Una región, todas las voces

¿Serán viables los acuerdos de la Cumbre de América del Norte?

La reunión entre el presidente Joseph Biden, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la Cumbre de Líderes de América del Norte del pasado 18 de noviembre, fue el marco para fortalecer la integración y trazar una nueva senda acorde a los desafíos globales.

En primer lugar, si bien  se ha reanudado el cruce de mexicanos con visa estadounidense hacia Estados Unidos, luego de casi 20 meses cerrada la frontera, es importante avanzar en un mayor apoyo del gobierno estadounidense para aumentar la cobertura de vacunación en las comunidades fronterizas de ambos lados para avanzar hacia una frontera segura. En Estados Unidos la población completamente vacunada es del 59%, mientras que en México es casi del 50%, según datos del Our World in Data de 18 noviembre.

En tal sentido, un acuerdo relevante de la Cumbre fue el de una preparación conjunta para enfrentar próximas pandemias y amenazas para la salud. Para ello, se actualizará el Plan de América del Norte contra la Gripe Animal y Pandémica (NAPAPI, por sus siglas en inglés) que fue un modelo eficaz de gobernanza transfronteriza binacional para controlar la pandemia H1N1 y que por razones de seguridad nacional fue marginado por el entonces presidente Trump.

Otro propuesta relevante de la Cumbre fue la de reconstruir la competitividad e impulsar el crecimiento. Para ello, se acordó fortalecer y coordinar las cadenas de suministro de ambos países y definir las industrias esenciales para minimizar las interrupciones futuras. Se reconoció, además, que la región necesita cadenas de suministro resilientes, sostenibles, diversas y seguras para garantizar el crecimiento económico.

En esta misma línea, se busca fortalecer los vínculos entre las pequeñas y medianas empresas (PYME) entre países, promover el espíritu empresarial de las mujeres e impulsar la innovación. En tal sentido, las políticas de economía creativa, cultural y economía social solidaria son estrategias centrales en la generación de empleos para grupos vulnerables.

Medidas poara combatir la crisis climática

Los dirigentes de los tres países se comprometieron a adoptar medidas concretas para combatir la crisis climática. Por un lado buscarán crear una estrategia norteamericana sobre metano y carbono negro para reducir las emisiones de metano de todos los sectores, especialmente del petróleo y el gas. También acordaron reducir las emisiones de vehículos y motores diésel.

Por otro lado, los gobiernos acordaron acelerar la implementación de energías renovables, incluida la asistencia técnica, el intercambio de mejores prácticas y las iniciativas dirigidas a catalizar las finanzas y la tecnología. Una estrategia prioritaria para el gobierno estadounidense es acelerar la transición al transporte sostenible, lo que incluye la fabricación  de vehículos eléctricos.

En el ámbito de la frontera México-Estados Unidos se acordó la elaboración de planes para convocar a los principales estados y ciudades de América del Norte como contribuyentes de las diversas estrategias propuestas y dirigidas a acelerar la acción climática. En ese marco, el Banco de Desarrollo de América del Norte es uno de los instrumentos fundamentales para incentivar proyectos de resiliencia ambiental.

El gobierno mexicano reiteró la importancia de los flujos y movilidad migratoria hacia Estados Unidos, en el contexto de la necesidad de mano de obra en marco de la integración laboral y del crecimiento que se espera de la economía estadounidense, luego del acuerdo bipartidista en el proyecto de infraestructura. En ese marco, los presidentes reconocieron la complejidad del aumento de la migración irregular —un millón 500 mil migrantes irregulares detenidos por Estados Unidos en el año fiscal 2020-2021— y reconocieron la necesidad de una eficaz gobernanza multinivel priorizando la migración ordenada, segura y regular.

En ese marco se acordó establecer un pacto regional sobre migración y protección para las Américas, promover vías de movilidad laboral mediante la promoción de los visados de trabajadores temporales, y ampliar los centros de recursos migratorios centralizados en Centroamérica entre otras cosas. También se comprometieron a anunciar programas y financiamiento adicionales para crear empleos en América Latina y el Caribe.

La viabilidad de una política de desarrollo y de un eficaz control migratorio en los países del Triángulo Norte implica conciliar procesos de gobernabilidad, gobernanza y de políticas de mayor control de la corrupción institucional, que permitan que los recursos financieros generen los impactos sociales esperados.

En el encuentro se acordó también combatir el crimen transnacional y el terrorismo, y fortalecer la colaboración en materia de defensa, a través de la adopción de un enfoque coherente para recopilar, almacenar, usar, retener y compartir los registros de nombres de pasajeros de acuerdo con las normas y prácticas recomendadas por la Organización Internacional de Aviación Civil. También se reiniciará el Grupo de Trabajo Trilateral sobre Trata de Personas, a fin de combatir la trata laboral y sexual en la región y asumir los compromisos en la Ministerial de Defensa de América del Norte (NADM), como la defensa regional y  la cooperación en materia de seguridad.

Finalmente, el presidente López Obrador planteó la importancia de fortalecer el interés nacional en las políticas energéticas y eléctricas, considerando la importancia de conciliar  políticas tales como el control de la corrupción en la asignación de contratos, incentivando la competitividad y sustentabilidad.

En conclusión, los principales acuerdos firmados en la Cumbre abordan temas tan dispares como la gestión de la pandemia, la reactivación de las cadenas de suministro, el empleo, el cambio climático o la migración irregular. La pregunta que nos hacernos es: ¿Cuáles de todos estos aspectos podrán realmente ser implementados?

Honduras elige una mujer para refundar su democracia

Después de una “década trágica”, el pueblo hondureño ha manifestado categóricamente su deseo de iniciar una recomposición del régimen, del sistema de partidos y de su gobierno. La significativa victoria de una alianza opositora de centroizquierda, encabezada por una mujer, ha venido para revertir la pronunciada erosión democrática y virtual autocratización observada en el país centroamericano desde la irregular interrupción de mandato de Manuel Zelaya, en 2009.

Si bien durante la última década numerosos estudios y centros especializados en la calidad de la democracia alertaban sobre la grave situación, en el último trienio Honduras dejó de ser considerado un país democrático y pasó a ser considerado un régimen Híbrido o un ejemplo de Autoritarismo Electoral. El diagnóstico de centros como Variedades de Democracia, Idea Internacional, Barómetro de las Américas y Latinobarómetro apuntaban hacia una virtual captura del Estado por un grupo de individuos vinculados, directa e indirectamente, al presidente Juan Orlando Hernández y a su entorno más inmediato.

Entre los señalados se encuentran segmentos del empresariado, de las Fuerzas Armadas y policiales, de la clase política, del sistema judicial, grupos religiosos principalmente evangélicos y católicos, y medios de comunicación, además de una alta y creciente influencia de actores no estatales vinculados a actividades ilícitas transnacionales. Y en este marco, no faltaron casos de impunidad, escándalos de corrupción —cometidos incluso en medio de la pandemia—, violencia política y social, empobrecimiento, exclusión social, conflictos socioambientales, y un decreciente apoyo ciudadano a la democracia.

