. Incluso se podría decir que la UE ha encontrado un nuevo sentido de misión y ya no quiere limitarse a ser un poder normativo. En un discurso ante el Parlamento Europeo el 1 de marzo, el alto representante de la UE, Josep Borrell, afirmó que la UE tiene que convertirse en un “poder duro” (hard power), lo que significa “tener poder para coaccionar”.

Las sanciones contra Rusia conducirán a un desacoplamiento entre Rusia y la UE. La UE reducirá su dependencia energética de Rusia, acelerará la transición energética hacia las energías renovables y cesará la exportación de tecnología y bienes sensibles. En su discurso, Borrell dijo: “Creo que este es el momento en el que está naciendo la Europa geopolítica”.

¿Cuál es el lugar de América Latina en el nuevo escenario geopolítico de la UE?

En su nueva “Brújula estratégica para la seguridad y la defensa”, aprobado a fines de marzo, la Unión Europea menciona el diálogo específico en materia de seguridad y defensa con Colombia y Chile, y se propone seguir promoviendo la participación de los países latinoamericanos en los esfuerzos de seguridad y defensa de la UE.

Además, la mayoría de los Gobiernos latinoamericanos han adoptado una postura clara ante la agresión de Rusia. Pero desde la perspectiva europea también hay inconsistencia e inconstancia en el posicionamiento de los Gobiernos en América Latina y el Caribe.

El 2 de marzo, 141 de los 193 Estados miembros de la ONU votaron en la Asamblea General a favor de una resolución que condenaba la invasión de Rusia y pedía su retiro inmediato. La resolución fue apoyada por la mayoría de los países y solo se abstuvieron Cuba, Nicaragua, Bolivia y El Salvador. Venezuela criticó la resolución, pero no pudo votar porque no había pagado sus aportes a la ONU.

El 24 de marzo, la votación de Latinoamérica ante una resolución de la ONU sobre las consecuencias humanitarias de la agresión contra Ucrania fue idéntica. Y un día después, la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó una resolución sobre Ucrania pidiendo a la Federación de Rusia que retire inmediatamente todas sus fuerzas militares. De los 34 miembros activos de la OEA, 28 votaron a favor, ninguno en contra, y cinco se abstuvieron, incluido Brasil (más Bolivia, El Salvador, Honduras, y San Vicente y las Granadinas).

El voto latinoamericano y caribeño estuvo aún más dividido en la votación cuando el 7 de abril la Asamblea General de la ONU decidió suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por las denuncias de graves violaciones de derechos humanos cometidas en Ucrania. La mayoría (18 Gobiernos) votó a favor, 3 en contra (Bolivia, Cuba y Nicaragua) y 9 se abstuvieron, entre ellos Brasil, El Salvador y México.

Esto demuestra que, a diferencia de la UE donde en todas las votaciones sobre Ucrania no hubo voto en contra ni tampoco abstención, en América Latina y el Caribe no hay una posición común. Ni una sola organización regional latinoamericana ha emitido una declaración sobre la guerra. Inclusive, sería difícil encontrar una declaración conjunta sobre la invasión de Rusia en Ucrania que esté firmada por todos los países en una Cumbre UE-Celac o una Cumbre de las Américas.

Valores compartidos entre América Latina y la UE 

En lo que respecta a simpatía y atractivo como modelo de desarrollo, Rusia está muy por detrás de la UE y EE. UU., según una encuesta de septiembre del año pasado del Latinobarómetro en 10 países de la región. De hecho, casi la mitad de los entrevistados eligió Europa como la región con la cual a su país le convendría vincularse más.

En un conflicto que también tiene que ver con valores comunes y la conformación del orden internacional, la UE debería usar su bono de simpatía en América Latina. Las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania pueden ser el punto de partida para relaciones económicas más estrechas y amplias entre la UE y América Latina.

Esta es una oportunidad para dar un nuevo impulso al estancado acuerdo entre el Mercosur y la UE. En algunas áreas como el trigo o el gas natural, los países del Mercosur podrían compensar ―solo de forma limitada y a mediano plazo― la pérdida de suministros de Rusia y Ucrania. El Mercosur y otros países latinoamericanos (como Chile en la producción de hidrógeno verde) también pueden convertirse en socios importantes de la UE en cuanto al desarrollo y producción de energía verde.

