La realidad del salario en Venezuela

PH9 Medio Digital
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La realidad del salario en Venezuela

Esperanza vive en Altavista, en Catia. Es licenciada en Educación y trabaja como maestra de preescolar. Tiene esposo y dos hijos y su sueldo es de 20 millones de bolívares, unos siete dólares mensuales. Le alcanza para comprar un kilo de queso y un cartón de huevos. Cuando termine la pandemia y regresen las clases presenciales, el costo de ir a su trabajo será similar a su sueldo. Como Esperanza, millones de venezolanos asalariados han visto en pocos años como su salario se reducía a un valor casi testimonial.

La mayoría de los empleos formales en Venezuela tienen anclado el valor a una escala que depende del salario mínimo. Pero no solo en Venezuela, el salario mínimo es casi universal y la mayor parte de los países lo tienen establecido ya que junto con la jornada laboral de ocho horas, es parte del legado de más de un siglo de luchas obreras. 

El salario mínimo busca garantizar la subsistencia del trabajador y protegerlo en la desigual relación de poder que se establece entre quien contrata y el contratado. Es la principal forma en la que el Estado interviene en el mercado laboral.

Eso no implica que todo el mundo gane más que el sueldo mínimo. Muchos ciudadanos que tienen contratos de tiempo parcial o que trabajan en forma independiente ganan menos. En Colombia, por ejemplo y según cifras oficiales, casi la mitad de los trabajadores gana menos de un sueldo mínimo.

No obstante, su valor es un indicador muy importante de cómo vive la población de un país ya que impacta toda la escala de salarios. Y su valor depende de muchos factores: del tamaño de la economía, de la fuerza de los trabajadores, de la orientación política de los gobiernos, del nivel de desempleo, de la productividad, etc.

En América Latina, la inmensa mayoría de los asalariados se ubica en la base de la pirámide salarial y gana menos de dos sueldos mínimos. En México, por ejemplo,  el 60% de los asalariados se ubica en esa franja. 

El salario mínimo en Venezuela

El valor del salario mínimo en Venezuela es evidentemente una anomalía:  $2.4. Es tan, tan bajo, que no alcanza para la subsistencia. Según el CENDA (Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores) alcanza para menos del 1% de la canasta básica.

Su monto, no obstante, es la base de cálculo de lo que perciben los 3 millones de funcionarios del Estado y los 4,5 millones de pensionados —en conjunto suman un tercio de la población mayor de edad— y una parte del empleo formal privado. Además, el multiplicador por antigüedad y profesionalización también es muy bajo, por lo que un funcionario con doctorado y veinte años de antigüedad no cobrará más de 35 dólares al mes.

En cuanto al empleo formal privado no existen datos oficiales. La fuente principal, las Encuestas de Hogares por Muestreo (EHM) del Instituto Nacional de Estadística (INE), no se publican desde 2015. Sin embargo, existen algunas encuestas parciales.

Según estas, en la actualidad cualquier negociación salarial privada entre patrón y empleado está por encima del sueldo mínimo. Es decir que el salario mínimo pierde su principal función y su razón de ser: proteger a la gente común frente al abuso del empleador y garantizar un ingreso digno. Más aún, al ser tan bajo, funciona al revés. Presiona todos los demás sueldos hacia abajo.

En el presente, los sueldos en el ámbito privado están muy por encima de los públicos, pero siguen siendo muy deficitarios. Según la OVF (Observatorio Venezolano de Finanzas) en una encuesta realizada recientemente a más de trescientas empresas, la media del salario de los obreros es de 53 dólares. Entre los profesionales y técnicos el promedio ronda los 100 dólares y el de la gerencia de una empresa promedia los 216 dólares.

Su caída tiene otros efectos colaterales. Muchos contratos colectivos y escalas salariales de la empresa privada están estructurados en referencia al salario mínimo. Por lo tanto, a medida que éste se iba reduciendo, los obreros y empleados fueron progresivamente abandonando los contratos colectivos a cambio de la dolarización de los salarios, lo cual redunda en la pérdida de derechos. 

Muchos asalariados en Venezuela reciben ya su salario en divisas. Incluso en el sector público algunas instituciones bonifican en «negro» con dólares a sus empleados, sobre todo a los cargos de más responsabilidad.Esto va creando además de la histórica división entre quienes poseen bienes de capital y quienes son asalariados, otra división entre la Venezuela que trabaja con remuneración en bolívares y la que recibe dólares, abonando a la desigualdad.

El origen

Hace solo nueve años, en abril del 2012, el presidente Chávez anunciaba un aumento de salario mínimo a 476 dólares (a cambio oficial), según sus palabras el más alto de Latinoamérica. Pero a partir del 2014, su valor comenzó a reducirse aceleradamente a medida que la crisis económica, las sanciones y la hiperinflación colapsaban el país. De acuerdo a las cifras oficiales el salario mínimo ha perdido el 99% de su valor en los últimos diez años y el 87% en los últimos tres años.

La crisis ha impulsado a muchos trabajadores a pasar de un trabajo formal a trabajar por su cuenta. Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) del año 2019-2020, realizada antes de la pandemia, casi la mitad de los trabajadores venezolanos trabaja por su cuenta, la mayoría en el comercio informal, mientras la otra mitad se divide a partes casi iguales entre el empleo público y el empleo formal privado.

Ante la caída abrupta de los salarios, el gobierno ha planteado algunas estrategias que buscan aminorar el efecto de la crisis como los Bonos de la Patria y el Clap. Además, los servicios públicos se han sostenido a bajos precios, aunque esta realidad paulatinamente comienza a cambiar. Pese a ello, el día a día se le ha vuelto difícil a la mayoría de la población y el venezolano común se la pasa buscando cómo “resolver”.

Por otro lado, a medida que ha ido aumentando la emigración se han incrementado exponencialmente las remesas. Esto, que es una realidad de larga data en Latinoamérica, es una novedad en Venezuela. Muchos hogares reciben ahora periódicamente pequeñas sumas de los familiares que están trabajando en el exterior y se trata de un ingreso de gran importancia dado el tamaño actual de la economía.

La hiperinflación y la caída del ingreso estatal, tanto por la disminución de la renta petrolera como por el descenso de la recaudación impositiva, así como la larga recesión económica son los factores centrales de la caída del salario, sin importar la perspectiva ideológica. Y en Venezuela todos estos elementos se han dado en formas poco vistas en la historia.

Un dólar pasó de valer 9 bolívares en 2012 a valer 300.000.000.000 en la actualidad (tomando para la equivalencia el bolívar del 2012). Y llevamos ocho años de recesión donde nuestra economía ha perdido en el camino el 80% de su valor.

Estos son los hechos. Y para explicarlos hay muchas versiones. Si es debido a la guerra económica, sanciones, inflación inducida y bloqueo financiero o si más bien es imposición de un sistema obsoleto, errores de política macroeconómica, creación de dinero inorgánico y dolarización, o incluso una mezcla de estos elementos, depende del cristal con que se mire.

*Esta es una versión reducida del texto publicado originalmente en el medio Ph9 de Venezuela.

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Una agenda ambiental para el Perú

Ana Watson
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Una agenda ambiental para el Perú

Coautora Deborah Delgado

La segunda vuelta de la campaña electoral peruana estuvo marcada por el miedo, la polarización y la abundancia de propuestas económicas vinculadas a la extracción de recursos naturales. A pesar de la pronunciada conflictividad socio-ambiental y la creciente importancia global de las crisis ambientales, las propuestas de ambas tiendas políticas vinculadas al medioambiente fueron tratadas de forma muy superficial.

La pandemia y la agenda ambiental

El Perú tiene la segunda extensión amazónica más grande—superado sólo por Brasil— y más de uno de cada cinco peruanos se autoidentifica como indígena. Durante el 2020, el país registró su récord histórico de pérdida de bosque amazónico, cinco defensores ambientales fueron asesinados y se registraron 140 casos de conflicto ambiental y un incremento de personas heridas y fallecidas en relación a 2019.