En tal sentido, en las recientes elecciones, más que una legítima y usual competencia entre la izquierda, el centro y la derecha, estaban en disputa dos sistemas: el autoritarismo electoral y la democracia liberal.

Rendición de cuentas electoral, participación y competencia política

En las recientes elecciones, que en Honduras se deciden por mayoría simple y donde no hay segunda vuelta, estaban convocados poco más de cinco millones de ciudadanos. La candidata Iris Xiomara Castro Sarmiento, del partido de centroizquierda Libertad y Refundación-Libre, habría vencido con alrededor del 53% de los votos válidos lo cual la convertirían en la presidenta electa más votada en la historia del país. El candidato oficialista del Partido Nacional, Nasry Asfura, habrían quedado en segundo lugar con el 34% y el liberal, Yani Rosenthal, tercero con el 9%.

Castro, quien encabeza una alianza opositora con fuerte tendencia socialdemócrata, republicana y progresista, fue Primera Dama durante el mandato de Manuel Zelaya. Pero por méritos propios fue elegida en 2013 como candidata presidencial y como candidata a la vicepresidencia en 2017. En ambas oportunidades fue derrotada por el actual presidente, Juan Orlando Hernández, en comicios plagados de todo tipo de irregularidades como fraude, financiamiento ilícito de campaña o abuso de poder político-económico.

En 200 años de vida republicana, Xiomara Castro será la primera mujer en gobernar Honduras y de esta manera se suma al reducido grupo de mujeres que presiden gobiernos en el mundo. A lo largo de las últimas décadas, ha demostrado sensibilidad hacia temas y reivindicaciones de género, especialmente vinculados a los derechos reproductivos de las mujeres y ha estado vinculada con la sociedad civil, a movimientos sociales —incluyendo al ambientalismo— y a temas relacionados con la infancia, la juventud y las familias, minorías étnicas y los sectores más vulnerables de la sociedad hondureña. Evidentemente, ello es una buena noticia.

En este marco, la alta votación de Castro se explica, en parte, por la muy alta participación electoral de la juventud y de otros segmentos sociales subalternos. Esto repercutió en que la participación fue superior al 68%, con una sensible disminución del abstencionismo que bajó del 45% a alrededor de 30%. Por lo tanto, parece razonable esperar del próximo gobierno un fuerte empeño en la formulación e implementación de políticas públicas orientadas hacia el desarrollo humano, la transformación productiva con equidad y a una inserción internacional soberana.

La transformación del sistema de partidos

La derrota y superación del bipartidismo tradicional es otra de las novedades que ha dejado esta elección. Dejando de lado los gobiernos militares predominantes en las décadas de 1960 y 1970, desde fines del siglo XIX Honduras fue gobernada básicamente por un sistema bipartidista donde predominaron candidaturas del Partido Liberal de centroderecha y reformista, y el Partido Nacional de derecha conservador.

Por primera vez, otro partido (Libertad y Refundación-Libre) se ha alzado con el poder político, lo cual ha reestructurado la composición del parlamento y de los principales gobiernos locales, los cuales tienen un rol importante en la dinámica político-social del país. Esto se debe, en parte, a un conjunto de acuerdos políticos pactados entre Libre y otros partidos de centro y hasta de centroderecha, en lo que se denominó la Unión Nacional Opositora de Honduras-Unoh.

De esta manera, el devenir político, la gobernabilidad y la recomposición de la calidad democrática del país estará marcada por el presidencialismo de coalición. Y mantener unida a esta alianza multipartidaria, tanto en el seno del gabinete de gobierno, como en las relaciones Ejecutivo-Legislativo, demandará de una alta dosis de realismo, tolerancia, diálogo y responsabilidad al interior de la emergente clase dirigente.

Lo mismo se podría afirmar con relación a la conformación de las autoridades del poder Judicial, ya que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la República son nombrados por el Congreso, para períodos de siete y cinco años, respectivamente.

En enero de 2022, Xiomara Castro asumirá un gobierno con gran capital político, pero tras una “década trágica”, el desafío de refundar la democracia hondureña es inmenso. La mayoría esperamos que dicho mandato sea exitoso, consecuente, honesto, y republicano, y que inaugure un período de prosperidad, paz y desarrollo para Honduras. Así, y solamente así, podremos afirmar que la fuerza del argumento ha finalmente vencido al argumento de la fuerza en el país centroamericano.

K-pop: del fanatismo musical al activismo político

Durante las protestas sociales del 2020 y 2021 en Chile, Colombia y Perú, los fanáticos latinoamericanos del K-pop —música y cultura popular coreana que mezcla ritmos, estilos, rutinas de baile y tiene una estética definida— pasaron de utilizar las redes sociales para apoyar a sus artistas favoritos a aprovecharlas para sabotear los hashtags de influencers conservadores que desacreditaban las movilizaciones. A través de acciones coordinadas, los jóvenes lograron burlar y minimizar el contenido político a favor Sebastián Piñera, Manuel Merino y el Uribismo. Lo hicieron, publicando masivamente fancams, es decir, GIFs, imágenes y memes de sus artistas coreanos. 

Esta participación coordinada, conocida como slacktivismo o ciberactivismo, se caracteriza por el uso de la tecnología, en especial de internet, para expresar insatisfacción sobre temas específicos. Para ciertos especialistas, esta no es una forma veraz de participación, sino más bien un conjunto de acciones que se facilitan gracias a las dinámicas de la red, pues no hay un involucramiento o impacto “real” en la vida política de los países en cuestión. 

Pero lo cierto es que las acciones de los k-popers en Twitter sorprendió a los gobiernos latinoamericanos afectados, que ante el desconocimiento actuaron con cierta ligereza y exageración, llegando a catalogar las iniciativas como ciberterrorismo auspiciado por la izquierda radical internacional. Esto provocó burlas y dejó en evidencia la distancia entre la política tradicional y estas emergentes formas de acción social.       

Twitter, fandom y fanbase en América Latina

Twitter, y recientemente Tik-Tok, son por excelencia las redes sociales del K-pop y sus seguidores las han empleado para apoyar a sus artistas favoritos. Esta comunidad global, altamente coordinada, ha llegado a desarrollar una jerga para comunicarse y coordinar las acciones virtuales, ya sea para votaciones de premios como los Asian Artist Award, el cumpleaños de sus ídolos o hacer viral un lanzamiento musical. 

Usualmente, cada grupo musical de K-pop, —BTS y NTC son los más populares— tiene su propio grupo de fans o fandom. El fandom de BTS es conocido como ARMY (Adorable Representative M.C. for Youth) y tiene un conjunto de cuentas en Twitter denominadas Fanbase que están organizadas geográficamente y tienen miles de seguidores. En América Latina hay un significativo número de cuentas en países como Chile, Colombia o Perú, aunque la cuenta peruana fue suspendida recientemente. 

Estos fandoms, se caracterizan por manipular los algoritmos de las redes a su favor y lo hacen básicamente a través de tres acciones recurrentes. En primer lugar, los fandoms se organizan anualmente para que sus agrupaciones favoritas ganen en las votaciones de premios musicales. Esta dinámica global, conocida como “figthing” o batalla, es altamente competitiva y se inició en el 2016 con los Asian Artist Award y se popularizó en occidente con los American Music Award o los Billboard Music Award donde se premia a la banda con más votos en Twitter o en la página oficial.

