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Una región, todas las voces

El desafío de las tecnologías digitales invasivas

Por
Bruno Nathansohn
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En las primeras décadas del siglo XXI, la tecnología digital está mostrando su cara más invasiva en diversos sectores de la vida humana. El uso de sistemas biométricos para la identificación forma parte de una nueva determinación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) como uno de los recursos para la gestión de los servicios a los migrantes refugiados. En América Latina, una iniciativa que implica el uso de herramientas tecnológicas es la Red Regional de Espacios Seguros en las Américas, que desarrollo e implementa una estrategia de protección regional para atender las necesidades de personas desplazadas. Pero si bien se reconoce la eficacia de las tecnologías digitales para responder a problemas sociales urgentes, también se plantea el dilema ético de los riesgos para la privacidad de las personas.

Entre las tecnologías digitales con fines humanitarios en sectores como los servicios gubernamentales, la inclusión financiera, la salud y la protección social, está el blockchain. Este sistema permite un almacenamiento distribuido por varias bases de datos en la nube, protegido por varias capas de claves criptográficas y que permite compartir grandes cantidades de datos mediante la recogida biométrica. Estos pueden recogerse mediante la identificación del iris, la cartografía facial, las huellas dactilares, el ácido desoxirribonucleico (ADN), la voz y la firma. En Bolivia, estas tecnologías se concentran en los sistemas de pago para el acceso a los alimentos. En el caso de México, por su parte, las tecnologías se centran en la producción de identidades electrónicas.

Mediante el despliegue y la gestión de blockchain en los campos de refugiados, se hace posible, por ejemplo, la compra de alimentos del Programa Mundial de Alimentos (PMA). Blockchain funciona como un registro electrónico en el que los datos personales se registran y son identificables sólo en el momento en que el usuario accede al sistema, sustituyendo las transacciones en efectivo por flujos de información.

Convergencia entre tecnología y protección de los derechos humanos

El marco jurídico relacionado con la protección de datos personales garantiza una convergencia entre la tecnología y la protección de los derechos humanos en el ámbito de la asistencia a los refugiados, de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales de las Personas de Interés para ACNUR. Esta convergencia puede demostrarse por la propia composición de las instituciones que están al frente de la aplicación de la guía de implementación del sistema para la asistencia humanitaria, denominada Manual de Protección de Datos en la Acción Humanitaria.

Para la ayuda humanitaria, blockchain funciona, en cierto modo, como contrapunto al uso de sistemas de seguridad dedicados a la vigilancia. Por otra parte, el despliegue de esta tecnología puede servir para diversos fines, lo que plantea importantes cuestiones éticas si no se hace con transparencia.

Los recursos utilizados por los organismos públicos y privados producen efectos cada vez más profundos en relación con la intimidad de las personas, sirviendo a menudo a un discurso con sesgo de seguridad. Los especilistas Zwitter y Boisse-Despiaux advierten de los problemas relativos a la protección de la intimidad, y de la falta de convergencia que debería tener cualquier aplicación tecnológica, desde los «principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia».

En América Latina, los recursos de recolección biométrica se materializan de diferentes maneras para lograr diversos objetivos: satélites, cámaras de televisión integradas (CCTV), vehículos aéreos no tripulados (UAV), cámaras de reconocimiento facial, cámaras térmicas, dirigibles de vigilancia (globos) y torres de control. Se instalan en los puntos de entrada y salida de los territorios nacionales, como puertos y aeropuertos, con centros de control y mando en los principales centros urbanos. En este caso, se valoran más las infraestructuras de control y vigilancia de la movilidad en las fronteras internacionales, en las zonas de pobreza y exclusión social (barrios marginales, etc.) o en los grandes eventos.

En cualquier caso, es importante preguntarse por la legitimidad en la obtención de datos personales con fines humanitarios, dado que no hay posibilidad de elección para el individuo. La ausencia de un consentimiento basado en una «manifestación libre, informada e inequívoca por la que el interesado acepta el tratamiento de sus datos personales para una finalidad determinada», como prevé, por ejemplo, la ley brasileña 13.709/18.

Se siguen levantando muros en las fronteras

En este periodo pandémico, se siguen levantando muros y vallas que forman parte del paisaje en varias fronteras del mundo, como por ejemplo en la frontera de la República Dominicana con Haití. En ambos casos, está incrustada la lógica de un régimen de información discriminatorio, en el que el control sobre los medios de producción de información determina el grado de control sobre la movilidad humana rastreada por los flujos algorítmicos.

En México, por ejemplo, el Plan Sur en 2001, el Plan Mérida en 2003, el Programa Integral Frontera Sur en 2014, así como los memorandos de entendimiento con Honduras, Guatemala y El Salvador se desarrollaron con el objetivo de controlar la movilidad y efectuar posibles deportaciones. El informe de la organización Access Now, que trabaja en la defensa de los derechos humanos en el entorno digital, destaca otras iniciativas. En este documento, afirma que el peligro radica en defender un discurso que se basa en un determinismo tecnológico, por encima de los derechos fundamentales.

Las tecnologías digitales surgen en un contexto de mayor acumulación de ingresos y de crecimiento de la explotación de mano de obra barata, especialmente en los países subdesarrollados. Los indicadores señalan un aumento de la concentración de la renta y de la desigualdad socioeconómica, el crecimiento del tráfico de seres humanos, los golpes de Estado, además de la permanencia de altas tasas de trabajo esclavo y análogo al esclavo.

Estas tendencias van acompañadas de altas tasas de desempleo, caída de los ingresos de la población, aumento de las enfermedades, hambre e intensas inversiones en infraestructuras dedicadas a la vigilancia y control de la movilidad humana. Está claro que la tecnología es vista como un recurso realmente salvador por aquellos que experimentan las necesidades más básicas.

Al tener estos recursos un carácter digital, potencian acciones ilegales difíciles de identificar por su ubicuidad. Sin embargo, no hay duda de que la tecnología puede ser un aliado para encontrar soluciones que transformen la realidad social, y así debe ser. El marco legal recientemente establecido en varios países, como las leyes de protección de datos personales, ofrece ciertas garantías que cumplen los objetivos de los servicios humanitarios, además de regular las formas de uso de las tecnologías digitales, que son cada vez más importantes en un escenario de incertidumbre social, política y económica. También ofrece una cierta garantía de que las tecnologías digitales utilizadas con fines humanitarios no se desvirtúen y acaben formando parte de la infraestructura de vigilancia con fines exclusivamente de seguridad.

Foto de Legado OicialPE

La deuda pública y el cambio climático

Por
José Fernández Alonso
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Coautor Leonardo E. Stanley

Durante los últimos años, la crisis climática se ha manifestado mediante eventos climáticos extremos. Pero desde una perspectiva menos tangible como la económica, los efectos de la crisis climática y las alteraciones en los patrones climáticos globales deben ser tenidos en cuenta cada vez más en los planes de desarrollo, ya que afectan toda proyección de largo plazo. Las inundaciones, los tornados o las sequías afectan cada vez más el desarrollo de las economías lo cual impacta en las finanzas públicas y en la deuda emitida por los gobiernos.

El riesgo climático y los costos de endeudamiento

El cambio climático está generando, aún de modo incipiente pero irrefrenable, significativos ajustes en las percepciones de los tenedores de instrumentos de deuda soberana, al asociar cada vez más las probabilidades de un default a las vulnerabilidades de los Estados al riesgo climático. Bajo esta lógica, los países más expuestos comienzan a registrar un mayor costo de endeudamiento (spread). De igual manera, se presume que, bajo este escenario de riesgo omnipresente, aquellos Estados que reducen su vulnerabilidad —invirtiendo en adaptación, por caso— obtienen mejores condiciones de acceso al financiamiento.

Esto se refiere al riesgo físico asociado al cambio climático, pero los operadores en los mercados de deuda soberana han comenzado a reparar también sobre el riesgo de transición o riesgo financiero. Dicho riesgo se asocia al problema de los activos varados: la pérdida en valor de los bienes intensivos en carbono. Así, una inversión en el sector hidrocarburífero puede terminar incrementando el costo de endeudamiento soberano.

