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El legado colombiano en la gestión de la migración venezolana

Cuando muchos países de la región impusieron visas para limitar el ingreso y la permanencia de los migrantes venezolanos en sus países y militarizaron sus fronteras para dificultar su ingreso, Colombia mantuvo sus fronteras abiertas, no impuso en ningún momento requisitos restrictivos, cerró los pasos fronterizos únicamente para contener la pandemia y recientemente adoptó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. La gestión de la migración venezolana es uno de los legados más importantes que este gobierno dejará a la región.

Las supuestas razones del éxito

Si bien el acceso sin mayores restricciones de nacionales venezolanos puede haber pasado inadvertido, la decisión de adoptar el Estatuto Temporal de Protección ha sido acogida por los medios y la comunidad internacional como un gesto sin precedentes.

Colombia, que es el país con mayor migración venezolanos en la región y el mundo, necesitaba con urgencia una medida que permitiera regularizar a casi un millón de migrantes que se encuentran en el país en situación de irregularidad. El mismo gobierno reconocía que esta situación traía consigo retos importantes para el desarrollo de una política pública coherente e implicaciones fiscales, sobre todo para el sistema de salud.

Por lo tanto, el Estatuto, que pretende regularizar a la mayoría de los nacionales venezolanos en Colombia y otorgarles un permiso por un periodo de 10 años, permitirá mejorar la condición de los migrantes y proteger más y mejor sus derechos.

En el discurso inaugural del Estatuto, junto al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, el presidente Iván Duque afirmó que el Estatuto “representa la política migratoria más importante en fraternidad, en orden y en legalidad, que se haya visto en América Latina y el Caribe”. Mientras que el Alto Comisionado resaltó el Estatuto como “un gesto humanitario emblemático para la región, como usted dijo, inclusive para el mundo entero”.

Las expulsiones discrecionales

El Estatuto es sólo la última de una serie de medidas y acciones que han contribuido a la construcción de la narrativa de la generosidad y de las puertas abiertas de Colombia hacia los hermanos venezolanos. Pero, al mismo tiempo, se han aplicado otra serie de acciones que, siendo mucho menos nobles, también han marcado la política migratoria del país en estos años.

La primera es la larga serie de expulsiones “discrecionales” de extranjeros, sobre todo de personas provenientes de Venezuela, en circunstancias que ponen en entredicho el respeto al derecho a un debido proceso de estas personas. Bajo la causal de la expulsión discrecional, Migración Colombia, la autoridad de control y verificación migratoria colombiana, expulsa a las personas que considera que han realizado actividades que atentan contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública o cuando existe información de inteligencia que indica que el extranjero representa un riesgo en este mismo sentido. Estas sanciones van acompañadas de una prohibición de regresar al país por un término que puede ir de cinco a más de diez años.

Datos de la misma autoridad migratoria muestran que casi todas las expulsiones en 2020 fueron “discrecionales” y que, desde 2018, hay una tendencia creciente al uso de esta sanción. Ahora bien, para la persona sujeta a esta medida es muy complejo, cuando no imposible, controvertir la decisión de la autoridad y tener acceso a acompañamiento legal. Entra otras razones, por los cortos tiempos en los cuales se suelen materializar estas expulsiones y por el uso arbitrario que hace de ellas la autoridad migratoria.

En casos similares de deportaciones sumarias y colectivas de migrantes provenientes de Venezuela ocurridas en Chile, las cortes dejaron claro que se había violado su derecho al debido proceso y que los migrantes pueden enfrentar riesgos para su vida e integridad al volver a Venezuela, por lo cual no deben ser expulsados.

El desconocimiento de la protección internacional

Colombia, además, desconoce la necesidad de protección internacional de esta población. A diciembre del 2020, se había reconocido la condición de refugiado solamente a 771 venezolanos y se contabilizaba pocos menos de 20,000 solicitudes. Sin embargo, a excepción de Brasil y México, muchos otros países de la región contribuyen a lo que es una tendencia regional.

A esta falencia, se suman las notorias deficiencias del sistema de refugio colombiano, que deja al solicitante a la espera de una respuesta por un tiempo indefinido que puede durar años, periodo durante el cual la persona no puede ejercer actividades económicas. A pesar de las dificultades que esto genera a las personas, el gobierno aún no ha manifestado intención alguna de reforma el sistema.

En este marco, medidas como el Estatuto buscan ofrecer alternativas más ventajosas para los solicitantes de refugio en términos de acceso a derechos. Pero, sin lugar a duda, desconocen su necesidad de protección y no las tutelan de la devolución a su país de origen.

En suma, el Estado colombiano ha hecho mucho por la migración venezolana bajo la presidencia de Iván Duque y, si se quiere, mucho más que otros países de la región. Pero hace falta un análisis más detallado, profundo y crítico para determinar las reales dimensiones de su legado y si realmente es el ejemplo que queremos seguir.

La praxis comercial verde de Europa y las relaciones con Brasil

La praxis comercial verde de Europa es un camino sin retorno. Desde el Acuerdo Verde Europeo de 2019, lanzado por la presidencia de la Comisión Europea de Jean-Claude Juncker, hasta el Plan de Recuperación EU Next Generation, lanzado en julio de 2021 por la presidencia de Ursula Von der Leyen, a los Estados miembros de la Unión se les exige una previsión de reformas fiscales y revisión de la legislación sobre subvenciones. El objetivo es que los países de la Unión adapten sus sectores de transporte, industria, energía y gestión de residuos a las nuevas metas medioambientales.

La Unión Europea aprovechó la necesidad de inversión para la recuperación económica posterior al COVID 19 para vincular el dinero de las transferencias y préstamos europeos a los compromisos de sus Estados miembros con la transición energética y ecológica. El contrapunto de esta realidad de transición –que incluye el cumplimiento de los objetivos de reducción del 55% de los gases de efecto invernadero para 2030 y de neutralidad para 2050- es que el comercio internacional con los países de la Unión Europea se verá afectado.

La Unión Europea es el segundo socio comercial de Brasil, considerando importaciones y exportaciones. Y para esta relación comercial dos temas son centrales: uno es el Acuerdo Mercosur-UE; el otro es la previsión de nuevos mecanismos fiscales en Europa sobre la emisión de gases contaminantes y el uso de energías no renovables en la producción agrícola e industrial, con impacto en el precio de las importaciones de los países contaminantes.

Después de casi tres décadas, el Acuerdo Mercosur-UE vuelve a estar paralizado. Tras la reanudación de las negociaciones por parte del presidente Temer y un importante avance dado en 2019 con la firma del acuerdo bajo el gobierno Bolsonaro, el Parlamento Europeo se pronunció en contra de su aprobación ante la falta de mecanismos de transparencia y garantías de control sobre los delitos ambientales en Brasil. Países como Francia, Irlanda y Austria plantearon sus sospechas y críticas relacionadas con Brasil y el incumplimiento de los compromisos en materia de deforestación y otros aspectos ambientales.