En Perú la pandemia no solo significó el dolor de miles por la pérdida de seres queridos, sino también la profundización de grandes inequidades en las zonas rurales. Allí, la pobreza y la crisis ambiental empeora a medida que se expanden sin freno numerosas industrias ilegales como la producción de cocaína, la tala y la extracción de oro aluvial.

Durante estos tiempos de crisis, el Congreso peruano rechazó la aprobación del acuerdo de Escazú y se trazó un camino para incentivar o destrabar la economía con la flexibilización de algunas regulaciones ambientales. Por otro lado, el Ministerio del Ambiente fue impulsando iniciativas y disposiciones técnicas. Por ejemplo, en 2020 se aprobó el reglamento de la ley marco sobre el cambio climático y en abril de este año el gobierno aprobó un decreto con el objetivo de mitigar y prevenir riesgos a los defensores ambientales.

Estos esfuerzos, sin embargo, son difíciles de llevar a la práctica por lo que la integridad de las Áreas Naturales Protegidas y otras zonas corren peligro de quedar expuestas a la deforestación, la cual se ha incrementado notoriamente en estos años.

Un discurso centrado en el hombre y el crecimiento económico

En el debate presidencial del 23 de mayo y los planes de gobierno de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) ninguno de los candidatos presentó un cuadro técnico ambiental sólido. Por un lado, el plan del candidato de izquierda, sin elaborar las estrategias de implementación, resaltó la importancia de disminuir los conflictos socioambientales y revalorar el conocimiento tradicional. Mientras que la candidata de la derecha resaltó la importancia de transformar la naturaleza en riqueza monetaria pero con estándares ambientales.

Después de más de dos décadas de intensificación de las actividades extractivas, las zonas rurales afectadas no presentan mejorías ni un aumento de los servicios, sino una creciente desconfianza hacia el estado centralista. Las propuestas de Keiko Fujimori de incrementar la distribución de ganancias económicas y bonos de ayuda social hacia las poblaciones de zonas extractivas no fueron suficientes.Y fue Pedro Castillo, quien proviene del ámbito rural y propone un cambio de modelo de desarrollo, quien recibió en esas zonas el respaldo de una mayoría contundente. Esto indica que la compensación económica no parece ser una alternativa atractiva para estos ciudadanos marginados que dependen cultural, social y económicamente de un ambiente saludable para su supervivencia.

El reto de una agenda ambiental

Frente a la crisis del Covid-19, los ciudadanos que viven en zonas con una presencia intermitente o poco articulada del Estado central se refugiaron en sus conocimientos tradicionales y se mantuvieron activos defendiendo su vida, su territorio y sus derechos.

Tras varios días de la elección, y sin un ganador oficial debido a los procesos de impugnación, la campaña de miedo que evidencia las diferencias entre las urbes costeñas y el resto del país continúa.

Por un lado, desde la derecha la campaña de miedo se basa en señalar los vínculos de la izquierda con el terrorismo y de que esta convertirá al país en una nueva Venezuela. Mientras que por el otro lado, la izquierda advierte de un regreso al neoliberalismo autoritario de los 90 que vulneraba los derechos humanos.Y si bien ambas partes retoman la idea de progreso en su discurso, lo hacen a través de campañas que en última instancia se basan en el miedo.

Enfoques no articulados y centrados en un solo discurso no ofrecen una real solución para las pocas elaboradas propuestas ambientales de ambos candidato. La corrupción frena los esfuerzos de protección del medio ambiente y se nutre de la mercantilización de la naturaleza a la vez que pone en riesgo a los defensores de la tierra. Pero la lucha anticorrupción por sí sola no es suficiente. Las políticas ambientales requieren de un fuerte componente científico y tecnológico. Sin embargo, su producción no necesariamente es inclusiva y tiene una limitada articulación con la elaboración de políticas. Garantizar la participación de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones es clave, pero no será suficiente si la participación no es interactiva, sostenida y vinculante en la toma de decisiones.

¿Por qué la democracia y el ambiente van de la mano?

Con una economía dependiente de las actividades extractivas y una larga historia de exclusión de las poblaciones indígenas —evidenciada en esta campaña—, las agendas ambientales y decoloniales se entrelazan y se hacen más urgentes en Perú.

El territorio peruano sostiene una gran diversidad cultural y biológica, pero al mismo tiempo es un espacio racializado. La agenda de recuperación ambiental y económica del nuevo gobierno debería incluir una comprensión profunda y dinámica de la relación entre las personas y los diversos paisajes peruanos. En las últimas décadas se ha avanzado en políticas ambientales y en derechos indígenas, pero ha sido insuficiente.

Esta campaña electoral, cargada de argumentos diferenciadores y jerarquizantes con tendencias racistas, quizás está señalando los elementos fundamentales para crear una agenda ambiental integral que aborde los problemas estructurales de una sociedad multicultural y multiétnica.     

Foto de Comandmatico 

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“No te metas en mis asuntos…”

Fabián Bosoer
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“No te metas en mis asuntos…”

Cuando el principio de “no intervención” se esgrime para sustraerse de los compromisos regionales, hemisféricos e internacionales en materia de Derechos Humanos y defensa de la democracia, no se protege a las sociedades sino a regímenes y gobernantes que las lesionan.

En los años 60 del siglo pasado, la defensa del principio de no injerencia -que le costó el gobierno a los presidentes argentinos Arturo Frondizi (1962) y Arturo Illia (1966), -derrocados por militares que encontraban apoyos en Washington- entre otras razones por oponerse a la intervención de los EE.UU. en Cuba y República Dominicana. Ese principio, enraizado en la tradición de la diplomacia latinoamericana, estaba justificado en resguardar a nuestros países de la abierta intervención de los EE.UU. y la URSS en el marco de la confrontación Este-Oeste que caracterizó a la Guerra Fría. 

En los años 70, fueron las dictaduras militares anticomunistas las que esgrimían ese principio para responder a las denuncias del Departamento de Estado, bajo la presidencia de James Carter, sobre las violaciones a los Derechos Humanos que se estaban perpetrando al sur del Río Grande. 

Luego llegó Ronald Reagan, en los ’80, y la injerencia tomó otra dirección: se trataba para Washington de evitar que Nicaragua se convirtiera en “otra Cuba” a las puertas del Imperio, tras la Revolución Sandinista que derrocó a la vetusta dictadura de Anastasio Somoza. 

Y fue también un presidente argentino, Raúl Alfonsín, quien le respondió a Reagan, en los jardines de la Casa Blanca, allá por marzo de 1985, que América latina debía salir de la Guerra Fría; que no se trataba de la opción entre revolución y contrarrevolución de lo que estaba en juego sino de la opción entre dictaduras y democracias. 

Cuarenta años más tarde, el líder de aquella revolución nicaragüense, Daniel Ortega, cierra el círculo completo de 360° y ocupa el lugar del dictador que desplazó: se ha transformado en un nuevo Somoza, reprimiendo las protestas, acallando las voces críticas, encarcelando a referentes de la oposición y pretendiendo la perpetuación en el poder. Y como los dictadores de antaño frente a Carter, junto a otro autócrata como Nicolás Maduro, denuncian “la injerencia externa” y pretenden distraer la atención de su giro dictatorial acusando al “imperialismo norteamericano”, retrocediendo a los tiempos de la Guerra Fría. 

Lamentablemente, el gobierno argentino se ha plegado a esa visión regresiva, que confunde escenarios históricos, al abstenerse -junto a México- de condenar en la OEA la represión ejercida por el gobierno nicaragüense y exigir la liberación de los líderes opositores detenidos. El texto de la declaración de la OEA fue aprobado por 26 votos -entre ellos, Estados Unidos, Chile, Colombia y Perú- durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, el órgano ejecutivo del bloque regional. En contra votaron Bolivia y San Vicente y las Granadinas, en tanto Argentina, Belice, Dominica, Honduras y México se abstuvieron. La representación de Nicaragua condenó la injerencia del organismo multilateral, y acusó a los Estados Unidos de desplegar una «política intervencionista». 