Pese a todo, las estrategias de recuperación post-pandémica siguen descansando en proyectos de explotación no convencionales, como Vaca Muerta en Argentina, o en reincidiendo en la exploración de petróleo en áreas de alta biodiversidad como en el caso de Yasuni en Ecuador. En este contexto, avanzar en la dirección de dotar recursos públicos a sectores intensivos en carbono puede resultar financieramente riesgoso.

La dramática convergencia de la crisis pandémica, de endeudamiento soberano y climática, ha suscitado que durante los últimos meses se reciclaran iniciativas de canjes de deuda —swaps— por naturaleza, por acciones climáticas. Propulsadas desde diferentes espacios político-académicos, las propuestas procuran dar respuestas a la Iniciativa de Suspensión de Servicios de la Deuda (DSSI, por sus siglas en inglés) resuelta en el marco del G20 en abril de 2020.

Esta, preveía la suspensión de los pagos de capital e intereses de deuda de los países más pobres a acreedores estatales bilaterales entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2020. Pero al limitarse a los países catalogados como “menos desarrollados”, la DSSI no ha tenido en cuenta a los países de ingresos medios. La iniciativa tampoco genera incentivos para redireccionar los fondos suspendidos —no condonados, por cierto— hacia la transición post-carbónica.

Sin lugar a dudas, la propuesta presentada en forma conjunta por referentes de la Fundación Heinrich Böll, del Centro de Finanzas Sostenibles de SOAS de la Universidad de Londres y el Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston fue la que mayor repercusión cobró en el ámbito de los gobiernos nacionales, instituciones internacionales, think tanks y académicos en general.

Ante un escenario marcado por la escasez de recursos fiscales y la amenaza del estallido de crisis de deuda en cadena, esta ambiciosa propuesta fue titulada Alivio de la Deuda para una Recuperación Inclusiva y Verde. Su principal objetivo es desafectar parte de los recursos financieros comprometidos al pago de la deuda soberana y destinarlos al financiamiento de un programa de transición a gran escala.

La selección de los actores participantes estaría atada a la sostenibilidad de la deuda de los mismos, análisis en la que deberían considerarse los riesgos climáticos. Bajo el esquema propuesto, el proceso de renegociación de los compromisos financieros soberanos implicaría una quita sobre la deuda original —en manos de acreedores públicos y privados— y la emisión de nuevos bonos (Green Recovery Bonds), proceso que no solo generaría nuevos espacios fiscales sino también compromisos de los Estados participantes en la lucha contra el cambio climático.

Los programas deberían además alinearse a las políticas y presupuestos de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible y a los compromisos asumidos en Paris 2015. Todo ello obligaría a los diferentes gobiernos a evaluar las necesidades de financiamiento que impone el programa lo cual, a su vez, requeriría de una acción coordinada con la sociedad civil.

En la prima face, la operatoria de estos canjes de deuda no solo disminuiría la carga para los Estados, sino que liberaría fondos para mitigación y adaptación lo cual sería fundamental para los países con niveles significativos de endeudamiento. Sin embargo, los detalles de la propuesta y el recurso a los “swaps” por naturaleza, en general, distan de ser política, económica y socialmente inocuos. Bien reza el dicho popular, todo comensal debe sospechar de la promesa de un (doble) almuerzo gratis.

Como todo contrato de deuda, el paquete de canje obligaría al soberano a cumplir ciertas condiciones que ameritan un análisis concienzudo de costos y beneficios. En este sentido, se advierte que ciertos compromisos a asumir podrían redundar en proyectos contrapuestos a las necesidades e intereses de los habitantes y las operaciones pueden concitar beneficios significativos para las firmas e instituciones llamadas a planificar, ejecutar y auditar los proyectos financiados con los fondos reasignados.

Teniendo en cuenta que el financiamiento de los proyectos de acción climática se realizaría previo a los vencimientos originales de la deuda “canjeada”, los swaps de deuda por acción climática reforzarían las presiones fiscales e inflacionarias de los Estados participantes en el corto plazo para. Por otra parte, la iniciativa podría implicar un avance, en última instancia, hacia la “commoditización” de la naturaleza.

Finalmente, debe apuntarse que para que ésta y otras iniciativas semejantes tengan éxito deben desarrollarse a gran escala, mientras que los Estados participantes deben comprometerse con desarrollar economías sustentables. Las decisiones que asuman los gobiernos en los próximos meses y su habilidad para gestiona las crisis definirán nuestras condiciones de vida a futuro, y quizás uno no tan lejano.

Leonardo E. Stanley es investigador asociado del Centro de Estudios de Estado y Sociedad – CEDES (Buenos Aires). Autor de “Latin America Global Insertion, Energy Transition, and Sustainable Development», Cambridge University Press, 2020.

México impulsa un nuevo modelo de integración en América

Por
Carlos M. Rodríguez Arechavaleta
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La recién concluida VI Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), en la Ciudad de México, ha generado diversas lecturas. En primera instancia, parecería que este fue un intento de la Cancillería mexicana por liderar un nuevo proceso de integración regional desde una perspectiva progresista. El objetivo sería construir un nuevo acuerdo entre América Latina y el Caribe con Estados Unidos y Canadá, para buscar la integración de las américas antes el avance chino.

La ruta de la integración según AMLO

La narrativa del gobierno de la 4T, como Andrés Manuel López Obrador ha denominado a su sexenio al igualarlo a las tres transformaciones clave de la historia de México como la independencia, la Reforma y la Revolución, ha sido explícita en su relectura nacionalista de la historia patria y su ofensiva contra los gobiernos neoliberales precedentes.

En el pasado, durante los años del priismo hegemónico en los 70’ y 80’, presidentes mexicanos intentaron construir alianzas progresistas en la región bajo el liderazgo de México, aprovechando las tendencias geopolíticas de la integración tercermundista postcolonial. Mientras que, en la actualidad, la centralidad de Cuba en la celebración de la Independencia Nacional mexicana, incluyendo la propuesta de declarar a la isla la “nueva Numancia” y Patrimonio de la Humanidad, reflejan la afinidad ideológica de López Obrador por la Revolución Cubana, a pesar de la desgastada credibilidad internacional del gobierno de la isla.

En este marco, el Canciller Marcelo Ebrard, había reconocido recientemente que el modelo de la Organización de Estados Americanos (OEA) estaba agotado, pues era el reflejo de un diseño de hegemonía geopolítica. En sus palabras, “se acabó la guerra fría, pero surgió la supremacía de Estados Unidos, siguió la batalla en contra de cualquier opción que no les pareciera”. La intervención en el ‘golpe’ de Bolivia y el bloqueo a Cuba, a pesar de los 184 votos en Naciones Unidas, lo demostraban.

Una nueva relación con Estados Unidos

En este contexto, el objetivo de la cumbre sería construir un nuevo acuerdo entre América Latina y el Caribe con Estados Unidos y Canadá, respecto a “cómo se deben organizar ahora las América”. El mensaje preciso de Ebrard fue que el objetivo no está en la OEA, sino en la relación con Estados Unidos. Por lo tanto, los objetivos de la Cumbre de la CELAC para el gobierno de México rebasan la refundación de un organismo interamericano de cooperación y desarrollo regional.

Desde mi punto de vista, México está mirando acertadamente los riesgos a mediano y largo plazo de la creciente hegemonía geopolítica de China frente a una América dividida y débil económica y comercialmente.

En esa línea, el discurso del presidente mexicano del 24 de julio pasado en el 238 Aniversario del Natalicio de Simón Bolívar fue fundamental. Allí, López Obrador reconoció el pasado injerencista de la potencia del norte en la región y el agotamiento de un modelo de relación con América Latina basada en la integración o la oposición defensiva frente a EE UU. A cambio, propuso a los países de la región dialogar y persuadir a los gobiernos estadounidenses de que “una nueva relación es posible”; es decir, una nueva convivencia entre los países soberanos de América.

