John Keane en su libro El Nuevo Despotismo señala que una de las diferencias entre demócratas y déspotas es cómo dejan el poder. Cuando los demócratas terminan sus mandatos se reinventan, organizan fundaciones y ganan dinerales dando charlas, pero saben que ya no volverán al poder. Los déspotas que se engolosinaron en el gobierno tienen pánico a dejarlo. Su miedo más grande es la muerte política descrita por el Mariscal Josip Broz Tito como la más horrible de las muertes. Transformarse en un ciudadano de a pie debe ser una tortura para los que gobernaron como reyezuelos poniendo jueces sumisos, abusando de la ley y usando la maquinaria estatal para perpetuarse en el poder.
El caso más trágico es tal vez el de Evo Morales (2006-2019). Surgido de la pobreza extrema en la que viven los indígenas, llegó al poder de la mano de movimientos sociales poderosos y prometió gobernar obedeciendo. En los primeros años de su gobierno fue obligado a dar marcha atrás algunas de sus políticas públicas como el incremento del precio de la gasolina pues sus seguidores salieron a las calles y le recordaron que eran sus mandantes. Con los años su círculo íntimo le convenció que era la figura indispensable e insustituible para dar continuidad al “proyecto revolucionario”. Perdió un referendo para cambiar la constitución y quedarse en el poder, pero no importó pues el Tribunal Constitucional consideró que prohibirle participar atentaba en contra de su derecho humano de concursar en elecciones. En las elecciones presidenciales de octubre del 2019 cuando se interrumpió el conteo de votos apareció como el ganador y manifestaciones en contra del fraude electoral provocaron un golpe de estado y su destierro.
Posiblemente Morales aprendió de los malos juicios de Rafael Correa que gobernó por una década (2007-17) y que puso a sus ex vicepresidentes Lenín Moreno y Jorge Glas en el poder. Correa había modificado la constitución que el mismo hizo para elegirse cuantas veces quiera. Sin embargo, en un contexto de crisis económica provocada por el despilfarro de la mayor bonanza petrolera y con la posibilidad de no ganar en la primera vuelta dio un paso a un lado. A lo mejor consideró que Lenín Moreno que está en una silla de ruedas iba a comportarse como un perro fiel, pero obviamente Moreno tenía su proyecto y permitió que los organismos de control y el sistema de judicial investiguen los actos de corrupción y abusos de poder de su mentor. El vicepresidente Jorge Glas está en la cárcel, mientras que Correa y muchos de sus colaboradores cercanos se fugaron del país. Correa fue sentenciado en el fallido intento de secuestrar a un político de la oposición en Colombia y de usar donaciones de empresas para sus campañas electorales. Como los procesos se enredan en la justicia necesita regresar al poder y dar fin a lo que considera su persecución política. Se postuló a la vicepresidencia y está en búsqueda de una figura decorativa para la presidencia.
Si Joe Biden gana las elecciones el Partido Demócrata se prepara para una batalla legal pues lo más probable es que Trump intente aferrarse al poder a cómo de lugar. Denunciará fraude y movilizará a sus militantes a quienes se les vio armados hasta los dientes cuando protestaban en contra del encierro por el coronavirus. Trump no se ve cómo un político más. Es el líder de un movimiento que busca imponer la ley y el orden para recuperar los Estados Unidos para los ciudadanos blancos, cristianos, heterosexuales y ultraconservadores. Si bien muchos de sus impulsos han sido frenados por las instituciones democráticas busca un segundo mandato politizando el odio y el miedo racista.
Los déspotas crean redes de corrupción y patronazgo. Usan elecciones en las que tratan de ganar a toda costa incluso inclinado la cancha electoral a su favor
Los déspotas crean redes de corrupción y patronazgo. Usan elecciones en las que tratan de ganar a toda costa incluso inclinado la cancha electoral a su favor. Dicen ser la encarnación del pueblo verdadero y que luchan en contra de enemigos poderosos. Pero no todos los déspotas son iguales. En los trece años en que estuvo en el poder Morales otorgó dignidad y recursos a los más pobres que en su mayoría son indígenas. Manejó bien la economía, pero actuó como un tiranuelo cuando usó todo tipo de trucos para quedarse en el mando. Correa que se dice de izquierda persiguió a los movimientos sociales y a la izquierda, despilfarró petro-dólares en obras faraónicas como refinerías que no se construyeron y represas hidroeléctricas con sobreprecio. Trump favoreció a los millonarios y politizó la blancura como una identidad que debía ser protegida a toda costa para satisfacer a sus bases xenófobas y racistas.
Debe ser muy difícil ser un demócrata pues parece que el poder es una droga tan adictiva como sabrosa. El despotismo es un riesgo y posibilidad permanente en la democracia. No obedece a las características del líder sino a condiciones sociales que permiten que un individuo sea transformado en redentor de la patria. Cuando los ciudadanos sienten que los políticos no les representan, cuando las instituciones son vistas como impedimentos a que se exprese la voluntad popular, surgen populistas que dicen devolverán el poder al pueblo. Una vez llegan al poder tratan de colonizar las instituciones del estado para marginar a sus enemigos. La política se transforma en una guerra entre grupos antagónicos y la dinámica de la polarización mina la convivencia y las instituciones democráticas. La democracia se basa en la dispersión del poder en instituciones y en liderazgos. Si una persona es transformada por sus seguidores en la encarnación del pueblo mismo, las democracias se desfiguran y adquieren rasgos despóticos cuando imponen la voluntad de una parte sobre toda la población.
Como en tantas otras dimensiones de la vida, el covid-19 también representa un parte aguas en la manera como entendemos el ser ciudadano y ejercer nuestra ciudadanía. Esta idea de ciudadanía que emerge en tiempos de emergencia sanitaria y distanciamiento social se asemeja mucho más a aquellas expresiones conservadoras y limitadas vigentes hasta mediados del siglo XX que a las manifestaciones de civismo y encarnaciones de subjetividad política del siglo XXI.
En tiempos pre-pandémicos, la noción de ciudadanía se caracterizaba por un triple proceso de expansiva autonomía individual que nos dejaba ser cada vez más libres del Estado nacional y nos cargaba con más responsabilidades personales. Para empezar, la ciudadanía pre-covid se hacía notoria por su desterritorialización. En un contexto cada vez más globalizado y de creciente movilidad espacial, tanto la percepción como la definición de ser ciudadano dejaba de vincularse a un ancla territorial específica. La identidad política individual se definía, no por la pertenencia a un ámbito geográfico o espacial determinado, y sí por las características compartidas con otras personas que también participan de las esferas mundializadas de actuación: el mercado, las ciudades, el medio ambiente, la ciencia, las estéticas cosmopolitas y los estilos de vida contemporáneos.
En segundo lugar, diferente de lo ocurrido en el siglo anterior, la ciudadanía pre-covid se desarrollaba a partir de la politización de los ámbitos privados y cotidianos de la vida personal. Estos ámbitos se convertían en auténticas trincheras donde se libraban las batallas por la expansión de derechos y libertades, abandonando las instituciones formales de la política vistas como incapaces o desinteresadas en articular respuestas a los problemas genuinos de nuestro tiempo. Es la llamada política de los estilos de vida—o política de la vida—donde las relaciones con las empresas y sus productos, así como con las ONGs y sus causas, eran vistas como más prometedoras para introducir cambios y generar respuestas a las prioridades de la gente que las eventuales interacciones con los brazos del Estado o sus cabezas visibles en el gobierno.
Por último, la ciudadanía vigente hasta la cuarentena se apoyaba en el principio de desafiar y conducir a las elites gobernantes, antes que en dejarse dirigir y llevar por éstas. La fuente de la autoridad, e inclusive de sabiduría, para determinar lo que eran problemas genuinos y el tipo de direccionamientos necesarios, no se reconocían en las autoridades establecidas y mal podía esperarse que surgiesen de los rituales partidarios o parlamentarios. Las respuestas estaban en las calles, la deliberación cívica encarnando el espíritu ciudadano se reconocía en las movilizaciones y marchas o en la vivacidad de los foros de las redes sociales.
Súbitamente fuimos desglobalizados para convertirnos en sujetos inmóviles de jurisdicciones hiper-locales.
La pandemia nos despidió de todo ello, prácticamente de la noche a la mañana. Nos devolvió a una realidad de sujetos anclados a un espacio territorial limitado, tan restricto que inclusive llega a ser inferior al espacio nacional. Quedó suspendida, no sabemos hasta cuando, nuestra percepción y realidad de ser ciudadanos del mundo. Súbitamente fuimos desglobalizados para convertirnos en sujetos inmóviles de jurisdicciones hiper-locales. Residentes de una ciudad son obstaculizados de trasladarse o instalarse en otras localidades del mismo país por representantes del Estado o hasta por los mismos habitantes de la ciudad destino. Ese forzoso e inesperado sedentarismo hiper-localizado de la ciudadanía post-covid rescata la proximidad como una referencia de seguridad y confort social a partir de la recuperación de los lazos de vecindad y la expectativa por mejoras urbanas y ambientales en las áreas circundantes como también mediante la apreciación del comercio de cercanía.