La Comisión Europea ha comprometido a sus Estados miembros a realizar las reformas necesarias para utilizar las inversiones del paquete de recuperación económica EU Next Generation. Estas reformas deben incluir «impuestos medioambientales», además de un impuesto sobre el carbono para aumentar los ingresos directos europeos y desincentivar la producción contaminante y la «fuga de carbono» (cuando una industria traslada su producción a países donde el carbono es más barato o las normas no son tan estrictas como las nacionales).

La Comisión recomienda eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles y planes de inversión y acción que conllevan reformas para garantizar el cumplimiento de las metas de la transición ecológica. La nueva generación de impuestos busca, por un lado, una compensación por la responsabilidad medioambiental y, por otro lado, garantizar que los que contaminan sufran las consecuencias pecuniarias, siguiendo el principio «quien contamina paga».

En este contexto, la realización de una transición normativa y tecnológica, y la implementación de las reformas necesarias para cumplir las metas de comercio sostenible, son pasos ineludibles para Brasil debido a la dependencia comercial con los países europeos.

Esto implica reformas para la transición tecnológica y energética en las empresas productoras y en la industria brasileña de los sectores dependientes del comercio exterior con los países miembros de la Unión Europea y el Reino Unido (que también adhirió a los objetivos de la transición energética verde).

En caso de que no haya una cadena de producción comprometida con los objetivos verdes se prevé repercución en la balanza comercial brasileña con Europa y también con Estados Unidos.

Una nueva postura de Bolsonaro

Mientras tanto, vimos en Glasgow una nueva postura del gobierno de Bolsonaro respecto a los compromisos adquiridos en la COP26. El ministro de Medio Ambiente anunció un «nuevo» objetivo climático, que en realidad significaba una reanudación del compromiso del Tratado de París.

Pero más allá de esto, Brasil formó parte de dos relevantes acuerdos medioambientales en los que los países firmantes se comprometen a reducir las emisiones de gas metano y a proteger las florestas. El primer acuerdo afecta directamente a las actividades agrícolas y ganaderas brasileñas y supone la aplicación inmediata de medidas para cumplir la meta de reducción de emisiones de gas metano en 30% hasta 2030.

Con el segundo acuerdo, Brasil se compromete a alcanzar la deforestación cero para 2030 en un pacto que destaca la importancia de las comunidades tradicionales que dependen de las florestas (los pueblos indígenas) y propone un embargo al comercio internacional y a la financiación de productos procedentes de países que no respeten las tierras protegidas, sus pueblos y sus florestas. Esta fue una nueva sorpresa del actual gobierno, esta vez positiva.

Sin embargo, la herencia de Glasgow y el dilema de la ratificación del Acuerdo Mercosur-UE enseñan que el statu quo de las condiciones comerciales entre Brasil y los países de la Unión Europea no se mantendrá. Una vez que los países europeos cumplan sus compromisos, independientemente de que Brasil cumpla los suyos, el impacto de la transición verde europea llegará a los sectores exportadores brasileños.

En este contexto, además de la expectativa sobre los próximos capítulos respecto a los compromisos asumidos por Brasil en la COP26, es fundamental para los sectores exportadores brasileños llevar a cabo una transformación radical en sus modelos energéticos y en la gestión de recursos y tecnología, alineándose con el compromiso mundial respecto al riesgo climático.

Los sectores exportadores brasileños que dependen del comercio con la UE precisarán de adaptaciones e inversiones para garantizar el flujo de las exportaciones. En otras palabras, tendrán que cambiar para mantener su situación actual en el escenario del comercio internacional.

Bolivia y sus eternos conflictos sociales

A principios de noviembre varios comités cívicos, gremialistas, transportistas y universidad pública entre otras organizaciones, iniciaron un paro en el departamento de Santa Cruz en rechazo a una norma que pretendía aumentar el control policíaco y el centralismo político. Este conflicto es el resultado de las dificultades del gobierno del MAS para generar consensos en una sociedad donde los gobiernos regionales, las clases sociales y los colectivos indígenas (principalmente del oriente boliviano) no han podido encontrar un terreno común para resolver sus fracturas históricas con el Estado.

Mientras el oficialismo ve permanentemente fantasmas y se enroca en la falaz teoría del golpe de Estado, gran parte de la oposición reproduce un discurso político en línea con el anticomunismo macartista. Los permanentes conflictos, conectados a problemas estructurales no resueltos, están vinculados al propio Estado. Y es que el Estado boliviano actúa en función de los intereses de la fuerza política de turno. Este es un síntoma de que el Estado en Bolivia es un mero instrumento de poder, lo cual genera desconfianza en la ciudadanía. A un año de la asunción de Luis Arce, existe una dimensión estructural y otra coyuntural para explicar la crisis política boliviana que se ha intensificado en el último mes.

Conflictos en el tiempo (coyuntural)

El MAS ha sido la primera fuerza política en las elecciones nacionales y subnacionales del 2020 y 2021y predomina a nivel territorial. Sin embargo, ha perdido su hegemonía política  a nivel nacional. Por ello, el gobierno tiene dificultades para establecer una articulación política entre el Estado y la mayor parte de la sociedad civil boliviana, compuesta por sectores populares y clases medias no afines al gobierno, para dirigirlo el país a través de un marco de ideas que contemple a toda la sociedad. Esto ha llevado a que cuando el MAS intenta imponer sus posturas estallen los conflictos sociopolíticos.

La crisis política que se vivió en el país en la primera quincena del mes de noviembre, que se expresó en un paro multisectorial y bloqueos de calles, fue incentivado por la pretensión del gobierno de establecer una arquitectura normativa en nombre de la “Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”. Una medida que, de continuar, podría haber afectado a diversos sectores populares informales, clases medias y empresarios porque todo movimiento de dinero, más allá de la cantidad, puede ser considerado sospechoso de ser ilegal, lo cual ha provocado cierta incertidumbre.

Antes esta realidad, el MAS ha señalado a una única organización social, el Comité Cívico de Santa Cruz, de ser la principal responsable de intentar desestabilizar políticamente el gobierno de Arce. De esta manera, el oficialismo simplifica intencionalmente la dimensión coyuntural del conflicto por conveniencia ideológica y limita las posibilidades de establecer un espacio de deliberación y entendimiento entre el gobierno nacional y los sectores movilizados.

Dimensión estructural

Bolivia tiene, a grandes rasgos, tres contradicciones o fracturas estructurales que hasta ahora el Estado no ha podido resolver, a pesar de una Constitución Política Plurinacional aprobada en 2009 que, de acuerdo al relato del MAS, sería la panacea para solucionar todos los conflictos históricos: el étnico-cultural, el político-espacial y el de la diferencia de clases sociales. Estos conflictos son los responsables de problemas profundamente arraigados en la sociedad boliviana como el racismo, el centralismo político, el regionalismo, la exclusión social y desconfianza en la representación política.