Según el líder mexicano, el momento es oportuno dado el crecimiento desmesurado de la economía China en los últimos treinta años. El reto para los países latinoamericanos es “fortalecernos económica y comercialmente con América del Norte y todo el continente”. De ahí, la propuesta de construir un organismo semejante a la Unión Europea, “pero apegado a nuestra historia”.

La propuesta del presidente mexicano para los gobiernos latinoamericanos es trabajar en una integración productiva con proyección social que permita una “modernización desde abajo”, basada en los principios de no intervención, autodeterminación, cooperación y no sometimiento por ningún medio. Solo así América Latina podrá lograr una integración soberana con Estados Unidos y Canadá a fin de recuperar el terreno perdido frente al crecimiento imponente de la economía China, y el logro de una geopolítica sin hegemonía en el futuro.

Por lo tanto, el objetivo estratégico de la Cancillería mexicana para cuando entregue la presidencia pro tempore de la CELAC es haber alcanzado una integración interamericana que fortalezca económicamente a EE UU y permita un equilibrio en la geopolítica internacional sin hegemonía de ningún país.

Las presiones del realismo político

Lo interesante es que las presiones del realismo político han jugado un papel importante en el diseño de esta estrategia. Días previos a la Cumbre se celebró en Washington el Diálogo Económico de Alto Nivel entre los gobiernos de EE UU y México. Allí, se creó un nuevo marco estratégico para la relación bilateral y “las herramientas para una prosperidad futura” basada en una alianza estratégica de apoyo a EE UU en su lucha de largo plazo contra China y Rusia.

Según fuentes periodísticas mexicanas, en esta nueva guerra fría digital México ya tomó partido al comprometerse a “apoyar una compatibilidad regulatoria y la mitigación de riesgos en temas relacionados con las tecnologías de información, comunicación, redes, ciberseguridad, telecomunicaciones e infraestructura”.

No obstante, la Cumbre CELAC evidenció la magnitud del reto de la integración latinoamericana al persistir importantes diferencias en la concepción del desarrollo, la integración comercial y, sobre todo, la posición frente a los temas de la democracia y los derechos humanos. La oposición frontal de ciertos gobiernos de derecha frente a regímenes autocráticos como Cuba, Venezuela y Nicaragua, y la reticencia de ciertos progresismos a la libertad de mercado y comercio podrían ser frenos importantes a la innovación productiva, tecnológica y al mercado común interamericano.

Sin valores compartidos sobre los derechos y libertades civiles, políticas y sociales le será imposible a cualquier cancillería lograr el sueño de Bolívar.

Foto de US Embassy _ Mexico

Democracia para Venezuela: un largo camino sembrado de obstáculos

Por
William A. Clavijo
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El inicio de un nuevo proceso de diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, con la mediación de Noruega, ha sido recibido con escepticismo por amplios sectores de la sociedad y observadores de la política venezolana. Las expectativas son muy bajas y con razón, ya que los últimos años han estado marcados por un uso cada vez más abusivo del control que Maduro y sus aliados ejercen arbitrariamente sobre los demás poderes públicos y los cuerpos de seguridad del Estado.

¿Qué está en juego en las negociaciones entre chavismo y oposición?

Consolidado en el poder, Maduro ha aceptado enviar una delegación a México con objetivos muy claros: lograr el levantamiento de las sanciones económicas y la recuperación del reconocimiento internacional perdido en Occidente tras las cuestionadas elecciones presidenciales de 2018.

Para la oposición es diferente. A pesar de aglutinar las expectativas de cambio, parte de las fuerzas democráticas se ha visto debilitada en términos organizativos y de credibilidad por los golpes sufridos en la lucha contra el autoritarismo.

Los sectores opositores al chavismo también están divididos sobre la ruta del cambio político en el país. Algunos de ellos todavía defienden la continuación de la vía insurreccional o la búsqueda de la ruptura de las Fuerzas Armadas. En este sentido, es importante destacar la política de máxima presión y el bluf de la anterior administración Trump con la posibilidad de una acción militar de EE. UU. que nunca fue real y sólo sirvió de excusa a Maduro para aumentar la represión a la población.

Sin embargo, a pesar de no haber provocado un cambio de régimen y de haber profundizado el colapso económico en el que ya se encontraba el país, la imposición de sanciones es una de las pocas razones que hoy motivan al chavismo a dialogar.

Recientemente, la Plataforma Unitaria, el sector mayoritario de la oposición liderado por el diputado Juan Guaidó, anunció su decisión de participar en las elecciones de gobernadores y alcaldes de noviembre. A pesar de algunas concesiones otorgadas por Maduro, el voto hoy es percibido como ineficaz por los ciudadanos más preocupados por sobrevivir a la difícil crisis que vive el país.

Han sido muchas las arbitrariedades cometidas por el chavismo en materia electoral. Entre ellas: la inhabilitación de dirigentes, la toma de partidos políticos, la manipulación de las reglas, de las circunscripciones electorales y de las cifras de participación, la parcialidad de las autoridades designadas para comandar el poder electoral, entre otras.

Por otra parte, la democracia es más que la celebración de elecciones. La concesión de garantías para los comicios de noviembre es insuficiente para asegurar el retorno a la vía democrática sin una «reinstitucionalización» del país. Esto pasa necesariamente por renovar y restaurar la autonomía de los poderes públicos, así como por restaurar las Fuerzas Armadas como institución no partidaria y subordinada al poder civil.

Cambio de escenario y nuevas perspectivas para Venezuela

¿Por qué una parte de la oposición ha decidido volver a la vía electoral? El estancamiento del gobierno interino de Guaidó obliga a la oposición a replantearse sus estrategias. Los tiempos constitucionales en el país siguen avanzando, afectando el reconocimiento internacional de la Asamblea Nacional de 2015 y el interinato de Guaidó. En este contexto, una parte de la oposición entiende que los acontecimientos se seguirán precipitando por la imposición del chavismo y que su supervivencia como opción de acceso al poder político está amenazada si no lucha por los espacios, incluso bajo las reglas de un régimen autoritario.

El contexto internacional también ha cambiado. Con el nuevo gobierno de Estados Unidos, también se ha producido un acercamiento de posturas con la Unión Europea sobre la necesidad de encontrar una salida electoral a la crisis. En América Latina, la pandemia del Covid-19, los nuevos lineamientos de la política de Estados Unidos hacia Venezuela, el cambio de péndulo ideológico en el gobierno de algunos Estados y la necesidad de atender las reverberaciones de la crisis venezolana en la región se conjugaron con la falta de perspectiva de un cambio de régimen que terminó afectando la posición que varios gobiernos habían adoptado en 2019.

Debilitada y desconectada de las demandas ciudadanas, la decisión de la Plataforma Unitaria de volver al terreno electoral es un reconocimiento de la única opción creíble para materializar el cambio político que anhela la mayoría de la población: la combinación de la presión internacional con el rescate del voto como herramienta de lucha y resistencia.

La apuesta es arriesgada, pues se trata de abrir una ventana de oportunidad en una dictadura, donde el chavismo difícilmente permitirá la igualdad de condiciones en los procesos electorales. Esto implica lidiar con los caprichos del régimen político para permitir la participación de los actores que quiera y en los términos que quiera.

El chavismo no se plantea hoy entregar el poder, pero puede verse obligado a permitir una transición política en un escenario en el que los costes de salida sean menores que los de mantenerse en el poder. En otras palabras, estamos hablando de condiciones que no parecen existir hoy en día.

Sin embargo, la vuelta a la vía electoral presenta algunas oportunidades para empezar a crear las condiciones para promover esta transición. Permite conquistar nuevos espacios y recuperar la capacidad de organización y movilización para eventos electorales más importantes. Con la recuperación de espacios se gana en legitimidad.

La reanudación de la vía electoral también está propiciando la renovación de los liderazgos políticos, lo que es positivo entre los sectores democráticos. Y, eventualmente, también puede contribuir a recomponer la unidad de las fuerzas que se oponen al régimen chavista.