La segunda acción a la que recurren los K-popers es el “Streaming o listening party” y consiste en que previo al lanzamiento de una nueva canción o álbum los fanbase instruyen a los seguidores, en su propia jerga, indicando un día y una hora para cada fan publique una foto con el hashtag y la foto de la canción que están reproduciendo y así convertirla en tendencia global.

Y la tercera acción, conocida como “limpiar hashtags”, es una táctica para contrarrestar el contenido publicado en Twitter que busca desprestigiar el K-pop. Dicho contenido siempre está acompañado de hashtags que dicen cosas negativas sobre sus artistas. En respuesta, el fandom inicia la limpieza de estas publicaciones, identificando estos hashtags para luego emplearlos a su favor, es decir, cambiando ligeramente su forma y contenido e incluyendo en ellos fancams. Una vez realizadas estas acciones, se publican masivamente. Como resultado, el contenido malintencionado se convierte en spam debido a su alto volumen de publicaciones, además de ser simultáneamente denunciado por los mismos K-popers, haciéndolo desaparecer eventualmente como tema sugerido en la plataforma.

Como se puede evidenciar, estos comportamientos virtuales requieren de un alto nivel de coordinación, tiempo y compromiso. Una clara muestra de ello fue la “limpieza de hashtags” empleada por los K-popers latinoamericanos durante su participación en las protestas. Una vez que estos fans identificaron los hashtags conservadores, los modificaron con fancams, los publicaron masivamente y los denunciaron para convertirlos en spam. Sin embargo, para que esto sucediera, este contenido originalmente catalogado como “político” por Twitter debía cambiar. Para ello, lo plagaron con fancams de sus artistas favoritos, haciendo que rápidamente que su catalogación pasara a ser “entretenimiento” o “K-pop”. Hecho lo anterior, solo era cuestión de tiempo para que se convirtiera en spam, reduciendo así su impacto drásticamente. 

Esto es lo que sucedió en Chile, Colombia y Perú durante las protestas a pesar de que ninguno de estos se encuentra entre los principales países productores de contenido K-pop. Sin embargo, según la jefe de asociaciones globales de K-pop y Kcontent, Yeon Jeong, varios países latinoamericanos tienen una gran cantidad de fans. Brasil es el primer país de la región y el sexto a nivel mundial con más cuentas activas de Twitter. Le sigue México en el octavo lugar del mundo, Argentina en el doceavo, Perú en el decimonoveno y Colombia en el veinteavo.

Las acciones llevadas a cabo en los tres países por los K-popers no es ciberterrorismo. De hecho, si consideramos que esta industria domina la conversación global en Twitter con una producción de 7.500 millones de trinos en 2020, superando temas como el Covid-19, la crisis climática y el descontento social, es evidente que lo sucedido en las protestas fue solo una pequeña muestra del alcance que estas movilizaciones pueden tener. 

Polarización a la alza, confianza a la baja

El día siguiente a las “elecciones presidenciales” en Nicaragua, el “ganador” Daniel Ortega mencionó que los siete aspirantes presidenciales eran “hijos de perra de los imperialistas yanquis”. Encarcelados por supuesta “traición a la patria”, Ortega mencionó que ya “no son nicaragüenses” y que deberían llevarselos a Estados Unidos porque ya “no tienen patria”. Estas palabras, ejemplifican a la perfección la polarización política actual en gran parte de la región.

¿Dónde se origina esta dinámica?

El reconocido politólogo italiano, Giovanni Sartori, escribió en su libro Partidos y sistema de partidos: marco para un análisis, que la polarización política se puede entender como la distancia ideológica entre candidatos, partidos y votantes, es decir, se trata de un aspecto más de la dinámica democrática. Así como en un momento determinado puede haber diálogo y consenso, en otro habrá polarización debido a la heterogeneidad de las posiciones políticas.

Pero en la actualidad, como señalan algunos estudios, la polarización tiene un ingrediente menos empírico y más político-afectivo que la distingue del pasado y que la convierte en un problema estructural de las democracias actuales.

La polarización política deja de ser parte de la pluralidad democrática cuando se entrelazan tres elementos. En primer lugar, cuando los actores políticos rechazan participar bajo las reglas del juego democrático. En segundo lugar, cuando la pluralidad se va alineando hacia dos tendencias que convierten a la política en una zona de conflicto y no de diálogo. Y en último lugar, cuando se institucionaliza un discurso que refuerza una dimensión afectiva que se extiende más allá de lo político y atribuye características físicas e ideológicas negativas que se convierten en diferencias irreconciliables entre las dos tendencias.

Actualmente, vemos este tipo de polarización, por ejemplo, en las redes sociales. En ellas proliferan publicaciones que destacan “cualidades negativas” del “otro” y propician reacciones divisivas en las personas: te identificas con “nosotros” o con “ellos”. En este contexto, las palabras del presidente de Nicaragua cumplen con las caracterísiticas y alientan el proceso de polarización actual. Veamos.

En este quinto mandato, su rechazo a las reglas del juego —el primer elemento— se refleja a través del encarcelamiento de sus oponentes previo a la jornada electoral, de no permitir observadores electorales y de promover el voto por acarreo durante la jornada. Estos son claros indicios de un regímen que no favorece la pluralidad ni permite la presencia de adversarios.

Al mentar a sus opositores como “imperalistas yanquis”, Ortega reduce la pluralidad social a dos tendencias —segundo elemento—, por un lado quienes lo apoyan y por lo tanto son patriotas y buenas personas y, por otro lado, quienes son leales a intereses extranjeros y malas personas. Esta dicotomia identitaria exige a sus oyentes una elección.

Daniel Ortega añade la dimensión afectiva —tercer elemento— al mencionar que sus opositores no son nicaragüenses y que ya no tienen patria. Es decir, despojándolos de toda legitimidad, no sólo política sino moral, ya que vincula su disidencia con una marca valorativa: estar en mi contra es estar contra la patria.

En un régimen que no ha devenido en una dictadura “electoral”, este tipo de polarización pone en duda la labor de la democracia para ofrecer un clima de debate y reflexión. De esta manera, las personas prefieran responder a discursos que proponen soluciones tajantes optando por alimentar la polarización política.

¿Quién puede estar a salvo de la mirada inquisidora de aquellos que sienten que su patria sí les pertenece? La construcción de esa frontera, no sólo es un discurso político, es una discurso afectivo y emocional que inculca desconfianza en las personas hacia los demás. Esto está corroborado por los datos del Latinobarómetro 2021. Según el informe, América Latina es la región más desconfiada del planeta. Mientras que en el resto del mundo la confianza interpersonal, en promedio, es del 29% entre los encuestados, en nuestra región es tan sólo del 9%.

En el informe del Latinobarómetro del año anterior, se señala que “América Latina cae a su punto más bajo de confianza interpersonal desde 1996, llegando a 12%, lo que representa una disminución de dos puntos porcentuales respecto del 14% que logró en 2018.”