La cuarentena también recolocó al gobierno y al Estado en el centro de la escena. Si frente a los desafíos globales como el cambio climático, la igualdad de género o la heteronormatividad sexual, las autoridades establecidas eran percibidas como reactivas y rezagadas, impulsando un proceso de auto-responsabilización individual para resolver problemas ejerciendo presión directa sobre actores de mercado o de la sociedad civil, la pandemia barajó las cartas nuevamente y nos retrotrajo al siglo XX. Organizando la respuesta colectiva a la amenaza viral, los gobiernos dejaron de ser blanco de desconfianza por parte del público para convertirse en los líderes indiscutidos de la emergencia sanitaria. La popularidad presidencial y de las entidades del Estado crecieron de modo lineal y proporcional a las restricciones de circulación social y actividad económica ya desde la primera semana de declarada la pandemia. De igual forma, creció la delegación de poder y deferencia a las autoridades por la gestión de la respuesta. Sin dejar de patrullar a las empresas y otros actores sociales por su actitud frente a la crisis, los ciudadanos suspendieron su activismo inercial para solucionar problemas de modo directo y reconocieron a los gobiernos como la autoridad única y exclusiva para resolver el desafío viral.
Ser buen ciudadano en tiempos pandémicos se desvincula de mantener una posición crítica y desafiante frente al Estado para asumir una ética obediente y desmovilizada. La ciudadanía pos-covid delega a las autoridades la soberanía a tal punto que se suspenden los cuestionamientos a las iniciativas de control social, flexibilización de las libertades civiles y vigilancia extensiva sobre los movimientos de las personas. En pós de atravesar la transición desde el pavor infeccioso hacia la paz viral con el menor costo humano posible, los individuos revisan su noción de derechos civiles y políticos, aceptan el patrullaje estatal y lo adoptan militantemente frente a sus iguales como mecanismo ordenador y de cohesión. El retorno de la autoridad estatal es la contracara de una ciudadanía más pasiva y condescendiente, probablemente extraña para quienes no la vivieron (o leyeron sobre ella) durante el siglo XX.
Sin embargo, ¿debemos decir adiós a las expresiones más rebeldes y autónomas de ciudadanía propias de las dos primeras décadas de nuestro milenio? Probablemente no. La autonomía se mantiene firme y fuerte en el resurgimiento de las redes vecinales, voluntariado barrial e identificación comunitaria que alimenta el nuevo localismo promovido por la cuarentena así como en la continuidad online de la politización del consumo y las cobranzas a las organizaciones de mercado y de la sociedad civil. La rebeldía, por su parte, sólo espera el momento en que los efectos de la brutal recesión económica se combinen con la reducción de las restricciones al distanciamiento social y el fin de los escuálidos paliativos monetarios aún subsistentes.
Foto de Claudio Olivares Medina en Foter.com / CC BY-NC-ND
Hace 75 años daba a luz la Carta de las Naciones Unidas, pilar del orden internacional liberal contemporáneo que muchos analistas y líderes –entre ellos el de los propios Estados Unidos- dan hoy por agotado. La evocación de aquella Conferencia de San Francisco de la que surgió el mundo de posguerra nos encontró inmersos en la peor pandemia de los últimos cien años, y sus impactos económicos, sociales y políticos globales aún no pueden ser debidamente calibrados ¿Hemos ingresado en un orden internacional pos-liberal, o en la mera y pura anarquía, sin reglas ni normas universalmente reconocidas por los estados y gobiernos? ¿Qué impacto tiene la pandemia sobre este escenario de transición sistémica?
El politólogo Francis Fukuyama, experto en fijar puntos de inflexión en la historia, nos orienta sobre el impacto de la pandemia sobre el sistema internacional y el orden político en el último número de Foreign Affairs, la revista de relaciones internacionales editada en Nueva York, donde escribe sobre “La pandemia y el orden político”. El subtítulo en tres palabras lo sintetiza todo: se necesita un Estado.
El Fukuyama del “fin de la historia” de hace 30 años quedó muy atrás. Él mismo se ocupó de replantear sus hipótesis y desautorizar sus implicancias de los años 90, cuando se tomó por cierto que se acaban las batallas ideológicas y se entronizaba al capitalismo liberal como etapa superior del progreso mundial y la globalización. A comienzos del siglo XXI, defendió que la construcción de capacidades estatales sería una de las claves del mundo del futuro. Tomaba como ejemplo la epidemia del sida en África para observar que el problema no era tanto de falta de recursos como la ausencia de una infraestructura sólida de sanidad pública, educación pública y conocimientos sobre epidemiología de la enfermedad en regiones específicas.
Hoy, Fukuyama nos entrega su “modelo 2020”, actualizando ese diagnóstico en esta nueva pandemia —el coronavirus— que azota a la humanidad. ¿Se trata del pasaje del neoliberalismo a un nuevo estatismo? ¿O se trata de pensar, antes bien, de manera menos binaria las opciones, dando cuenta de la magnitud del cambio que hará falta para responder al desafío de la recuperación pos-pandemia?Las crisis importantes tienen consecuencias importantes, generalmente imprevistas.
Las crisis importantes tienen consecuencias importantes, generalmente imprevistas.
Así lo dice el influyente politólogo estadounidense: “Las crisis importantes tienen consecuencias importantes, generalmente imprevistas. La Gran Depresión estimuló el aislacionismo, el nacionalismo, el fascismo y la Segunda Guerra Mundial, pero también condujo al New Deal, el surgimiento de los Estados Unidos como una superpotencia global y, finalmente, la descolonización. Los ataques del 11 de septiembre produjeron dos intervenciones estadounidenses fallidas, el surgimiento de Irán y nuevas formas de radicalismo islámico. La crisis financiera de 2008 generó un aumento en el populismo antiestablishment que reemplazó a los líderes de todo el mundo. Los historiadores futuros trazarán efectos comparativamente grandes a la actual pandemia de coronavirus; el desafío es resolverlos con anticipación”.
Sostiene Fukuyama que algunos países han respondido mejor que otros en el manejo de la crisis hasta ahora, y que ello no depende necesariamente de su tipo de régimen político: “Algunas democracias han funcionado bien, pero otras no, y lo mismo es cierto para las autocracias. Los factores responsables de las respuestas exitosas a la pandemia han sido la capacidad del Estado, la confianza social y el liderazgo. Los países con los tres —un aparato estatal competente, un gobierno en el que los ciudadanos confían y escuchan, y líderes efectivos— han tenido un desempeño impresionante, limitando el daño que han sufrido. A los países con estados disfuncionales, sociedades polarizadas o liderazgo deficiente les ha ido mal, dejando a sus ciudadanos y economías expuestos y vulnerables”.
El mapa de América, donde la pandemia se ha ensañado en estas últimas semanas, luego de azotar al continente europeo, muestra estas disparidades. Los dos más grandes países del continente –Estados Unidos y Brasil- están gobernados por presidentes que se han mostrado incompetentes frente a las crisis sanitaria, que agitan la polarización social y exacerban los daños. No casualmente, su retórica nacionalista va de la mano de su política internacional refractaria al orden internacional liberal y el multilateralismo. Las consecuencias están a la vista. El juicio de Fukuyama sobre Jair Bolsonaro es lapidario: “Ha vaciado constantemente las instituciones democráticas de su país, trató de abrirse camino a través de la crisis y ahora se tambalea y preside un desastre para la salud”.
El análisis deja una ventana de optimismo en este dramático paisaje. Parte de reconocer que a menudo se ha necesitado un choque externo tan enorme para sacar a los sistemas políticos de su esclerosis y estancamiento y así crear las condiciones para una reforma estructural, y que es probable que ese patrón se repita, al menos en algunos lugares: “Las realidades prácticas del manejo de la pandemia favorecen la profesionalidad y la experiencia; la demagogia y la incompetencia se exponen fácilmente. En última instancia, esto debería crear un efecto de selección beneficioso, recompensar a los políticos y gobiernos que lo hacen bien y penalizar a los que lo hacen mal”.
Mas allá de los efectos del COVID-19 sobre las economías del Mercosur, los países miembros del bloque se encuentran en un momento crítico de sus relaciones en el inicio de la presidencia pro tempore de Uruguay. Brasil, país líder del bloque, ha desarrollado una política exterior contradictoria. Por un lado, se muestra anti-globalizante en muchos temas de la agenda internacional; y por el otro, partidario de una liberalización comercial amplia en un momento de proteccionismo global. En términos de su política comercial, el Brasil de Bolsonaro ha insinuado estar más interesado en las relaciones bilaterales con los países desarrollados, que en trabajar por la integración regional. En el caso del Mercosur, Brasil ha planteado una apertura comercial amplia como “condición” de ser un socio activo del grupo, posición que le ha llevado a enfrentar al nuevo gobierno argentino de Alberto Fernández que no basa su política económica en la “magia” del mercado.
Ser o no Ser Sudamericano
Las intenciones declaradas del actual gobierno brasileño hacia una preferencia del bilateralismo sobre el regionalismo, retrotrae la política exterior y comercial de Brasil a los tiempos de sus gobiernos autoritarios. Y de hecho, Bolsonaro ha llegdo a considerar seriamente la posibilidad de retirarse del Mercosur a pesar del éxito logrado el año pasado, —tras 20 años de conversaciones— de cerrar las negociaciones de un acuerdo Mercosur- Unión Europea.