Al aceptar participar en los diálogos, en cierto modo, Maduro también se expone ante la comunidad internacional. Los tiempos constitucionales le obligarán a lidiar con la exigencia de un referéndum revocatorio en 2022 y de elecciones presidenciales en 2024. A pesar de la dificultad, una oposición unida y movilizada, con acompañamiento internacional, puede desmantelar los esfuerzos del chavismo de ignorar la voluntad popular y obligarlo a aceptar la derrota.

La construcción de condiciones para una transición pacífica a la democracia, en los términos de la nueva etapa de esfuerzos que se inicia con el retorno a la vía electoral, es poco factible sin el apoyo de los actores que hoy conforman la nomenclatura chavista. Los actores políticos, los militares y los agentes económicos podrían desempeñar un papel importante a la hora de ofrecer garantías a Maduro y a otras altas personalidades si aceptan ceder el poder.

Sin embargo, no podemos caer en la ingenuidad de pensar que cultivar estas relaciones será una tarea fácil. La resistencia del chavismo ha sido posible, en parte, gracias a su política de tolerancia cero contra los actos de deslealtad entre sus cuadros, especialmente los militares, que son vigilados permanentemente.

De esta manera, las fuerzas políticas de la oposición inician una nueva etapa de lucha para recuperar la democracia en Venezuela llena de incertidumbres y dificultades. Dadas las condiciones actuales, los nuevos movimientos de oposición apuntan a un proceso que tendrá que construirse desde dentro y que sólo parece posible a largo plazo. En este sentido, las perspectivas de ver una transición política hacia la democracia presagian un largo camino lleno de obstáculos.

Foto de acima en Foter

Integración económica centroamericana: un balance agridulce

Por
Fernando Rueda-Junquera
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La pandemia de la COVID-19 ha precipitado una seria crisis económica y social en Centroamérica. En este contexto, la potenciación de la integración económica aparece como una vía indispensable para afrontarla. Comparado con otros procesos de integración de América Latina y el Caribe, el centroamericano muestra una buena evolución, especialmente en términos de comercio intrarregional. No obstante, todavía está sujeto a numerosas limitaciones que condicionan el alcance de su potencial impacto positivo sobre el crecimiento económico de la región.

El proceso de integración económica más ambicioso de la región es el Mercado Común Centroamericano (MCCA), creado en 1960 por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. A pesar de los años transcurridos, este proceso sigue intentando establecerse y consolidarse como una unión aduanera; esto es, como una zona de libre comercio intrarregional en la que los países participantes comparten una política comercial común.

Bajo nivel de comercio intrarregional

Centroamérica ha avanzado sustancialmente en el establecimiento de una zona de libre comercio intrarregional. En las últimas décadas, los gobiernos han reducido o eliminado los aranceles cobrados en los intercambios recíprocos, lo que ha ayudado a expandir el comercio intracentroamericano. Según los datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2019 las exportaciones intrarregionales representaron el 26,3% del total de las exportaciones centroamericanas, porcentaje que apenas ha variado en el último decenio. Además, la mayor parte de este comercio intrarregional ha sido de productos agroindustriales y manufacturados, lo que ha contribuido a promover la industria centroamericana.

El nivel alcanzado por el comercio intrarregional en Centroamérica es el más alto de todos procesos de integración de América Latina y el Caribe. Sin embargo, este porcentaje sigue aún lejos de los existentes habitualmente en otros procesos de integración como el asiático (46%) o el europeo (65%). El porcentaje alcanzado por el comercio intracentroamericano en 2019 no puede ocultar el hecho de que en dicho año, Centroamérica seguía dirigiendo el 73,7% de sus exportaciones totales a destinos extrarregionales.

La persistencia de barreras no arancelarias en el comercio intrarregional es una de las principales razones que explica su bajo nivel. Éste es el caso del conjunto de diferentes normas nacionales aplicables al comercio intracentroamericano (reglamentos técnicos, requisitos sanitarios y fitosanitarios, reglas de origen, formalidades aduaneras, etc.). Los gobiernos han estado trabajando en la armonización de la normativa existente con objeto de facilitar la expansión del comercio intrarregional.

Otro grupo significativo de barreras no arancelarias tiene que ver con los altos costes de transporte y de logística. Esto es debido a la deficiente infraestructura que no ha conectado adecuadamente los mercados de los países centroamericanos. De ahí, la necesidad de completar los esfuerzos de liberalización comercial con iniciativas de cooperación que faciliten el aumento de las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura regional. Por esta razón, los gobiernos centroamericanos han estado participando en el Proyecto Mesoamérica desde 2008. Este acuerdo de cooperación busca desarrollar la infraestructura regional relacionada con el comercio, especialmente en los ámbitos del transporte, la energía y las telecomunicaciones. Adicionalmente, para abordar este tipo de barreras, en 2017 los gobiernos aprobaron la Política Marco Regional de Movilidad y Logística Centroamericana.

Ausencia de una verdadera política comercial común

El establecimiento de una zona de libre comercio es uno de los dos principales pasos a dar en la construcción de una unión aduanera centroamericana. El otro es la adopción de una política comercial común. En este caso, todos los gobiernos han de comprometerse a establecer e implementar de forma conjunta los mismos instrumentos de política comercial, comenzando con la aplicación de un arancel externo común a todas las importaciones extrarregionales: el Arancel Centroamericano de Importación (ACI). Desde los años noventa del siglo pasado, los gobiernos centroamericanos han estado tomando medidas para establecer el ACI. Según el BID, el 93,7% de los productos que pueden ser importados en Centroamérica ya tienen un arancel común.

Sin embargo, este alto grado de armonización del ACI se ha visto erosionado por la forma en la que se han negociado los tratados de libre comercio (TLCs) con socios extrarregionales. Si un grupo de países está inmerso en la construcción de una unión aduanera, lo recomendable sería que negociara como bloque esos TLCs, ya que se debe de establecer un calendario para ir eliminando el arancel externo común a la misma velocidad en todos los países miembros hasta lograr la completa instauración del área de libre comercio con el socio extrarregional correspondiente.

Con la relativa excepción del Acuerdo de Asociación firmado con la Unión Europea, los países centroamericanos han negociado de forma bilateral –y no como bloque– la mayor parte de sus TLCs (incluido el de Estados Unidos, principal socio comercial de la región). Esto no sólo ha debilitado la posición negociadora de los gobiernos centroamericanos, sino que también ha cuestionado la viabilidad del arancel externo común y con ello, la de la política comercial común. Además, esta forma de negociar ha llevado a que en Centroamérica exista una compleja red de acuerdos comerciales superpuestos, conocida como el spaghetti bowl. Los TLCs firmados presentan algunas características comunes, pero sus contenidos, participantes y compromisos son muy variados, entrando en muchas ocasiones, en conflicto con el proyecto de unión aduanera centroamericana.

Caminando hacia la unión aduanera centroamericana

El proceso de integración económica centroamericano ha promovido la interdependencia comercial de sus miembros, al revitalizar el comercio intrarregional. No obstante, sigue estando sujeto a restricciones tales como el excesivo dominio del comercio extrarregional y la ausencia de una auténtica política comercial común. En estas condiciones, la unión aduanera está aún incompleta y ello limita su potencial impacto positivo en la recuperación post COVID-19.

Los esfuerzos para perfeccionar la unión aduanera centroamericana continúan. A nivel regional, los países centroamericanos articulan dichos esfuerzos en torno a la Hoja de Ruta para Avanzar en la Unión Aduanera 2015-2024. A nivel nacional, Guatemala y Honduras son los que más han avanzado con su iniciativa para establecer una unión aduanera bilateral que entró en vigor en 2017. Asimismo, Panamá –que no participó en la creación del MCCA– se comprometió en 2012 a incorporarse gradualmente al proceso de integración económica centroamericano.

Si se desea que estas iniciativas tengan éxito, será necesario adoptar no sólo medidas económicas para completar la unión aduanera, sino también medidas políticas e institucionales. En este sentido, será esencial renovar el compromiso político de los gobiernos a favor de la integración económica y sostenerlo en el tiempo; de tal modo, que las políticas de integración se institucionalicen como políticas de Estado (y no de gobierno). Asimismo, será importante fortalecer las instituciones regionales para que acompañen eficientemente al proceso de integración y progresivamente vayan adquiriendo una configuración supranacional.