Actualmente y en el marco de una triple crisis de carácter económica, sanitaria y política, la polarización es un catalizador de esa sensación de desconfianza hacia los demás. La desigualdad en la región lleva a los latinoamericanos a desconfiar de las personas a su lado, pero no por considerarlas una amenaza, sino porque ante la precariedad la prioridad es “luchar” por la sobrevivencia.

Los discursos políticos como el de Daniel Ortega, no sólo son una transgresión flagrante a los valores y principios de la democracia, son una incitación a sembrar la desconfianza en el otro, en el que piensa diferente, en el que no se ve como yo, en el que habla con un acento diferente, en el que no es “nicaragüense”, “mexicano”, “venezolano”. La polarización construida sobre una dimensión afectiva destruye toda confianza interpersonal.


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Foto de Jesús Villaseca Pérez. em Foter

¿Cuánto tiempo le queda al proyecto de AMLO?

El 1º de diciembre Andrés Manuel López Obrador se encontrará a la mitad de su gobierno al cumplir tres años de haber asumido la Presidencia en México. Es el presidente más votado en la era democrática en México, con 53% de los votos. El último presidente que había llegado con un porcentaje aplastante de votos fue Miguel de la Madrid en 1982, con más del 70%, pero México aún vivía bajo el autoritarismo del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El sistema político mexicano cambió a partir de 1997. Desde entonces, no había habido un gobierno unificado como el que logró López Obrador en 2018. Los gobiernos anteriores: Ernesto Zedillo (entre 1997-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña (2012 y 2018) fueron divididos y yuxtapuestos. El partido del presidente no controlaba el poder legislativo federal ni tenía una mayoría importante de gubernaturas en los estados.

En esos años México vivió una era democráticamente intensa, con un sistema de partidos de pluralismo moderado con tres fuerzas políticas relevantes, PRI, PAN y PRD. El presidente debía negociar con los líderes de partidos; y por otro lado, los gobernadores y presidentes municipales se organizaban para hacer contrapeso al presidencialismo centralizador y favorecer el federalismo. Para ampliar el control del poder de manera horizontal, se crearon órganos constitucionales autónomos encabezados por personas expertas sobre materias específicas.

Una democracia ineficiente

Pero esta democracia no era eficiente en relación a la intensidad de las demandas y los rezagos históricos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2017, los problemas más apremiantes para la población mexicana eran la inseguridad, la delincuencia, la pobreza y la desigualdad, apenas después aparecía la corrupción.

López Obrador supo leer bien el momento, notó el descontento con la clase política, y centró su campaña en la lucha contra la corrupción como el principal problema del país. En las elecciones de 2018 colapsó el sistema de partidos, el PRI quedó en tercer lugar, y MORENA, el partido que él creó apenas en 2012, ganó en prácticamente todos los estados, además de obtener una importante mayoría en el poder legislativo junto sus aliados.

La oposición en su conjunto quedó con poca capacidad de operación, lo que generó desbandadas hacia el partido del presidente. Una vez en el poder, AMLO creó una narrativa en torno a la “Cuarta Transformación” (4T), un slogan para identificar a su gobierno, que sumado a una estrategia de permanente polarización, ha tenido éxito en hacer creer a una gran parte de la población que está instaurando un nuevo régimen. En las elecciones intermedias de 2021 MORENA ganó once de las quince gubernaturas en disputa, nuevamente la mayoría en el legislativo —con sus aliados—, y obtuvo significativas mayorías en los legislativos subnacionales.

López Obrador en su encrucijada

Pero la legitimidad se pierde o aumenta en función de la eficiencia y eficacia. Y allí los números no le favorecen. De 2018 a 2020, según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el número de pobres aumentó de del 41.9% al 43.9%, la OCDE informó que la clase media pasó de 53.5 millones de personas en 2018 a 47.2 en 2020. Y si bien el gobierno ha señalado que son consecuencias de la COVID-19, también es cierto que México es uno de los países con los peores indicadores respecto a la gestión de la pandemia a nivel mundial.

En cuanto a la corrupción, principal bandera del gobierno, según el World Justice Project, México retrocedió catorce lugares, ubicándose en el lugar 121 de 126 países. Su política social se ha centrado en aumentar recursos para otorgarlos como becas, apoyos, créditos, entre otros instrumentos, pero su diseño padece de graves falencias institucionales y operativas, y se han convertido más que nada en instrumentos de clientelismo electoral.  

Durante su gobierno se militarizó formalmente la seguridad pública, al crear la Guardia Nacional con elementos de las Fuerzas Armadas, a quienes también dejó en sus manos diversas tareas civiles como la construcción de un nuevo Aeropuerto, de una refinería, de una línea de tren, la gestión del Banco del Bienestar, recientemente creado, la operación de las aduanas y el control de la migración, entre otras. Esta estrategia es peligrosa, porque politiza a las Fuerzas Armadas y fomenta la opacidad en la gestión.

En lo que resta de su gobierno, López Obrador deberá enfrentar muchos retos. Ha revivido algunas prácticas del sistema presidencial mexicano que se habían desvanecido, como el culto a la personalidad, el centralismo decisional, obras faraónicas, una política social basada en asignaciones directas y dádivas, entre otras. Pero el sistema político mexicano mantiene reglas no escritas muy rígidas que ningún presidente fuerte políticamente ha logrado modificar.

AMLO conoce muy bien el sistema, pero ha caído en la misma tentación que algunos de sus antecesores. En México la reelección presidencial no existe constitucionalmente y es impensable políticamente. En julio de 2021 López Obrador y su partido introdujeron la figura de “revocación de mandato” en la constitución, y han distorsionado el espíritu de la letra, tratado que sea visto como una “ratificación de mandato”. Ello ha deslizado la idea de un posible intento de modificar su periodo constitucional.

Otra lectura tiene que ver con su propia posición política dentro de su movimiento. A partir del tercer año los presidentes en México comienzan a perder poder, los actores que lo rodean empiezan a moverse estratégicamente pensando en su futuro político. Por ello López Obrador se ha rodeado de un gabinete que supera en promedio los 65 años, y la mayoría están por jubilarse. Solo su canciller, Marcelo Ebrad, y la actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, muy cercanos a su proyecto político, se han posicionado como naturales sucesores. Pero literalmente los controla.

Activar la “revocación del mandato” traducida como “ratificación”, puede frenar las ambiciones de sus colaboradores ante la idea: “yo mando hasta el final”. Empero, López Obrador necesita un partido fuerte, pero MORENA tiene muy baja institucionalización, es una coalición de posiciones políticas pragmáticas y una mezcla de ideologías incluso contradictorias, por lo que difícilmente se puede clasificar como un partido de izquierda, pero subiste porque su cohesión se basa en la lealtad al líder.

En los próximos meses, es muy probable que López Obrador recurra a amplias movilizaciones y profundice su estrategia de polarización para mantener vivo el proyecto que lo llevó a la presidencia. Pero esto será, a su vez, una muestra de que su poder se desvanece, como el de todos los presidentes fuertes que han gobernado México.