Por otro lado, el gobierno de Bolsonaro se ha inclinado por un alineamiento político con Estados Unidos, a pear de la política comercial altamente proteccionista de la administración Trump, afectando incluso a las exportaciones de rubros importantes para Brasil como el acero. Este alineamiento político (conservador) con la potencia del norte, paradojicamente no es necesariamente favorable a la política de mayor libertad comercial sostenida por el gobierno Bolsonaro.
Mayor o menor apertura
En el ámbito regional, la política comercial llevada adelante por las autoridades económicas de Brasil se enfrenta a un gobierno argentino que camina en sentido contrario, tras casi diez años de estancamiento económico y sus efectos negativos principalmente sobre el sector industrial.
El gobierno de Fernández en Argentina ha sido crítico con ciertas concesiones hechas por el Mercosur —en el sector industrial y de servicios— en el cierre del acuerdo con la Unión Europea el año pasado. Y aunque finalmente haya aceptado este acuerdo, el actual gobierno no está dispuesto a mantenerse en la misma línea en las negociaciones que actualmente el Mercosur mantiene con países como Canadá, Corea del Sur y Singapur, entre otros. La retirada de Argentina de estas negociaciones ha sido una clara señal para Brasil de que no es momento de continuar abriendo las economías del Mercosur a países más desarrollados, al considerar que los términos de intercambio no serán favorables para los propios países del Mercosur.
Las diferencias dentro del bloque se han trasladado también a las actuales discusiones entorno a la propuesta brasileña de una reducción unilateral del arancel externo común para pasar, según entienden las autoridades económicas del Brasil, de un “regionalismo cerrado” a un “regionalismo abierto”. En otras palabras, el gobierno brasileño no está dispuesto a limitarse al cronograma de desgravación arancelaria con los países con los cuales el Mercosur ha firmado acuerdos de libre comercio; sino que busca una mayor presencia comercial del Mercosur en el mundo a través de un desarme arancelario unilateral y más profundo.
Esta idea ha sido fuertemente resistida por el gobierno argentino quien logró, durante las conversaciones de la presidencia pro tempore de Paraguay y ayudada por la fuerte presión de los gremios industriales de Argentina y Brasil, según ciertas fuentes, para que la propuesta brasileña no prosperara hacia una decisión comunitaria. Sin embargo, esta idea lejos de desecharse ha sido retrasada y volverá a tratarse durante la presidencia de Uruguay. Por lo tanto, se espera para este semestre una confrontación abierta entre los dos grandes del Mercosur entorno a la apertura comercial regional.
En medio de esta disputa se encuentran los dos socios menores cuyas posiciones son más afines a la postura brasileña, debido a que se tratan de economías muy abiertas, especialmente la paraguaya. Sin embargo, un mayor número de acuerdos del Mercosur con países desarrollados y una política de reducción arancelaria unilateral propugnada por Brasil, no solo puede acarrear pérdidas para los industriales de Paraguay y Uruguay en sus propios mercados, sino también en el mercado brasileño, principal destino de las exportaciones industriales de ambos países.
El fuerte distanciamiento entre los gobiernos de Brasil y Argentina en relación a la política comercial y el futuro del Mercosur, no encuentra precedentes desde la firma del Tratado de Asunción en 1991. Los jefes de Estado de ambos países, totalmente concentrados en sus problemas nacionales, no dialogan sobre temas que atañe a la región.
En el caso de Brasil, Bolsonaro ha iniciado una lucha intestina contra el Congreso, la Corte Suprema y los gobiernos estaduales por el COVID 19 y otros temas, lo que ha provocado crisis en su propio gabinete y de gobernabilidad. Mientras que en Argentina el gobierno, además de hacer frente a la pandemia, se encuentra envuelto en una dificil negociación para evitar un default total de las finanzas públicas.
¿Por cuánto tiempo se mantendrá este distanciamiento entre los grandes del Mercosur? ¿Es posible seguir progresando en las diversas agendas del Mercosur mientras Brasil se encuentra debilitado internacionalmente y Argentina sufre graves problemas económicos? Habría que conocer cuales serían los costos y beneficios de dicha política. Mientras tanto, las voces de flexibilización comercial e institucional se escuchan cada vez con más fuerza en la región.
Foto de Sedronar Prensa em Foter.com / CC BY-NC-ND
¿Cómo la gente puede creer tantas mentiras? ¿Cómo puede una gran parte de los estadounidenses apoyar a un caudillo populista que pone a la mentira en el centro de la política? Todos los políticos mienten, pero Donald Trump, como Jair Bolsonaro en Brasil o Rodrigo Duterte en Filipinas, se han caracterizado como presidentes surgidos de las urnas que no tuvieron ni tienen problemas en utilizar la mentira como una herramienta política sistemática.
Qué mejor ejemplo entonces para analizar esta sinrazón que estudiar la ideología del fascismo. El fascismo no fue una simple y atroz mentira pero sí un conjunto de falsedades vividas y creídas por millones. Y esto es precisamente lo que una pensadora central como Hannah Arendt quiso entender.
Como muchos antifascistas, Arendt quiso entender por qué había tanta gente convencida de que la ideología fascista representaba una verdad. Como ella, a partir de ella, debemos pensar con seriedad las mentiras de nuestro presente, en particular las de aquellos que niegan los efectos e incluso la pandemia misma, como hacen Trump y Bolsonaro, promoviendo incluso ingerir curas milagrosas.
¿Por qué Trump no se pone el barbijo en público? Como muchos de sus acólitos, sin duda algunos fascistas prominentes eran hipócritas y mentirosos que concebían la ideología como una herramienta de propaganda. Pero en ese caso, ¿por qué? ¿cómo es posible que sus líderes más importantes y muchos de sus partidarios siguieran a menudo esas mentiras y esa propaganda hasta al final, al punto de morir por ellas? ¿Quién muere por una mentira?
En 1945, Arendt observaba que el fascismo era una mentira absoluta, una mentira con efectos políticos horrendos. Los fascistas transformaban deliberadamente la mentira en realidad. “Lo esencial era que explotaban el prejuicio occidental milenario que confunde la realidad con la verdad”, escribía, “y volvían «verdadero» aquello que hasta entonces sólo podía describirse como una mentira”.
Para Arendt, la realidad es maleable, transformable, pero la verdad no. Discutir con fascistas no tenía sentido para ella. En realidad, los fascistas buscaban dar a sus “mentiras” una “base post facto en la realidad”, destruyendo la verdad, no ocultándola.
Según la visión de Arendt, esta forma de política ideológica lleva inexorablemente a la obliteración de la realidad tal como la conocemos. La mentira fascista producía una realidad de fantasía. Pero la misma interpretación de Arendt sugeriría que la destrucción de la verdad estaba impulsada por la creencia en lo que los fascistas concebían no como una simple mentira sino como una verdad más trascendental.
Los nazis no distinguían entre hechos observables y “verdades” ideológicamente orientadas. Las consecuencias más radicales de la dictadura totalitaria aparecieron cuando “los líderes de masas tomaron el poder para amoldar la realidad a sus mentiras”.
Años después, en su controvertido estudio sobre uno de los planificadores del Holocausto, Adolf Eichmann, Arendt aportó una indagación fundamental sobre su razonamiento que epitomizaron el fenómeno del “desprecio extremo por los hechos como tales”. Arendt equiparaba la adhesión a la mentira de Eichmann con toda una sociedad “que se escudaba contra la realidad y la factualidad exactamente con los mismos medios, autoengaño, mentiras y estupidez, que ahora se habían inoculado en la mentalidad de Eichmann”.
Arendt perdía de vista una dimensión importante del proceso a Eichmann, ocurrido hace 60 años: la perspectiva de la verdad tal como la presentaban las víctimas. En su retrato de Eichmann también faltaba la profunda dedicación ideológica, incluso el fanatismo del hombre. Aún en el momento de morir, Eichmann declaró ceremoniosamente: “Que viva Alemania, que viva Argentina, que viva Austria. Yo no las olvidaré”. Arendt describe el júbilo de Eichmann al sentir la relevancia de su propia muerte como un momento de una “estupidez grotesca”.
Pero para Arendt esa conciencia era señal de una representación estereotipada del momento, no de su comprensión ideológica. En su descripción, las últimas palabras de Eichmann eran “clisés”: la banalidad del mal.
Pero en realidad su pasado nazi y sus crímenes, eran resultado del compromiso profundo de Eichmann con lo que él consideraba era la verdad ideológica esencial del nazismo. Eichmann veía su vida y su muerte como una memoria que iba más allá de su itinerario transatlántico entre múltiples ciudades, de Berlín a Buenos Aires y de Buenos Aires a Jerusalén.
Los historiadores del fascismo también necesitan comprender cómo justificaban los fascistas sus mentiras, y esto podría servirnos para comprender las mentiras políticas del presente.
Los historiadores del fascismo también necesitan comprender cómo justificaban los fascistas sus mentiras, y esto podría servirnos para comprender las mentiras políticas del presente. ¿Por qué los fascistas y ahora los líderes post-fascistas de extrema derecha como Trump y Bolsonaro creen que sus mentiras están al servicio de la verdad o incluso son la verdad?
Como Arendt nos señaló, la historia de la dictadura se basó en mentiras. El imaginario mítico que los fascistas plantearon como realidad nunca podría corroborarse porque se basaba en fantasías de dominación total en el pasado y el presente. La misma situación es operativa en el presente con los intentos actuales de negar o minimizar la pandemia. Y como sucedió con el caso del fascismo, el resultado de estas mentiras es letal.