Foto de XLVII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno SICA-Roatán, Honduras.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Lasso y las patologías de la democracia ecuatoriana

Por
Julio Echeverría
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El desafío más grande del presidente Lasso luego de sus primeros 100 días en el poder es escapar de la tendencia fatal al desgaste político que experimenta todo gobierno cuando ingresa en el momento crucial de concreción de sus perpectivas y proyecciones programáticas. Es en ese momento cuando los condicionamientos institucionales, que en el caso ecuatoriano proceden del mismo diseño constitucional de Montecristi —Constitución de 2008 impulsada por Rafael Correa—, trabajan para debilitar aún más su espacio de gobernabilidad.

El gobierno del presidente Lasso arrancó en una posición de debilidad, al contar con una representación parlamentaria minoritaria (12 de 137 asambleístas) con una votación en primera vuelta que apenas superó el 20%. La alianza con su socio natural del centro derecha, el Partido Social Cristiano que contaba con 18 asambleístas, naufragó apenas iniciado el periodo parlamentario.

Por otro lado, el intento de conformar una alianza con sectores de la izquierda y centro izquierda —Izquierda Democrática, con 18 asambleístas, y Pachakútik, expresion política de la CONAIE, con 24— generó expectativas por la posibilidad de escapar de la polarización y consolidar una tercera vía, donde la sostenibilidad ambiental y la equidad social fueran los ejes del programa político. Un programa desafiante que exigía gran responsabilidad y madurez por parte de los actores políticos.

Si las relaciones entre ejecutivos y parlamentos son por principio complejas, porque expresan una contraposicion ‘natural’ entre lógicas diferentes (las de la representación y las de la gestión), en el caso ecuatoriano estas tienden a manifestarse como una contradicción polarizante. Lo que es natural oposición de programas y de posturas políticas, se convierte en enfrentamiento interno entre las instituciones del sistema político.

El sistema no ha logrado, aún con todas sus reformas y cambios, conectar la pluralidad de la representación con la necesaria univocidad que requiere la toma de decisiones y la gestión de gobierno. La constitución de Montecristi diseña un entramado institucional que potencia y amplifica esta configuración esquizoide, generando patologías que atentan contra la misma vigencia del régimen democrático. 

El camuflaje al que acude el hiperpresidencialismo es la ampliación de la representación: el sistema abre desmedidamente las puertas de ingreso a la participación política, generando la apariencia de democracia. En la actualidad, 269 organizaciones políticas constan en el registro electoral; los requisitos de acceso son laxos, lo cual genera alta dispersión y fragmentación y no incentiva la generación de consensos. Esta fragmentación se ve potenciada cuando se produce la elección de representantes ya que el sistema de doble vuelta electoral permite la expresión mediante el voto de esta pluralidad de fuerzas en la primera vuelta electoral, lo que termina por definir una composición de la asamblea enormemente fragmentada y dispersa.

El presidente electo en segunda vuelta debe enfrentarse a una asamblea en la cual difìcilmente logra construir apoyos consistentes. Los gobiernos, huérfanos de soporte en las legislaturas, se ven compelidos a gobernar por fuera de esos posibles acuerdos. La utilización de ‘decretos leyes’, la declaracion de ‘estados de emergencia’ o acudir a mecanismos de democracia directa como las consultas populares pasan a convertirse en expedientes corrientes de gestión, cuando deberían ser recursos extraordinarios.

El hiperpresidencialismo se refuerza en un sistema que aparentemente es participativo y representativo pero que, cuando se apresta a gobernar, demuestra su gran debilidad, imposibilitando la consecución de acuerdos que proyecten visiones estratégicas.

Es el caso del gobierno de Lasso, el programa para la reactivación económica incluye reformas a los regímenes laboral y tributario dirigidos a reducir el desempleo e incrementar las recaudaciones mediante impuestos progresivos. Frente a la imposibilidad de avanzar por esa vía, al gobierno solo le queda maniobrar en los ámbitos en los que sí tiene control, lo cual debilita el alcance de su programa que se limita a cerrar la brecha fiscal, bajar el gasto público con disciplina macroeconómica e incrementar los ingresos mediante la promoción de actividades mineras y petroleras.

La orientación del programa que apuntaba al necesario cambio de modelo hacia una economía social y ambientalmente sostenible y que se expresó en el inicial acuerdo entre las fuerzas del gobierno (CREO) y sus posibles aliados (ID-PK) se vió entorpecida desde sus inicios por los desacuerdos entre Pachakutik y la CONAIE, su soporte movimentista. Esta última retomó su postura maximalista, aisló al actor que construyó la posible tercera línea dentro del movimiento, Yaku Pérez, quien se vió excluido y terminó por salir de la misma organización a la que catapultó como tercera fuerza electoral.

Estas dificultades terminan por afectar la temporalidad de los procesos de gobierno. Las urgencias de corto plazo predominan sobre las reformas sustantivas que podrían apuntalar la sostenibilidad de la economía y del desarrollo y definir visiones estratégicas consistentes con las actuales complejidades globales. Las intenciones reformistas tienden por tanto a ceder al realismo de los expedientes propios de una economía extractivista y primario exportadora.

Por otro lado, la falta de acuerdos políticos conduce al gobierno a privilegiar políticas que tendencialmente podrían enfrentar una gran resistencia social: el ajuste y la promoción de la minería y el petróleo.

Todo esto revela que, así como hay un déficit público, hay también un colosal déficit de política incentivada por el mismo diseño constitucional. El país no cuenta con actores consistentes que puedan sacarlo de la situación de crisis en la que se encuentra.

En estas circunstancias, la agudización del conflicto social y político puede ser inminente. El capital político de Lasso, fortalecido por el éxito de la campaña de vacunación puede no ser suficiente en este escenario. El anuncio de sortear las dificultades en la construcción de la agenda legislativa a través de una consulta popular parecería abrir un escenario de dificil pronóstico. ¿Tendrán la lucidez necesaria los actores de las distintas tendencias para cambiar sus conductas ante una situación en la que todos podríamos perder? ¿Podrá el país retomar la posibilidad de reencauzar las lineas de gobernabilidad hacia la sostenibilidad ambiental y social del desarrollo?

Foto de samuraijuan en Foter

¿A quién le importa el desastre ecológico en Venezuela?

Por
Isaac Nahón Serfaty
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Mientras que el panel de expertos intergubernamental de las Naciones Unidas (IPCC por sus siglas en inglés) alerta en un reciente informe que las consecuencias del cambio climático son irreversibles, en Venezuela la multifacética crisis social, económica, sanitaria, migratoria y educativa, y las violaciones sistemáticas de derechos humanos tapa el desastre ecológico que sigue su avance bajo la acción depredadora y corrupta del régimen de Nicolás Maduro. La degradación ambiental se debe, sobre todo, a la declinante y maltrecha industria petrolera y la vorágine minera en el sur del país por la explotación ilegal y supuestamente “legal” en el llamado Arco Minero del Orinoco.

El reciente anuncio de que PDVSA y sus socios —incluye a empresas chinas, rusas e iraníes— planean aumentar la producción petrolera de Venezuela no augura nada bueno para el medio ambiente. Se trataría de pasar de unos 500 mil barriles a un millón y medio de barriles diarios.

El grave deterioro ecológico

El deterioro ecológico en el país es notable, aunque ha sido básicamente ignorado por organizaciones internacionales “verdes” como Greenpeace —una tímida mención a derrames petroleros en 2020— y WWF. El desmantelamiento de las capacidades financieras y técnicas de la empresa nacional de petróleo ha contribuido a agravar aún más la crisis ambiental que vive el país. Y esto empezó a ocurrir antes de que el gobierno de Estados Unidos implementara las sanciones en 2019 contra el régimen y la petrolera estatal.  