De acuerdo al Latinobarómetro 2010, un año después de aprobada la Constitución Política del Estado Plurinacional (2009), la confianza en los partidos llegó al 17%. Una década después, según el mismo índice, el apoyo ha disminuido un punto. La gran desconfianza hacia los partidos políticos en Bolivia, sin embargo, no ha afectado a la participación ciudadana que en los comicios generales de 2020 fue de casi nueve de cada diez votantes, con un apoyo electoral al MAS del 55%.

A modo de conjetura, esta contradicción se debe a que los votantes apoyaron al partido ganador en busca de certidumbre política y con la esperanza de superar la crisis económica tras un año pandemia y una administración transitoria (Jeanine Áñez) plagada de políticas erradas, corrupción y turbulencias políticas. No obstante, las discordancias entre representantes y representados manifiesta en la desconfianza hacia los partidos políticos no deja de ser preocupante.

Bolivia es un país difícil de entender porque no tiene un proyecto de Estado con capacidad de atenuar los recurrentes conflictos sociales. Los intereses corporativos de los partidos están por encima del interés público. Las emociones populistas y mezquindades sectoriales son moneda corriente, lo cual erosiona cualquier proceso político que tenga como objetivo fortalecer el rol del Estado como garante del cumplimiento de las reglas de juego y evite su comportamiento intimidatorio de la vida privada y derechos ciudadanos. Esto ha quedado en evidencia con los conflictos en las calles bolivianas en la primera quincena del mes noviembre.

Relaciones América Latina-China en tiempos de Xi Jinping

Durante el gobierno de Xi Jinping, América Latina y el Caribe (ALC) ha jugado un importante papel aportando capital político y espacios de mayor influencia en la región a favor de China por sobre los Estados Unidos. Factores particularmente importantes han sido el sostenido crecimiento de la economía china como demandante de productos latinoamericanos exportables, la recepción regional de inversiones extranjeras directas (IED) chinas, las asociaciones productivas en sectores manufactureros y servicios y el financiamiento chino destinado a obras de infraestructura, entre otros.

En tiempos de Xi Jinping, la estrategia china hacia la región ha sido consistente y persistente. La postura garantista adoptada por China sobre globalización y libre comercio mundial, acerca a la región a su esfera de intereses. Tal como lo expresara el presidente Xi Jinping, las aspiraciones chinas por construir una “globalización menos asimétrica”, fomentar la «mutua cooperación internacional» y promover la construcción de una “Comunidad de destino compartido para la humanidad”, son coincidentes con intereses y valores latinoamericanos.

Desde el ascenso al poder del presidente Xi Jinping, la trayectoria de China como potencia emergente, evoluciona bajo el paradigma del “sueño chino” sobre restauración, desarrollo y modernidad hacia mediados del presente siglo; en el plano político, este horizonte sirve para consolidar la figura presidencial como líder máximo y centro de las principales decisiones sobre políticas públicas; en el económico, la visión de una China restaurada, impulsa la reconversión del aparato productivo nacional mediante activas políticas sobre desarrollo científico y tecnológico, así como la proyección de su poder militar hacia la región y el mundo.

Xi Jinping y la transformación de la China contemporánea

En toda esta trayectoria —pasada y presente— el liderazgo presidencial ha sido y es incuestionable. Un liderazgo construido sobre la base de una reingeniería normativa en los estatutos partidarios que le permite a Xi Jinping mantenerse en el poder por tiempo indeterminado, dando así fin a los arreglos institucionales y equilibrios inter faccionales en el seno del Partido Comunista de China (PCCh) establecidos por Deng Xiaoping en los albores del proceso de reformas.

Los argumentos esgrimidos para confirmar la centralidad de su figura como “núcleo” (hexin) sostienen la necesidad de garantizar la estabilidad interna y asegurar la gobernanza en momentos de crecientes tensiones domésticas y exteriores (léase conflicto con Estados Unidos), sostener la campaña anticorrupción como instrumento clave para garantizar la disciplina partidaria, ampliar la participación estatal en la economía nacional, persistir en la construcción de poder tecnológico, promover planes sobre modernización militar con el fin de asegurar la defensa del país ante amenazas externas y proteger áreas marítimas circundantes consideradas por China bajo su soberanía (Mar de China Meridional).

A nivel interno, el estilo de conducción del presidente Xi Jinping se ha caracterizado por abandonar el predominante estilo de “centralismo democrático”, reflotar un discurso basado en la supremacía ideológica del marxismo-leninismo como guía política del Partido, el rechazo a valores occidentales, estándares sobre derechos humanos o formas de organización política pro democráticas, alusiones todas presentes en discursos y pronunciamientos dirigidos a cuadros políticos, funcionarios, Fuerzas Armadas, empresarios y sociedad en general.

En el ámbito externo, la adopción de posiciones asertivas por parte de Xi Jinping muestra rasgos de militarización de la política exterior china en la región, posiciones menos conciliatorias respecto de issues sensitivos como la reunificación con Taiwán bajo el gobierno del pro independentista Partido Demócrata Progresista (DPP) o la democratización de Hong Kong, aumento de la actividad militar en el Mar de China Meridional, persistentes tensiones fronterizas con India, y la escalada de tensiones (políticas, comerciales y militares) con Estados Unidos.

Si bien la situación sobre DD.HH de minorías étnicas como la Uigur, o dudas sobre la responsabilidad de China en el inicio de la pandemia del COVID-19 erosionaron su imagen internacional, un mix entre “diplomacia de lobos” (Wolf warriors) y “diplomacia de las vacunas” atemperó los impactos negativos sobre su soft power, ubicando nuevamente al país como promotor de la “universalización” de las vacunas al considerarlas un “bien público global” (BPG).

En este contexto, en la era post Trump y bajo la presidencia Biden, persisten los “esfuerzos bipartidistas” por parte de Estados Unidos por contener a China. La estrategia muestra diversas facetas; neutralizar los esfuerzos chinos por reformular las “viejas instituciones” herederas del orden mundial del siglo XX, contener su expansión militar en el Mar de China Meridional y el Indo-Pacífico (IOR), sostener sus ventajas en áreas de altas tecnologías, reafirmar alianzas con socios asiáticos (coaliciones entre democracias), evitar el ciber espionaje chino y atenuar el déficit comercial bilateral. En este contexto, ante un mundo inestable, China y América Latina y el Caribe en general, evalúan mutuas ventajas y desventajas sobre una aproximación que despierta recelos en Washington.

Relaciones China-América Latina

La incorporación de países latinoamericanos a los planes globales chinos sobre conectividad bajo el enfoque global partnership (OBOR/BRI), e integrarlas al Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura (AIIB), son ejes de acción alentados bajo la presidencia de Xi Jinping. Ante este escenario, un Estados Unidos de perfil más conservador y militarista, se muestra reacio a consentir la expansión de la presencia china en ALC y aspira a reconstruir confianzas y recuperar perdidos espacios regionales de influencia.