*Un texto publicado originalmente en Clarín, Argentina
La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus en el mundo descolocó los grandes y tradicionales objetos de investigación de la Ciencia Política. En su búsqueda por la autonomía disciplinaria la Ciencia Política ha ido conquistando un campo de conocimiento dentro de la Ciencias Sociales que es cada vez más respetado entre las diferentes comunidades académicas.
La construcción de su campo de saber, sin embargo, solo se fortalece en la medida en que diferentes movimientos y tendencias dentro de la Ciencia Política entran en relación de fuerza por dominar dicho campo. Tradicionalmente, tanto en Estados Unidos como en Europa, el método cuantitativo ha incursionado con gran aceptación, incluso en diferentes comunidades latinoamericanas. El poder de las estadísticas ha dado confianza a la Ciencia Política para presentar sus aportes al mundo académico con mayor criterio científico.
Desde la aparición de la pandemia se ha visto la necesidad de hablar en términos científicos, especialmente desde el campo de la salud y la estadística. La relación Salud, Tecnología y Estadística ha tomado la voz dominante en medio de un desconcierto e incertidumbre mundial causados por el arribo del mortal virus, la Covid 19.
Los gobiernos nacionales, regionales y locales han tenido que activar mecanismos legales de excepción para poder hacer frente al desconocido virus. Como en tiempos de guerra, el poder ejecutivo ha centrado en sí mismo, el poder científico, político, legal y militar; y millones de ciudadanos de todo el mundo se han visto obligados a confinamientos que han ocasionado, en muchos casos, el abandono de sus trabajos e incluso de sus libertades individuales, sociales y políticas, todo por la salud, por la vida, como afirman constantemente los gobernantes.
También, para la Ciencia Política, el virus provocó una descolocación social que apenas puede entender e interpretar. La presencia y el poder del discurso médico en la escena pública ha inmovilizado muchos actores sociales, políticos e intelectuales que dinamizaban constantemente la vida de los estados en el mundo.
Ante este incierto escenario de crisis de salud pública y salud democrática cabe preguntarse por el rol que debe cumplir hoy la Ciencia Política.
En este sentido, la Ciencia Política debe volver a sus orígenes como Ciencia Social y denunciar y silabar a las sociedades los abusos o desbordamientos legales y políticos de los actores de poder que en los estados de excepción están tomando el protagonismo en tiempos de Coronavirus. Así como, salvaguardar la necesaria conexión democrática entre la vida de los ciudadanos y la vida de las instituciones en tiempos de cambios e incertidumbres es un reto en medio de confinamientos obligatorios preventivos.
Un segundo reto para la Ciencia Política es disponer todo su armazón metodológico y de contenidos para pensar y repensar las nuevas instituciones públicas nacionales, regionales y locales que respondan a las complejas relaciones entre Salud Pública y salud democrática, haciendo un diálogo trasversal con diferentes saberes como las Ciencias de la Salud, las ingenierías y las Ciencias Humanas con el fin de dar luces locales y nacionales a la llamada “Nueva normalidad”.
Se ha cumplido año y medio del gobierno de AMLO y dos años de su victoria en la elección presidencial. ¿Cómo va México? Muy mal. Hay pocos aciertos y buenos resultados, mentiras varias y relevantes, y muchos más errores y consecuencias negativas.
Aciertos y buenos resultados (me refiero al gobierno federal y al partido del presidente en el Congreso federal): el aumento al salario mínimo, una reforma sindical con potencial democrático, una reforma contra la “industria” de los recibos fiscales fraudulentos, una propuesta de ley de etiquetado informativo de alimentos, y poco más. Sobre el salario mínimo hay que agregar que uno o dos aumentos como el realizado son insuficientes, no deben ser en sí mismos el objetivo final, y que hubo apoyo de representantes empresariales.
Mentiras: cuatro fijas y relevantes: 1) todos sus críticos son conservadores/derechistas y corruptos/defensores de la corrupción. Algunos lo son, muchos otros no. 2) Los críticos y opositores pretenden llevar a cabo un golpe de Estado. Pero ni hay condiciones para un verdadero golpe de cualquier tipo ni hay verdadera evidencia de ningún tipo para afirmar lo que afirman. 3) El Instituto Nacional Electoral (INE) no garantiza elecciones democráticas y es parte del golpismo. Y sin embargo… López Obrador triunfó en una elección organizada por el INE; obtuvo el poder presidencial no a pesar del Instituto, ni luchando contra él, sino por haber obtenido más votos que sus competidores en una elección democráticamente garantizada por el INE. 4) El triunfo en 2018 es la primera victoria electoral de “el pueblo” en un siglo y el inicio de “la democracia verdadera” en México. En realidad, se ha tenido un régimen democrático durante todo el siglo XXI y la llegada de López Obrador al poder es la tercera alternancia partidaria en la presidencia. Tercera alternancia democrática. Antes de AMLO, sí hubo una transición a la democracia, lo que no hubo es consolidación democrática; hubo, entonces, transición pero casi de inmediato deterioro político-institucional, relevante y constante.
El presidente ha simulado tomar decisiones más democráticas apelando retóricamente al “pueblo” mientras instrumenta “consultas populares” que reprueban cualquier examen
Errores y consecuencias negativas, en cuanto a democracia, violencia, economía y pandemia: como se sigue del punto 4, no hay gran reforma política democratizadora. AMLO y su brazo legislativo no han democratizado la vida político-partidaria mexicana, tampoco han hecho nada para mejorar sustancialmente el federalismo. El presidente ha simulado tomar decisiones más democráticas apelando retóricamente al “pueblo” mientras instrumenta “consultas populares” que reprueban cualquier examen exigente (lea esto y esto). También está intentando recentralizar poder en el Ejecutivo federal. Hoy no hay ni primera ni nueva transición democrática y sigue habiendo deterioro del régimen democrático. Los ataques al INE son parte de ese deterioro y del riesgo de caída de la democracia/restauración autoritaria –el riesgo no es de desconsolidación, pues a) este proceso incluye al deterioro pero no necesariamente viceversa, y b) nunca hubo consolidación cabal sino mera supervivencia en medio del deterioro.
Sobre violencia, basta decir que la inútil “guerra” contra las drogas y el narco no ha sido cancelada sino formalizada –con un acuerdo presidencial que pretende legalizar la militarización seguritaria- y al mismo tiempo desintensificada, a pesar de lo cual los homicidios han aumentado: de diciembre de 2018 a mayo de 2020 se cometieron, según registros oficiales, 53 mil 628, habiéndose cometido 45 mil 582 en los dos años previos. 2019 es el año más violento de la historia contemporánea de México. “La guerra” es el contexto histórico de la hiperviolencia homicida y uno de sus factores causales principales. En este asunto López Obrador se parece mucho al ex presidente Calderón.
En economía, los malos resultados superan por mucho a los buenos. Como dice el ex secretario de Hacienda obradorista, Carlos Urzúa, “ya veníamos enfrentando problemas desde el año pasado y la crisis de la covid nos hundió y nos mandó por una espiral hacia abajo; pero el problema ya se veía venir desde antes”. López Obrador logró que la economía no sólo no creciera sino que decreciera 1% en 2019. Cerró ese año con la inversión pública a menos de 3% del PIB, lo que significa que el presidente supuestamente postneoliberal gasta menos que los anteriores presidentes neoliberales. Si no hay ingresos públicos suficientes, por la estructura tributaria y la tradición de no pagar impuestos, ¿por qué AMLO, supuestamente de izquierda y supuestamente genial, nunca hizo ni intentó una gran transformación fiscal? En vez de usar su legitimidad electoral para iniciar su gobierno con una reforma fiscal progresiva/progresista, prefirió desperdiciar más de 100 mil millones de pesos ya gastados en un aeropuerto y pagar indemnizaciones a quienes se les canceló la construcción; esto redujo la confianza empresarial y contribuyó a bajar la inversión privada en alrededor de 4% para el fin de 2019. Sobre la influencia de y la respuesta económicas a la pandemia escribiré después.
La gestión obradorista de la crisis pandémica como tal ha sido desastrosa. Algunos hechos: López Obrador minimizó el problema, diciendo que era menos que una influenza; difundió mensajes pidiendo a la gente salir, pasear y comer en restaurantes mientras otras autoridades ya pedían hacer cuarentena; mintió al decir que su gobierno estaba preparado desde enero; nunca ha usado cubrebocas dentro de México; y el 26 de abril dijo que había “domado” la pandemia. Dos meses y medio después, el gobierno ha tenido que reconocer más de 30 mil muertes. Pero hay más: esa cifra es una subestimación provocada con la decisión de no hacer testeos masivos. Como no hay pruebas suficientes, los datos oficiales son insuficientes para dar cuenta de la realidad; como el dato oficial sobre pruebas es confiable, pues refleja la intención gubernamental de hacer pocas, el dato oficial sobre muertes no es confiable, pues con su origen no puede reflejar ni el total de casos reales ni ser una estimación realista. Ese total al día de hoy probablemente ronde los 100 mil muertos. AMLO es uno de los peores gestores de la pandemia en el continente americano, junto a Trump y Bolsonaro.
De López Obrador no puedo esperar sino más deterioro político y económico. Es el presidente que empeora: ha empeorado como presidente y ha empeorado a un México que ya tenía mucho mal.