Reportes indican que la mala gestión y la falta de mantenimiento del Centro de Refinación de Paraguaná han causado graves daños a la flora y fauna marinas en el noroeste de Venezuela, afectando a las pesquerías y la calidad de las aguas. En el oriente del país el coque almacenado a la intemperie, un sub-producto del petróleo pesado, contamina el aire que respiran los habitantes que viven en las áreas cercanas a las refinerías.

En la zona de El Furrial, una localidad del estado Monagas que tiene uno de los campos petroleros con más reservas en el país, se queman diariamente enormes cantidades de gas metano. Esto es una consecuencia directa de las expropiaciones decretadas por el entonces presidente Hugo Chávez en 2009. Una de ellas, Exterran, empresa que se encargaba del procesamiento del gas y la generación de eléctrica, pasó a manos de PDVSA. Ahora el gas se quema, lo que hace de Venezuela el cuarto emisor mundial de metano.

No solo los hidrocarburos alimentan el desastre ecológico de Venezuela. Los pasivos ambientales del chavismo aumentan día a día. La explotación del oro en el Parque Nacional Canaima —patrimonio de la humanidad— en el sur del país está haciendo estragos. La Unesco aprobó el pasado 23 de julio una resolución solicitándole al gobierno que autorice el ingreso al país de una comisión mixta del Centro de Patrimonio Mundial de la organización y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para verificar in situ el impacto de la explotación de oro en la zona. 

Según SOS Orinoco, organización que hizo un informe sobre este parque para el World Heritage Watch 2021, ya para 2018 se habían destruido unas mil hectáreas de su ecosistema por la explotación artesanal y cuasi mecanizada, y el uso de mercurio para extraer el oro. La misma organización reporta que en las fronteras del parque nacional, más de 7400 hectáreas han sido impactadas negativamente por la explotación ilegal de oro.

¿ Qué pasa en el Arco Minero del Orinoco?

Lo que ocurre en Canaima forma parte de las puertas del infierno ecológico, social, criminal y sanitario que se abrieron con el Arco Minero del Orinoco (AMO) en el sur del país, declarada por el gobierno en 2016 como Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Un reciente informe de la representación en Canadá del llamado gobierno interino de Juan Guaidó, señala que el ecocidio provocado en el AMO “tiene impacto en toda una región de Venezuela llamada Guayana de 398.345 km2 que representa el 43,47% del territorio venezolano”. Allí se han manifestado todas las perversiones de un estado casi fallido, carcomido por la corrupción, y penetrado por bandas criminales y las guerrillas colombianas del ELN y las FARC-disidentes que extorsionan y asesinan.

A todo esto, hay que sumarle el deterioro de las capacidades de investigación en el país como consecuencia del desfinanciamiento de las universidades, los institutos y centros científicos, los ataques a la libertad académica y la emigración de profesores. Según Emilio Vilanova y otros estudiosos, el rico patrimonio biológico y ecológico de Venezuela está en peligro. En un artículo que apareció en Ecology & Evolution, un grupo de académicos manifestó su preocupación por las dificultades para acceder el terreno y continuar sus investigaciones. Peor todavía, es el incremento de la deforestación, especialmente como consecuencia de la explotación minera.

Las dificultades para cuantificar el daño

El tamaño del daño ecológico en Venezuela no es fácil de cuantificar. El gobierno no rinde cuentas y tampoco lo hace PDVSA ni sus socias. Algunos medios tratan de informar sobre el alcance del ecocidio pero tienen muchas dificultades en un país en el que se encarcela periodistas, se cierran medios de comunicación, confiscan emisoras de radio y televisión y se intimida a los comunicadores. Algunas ONGs como SOS Orinoco o el Grupo Orinoco hacen un trabajo casi heroico ante una comunidad internacional muchas veces indiferente.

Para saber el alcance y las implicaciones de este daño se debe rescatar la investigación científica y esa debería ser una prioridad de la cooperación internacional. Además, se debe levantar el perfil público, nacional y global de la causa ambientalista en Venezuela ya que este ecocidio impacta, no sólo a las poblaciones de las regiones afectadas que continuarán migrando, si no que tiene consecuencias en los países que comparten fronteras marítimas, terrestres y aéreas con Venezuela.

Además, las empresas chinas y rusas que se asocian con PDVSA heredan los pasivos ambientales de la petrolera venezolana. Eso las hace corresponsables y quedan sujetas a las leyes y tribunales de países como Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea que les deben pedir cuentas por sus desafueros ecológicos.

Por supuesto, que una solución a mediano y largo plazo pasa por el cambio político en Venezuela, lo que parece no estar en discusión en la mesa de negociación en México. Rescatar la industria petrolera implicará no solamente multibillonarias inversiones, sino nuevas formas de concebir la explotación del crudo y del gas para disminuir el impacto ambiental. La minería deberá ser reconsiderada y limitada y una política agrícola deberá evitar la deforestación.

Pero no hay que ser ilusos. Del régimen chavista no se puede esperar nada bueno para el medio ambiente. Mientras siga en el poder, el medioambiente de Venezuela seguirá en declive. 

Los motivos del declive del oficialismo argentino

Por
Diego M. Raus
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El pasado domingo 12 de septiembre se celebraron las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Argentina que definieron los candidatos de los partidos para las próximas elecciones parlamentarias de mediados de noviembre. Los resultados, si bien no definen ganadores y perdedores en porcentajes, definen tendencias y estas fueron completamente sorpresivas. Ni el oficialismo, ni las encuestas anticiparon la derrota general del partido en el gobierno —total nacional de los votos— ni la derrota estratégica de la Provincia de Buenos Aires, sede del poder territorial del kirchnerismo, socio fundador y fundamental del gobierno.

La derrota electoral del domingo causó un terremoto político al interior del oficialismo de tal dimensión que se prevé un escenario político muy tenso para los próximos dos años que le queda de gobierno. Si bien las causas y motivos de este resultado electoral pueden ser muchas, hay tres centrales en la explicación de este resultado.

Los tres motivos de la derrota

Argentina ha tenido durante más de diez años entre un 30% y un 42% (actualmente) de la población bajo la línea de pobreza. Una situación estructural, ajena a gran parte de la historia argentina del siglo XX que se ha traducido en un malestar generalizado y que está provocando cambios importantes en la organización y manifestación colectiva del reclamo social. Los nuevos actores, nuevas lógicas de acción colectiva y nuevas demandas son cuestiones que el gobierno, en la situación actual, no puede interpelar.

Otro de los motivos es el manejo erróneo de la situación generada por la pandemia, un aspecto que está afectando a la mayoría de los gobiernos de la región. En el caso argentino, se sigue tratando la pandemia como una cuestión sanitaria cuando el remedio no es sólo sanitario sino político ya que depende de la provisión de vacunas.

Además, hace meses que la población presenta signos de agotamiento debido a la pérdida de empleos, de ingresos, encierros, falta de escolaridad, carencia de esparcimiento o imposibilidad de viajar a raíz de la pandemia. Pretender que ese malhumor social no se transforme en votos de rechazo a los oficialismos es una quimera, más allá del mayor o menor éxito en las campañas de vacunación.

El tercer motivo tiene que ver con los problemas generados a partir de las coaliciones de gobierno. Es decir, las alianzas partidarias, de sectores internos de los partidos, de partidos y movimientos sociales sirven para ganar elecciones pero dificultan la acción de gobierno. Una vez en el gobierno, las coaliciones muchas veces empiezan a desplegar tensiones internas que dificultan la gobernabilidad.

Pues bien, en las elecciones nacionales de 2019 no se formó una coalición de gobierno entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, sino una coalición de poder. Es decir, un reparto del poder político a fin de ganar una elección que el kirchnerismo sospechaba que solo no podía obtener.

Pero si una coalición de gobierno encuentra escollos para gobernar, para un gobierno con poder dividido la dificultad es mucho mayor. Y ante este contexto de crisis socioeconómica y pandemia, la división del poder político se ha hecho ostensible, sobre todo en los últimos meses.

