Venezuela: ¿ir a elecciones parlamentarias?

Laura Gamboa
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Venezuela: ¿ir a elecciones parlamentarias?

Coautores Maryhen Jiménez Morales y Raúl Sánchez Urribarri / El 3 de agosto de 2020, 27 partidos representantes de la oposición venezolana anunciaron que no participarán en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020. Esta decisión ha causado mucha controversia. Por un lado, estas elecciones ocurren en un contexto de pandemia, con un sistema cada vez más autoritario —con árbitros cuestionados y un sistema electoral destruido— en el que una victoria opositora es imposible y participar podría legitimar comicios fraudulentos. Por otro lado, no participar le facilitaría al régimen la consolidación de su proyecto político. ¿Cómo nos acercamos a este dilema?

Esta disyuntiva es típica de elecciones en regímenes autoritarios. Los cuerpos legislativos son relevantes, incluso en autocracias como Venezuela. Las legislativas venezolanas son particularmente importantes, pues es el primer proceso electoral desde los comicios presidenciales de mayo de 2018 —que llevaron a la reelección ilegítima de Nicolás Maduro— y constituyen una pieza clave para que el madurismo termine de consolidar el control institucional del país. Si son tan importantes, ¿por qué no participar? 

Primero, nada indica que la oposición tenga posibilidades reales de ganar o de que, de hacerlo, el régimen vaya a respetar los resultados. Los partidarios de la participación incondicional se refugian en su victoria de diciembre de 2015, cuando conquistaron la Asamblea Nacional (AN) contra todas las expectativas. Sin embargo, en 2015 Venezuela era un “autoritarismo competitivo.” Aunque las elecciones ya eran irregulares e injustas, constituían espacios de contestación real del poder. Como lo demostró la victoria de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), el triunfo de la oposición era improbable, mas no imposible. Adicionalmente, en ese entonces, la oposición logró coordinar sus acciones y presentar una oferta electoral consensuada.  

Ahora bien, el escenario hoy es radicalmente distinto. En 2015, Maduro entendió que, si la oposición se organizaba y participaba, era capaz de desafiarlo seriamente y, en consecuencia, cambió su estrategia autoritaria. Desde entonces ha buscado mantenerse en el poder a través del abuso desmedido de diferentes mecanismos institucionales y el también aumento desmedido de la represión contra los políticos de oposición y la sociedad. Desde el 2016 la oposición ha perdido 28 de las 112 curules que ganó en el 2015. Como si eso fuera poco, en junio de este año, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asaltó los poderes de la AN para nombrar un Consejo Nacional Electoral favorable al Gobierno y, recientemente, dictó sentencias que legalizaron el control del Gobierno de dos de los partidos más importantes de oposición: Primero Justicia y Acción Democrática.

A ello se suma la represión física de la oposición. El año pasado hubo 574 víctimas de torturas, 852 de tratos o penas crueles e inhumanas; 1.804 allanamientos ilegales; 789 amenazas y hostigamientos por parte del Gobierno (o de agrupaciones paramilitares aliadas); 1.692 detenidos en medio de protestas pacíficas y más de 193 por razones políticas. Peor aún, mas de 1.000 personas murieron como consecuencia de la intervención de policías y militares.

Sin duda, ante este panorama resulta difícil participar y, aun más cuesta arriba, ganar. ¿Cuál es la ventaja de participar en unas elecciones pensadas para que se afiance el autoritarismo?

Los dilemas y las respuestas no son tan simples. Abstenerse tiene un alto costo para la oposición. A pesar de todos los abusos del Gobierno, el control de la AN le ha proporcionado a esta, espacios importantes de lucha. Gracias a dicho control, la oposición pudo negarle el reconocimiento a la controvertida reelección de Maduro en 2018 y establecer la presidencia interina de Juan Guaidó en 2019, lo cual contó con el reconocimiento de más de sesenta países de la comunidad internacional.

El poder legislativo ha servido, a su vez, para visibilizar las angustias que padece la sociedad, contener la ambición de poder de Maduro y ejercer algunos niveles de democracia y debate»

El poder legislativo ha servido, a su vez, para visibilizar las angustias que padece la sociedad, contener la ambición de poder de Maduro y ejercer algunos niveles de democracia y debate. Incluso si descontamos los partidos y diputados cooptados por el Gobierno, la oposición todavía tiene un número significativo de curules en la AN. Si participan, puede que las pierdan, pero, si no, es seguro que esas curules pasarán a ocuparlas el Gobierno y sus aliados. 

Adicionalmente, las parlamentarias podrían ayudar a mediano o largo plazo a modificar la estructura de oportunidades para la oposición. Las elecciones son coyunturas con objetivos claros y tiempos limitados, que abren espacios para la organización y movilización. De otros contextos autoritarios —e. j. Serbia (2000) o Filipinas (1986)— sabemos que, aun cuando el control es absoluto y las elecciones, fraudulentas, una oposición organizada y movilizada puede producir cambios sobrevenidos y derrotar a dictadores sin apelar a la violencia. Dichos cambios, sin embargo, no se logran de un día para otro. El trabajo necesario para ese tipo de movilización toma años y —en no pocas ocasiones— un par de ciclos electorales fallidos.     

Por tanto, no es claro que renunciar a priori a esta oportunidad para articularse y movilizarse sea una buena alternativa y podría desmovilizar aún más a la oposición. Los dos últimos años han sido devastadores para la coalición opositora. El impulso que le dio el anuncio de la presidencia interina de Guaidó en enero de 2019 se diluyó entre las arbitrariedades del Gobierno y errores propios de la oposición y algunos de sus aliados internacionales.

Coordinar acciones en torno a los comicios le podría permitir a la oposición encontrar mecanismos de acuerdo, organizar a sus partidos, establecer vínculos sólidos con la sociedad civil y líderes locales»

A pesar de que ganar sea imposible, coordinar acciones en torno a los comicios le podría permitir a la oposición encontrar mecanismos de acuerdo, organizar a sus partidos, establecer vínculos sólidos con la sociedad civil y líderes locales, así como elaborar una narrativa esperanzadora que entusiasme a la población. El gobierno de Maduro cuenta con más del 80% de rechazo, y más del 62% de la población desea que la oposición participe en el proceso electoral. Estas cifras son esperanzadoras. Utilizar la fecha de las parlamentarias como una oportunidad para la coordinación y el renacimiento de un movimiento amplio prodemocracia podría permitir avanzar, así sea a mediano-largo plazo hacia un cambio político.

En último caso, la pregunta sobre la participación o no el 6 de diciembre se inscribe en un contexto más amplio. El sistema está creado para que la oposición mayoritaria pierda. La clave, tal vez, es pensar las elecciones no como un mecanismo para alcanzar el poder de inmediato, sino como un paso en un plan más largo, como un momento para la organización y acción colectiva. El plan, sin embargo, está todavía por verse. 

Foto de Luis Carlos Díaz en Foter.com / CC BY-NC

¿Y si nos vamos todos a la China?