Sin renunciar a principios históricos de acción en el sistema internacional, una China poderosa en el siglo XXI no podría sino aspirar a modificar un orden mundial, en gran parte heredado del siglo XX. La empatía lograda por China en ALC habilita la apertura de canales diplomáticos formales e informales por parte de gobiernos, alienta el activismo empresarial, el desarrollo de estudios en el campo académico y un mayor conocimiento mutuo. Como ocurriera durante la Guerra Fría, pese a las prevenciones estadounidenses, la percepción sobre China como “socio para el desarrollo regional”, prevalece y presupone la futura densificación de una agenda cooperativa sino-latinoamericana.

Columna inicialmente publicada en el portal de la REDCAEM.

Foto del Gobierno de Chile

¿Qué se puede esperar de las elecciones en Chile?

2021 será conocido como el año que transformó la política chilena. En mayo se celebraron las elecciones a la Convención Constitucional y se produjo la renovación completa de gobernadores, alcaldes y concejales. El próximo domingo, 21 de noviembre, tendrán lugar las elecciones de diputados, senadores y la más importante de todas, la presidencial. Siete candidatos y coaliciones se presentan a la presidencia: Gabriel Boric, del partido Apruebo Dignidad; José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano; Yasna Provoste, del Nuevo Pacto Social; Sebastián Sichel, de Chile Podemos Más; Marco Enríquez-Ominami, del Partido Progresista; Eduardo Artés, de la Unión Patriótica; y Franco Parisi, del Partido Popular.

A pocos días de la primera vuelta, estas elecciones destacan por el alto grado de incertidumbre sobre sus resultados que están siendo seguidos con mucha atención por otros países latinoamericanos. Cabe destacar dos elementos. En primer lugar, el fin de la polarización entre las dos coaliciones que estructuraron el patrón de competencia política y electoral en el país durante las últimas tres décadas, la Concertación (hoy Nuevo Pacto Social) y la Alianza (hoy Chile Podemos Más). En segundo lugar, y como consecuencia de la apertura de un nuevo ciclo político en Chile, la irrupción del candidato de ultraderecha, Kast, como el más probable para pasar a la segunda vuelta con el candidato de izquierda, Boric.

Los favoritos en la contienda electoral

Ni Boric ni Kast son nuevos en la política chilena. Boric es uno de los principales líderes de las movilizaciones estudiantiles de 2011, y fue elegido en el Congreso Nacional en 2013 y reelegido en 2017, y actualmente es diputado. También es uno de los fundadores del Frente Amplio, una coalición formada en enero de 2017 con el objetivo de presentar una candidatura presidencial y varias parlamentarias en las elecciones de ese mismo año, cuando se convirtió en la tercera fuerza política chilena. Su candidata presidencial en esas elecciones, Beatriz Sánchez, actual parlamentaria constituyente, obtuvo el 20,3% de los votos, quedándose fuera de la segunda vuelta por una diferencia de sólo el 2,5%, lo que demuestra que es posible abrir grietas en el dominio que ejercen las dos coaliciones tradicionales del país.

Kast fue concejal entre 1996 y 2000 y diputado entre 2002 y 2018, y pertenece a una familia con varios políticos de derecha. Su hermano, Miguel Kast, fue ministro y presidente del Banco Central durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989). Kast perteneció a la Unión Democrática Independiente -el partido heredero del pinochetismo- entre 1996 y 2016 y renunció a la organización por la progresiva moderación de esta derecha tradicional, sobre todo por desligarse de su herencia dictatorial. En 2017, como candidato presidencial, Kast obtuvo el 8% de los votos, obteniendo el cuarto lugar en las elecciones y siendo una verdadera sorpresa para la mayoría de los analistas políticos. En 2018, Kast creó el movimiento Acción Republicana, finalmente registrado en 2019 como Partido Republicano.

Si la consolidación de las organizaciones y candidaturas de Boric y Kast no es una sorpresa, lo que sí es sorprendente es el favoritismo de ambos, y especialmente de Kast. En gran medida, estas elecciones se explican por el desgaste de los partidos y coaliciones tradicionales, con la apelación a las identidades políticas negativas y un fuerte componente anti-establishment, definido como «una repulsión emocional y racional hacia todo partido político establecido en un país determinado». Estos serían los casos no sólo de Boric y Kast, sino también de Parisi. Según las últimas encuestas de opinión pública, los tres candidatos suman más del 60% de los votos.

José Antonio Kast y los peligros para la democracia chilena

La gran sorpresa de estas elecciones es sin duda la irrupción de Kast. La campaña presidencial comenzó con la tradicional división entre el cambio, representado por Boric, y la continuidad, representada por Sichel. Sin embargo, la baja popularidad del actual presidente Sebastián Piñera, persona non grata no sólo en el país sino también en su propia coalición, así como la dificultad de la derecha convencional para presentar un proyecto atractivo para la población, hizo que surgieran otras divisiones.

Kast ha articulado identidades políticas negativas no sólo hacia el establishment, sino también hacia la izquierda, asociando a Boric y su coalición con el caos y la inestabilidad, mientras que su candidatura sería la legítima representante del orden y la estabilidad. Para ello, Kast ha afirmado que Boric representa una ultraizquierda en el país, afín a regímenes políticos autoritarios como el de Nicaragua, y que su victoria llevaría al colapso de la economía y de la propia democracia en Chile.

Llaman la atención algunas similitudes con las elecciones presidenciales brasileñas de 2018. Este año, durante la campaña electoral en Brasil, Kast hizo una visita a Bolsonaro y afirmó que el entonces candidato representaría la esperanza para un país que ha sido destruido por la izquierda. Pero, a diferencia de su homónimo brasileño, Kast tiene buenas dotes de comunicación, y ha crecido participando en los debates, transmitiendo calma y autocontrol en un tono sereno, lo que quizá sea aún más peligroso. Kast ha conectado las emociones antisistema y anti-izquierda con otros temas capaces de movilizar a un electorado descontento con la moderación de la derecha tradicional, abogando por políticas de mano dura para la promoción de la ley y el orden y la influencia más significativa de los valores religiosos en los asuntos públicos.

El talón de Aquiles de Kast reside en su apego a las dos principales dimensiones del pinochetismo: el autoritarismo y el neoliberalismo. En un contexto de pluralización de la representación política y de demanda de una mayor presencia del Estado en el desarrollo social y económico de Chile, el candidato tendrá dificultades para atraer a bases sociales y electorales más amplias en una posible segunda vuelta que se celebrará el 19 de diciembre. En el último debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Televisión, en el que todos los candidatos buscaron diferenciarse de Kast, el candidato mostró dificultades para desenvolverse en estos temas. El debate se produjo tras sus últimas declaraciones sobre la dictadura militar, en las que el candidato afirmó que en el Chile de Pinochet no había presos políticos. Sin embargo, la verdadera fuerza de Kast sólo se descubrirá el próximo domingo.