La pandemia explicitó algo que los científicos, los movimientos sociales, las organizaciones internacionales y varios actores políticos han estado advirtiendo durante años: el planeta está brutalmente herido y, con él, nosotros también, individualmente y como humanidad. La situación es dramática y sentimos en nuestros cuerpos la profunda vulnerabilidad frente a los efectos de la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de los recursos materiales y energéticos y el cambio climático. Los límites ecosistémicos han sido sobrepasados por la acumulación y el despojo ilimitado del capitalismo. Por ello, uno de los aspectos centrales de los debates sobre el futuro tiene que ver precisamente con cómo nos relacionamos con la naturaleza.
Tres proyectos diferentes disputan en el debate político los rumbos del mundo post-pandemia. El primero es el business as usual, centrado en el crecimiento del PIB como indicador de “bienestar”, en el desarrollismo depredador y en la búsqueda de nuevos nichos de mercado y de mercantilización de la naturaleza. Políticas de ajuste que exigen, una vez más, el sacrificio de todos para maximizar el beneficio y el lucro de unos pocos son evocadas para salir de la crisis. El mito del “progreso”, a su vez, también es movilizado una vez más, aunque ahora articulado a prácticas todavía más violentas y a una retórica que funde el negacionismo con el discurso de la eficiencia y del control ultra-tecnológico.
El segundo es el “Green New Deal”, que aunque surge inicialmente tras la crisis del 2008 en los círculos ecologistas de Reino Unido, gana más resonancia en los últimos años a partir de una propuesta de diputados demócratas en Estados Unidos para generar reformas sociales y económicas que llevarían a una transformación del sistema energético. Se difunde muy rápidamente durante la pandemia, con apropiaciones diversas de actores muy diversos, como empresas, organizaciones internacionales y la propia Unión Europea, que está creando su propio “European Green Deal”.
Ya el tercer proyecto es el de un cambio de paradigma hacia una nueva matriz económica y ecosocial, propuesto por movimientos combativos y diversos actores sociales y también religiosos, anticapitalistas y ecologistas, que a lo largo de las últimas décadas han apostado y construido, principalmente a nivel local y en los territorios, iniciativas y agendas vinculadas a la justicia socioambiental, la comunalidad, el decrecimiento y el buen vivir.
La contienda entre estos proyectos parece llevarnos a tres escenarios posibles que no se dan de forma “pura” y pueden imbricarse de múltiples maneras, aunque todos ellos tienen su lógica propia: la recuperación del crecimiento económico atroz; la adaptación del capitalismo a un modelo “más limpio”, aunque no necesariamente más justo socialmente; y, por fin, la transición hacia un nuevo modelo de carácter postextractivista.
¿Cuáles serían las implicaciones de cada uno de estos escenarios y proyectos? La implementación del business as usual supondría un fortalecimiento todavía mayor de la globalización militarizada, de la biopolítica del neoliberalismo autoritario y de un modelo de expoliación que llevaría previsiblemente a escenarios catastróficos, entre los que se incluyen más guerras, crisis alimentarias, desplazamientos forzados y la profundización de la crisis ecosocial. El discurso de la “vuelta a la normalidad” es tributario de este tipo de escenario y se apoya en la angustia de buena parte de la población por recuperar su sociabilidad y/o su trabajo.
En el caso del escenario de adaptación, se prevén reajustes geopolíticos y geoeconómicos profundos. Ya no sería suficiente sólo con un maquillaje verde, que empezó tras la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro, y con la “adjetivación” del desarrollo como “sostenible”. Ahora habría que dar un paso más. Y sabemos que si el capitalismo acepta darlo, no lo hace necesariamente por cuidar del planeta, sino por que ésta puede ser una vía para maximizar las ganancias. Es así como la “economía verde” se renueva, en la coexistencia entre la acumulación del capital y el imaginario ambiental, tendiendo a profundizar las desigualdades Norte/Sur, la financiarización de la naturaleza y el racismo ambiental.
Pero hay que ser justos: este escenario mayormente “adaptativo” vive todavía una fuerte disputa. Por un lado, parte de las colectividades dominantes, principalmente en Occidente, entienden que es un camino a seguir. Por otro, fuerzas políticas que defienden la justicia social y la sostenibilidad ambiental como pares indisociables buscan tensionarlo de varias maneras. Es el caso, por ejemplo, de propuestas que denuncian que no es posible pensar en una transición energética y en energías renovables en el Norte, mientras se mantenga la minería y el extractivismo en el Sur. Por eso, es fundamental “descolonizar” la lógica del Green New Deal y construir alternativas globales, aunque ancladas en las especificidades de cada lugar, país y región.
Llegamos así al tercer escenario, que es el más difícil, pero también el más necesario para que el medioambiente no sea sólo una bandera para salvar el capitalismo, sino para “cuidar nuestra casa común”. Son los propios movimientos sociales, las experiencias territoriales y una diversidad de luchas y frentes populares y político-intelectuales quienes impulsan este escenario que busca romper con las narrativas hegemónicas de la economía verde. Los puntos de partida son los acúmulos y resistencias históricas de los pueblos de la floresta, de los movimientos indígenas, campesinos, negros y feministas, bien como de luchas por la agroecología, la soberanía alimentaria, los derechos de la naturaleza y el derecho a la vida.
es fundamental generar plataformas políticas amplias, propositivas y transformadoras, que contribuyan a frenar la destrucción de ecosistemas y a combatir las múltiples desigualdades agravadas con la crisis sanitaria de la COVID-19
Además de las luchas territorializadas, es fundamental generar plataformas políticas amplias, propositivas y transformadoras, que contribuyan a frenar la destrucción de ecosistemas y a combatir las múltiples desigualdades agravadas con la crisis sanitaria de la COVID-19. Con este espíritu acaba de crearse el Pacto Ecosocial del Sur, de carácter latinoamericano. Presentado públicamente el día 24 de junio, cuenta con el apoyo de casi 500 organizaciones de toda América Latina.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la articulación de la justicia redistributiva con la justicia ambiental, étnica y de género. Para ello, se combinan propuestas concretas, difundidas también en varios otros ámbitos (tales como la transformación tributaria solidaria, la anulación de las deudas externas de los Estados y una renta básica universal), con horizontes más amplios asociados a la construcción de economías y sociedades postextractivistas y el fortalecimiento de espacios comunitarios y de cuidado.
Avanzar en esta dirección exigirá responsabilidad colectiva. También sacrificios y cambios que van desde lo personal (cambio de hábitos, reducción del consumo o disminución de viajes) a lo más macro (políticas que posibiliten un cambio en el sistema alimentario o el decrecimiento radical en sectores como el petróleo, el gas y la minería), pasando también por las relaciones de trabajo y la vida social como un todo. Los gobiernos y todos aquellos que, en tiempos de pandemia, dicen defender la vida deberían contribuir a construir este cambio de paradigma ecosocial, ya que si el capitalismo es un destino de muerte, la naturaleza, por el contrario, es nuestra principal fuente de vida.
Un semestre es un lapso suficientemente amplio en la era exponencial en que vive la humanidad para haber podido reaccionar de muchas maneras ante la pandemia. Así ha sido de manera multitudinaria, con enfoques disciplinarios diferentes, a una velocidad de vértigo y desde prácticamente cualquier rincón del mundo. La evidencia recabada es abrumadora. Desde perspectivas científicas a otras de carácter intuitivo sin dejar de lado especulaciones insólitas que se mueven entre lo capcioso y lo ingenuo. La política se ha movido también en un marco variopinto, a veces de acuerdo con pautas ancladas en las inercias institucionales del pasado o en la sabiduría convencional de cada país, en otras siguiendo los intereses a corto plazo de elites o de individuos, y en muchas actuando con desconcierto e improvisación. De todo ello, aunque lo acuciante sea el futuro, hoy cabe plantearse el estado de la cuestión, e incluso quizá su legado, del impacto de la covid-19 en los tres aspectos que dan título a esta nota.
La complejidad de los datos, problemas de su definición y de su recogida
El problema inicial del conocimiento —y casi siempre fundamental— está vinculado con la definición del objeto de estudio y con la dificultad existente en su medición. Delimitar el caso, lo que es de lo que no es, supone poder enunciar todo lo que sigue. Hay formas de medir que no son iguales, lo que implica que los datos no sean comparables. Dar cuenta del fallecimiento de una persona por la covid-19 genera notables quebraderos de cabeza a quienes realizan el parte diario. La ausencia en cuantiosas ocasiones de pruebas para diagnosticar adecuadamente la infección nutre la dificultad, sobre todo en las primeras semanas y en lugares con asistencia médica precaria, de establecer con rigor la cifra que mide la tragedia y las subsiguientes etapas de su desarrollo. Ahora se está empezando a usar la expresión “exceso de mortalidad” que mide la brecha entre el número total de personas fallecidas por cualquier causa y el promedio histórico de muertes en el mismo lugar e idéntico periodo de tiempo.
Igualmente ocurre con la catalogación de las personas infectadas. Solo desde que están disponibles las pruebas de PCR se puede afirmar con precisión su número, pero este también está vinculado con la estrategia seguida en torno a ellas y al hecho de que la covid-19 se caracteriza porque sus asintomáticos pueden ser transmisores. Cuantas más pruebas se hacen mayor es la probabilidad de contabilizar un número más alto de casos afectados, aunque el control de la pandemia sea mejor.