El comunicado oficial que explica la abstención de la Argentina y México en la votación de la OEA señala que “no estamos de acuerdo con los países que dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia”. Luego, ambos gobiernos convocaron a sus embajadores en Managua, tomando distancia del apoyo al régimen nicaraguense, pero esta semana el gobierno argentino volvió a abstenerse de condenar a Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU amparada en “una tradición de no firmar documentos conjuntos en contra de un país” y sosteniendo que “no existen normas ISO para determinar cuál es el mejor sistema electoral”. Se desconoce así todo el camino recorrido en los últimos cuarenta años, de compromisos e instrumentos regionales, hemisféricos e internacionales, jurídicos y políticos, en defensa de los Derechos Humanos y la democracia. Un camino, por otro lado, en el que la Argentina supo estar en la vanguardia.  

El argumento de que tales herramientas solo son aplicadas por los países poderosos contra los países débiles por conveniencia geopolítica suele ser una coartada utilizada por gobernantes y regímenes que atropellan a sus sociedades, hostigan a sus críticos o limitan las libertades, no importa en nombre de qué ideologías, y claro, no quieren que ningún “poder foráneo” se entrometa en sus asuntos. Del mismo modo, el argumento del “doble estándar” o “hemiplejía” de toda política internacional basada en principios, invalida la posibilidad de reconocer avances en materia de Derecho internacional humanitario y compromisos internacionales en favor de la democracia. 

Cuando el principio de “no intervención” se esgrime para sustraerse de los compromisos regionales, hemisféricos e internacionales en materia de Derechos Humanos y defensa de la democracia, no se protege a las sociedades sino a regímenes y gobernantes que las lesionan. 

*Texto publicado originalmente en Clarín, Argentina

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Polarización, ¿qué hay de nuevo?

Manuel Alcántara
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Polarización, ¿qué hay de nuevo?

Hoy pareciera que un fantasma recorre el mundo dominando sobre todo el discurso y el análisis político. Nutre las marchas en las ciudades, da aliento al propio quehacer de la clase política e ilustra las publicaciones de todo tipo. El escenario actual peruano; las tensiones generadas en Brasil, México o El Salvador por sus respectivos presidentes Jair Bolsonaro, Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele; el peso recurrente de la grieta en Argentina; el empantanamiento de la situación en Colombia; las dinámicas autoritarias excluyentes de Nicaragua y de Venezuela… Todo parece configurar parte de un libreto universal que tiene sus antecedentes inmediatos en el último lustro tras el Brexit británico, la elección de Donald Trump o el independentismo catalán. La polarización es el gran demiurgo.

Los estudios sobre el uso de las palabras muestran su carácter complejo. En el caso del término de marras ahora tan de moda no se debe tanto a su carácter polisémico, como ocurre con otros vocablos usados en política como sería el de populismo, sino a su confuso significado a la hora de darle sentido. Así, hay al menos dos preguntas que se hacen quienes lo escuchan o lo leen. Polarización, ¿con respecto a qué?, y ¿son tan negativos sus efectos que deben ser motivo de preocupación? Pero apenas si hay respuestas.

La política tiene que ver con la gestión de las preferencias que normalmente se seleccionan, articulan, agregan y ordenan tanto por quienes desean solventarlas como por diferentes sectores que simplemente quieren evidenciarlas o pretenden encontrar vías para solventarlas. Los primeros suelen ser los políticos profesionales mientras que los segundos son grupos sociales de mayor o menor tamaño y organizados mejor o peor.

Es en la identificación de los problemas donde surgen los ejes de conflicto que abren las soluciones y sobre los que se monta la liza política. Estos ejes son numerosos, pues se acoplan a los problemas existentes y no tienen la misma intensidad en cuanto a su relevancia. La regulación de la eutanasia y la puesta en marcha de la renta universal o la educación general y gratuita y una reforma fiscal progresiva ejemplifican bien la cuestión. Por otra parte, aunque las distintas posiciones en los mismos admitan cierto gradualismo y estadios intermedios, la tendencia a colocarse en los extremos es frecuente toda vez que entonces es más sencilla la identificación entre la oferta y la demanda.

Sin embargo, la política también tiene que ver con la definición de esas preferencias que no siempre casa con precisión con la realidad. Algo que se vincula inexorablemente con el mundo que se quiere ver en función de unos determinados marcos interpretativos. Aquí, los relatos desempeñan un papel trascendental porque sirven a la hora de simplificar los mensajes ya que los hacen más comprensibles para la mayoría. Ello, no obstante, se traduce en la consiguiente pérdida de matices y en la búsqueda de lo que sería el punto óptimo capaz de reunir una más amplia aquiescencia.

Una política cada vez menos centrada en programas y más en candidaturas ha desarrollado aun más la profesionalización de las campañas electorales y de los asesores en comunicación que, unidos al auge del mundo digital, han sido buena compañía de ese empeño. La asesoría comunicacional ha entresacado del variopinto elenco de cuestiones demandadas aquellas que, realmente relevantes o no, puedan dar mejor juego publicitario para alcanzar el éxito buscado; y las redes sociales, ávidas de material liviano y que no requiera enjundiosos debates, han hecho el resto.

Estos fenómenos son globales, pero en América Latina están acrecentados por dos características autóctonas. La primera se vincula con el presidencialismo que se basa en una lógica “suma cero” mediante la que el vencedor se lo lleva todo. Si, además, como sucede en buen número de países, existe el mecanismo de la segunda vuelta que pretende ungir a la candidatura vencedora de una mayor legitimidad, el enfrentamiento a dos es inevitable.

Ahí radica uno de los escenarios donde se agota el enunciado de la polarización. Lo interesante, sin embargo, es que cuando se analizan los resultados de los últimos comicios presidenciales en los distintos países, el margen de victoria de la primera candidatura sobre la segunda ha sido mayor del 10% en México, Bolivia, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Colombia y Guatemala, y entre el 5% y el 10% en Argentina, Chile, Brasil y Ecuador. Los países donde hubo un margen más estrecho entre la candidatura ganadora y la que quedó en segundo lugar fueron solo cuatro: Uruguay (1,2%), Honduras (1,5%), Panamá (2,4%) y Paraguay (3,7%) a los que ahora se suma Perú, con independencia de quien llegue finalmente a la presidencia. Ni en Honduras ni en Paraguay la oposición reconoció el triunfo del vencedor.

La segunda se relaciona con el mantenimiento de la desigualdad al alimón de la existencia de grandes bolsas de pobreza y de una informalidad que promedia a la mitad de la fuerza laboral. Este escenario segregacionista hace más fácil el discurso de “ellos contra nosotros” que alienta diferentes propuestas políticas -alguna de las cuales tienen ya más de medio siglo como la denominación a la oposición como “la contra” por parte de Juan Domingo Perón o la declaración de Salvador Allende de “no ser el presidente de todos los chilenos”-.

Se trata, por tanto, de un asunto añejo basado en la lucha de clases, pero también y sobre todo en la idea de la política de Carl Schmitt bajo la lógica “amigo-enemigo” o en la de Antonio Gramsci que subrayaba la necesidad de la estrategia de “construir una hegemonía” reelaborada mucho después por Ernesto Laclau. Todas ellas no andaban muy alejadas del ideal de monopolio del capitalismo.

Hoy, es un fantasma que atiza a tirios y a troyanos y que alimenta polémicas gestadas en situaciones muy complejas a las que es preciso colgar un sambenito facilón. Un señuelo que dificulta el análisis al centrarse en la grandilocuencia del término y en su carácter publicitario casi demoníaco.