Esteban Caballero
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¿Y si nos vamos todos a la China?

“El verdadero desafío para los Estados Unidos es preguntarse si están preparados para vivir con otro país (China), con una historia diferente, una cultura diferente, quizás un sistema diferente, pero sin ningún deseo de competir con los Estados Unidos por el predominio a escala global. ¿Están los estadounidenses listos para vivir con nosotros en paz?” (embajador de China en EE. UU., Cui Tiankai). Esta es la interrogante que hace el embajador al finalizar su entrevista con MSNBC y en un ambiente de creciente tensión entre los dos países. No hubo respuesta a la pregunta del embajador, pero quedó en el aire, reverberando en distintos rincones del mundo. Entre ellos, Latinoamérica.

La tensión es multifacética. Muchos piensan que se debe, sobre todo, a la coyuntura preelectoral en los EE. UU. En el libreto de Donald Trump, siempre es importante tener un enemigo. En 2016 era el muro para detener la invasión de los hispanos; ahora son los chinos. Sin duda, este factor preelectoral está agudizando las tensiones en un juego muy peligroso para la paz y la seguridad mundial. La cuestión es calibrar cuánto de ello se desvanecerá si en noviembre gana el candidato demócrata Joe Biden y, si con ese resultado, las pistolas se volverían a enfundar.

Aunque las encuestas apuntan a la posibilidad de que Biden gane, ningún decisor de política exterior puede descartar aún la reelección de Trump. Sin embargo, aun ante una eventual victoria demócrata, muchas de las críticas a la situación de los derechos humanos, el espionaje industrial, la ambición territorial en el mar del sur de China, el ataque a las libertades en Hong Kong y la evidente y nueva influencia china en el mundo seguirán afectando la política exterior norteamericana. En consecuencia, también su opinión respecto a las relaciones de China con Latinoamérica.

Existen varias enmiendas y acciones legislativas con sustento bipartidista en el Congreso que nos indican que la tensión con China es más profunda. Por ejemplo, está la enmienda a la Ley de Política hacia Hong Kong de 1992, ahora titulada Ley sobre los Derechos Humanos en Hong Kong. Igualmente, está el apoyo a la Ley sobre los Derechos Humanos de los Uigures o las precauciones tomadas en torno a los Institutos Confucio. 

El ascenso de un nuevo poder económico a escala mundial, necesariamente afectará la presencia y la acción de las otras grandes potencias»

Por otro lado, el conflicto tiene que ver con un clásico reajuste en el equilibrio de poderes que seguirá alimentando respuestas y contrarrespuestas políticas. El fenómeno del ascenso de un nuevo poder económico a escala mundial, necesariamente afectará la presencia y la acción de las otras grandes potencias, sean estas Estados Unidos o la Unión Europea.

China es un país de 1.4 mil millones de personas, en un vasto territorio, pero con una superficie cultivable que abarca solo el 12%. Su economía debe proveer a esa inmensa población y mantener la promesa de progreso y bienestar. La magnitud del desafío es tal que únicamente con un crecimiento de su área de influencia puede mantenerse a flote. El despliegue actual de la nueva Ruta de la Seda (One Belt, One Road Initiative) es sintomático de esa gran China que quiere asegurar sus vasos comunicantes con el mundo mediante una red de puertos, telecomunicaciones y otras infraestructuras para fomentar el comercio y asegurarse insumos y mercados para poder seguir creciendo y avanzando. En América Latina, China ha encontrado economías complementarias, fuentes de minerales y metales, petróleo y alimentos.

El punto es que, si bien China se esfuerza por darle a dicho despliegue un carácter exclusivamente económico, sus movimientos atizan las sensibilidades geopolíticas. El hecho de que China haya firmado un borrador de acuerdo económico y de seguridad con Irán es un ejemplo y expone su total desacuerdo con la estrategia estadounidense de poner máxima presión en Teherán. Por otro lado, el hecho de que en América Latina el principal recipiente del crédito y financiamiento chino sea Venezuela también agudiza las tensiones.

El primer ministro de Singapur escribió en Foreign Affairs que para los países del sudeste asiático sería un grave problema tener que elegir entre Estados Unidos y China, y abogó por mejorar la relación y establecer un marco de cooperación y competencia, de manera de frenar el desliz hacia una competencia aguerrida. Algo similar, aunque quizás no tan urgente o grave, se debe plantear en América Latina. China ya es el mayor acreedor de América Latina y ha superado la cifra total de préstamos concedidos por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Comisión Andina de Fomento. El intercambio comercial se ha incrementado sustancialmente y ha llegado a alrededor de 300 mil millones de dólares. China ha incrementado su inversión directa extranjera en el período de 2012 a 2017 a 65 mil millones de dólares. Esta es una de las razones por las cuales el gobierno de Trump esta proponiendo como presidente del BID a Mauricio Claver-Carone, un cubano-americano conservador. 

En realidad, la región tiene dos opciones: tratar el asunto China-EE. UU. en un ambiente crecientemente caótico e impredecible, como está sucediendo en este momento con el gobierno de Trump, o tratarlo en un ambiente más estructurado y con la ventaja de poder entablar un diálogo más razonable con una administración demócrata. Pero, en ambos casos, el tema va a tener que pasar a otro nivel en la política exterior de los países latinoamericanos.

Hay que tener una sana desconfianza de las intenciones de Xi Jinping»

Para ello, Latinoamérica deberá reconocer algunas pautas que nos parecen de importancia cardinal. Por un lado, tener una mayor coordinación regional en cuanto a la postura de los países con respecto a cómo encarar un marco de cooperación y competencia entre las dos grandes potencias. Hoy por hoy, dicha coordinación no existe, y hay evidentes diferencias políticas. ¿Por qué Colombia y Brasil apoyan una presidencia americana en el BID, y otros buscan alternativas? Por el otro, hay que tener una sana desconfianza de las intenciones de Xi Jinping. La negociación para minimizar los costos y maximizar los beneficios de la relación con China está a la orden del día. Eso depende de evitar que la relación comercial y el financiamiento prolonguen la primarización de la economía latinoamericana y de abrir las puertas a un mayor valor agregado en la cadena de suministros. También está la necesidad de ejercer una mayor presión para que los créditos de China no vengan como paquetes atados en los que los proveedores de ese país son los únicos beneficiarios de las inversiones.

Por último, y muy importante, plantearíamos un aspecto más bien político. El embajador de China en EE. UU. habló de compartir el mundo con un país diferente en cuanto a historia, cultura y “sistema”. En ese sentido, América Latina debería compartir el mundo con China y expresar de manera clara su diferencia; que en el mundo no solo hay comercio, sino también democracia, libertad, derechos. La región obviamente tiene interés en profundizar las relaciones, pero en lo que se refiere a principios se debería ubicar en el lado opuesto a los “sistemas” autoritarios, como el chino. La región no es el gran emblema del Estado de derecho democrático y representativo, pero hoy por hoy, salvo las conocidas excepciones, la región puede abogar por la necesidad de mantener la vigencia de consensos basados en los derechos humanos, con democracia, libertades públicas, justicia social y pluralismo.