Por último, cabe señalar que el voto en Chile es opcional y la participación de los votantes ha sido inferior al 50%. Además, existen importantes variaciones en cuanto al perfil sociodemográfico de los votantes en las últimas elecciones, especialmente en lo que respecta al género, la educación, la edad y los ingresos. El ganador será el que tenga mayor capacidad de movilización política y electoral en un contexto de malestar generalizado con el funcionamiento de la democracia en el país.

La honestidad de las palabras y la ética en la comunicación

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Decía Kapucinski que el periodismo no era un oficio para cínicos. Dado el volumen de información, la rapidez con la que circula y el gran número de personas que de una manera u otra generan contenidos, me atrevería a decir que comunicar no es una actividad para cínicos. Y es que, a medida que se incrementa la capacidad para transmitir ideas y viralizarlas, se hace más necesario establecer pautas de ética y responsabilidad.

Junto con la falta de rigor, la proliferación de noticias no contrastadas y el auge de las fake news, en gran medida derivadas de la necesidad de los medios por ser los más rápidos en publicar, ganar visibilidad y generar el mayor volumen de noticias posible, aparece un nuevo fantasma: el plagio.  Esta práctica se ha agudizado con el desarrollo del periodismo digital, ya que se ha acelerado drásticamente la generación de contenidos y la viralización de la información por numerosos canales, diluyéndose la autoría y facilitando su apropiación.

El plagio se ha convertido en una práctica más habitual de lo que se cree y cada vez son más los intrusos que deciden apropiarse de las palabras de otro, usurpando el nombre del autor para comercializarlas como propias. En ocasiones, esta acción es deliberada. En otras, responde más a una falta de esmero que a una mala praxis consciente en la que todos podemos ser susceptibles de caer.

No obstante, esto no le resta gravedad. Y es que, sea como fuere, esta práctica, totalmente reprobable, se vuelve aún más indigna si cabe entre aquellos que de una manera u otra se dedican al mundo de la comunicación y la divulgación. Con el plagio, no sólo se manifiesta una falta de ética, sino que también se falta a la verdad y al rigor al omitir la autoría de la información que se pone a disposición de los lectores.

Además, el plagio contribuye a degradar la actividad profesional del periodista o de aquel que, desde su campo de conocimiento, contribuye a la difusión de ideas o evidencias. Si la transparencia, la ética y la responsabilidad constituyen reglas de oro para cualquiera que aspire a participar en el debate público, entonces ¿cómo invitar al lector a pensar o repensar sus posiciones si ni siquiera somos capaces de conformar las nuestras y suplantamos las de otra autoría?

En el contexto latinoamericano, esta preocupación por la honestidad intelectual es recogida por los códigos deontológicos de las principales asociaciones de periodistas de la región. Pero, además, el respeto a la autoría de los datos y resultados forma parte del núcleo duro de las normas de rigor compartidas por estas asociaciones, por encima de otras como la contextualización de la información o la transparencia. No obstante, el establecimiento de códigos de conducta no es garantía suficiente para evitar prácticas como el plagio.

Entre aquellos que colaboran con medios de comunicación, ya sea en calidad de periodistas, literatos o expertos, se han dado numerosos casos de plagio. Algunos de ellos han tenido una gran repercusión, como el de Bryce Echenique, quien fue acusado de plagiar 16 artículos de 15 autores distintos publicados en diferentes medios de comunicación peruanos y españoles. Otros, con menor repercusión a nivel internacional, han afectado a diferentes periodistas. El argentino Guillermo Giacosa fue despedido del medio Perú21 tras ser acusado de plagiar textos de medios internacionales como Rebelión, Página 12 y La Jornada. En Colombia, la entonces editora de la sección de internacional de El Colombiano, Diana Carolina Jiménez, fue despedida en 2016 también por plagio.

Fuera de América Latina, son numerosas las experiencias de plagio por parte de a profesionales de renombre. Jayson Blair copió, cuando trabajaba para The New York Times, información de otros medios. Marie-Louise Gumuchian, ex editora de CNN también cayó en la tentación, así como Fareed Zakaria, quien trabajaba en Time y CNN o el columnista de The Washington Times, Arnaud de Borchgrave. Todos ellos debieron de afrontar las consecuencias de sus acciones y vieron mermado su prestigio.

En tiempos de creciente desconfianza, el plagio no hace más que contribuir al descrédito de la esfera pública. Los medios, como actores fundamentales en democracia, tienen la obligación, no sólo de informar, sino de actuar desde la ética, la honestidad y el rigor ya que constituyen una de las herramientas fundamentales para conocer e interpretar la realidad. Incluso, salvando las distancias, las redes sociales pueden convertirse en un espacio de conocimiento, intercambio y discusión. Sin embargo, en la práctica esta finalidad en muchas ocasiones se desvirtúa y la desinformación y prácticas poco éticas distorsionan la función de los medios de comunicación.

Por último, cabe mencionar que lo importante son las historias y el conocimiento compartido, no quien lo cuenta. Sólo así seremos capaces de dejar de lado nuestros egos, y poner el foco en la realidad que tratamos de describir o explicar que, a fin de cuentas, es lo que realmente importa.


Episodio relacionado de nuestro podcast:

En Chile reina la incertidumbre

Hacer un pronóstico de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile me parece un ejercicio infructuoso. Durante mucho tiempo las predicciones de las encuestas eran, por lo general, bastante confiables, pero aquella era otra época. En ese Chile, más predecible, las instituciones políticas funcionaban regularmente y disfrutaban de aceptables niveles de confianza. No obstante, en las últimas décadas se comenzaron a presentar gradualmente síntomas de fatiga del sistema político como la disminución de la participación electoral y la pérdida de confianza en las instituciones. La desafección política fue alimentada en parte por el distanciamiento programático de los partidos con la ciudadanía y reforzada por los escándalos de corrupción que pusieron al descubierto la relación entre el empresariado y la política.  

Para revertir esta situación y encantar nuevamente a la ciudadanía se buscó implementar reformas. En 2012 se estableció, para mejorar ilusoriamente la baja participación, la inscripción automática y el voto voluntario. En 2015 se cambió la forma de elegir a nuestros congresistas, pasando del sistema binominal, con bajos grados de competencia, a uno proporcional que permitió el acceso a nuevas tiendas políticas incrementado la fragmentación partidaria y haciendo más difícil la relación entre la presidencia y el congreso.

Se podría discutir lo bueno y lo malo de estas reformas, pero el punto es que este cambio de época, que hace un tiempo comenzamos a vivir, nos tiene a todos en la oscuridad y ha dejado en evidencia que en estos momentos domina la diosa de la fortuna. Chile era un país de certidumbres y la gente se acostumbró a aquello. Pero las certezas han desaparecido. De ahí que las diferentes candidaturas ofrezcan, desde la construcción de un país soñado hasta la restauración del orden perdido.

Pero lo triste de esta historia es que, independientemente del resultado electoral, la incertidumbre política no será disipada por el próximo presidente, por más buenas intenciones que este tengan. Hoy Chile se encuentra en un período de transición y es necesario que se resuelvan una serie de factores para que el país pueda recuperar cierta estabilidad y con ella las certezas.