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Foto de 10b travelling / Carsten ten Brink en Foter.com

Bolsonaro se desinfla en las redes sociales

Leonardo Magalhães
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Bolsonaro se desinfla en las redes sociales

El 19 de junio fue un día difícil para Jair Bolsonaro. Además de las grandes marchas organizadas en todo el país contra su gobierno, quedó claro que su narrativa ya no convence como antes. El 19-J las redes sociales evidenciaron el debilitamiento del bolsonarismo para dominar la agenda e imponer su visión de mundo.

El presidente no sólo recibió un aluvión de críticas en la calle, sino que también perdió el debate en las redes sociales, especialmente en Facebook y Twitter, según los datos del Atlas Monitor, la herramienta que monitorea los datos de la consultora AtlasIntel.

Se podría decir que los organizadores del movimiento del 19-J salieron victoriosos debido a que dominaron el debate en torno a los temas de salud en general y Covid-19 en particular. Aunque algunos sectores no asistieron a las diferentes marchas, las redes lograron polarizar a los sectores progresistas y centristas en torno a una causa común, impulsando los temas de salud, Covid-19 y las manifestaciones a la cabeza de la agenda. 

Además, el mensaje de repudio al gobierno de Bolsonaro, a quien se atribuye la responsabilidad por la muerte de más de 500 mil personas, obtuvo un amplio consenso. Aun así, la red de Bolsonaro demostró ser bastante resistente en términos de posts virales y en la actuación personal de algunos de sus líderes.

Guerra de hashtags

Los hashtags sobre el 19-J dominaron casi por completo la lista de los diez más utilizados a lo largo del día, incluso teniendo en cuenta todo el volumen de tuits recogidos sobre los distintos debates en todo Brasil. Los temas de la salud y el Coronavirus son los más debatidos, pero también la agenda de la destitución de Bolsonaro se mantiene entre los grandes intereses del público.

Si comparamos las diez publicaciones con mayor impacto en todo el país ese día, o sea las más virales en Twitter y Facebook, la mayoría son críticas a Bolsonaro (cerca de la mitad), la otra mitad se dividió entre posts sobre Bolsonaro y otros temas de interés público, no necesariamente vinculados a la política.

Pero si nos centramos en el tema de la salud y el Covid-19, casi la totalidad de las diez publicaciones más virales repudian la actuación del gobierno durante la pandemia.

La oposición domina el debate cuando la agenda es sobre Bolsonaro

Si llevamos en cuenta la serie histórica de datos Atlas desde 2018, se observa que, salvo raras excepciones, Bolsonaro y sus partidarios dominan el debate el tema central es el presidente y su gobierno. Esto significa que cada mención sobre Bolsonaro le suele ser abrumadoramente favorable en las redes, gracias a la militancia de sus partidarios, lo cual genera una falsa percepción de que la mayoría de los brasileños lo apoyan.

Sin embargo, el 19-J las menciones sobre “Bolsonaro” no fueron dominadas por el propio presidente o sus partidarios si se consideran los diez posts más virales y casi todos fueron críticas. Tanto en Facebook como en Twitter, los influenciadores del debate fueron en su mayoría perfiles de opositores.

Un indicador para evaluar la campaña anti-Bolsonaro

Este es un indicador importante a la hora de evaluar el desempeño de la campaña anti-Bolsonaro ocurrida ese día, lo cual demuestra el potencial en términos de daño de imagen que este tipo de acciones puede causar, así como los límites de la militancia de Bolsonaro en su capacidad de viralizar contenido hoy en día. Pues, en general un contenido se viraliza cuando su narrativa tiene sentido para el grueso de la población.

Pero las métricas de Bolsonaro en Twitter dicen mucho de la fuerza que el presidente aún tiene en las redes. Ciertamente la victoria de los manifestantes del 19-J se produjo en las redes, pero no es absoluta ni duradera.

Bolsonaro tiene el mayor espacio relativo, es decir, es el político más mencionado en las redes en comparación a los demás. Alrededor del 20% de todo el contenido publicado sobre él es negativo, y el 80% es neutral o positivo. Esta es la fuerza del presidente y el límite del movimiento 19-J. Por lo tanto, puede que Bolsonaro no haya viralizado su contenido, pero al capilarizar los mensajes de apoyo logró superar a sus oponentes en términos de cantidad absoluta.

El bolsonarismo: un gigante de la comunicación política

El bolsonarismo sigue siendo un gigante de la comunicación política en las redes sociales y hará falta mucho más que un 19-J para derrotarlo. Sin embargo, ese día Bolsonaro perdió una batalla ya que los mensajes contribuyeron a formar una opinión pública antibolsonarista y porque quedó en evidencia que sus bases están perdiendo fuerza.

Según los datos de AtlasIntel, ese día Bolsonaro tuvo una tasa de crecimiento de su base de seguidores casi nula, en comparación con Lula que le superó en términos de contenido positivo y capacidad de movilización.

Pero más allá de la carrera electoral, estos indicadores sugieren una dimensión cualitativa sobre las narrativas que tienen más o menos sentido hoy en día en términos de realidad. Si Bolsonaro no puede movilizar a su propia base como antes y esta no crece en términos de seguidores, es porque su capacidad de narrar la realidad ya no es tan creíble como en el periodo anterior a la pandemia.

Por el contrario, Lula parece tener más éxito en este ámbito, o al menos, parece encarnar una mayor capacidad de consenso cuando aborda temas relevantes para los brasileños.

Cuba y la eterna primavera negra

Sergio Angel
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Cuba y la eterna primavera negra

El 21 de mayo el diario Granma, Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, publicó un artículo titulado “Continúan las protestas  y la represión en Colombia”. No era la primera vez que se denunciaba la represión del Estado contra la ciudadanía. Lo mismo sucedió frente a las manifestaciones de Chile del 2019 con un artículo titulado: “Datos demuestran la brutalidad policial en chile”, y frente a las de Estados Unidos del 2020 donde un titular bastante más amarillista se preguntaba: “¿Dónde se fabrican los policías asesinos?”. Sin embargo, ante la violencia policial, el hostigamiento, las detenciones arbitrarias y el secuestro de opositores, periodistas y artistas en Cuba este mismo diario guarda silencio.

La primavera negra de 2003

En la madrugada del 18 de marzo del año 2003, en una acción coordinada por parte de agentes del Departamento de la Seguridad del Estado, o policía política cubana, se detuvieron a 75 personas entre opositores, periodistas y activistas acusados de colaborar con el “enemigo” y apoyar el bloqueo económico de Estados Unidos hacia Cuba. Además de las detenciones, se confiscaron computadores, archivos, fotos, máquinas de escribir, fax, entre otros elementos que fueron usados como pruebas.

Días después, entre el 3 y el 7 de abril, se realizaron juicios sumarios en los que se les condenó a penas de prisión que iban desde los seis hasta los 30 años, sin derecho a un juicio justo, o al menos, a una defensa. Con ello se trataba de enviar un mensaje político hacia el gobierno de Estados Unidos con el fin de desincentivar cualquier tipo de agresión hacia Cuba, utilizando como chivos expiatorios a los disidentes dentro de la isla.

Para darle visos de legalidad a la acción, se utilizó la Ley 88 de 1999, o “Ley Mordaza”, en la que se establecía como finalidad “tipificar y sancionar aquellos hechos dirigidos a apoyar, facilitar, o colaborar con los objetivos de la Ley «Helms-Burton», el bloqueo y la guerra económica contra nuestro pueblo, encaminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar al Estado Socialista y la independencia de Cuba”. Es decir, que cualquier acción en rechazo de las acciones del gobierno cubano y que pudiera asociarse a personas o miembros del gobierno de Estados Unidos hacía posible el uso de esta disposición para sancionar, perseguir y encarcelar.

Y aunque muchos de los acusados, ni siquiera conocían a James Cason, jefe de la oficina de intereses de los Estados Unidos en Cuba, se utilizó a este funcionario como una excusa para el encarcelamiento masivo, aduciendo que “participaban de actividades subversivas” lideradas por él. Lo cierto es que mientras estos opositores, activistas y periodistas tuvieron que enfrentarse a esta justicia totalitaria, Fidel Castro no llevó a cabo ninguna represalia contra el funcionario del gobierno de Estados Unidos y sólo usó a sus propios ciudadanos como una forma de demostrar su poder.