La firma del acuerdo UE-Mercosur sería una clara señal de ambas partes para ampliar su cooperación y estabilizar el orden económico internacional. Sin embargo, esto presupone que la UE establece prioridades geoestratégicas claras. La diplomacia sobre los asuntos climáticos es importante, pero fortalecer la posición geopolítica y geoeconómica de la UE frente a Rusia (y China) es más importante en este momento.

La UE no debe solo “hablar” de América Latina como socio estratégico. En el contexto de la amenaza actual para Europa, la UE también debería “hacer” de América Latina un socio estratégico. Pero los Gobiernos latinoamericanos también tendrán que posicionarse más claramente. En el pasado se ha hablado mucho de una comunidad de valores entre Europa y América Latina. Ahora toca poner las cartas sobre la mesa para ver en qué medida existe realmente esta comunidad de valores.

En América Latina se ha difundido y discutido la idea de un no alineamiento activo en la política internacional. Cabe preguntarse si esta posición es realista en la constelación política mundial de este momento. Lo que Estados Unidos y la UE esperan es una alineación activa. Entonces, uno de los desafíos futuros de América Latina es posicionarse en esta nueva realidad geopolítica. Tanto el alineamiento como el no alineamiento tendrán un costo.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

La trampa de la corrupción en los regímenes autoritarios

Nastassja Rojas Silva
-
0
La trampa de la corrupción en los regímenes autoritarios

Las recientes declaraciones de Nicolás Maduro de que el régimen es merecedor del Premio Nobel de Economía, considerando la supuesta mejoría del país pese a las sanciones internacionales, además de ser una burla, vuelve a poner sobre la mesa el hecho de que es precisamente el modelo político lo que ha llevado al desastre generalizado. La solución no es únicamente un asunto económico que depende de la flexibilización de las sanciones; es necesario reconstruir las bases del Estado venezolano.

La permanencia en el poder del régimen chavista es a costa de la vida de la población. Mientras más del 94% de los venezolanos viven en la pobreza, Nicolás Ernesto Maduro, hijo de Nicolás Maduro y mejor conocido como Nicolasito, lleva una vida de lujos, como se ha visto en su más reciente viaje a Tailandia, y María Gabriela Chávez, hija del líder histórico, amasa una fortuna millonaria.

Esto demuestra que el problema de Venezuela no pareciera ser exclusivamente de falta de recursos. Por ello, cabe cuestionar la efectividad de las sanciones internacionales para presionar a la dictadura, teniendo en cuenta que han servido para justificar el desastre y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

De hecho, la corrupción es en buena medida responsable de la gran afectación del derecho a la alimentación y la pobreza en el país, según lo afirma la ONG Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) en su reciente informe Con la comida no se juega: graves violaciones al derecho humano a la alimentación en Venezuela.

Ejemplo de ello, la gran red de corrupción de las cajas CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) que en principio tenía como objetivo repartir entre la población artículos de primera necesidad, pero que en la práctica era un mecanismo que permitía transacciones entre empresas públicas y sociedades para blanquear dinero en distintos paraísos fiscales.

Por eso, no resulta sorprendente que Venezuela sea percibido como el país más corrupto de la región y que se encuentre entre las últimas posiciones en el mundo, de acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción 2021 de Transparencia Internacional.

No se pueden medir democracias y dictaduras con los mismos estándares

Los intereses que podría tener un Gobierno democrático por combatir la corrupción no existen en las dictaduras. De hecho, su permanencia en el poder se debe en gran medida a esta.

Y es justamente aquí donde encontramos la trampa de la cual es tan difícil escapar. Tal como ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros organismos, se necesita tanto un sistema judicial independiente como el ejercicio real de la libertad de expresión para combatir la corrupción. Por tanto, cuando este tipo de regímenes atenta desde sus inicios contra los derechos civiles y políticos, se está favoreciendo un clima propicio para una corrupción a gran escala que impactará la garantía de los derechos económicos y sociales.

Esto posibilita que cuando la garantía de dichos derechos se encuentra totalmente degradada, los reclamos se centran en las condiciones mínimas de supervivencia y, de esta manera, el tema de los derechos políticos pasa a un segundo plano.

En pocas palabras, cuando una población no tiene qué comer, disminuye su interés en temas estructurales, y su preocupación se centra en el día a día.