De momento, la situación en Chile es tal que una persona de entre 40 y 50 no tiene claro si su pensión será administrada por una institución pública o privada, y menos aún si está cumplirá con sus expectativas. La misma incertidumbre se puede proyectar en el ámbito de la salud y la vivienda, ya que los programas de las candidaturas ofreces disímiles propuestas.

Los programas políticos de las diferentes candidaturas plantean, desde cambios de grueso calado en todos los ámbitos de la sociedad, hasta la mantención del sistema existente, pero con pequeñas mejoras. Ninguno, sin embargo, plantea con la claridad suficiente las capacidades políticas y económicas para efectuar estos cambios.

A esto se suma la incertidumbre que implica la Convención Constitucional (CC). La CC se transformó en el órgano repositorio de las esperanzas de muchos para resolver los problemas o para zanjar la crisis política que enfrenta el país desde octubre de 2019. Pero su funcionamiento, hasta ahora, no ha estado libre de cuestionamientos. Nadie sabe cómo terminará este experimento, sobre todo ante la fuerte presencia de convencionales representantes de movimientos políticos que hasta ahora no contaban con una representación formal en el sistema político, lo cual hace difícil predecir su futuro.

Más allá de un resultado positivo o negativo en el plebiscito de salida, tendremos que esperar que este nuevo orden jurídico se asiente. Sobre todo, cuando muchos de sus miembros abrazan un espíritu refundacional para escribir la nueva carta magna. En tal sentido, toda innovación política tomará tiempo en decantar y tal vez tenga un alto costo. En un escenario menos probable, ante un eventual rechazo a la nueva constitución, habrá que tener un plan B que permita recuperar la confianza y legitimidad en el sistema político. Plan que en la actualidad no está siendo considerando.

Más importante todavía es la fragmentación política actual. Esta atomización no ha contribuido a forjar coaliciones estables que permitan ordenar y estabilizar el funcionamiento del sistema político. Hoy las coaliciones tradicionales como Nuevo Pacto Social y Chile Podemos +, antigua Concertación y Alianza son un triste reflejo de la disciplina partidaria alcanzada desde los noventa en adelante, sin ideas y débiles electoralmente, al menos en las presidenciales.

En la coalición de Apruebo Dignidad se avizora una compleja relación entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y, por la derecha, emerge un Partido Republicano con un candidato presidencial bien perfilado, pero con un partido pequeño sin presencia significativa todavía en el Congreso.

Así pues, la realidad política chilena combina una incapacidad cognitiva de los partidos políticos para comprender los problemas que aquejan al país y una carencia de propuestas programáticas y electorales viables. Ante un escenario incierto, los actores políticos, tanto de derecha como de izquierda, se han aferrado sin ningún tipo de reparo a cualquier propuesta que pueda generar réditos electorales inmediatos sin pensar en el futuro. De ahí que en los últimos días hemos vivido acciones tan cuestionables como la aprobación de los retiros de los fondos de pensiones y la mediática acusación constitucional contra Piñera, a pocos meses de entregar el poder.

En fin, eliminar esta incertidumbre será un proceso de largo aliento que no será resuelto en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Se están moviendo las bases del sistema político chileno y está claro que su asentamiento tomará tiempo. 

Foto de Vocería de Gobierno Chileno


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¿Cuándo se jodió Venezuela?

La pregunta con la que se inicia la magistral novela “Conversación en La Catedral”, de Mario Vargas Llosa, nos sirve de pretexto para introducirnos en la discusión sobre Venezuela. La compleja y multifacética crisis que vive este país es cada vez motivo de lecturas que abarcan más allá de la era chavista. Parafraseando lo escrito por el nobel de literatura, en realidad podríamos preguntarnos si fue con la llegada del chavismo al poder que se jodió Venezuela.

Un foro de análisis reciente, organizado por la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, contó con la mirada de académicos venezolanos radicados en otros países, analistas que siguen dentro de Venezuela y lo que podríamos llamar venezolanistas, estudiosos del país sudamericano interesados solamente en éste como objeto de estudio.

Bajo la categoría de desdemocratización se ha comenzado a reflexionar con una mirada de largo plazo sobre por qué Venezuela llegó al nivel actual de deterioro político e institucional. Qué fue lo que ocurrió en este país, que hace cuatro décadas era colocado como ejemplo de un modelo democrático, en medio de una Sudamérica regida por gobiernos militares. Hoy, en tanto, está a la cola de los diferentes índices especializados en libertades, democracia y estado de derecho.

La irrupción de Hugo Chávez

La irrupción del comandante al frente de un fallido golpe de Estado en 1992, la espontánea conexión de muchos venezolanos de a pie con aquella figura golpista y no con el jefe de Estado que defendía las instituciones, junto a la inaudita alineación de actores del sistema político bipartidista con lo que postulaban los militares que se alzaron en armas, constituía una clara señal de que vendrían tiempos tormentosos.

La estampa de febrero de 1992 es muy simbólica de la crisis que abrió cause al outsider que tenía un discurso de que cambiaría todo y que lo haría de forma radical. El entonces presidente Carlos Andrés Pérez logró sortear el golpe de Estado, pero simbólicamente resultó ganador Chávez. Por un yerro que ningún militar del alto mando de entonces explicó, el comandante que se había alzado, pero que ya estaba rendido, recibió la oportunidad de dirigirse al país por todo el sistema de televisión. Es un mensaje breve, pero poderoso.

En aquel carnaval, en las calles de Caracas, muchos niños fueron disfrazados como el comandante rebelde Hugo Chávez. La frase de que estaba vencido “por ahora” y su decisión de dar la cara y asumir personalmente la derrota, terminaron por catapultar a Chávez en materia de opinión pública. Pasó de ser un total desconocido a ser la figura que se conectaba con el deseo de cambio que se venía fraguando ya en el país.

El desmontaje democrático previo a la llegada del Comandante

En enero de 1988, cuando se cumplieron los 30 años del sistema democrático, un número especial de la revista SIC, editada por el entonces políticamente muy influyente Centro Gumilla, desnudó una serie de problemas de fondo que el modelo político-institucional no había podido resolver. Tras pasar por una década de los 70’ en lo que se conoció como la “Venezuela Saudita”, por el boom petrolero que comenzó en 1973, la imagen era de la resaca en la década siguiente. El país quedó con una enorme deuda externa; la educación y la seguridad social públicas hacían aguas; la mayoría de los venezolanos estaban ya en la pobreza.

Se comenzaba a apagar, entonces, para muchos el sueño de la democracia de 1958. Aquel año se puso fin a la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez. Las fuerzas armadas le quitaron el respaldo, en medio de un clima de protestas, movilización social y rechazo al régimen. Tras huir el dictador, regresó al país como muchos otros exiliados el ya veterano Rómulo Betancourt, primer presidente electo que logró concluir su mandato en Venezuela.