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Trump encabeza campaña de retroceso

Federico Finchelstein
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Trump encabeza campaña de retroceso

Ya no hay términos medios. El diario más importante del mundo llama a las cosas por su nombre. Y lo hace desde la tapa. Así analizó el New York Times en su primera página la reacción del presidente Donald Trump frente al anuncio de la fórmula demócrata: “Trump se sumó al aluvión con un tweet racista… en el que afirmaba que Biden pondría a otro líder negro, el senador Cory Booker, de Nueva Jersey, a cargo de las viviendas para personas de bajos ingresos en los suburbios”.

Para el diario, ese tweet continuó con la “táctica de Trump de jugar con los temores racistas blancos sobre los esfuerzos de integración”. El mismo día, el presidente denunció una “invasión” y propuso la exclusión de minorías pobres, es decir, personas de color que quieren vivir en los suburbios.

Parece que Trump quiere que su país se parezca de nuevo a un pasado que líderes como Martin Luther King, o Nelson Mandela, de Sudáfrica, lucharon por cambiar»

Nunca Trump se había atrevido a tanto. Nunca la prensa principal del país lo había definido como lo está haciendo ahora. Parece que Trump quiere que su país se parezca de nuevo a un pasado que líderes como Martin Luther King, o Nelson Mandela, de Sudáfrica, lucharon por cambiar. La propuesta de campaña es un Estados Unidos de «bantustanes» del apartheid.

Esta realidad y su presentación explícita en los medios hubiera sido impensable hace solo algunos años. Luego de la violencia de siglos y décadas anteriores, al menos en las campañas presidenciales, las grietas se disimulaban y se volvían, por eso mismo, menos grietas. Luego de una campaña muy dura, el ganador Barack Obama recibió a su contrincante, el senador John McCain, en el living de su casa.

En este punto, Estados Unidos comenzaba a asemejarse cada vez más a Latinoamérica, con la excepción del Brasil de Jair Bolsonaro. En nuestro continente las campañas no están claramente inspiradas en los métodos de propaganda, odio y mentiras típicas del fascismo global y también vernáculo.

La selección de Kamala Harris, la primera mujer afroamericana e hija de inmigrantes en ser candidata en una fórmula presidencial, hizo explícito lo que por mucho tiempo la prensa independiente trató con eufemismos: de un lado, está el racismo de Trump y, del otro, el antirracismo de la mayoría. Es decir, Joe Biden y Harris representan de nuevo a la mayoría electoral que perdió la elección presidencial anterior por los artilugios del arcaico colegio electoral.

Es necesario recordar que justamente el colegio electoral fue un factor central para la defensa del esclavismo y que este fue eliminado por la guerra civil que ganó el orden legal que fue encabezado por el presidente Abraham Lincoln en 1865. En este marco, Trump también se ha identificado recientemente con el bando perdedor por razones que obedecen a la misma estrategia racista que menciona el New York Times.

No es nueva en la historia del país del norte la idea de hacer campaña con la xenofobia»

Pero si hay cosas nuevas, y muchas, en este odio parapetado en la Casa Blanca, no es nueva en la historia del país del norte la idea de hacer campaña con la xenofobia, la “ley y el orden”, los miedos y el nacionalismo. Por supuesto que, en realidad, esta no es solamente una historia americana.

En la India, Narendra Modi; en Hungría, Viktor Orban y, en Brasil, Bolsonaro, intentan reformular al populismo en clave fascista; pero en Estados Unidos la campaña de Trump también remite a otras campañas locales cuya forma de hacer política fue abiertamente racista, en particular las candidaturas del gobernador de Alabama, George Wallace, en los años sesenta y principios de los setenta.

Wallace, candidato de “la ley y el orden”, atacó al Gobierno en 1963 por considerar que quería convertir a los políticos en “amos del pueblo” y que era “lo opuesto de Cristo”. Insistía en la necesidad de mantener la “¡segregación ahora! Segregación mañana!”. Wallace defendía el racismo “en nombre de la gente más importante que haya pisado esta tierra”. Por “la gente” entendía a norteamericanos blancos.

Como es algo ya famoso, Wallace sostenía que la ciudad de Nueva York no era precisamente un ejemplo para el resto del país: “En Nueva York no puedes caminar de noche por el Central Park sin temer que te violen, asalten o disparen”. Fue precisamente esa idea de que el Central Park era el lugar donde se veía lo que andaba mal en el país lo que le dio notoriedad a un entonces joven populista en proceso de formación.

El contexto fue el caso de los Central Park Five en 1989. Según CNN, “el caso comprendía a cinco adolescentes de color erróneamente acusados y condenados por golpear y violar a una mujer en el Central Park. Trump compró avisos a toda página que publicó en varios periódicos de Nueva York y que decían: ‘Devuélvannos la pena de muerte. ¡Devuélvannos nuestra policía!”. Los chicos, erróneamente acusados, “fueron exonerados en 2002, cuando otro hombre confesó el crimen y el ADN respaldó su confesión”.

En 1989, refiriéndose al caso, Trump decía que “los avisos eran muy fuertes y francos, y lo que pedían era ley y orden. Y no estoy hablando solo de Nueva York. Estoy hablando de todo”. “Tal vez odio sea lo que necesitamos, concluía, si queremos que se haga algo”. Esta combinación inicial de “ley y orden” y tanto propaganda como mentiras racistas fue el primer intento de Trump de hacer política con el libreto de Wallace, pero también de Josef Göebbels.

Más tarde se convertiría en el sello de fábrica de la exitosa carrera de Trump hacia la Presidencia en 2016. Esta forma de mentir y fomentar la paranoia y el odio sigue marcando su intento desesperado de mantenerse en el poder. Si pierde la elección, también perderá su inmunidad. Infinidad de procesos legales lo seguirán y, por esta razón, espera que el racismo lo salve.

Es cierto que su lema MAGA (Hagamos grande a Estados Unidos otra vez) implicaba de forma implícita una propuesta en la que el país anterior regresara a los cambios en los derechos civiles de los años sesenta, pero su actual campaña electoral quiere convertir ese pasado racista en promesa de presente y futuro.

*Un texto publicado originalmente en el diario Clarín, Argentina

Foto de Johnny Silvercloud en Foter.com / CC BY-SA

América Latina: el abismo tan temido

Andrés Serbin
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América Latina: el abismo tan temido

El año 2019 fue un annus horribilis para América Latina. Junto a una marcada desaceleración y a un magro crecimiento económico que apenas alcanzó un 0,1%, la región vivió una multiplicación de movilizaciones y protestas sociales que afectaron tanto a Gobiernos de izquierda como de derecha dentro de lo que fue una reconfiguración  —elecciones mediante— del mapa político.