La primavera negra de 2021

Aunque las acciones represivas no han cesado desde 2003 y han sido muchas las primaveras crueles para los cubanos que piensan diferente, esta primavera de 2021 era especial porque se realizaría el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) en donde Raúl Castro se retiraría de la vida pública. Es así como anticipadamente y previendo cualquier tipo de acción opositora, se realizaron cercos policiales a los miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y se aumentó su vigilancia y control por parte del Departamento de la Seguridad del Estado (DSE).

Como resultado de este ataque preventivo contra ciudadanos desarmados y pacíficos, 60 miembros de la UNPACU comenzaron una huelga de hambre en rechazo a la represión injustificada y la vigilancia. 26 días después del anuncio de José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, terminó la huelga de hambre tras el fin del cerco policial a la sede de la organización en Altamira en Santiago de Cuba. Pero lejos de terminar los días de represión, se comenzarían nuevas formas de intimidación, persecución, secuestro y reclusión.

Ya iniciado el Congreso del PCC, el artista Luis Manuel Otero Alcántara realizó en su casa un performance para recrear a través de un “garrote vil” la precariedad de la vida y el “encarcelamiento” que sufre la sociedad cubana. El DSE no se hizo esperar y, además de irrumpir sin una orden judicial y detener al artista, le decomisó sus obras y dio inicio a los oscuros días del mes de abril, que además de las repetidas detenciones del artista, dejó como saldo la detención de otros activistas, y su reclusión involuntaria en el hospital Calixto García por cerca de un mes.

La prohibición de las protestas

El 30 de abril Esteban Rodríguez decidió, tras no poder visitar a Luis Manuel Otero Alcántara, manifestarse en plena Calle Obispo de la ciudad de La Habana junto a otros activistas y periodistas. Y aunque se trató de una expresión pacifica de ciudadanos en contra de la represión,  en una dictadura cualquier manifestación de descontento es inaceptable y por ello Esteban y sus acompañantes fueron conducidos por el DSE a una estación de policía. Desde esa fecha se encuentran detenidos y acusados de “desorden público y resistencia” y aunque algunos han sido liberados, otros como Esteban serán trasladados a cárceles de máxima seguridad.

Esteban no es el único y esta primavera ha tenido mucho otros nombres como el de la periodista Ileana Álvarez, detenida en su casa por informar; Manuel de la Cruz expulsado del Instituto donde trabajaba por participar en una fiesta con Luis Manuel Otero Alcántara; Maykel Osorbo, rapero, detenido en repetidas ocasiones y conducido sin causa objetiva a una prisión de máxima seguridad.

Miguel Díaz-Canel parece copiar las estrategias de 2003 para mostrar su poder y desincentivar cualquier foco de descontento. Mientras tanto, los medios oficialistas se visten de demócratas y defensores de los derechos humanos cuando se trata de juzgar la represión en otros países. Pero cuando se trata de reportear la represión hacia la UNPACU, el mismo Granma dice que se trata de “focos subversivos”, y alude a la reclusión hospitalaria de Luis Manuel Otero Alcántara como “la más reciente farsa contra Cuba”.

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Fútbol y política: una simbiosis problemática

Philippe Raposo
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Fútbol y política: una simbiosis problemática

El 21 de junio de 1978, en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario, Argentina, las selecciones nacionales de Argentina y Perú disputaron uno de los partidos más polémicos de la historia del fútbol sudamericano. Fue el último partido antes de la final del Mundial de 1978, en Argentina. Holanda ya estaba clasificada para la final y esperaba a que se decidiera su rival: Brasil o Argentina.

Ese mismo día, Brasil había derrotado a Polonia por 3-1, poco antes del partido entre Argentina y Perú. Los tiempos del partido se invirtieron repentinamente, por lo que los anfitriones afrontaron el partido sabiendo que una victoria por cuatro goles clasificaría a Argentina para la final. De lo contrario, Brasil se jugaría el título contra los holandeses. Ante 40 mil hinchas, Argentina goleó a Perú por 6-0 y se clasificó para la final. A continuación, vencieron a Holanda por 3-1 y ganaron su primer título mundial.

El contexto político en Argentina durante el Mundial era de dictadura militar. De 1976 a 1981, el país fue gobernado por el general Jorge Rafael Videla, que asumió el cargo tras la deposición de Isabelita Perón. Para algunos historiadores, el 78’ fue el punto álgido del régimen militar, menos por los éxitos del gobierno y más por los triunfos nacionalistas en las competiciones internacionales.

El tenista argentino Guillermo Vilas estaba en la cima de su carrera con tres títulos de Grand Slam en el bienio 1977-1978 (Roland Garros, US Open y Australia Open). La modelo Silvana Suárez sería elegida Miss Mundo a finales de ese año. Y, con mayor atractivo popular, la selección nacional de fútbol ganaría la Copa del Mundo, que fue instrumentalizada como propaganda política y propulsora de la imagen internacional del país.

Paralelamente al delirio ufanista proporcionado por las competiciones internacionales aumentaron las denuncias de asesinatos, torturas, encarcelamientos políticos, exilios y desapariciones forzadas. En la economía, aumentó la desindustrialización, el desempleo y el espiral inflacional. Esta otra cara de la moneda no impidió que parte de la población aplaudiera al general Videla en el estadio Monumental de Núñez, donde Argentina fue campeona, y en la Plaza de Mayo, durante la celebración. Una combinación perniciosa de fútbol, política y nacionalismo.

En cuanto a la polémica victoria por 6-0, se ha especulado mucho sobre el estado físico del portero peruano Ramón Quiroga («El Loco»). Además de recibir seis goles, Quiroga es argentino nacionalizado peruano, lo que ha hecho sospechar de un supuesto soborno para entregar el partido, acusación que él siempre ha negado. De hecho, un análisis de los goles muestra que Quiroga no parece haber sido culpable de ninguno, en contraste con dos o tres fallos claros de los jueces de línea peruanos. En un reportaje publicado por Folha de Sao Paulo en 1998, Quiroga afirmó que estaba seguro de que alguien había ganado dinero para regalar el juego.

En 2005, el periodista Pablo Llonto publicó el libro «La vergüenza de todos», con un análisis de los rumores de esa copa. El autor argumentó que el equipo argentino ganó el partido en el campo, sin interferencias externas, a pesar de las especulaciones que persisten hasta hoy. En 2007, la emisora de radio colombiana Caracol anunció que el cártel de Cali había sobornado a algunos jugadores de la selección peruana. Las afirmaciones fueron hechas por Fernando Mondragón, hijo de Gilberto Orejuela («El Ajedrecista»), un antiguo capo de la droga colombiano.

También en 2007 se estrenó el documental «Mundial 78: Verdad o Mentira», dirigido por Christian Rémoli. El director demostró que poco antes del inicio del partido entre Argentina y Perú, el general Videla y el ex secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, acudieron al vestuario del equipo peruano para hablar de solidaridad y unidad latinoamericana, lo que fue interpretado por algunos jugadores como un acto de presión política.

También se especuló con que el gobierno peruano donaría miles de toneladas de trigo al equipo tras la derrota. En 2008, Ricardo Gotta publicó «Fuimos campeones: la dictadura, el Mundial 78 y el misterio del 6 a 0 a Perú», que aborda estas y otras especulaciones, con pruebas que apuntan a la existencia de sobornos dentro y fuera del campo.

Se recuerda que en 1978 el Perú era gobernado por el general Francisco Morales Bermúdez, entonces jefe del autoproclamado «gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas» del Perú. En sí mismo, fue un periodo problemático en la historia del país. En 2012, el ex senador peruano Genaro Ledesma (1931-2018) denunció que la paliza de 6-0 habría sido parte de un acuerdo entre los gobiernos militares de ambos países, y que también incluiría ayuda financiera y cooperación política. No se ha demostrado nada.