Pese a que Acción Democrática, el partido que había fundado en 1941, era la primera fuerza nacional, durante su exilio Betancourt aprendió sobre los errores de su sectarismo en los 40’. En aquel 1958, en tanto, logró tejer un pacto que no sólo incluyó a los otros dos partidos demócratas de referencia, el socialcristiano Copei y el centrista Unión Republicana Democrática, sino también a empresarios y sindicatos. Desde la revista SIC se le llamó “el pacto de conciliación de élites”.

La democracia pactada en Venezuela funcionó bien en sus primeros tres lustros. Garantizó el voto universal, promovió reformas sociales, ofreció educación pública y en líneas generales modernizó a Venezuela. El desbarajuste lo trajo el boom petrolero. Con presupuestos públicos que se multiplicaban por tres de un año al otro, se extendió la corrupción, al tiempo que se generaron expectativas de riqueza en diversos estratos sin que hubiese un mayor esfuerzo en la producción. Aquella riqueza mágica trastocó las cosas.

La clase política, que en los 1960 enfrentó diversos desafíos, incluso la lucha guerrillera apoyada desde la Cuba castrista, y sorteó aquello con éxito, en los 1970 naufragó. No pudo responder ni política ni institucionalmente al manejo de tan ingentes recursos. Hacer política, en Venezuela, pasó a ser sinónimo de enriquecimiento.

Atascados en el esquema de cómo repartir la riqueza y manejar un estado petrolero, los liderazgos políticos pasaron por alto que el principal capital de un país es la población, su gente. Se distanciaron del pueblo, dejaron ellos mismos de ser pueblo, pese a que todos salvo contadas excepciones, tenían una extracción social popular.

Los 80’ son sinónimo de crisis en Venezuela. En 1983 se registró la primera devaluación de la moneda, el bolívar, y literalmente el Estado estaba en bancarrota. Una década después de haber nadado en recursos. Se vinieron años de decadencia económica y caída de todos los indicadores sociales. En febrero de 1989 Venezuela era noticia internacional cuando se registró el estallido social conocido como El Caracazo.

La destrucción de la democracia en Venezuela es responsabilidad del chavismo, de eso no hay duda. El punto es ser conscientes de que esa llegada de Chávez al poder y la conexión popular con su proyecto de cambios radicales, fue posible en la medida en que ya el sistema democrático estaba erosionado y erosionándose. Antes de 1999, lamentablemente, estaba en marcha la desdemocratización de Venezuela.

*Reseña del foro, del cual he sido coorganizador junto al politólogo Tomás Straka: https://elucabista.com/2021/11/02/debemos-repensar-la-democracia-para-conseguir-respuestas-a-la-crisis/

Foto por Gone-Walkabout en Foter


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Elecciones argentinas: crónica de una derrota anunciada

Las recientes elecciones legislativas en Argentina le dieron a la alianza opositora,Juntos por el Cambio, casi el 42% de los votos a nivel nacional mientras que el oficialista Frente de Todos (peronismo) obtuvo aproximadamente un tercio de los votos. De haberse tratado de una elección presidencial, la oposición se habría acercado a un triunfo en primera vuelta. Pero más allá de números, esta elección ha dejado tres hechos fundamentales: el triunfo opositor a nivel nacional, la pérdida de la mayoría por parte del oficialismo en el Senado Nacional y la “derrota pírrica” del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

La oposición obtuvo el triunfo en 15 jurisdicciones de las 24 que tiene el país (23 provincias y el distrito federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). En 13 de estas 15 ganó Juntos Por el Cambio, la alianza que liderada en el pasado por el ex-presidente Mauricio Macri, incluidas dos fundamentales como son la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).Los otros dos distritos electorales restantes quedaron en manos de partidos provinciales.

Otro dato significativo es que el oficialismo ha perdido el control del senado nacional, presidido por Cristina Fernández de Kirchner. En el próximo período legislativo, el gobierno deberá negociar con otros jugadores para obtener el quórum (37 senadores) que le permita controlar la agenda legislativa.

A pesar de la“épica de la remontada” del gobierno, más que una victoria a lo pirro, lo que obtuvo fue una “derrota pírrica” en la provincia de Buenos Aires. En esto ha tenido un rol destacado el mayor protagonismo de los intendentes municipales en las elecciones, en comparación al que tuvieron durante las elecciones primarias, en buena medida producto de su mayor compromiso con la gestión provincial. Es destacable también la participación del peronista disidente Florencio Randazzo, quien con el 4% de los votos que obtuvo su agrupación Vamos con Vos, contribuyó, como en las elecciones legislativas del 2017, al triunfo opositor.

¿Qué factores explican el triunfo de la oposición?

Hay tres factores principales que podrían explicar el triunfo de la oposición a nivel nacional y subnacional. Primero, un voto antioficialista que no se da necesariamente a nivel global, lo cual se debe en parte por un peor desempeño sanitario y económico desfavorable en comparación al promedio mundial. Segundo, una mala praxis sanitaria, educativa y económica del gobierno nacional que refuerza ese clima antioficialista.Y tercero, la renovación de la oferta electoral por parte de la oposición en los grandes distritos, especialmente en la capital y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

En relación al clima anti-gobierno, la derrota del oficialismo en la Argentina se suma a otros pronunciamientos adversos al oficialismo como aquellos acontecidos en Bolivia, Ecuador y Perú durante las elecciones presidenciales y los comicios de carácter constituyente en Chile.

En relación a la mala praxis sanitaria, educativa y económica, la misma tuvo manifestación en un prolongado cierre de la actividad pública y privada con directo impacto en la actividad educativa y en uno de los peores desempeños en materia macroeconómica.

En lo que respecta a la oferta electoral, la participación política de nuevas figuras como Carolina Losada, Facundo Manes, Martín Tetaz e históricas como Ricardo López Murphy en las listas opositoras, solo para mencionar algunos casos, permitió oxigenar a la coalición opositora.

¿Qué pasa a partir de ahora?

En términos electorales una oposición unificada, consolidada y con una oferta electoral renovada es un verdadero desafío para el gobierno. Recordemos que esta es una situación inédita ya que la oposición, derrotada en las elecciones de 2019, no tuvo un proceso interno que la llevara a la ruptura, aunque se encuentra pendiente de resolución el problema del liderazgo de la propia coalición opositora.

Un desafío aún mayor es el de la incongruencia de una propia coalición de gobierno concebida contra natura. El Frente de Todos llegó al poder sin haber resuelto un conjunto de diferencias y tensiones. El triunfo de 2019 le permitió al oficialismo argentino barrer bajo la alfombra todas esas diferencias prexistentes.

Esta derrota electoral del peronismo vuelve a poner sobre la mesa todas aquellas tensiones, así como sucedió durante los días inmediatamente posteriores a las elecciones primarias de septiembre. En estos días, cuando la democracia argentina cumple 38 años de vigencia ininterrumpida -el período más prolongado de estabilidad política desde el comienzo de la vida democrática en 1916- la campaña electoral ha terminado. Comienza, a partir de ahora, una nueva etapa, la de la Argentina en campaña permanente.