Pero el año 2020 trajo la pandemia de la COVID-19 que, pese a las diferencias nacionales, profundizó algunas de las tendencias y similitudes existentes, y acentuó algunos rasgos estructurales que constituyen el trasfondo de los múltiples desafíos que enfrentará la región para salir a una fase de pospandemia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) adelantó que, a consecuencia de la pandemia, se producirá la peor recesión de la historia de la región, con una contracción del PIB de un 5,3% en 2020 y un aumento de la tasa de pobreza del 30,3% al 34,7%.

El Banco Mundial (BM) asomó que la contracción podría llegar a más de un 7% dentro de lo que es la peor crisis de la región desde 1901.

Con el título genérico de Informe Iberoamérica 2020, un documento reciente presentado por la Fundación Alternativas de Madrid, apunta a la mala hora que atraviesa y atravesaría Latinoamérica. El informe señala algunos de estos rasgos, tal es el caso de la desigualdad preexistente que afecta la estabilidad política y el incremento de las demandas y expectativas sobre los avances sociales de años precedentes, que responden a pugnas redistributivas y a exigencias de mejores políticas públicas por parte de diferentes sectores sociales.

Una crisis de representación que marca retrocesos democráticos que están relacionados con el bajo nivel de confianza en las instituciones políticas»

El informe resalta, asimismo, que se trata del peor desempeño económico de los últimos sesenta años, lo cual agudiza los problemas estructurales que están vinculados a la escasa diversificación productiva y a la excesiva dependencia de las materias primas (y de su demanda por parte de China). A esta situación se suma, además, una crisis de representación que marca retrocesos democráticos que están relacionados tanto con el bajo nivel de confianza en las instituciones políticas como con un desencanto (y una deslegitimación consecuente) con respecto a la capacidad de las élites políticas y de los liderazgos existentes de satisfacer las demandas ciudadanas.

La creciente incidencia de actores extrarregionales convierte a América Latina y el Caribe, pese a su aparente carácter periférico, en un campo de pugnas y confrontaciones geopolíticas y geoeconómicas»

La polarización política por esta fatídica combinación de factores no solo nutre las fracturas ideológicas, sino que también impacta la capacidad de crear respuestas regionales frente a un entorno internacional sumido, a su vez, en una compleja transición. La rivalidad entre los Estados Unidos y China no es el único eje de este proceso. La creciente incidencia de actores extrarregionales convierte a América Latina y el Caribe, pese a su aparente carácter periférico, en un campo de pugnas y confrontaciones geopolíticas y geoeconómicas que complejizan su inserción internacional. Además de estas dos potencias, en la región incursionan Rusia, Irán, Turquía y más recientemente la India, además de los tradicionales vínculos con la Unión Europea y Japón.

Tres factores adicionales —y relacionados eventualmente entre sí—  tienden a complejizar aún más la crisis multinivel que atraviesa la zona. En primer lugar, la corrupción de las élites, que tiende a permear diferentes niveles de las respectivas sociedades. La reaparición de los militares como un actor político, proceso que amenaza a instituciones democráticas de por sí debilitadas y que da pie a diferentes modalidades autoritarias. Y el aumento del crimen organizado en sus múltiples encarnaciones que van desde el narcotráfico hasta la trata de personas.

En este marco, al desafío de lidiar con la pandemia se suman difíciles retos. Los países deben enfrentar la recesión y la crisis económica que afectan tanto a los sectores más vulnerables como al conjunto de la sociedad. Se debe reforzar la resiliencia de la democracia y de sus debilitadas instituciones a través del impulso de estrategias y políticas públicas que demanda la ciudadanía. Y, finalmente, se debe desarrollar una coordinación regional más eficiente para enfrentar los retos globales y para fomentar una inserción internacional con mayores grados de autonomía y diversificación.

Desafíos de la mala hora que exigen complejos y avanzados acuerdos sociales y consensos regionales, en una América Latina arrasada por la pandemia, pero también por la polarización social y política, y por la atomización regional.

Foto de Outside the Shaft en Foter.com / CC BY-SA

Argentina y el acuerdo por la deuda a un paso

Alexander Güvenel
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Argentina y el acuerdo por la deuda a un paso

La refinanciación de la deuda argentina está en la agenda del Ejecutivo desde el comienzo del gobierno de Alberto Fernández. En realidad, es tema de máxima atención desde agosto del año pasado, luego del contundente triunfo del Frente de Todos en las PASO. Estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que tienen la función de elegir a los candidatos de los partidos con respecto a las generales —aunque actúan, generalmente, como termómetro político—, habían prácticamente sepultado las chances del partido Juntos por el Cambio, del expresidente Mauricio Macri, de retener el Gobierno nacional.

El resultado de las primarias había generado una fenomenal caída de las variables financieras del país, con un desplome en acciones de empresas argentinas de más del 70% en algunos casos, y más del 50% en bonos soberanos, además de la devaluación inmediata de casi un 30% de la moneda nacional.

El objetivo del préstamo era enfrentar las fuertes presiones sobre el tipo de cambio y la desconfianza en las posibilidades reales del país»

El país atravesaba una situación endeble en sus finanzas desde abril del 2018. Esto había llevado a que el entonces presidente Macri recurriera a un salvataje del Fondo Monetario Internacional (FMI). El objetivo del préstamo era enfrentar las fuertes presiones sobre el tipo de cambio y la desconfianza en las posibilidades reales del país para afrontar la vieja y nueva deuda contraídas.

Con la elección de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía de la nación, las señales que se enviaban, tanto internas como externas, eran fundamentalmente dos: que era prioridad del Gobierno atender y resolver el asunto de la deuda, pero también que la negociación apuntaba a ser ardua. Esto, debido a que se elegía para el cargo a un discípulo de Joseph Stiglitz, el heterodoxo premio nobel de economía, crítico de organismos internacionales de crédito, tales como el FMI. Este había definido al ministro argentino como “uno de los mayores expertos mundiales en deuda soberana”, y ya en el 2018 consideraba que era necesaria una reestructuración de la deuda argentina con quita de capital incluido.

En términos globales, el acuerdo al que se llegó implica que Argentina pagará en promedio 54,80 dólares por cada 100 dólares de deuda que entrará en canje (alrededor de 66.000 millones de dólares). El nuevo perfil de vencimientos conlleva una curva ascendente de pagos con pico en el año 2031, pero con bajos niveles de desembolsos para los próximos 4 años. Con este acuerdo, el Gobierno sabe que estará por encima del 80% de adhesión, lo cual le permite superar el piso establecido para cumplir con las CAC (cláusulas de acción colectiva) y evitar, así, un nuevo default.

¿Cuáles son las exigencias del acuerdo para evitar una nueva renegociación cuando los desembolsos sean más sustantivos? En esencia, crecimiento económico y equilibrio fiscal, ambos objetivos sumamente alejados de la situación actual. Con una caída del PBI argentino, el cual está previsto que será de no menos del 9% para el año, y un déficit primario que, según varias consultoras, será de alrededor de 10 puntos del PBI, además de un nivel bajísimo de inversión privada (un número históricamente pequeño en el país y que hoy se encuentra en el subsuelo) y el estricto cepo cambiario, el panorama para lograr esos objetivos se vislumbra complicado.