Foto de Eneas em Foter


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Juan Orlando Hernández, un presidente en busca de un destino

Hace un mes, en vísperas de las elecciones que se celebran hoy en Honduras, el gobierno firmó un acuerdo con Nicaragua respecto a su soberanía en el golfo de Fonseca. El acuerdo implica el cese de las reiteradas acciones de la Fuerza Naval nicaragüense contra los pescadores hondureños, acciones que, a pesar del fallo, se han reiterado a lo largo de estos años. Esta es para Daniel Ortega la manera de desconocer tácitamente el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y para Juan Orlando Hernández (JOH), la forma de allanar el camino de cara al fin de su mandato y el probable inicio de su persecución judicial internacional.

Un acuerdo con objetivos personales

El acuerdo ha sido recibido con absoluto silencio por parte de los partidarios del saliente presidente JOH y con numerosas críticas desde la oposición y sectores independientes. Y es que el acuerdo sería innecesario ya que no tiene sentido ratificar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del año 1992. Pero ambos gobiernos han indicado que de esta forma Nicaragua reconoce explícitamente que su frontera marítima en el golfo de Fonseca es con Honduras y que, aunque no lo citan, los límites salvadoreños terminan en este último.

El acuerdo se firma en un momento clave para ambos mandatarios. Daniel Ortega viene de una elección sumamente cuestionada a nivel internacional y JOH se enfrenta al fin de su presidencia y ya está pensando en un posible refugio legal. Y es que tanto él, como varios personajes de su entorno, temen que la justicia de Estados Unidos solicite su extradición debido a la supuesta vinculación con el narcotráfico.

De momento, todo indica que la oposición ganará las elecciones presidenciales en Honduras lo cual agravaría su situación aún más dentro mismo del país. Y su delfín, Nasry Asfura, aun en el hipotético caso de resultar ganador, tampoco le ofrece muchas seguridades de protección.

Una búsqueda febril

Ante el fin de su inmunidad, el presidente estaría buscando alternativas para refugiarse ya que la inmunidad que le daría su asunción como diputado al Parlacen, lo cual le corresponde automáticamente como ex presidente, no sería escudo suficiente para evadir a la Justicia de Estados Unidos.

En esa búsqueda por blindarse ante la justicia, JOH y sus colaboradores más cercanos impulsaron en los últimos años las criticadas Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo. Estas ZEDE, ubicadas en ciertas zonas de Honduras y que tienen un tipo de división administrativa independiente, sujeta al gobierno nacional y provista de un alto nivel de autonomía con un sistema político propio, tanto a nivel judicial, económico y administrativo.

Las ZEDE podrían ser refugio para una primera etapa. Y es que las que ya están instaladas no podrían ser desmanteladas sin antes acudir a instancias internacionales, cuyos fallos, aunque fueren favorables al Estado hondureño, implicarían el pago de sumas multimillonarias a los propietarios para poder demolerlas. A pesar del rechazo de la ciudadanía a través de municipios y entidades de la sociedad civil, tres de las ZEDE siguen adelante.

Otras supuestas posibilidades, manejadas por analistas hondureños, serían refugiarse en Israel o Taiwán, pero en ambos casos, el vínculo de estos países con Estados Unidos lo haría inviable. Queda entonces el más confiable aliado de JOH, el ex guerrillero Daniel Ortega, el primer presidente en aceptar su triunfo en 2013 y en 2017. Además, el nicaragüense ya ha demostrado su “solidaridad” con ex pares en apuros legales, como el ex presidente salvadoreño Mauricio Funes, quien no solo encontró amparo, sino empleo en la Cancillería nicaragüense, además de la nacionalidad nicaragüense.

¿Un nuevo fraude?

De todos modos, antes de mudarse a Managua, a JOH le quedaría el recurso de un nuevo fraude, al igual que en 2017. Sin embargo, en esta ocasión, ya no contaría con el aval de Washington ni de la OEA, cuyo secretario general sigue a rajatabla las “instrucciones” del Departamento de Estado.

Si eventualmente algunos líderes del oficialista Partido Nacional se atrevieran a comentar un nuevo fraude, Daniel Ortega sería el primero en aceptar la situación y avalar el “triunfo”. Pero habría que ver qué posición asumiría el presidenciable nacionalista, Nasry “Tito” Asfura. Este podría negarse a ser parte de un fraude, no tanto por cuestiones morales o éticas, sino porque asumiría el puesto bajo una gran presión y sin el apoyo que tuvo JOH tras su propio fraude.

Ante la complejidad de los diferentes escenarios, es probable que Nicaragua sea la mejor opción del futuro ex presidente de Honduras. Según declaraciones del analista hondureño Edgar Soriano al periódico El Libertador, “el jefe del Estado hondureño y la gente que le rodea están anteponiendo sus intereses personales para cuidar su futuro una vez que termine su mandato ilegal a inicios del año 2022”. Y en esta línea, el analista agregó que “Nicaragua podría ser el destino para un exilio del actual líder del Partido Nacional”.

El intercambio “personal” de favores entre ambos mandatarios, por las dudas, no se detiene. Previo a las elecciones nicaragüense, Honduras se abstuvo en la OEA de votar una resolución pidiendo la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y presos políticos en Nicaragua. Además, en octubre, el gobierno hondureño donó a Nicaragua, a pesar de la pobre vacunación en su propio país, las vacunas que le fueron entregadas por Estados Unidos y habilitó centros de vacunación en puntos cercanos a la frontera común, facilitando la vacunación de sus vecinos.

Todo esto son puras especulaciones y hasta que no se acabe el período presidencial de JOH y se inicien efectivamente las investigaciones no conoceremos las verdaderas intenciones del actual presidente. Pero lo cierto es que todo indica que estaría preparando las maletas.

Más perdedores que ganadores en las elecciones regionales venezolanas

El resultado de las elecciones regionales del pasado domingo 21 en Venezuela, donde se eligió la renovación de los ejecutivos y legislativos de estados y municipios, no constituyó un cambio sustancial en el esquema político del país. Y si bien estas no son buenas noticias para la oposición, el resultado tampoco es positivo para el propio gobierno.

Más allá de algunas tibias mejoras como la suspensión momentánea de los encarcelamientos políticos y las inhabilitaciones de partidos, el sistema electoral venezolano sigue estando aún lejos de ser mínimamente competitivo. Esto ha sido documentado una vez más por la observación electoral internacional en su declaración preliminar.

Venezuela se enmarca en un sistema político hegemónico que mantiene precarias condiciones estructurales para cualquier candidatura distinta a la del partido oficial. Las arbitrariedades son habituales como se ha demostrado con el incumplimiento de los propios lapsos del Consejo Nacional Electoral (CNE) para publicar los resultados de la gobernación de Barinas.

El menguante desempeño electoral del chavismo

Históricamente, las elecciones regionales en Venezuela no despiertan el mismo interés de participación que la elección presidencial. Esto, en muchas ocasiones, ha sido capitalizado electoralmente por el gobierno quien disponía abusivamente de recursos económicos, logísticos y comunicacionales del Estado para promover sus candidatos.