Entonces tenemos tres motivos fundamentales que explican la derrota oficialista. Por su parte, la coalición ganadora está conformada por el PRO —del macrismo con un Macri un tanto apartado intencionalmente— y la Unión Cívica Radical (UCR), partido centenario con tradición y territorio que se recuperó gracias a algunos candidatos que provienen de fuera de la política que potenciaron la alianza ganadora.

A su vez, esta articulación exitosa establece una alianza win-win ya que el PRO, ahora bajo el liderazgo renovado del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ingeniero de la nueva alianza, vuelve a posicionarse para el 2023 con mucha fuerza luego de la derrota de 2019. La UCR, a su vez, recupera prestigio, votos y representaciones parlamentarias luego de la crisis de 2001 y la debacle de ex presidente De la Rua.

El “voto bronca” existió, pero no explica, en su totalidad, la derrota oficialista a menos de dos años de haber asumido el gobierno. En todo caso, la deriva más genuina del voto bronca en esta elección la constituya la emergencia del liderazgo de Javier Milei, de Avanza Libertad, una opción libertaria con un discurso antipolítico extremo y que durante la campaña arrastró a miles de jóvenes y el domingo obtuvo en Buenos Aires más del 13% de los votos.

Las PASO, además de habilitar a los partidos y candidatos, define tendencias para la elección parlamentaria del 14 de noviembre. ¿Podrá el gobierno revertir el resultado? Si en política es difícil anticipar resultados que lo digan las encuestadoras que, una vez más, fallaron. Sin embargo, ante semejante resultado parece muy complicado que el gobierno pueda revertir la situación. De mantenerse la tendencia, más allá del panorama que se abre para las presidenciales de 2023, el oficialismo sufriría la pérdida del quorum propio en la Cámara de Senadores.

¿El domingo fue un “cisne negro” en las elecciones en Argentina? No, pero el resultado fue absolutamente inesperado.

Bitcoin en El Salvador ¿Política económica o marketing político?

Por
David Tercero-Lucas
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El presidente Nayib Bukele ha convertido a El Salvador en el primer país del mundo en establecer al bitcoin como moneda de curso legal junto al dólar estadounidense. El principal motivo, según ha argumentado fervientemente, es el ahorro que supondrá la reducción de las comisiones de los envíos de dinero desde el extranjero. Pero, ¿es bitcoin la mejor manera de hacer esto? ¿Cómo se determinan las comisiones asociadas a la transferencia de bitcoin? ¿Qué riesgos tiene para un país en vías de desarrollo?

El sistema financiero está cambiando

La irrupción del criptoverso, que podríamos definir como el conjunto de monedas y activos digitales de cualquier naturaleza y origen, que utilizan criptografía para asegurar las transacciones y que conviven o han convivido de manera virtual en Internet, ha provocado el inicio de la competencia entre sistemas centralizados y descentralizados.

Dentro de los llamados sistemas descentralizados, podemos encontrar las monedas digitales privadas. Los partidarios de las criptomonedas suelen argumentar que éstas no sólo proporcionan una alternativa al dinero fiduciario y a la banca comercial, sino que también son «un medio alternativo de gobernanza y libertad económica al margen de las instituciones existentes», como destaca Walch en su testimonio ante el Comité del Senado de EE.UU. sobre banca, vivienda y asuntos urbanos “Cryptocurrencies: What are they good for?”. 

Las criptomonedas se consideran, por un lado, resistentes a la censura (censorship-resistant), es decir, resistentes a cualquier tipo de manipulación por parte de los gobiernos e instituciones financieras, y, por otro lado, no necesitar un intermediario en el que confiar para ejecutar las transacciones (permissionless).

Un ejemplo de estos sistemas descentralizados es Bitcoin, cuyo token, bitcoin, se convirtió en la primera criptomoneda de la era digital, anunciada en 2008 y lanzada en 2009. Sin embargo, los orígenes del criptoverso no se sitúan en el archiconocido bitcoin. DigiCash (1989), B-money (1998) o el Bit Gold (1998) fueron precursores de esta tecnología cuyo protocolo de consenso ha sido disruptivo en el sector.

Cabe mencionar ciertas similitudes —salvando las distancias— entre el Bitcoin y el funcionamiento de las piedras rai, la moneda usada en la isla de Yap, una de las islas Carolinas perteneciente a los Estados Federados de Micronesia, situada en el océano Pacífico. Las piedras rai, que poseen oferta limitada y cuyo peso hace imposible su transporte, pertenecen a los distintos habitantes de la isla. Dichos ciudadanos, recuerdan colectivamente a quién pertenece cada piedra. Cuando una de ellas es utilizada para comprar algún bien o servicios, la transacción debe ser aprobada por la mayoría de los habitantes del pueblo, una analogía con el protocolo de consenso de Bitcoin.

Si esto ocurre, se valida la transacción y todos los habitantes recuerdan al nuevo propietario de la piedra, mientras que su localización física es completamente irrelevante. Asimismo, no existen intermediarios a la hora de ejecutar la transacción más allá de la conformidad por parte de los habitantes de la isla, equivalentes a los “mineros” en Bitcoin.

Aunque el sistema de la isla de Yap es inviable para un número elevado de transacciones, es totalmente posible almacenar de manera no reversible quién ha realizado cada transacción, una vez validada, de manera virtual en una gigantesca hoja de datos como es la cadena de bloques (blockchain).

Esto ocurre en la red de Bitcoin, empero la verificación de las transacciones no es gratuita. Cada “nodo” o “minero” que consiga ser el primero en verificar un grupo de transacciones (bloque), recibirá una remuneración compuesta por comisiones (fees) asociadas a cada transacción en el bloque y una cuantía fija de bitcoins que se va reduciendo gradualmente hasta que se ponga toda la oferta de bitcoins en circulación (nótese que se han omitido multitud de detalles importantes en el proceso de validación de un bloque por motivos de espacio).

¿Cómo se determinan esas comisiones asociadas a cada transacción? El presidente de El Salvador, esgrime que la adopción de bitcoin como moneda de curso legal supondrá un ahorro importante de las comisiones por enviar dinero desde el extranjero (remesas). Se estima que las remesas que llegan a El Salvador ascienden a alrededor de una quinta parte de su PIB – 6.000 millones de dólares -, y las comisiones suelen superar del 10%.

Sin embargo, cabe puntualizar que las comisiones asociadas a las transacciones de bitcoin, como en casi todas las criptomonedas, no se pagan en función del valor de la cantidad que se transfiere. Si la capacidad de la red se ve superada por la excesiva demanda de transacciones que se realizan, su confirmación se retrasará, priorizándose aquellas transacciones que lleven asociadas unas comisiones más altas.

Los riesgos de la implementación del bitcoin

Aun así, es probable que las comisiones que reciben los “mineros” sean inferiores a las comisiones que cargan las instituciones financieras. Pero, además, entra en juego otro factor de riesgo inherente a convertir una criptomoneda como bitcoin en moneda de curso legal: su extrema volatilidad. La incertidumbre y volatilidad del tipo de cambio de una moneda está inversamente relacionada con la estabilidad económica de un país.

Que las empresas estén obligadas a aceptar pagos en bitcoin puede provocar cambios abruptos en las compañías en el muy corto plazo. Lo mismo ocurre en el sector financiero. El banco más grande de El Salvador, Bancoagrícola, ya acepta los pagos en bitcoin, no sólo para el envío de dinero de unos agentes a otros sino también para la devolución de préstamos. Es probable que algunos agentes intenten aprovechar las oportunidades de arbitraje disponibles para endeudarse y desendeudarse en bitcoin, provocando posibles problemas de solvencia.

Por otro lado, un reciente estudio, confirma que los usuarios estadounidenses de criptomonedas tienden a ser jóvenes, en su mayoría varones, nativos digitales y con un nivel educativo elevado. Según datos del Banco Mundial, en El Salvador un 6.1% de las mujeres y 7,3% de hombres de más de 25 años había completado algún tipo de formación universitaria. Sabiendo esto, parece difícil que la adopción masiva de bitcoin en un país con problemas de infraestructura tecnológica y acceso a internet tenga alguna posibilidad de prosperar.