Por tanto, no es posible pensar en una verdadera mejoría de las condiciones de la población venezolana sin hablar de corrupción; de hecho, esto es precisamente lo que ha dado lugar a las condiciones del país: la creencia de que la bonanza petrolera daba licencia para una profunda corrupción sin afectar la vida de la población.

Este es uno de los grandes temores ante unas posibles elecciones presidenciales en el 2024, ya que, si bien no serán competitivas, requerirán de la movilización de un sector de la población, para lo cual se incrementará el gasto público y las grandes redes clientelares. Esto, en el marco de un contexto con mayores ingresos, podría generar una falsa sensación de mejora.

La corrupción es una cuestión de derechos humanos

Las consideraciones sobre la corrupción y los derechos humanos no pueden ser tratadas de manera independiente, son piezas claves para hablar de democracia y Venezuela es un claro ejemplo de cómo la corrupción afecta la integralidad de los derechos humanos. Organizaciones como Provea y Transparencia Venezuela han denunciado que la crisis del sistema eléctrico se debe, en buena parte, a la corrupción de las últimas décadas.

El año pasado se supo que no había rastro en las cuentas públicas de 300.000 millones de dólares, sin embargo, esto es solo una parte de las grandes lagunas en la administración pública. Precisamente es la ausencia de datos, lo cual ha sido la política oficial, lo que no permite conocer con exactitud la magnitud del desfalco al país.

Este uso discrecional de los recursos, la impunidad generalizada y la concentración de las instituciones han generado las condiciones favorables para una corrupción a gran escala y es precisamente esta la que les permite mantenerse en el poder. Por ende, ¿qué incentivos pueden existir realmente para una transición negociada?

Si bien es importante hacer visibles las redes de corrupción, es necesario admitir que lamentablemente los sistemas de protección están hechos para el fortalecimiento de las democracias, para aquellos Gobiernos que están dispuestos a cooperar, pero que poco o nada logran impactar en la transición de los Gobiernos autoritarios.

Segunda ola rosada: ¿una nueva etapa?

Fabricio Pereira da Silva
-
0
Segunda ola rosada: ¿una nueva etapa?

La elección de Gabriel Boric en Chile en diciembre de 2021, además de lo que ocurra en las elecciones de Colombia y Brasil en 2022, podría confirmar el surgimiento de una nueva «ola rosada» en América Latina. Esta ola, sin embargo, debe ser entendida como un nuevo momento y no como una segunda mitad de la primera —el ciclo de Gobiernos de izquierda en la región durante la década de 2000 y la primera mitad de 2010. O peor aún, como la continuación de algo que ni siquiera habría llegado a su fin, que solo se habría bloqueado momentáneamente—.

¿Ola rosada 2.0 o más de lo mismo?

Esta posible segunda ola rosada se debatirá entre lo nuevo y lo viejo: lo nuevo que está naciendo, lo viejo que se niega a morir. Se presentará en un contexto de larga transición y hacia un momento histórico diferente del que tuvimos en el cambio del siglo XX al XXI.

En un contexto de crisis orgánica y de varias transiciones superpuestas, proyectar una ola rosada que retome la anterior sin mayor autocrítica y adaptaciones conducirá a resultados inferiores en comparación con la primera, y a una supervivencia más corta. Sería proponer más de lo mismo, en un contexto peor y desde sociedades que se han transformado considerablemente.      

Algunos elementos nuevos podrían ser protagonistas en este segundo ciclo. Los nacionalismos exclusivistas podrían sortearse en parte con la reanudación de la integración regional y la activación de las identidades regionales. Se podrían refundar instituciones de integración inactivas y buscar estrategias conjuntas para abordar cuestiones decisivas como la crisis climática, la superación definitiva de la pandemia, la circulación de personas y el fomento de la ciudadanía regional, la ampliación de derechos, la lucha contra el extractivismo y la reducción de la dependencia epistémica y tecnológica.

El estatismo exclusivista también podría sortearse considerando al Estado como un núcleo articulador de cuestiones complejas, y un eje de alianzas efectivas entre fuerzas políticas y movimientos sociales. Esta condensación de demandas a través del Estado puede convertirse en una estrategia para producir hegemonía y sintetizar demandas fragmentadas, debido  a múltiples formas de opresión. El Estado también es importante para proyectar las inversiones en ciencia, tecnología, innovación y educación.