En aquellas convocatorias, la abstención castigaba principalmente a las candidaturas opositoras. Sin embargo, en esta elección la abstención —más del 53%—, no solo afectó a las candidaturas opositoras, que se presentaron divididas, también golpeó muy duro a los candidatos del gobierno. Esto sugiere que, de haberse coordinado candidaturas opositoras unitarias, estas podrían haber disputado 14 gobernaciones.

De las 23 gobernaciones del país, el oficialismo obtuvo hasta el momento 18, mientras que la oposición ha ganado tres (a la espera de los resultados de Barinas). Por otra parte, de las 322 alcaldías del país el chavismo ganó 205, mientras que las 117 restantes fueron conquistadas por políticos no alineados al chavismo. Este número de alcaldías duplica las obtenidas en las elecciones regionales del 2008 en las que la oposición fue unida en una fórmula electoral unitaria.

Por otro lado, en esta elección el chavismo ha obtenido los registros más bajos de apoyo en las zonas rurales y periféricas del país, regiones donde tradicionalmente se fundamentó su raudal electoral. Pero actualmente, la pandemia, la crisis humanitaria y la miseria golpean más fuerte, la recuperación social es más difícil y la promesa oficial convence menos. Esto pudo observarse en las escaramuzas y las adjudicaciones arbitrarias de candidaturas reportadas en las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Las oposiciones y su reflejo electoral

Ante esta situación interna del chavismo, pareciera que su principal apuesta estratégica no fue mejorar sus candidaturas o renovar su mensaje, sino insistir en la división de la oposición. El oficialismo no sólo intentó incidir en el clivaje entre electoralistas y abstencionistas, que data desde finales del 2017, sino también entre las candidaturas que se presentaban. De esta manera, la oposición terminó restándose votos entre sí, siendo los casos más notorios el del Municipio Libertador en Caracas, Miranda, Mérida, Táchira y Bolívar.

¿Habría financiado el gobierno estas campañas divisorias? quizá nunca podremos saberlo ya que, dentro de la legislación electoral vigente, los patrocinadores y aportes de las campañas se declaran al CNE pero no se publican.

La coalición opositora, Mesa de la Unidad Democrática, que fuera la opción más votada en las elecciones parlamentarias del 2015, hoy es una sombra de lo que fue debido a las profundas y públicas divisiones de su dirigencia y militancia. Desde la convocatoria a estas elecciones la descoordinación comunicacional, la desorganización y sobre todo la indisciplina en el manejo interno de sus diferencias, erosionó la credibilidad de muchas de sus candidaturas. Ante esta situación, emergió un nuevo partido, Fuerza Vecinal, que en su año de existencia ha logrado la Gobernación del estado Nueva Esparta, así como otras siete alcaldías.

Al desánimo electoral y la fragmentación de la oposición, se suman otros factores que han debilitado a la oposición. La errática conducción interna, producto en buena medida del hostigamiento gubernamental al activismo político y las dificultades de acceso a financiación, así como el desaliento electoral que el propio “gobierno interino” de Juan Guaidó ha promovido sostenidamente desde 2019, han aportado al desánimo de los opositores.

En este marco, a pesar de la tibia victoria del oficialismo, parecería que los resultados vuelven a ponderar posibilidades de re-articulación en la oposición y algunos de sus voceros han mencionado, nuevamente, la necesidad de una unidad estratégica alrededor de la movilización electoral como mecanismo de agregación política.

En suma, los resultados de estas elecciones regionales podrían constituir un punto de inflexión en el reacomodo de los segmentos que componen a la oposición de cara a escenarios futuros. Entretanto, la ciudadanía que no migra sigue desmovilizada, desasistida y sobrellevando la vida como puede en medio de una profunda crisis humanitaria.


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La crisis climática requiere transferencia de tecnología

Coautor Leonardo E. Stanley

La tecnología limpia ha evolucionado. No solo resulta factible producir energía renovable a gran escala, también resulta más rentable. Pero el costo de una turbina eólica instalada en la Patagonia es mucho mayor que una instalada en Dusseldorf. En Sudamérica, esta tecnología confronta un costo de capital que resulta prohibitivo. Y es que los países en desarrollo carecen de la tecnología y deben importar los bienes de capital, así como los insumos asociados. El acceso a la frontera tecnológica es un factor presente en todo proceso de transformación productiva e industrialización, y esto genera conflictos entre quienes cuentan con el conocimiento y quienes no.

Hoy las negociaciones por la tecnología ocurren a la sombra de un derecho internacional económico marcado por el paradigma neoliberal, donde la ciencia y la técnica ocupan un lugar de privilegio en el orden jurídico y en el proceso de acumulación. El andamiaje legal de la inversión extranjera y la propiedad intelectual restringe la transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo. Esto resulta de los diferentes acuerdos bilaterales como del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que regulan la inversión extranjera y la tecnología con un sesgo pro inversor.

La tensión entre quienes detentan la tecnología y quienes tienen que asumir compromisos climáticos se enmarca en un contexto de creciente consenso a favor de acciones concretas por la crisis ambiental. Inicialmente localizada en países desarrollados, la “ola verde” ha ganando adeptos en todo el mundo. Todo comenzó con la publicación del informe del club de Roma en 1972 y los primeros cuestionamientos a la industria petrolera. Con la Declaración de Río en 1992, la temática ambiental llegó al ámbito multilateral. Lentamente los derechos ilimitados que beneficiaban a los inversores comenzaron a ser cuestionados.

Lenta pero inexorablemente la industria limpia que iniciaba su marcha por aquellos días hoy ha alcanzado tal madurez que nos permite terminar con el reinado del “oro negro”. Pero, así como por un lado tenemos el desafío de la crisis climática, por el otro tenemos la disciplina económica y legal. Y en este marco, la crisis climática vino entre otras cosas a cuestionar lo acotado del esquema de transferencia de tecnología. La gravedad del momento plantea la necesidad de transformarlo, ya. 

Lamentablemente, las buenas intenciones no bastan. Alcanza con detenerse en los diversos arbitrajes internacionales iniciados contra los Estados que intentaron terminar con la producción energética en base a carbón y se vieron demandados por las empresas del sector. Las empresas petroleras, que idearon estos mecanismos para protegerse de los cambios que prometían la descolonización, hoy los utilizan para protegerse de los cambios necesarios para hacer frente a la crisis climática. El Tratado de Energía terminó consagrando derechos que resultan perjudiciales al proceso de transición.

Lo mismo podría pasar en Sudamérica si los países se decidieran a limitar, o bien prohibir, las centrales a carbón o la actividad petrolera. Los inversores podrían amenazar o demandarlos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), esquema asociado al Banco Mundial. La buena noticia es que esta última entidad reconoce la necesidad de avanzar con la transición. La mala, es que hace poco para transformar el esquema legal e institucional que ayudo a instaurar cuatro décadas atrás y que hoy traba el proceso.