En 2018, en una entrevista para el diario peruano Trome, el exjugador José Velásquez («El Patrón») aseguró que seis jugadores peruanos regalaron el juego, citando nombres. Pero no estaba claro a qué «rendición» se refería. También se informó que funcionarios del equipo brasileño ofrecieron dinero al equipo peruano para no perder el partido por más de tres goles de diferencia (la famosa «bolsa blanca»), lo que llevaría a Brasil a la final de la copa. Es fácil concluir que la propuesta brasileña no fue aceptada por los peruanos.

Otra posibilidad que no se puede descartar es que el equipo argentino haya jugado uno de sus mejores partidos en la historia de la participación en los Mundiales, habiendo ganado el partido en el campo sin interferencias externas. En ese caso, la visita de Videla y Kissinger al vestuario peruano habría sido una mera visita de buena voluntad. Esta hipótesis se ve reforzada por la convincente victoria de Argentina en la final contra Holanda.

En resumen, hay mucha especulación. Pero no hay pruebas, sólo testimonios personales. Creo que todas las hipótesis anteriores son plausibles.

Para concluir, vale la pena reflexionar brevemente sobre la relación entre la política y el fútbol en Sudamérica, donde el fútbol es un instrumento históricamente utilizado por los gobernantes para promover su imagen y obtener prestigio popular.

En 1970, el título de Brasil en el Mundial de México tuvo una repercusión muy similar a la del título de Argentina en 1978. En ambos casos, los gobiernos aprovecharon el fútbol para revitalizar su legitimidad política y disimular las debilidades de la economía.

La Argentina, ya redemocratizada, volvió a hacer uso político del fútbol cuando ganó la Copa del Mundo de 1986, también en México, revitalizando la imagen del país, erosionada por su derrota en la Guerra de las Malvinas de 1982. Muchos consideran que el gol de Maradona (1960-2020) contra Inglaterra, popularizado como «La Mano de Dios», fue una especie de capitulación de los ingleses, fruto de una asociación alegórica entre política y fútbol.

Gran parte de la historia de la relación entre la política y el fútbol es el resultado de los testimonios -historia oral- de quienes participaron en los acontecimientos. En esta lógica, el tiempo es una variable fundamental a tener en cuenta. Con el paso de los años, los personajes de la historia dejan de existir y, por tanto, se produce el fenómeno natural de la «quema de archivos».

Hay innumerables debates que entran en la órbita de la especulación y el deseo, lejos de la realidad de los hechos. En este campo lleno de incertidumbres, es plausible admitir que el fútbol -en Sudamérica y en otras regiones- es susceptible de ser instrumentalizado a favor del populismo, desviando la atención de la población de sus verdaderos desafíos.

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Izquierda y derecha: ¿entre la esperanza y el mal menor?

Guilherme Simões Reis
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Izquierda y derecha: ¿entre la esperanza y el mal menor?

El mundo está sufriendo retrocesos democráticos, ya sea por el cierre explícito de regímenes y golpes militares, o por maniobras apoyadas en la institucionalidad pero que ignoran la voluntad de las urnas. O incluso aumentando las prerrogativas burocráticas y legales en detrimento de los gobiernos elegidos. América Latina, en particular, está experimentando un retroceso desde el agotamiento del ciclo progresista.

¿El fin de la era de las democracias en América?

En 2017 escribí el texto «El fin de la era de las democracias en América», un juego de palabras obvio con la obra de Alexis de Tocqueville. Sostuve entonces que el continente enfrentaba tanto la acción conspirativa de sectores neoliberales como el cierre de regímenes en países gobernados por la izquierda como Nicaragua y Venezuela.

En una ola comparable a la de los años 30, crecen en el mundo los movimientos fascistas y fundamentalistas religiosos, a menudo tratados con el eufemismo de «populismo de derechas». Lo mismo ocurre en las Américas.

Jair Bolsonaro es el rostro más evidente de este proceso, equiparándose a homólogos como Viktor Orbán (Hungría), Recep Erdoğan (Turquía), Rodrigo Duterte (Filipinas) y Narendra Modi (India). Pero incluso en Uruguay, donde la democracia se considera más estable y de mayor calidad, un general retirado como Guido Manini Ríos apareció de forma competitiva y desordenó la composición partidista del Parlamento.

Al mismo tiempo, la persecución jurídica y política (el llamado lawfare) de los expresidentes se produjo en Ecuador, donde Lenín Moreno dio un giro a la derecha y Rafael Correa tuvo que exiliarse en Bélgica; en Argentina, contra Cristina Fernández de Kirchner; y en Brasil, contra Lula, que estuvo encarcelado durante 580 días.

Fin de un ciclo y comienzo de tensos equilibrios

Tras un aparente giro a la derecha después de la marea rosa, lo que parece ocurrir hoy es un tenso equilibrio entre dos bloques. El triunfo de Alberto Fernández, con Cristina como vicepresidenta, frente a Mauricio Macri en 2019 no fue un mero suspiro de esperanza en medio de la asfixia generalizada de la izquierda.

El panorama de la política mexicana también ha cambiado con la victoria de López Obrador en las elecciones de 2018. En Bolivia, el MAS volvió al poder, aún sin Evo Morales, con la victoria de Luis Arce y en Chile, varios sectores de la izquierda tuvieron una victoria abrumadora en la Asamblea Constituyente elegida en marzo.

La impresionante movilización contra las reformas neoliberales que intentó llevar a cabo Iván Duque en Colombia, y la represión policial de la misma demuestran que el uribismo ya no tiene la comodidad de la que disfrutó en la década pasada. A su vez, el regreso de Lula a la elegibilidad y su favoritismo frente a Bolsonaro en las encuestas barajan las cartas del tablero político brasileño.

Perú como campo de batalla

El empate entre estos dos bloques se ha materializado en las elecciones presidenciales peruanas. Keiko Fujimori, hija del exdictador Alberto Fujimori, quedó en segundo lugar por tercera vez consecutiva, siempre con un apoyo cercano a la mitad de los votos válidos en la segunda vuelta.

Incluso con el ex autócrata condenado por violaciones de los derechos humanos y corrupción, el Fujimorismo siguió siendo una fuerza política competitiva. Una encuesta realizada en mayo de 2013 por el instituto Ipsos Apoyo mostró a Fujimori como el mejor presidente de los últimos 50 años para el 30% de los entrevistados. Pero también como el segundo peor, con el mayor rechazo entre el 18% de los encuestados.

En su primer intento de llegar a la presidencia en 2011, Keiko obtuvo el 48,5% frente a Ollanta Humala. Volvió a perder en 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK), un neoliberal, pero por un margen más estrecho: 49,9%.

Tras la renuncia de PPK y la destitución de su sucesor, Martín Vizcarra, las elecciones de 2021 volvieron a terminar en un casi empate. Esta vez, sin embargo, con el 49,8% de los votos, perdió ante el candidato con mayores credenciales de izquierda: el profesor y sindicalista Pedro Castillo.

Keiko acusó de fraude al proceso electoral, siguiendo el ejemplo del también derrotado Henrique Capriles en Venezuela en 2013, Aécio Neves en Brasil en 2014, Guillermo Lasso en Ecuador en 2017 y Carlos Mesa en Bolivia en 2019.

Bolsonaro ya anticipa una posible derrota en 2022 y acusa a las urnas electrónicas utilizadas en Brasil de estar amañadas, abogando por la adopción de papeletas impresas, una medida que podría facilitar la coacción política en zonas dominadas por el crimen organizado.

La preocupación presente en los bestsellers sobre la muerte de las democracias en general no es realmente la de las rupturas democráticas. Se trata, más bien, de la angustia por el hecho de que los representantes tradicionales del mercado se queden cada vez más sin espacio. Las victorias de Lacalle Pou en Uruguay en 2019 y de Guillermo Lasso este año en Ecuador no son suficientes para ocultar que la vieja fórmula funciona menos.