Si bien el presidente Fernández ha declarado recientemente que no cree en “planes económicos”, sí ha dado algunos tips de lo que él y su gobierno consideran de atención para salir de la crisis: el aumento de exportaciones para que ingresen divisas, el equilibrio fiscal, el desarrollo del mercado interno y la reducción de la dependencia de las importaciones. El cómo es verdaderamente una incógnita en las condiciones mencionadas y cuando el sector exportador argentino por excelencia (el agro) recibe por cada dólar exportado 1/3 de los pesos que recibiría vendiendo esos dólares en el mercado informal. Esa situación es similar a la que el propio Fernández se refería hace unos años cuando decía que el cepo funcionaba como una piedra que impide la salida, pero también la entrada de capitales.

Los incentivos no están puestos en la misma dirección que los objetivos declamados»

El sector exportador de servicios, sobre la base de tecnología y conocimientos, también tiene inconvenientes para recibir cualquier tipo de pago. Por lo tanto, queda demostrado que los incentivos no están puestos en la misma dirección que los objetivos declamados.

Está claro que el 2021 mostrará un crecimiento económico respecto a este paupérrimo 2020. El punto será si esa magnitud permite llevar alivio a las familias argentinas que, con la caída de ingresos reales que ya se está vislumbrando, la desocupación creciente, el quiebre de empresas producto de la larguísima cuarentena por la COVID-19 y una pobreza que está alcanzando sus peores indicadores en 20 años, se encuentran en situación límite.

De eso dependerá la suerte de Gobierno y oposición para las elecciones de medio término. Con grandes chances de ganar la contienda, Juntos por el Cambio tiene suficientes incentivos para discutir internamente sus diferencias sin que ellas impliquen un quiebre del espacio, y en esa dirección parece moverse. En el oficialista Frente de Todos, el presidente, aún sabiendo el alto porcentaje de rechazo que despiertan figuras del kirchnerismo duro (tales como la propia Cristina y su hijo Máximo), no termina de adoptar y hacerse fuerte en un camino propio. Sabe quizás que el contexto encierra una volatilidad tan elevada que cualquier paso en falso puede llevar a un proceso difícil de moldear.

Foto de Santiago Sito en Foter.com / CC BY-NC-ND

Suramérica: desintegración económica y política

Pedro Silva Barros
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Suramérica: desintegración económica y política

La reanudación del crecimiento económico después del período de la COVID-19 en Suramérica debería ser mucho más lenta que en cualquier otra región del mundo.

Dos fenómenos que ya se daban antes de la pandemia representan una parte importante de este desastre regional sin precedentes: la desintegración económica y política. El país más grande de Suramérica ha perdido su papel de líder en ambos asuntos y no hay ningún vecino que lo reemplace.

Suramérica tiene un nivel históricamente bajo de comercio intrarregional, algo que entre el 15% y el 20% de lo que los países de la región compran y venden se hace con sus vecinos. Entre 2004 y 2017, el 17% de las exportaciones del Brasil se destinaron a Suramérica. Esta cifra cayó al 15% en 2018 y solo al 12% en 2019. En 2020, menos del 10% de las ventas totales de Brasil han ido al conjunto de los países suramericanos.

Este fenómeno es especialmente grave si se tiene en cuenta la composición de las exportaciones a las distintas regiones. El comercio intrarregional es mucho más fuerte en el sector de las manufacturas. Del total exportado por Brasil a Suramérica, más del 80% es de productos industrializados; a Europa, el 35%; a China, menos del 3%. La misma cantidad exportada por el Brasil a la Argentina genera, en promedio, cinco veces más empleos que a China.

La reprimarización de las economías y las exportaciones de Suramérica tiende a hacerlas menos complementarias y más competitivas entre sí»

La reprimarización de las economías y las exportaciones de Suramérica tiende a hacerlas menos complementarias y más competitivas entre sí. En el primer semestre de 2020, el comercio de Brasil con Suramérica cayó un 42% con respecto al mismo período en 2019, una disminución siete veces mayor que el comercio de Brasil con el resto del mundo, con el que se redujo en un 6%.

Al mismo tiempo que se desintegra comercialmente, la región se fragmenta desde el punto de vista político tanto entre los países como dentro de ellos. En 2019, hubo notorias protestas sociales en Chile, Perú y Ecuador, cuyas tensiones subyacentes aún no se han resuelto. En Bolivia, el gobierno interino ya ha pospuesto la fecha de las elecciones tres veces. En Venezuela, la crisis está empeorando y parece que la capacidad de los países vecinos para fomentar el diálogo o apoyar cualquier transición política está disminuyendo.

La agenda de gobernabilidad regional, que incluía a todos los países cuyo mayor ejemplo era la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), ha sido sustituida por iniciativas fraccionadas como el Foro Prosul y el Grupo de Lima, pero con una falta de institucionalidad y escasos o nulos resultados concretos. Las limitaciones de estas nuevas iniciativas de gobernanza regional se hicieron más evidentes durante la pandemia.

Organizaciones regionales como la Unión Europea, la Unión Africana y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) han elaborado planes regionales para luchar contra la propagación de la COVID-19. Además, han creado medidas para estimular el comercio intrarregional y propuestas conjuntas para reanudar el crecimiento. Suramérica ha fracasado en todos los casos.

En Europa, África y América Central, las respectivas burocracias de las organizaciones regionales catalizaron las propuestas y elaboraron el programa de recuperación económica»

Entre 2018 y 2019, había cerrado el Consejo Suramericano de Salud y el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud, ambos vinculados a la Unasur, y sin crear organismos nuevos para ocupar su lugar. En Europa, África y América Central, las respectivas burocracias de las organizaciones regionales catalizaron las propuestas y elaboraron el programa de recuperación económica. En el caso de África y América Central, estas organizaciones desempeñaron un papel relevante en la gestión de los recursos de cooperación internacional.

En los últimos años, una parte importante del acervo de integración se ha perdido en diferentes áreas como la infraestructura y la defensa. La cartera de proyectos de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), creada en 2000 en la primera reunión de los doce presidentes del subcontinente, ya no se actualizó en 2017. El Consejo de Defensa Suramericano también dejó de reunirse.

En cualquier momento histórico o zona geográfica, la aparición concomitante de una baja interdependencia económica y de crecientes polarizaciones políticas es una receta para el fracaso de la civilización. El vacío de consulta regional abre el espacio para una mayor presencia e interferencia de las potencias externas. Suramérica es ahora más vulnerable a las controversias extrarregionales.

Lo trágico para Suramérica es el fenómeno de la fragmentación política, la gobernabilidad regional y la desintegración económica y comercial, que se han ido retroalimentando con mayor intensidad durante la pandemia y han formado una espiral que parece no tener fin.