Afortunadamente va surgiendo un consenso en pos de transformar el derecho internacional que dificulta la transferencia de tecnología y que protege de forma excesiva a los inversores extranjeros. Los expertos Karl Sauvant y Howard Mann plantearon hace algunos años ir hacia un esquema de inversiones extranjeras que priorice la calidad por sobre la cantidad, la equiparación de derechos, la mejora social, el cuidado del medio ambiente y la transparencia.

Una de los principales aspectos que destacan en lo económico es que la inversión debe promover la investigación y el desarrollo en el país huésped. Creemos que todo nuevo tratado también debería reconocer la transferencia tecnológica, otro aspecto clave al momento de discutir la transición energética en el Sur.

La visión regional

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) no sólo es una maravillosa usina de pensamiento regional, también es una de las pocas organizaciones que ha defendido la importancia de la diversificación productiva y el avance tecnológico para sacar a la región del retraso económico y social. En función de ello, la problemática de la transferencia de tecnología siempre estuvo presente en la elaboración de sus propuestas (así como en el manual de la Comunidad Andina de Naciones – CAN). Si antes destacaba la necesidad de acceder al conocimiento técnico para avanzar con la industrialización, hoy resalta la importancia que adquiere el acceso para resolver también lo ambiental, incluido la lucha contra el cambio climático.

Pero aún cuando existen numerosos estudios que abordan la problemática ambiental, poco se dice de la restricción institucional a la que está sometida la región en virtud de la legalidad neoliberal imperante. Dicha laguna debe ser tratada con los países desarrollados para que las promesas se transformen en soluciones. La comunidad internacional tiene que repensar las reglas internacionales que gobiernan la propiedad intelectual y el régimen de promoción, protección y facilitación de inversiones extranjeras.

La gestión estatal de la pandemia

Pocos problemas sociales han generado tanta información e indicadores como la pandemia del COVID-19 y su gestión. Pese a ello, no resulta sencillo aportar evidencias definitivas sobre éxitos o fracasos de las políticas adoptadas para controlar o reducir sus consecuencias. En primer lugar, porque la pandemia aún no terminó y sus diferentes olas muestran que en algunos países aparentemente “exitosos”, los resultados resultaron ser efímeros cuando una nueva cepa los hizo retroceder en los rankings que dan cuenta de los avatares de esta guerra sanitaria. Y en segundo lugar, porque ciertos factores geográficos, demográficos, culturales y hasta étnicos, podrían explicar éxitos comparativamente mayores, sin que el resultado haya dependido necesaria o principalmente de la acción estatal.

Ya transcurrió un año y medio desde que comenzó la pandemia. La crisis global y sistémica que originó, comprometió la capacidad de gestión de los gobiernos de todo el mundo. En mayor o menor medida, todos ellos adoptaron cuatro tipos de políticas: el aislamiento poblacional y cierre de actividades; detección, seguimiento y atención de la enfermedad, incluyendo testeos y campañas de vacunación; compensación parcial de los efectos negativos producidos por el virtual cese de actividades; y comunicación pública, con propósitos de informar, prevenir y convencer a la población acerca de los comportamientos exigidos o deseables ante la emergencia.

Para ello, los gobiernos diseñaron diversas estrategias de acción y pusieron en juego todos los recursos a su disposición para contener la propagación de la enfermedad, atender y rehabilitar a los enfermos, minimizar el número de víctimas fatales y reducir los efectos indeseables de las políticas adoptadas.

Las estadísticas demuestran, de modo elocuente, que los resultados logrados en cada país fueron muy diferentes, como también lo fueron la intensidad u oportunidad de las políticas adoptadas. El grado de aislamiento y confinamiento de la población no solo muestra diferencias entre países, sino que la rigurosidad de las medidas varió sucesivamente según fases, rebrotes y nuevas cepas del coronavirus.

El rastreo de posibles infectados, el número de testeos realizados, el índice de letalidad y el ritmo de vacunación fueron también muy diferentes según países. En algunos de ellos, la intervención estatal en el salvataje de empresas cerradas o de familias y trabajadores sin ingresos fue amplia y generosa, en otros fue inexistente. Hubo gobiernos que organizaron intensas campañas de comunicación y difusión, en tanto otros prescindieron totalmente de ellas.

En parte, las diferentes estrategias elegidas dependieron de la particular coyuntura en que la pandemia sorprendió a los distintos países. Si bien en todas partes la crisis sanitaria exigió desviar recursos presupuestarios para atender los costos directos e indirectos de la crisis sanitaria, las condiciones de partida de cada país fueron muy diferentes. Factores como la magnitud del déficit fiscal, el nivel y distribución del ingreso, las reservas de divisas, los índices de desempleo y el trabajo informal o el grado de dependencia de los sectores marginales de transferencias estatales no condicionadas varían entre países.

La disponibilidad de infraestructura y la capacidad logística disponible, en cada país, también tuvieron un peso importante, sobre todo en materia de salud, transporte y comunicaciones.  

Otros factores diferenciales como el tamaño, cantidad de población y carácter insular de los países pueden haber tenido alguna gravitación en los resultados que cada uno de ellos logró en su lucha contra el virus. Y hasta podríamos agregar otros factores distintivos, como alineamientos internacionales, momento del proceso preelectoral, valores culturales predominantes o grado de democratización y confianza en las autoridades.

Esta enumeración, lejos de ser exhaustiva, nos deja al menos más cerca de poder aislar y atribuir a la relativa capacidad institucional de los países y sus gobiernos una parte de la explicación de los disímiles resultados que consiguieron, hasta ahora, en esta singular guerra pandémica. ¿Qué nos queda?

Tal vez la capacidad institucional más relevante, en un escenario tan complejo e intrincado como este, ha sido la de ejercer un liderazgo estratégico, es decir, ofrecer la conducción y la inspiración necesarias para generar y poner en marcha una visión compartida, una misión donde el conjunto de la sociedad se viera reflejada en una voluntad colectiva de lograr un objetivo común.

Pero ello también suponía otras capacidades, que debían estar institucionalizadas previamente y no podían improvisarse en medio de una crisis. Por ejemplo, las de planificar, programar, negociar, coordinar, monitorear y controlar. O las de innovar, comunicar y convencer, subordinando especulaciones políticas.

No estoy seguro si la consideración del conjunto de factores mencionados ayudaría a explicar, caso por caso, los variados resultados que los países y sus gobiernos han logrado en la contención de la pandemia y sus consecuencias. Futuros diagnósticos probablemente nos darán mejores respuestas.

Queda, por otro lado, un amplio terreno de especulación contrafáctica que la academia, la prensa y las oposiciones políticas han planteado casi a diario: ¿Qué hubiera ocurrido si las cuarentenas y confinamientos hubieran sido menos prolongados, reduciendo las serias consecuencias económicas negativas de inmovilizar la actividad productiva? ¿Si se hubiera dispuesto tempranamente un cierre de escuelas selectivo, evitando los costos pedagógicos y sociales que se impuso a toda una generación de estudiantes? ¿Si en lugar de asumir comportamientos demagógicos y supuestamente tranquilizadores -como negar públicamente la amenaza del virus-, algunos líderes políticos hubieran mostrado actitudes más responsables? o ¿Si la comunidad internacional hubiese desempeñado un papel más activo en evitar las desigualdades entre países y clases sociales, exacerbadas por la pandemia?