Sin embargo, es necesario apostar por versiones radicales de democratización, cogobierno y reparto del poder, pero implicando al Estado en nuevas articulaciones con los sujetos colectivos.  

¿Modernos versus pachamámicos?

Se puede pensar en la superación de las síntesis del dilema traducido como «modérnicos» versus «pachamámicos», que parece cruzar a las izquierdas regionales. Este dilema se tradujo en la división entre correístas (Andrés Arauz) e indigenistas (Yaku Pérez) en las elecciones de Ecuador de 2021, que llevaron a la derrota de las izquierdas y a la elección de Guillermo Lasso.

A pesar de expresar una dicotomía simplificadora, el ejemplo ecuatoriano, asociado a los debates  en el seno de la intelectualidad crítica, hace suponer que esa tensión entre proyectos neodesarrollistas (o neoextractivistas) y ambientalistas-indigenistas existe en

algún nivel.

Pero esta contradicción no debe entenderse como insuperable. Es posible tender puentes para permitir diálogos y síntesis. Por un lado, ya no es posible mantenerse dentro de los límites del desarrollo económico occidental clásico, que está llevando a la humanidad a un callejón sin salida. Es posible pensar en desarrollos alternativos y evitar la reedición —hasta la extenuación— de estrategias que agotan la naturaleza.

Sin embargo, estas alternativas no pueden prescindir de un horizonte poscapitalista ni abandonar la lucha de clases como elemento fundamental, o ignorar el papel indispensable del Estado como inductor y organizador de proyectos transformadores.

Más de lo mismo y el factor Boric

En este sentido, el proceso de refundación chileno tendría algo que aportar, añadiendo nuevos elementos y perspectivas sobre temas como el desarrollo, la ecología, la crisis climática, las concepciones de progreso, los derechos indígenas, reproductivos y de los inmigrantes, y el feminismo, etc.

El gobierno Boric se diferenciará probablemente de otras experiencias regionales, que, en gran medida, son reediciones del ciclo progresista en versión rebajada. Gobiernos como los de Andrés Manuel López Obrador en México, Alberto Fernández en Argentina, y el posible regreso de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil apuntan a intentos de retomar proyectos que ya han sido llevados al límite de sus posibilidades de cambio sin ruptura y perdiendo capacidad movilizadora.

Otros gobiernos, como los de Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua, el primero superviviente de la primera ola rosada, el segundo procedente de una etapa rupturista anterior y reencarnado en la ola rosada, se presentan como degeneraciones autoritarias de sí mismos.

En el caso de Brasil, la esperanza de un retorno de Lula no se traduce en expectativas de transformaciones estructurales, sino simplemente en bloquear el autoritarismo, la violencia y el desmantelamiento social del gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro.

Por lo tanto, bajaron las expectativas en relación con los primeros gobiernos de Lula, que nunca propusieron transformaciones estructurales. Si antes se podía esperar reformas e inversión social, ahora la expectativa es que se celebren elecciones, que sean limpias, que Lula tome posesión, consiga gobernar y complete su mandato.

Grandes expectativas

De Boric podemos esperar más. Su gobierno debería inaugurar una nueva etapa, que se consolidaría con el entierro de la Constitución de Pinochet de 1980. Tendrá que gobernar mediante el diálogo con los movimientos sociales, las minorías, la juventud, el feminismo.  Reconocer las luchas del pueblo indígena mapuche en el sur del país, tratar humanamente el tema de los inmigrantes irregulares, buscar memoria y justicia por los crímenes de la dictadura militar y la represión del estallido social.           

Se trata de un proyecto inclusivo, con la ampliación de los derechos de las minorías y la ampliación del acceso a la sanidad, la educación y el bienestar. Un proyecto que podría empezar a romper con el liberalismo como «forma de vida», establecido hegemónicamente en la región, más allá de la presencia o ausencia de «progresistas» en el poder. Chile es ejemplar en este sentido. La sociabilidad neoliberal autoritaria ha atravesado los distintos niveles de la vida social, siguiendo su desarrollo que empezó en el pinochetismo, incluso con la democratización formal y durante los Gobiernos de la Concertación.