A pesar de todo, la democracia en Argentina parece ser, “the only game in town”, recordando aquella feliz expresión del politólogo estadounidense Adam Przeworski.Y este es, sin duda, un motivo de celebración.

El candidato de Pinochet

Coautor José Ragas

“Si estuviera vivo votaría por mí”. Identificando su política como una continuación de la obra del dictador chileno Augusto Pinochet, estas fueron en 2017 las palabras del actual candidato populista de extrema derecha chileno, José Antonio Kast.

Hijo de  un ex-oficial de los ejércitos nazis, Michael Kast, quien emigró a Chile a fines de la Segunda Guerra Mundial y hermano de un ex-ministro de Pinochet, Kast hace de la xenofobia un eje de su política. También aviva el fuego de conspiraciones y paranoias, denunciando sin fundamentos la posibilidad de un fraude electoral en caso que pierda. Al igual que en los casos de Donald Trump y Jair Bolsonaro, estas palabras parecen sacadas de un manual de fascismo, en el cual la democracia pasa a un segundo plano desplazada por el mito del dictador y la legitimidad de sus herederos.

De todas formas, Kast quiere ganar las elecciones. Y como candidato populista busca diferenciarse de los métodos dictatoriales tradicionales. Esta elección decidirá el rumbo que tome el país, especialmente a dos años de una de las protestas más importantes de su historia. El candidato centro-izquierdista Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) plantea canalizar una serie de demandas (principalmente las relacionadas con acceso a servicios públicos y pensiones justas), las cuales también se encuentran siendo discutidas en la Convención Constituyente que redacta la nueva carta que reemplazará la del dictador Pinochet. Se trata de la primera constitución escrita en democracia, y con una Convención paritaria, con representación de pueblos originarios y legitimada con una votación de 78%.

El mundo vive un acercamiento del populismo al fascismo y, siguiendo a Bolsonaro, Kast se presenta como una alternativa frente a este supuesto abismo. Este tipo de populismos combinan la defensa de dictaduras pasadas, defensa del neoliberalismo y una política represiva de “ley y orden”, pero en realidad promueven el desorden, la paranoia y la división.

A diferencia de líderes como Hitler y Mussolini, los aspirantes a fascistas acusan a sus adversarios de serlo. En 2020, Kast sostuvo que “El fascismo se instala con fuerza en Chile y lo hace de la mano del Colegio Médico y otras ONG’s de izquierda que buscan dividir y discriminar entre chilenos contagiados y no contagiados, tener ‘agentes sanitarios’ y otras propuestas antidemocráticas”. Siguiendo la incongruencia, también denunció una campaña de destrucción civilizatoria supuestamente basada en el pensamiento de Michel Foucault.

A diferencia de sus avisos de campaña, en su programa presidencial y —por supuesto— en su cuestionable historial, Kast denuncia la “traición” de la “derecha tradicional” y se personifica como abanderado chileno de una “nueva derecha” global.

Al igual que Trump en EEUU, Bolsonaro en Brasil, Narendra Modi en la India y Victor Orban en Hungría, Kast reemplaza la historia con la fabricación de mitos sobre el pasado y a la vez acusa a sus enemigos de “falsificar la historia”. Promueve asimismo la xenofobia y el odio a lo diferente mientras acusa a sus oponentes de promover el “totalitarismo.” En suma, nada hay de nuevo en este proyecto bolsonarista para Chile. Y al igual que Trump y Jair Bolsonaro, Kast basa sus políticas en fantasías conspirativas y promesas represivas, pero lo hace con un tono pensadamente medido, como si fuera un Bolsonaro amable y sedado. El resultado es un envoltorio que intenta moderar sus contenidos.

Kast se presenta así también como una respuesta a una crisis de representatividad, aunque se dedica a la política desde hace décadas. Su discurso es tan vacío como efectivo.

En sus “principios rectores”, el movimiento de Kast sostiene: “Creemos en el bien y la verdad como realidades objetivas”. Y paso siguiente sugiere que se debe oponer la libertad a la igualdad. Kast apela a una noción particular de “orden”, con una defensa cerrada de las fuerzas policiales (pese a las denuncias por su accionar). Según Kast, “estamos en un punto de inflexión. Hay que detener la explosión de violencia y el reinado de la delincuencia que está transformando la vida diaria de miles de chilenos en una verdadera pesadilla”. No debe sorprender que su propuesta cuestione la existencia del orden y la ley si bien manifiesta que él hable en nombre de estas.

Esta apelación a una “violencia” no es gratuita: es una referencia a la movilización social desplegada después de octubre de 2019 en Chile, la cual cuestionó abiertamente el sistema político, económico y social del país. Pero es también una excusa para desmantelar lo avanzado en derechos sociales. Esto se inserta bastante bien en la “batalla cultural, ideológica y programática” a la que apela su movimiento, y que se traduce —entre otros ejemplos— en una defensa de la familia conformada únicamente por madre, padre e hijos así como a negar a las mujeres el derecho al aborto.

De aplicarse sus propuestas, sus efectos tendrán repercusiones continentales: para él y su equipo, la inmigración es vista como un problema que atenta contra la “independencia nacional” y “tiene un efecto destructivo” sobre la “integridad republicana” del país. Después de lo ocurrido en el norte de Chile, en Iquique, cuando una turba incendió las pertenencias de inmigrantes a plena luz del día, su propuesta se revela como la peor forma de enfrentar el problema.

El mismo Kast ha manifestado que lo idóneo es construir una zanja en la frontera norte, de modo que impida el ingreso de inmigrantes. Mientras Trump promovió la construcción de un muro para combatir una supuesta invasión de violadores y criminales (los bad hombres mexicanos) y —más recientemente— el coronavirus, Kast presenta la idea de un pozo que separaría a Chile de sus problemas. “Si usted hace una zanja de tres metros de profundidad, con cercos para que nadie caiga adentro, es factible y bastante económico”, declaró en un debate presidencial en octubre pasado.

En las últimas semanas, Kast ha incrementado sus propuestas de zanjas y mentiras sobre fraudes electorales demostrando en los hechos una cercanía con Trump y Bolsonaro que relativiza en entrevistas recientes. Kast representa una normalización del legado de Pinochet, pero también su aggiornamento populista para los tiempos que corren. Una diferencia central entre el populismo y el fascismo es que, para los populistas, los resultados electorales importan. En cambio, el fascismo implica un poder permanente, independientemente de las urnas.

Así, al igual que Trump y Bolsonaro, Kast quiere matizar estas diferencias, pero presenta su candidatura justamente como una defensa de la democracia de Chile contra el totalitarismo y el fascismo. Es típico de la propaganda de tipo fascista hablar de libertad y democracia cuando en realidad sus candidatos, como el político chileno, representan exactamente lo contrario.

José Ragas es historiador y profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile. Doctor por la Universidad de California e investigador postdoctoral en Cornell. Sus áreas de investigación abarcan la Historia Global y los Estudios de Ciencia y Tecnología.