La adopción de bitcoin como moneda de curso legal se entiende más como una estrategia de marketing llevada a cabo por el presidente del país que una medida adecuada de política económica que mejore la vida de sus ciudadanos. De momento, tras el anuncio de Bukele, la reacción de los mercados no se hizo esperar. Se produjo una reducción de la calificación de su deuda por diversas agencias de rating y un aumento importante de los tipos de interés de su deuda a largo plazo. Los siguientes meses serán determinantes para ver como progresa este experimento monetario.

Brasil: un extraño en su propio continente

Por
Pedro Silva Barros
-

Tras dos décadas liderando el proceso de integración de América del Sur y Latina, la ausencia de Brasil en la CELAC expresa un aislamiento regional sin precedentes

El escritor mexicano Carlos Fuentes, ante la pregunta de si la lengua portuguesa no forma parte del futuro de la «hispanidad», respondió que Brasil es un continente en sí mismo. Consideraba al país un caso especial dentro de América Latina por la particularidad de haber obtenido su independencia a manos del colonizador y de haber sido un imperio.

Brasil estuvo lejos del concepto de América Latina durante al menos el primer siglo de su independencia, que cumplirá 200 años dentro de once meses. El primer libro de historia general de América Latina que incluyó a Brasil en el análisis de la región fue escrito por el escocés William Spence Robertson, profesor de la Universidad de Illinois, en 1922

En la política reciente, Ernesto Samper, ex presidente de Colombia y ex secretario general de Unasur, caracterizó a Brasil como un trasatlántico generador de consensos entre las distintas posiciones de la región. Pero entiende que el país ha abandonado América Latina en los últimos años.

Reunión de líderes de toda América Latina y el Caribe

El mayor país de América Latina es el único que no estará representado en la reunión de líderes de 32 naciones latinoamericanas y caribeñas este sábado (18) en México. Será la reanudación de la diplomacia presidencial multilateral en América Latina, cuya parálisis había comenzado antes de la pandemia.

En el Brasil de Lula de 2008, por primera vez en la historia, los jefes de 33 países de América Latina y el Caribe se reunieron sin la presencia de Estados Unidos, Canadá o cualquier otra potencia extrarregional. La Cumbre tuvo lugar en Bahía, estableció una agenda común para la integración y el desarrollo y, dos años después, al fusionarse con el Grupo de Río, dio origen a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

La ausencia de Brasil en 2021 contrasta con el comunicado de prensa de la Cancillería brasileña sobre la participación de Dilma Rousseff en la Cumbre de la CELAC de 2011. La nota destacaba que Brasil tenía embajadas en todos los países representados en la CELAC, que el flujo comercial de Brasil con los países de la región se había multiplicado por cuatro entre 2002 y 2010, alcanzando los 78.000 millones de dólares.

Costes económicos y políticos de un país aislado

Diez años después vemos un Brasil autoaislado. La falta de concertación regional en los últimos años ha hecho de América Latina una región más polarizada y fragmentada políticamente y más desintegrada comercialmente. Al no participar en el esfuerzo de acercamiento regional, Brasil, además de renunciar a su liderazgo político, pierde económicamente.

El flujo comercial de Brasil con América Latina ha caído en picado en los últimos años. En 2017 se situó en 70.000 millones de dólares y cerró 2020 en 52.000 millones. La caída del saldo a favor de Brasil fue aún más significativa, pasando de 17.000 millones de dólares a 6.500 millones en el mismo periodo. El flujo comercial de Brasil con los 32 países de la región en 2020 fue un 33% menor que en 2010, el momento de mayor liderazgo político de Brasil en América Latina y el Caribe.

En enero de 2020, Brasil suspendió su participación en la CELAC. Itamaraty publicó que «no considera que estén dadas las condiciones para la actuación de la CELAC en el actual contexto de crisis regional». Descontento por participar en un foro con Cuba y el gobierno de Maduro, la respuesta de Brasil fue abandonarla.

A diferencia de la gran mayoría de los países latinoamericanos, Brasil mantiene cerrada su embajada y consulados en Venezuela desde abril de 2020. Al mes siguiente, Brasil cerró cinco embajadas en el Caribe. Como se esperaba, las exportaciones de Brasil cayeron a todos estos países en 2020. El descenso medio fue del 13% respecto al año anterior, y del 38% en el caso de Dominica. Las exportaciones de Brasil al conjunto de los países del Caribe en 2020 fueron un 10% inferiores a las de 2019.

¿Es la CELAC un mero grupo de izquierdas?

A diferencia del Mercosur, la Comunidad Andina o Unasur, la CELAC ni siquiera ha tenido un tratado constitutivo aprobado por los parlamentos de la región o su propia burocracia. La diplomacia de las cumbres latinoamericanas funcionó relativamente bien entre 2008 y 2016. Se alcanzaron acuerdos a pesar de las diferencias ideológicas y mantuvo un diálogo en bloque conjunto con la Unión Europea y China. En ambos casos sería inadecuado celebrarlas junto con la OEA o sin el respaldo de una agrupación regional.

Durante este periodo, la presidencia pro témpore de la CELAC fue ejercida por presidentes de diferentes partidos políticos, como el chileno de centro derecha Sebastián Piñera (2013), la costarricense Laura Chinchilla (2014), de centro, y el ecuatoriano Rafael Correa (2016), de centro izquierda. Ilustran la diversidad y pluralidad de líderes de la región que han apoyado y fortalecido la CELAC.

En todos esos años las concurridas reuniones atrajeron al menos a 20 mandatarios. Pero en enero de 2017 solo cuatro jefes de Estado asistieron a la Cumbre de Punta Cana, a pesar de que había representantes de los 33 países. Ese mismo mes, Donald Trump había asumido la presidencia de Estados Unidos y las negociaciones sobre la apertura cubana, que habían avanzado en los dos últimos años de la segunda administración de Obama, estaban estancadas.

Se difundió que la CELAC y Unasur no eran más que clubes bolivarianos que apoyaban a Cuba y a Nicolás Maduro. Sonaba un poco raro porque ese año el argentino Mauricio Macri había asumido la presidencia pro témpore de Unasur y había presentado una candidatura a su Secretaría General, defendiendo las ideas originales de la organización.

Grupo de Lima, una región dividida

Meses después, en agosto de 2017, el Grupo de Lima fue creado por doce países americanos, entre ellos Canadá. En su primera declaración, la agrupación pidió la suspensión de la Cumbre Celac-Unión Europea, prevista para octubre del mismo año, como forma de aislar a Venezuela.

En enero de 2019, la agrupación reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y pasó a deslegitimar a Nicolás Maduro. México se retiró del Grupo de Lima, lo mismo que hizo Argentina y, más recientemente, Perú. Parece claro que la gobernanza del Grupo de Lima en la crisis de Venezuela era mucho mayor antes de la creación de la agrupación que ahora. La última declaración del grupo se produjo en enero de 2021, días antes de que Trump dejara la presidencia de EEUU.

El nuevo papel de México

El vacío político dejado por Brasil ha sido llenado con éxito por México. La reunión en México con 16 presidentes, entre ellos los de centro derecha de Ecuador, Paraguay y Uruguay, corona la diplomacia mexicana e indica que la estrategia de aislamiento del gobierno venezolano se está agotando.

El país de López Obrador recibió recientemente al gobierno y a la oposición venezolana para una ronda de diálogo con la mediación de Noruega y se ha comprometido con diferentes actividades de la CELAC durante el último año. La agenda incluía la creación de una agencia espacial latinoamericana y la donación de vacunas a países como Belice, Bolivia y Paraguay.

Brasil, al mantener su posición de no hablar con Cuba ni con Venezuela y mostrarse incapaz de presentar una agenda positiva a los demás países de la región, terminó por quedarse solo en su propio continente. El país pasó rápidamente de ser el que más ganaba con la integración a ser el que más pierde con su autoaislamiento. Parece faltarle tanto el espejo como la luz para comprender su pasado o proyectar su futuro.

Foto da Conferência CELAC 2011

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