La medición de los casos se vincula con las capacidades de los países a la hora de obtenerlos. Ello significa que quienes no cuentan con oficinas de estadística preparadas, registros civiles adecuados y tecnología para la captura y transmisión de los datos tienen serios problemas para poner en marcha procedimientos adecuados de respuesta a la pandemia. En América Latina este factor es especialmente sensible por la debilidad, poca profesionalización, y precariedad de sus administraciones públicas.
Explicaciones para muchos gustos, pero al menos un decálogo de esclarecimientos
La casuística es muy variada y pronto se podrá contar con estudios relevantes que aborden el panorama desde distintas perspectivas. Las preguntas acerca del porqué y del cómo, fundamentalmente, irán afinando sus respuestas. ¿Qué explica que Medellín tenga tasas de infección y de mortalidad muy por debajo de las medias de Colombia, e incluso mejore las de Uruguay y Costa Rica con una población similar y algo menor respectivamente?
Hasta hoy se han ido reuniendo evidencias que pueden configurar un decálogo dispar en torno a factores aceleradores o retardadores de la extensión de la pandemia: la ausencia o el bajo nivel de la atención primaria médica; insuficiente material médico, de higiene y de barrera (guantes, jabón, mascarillas, soluciones alcohólicas,…); la informalidad que obliga a más de la mitad de la población a salir a la calle para ganarse la vida haciendo inviable el confinamiento o que por no tener cuenta bancaria para cobrar los subsidios que pudieran concederse obliga a hacer largas y penosas filas que resultan en sí focos de infección; el hacinamiento en viviendas a veces sin agua potable y en muchos casos sin frigoríficos donde almacenar comida; las altas tasas de población de más de 70 años y el hecho de que un porcentaje relevante de estas personas vivan en residencias; el aislamiento geográfico; la clausura de las fronteras nacionales y de la circulación interprovincial; el grado de madurez cívica; el tipo de políticas de respuesta y su ritmo; y el nivel del liderazgo.
Decisiones políticas al amparo de la (ir)responsabilidad y de sociedades diferentes
Finalmente, ¿cuáles son los efectos cuando, como ocurre con la covid-19, se aúnan cuestiones políticas y científicas? El ejercicio de la autoridad, como enseñó Max Weber hace justo 100 años, integra dos tipos de acciones basadas en la responsabilidad (tener en cuenta las consecuencias previsibles de los actos) y en la convicción.
Dejando de lado lo particular de cada país, la pandemia traza siete líneas maestras sobre las que la autoridad desarrolla su papel con sendos elementos en equilibrio: recursos públicos extraordinarios; medidas contradictorias envueltas en explicaciones confusas e improvisación; dispersión en las respuestas de los diferentes niveles territoriales y de las competencias de los decisores; predicciones erradas por las dificultades analizadas antes en relación con los datos; intenso ruido mediático y de las redes sociales aflorando un sinfín de opiniones, así como bulos y mensajes sesgados; una gama variopinta de liderazgos con experiencias y propósitos diferentes; y una sociedad agotada y más desigual frente a un escenario desconocido e incierto donde el miedo es el vector principal.
Esta imagen de desorganización generalizada incide en la evaluación gubernamental. A la muerte, la enfermedad y el caos se une el incremento de la corrupción en plena crisis económica grave. Todo ello anima a cuestionar aun más los cimientos fatigados sobre los que se alza la relación de la gente con la política.
En la historia de la humanidad, las pandemias no son un fenómeno nuevo. Las más letales han sido, en orden decreciente, la viruela, el sarampión, la gripe de 1918 (conocida como “gripe española”), la peste negra y el sida. Sin embargo, la pandemia de covid-19 ha resultado un fenómeno sin precedentes por su alcance e impacto, pero sobre todo por las respuestas para enfrentarlo. ¿Qué lo hace diferente de otras pandemias? ¿Cuáles son sus efectos en Latinoamérica? En enero de 2020, el covid-19 fue declarado emergencia de salud global, el nivel más alto de alerta de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional.
En marzo, tras su rápida expansión y la multiplicación de contagios y muertes en Asia, Europa, América y África, la Organización Mundial de la Salud (oms) decretó la primera pandemia por coronavirus. A finales de abril de 2020, el Centro de Recursos para el Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins informó que, oficialmente, había más de 3 millones de personas contagiadas y más de 230 000 muertes confirmadas en el mundo. Y más allá de los efectos en la salud, la pandemia tiene también consecuencias socioeconómicas y políticas cuyo alcance aún desconocemos.
El covid-19 se presentó en un entorno internacional caracterizado por la globalización, el libre comercio y el multilateralismo. Las actividades comerciales y laborales, las relaciones entre países y el desplazamiento de personas que producen estos fenómenos han servido como telón de fondo para la propagación del virus y para compartir los conocimientos adquiridos, pero también se han puesto en entredicho algunas certezas.
En efecto, los avances científicos, las nuevas tecnologías, la cooperación multilateral y el papel de organismos internacionales, como la oms, han permitido saber que el covid-19 implica mayores riesgos para determinados grupos de la población (ancianos, personas con problemas respiratorios, etc.), pero puede contagiar a todos sin distinciones. Se trata de un virus muy contagioso para el que no existe inmunidad ni vacuna, y cuya velocidad de difusión satura rápidamente las estructuras sanitarias, así como las sociales y económicas. Ante estos hechos, hemos asistido al retorno del protagonismo de los Estados. En diversos grados, las medidas adoptadas por los gobiernos afectados incluyen el distanciamiento social y el decreto de cuarentenas, el cierre de fronteras y la paralización de actividades productivas no esenciales. Como corolario, más de 3000 millones de personas han sido obligadas a permanecer en sus casas y se calcula que la economía mundial tendrá los peores resultados desde la Gran Depresión.
la pandemia del coronavirus está mostrando también otros problemas de nuestro tiempo, como las profundas desigualdades internacionales y las capacidades diferentes de los Estados para enfrentar la crisis.
Los efectos económicos, políticos y sociales de este fenómeno son inéditos y se acentúan por el escenario mundial en el que se registran. El covid-19 surgió en el contexto posterior a la crisis económica de 2008, que se caracteriza por disputas geopolíticas y una guerra comercial entre las dos mayores economías mundiales: China y Estados Unidos. Ambas superpotencias han agudizado sus tensiones y libran una batalla retórica que incluye el cruce de acusaciones sobre el origen del virus, además de la lucha por el liderazgo mundial. China practica una “diplomacia del coronavirus” o “diplomacia de las mascarillas”, es decir, envía personal médico y material sanitario para que los países más afectados enfrenten la crisis. Por su parte, Estados Unidos, al margen de crear algunos fondos de emergencia humanitaria y asistencia médica, ha cuestionado el papel de la OMS. Tales cuestionamientos, así como las “sentidas disculpas” ofrecidas por la Unión Europea por la falta de respuestas y solidaridad con países como Italia, son síntomas de la profunda crisis del multilateralismo. Asimismo, la ausencia de líderes que coordinen medidas comunes, la competencia por recursos y la formulación de respuestas nacionales a la pandemia pueden dar lugar a la proliferación de extremismos y nacionalismos. La pandemia del coronavirus está mostrando también otros problemas de nuestro tiempo, como las profundas desigualdades internacionales y las capacidades diferentes de los Estados para enfrentar la crisis. Además, factores como el miedo, la desconfianza, el uso reiterado de una retórica de tono belicista, así como las medidas restrictivas y de vigilancia impuestas por los gobiernos pueden favorecer el avance de autoritarismos que atenten contra la democracia y restrinjan los derechos de los ciudadanos.
Los vínculos del covid-19 con el modelo de producción capitalista y fenómenos como el cambio climático han puesto también en evidencia el carácter multidimensional de esta crisis que no es solo sanitaria, sino también económica, política, social, ambiental y ética. Ante la certeza de que el mundo no será el mismo después del coronavirus, estudiosos de todos los campos intentan comprender el fenómeno, considerado la “guerra de nuestro tiempo”, y ofrecer explicaciones de distinta naturaleza que imaginan un mundo mejor o peor. En este contexto, es primordial reflexionar sobre la realidad latinoamericana, y analizar los efectos de la pandemia en la región, así como las lecciones que se pueden extraer de esta experiencia y algunos de los principales desafíos que sobrevendrán a la pandemia.