Apelan a falsas equivalencias, clasificando cualquier postura mínimamente crítica con el capitalismo o el imperialismo como «populismo de izquierdas» y la extrema derecha como «populismo de derechas». Señalan la polarización como equivalente al riesgo de ruptura democrática, mientras que ven repetidamente las destituciones y los golpes de Estado como reacciones comprensibles y no antidemocráticas, aunque extremas, de la oposición contra los grupos políticos ajenos al establishment.

Esta derecha neoliberal, que fue la protagonista de la fase inicial del «fin de la era de las democracias en América» que mencioné antes, es ahora un actor secundario. Otros actores protagonizan las disputas, con o sin ataques a la democracia, desde la derecha.

Despreciada por el electorado y preferida por el mercado, esta derecha pretende hacer posible una «tercera vía». Sin embargo, cuando no es posible, la vieja división derecha-izquierda vuelve a hablar con más fuerza.

Así fue cuando votaron para presidente al defensor de la tortura Jair Bolsonaro contra el profesor Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores en 2018. Es así como el escritor Mario Vargas Llosa decidió flexibilizar su vieja rivalidad con los Fujimori y declaró su apoyo a Keiko, quien, según él, era un «mal menor» frente al profesor Pedro Castillo.

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Juventudes y fronteras en el Mercosur

Nahuel Oddone
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Juventudes y fronteras en el Mercosur

En 2019 más de 60 millones de adolescentes y jóvenes entre 10 y 24 años habitaban en los Estados Parte del MERCOSUR, según estadísticas de la División de Población de las Naciones Unidas. En Argentina estos representaban el 23.5%, en Brasil el 23.2%, en Paraguay el 28.5% y en Uruguay el 21.6%. Sin embargo, en las localidades de frontera más pobladas, este promedio es sensiblemente mayor, debido a una colonización tardía del territorio como Ciudad del Este (Paraguay) o por la atracción de migración interna o internacional como en Foz de Iguaçu (Brasil).

América Latina y el Caribe (ALC) está ante un proceso de transición demográfica acelerada. Y a pesar de las diferentes etapas demográficas que atraviesan los países de la región, esta todavía cuenta con una ventana de oportunidad conocida como “bono demográfico”.

Desafíos y oportunidades

La dimensión fronteriza es sin duda una variable clave que influye en las condiciones y oportunidades de desarrollo para adolescentes y jóvenes. La transición a la vida adulta de quienes viven en estas áreas es particularmente compleja.

En algunas zonas, se ha detectado una serie de problemas sociales derivados de la reproducción temprana, la deserción escolar, la dificultad de acceso al empleo que muchas veces se realiza en un contexto de economía informal, y a veces ilícita. Todos estos factores contribuyen a perpetuar la transmisión intergeneracional de la pobreza y limitan las oportunidades de desarrollo.

La falta de acceso a servicios básicos como salud, educación y trabajo impacta sobre el bienestar personal y colectivo y afecta los procesos de toma de decisiones individuales. En la medida en que los adolescentes y jóvenes aumenten su autonomía progresiva y logren una total inserción social, tendrán mejores condiciones para alcanzar su pleno potencial.

Juventudes y necesidad de políticas públicas focalizadas

En este contexto, hay cuatro factores que evidencian la necesidad de un rápido diseño de políticas focalizadas que tomen en cuenta el territorio de frontera y el ciclo de vida de las personas que allí habitan.

En primer lugar, la cobertura de salud de los adolescentes y jóvenes es más baja, con una mayor precariedad en comparación con la infancia y la niñez o los adultos mayores. Asimismo, aquellos jóvenes que han contado con cobertura de salud a través de sus padres suelen perderla a partir de los 18 años.

En segundo lugar, el abandono escolar suele ser mayor en los últimos años del bachiller porque los jóvenes comienzan a trabajar o a ayudar en nuevas tareas. Aquellos que logran concluirla, enfrentan mayores desafíos para entrar a la Universidad.

Son pocos o nulos los programas que acompañan la transición de la escuela media a la Universidad. Mientras que en la franja 15-19 años el en las ciudades fronterizas de Posadas (Argentina), Encarnación (Paraguay), Santana do Livramento (Brasil), Rivera (Uruguay), Concordia (Argentina) y Ciudad del Este (Paraguay) más del 70% asisten a un establecimiento educativo, en la franja de 20-24 en casi todos los casos desciende más del 50%.

En tercer lugar, se observa una mayor informalidad económica. En América Latina la informalidad es del 54% promedio según la CEPAL y OIT, pero este porcentaje tiende a aumentar sustantivamente cuando nos acercamos a las fronteras.

La atracción de una parte importante de la fuerza laboral joven a empleos precarios tiene dos consecuencias principales. Por un lado, la persona que se inserta dentro de la economía informal tiende a permanecer en ella afectando la solidaridad de los sistemas de protección social. Y, por el otro, los hombres jóvenes tienden a migrar de la informalidad a la ilegalidad. Como consecuencia, hay una alta exposición de los jóvenes fronterizos a formar parte de redes de contrabando y tráfico.

En cuarto lugar, es relevante la población de mujeres que se encuentra en la franja etárea de 20 a 24 años que ni estudia ni trabaja en las ciudades de frontera de mayor tamaño del MERCOSUR, alcanzando el 38,6% en Rivera. En la franja etárea siguiente, de 25 a 29 años se observan porcentajes similares.

Las encuestas de “uso del tiempo” suelen esconder la carga de cuidados que asumen las mujeres dentro del hogar (trabajo no remunerado), ya sea el cuidado de hermanos/as menores o hijos/as, o tareas de limpieza del hogar, entre otras, afectando el desarrollo de sus proyectos personales.

Los efectos de la pandemia

La pandemia de COVID-19 impactó fuertemente sobre las fronteras. Su cierre truncó dinámicas sociales y de utilización de servicios transfronterizos. Y más allá que el impacto ha sido diferencial por ciudad, la incertidumbre ha “congelado” los proyectos de carácter más individual.

Los desafíos impuestos por la pandemia incrementaron la necesidad de aumentar la inversión social, coordinar acciones en las fronteras y asegurar la cohesión social a fin de contribuir a la superación de la interseccionalidad de brechas que afecta a sus poblaciones.

En este marco, es probable que las mujeres jóvenes enfrenten nuevos desafíos para lograr una mayor y mejor participación en la reactivación económica post COVID-19. Por ello, es oportuno realizar intervenciones específicas que aseguren la participación de estas en programas de capacitación laboral y emprendimintos, así como la creación de nuevos espacios de cuidado, que permitan que más mujeres con hijos puedan incorporarse a la fuerza laboral formal.

Más allá de las dificultades que implica habitar estos espacios, la dimensión de frontera es una oportunidad. La identidad fronteriza de adolescentes y jóvenes es un valor diferencial que permite generar proyectos de vida interculturales, más asociativos y respetuosos de la diversidad. Así como también poner en marcha nuevas formas de participación e innovación social que potencien sus capacidades de incidencia en la agenda pública.

Desarrollar una ciudadanía en el MERCOSUR que potencie el papel de las juventudes de frontera es clave para la sostenibilidad de la integración regional.

Foto de Willy Verhulst

El Águila y el Dragón en Centroamérica

Constantino Urcuyo
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El Águila y el Dragón en Centroamérica

El establecimiento de las relaciones diplomáticas de Costa Rica con China, en 2007, marcó un hito en la relación de la potencia asiática con la región. Todos los países centroamericanos mantenían relaciones con Taiwán y este episodio fue parte de la batalla diplomática entre Pekín y Taipei. Sin embargo, el acontecimiento no provocó reacciones airadas por parte de los Estados Unidos, comprometidos con Pekín desde décadas atrás.