En la primera quincena de septiembre, los presidentes de varios países de la región se reunirán virtualmente en una Cumbre del Foro Prosul, que está prevista, en principio, para marzo. Se espera que la magnitud de la crisis en Suramérica y las respuestas regionales satisfactorias en otras partes del mundo hagan que los jefes de Estado sean conscientes de la necesidad de reanudar las consultas regionales con sus propias instituciones. Inmediatamente, se deberían retomar las instancias que estén relacionadas con la salud y la recuperación económica, en particular en lo que respecta a la infraestructura, la financiación y las garantías para el comercio intrarregional.

Foto de Chancellery Ecuador en Foter.com / CC BY-SA

Descarbonizar la economía para la recuperación

Robson Dias da Silva
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Descarbonizar la economía para la recuperación

En los últimos meses, América Latina y el Caribe se han convertido en uno de los focos de la pandemia de la COVID-19, pues ha superado los 4 millones de infectados y las 170.000 muertes. Estas cifras han contribuido a acentuar las debilidades estructurales de la región, incluyendo la economía, y han redimensionado su espacio en el debate público.

Las acentuadas dificultades a las que se enfrentan ahora estos países podrían disminuir si la desigualdad social, el déficit de infraestructura económica y social y la degradación del medio ambiente no estuvieran tan presentes en las tierras al sur del río Bravo.

En medio de la búsqueda de una vacuna y el temor a nuevas olas de contagio, el mundo está avanzando en los debates sobre la pospandemia, especialmente en los caminos hacia la recuperación mundial. Lo que es seguro es que no será fácil superar la crisis más grave desde la Segunda Guerra Mundial, que debería dejarnos una retracción del PIB mundial (-5,2%) y un aumento de la pobreza extrema.

En general, las acciones anunciadas y los discursos presentados prometen la búsqueda de un mundo más seguro, menos desigual y más resistente. Después de más de 16 millones de personas infectadas y casi 700.000 muertas, es necesario crear mecanismos de protección contra futuras crisis (sanitarias, climáticas o económicas) y reducir, así, el riesgo de nuevas crisis sistémicas. También está empezando a surgir un consenso en el sentido de que si no se toman medidas, los costos (financieros y de vida) serán aún mayores que si se toman.

En este contexto, Dinamarca ha anunciado su intención de reducir sus emisiones de CO₂ en un 70% del nivel de 1990 para el 2035. Francia planea invertir 1.500 millones de euros para que su poderosa industria aeroespacial sea neutral en carbono. Más ambicioso aún es el caso de Alemania, que anunció un paquete de recuperación económica de 130.000 millones de euros, de los cuales 50.000 millones son para “acciones verdes”. El país se sorprendió al no sucumbir al poderoso lobby de su industria de motores y propuso medidas de conversión de energía, lo que lo lleva a inclinarse fuertemente hacia el llamado hidrógeno verde.

Más cerca, en EE. UU., el candidato del Partido Demócrata (Joe Biden) prometió invertir 2 billones de dólares para descarbonizar la matriz energética del país para el 2035.

¿Y cómo se está desarrollando este debate en América Latina?

Debido al número de infectados y muertos, la mayoría de nuestros países se centran aún más en las acciones sobre el hoy que en las medidas para el mañana. La COVID-19 está agravando enormemente un escenario económico y social que ya era desolador, con un bajo crecimiento e inestabilidad política en casi toda la región.

Nuestra crisis actual es, de hecho, una superposición de crisis que nos llevará a resultados más críticos que el promedio mundial. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), por ejemplo, estima que el PIB regional se reducirá un 9,1%, mientras que la tasa de pobreza alcanzará el 37,3%.

Brasil busca una vez más una salida a una situación compleja que podría terminar en años de regresión social y productiva»

En gran medida, estas proyecciones se deben a lo que se espera de Brasil. Con casi 2,2 millones de casos y 70.000 muertes, es el segundo país del mundo en casos de COVID-19. Con estimaciones que apuntan a casi 20 millones de desempleados y otro año perdido en términos de crecimiento, Brasil busca una vez más una salida a una situación compleja que podría terminar en años de regresión social y productiva.

En esta situación, una carta publicada hace días en la que 17 exministros de Economía y expresidentes del Banco Central (BCB) defiende enfáticamente la adopción de medidas de recuperación económica que se basen en la sostenibilidad ambiental y que han tenido un gran impacto.

En el texto se señalan cuatro ejes de acción que permitirían alcanzar ese objetivo: a) lograr una economía con bajas emisiones de carbono; b) llegar a la deforestación cero en el Amazonas y el Cerrado; c) aumentar la resistencia del clima y d) impulsar la investigación y el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas.

Siendo Brasil el país más poblado y de mayor dimensión territorial, además de la mayor economía de la región, sus trayectorias tienen una gran influencia en las condiciones climáticas mundiales y en la dinámica productiva de sus vecinos. Sus biomas, incluyendo el Cerrado y el Amazonas, y su vasta línea costera, lo colocan como una pieza central de la geopolítica mundial.

Su estructura productiva, especialmente los sectores relacionados con la producción/explotación de los recursos naturales, la agricultura y la ganadería, lo hacen un país estratégico para el éxito de los objetivos perseguidos a escala mundial. Así, pues, no hay ninguna exageración en las preocupaciones por la quema y la deforestación de la Amazonia, así como en las repetidas advertencias sobre los males de la «sojização», que se extiende rápidamente y ya llega a los territorios de Argentina, Paraguay y Uruguay.

Teniendo en cuenta que el país se ha visto muy afectado por la desarticulación de algunos importantes mercados mundiales y por la brusca caída de los flujos de capital internacionales (la Unctad estima que este año hay 80.000 millones de dólares menos), la posibilidad de una recuperación económica impulsada por las inversiones en sectores de baja emisión de carbono se muestra como un camino interesante cuando se piensa en las respuestas a mediano y largo plazo.

En su reciente informe (El futuro de la naturaleza y los negocios), el Foro Económico Mundial destaca que las inversiones en soluciones favorables al clima tienen el potencial de generar 395 millones de puestos de trabajo en los próximos años y un movimiento de 10 billones de dólares para 2030.

Sin embargo, pensando en las lecciones aprendidas de la industrialización a través de la sustitución de importaciones, creo que un proceso de descarbonización de la economía debería, en principio, ser cooperativo y soberano. Sin estas características, corremos el riesgo de no poder alcanzar, una vez más, un mayor nivel de desarrollo productivo y social.

El proceso debería ser cooperativo, ya que requeriría el intercambio constante de información, apoyo y conocimientos existentes a escala mundial. Soberano, porque proporcionaría mayor libertad e independencia tecnológica, cultural y financiera a largo plazo.