Podríamos seguir imaginando otras posibles situaciones, pero el razonamiento contrafáctico deberá ser contrapuesto a la evidencia que produzcan los estudios de caso en futuras investigaciones sobre este apasionante tema.

*Este artículo es una versión del texto originalmente publicado en La Nación, Argentina


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¿Por qué Kast ganó a Boric en las 20 comunas más pobres?

Las recientes elecciones presidenciales en Chile sugieren una desconexión del principal candidato de izquierda con la clase baja, donde el candidato de extrema derecha goza de una fuerte popularidad. El 19 de diciembre Gabriel Boric, candidato por la coalición de izquierda Apruebo Dignidad y quien obtuvo casi un 26% de apoyo en la primera vuelta, se enfrentará a José Antonio Kast, candidato por el conservador Frente Social Cristiano y quien recibió cerca de 28% de los votos.

Cuando se anticipa una segunda vuelta electoral —tal como casi unánimemente se esperaba en Chile— y existen candidatos que apelan a distintos clivajes, los votantes tienden a votar sinceramente. En cambio, en la segunda vuelta el voto es más estratégico: aunque no guste mucho un proyecto, se apoya al menos malo. Considerando esto, la siguiente tabla muestra las preferencias (sinceras) en las 20 comunas más pobres del país. Estas 20 comunas se sitúan en 6 de las 16 regiones del país y están en el norte, centro y sur de Chile:

       Fuente: https://live.decidechile.cl/#/ev/2021.nov

Como se puede ver, Kast fue más votado que Boric en todas las comunas, recibió un apoyo promedio de 37,5% (36% fue la mediana), mientras que Boric recibió un promedio de 13,3% (mediana de 13,5%). En algunos casos, la diferencia fue abrumadora: Kast recibió 24 veces más votos en Colchane. La tabla no permite extrapolar las preferencias al resto del país ya que las comunas no son representativas ni demográfica ni geográficamente. Por ejemplo, los resultados en la Araucanía y Los Lagos probablemente están muy condicionados por el conflicto que se vive en la zona. Sin embargo, la tabla muestra una tendencia clara, y que se suma a lo que mostró la encuesta publicada a principios de noviembre por la consultora Activa. En ella, Kast lideraba las intenciones de voto en los grupos socioeconómicos “D” (clase baja, el grupo más numeroso con cerca del 37% de la población) y “E” (pobres, 13% de la población y el tercer grupo más grande). Un 21,3% de los encuestados decía que votaría por Kast, mientras que sólo un 13% por Boric.

El misterio

¿Cómo es posible que un pinochetista que apoya a una dictadura que fue tan represiva económica y humanitariamente con la clase baja sea más popular que un candidato surgido desde la protesta social con afán de representar demandas por mayor justicia social, y que ha hecho lo posible por encarnar los presuntos anhelos de la masiva revuelta que comenzó en octubre de 2019?

Una opción sería culpar a los votantes. En cierta sociología marxista, la “falsa conciencia” ocurre cuando los oprimidos son incapaces de reconocer la explotación que padecen en una sociedad capitalista. Su naturalización de las clases sociales, inducida por el control del discurso público por parte de la burguesía, les impide defender sus verdaderos intereses. Entonces, no sabrían distinguir con claridad qué candidato los representa mejor.  

Otra visión, menos condescendiente, sería ver qué preocupa a los grupos socioeconómicos más bajos. Cuando se revisa la información disponible, entonces el aparente misterio se desvanece.  

La encuesta de Activa destaca que los temas de mayor importancia desde la clase media acomodada (“C1”) a los pobres (“E”) son, en orden decreciente, delincuencia, pensiones, y salud. A estos les siguen en todos los grupos socioeconómicos, con algunas diferencias en orden, corrupción, inflación, desigualdad de ingresos, e inmigración.

Estos resultados son similares a los de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, publicada en septiembre, donde se muestra que las principales preocupaciones de los chilenos son, en orden decreciente, delincuencia, pensiones, salud, y educación. De manera similar, una encuesta realizada por la consultora internacional Ipsos mostró que el 74% de los chilenos cree que el país va por mal camino, el tema que más preocupa es el crimen y la violencia (41% de preferencias) seguido por pobreza y desigualdad (37%), y de los 27 países estudiados es donde más preocupa el control migratorio (32% de los encuestados).

Cuando se revisa la Primera Medición del Bienestar Social en Chile publicada en octubre por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se constata, sin sorpresa, que los dos deciles más pobres son los que más problemas aseguran tener en indicadores de bienestar como ingresos limitados e incapacidad para pagar deudas. Pero en muchos otros indicadores, como temor a ser víctimas de acoso callejero o delitos, presenciar delitos (por droga, balaceras, robos, etc.), síntomas de ansiedad y depresión, enfrentar problemas de medio ambiente, sus respuestas no son muy diferentes a las de los otros deciles.

En conjunto, estas encuestas revelan que pese a Chile ser el país con la mayor desigualdad de ingresos entre los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, existe una gran superposición en las principales preocupaciones de los chilenos. Aquí es donde los proyectos de los candidatos cobran relevancia.

El programa de Boric se centra en cuatro reformas: el acceso garantizado universal a la salud, pensiones dignas sin el sistema actual manejado por administradoras privadas, un sistema educativo público, gratuito y de calidad, y la conformación de un gobierno ecologista. Es decir, en los tres primeros puntos aborda preocupaciones relevantes para todos los grupos socioeconómicos, aunque ni en el programa ni en el discurso aborda el más importante, la delincuencia. También ha mostrado confusiones y debilidades en su proyecto económico, tema que usualmente evade. De hecho, se lo ve más cómodo hablando de feminismo o medioambiente que de inflación.   

El programa de Kast, por otro lado, es un mamotreto al que el propio candidato ha dado media espalda, así que es más razonable fijarse en lo que ha dicho. Durante la campaña, Kast ha destacado mucho más que Boric la lucha contra la delincuencia, mano dura contra la inmigración irregular, la importancia del crecimiento económico, e imponer orden para lograr la pacificación social. Si bien algunas de sus propuestas son extremas (como cavar zanjas en la frontera norte) o ridículas (desarrollar una “coordinación internacional antiradicales de izquierda”), aborda temas sensibles para todos los grupos socioeconómicos, con principal énfasis en la delincuencia y el orden para alcanzar el progreso.    

No existe ninguna incompatibilidad ideológica entre ser de izquierda y hacerse cargo de las causas y consecuencias de la delincuencia, racionalizar la inmigración, promover el crecimiento económico y garantizar la estabilidad social necesaria en toda democracia. Estas propuestas pueden ir de la mano con reformas necesarias en pensiones, salud, educación, medioambiente, e inequidad de género. Pero, por razones complejas, parte de la izquierda chilena no se siente cómoda abordando estos temas.

¿Estará la candidatura de Boric dispuesta a abordar desde una perspectiva progresista las banderas que hoy tienen a Kast como el candidato más fuerte? Quizás, aunque ya puede ser muy tarde para evitar el triunfo del candidato reaccionario.