Un nuevo contexto

Desde entonces el contexto internacional ha cambiado, a pesar de la estrecha imbricación de sus economías, las relaciones entre ambas naciones se han deteriorado y existe un acuerdo en la clase política norteamericana sobre la “amenaza” china, tanto en el terreno comercial como en torno a lo militar.

El involucramiento chino con el mundo es variado y difiere según las regiones, los recursos de estas y las oportunidades. Como lo señala Evan Ellis: “En general (…) China busca en América Latina y el Caribe (…) fuentes seguras de materias primas y alimentos, acceso confiable a mercados para sus bienes y servicios(…) tecnologías estratégicas…”

En Centroamérica Pekín ha librado la batalla diplomática por Taiwán, pero su interés primordial es geoeconómico. La geografía hace que el istmo tenga un valor económico, adicional al valor estratégico militar por su cercanía con los Estados Unidos.

Patio trasero, acceso al Golfo de México, soft belly, como calificara Reagan a la región. Nódulo de comunicaciones y transportes, la geografía lleva a convertirse en hub marítimo, aéreo y ferrocarrilero, puente entre dos grandes océanos, entre el sur y el norte del continente. Puertos, aeropuertos, plataformas multimodales y construcción de carreteras, importantes para la potencia hegemónica, pero también para el poder asiático ascendente.

América Central no tiene el atractivo del cobre chileno, el petróleo venezolano o el hierro peruano, pero si es una importante vía de acceso china para el comercio con la costa este de los EUA.

Las reacciones de EUA

En la medida en que la rivalidad global entre ambas potencias ha venido creciendo las consecuencias de la relación con Pekín cambian. Cuando Costa Rica estableció relaciones con China no hubo reacción de Washington, pero el establecimiento de estas con Panamá, República Dominicana y El Salvador suscitó el llamado a consultas de los diplomáticos norteamericanos en los tres países.

En enero de 2020, el secretario de estado Pompeo advirtió, en Costa Rica, sobre las promesas chinas que a menudo producen: “únicamente deuda, dependencia y hasta la erosión de la soberanía de algunas naciones”. Recientemente, en visita a El Salvador, el enviado especial de Biden expresó su inquietud por el acercamiento del gobierno de Bukele con China, lo que confirma la preocupación de la clase política norteamericana en torno a la presencia china en su vecindario cercano.

Más allá de las inquietudes a las orillas del Potomac, es preciso apuntar el incremento de la actividad de China, aunque señalando que Honduras, Nicaragua y Guatemala no mantienen relación diplomática con esta, a pesar de actividades comerciales de empresas chinas en Honduras y Guatemala.

Panamá

La presencia china venía dándose desde antes del establecimiento de la relación diplomática. Una empresa china, basada en Hong Kong (Hutchinson-Whampoa) se encontraba involucrada en el tránsito de contenedores. Cuando el presidente Varela se acercó a Pekín las relaciones se desarrollaron aceleradamente. Panamá se integró a la iniciativa china de la Franja y la Ruta, y Xi Jinping visitó Panamá (2018). En lo comercial la relación se ha multiplicado por 22.

Las conversaciones para un tratado de libre comercio no han progresado y los proyectos de inversión china sufren estancamiento. Compañías chinas involucradas en Cobre en Panamá se han retirado. La construcción de un nuevo puerto de contenedores está incompleta y las inversiones en electricidad no han concluido. Los proyectos para gestión de agua y edificación de un cuarto grupo de esclusas no se han cristalizado. Y los proyectos de interés para China no logran abrirse paso con la nueva administración de Cortizo.

Empero, otras actividades continúan. Compañías chinas construyen un cuarto puente sobre el canal. La renovación del contrato con Hutchinson para la operación de puertos sucedió a pesar de las críticas. Un nuevo centro de convenciones financiado y construido por China ha sido concluido. Huawei y ZTE proveen de equipos a las telefónicas y cámaras para la vigilancia.

El Instituto Confucio funciona en la Universidad de Panamá y más de doscientos estudiantes panameños han recibido becas para estudiar en China.

El gobierno de Cortizo (2019) ha desacelerado la relación con China por las advertencias de los EUA. En una visita a Panamá en octubre 2018, Pompeo advirtió al presidente Varela de los peligros de China. Sin embargo, no es posible pensar en un retroceso en las relaciones y en un nuevo reconocimiento de Taiwán. China continuará comerciando e invirtiendo en Panamá.

Costa Rica

Como parte de su política de expansión de la frontera diplomática, el presidente Oscar Arias estableció relaciones con Pekín. Estas relaciones han sido cordiales; sin embargo, las dos últimas administraciones las han venido enfriando, escuchando las advertencias de los EUA. Con ocasión de una visita de Pompeo (2020), la embajadora criticó los proyectos de construcción de carreteras ejecutados por empresas chinas.

El balance de la relación ha sido positivo para ambos países y sigue el patrón de las relaciones chinas con el mundo en desarrollo, regalos chinos y apertura de los mercados locales a los productos chinos.

China inició la relación comprando deuda costarricense, regalando un estadio y firmando un tratado de libre comercio. Siguieron las visitas de los presidentes Hu Jintao y Xi Jinping, la donación de la construcción para la Escuela Nacional de Policía y de aviones ligeros. Hoy se continúa con la apertura china para las exportaciones de piña y carne de ganado vacuno. La compra de trenes chinos es un hecho reciente. Las exportaciones a China (2020) representan el 2% y las importaciones un 14%.

La modernización de la ruta 32 hacia el Caribe se ha atrasado debido a errores de diseño y retrasos en las expropiaciones. La idea de crear zonas económicas especiales no ha progresado, así como el proyecto de renovación de la refinería estatal de petróleo que naufragó en un mar de acusaciones de corrupción.

El Instituto Confucio funciona activamente, acogido por la Universidad de Costa Rica.

En el terreno diplomático la actual administración, asediada por problemas internos, no ha estrechado lazos con Pekín, el presidente no ha viajado a China y no se han recibido visitas chinas de alto nivel.

Las relaciones permanecerán inalteradas, Costa Rica es valioso para los chinos y el comercio se puede incrementar a pesar de dificultades logísticas. Los proyectos de infraestructura y tecnología podrían inquietar en el norte, por lo que el país deberá buscar equilibrios.

Bukele gira

Ante las críticas de Washington por sus desplantes autoritarios (remoción de jueces constitucionales y del fiscal general) y la publicación de una lista de políticos corruptos, el presidente salvadoreño ha fortalecido sus relaciones con China y se rehusó a recibir al enviado del Presidente Biden. Luego ingresó en la diplomacia de las vacunas agradeciendo al presidente Xi sus buenos oficios para la adquisición de 500.000 vacunas.

Sus opositores han denunciado un “injerencismo” chino, lo que ha motivado que la embajada China señale que su ayuda carece de consideraciones geopolíticas y que nunca han utilizado la asistencia exterior para interferir en los asuntos internos de otros países.

Un día después de la publicación de la lista por parte del gobierno de EUA, la mayoría bukelista en el Parlamento ratificó precipitadamente un convenio de cooperación firmado en 2019 por el gobierno anterior. Dicho convenio contempla $500 millones en megaproyectos financiados y ejecutados por China como un estadio nacional, una biblioteca nacional, una planta potabilizadora en el Lago de Ilopango, la infraestructura para una ciudad turística, la restauración de un sitio arqueológico y la renovación y ampliación del puerto de La Libertad.

Las exportaciones salvadoreñas aumentaron a $85.5 millones luego del reconocimiento, pero cayeron a $51.9 millones en el 2019, mientras que las importaciones chinas alcanzaron $1723 millones ese año.

En lo cultural destaca la creación del Instituto Confucio en la Universidad de El Salvador.

Conclusión

China ha venido incrementando su presencia en la región y los EUA aumentando sus advertencias a estos países. El escenario ístmico será de competencia y no de confrontación, pero los EUA seguirán practicando la versión decimonónica de la Doctrina Monroe, rechazando inserciones extracontinentales en su zona de influencia.

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