LATINOAMÉRICA ANTE LA PANDEMIA
El primer caso de covid-19 en Latinoamérica se registró en Brasil el 26 de febrero de 2020, mientras que la primera muerte ocurrió en Argentina el 7 de marzo. A finales de abril, la mayor parte de la región se encontraba en la fase de transmisión comunitaria de la pandemia, con más de 200 000 infectados y más de 10 000 muertes. Al margen de las cifras, la pandemia ha traído consecuencias dramáticas, como en Ecuador, con el colapso del sistema sanitario y funerario de Guayaquil. Sin embargo, el escenario regional es diversificado en varios sentidos. Si bien la mayor parte de los gobiernos de la región, salvo Nicaragua, ha seguido las recomendaciones de la OMS, ha decretado el estado de emergencia y ha impuesto reglas como el distanciamiento social, la suspensión de actividades no esenciales y el cierre de fronteras, la adhesión a estas medidas no ha estado exenta de conflictos. En México, pese a que la OMS elogió la adopción de medidas preventivas, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó en un primer momento la gravedad de la situación y decretó la emergencia sanitaria apenas a finales de marzo de 2020, tras el avance de la pandemia y por las fuertes críticas de la oposición. Por otro lado, el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuestionó las medidas de excepción decretadas por las autoridades locales y ha descalificado reiteradamente la gravedad del coronavirus, al tiempo que participa en manifestaciones y realiza llamados públicos a romper la cuarentena en nombre de la economía. Las posiciones de ambos mandatarios han generado disputas internas con las autoridades locales y otros efectos políticos como, por ejemplo, la ruptura con una parte de sus bases de apoyo o la división de la opinión pública, también estimulada por la diseminación de noticias falsas en las redes sociales. En Chile, en un contexto muy polarizado, el gobierno trasladó a octubre de 2020 el plebiscito nacional para iniciar un proceso constituyente, inicialmente previsto para abril de 2020. Entre tanto, Bolivia aplazó las elecciones presidenciales previstas para mayo, luego de la repentina renuncia y salida del país de Evo Morales en noviembre de 2019.
Las relativamente recientes y aún frágiles democracias latinoamericanas tampoco están libres de las amenazas que la pandemia supone para este sistema. En medio de la expansión del coronavirus, países como Bolivia, Chile, Ecuador y El Salvador adoptaron la retórica belicista en uso y aprobaron estados de excepción o medidas que suspenden temporalmente la protección constitucional de algunos derechos fundamentales. Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch, han denunciado la violación de libertades y garantías constitucionales. Al mismo tiempo, países como Perú o Ecuador optaron por la militarización de la respuesta al covid-19, y establecieron políticas de control y vigilancia por geolocalización. Si bien algunas de estas medidas se entienden en el contexto excepcional de la pandemia, su continuidad supone serias amenazas a la vigencia del Estado de derecho.
En términos regionales, la discrepancia de visiones frente a la pandemia y la crisis del multilateralismo latinoamericano, acentuada desde 2016, han impedido el diseño de una estrategia conjunta. No obstante, ha habido esfuerzos notables, como los realizados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que diseñó una estrategia de respuesta y un fondo que recibe donaciones; el Mercado Común del Sur, que asignó 6 millones de dólares de su fondo de desarrollo para la iniciativa de lucha contra el covid-19 en los cuatro países del bloque, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que adoptó la Resolución 01/20 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Además, otras organizaciones internacionales y espacios de integración regional, con cooperación específica en el área de la salud, han promovido reuniones virtuales, redes de expertos y declaraciones conjuntas que han permitido la creación de observatorios regionales sobre el covid-19 y el intercambio de experiencias. Es el caso, por ejemplo, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el Foro para el Progreso de América del Sur y la Comunidad Andina.
Pese a los avances, la falta de una estrategia regional ha sido evidente, especialmente en el ámbito comercial. En un momento de disputa universal por los materiales médicos y sanitarios, los países de la región no han podido organizarse para realizar compras conjuntas. Por la falta de líderes regionales, la descoordinación de los organismos latinoamericanos y la ausencia de Estados Unidos, todos los países han recurrido por separado a China, la cual, ejerciendo la diplomacia del coronavirus, incrementa su poder blando en la región.
Desde el punto de vista de la economía, ya es claro que la crisis causada por el coronavirus será la peor desde la Gran Depresión de 1929. Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el pib mundial caerá alrededor de un 3% en 2020. Y en un mundo globalizado, económica y viralmente, Latinoamérica no escapará. De hecho, las previsiones para la región son peores: una caída del 5% según el FMI.
Varios son los factores de esta caída en Latinoamérica, como se explica en el Informe Especial Covid-19 de la CEPAL. En primer lugar, el freno de la producción como consecuencia del confinamiento y la interrupción de las cadenas globales de valor, más diversos factores internacionales, como el desplome de los principales socios comerciales, China y Estados Unidos. También, el derrumbe del precio del petróleo y otras materias primas, que son de las principales fuentes de divisas de la región y que afectará principalmente a países exportadores como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. La disminución del turismo perjudicará a todo el subcontinente, pero en particular a los países del Caribe, muy dependientes del sector. Y con todo esto, una devaluación de las monedas acompañada de fuga de capitales encarecerá la deuda y las importaciones.
Más allá de los efectos políticos y económicos, el covid-19 está dando lugar también a un panorama social desolador. Latinoamérica es la región más desigual del mundo y más del 30% de su población vive debajo de la línea de la pobreza, según la CEPAL. A pesar de los avances sociales y económicos alcanzados a principios del siglo xxi, es este el contexto estructural en el que debemos analizar las consecuencias de la pandemia. En la región, la pobreza y la desigualdad son más evidentes en los sectores rurales y periféricos de las grandes ciudades, en las poblaciones indígenas, afrodescendientes y en las mujeres, lo que determina divisiones internas, baja cohesión social y secuelas diferenciadas según la clase, etnia, género o lugar de residencia. Además, el neoliberalismo, primero de los regímenes militares del Cono Sur y más tarde de las democracias seguidoras de las premisas del Consenso de Washington, contribuyó a agravar la de por sí insuficiente presencia del Estado. La desprotección social, la debilidad institucional y la falta de políticas públicas son la norma en la región.
En tales condiciones, Latinoamérica no posee la capacidad de dar una buena respuesta sanitaria. Según la OPS, la inversión promedio para el sector es del 3.8% del PIB regional, con las excepciones de Costa Rica, Cuba o Uruguay, que invierten más de la meta regional en salud, es decir, más del 6%. En la gran mayoría de los Estados de la región, los sistemas de salud son de tipo privado y muy desigual, pues amplios segmentos pobres de la población no tienen acceso o tienen un acceso limitado. Como explica Adolfo Martínez Valle para l21, los países latinoamericanos tienen bajos índices de seguridad en salud. Un caso extremo es Colombia, que tiene el peor índice regional, equivalente a 44.2 en una escala de 0 a 100. Sin embargo, en la actual coyuntura, los casos de Cuba y Venezuela son aún más preocupantes debido a las sanciones económicas y comerciales que enfrentan.
La pandemia exacerba las desigualdades sociales, la pobreza y la exclusión de las sociedades latinoamericanas, al paso que la escasa cohesión social, la falta de capacidad de los Estados nacionales e infraestructuras deficientes agravan cualquier crisis, en un círculo vicioso y peligroso en tiempos inestables como el actual. Se prevé que la pandemia y sus efectos aumenten los conflictos sociales y políticos. Sin embargo, el impacto socioeconómico de la crisis se profundiza si consideramos los efectos de la pandemia sobre el empleo. La Organización Internacional del Trabajo estima que hasta 14 millones de puestos de trabajo formales se perderán en la región. Pero el problema laboral en Latinoamérica se amplifica debido a la alta informalidad, que ronda el 50% del empleo total. En consecuencia, millones de trabajadores informales, lo mismo vendedores ambulantes que limpiadores o rebuscadores, de por sí con ingresos bajos y casi sin redes de seguridad, están viendo desaparecer su fuente principal de ingresos y sufrirán graves consecuencias.
Sin alternativas laborales y sin políticas públicas adecuadas, el crimen organizado y los grupos armados podrían fortalecerse y acrecentar los problemas de seguridad pública. En países como Brasil, por ejemplo, la gestión de la pandemia hizo que las autoridades de salud dialogaran con grupos de narcotraficantes y milicias, reconociendo implícitamente que controlan porciones del territorio estatal. Además, mientras que los enfrentamientos por recursos y territorios aumentan, en México grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel del Golfo han intentado reforzar su papel durante la pandemia y han buscado el apoyo de la población mediante la distribución de alimentos y bienes de primera necesidad. Igualmente, la pandemia y las restricciones presupuestarias que impone podrían comprometer aún más la ejecución del acuerdo de paz en Colombia, en dificultades por el rezago en el cumplimiento de sus promesas o el asesinato de líderes sociales y excombatientes, que no han cesado ni siquiera durante la pandemia.
Debido a las desigualdades socioeconómicas y la urbanización de la región, los contagios y las secuelas del coronavirus son mucho mayores entre los sectores populares, sobre todo entre los millones de personas que viven en los suburbios marginados (favelas, villas miserias, barriadas) de las principales ciudades de la región como Buenos Aires, Ciudad de México y São Paulo. Estas poblaciones no pueden darse el lujo de “quedarse en casa”, porque no tienen recursos para ellos ni para sus familias. Las respuestas y la ayuda de urgencia ofrecidas por los gobiernos han sido insuficientes. Aunque hay redes de solidaridad y el papel de los movimientos y las organizaciones sociales es fundamental para la seguridad alimentaria, el hambre en los sectores populares es cada vez más visible. En Bogotá, los habitantes han llegado a exhibir trapos rojos para denunciar este flagelo durante la pandemia.
Si bien hay diversos grupos sumamente vulnerables a la pandemia (trabajadores informales, adultos mayores, población sin hogar, pueblos indígenas, niños y otros) y cada uno presenta especificidades, destacamos en particular la situación de las mujeres y de los migrantes y sus familias. En el caso de las mujeres, a la vulnerabilidad que enfrentan por trabajar principalmente en el sector informal y estar excluidas de los esquemas de protección social, se suman también adversidades como la sobrecarga de trabajo, la violencia de género y los feminicidios exacerbados durante la pandemia. Las latinoamericanas realizan tareas esenciales para el mantenimiento de la vida y cada día dedican al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados el triple del tiempo que dedican los hombres. Durante la pandemia estas desigualdades de género se han agudizado, sobre todo en los hogares con menores ingresos y mayores demandas de cuidados. Además, según la Entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, en países como Brasil, Colombia y México, con la pandemia se ha registrado un aumento de más del 50% de denuncias de violencia familiar, así como un incremento significativo del número de denuncias de violaciones y feminicidios.