Pero lo decisivo es que el nuevo Gobierno es la traducción institucional de una revuelta popular, complementa el proceso constituyente de refundación en curso y apoyará la regulación e institucionalización de los cambios que se inscribirán en la nueva Carta. También representa a una nueva generación que está surgiendo. La generación de «1968», compuesta por los jóvenes cuadros del gobierno de Salvador Allende, que no eran tan jóvenes durante la transición pactada y los Gobiernos de la Concertación, se va. Entran en escena los chicos de la «revolución pingüina» de 2006 y las revueltas estudiantiles de 2011 y 2012.

El gobierno de Boric puede entonces presentarse como una novedad en medio de reanudaciones a la baja en contextos deteriorados de proyectos de hace dos décadas. No es una alternativa al capitalismo. Pero implica grandes expectativas.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Contradicciones frente al cambio climático

Fabián Echegaray
-
0
Contradicciones frente al cambio climático

Veranos de calor récord. Lluvias interminables arrasando con ciudades y pueblitos. Sequías liquidando economías regionales y proyectos familiares. Tempestades de granizo y huracanes fuera de época o de ruta convertidos en regla y no más en excepción. Nadie duda que los cambios climáticos dejaron de ser un tema especulativo de científicos para convertirse en el pan de cada día. Lo que no estaba tan claro era que los latinoamericanos somos los más preocupados por el asunto en el mundo.

Un estudio de la red mundial de encuestadoras WIN, junto con la consultora Market Analysis, revela que 7 de cada 10 latinoamericanos están totalmente de acuerdo en que el calentamiento global es una amenaza seria para la humanidad. Solo en un puñado de países del sudeste asiático, frecuente y duramente castigados por inundaciones y desastres climáticos (tal es el caso de Indonesia, Vietnam y Malasia), muestran una preocupación mayor, pero como región, América Latina exhibe un grado de alerta incomparable. A diferencia de esto, y a pesar de la abundancia de información y las tragedias recientes, los europeos o norteamericanos parecen menos alarmados.

Si un consenso tan vasto en la opinión pública sirviera para guiar las acciones de los Gobiernos o sus instituciones de peso, se podría esperar que nuestra región se convirtiera en portavoz y agente activo de las negociaciones climáticas, y viéramos un liderazgo nítido de aquí a algunos meses cuando la próxima Conferencia de la ONU sobre Cambios Climáticos  (COP-27) se celebre en el mes de noviembre en Egipto. ¿Será eso lo que veremos en el futuro cercano?  

Como tantas otras urgencias, de la inflación a la criminalidad, del deterioro educativo a la explosión de la drogodependencia, nuestras sociedades son rápidas en manifestar sus preocupaciones, y lentas o inconsistentes en reaccionar pública y colectivamente para intentar remediarlo. No es raro explicar esas brechas, debido a desvíos culturales que tienden a dramatizar ―de manera exagerada― demasiados temas al mismo tiempo y ampararse en la transferencia de responsabilidades a terceros. En otros casos, suelen ser restricciones a las libertades o derechos civiles que impiden manifestarse (como sucedió bajo las dictaduras o durante las duras cuarentenas de 2020). Curiosamente, ninguna de esas alternativas nos ayuda a entender el cuadro actual.

En el caso de la crisis climática, la ansiedad y la sensación de emergencia récord de los latinoamericanos son neutralizadas por un combo paralizador de optimismo inercial, la responsabilidad de cada uno pero de manera exagerada y la exculpación de quienes tienen recursos y responsabilidades por los factores que generaron los cambios del clima. Resultado: un ambiente de opinión pública que deja tan perplejos e inertes tanto a observadores como a quienes toman decisiones, pero desanimando la perspectiva de ver a algún jefe de Estado latinoamericano a la cabeza de algún acto notorio en favor de restricciones a las emisiones.

Optimismo inercial

La angustia por los cambios climáticos no  genera necesariamente un pesimismo sobre el rumbo de nuestras sociedades. Al contrario, los latinoamericanos en general, y los brasileños en particular, se destacan como los más optimistas respecto a la posibilidad de corregir los actuales problemas. Solo el 25% de la población de Brasil está total o parcialmente de acuerdo con que es muy tarde para corregir los cataclismos climáticos en curso, a pesar de las evidencias. Esto los ubica como el país en vías de desarrollo más optimista, superando, inclusive, a los norteamericanos y su naturalizado negacionismo climático.