En este sentido, las medidas aislacionistas no encajarían en este momento y haría del sistema multilateral, con mejoras, una pieza clave en este proceso. La incredulidad en las fuerzas de la cooperación y la gobernanza mundiales, y el comportamiento refractario al entendimiento de que el medio ambiente, así como la economía, se hace como vasos comunicantes, no solo dificultaría la toma de decisiones, sino que retrasaría o incluso obstaculizaría el logro de sus objetivos, lo que daría lugar a mayores riesgos sistémicos y costos mundiales.

¿Y cómo garantizar la soberanía nacional en este contexto? El camino sería primero pensar en el futuro (“¿qué queremos ser?”) y luego invertir masivamente en nuevas herramientas tecnológicas y conocimientos. Las innovaciones en productos y procesos, un mayor conocimiento del inventario ambiental, la protección de los biomas y los conocimientos de los pueblos indígenas y tradicionales, los acuerdos de cooperación e integración regional y las políticas de gobernanza pública y privada basadas en prácticas ambientales son medidas que no pueden prescindir en este proceso.

Si esto se hiciera, Brasil y sus vecinos se posicionarían, sin duda, en la frontera de una nueva revolución mundial. Y nuestros nietos vivirían en un mundo un poco mejor.

Foto de Yeray Vega en Foter.com / CC BY-NC-SA

¿El BID para los americanos?

Manuel Alcántara
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¿El BID para los americanos?

Los tiempos de pandemia no impiden el flujo de ciertas partes de la mecánica de la vida institucional. Procesos que suponen tomas de decisión colegiadas se pueden canalizar mediante conexión virtual. Si, además, el número de integrantes del grupo no llega al medio centenar, las cosas resultan más fáciles. Dentro de las diferentes agendas de los organismos internacionales la renovación de sus directivas es un asunto frecuente que los tiempos de la COVID-19 no ha dificultado. En la Unión Europea hace apenas unas semanas se dirimió la elección de la presidencia del Eurogrupo sin problema alguno. Entre el 12 y el 13 de septiembre próximo será el turno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las elecciones para la dirección de la entidad financiera se han convocado estatutariamente el pasado 27 de julio, y el presidente, el colombiano Luis Alberto Moreno, hace tiempo que confirmó su renuncia a presentarse a una nueva reelección para el puesto que ocupa desde 2005.

Los bancos de desarrollo son piezas interesantes en el entramado internacional que se urdió en la década de 1950 cuando la agenda estaba preñada de buenas intenciones desarrollistas. Al BID, bajo dicha lógica, lo integran 26 países prestatarios de la región a los que se suman Estados Unidos y Canadá, 3 países asiáticos (China, Corea y Japón) y 17 europeos. Cuba firmó el convenio constitutivo del banco, pero no lo ratificó, por lo que no es miembro. Constituido en 1959, y con sede en Washington D. C., el BID es hoy el banco más importante en el mundo de entre los de su naturaleza.

Como muchas organizaciones financieras similares, las decisiones del banco se toman proporcionalmente a la cuota de capital desembolsado. Así, los países prestatarios de América Latina y del Caribe tienen el 50,015% de los votos. Dentro de ese porcentaje, Argentina y Brasil tienen el 10,75%, seguidos de México, con el 6,9%; Venezuela, con el 5,76%; Chile y Colombia, con el 2,95%; Perú, con el 1,44%, y Uruguay, con el 1,15%; Estados Unidos tiene el 30% de los votos, y Canadá, el 4%. De los países de fuera de América, Japón tiene el 5%, y Alemania, España, Francia e Italia tienen el 1,9%.

En su devenir, hizo suya una regla no escrita que confería la presidencia a un nacional de un país latinoamericano»

En su devenir, hizo suya una regla no escrita que confería la presidencia a un nacional de un país latinoamericano y el segundo cargo ejecutivo a alguien de nacionalidad estadounidense. La renovación de la directiva del BID cuenta con la presentación formal de tres candidaturas: las iniciales, que corresponden a Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica; el argentino Gustavo Véliz, y el estadounidense Mauricio Claver Carone, alto funcionario de la administración actual y previamente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La situación genera una tensión de naturaleza triple que puede echar por tierra décadas de razonable desempeño, lo que haría, además, que el BID entre en un juego ante el que, hasta el momento, había sido relativamente ajeno. En primer lugar, se rompe el acuerdo tácito citado sobre la nacionalidad del presidente. En segundo término, el candidato norteamericano es alguien estrechamente vinculado al presidente Donald Trump, quien está en la disputa para revalidar su cargo dentro de tres meses y que, por consiguiente, debiera esperar el resultado de las urnas. Finalmente, Claver Carone tiene un perfil cuestionable por tratarse de un notable activista anticubano que entrelaza sus méritos tecnocráticos con su afán dogmático.

La administración republicana desea que el BID tenga una posición menos asistencialista, y sí más inversionista»

Detrás de la posición de Estados Unidos figura un pulso soterrado a la invasión silenciosa de China en la economía latinoamericana, incrementada notablemente en la última década. Washington estima que el margen de actuación del BID en la región es muy relevante y que, gracias a su manejo, puede recuperar parte del terreno perdido. Por otra parte, la administración republicana desea que el BID tenga una posición menos asistencialista, y sí más inversionista. Los expresidentes Ricardo Lagos, Fernando Henrique Cardoso, Julio María Sanguinetti, Juan Manuel Santos y Ernesto Zedillo se han opuesto públicamente desde el principio a la postulación de Claver Carone.

De momento, los Gobiernos de Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Honduras y Haití se han sumado explícitamente a la propuesta avalada por el presidente Trump, que, paradójicamente, no tenía al corriente sus aportaciones al BID desde su llegada a la Casa Blanca. Es muy probable que el Gobierno brasileño también apoye esta candidatura, y México, tras la reciente visita de su presidente a Washington, mantiene su decisión en suspenso.

Los estatutos del BID establecen la posibilidad de aplazar la elección, siempre y cuando se lo soliciten países que sumen el 25% de los votos. Al voto de Argentina y al de los países europeos, deberían sumarse otros. El Alto Representante europeo para la Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, ha escrito una carta a los países miembros solicitando el aplazamiento de la votación al considerar que la pandemia no permite prestar “la atención necesaria” al relevo de la institución, sobre todo por el hecho de que se tome en cuenta «la presentación, sin precedentes, de una candidatura para presidir el Banco por parte del Gobierno de los Estados Unidos”. Esta es una solución paliativa, cuya ejecutoria salvaría la cara momentáneamente de varios de los implicados.

Pase lo que pase en las próximas semanas, la lección es clara: la región vuelve a mostrar un preocupante nivel de desunión, cuyo clima puede ser utilizado en medio de la presente zozobra para que Estados Unidos tome directamente una pieza más en la arquitectura institucional (y financiera) de la región.