Por otro lado, el cierre de las fronteras nacionales o la militarización y el refuerzo de los controles migratorios han reducido de forma radical los desplazamientos, pero no los han detenido completamente, sino que han obligado a los migrantes, en particular de Centroamérica, a buscar rutas alternativas e irregulares, lo que aumenta su vulnerabilidad y los peligros a los que se exponen. Durante la pandemia, la situación es más grave para los migrantes en tránsito en las estaciones migratorias y centros de detención de países como México, así como para los indocumentados en movilidad humana, quienes se encuentran desprotegidos por trabajar sobre todo en el sector informal, y no pueden utilizar los servicios médicos locales, carecen de redes de apoyo, enfrentan problemas de acceso a la información o son excluidos de las ayudas sociales para los nacionales. Un ejemplo relevante de la desprotección de los migrantes y los refugiados es el caso de la población venezolana sin recursos y desalojada de sus viviendas en países como Colombia y Perú. Esta población ha emprendido el retorno a Venezuela sin asistencia sanitaria y en condiciones de extrema vulnerabilidad. Los migrantes están sujetos también a deportaciones y expulsiones, así como a crecientes formas de estigmatización, discriminación y xenofobia. Además, la crisis mundial determinará una fuerte caída de las remesas, lo que repercutirá en la pobreza y en el nivel de vida de las familias de los migrantes. La cepal prevé una contracción de entre el 10% y el 15% de este rubro, con graves efectos en los países más dependientes, como Haití y los Estados del Triángulo Norte de Centroamérica.
Más allá de las especificidades de cada grupo, los sectores más vulnerables de la población latinoamericana no solo están desprotegidos social y económicamente, sino que tampoco tienen acceso a la salud y, cuando lo tienen, la atención no suele ser de calidad y mucho menos comparable a la que reciben los miembros de las clases sociales altas. Por la falta generalizada de pruebas de covid-19 y la precaria infraestructura sanitaria, hay en la región un amplio subregistro de casos de contagio y muertes que disminuye artificialmente los impactos de la enfermedad. Como resultado, la pandemia de covid-19 afecta con mayor fuerza a las poblaciones más pobres y tradicionalmente excluidas y deja en evidencia los problemas estructurales y las desiguales capacidades de respuesta de los Estados latinoamericanos.
LECCIONES Y RETOS DESPUÉS DEL CORONAVIRUS
Pese a que la crisis actual se caracteriza por un alto grado de incertidumbre, una de las lecciones más importantes es que no estamos preparados para enfrentar pandemias y que necesitamos tomar más en serio las amenazas y los desafíos que representan. La falta de preparación no se deriva de la escasez de conocimientos o tecnología, sino sobre todo, de la forma de organización de nuestras sociedades, así como de la falta de voluntad política. La primacía y la fe ciega en el mercado, el retroceso del Estado, el equilibrio de las cuentas fiscales, la privatización y la desregulación han sido insuficientes para tener sociedades más justas y equitativas, además de que son muy ineficaces frente a fenómenos como las pandemias. En consecuencia, para hacer frente a los múltiples desafíos planteados por el covid-19, así como otros desafíos comunes, los países de Latinoamérica deben fortalecer el papel de los Estados nacionales.
Al igual que Estados Unidos y los países de la Unión Europea, los Estados latinoamericanos requieren ambiciosos planes de recuperación económica. En este proceso, organismos financieros internacionales y bancos de desarrollo regionales, como el Banco de Desarrollo de América Latina, pueden ejercer un papel central, mediante créditos y cooperación técnica que complementen las medidas aplicadas por los gobiernos. Más allá de la coyuntura, se deben retomar proyectos nacionales de desarrollo que, con políticas públicas y medidas de protección social, sean capaces de garantizar una vida digna para las mayorías. Para ello, es imperativo promover reformas fiscales que refuercen las arcas públicas, mejoren la redistribución y permitan renegociaciones de deudas. Según el Latinobarómetro de 2018, el apoyo a la democracia alcanza solo el 48% de la población y hay una desconfianza generalizada hacia la política y las instituciones, de modo que es necesario que el retorno del Estado implique más Estado social y no se traduzca en más represión, vigilancia y control, que luego debilitarían a los regímenes democráticos.
Por otra parte, si hay algo que ha demostrado la pandemia es la importancia de la salud como un derecho humano y un bien público, lo mismo que la necesidad de garantizar el acceso universal a la atención sanitaria, sin distinciones de clase, nacionalidad o estatus migratorio. En Latinoamérica, el replanteamiento del modelo sanitario es urgente. De acuerdo con la Estrategia Regional y Plan de Acción sobre las Enfermedades Crónicas de la ops, esto implica que los países de la región garanticen una inversión de más del 6% de su pib, sin menoscabo de la inversión en otros campos, como la educación o la seguridad social. Un reto central es revalorar y elevar la inversión en los sectores de ciencia y tecnología, además de reforzar la autonomía productiva de sectores estratégicos, como el de la salud. La llegada del covid-19 y la disputa internacional por los materiales sanitarios han revelado que no basta abogar por transformar las leyes de producción intelectual o apelar al retiro de las patentes sobre medicamentos, sino que es necesario dotarse de parques industriales autónomos, capaces de producir los insumos que se requieren en la región.
La pandemia también ha evidenciado que la crisis no es solamente sanitaria, sino multidimensional: se trata también de una crisis económica, política, social, ambiental y ética vinculada a nuestro modo de producción y consumo, así como a sus secuelas en fenómenos como el cambio climático. Maristella Svampa, socióloga y profesora de la Universidad Nacional de La Plata, sostiene que los países de la región pueden extraer valiosas enseñanzas para repensar por completo su modelo de desarrollo y superar el carácter extractivista, primario y antiecológico de sus economías. Al mismo tiempo, en pleno proceso de reorganización y deslocalización económica, la fase posterior a la pandemia puede ser una oportunidad para que los países latinoamericanos disminuyan su dependencia de las manufacturas importadas y opten por procesos de producción y comercio de carácter más regional.
La pandemia también puso sobre la mesa la necesidad de mostrar más transparencia en la distribución de la riqueza, los privilegios de las minorías y los problemas como la evasión fiscal y la corrupción. La crisis obliga a observar de cerca otras tragedias presentes en la “normalidad” de nuestra región. El hambre, la pobreza y las desigualdades con las que convivimos diariamente se han intensificado y exigen nuevos pactos sociales con otras formas de redistribución de la riqueza y mayor justicia social. Estas transformaciones son retos irrenunciables, sobre todo si pensamos que 2019 fue un año de amplias movilizaciones en la región y que, en la medida en que aumenten la pobreza, la miseria y la falta de trabajo, se multiplicarán los conflictos y los estallidos sociales, lo que puede dar lugar a nuevas regresiones autoritarias, así como a nuevas amenazas a la paz y a la seguridad regional. El covid-19 ha sacado a relucir la importancia de los cuidados y la asistencia, así como del papel central que desempeñan las mujeres, generalmente sin reconocimiento ni protección social. Mejorar la justicia social requiere adoptar un enfoque de género que supere las inequidades y la violencia que viven las latinoamericanas.
En un contexto de interdependencia global, la pandemia también ha demostrado que, a pesar de estar en crisis, la cooperación y el multilateralismo funcionan, y que opciones individualistas que abogan por medidas unilaterales son ineficaces y contraproducentes. No es la primera ni será la última pandemia que enfrente Latinoamérica, así que los países de la región pueden responder mejor de forma coordinada, diseñando estrategias colectivas y solidarias que valoricen tanto las experiencias como los espacios y mecanismos de cooperación. Los avances que fueron alcanzados en el ámbito de la salud en espacios como el Consejo Suramericano de Salud de la Unión de Naciones Suramericanas, merecerían ser debidamente reconocidos e integrados en una estrategia de cooperación de largo plazo. Las perspectivas críticas sobre el modelo de salud hegemónico y la necesidad de impulsar procesos de soberanía sanitaria y alimentaria que propugnan desde hace décadas movimientos, organizaciones sociales y académicos deberían también ser valoradas como alternativas regionales necesarias.
En relación con las transformaciones tecnológicas y la virtualización de las relaciones sociales y económicas, los desafíos que la región deberá enfrentar al terminar la pandemia también son enormes. La automatización de los procesos de producción amenaza los empleos de millones de personas y puede precarizar aún más la vida de los trabajadores. Entre tanto, la virtualización de la educación puede ampliar las desigualdades y las brechas educativas y tecnológicas, especialmente en las zonas rurales y sectores populares de las grandes ciudades. ¿Optarán los líderes políticos por enfrentar con decisión la tragedia que viven los latinoamericanos, y en especial los más necesitados, o se concentrarán en preservar sus intereses políticos o en salvar los intereses económicos de unos pocos? La historia, por desgracia, nos da pistas sobre la posible respuesta. Esperemos que esta vez sea diferente.