Mexicanos, paraguayos, peruanos y colombianos también exhiben mayorías que confían en un final feliz, pero sin mucho argumento para defender ese punto de vista, que está amparado en una creencia ingenua, redentora en la ciencia o acciones empresariales, y que desinfla el alarmismo genérico que ha habido sobre el tema.

Ese optimismo larvado contrasta con el escepticismo de las sociedades asiáticas. Dos tercios de la India y 6 de cada 10 chinos y paquistaníes cuestionan abiertamente la idea de que es solo una cuestión de tiempo para que las soluciones eliminen el problema. La desertificación de sus suelos, la contaminación y desaparición de sus fuentes de agua, los diluvios monzónicos y la propagación de plagas, fruto del calor excesivo, recuerdan a casi un tercio de la humanidad allí reunida que el optimismo es la falta de información o de experiencia brutal con los hechos.

La responsabilidad individual y la exculpación de los responsables

La fenomenal individualización de las soluciones al cambio climático (y parcial inocencia percibida de corporaciones y Gobiernos) es otro factor que desmotiva la movilización pública y colectiva o la fiscalización y el cobro de decisiones efectivas por parte de los líderes. Nueve de cada diez brasileños, mexicanos, peruanos, colombianos y paraguayos creen que sus acciones personales pueden hacer una diferencia en la calidad del medio ambiente. Por otro lado, el 80% de los argentinos y chilenos piensan igual.

Esas percepciones están por encima del promedio de los países europeos o norteamericanos donde la legislación y la infraestructura organizacional permiten una asertividad más efectiva de los consumidores sobre empresas y Gobiernos para influir en  acciones responsables. Esa situación sorprende aún más en la medida en que el 50% de las emisiones de efecto invernadero provienen del 10% más rico de la población mundial, que básicamente excluye a casi todos los latinoamericanos.

Si con su impacto sideral por consumo, los europeos o norteamericanos fueran líderes en el reconocimiento de sus responsabilidades, ello sonaría razonable. Un canadiense emite 14 toneladas de CO₂ al año; un finlandés, 9,7; un inglés y un japonés, entre 8,5 y 8,1, respectivamente. Pero que lo hagan los latinoamericanos (que emiten alrededor de 3 a 3,5 toneladas de CO₂ per cápita al año) nos habla de otra cosa.

Sin duda, una sensación de empoderamiento ambiental ayuda a crear ciudadanos más comprometidos, pero también arriesga formar una conciencia falsa de agentes del cambio, especialmente cuando queda reducida a pequeños actos cotidianos individuales e inocuos. Esto ocurre, sobre todo si se compara con el efecto que las decisiones de corporaciones y Estados pueden tener.

Si es verdad que, en promedio, el 60% de las emisiones que afectan el clima surgen del consumo residencial (esto convertiría a los individuos en agentes de peso), son las decisiones que las empresas toman sobre el diseño de productos y de las fuentes de energía usadas o estimuladas por Gobiernos ―o la manera de regular o fomentar cómo movilizarse, consumir, habitar, trabajar o estudiar― las que condicionan el impacto último de los individuos en su gestión del día a día.

Sin embargo, entre los habitantes de la región hay una inclinación mayor a exculpar a corporaciones y Estados (estos cuentan con los recursos y la influencia para moldar la agenda pública a gran escala), pero pasando la obligación a los individuos. Casi un tercio de los latinoamericanos no creen que el principal esfuerzo en pro de la sustentabilidad y el medio ambiente deba venir de las empresas o Gobiernos, y sí de las personas. Entre los individuos de clase media y media baja de Brasil, esta situación asciende al 40%. Ya en Europa, África o Asia, esa creencia es compartida por un cuarto de las personas, como mucho.

Con esas ambigüedades, la agenda pública regional deja un espacio para vaciar el debate ambiental coreografiándolo con retóricas tan alarmistas como carentes de planos ejecutivos. Dados los costos políticos y financieros de curvar el consumo, mitigar el impacto de nuestros estilos de vida, invertir en tecnologías verdes y cambiar los hábitos para neutralizar la crisis climática, será difícil que algún líder regional no vea en ese optimismo inercial, personalización de la responsabilidad e inocencia parcial de Gobiernos y corporaciones, una oportunidad para ocupar la escena notoriamente pero sin tomar decisiones que modifiquen el rumbo del problema. 

1...184185186...266Página 185 de 266