Foto de la Presidencia de la República de Costa Rica en Foter.com / CC BY-NC-SA

Brasil: no todo es cuestión de dinero

Mariana Borges
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Brasil: no todo es cuestión de dinero

Con la caída del índice de aprobación del gobierno de Jair Bolsonaro entre los más ricos y el pequeño aumento entre los más pobres en la última encuesta de Datafolha, muchos analistas se apresuraron a anunciar una supuesta transformación de la base de lo que algunos expertos llaman “bolsonarismo”. La ayuda de emergencia, un beneficio financiero creado para ayudar a los trabajadores informales de Brasil durante la pandemia de la COVID-19, habría sido el principal responsable de la migración de los más pobres a la base de Bolsonaro.

El debate creado en torno a la relación entre el apoyo de los votantes de bajos ingresos al gobierno de Bolsonaro y la ayuda de emergencia puede ser nuevo, pero reproduce una vieja lectura de la Academia, la prensa y el sentido común sobre el comportamiento electoral de los más pobres en Brasil. Según este punto de vista, el apoyo de los votantes más pobres está determinado exclusivamente por la política de transferencias puntuales de efectivo. Al recurrir a esta lectura, la Academia y la prensa terminan, aunque sea sin intención, reproduciendo la visión de que los votantes más pobres cambian su voto por dinero.

Sin embargo, el problema de este debate, que gira en torno a las políticas de transferencia de efectivo, no es solo reproducir los prejuicios de clase y regionales, sino también simplificar el comportamiento electoral de un solo sector de la población. En la construcción de modelos estadísticos que tienen como objetivo medir la influencia de la ayuda de emergencia o de la Bolsa Família en el comportamiento electoral de los más pobres en Brasil, no consideramos que estos votantes puedan pensar en su voto en otros términos. Después de todo: ¿podemos afirmar categóricamente que esas políticas son, de hecho, la única medida con la que los votantes de bajos ingresos miden su bienestar material? ¿La pobreza desempeña un papel tan determinante que no permite a los votantes más pobres pensar en su voto más allá del punto de los ingresos? En otras palabras: ¿son los votantes más pobres tan diferentes de los votantes de otras franjas de ingresos que su comportamiento político no se ve influido también por los demás asuntos que ocupan el debate nacional, como la corrupción, la seguridad, la salud y la educación?

Investigaciones cualitativas muestran que los votantes de bajos ingresos definen su bienestar material de una manera mucho más compleja. Al realizar mi investigación etnográfica sobre los votantes de bajos ingresos en una ciudad del interior de Bahía, obtuve que los votantes de bajos ingresos utilizaban un repertorio de experiencias personales para evaluar la actuación del Gobierno Federal, que iba mucho más allá de si eran beneficiarios o no de la Bolsa Família. Era común entre estos votantes evaluar si un gobierno había, en sus propias palabras, «mirado la pobreza». Y la Bolsa Família figuraba solo como uno de los factores para justificar su visión de si un gobierno había «mirado la pobreza».

Además de la Bolsa Família, los votantes de bajos ingresos citaron tanto políticas en las que se habían beneficiado directamente, como el programa de vivienda Minha Casa Minha Vida, y mencionaron otras políticas que afectaban indirectamente a su realidad cotidiana, como las comparaciones sobre su poder adquisitivo, el acceso a los bienes de consumo o incluso sobre la regularidad de las comidas escolares en su comunidad.

Es evidente que las acciones de un gobierno afectan a la vida cotidiana de los votantes en varias dimensiones, y los de bajos ingresos usan una infinidad de experiencias para evaluar el impacto de un gobierno en relación con su bienestar material. Si bien las políticas de transferencia de efectivo son importantes para los votantes más pobres, solo abarcan una dimensión de su vida material. En este sentido, no es posible simplificar y afirmar que la ayuda de emergencia ha cambiado la base bolsonarista en Brasil.

Además, no puede asumirse que estos votantes, debido a su privación material, voten solo con su bolsillo. Limitar la conversación a esto no solo trata a un grupo diverso de votantes como un grupo homogéneo, sino que también elimina la posibilidad de que construyan narrativas políticas que no pasen por su lugar de clase.

En mi investigación para las elecciones de 2014, el discurso de desencanto ante los escándalos de corrupción ya marcó la narrativa política de ciertos votantes de bajos ingresos, lo que llevó a algunos a abstenerse de tomar partido en la disputa política.

Los votantes de bajos ingresos, así como los más ricos, pueden tejer narrativas políticas desde dimensiones distintas a su posición de clase»

En otro rincón de Brasil, la investigación de Rosana Pinheiro Machado y Lucia Mury Scalco expuso la identificación política de jóvenes de un suburbio de Porto Alegre, inmersos en un contexto de creciente violencia, con un discurso de endurecimiento de la seguridad pública en las elecciones de 2018. Estos ejemplos demuestran que los votantes de bajos ingresos, así como los más ricos, pueden tejer narrativas políticas desde dimensiones distintas a su posición de clase. Además, estas otras identidades pueden pesar en el momento de la votación más que las consideraciones de su bienestar material.

Las narrativas políticas que los votantes tejen no son estáticas, sino sumamente contextuales. Varían según las experiencias de los votantes, que son, por naturaleza, fluidas. Aún es demasiado pronto para predecir si la pandemia será un factor influyente en las próximas elecciones presidenciales de Brasil, pero es seguro que ha sido un acontecimiento notable para los brasileños de todas las clases sociales. Esto es especialmente cierto en el caso de los votantes de bajos ingresos, ya que, según las últimas encuestas de Datafolha, la mayoría teme ser infectado por el coronavirus, apoya la aplicación de medidas de circulación restrictiva y practica el aislamiento social. Este comportamiento no carece de razón, ya que las cifras indican que los sectores más vulnerables de la población mueren desproporcionadamente a causa del virus.

El tratamiento del coronavirus por parte del presidente de Brasil como una gripe y su continua oposición a las medidas de aislamiento social va, por lo tanto, precisamente en la dirección opuesta a los deseos de esta población más pobre. Dependiendo de la evolución de la pandemia en Brasil, la posición del Gobierno frente a esta crisis epidemiológica puede convertirse en un relato preponderante entre los votantes más pobres; algo que parece estar ocurriendo ya. Los sondeos de opinión de Datafolha muestran que la conducta de los gobernadores y alcaldes frente a la pandemia ha sido mucho mejor evaluada por los más pobres que la de Bolsonaro, incluso con la ayuda de emergencia entendida como un beneficio del Gobierno Federal.

Todo esto demuestra que necesitamos ampliar el debate; no podemos simplificar el apoyo de los votantes de bajos ingresos solo a la ayuda de emergencia. El bienestar de los más pobres no se define solo por las políticas de transferencia de ingresos, ni su visión política se limita a su propio bolsillo. La pandemia promete ser otro factor relevante que también entrará en el radar político de los más pobres.

Foto de midianinja en Foter.com / CC BY-NC-SA

Episodio relacionado de nuestro podcast:

La pandemia y la indolencia económica de AMLO

José Ramón López Rubí
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La pandemia y la indolencia económica de AMLO

Antes presenté datos y argumentos sobre los empeoramientos sufridos y provocados por el presidente mexicano. Con cifras oficiales y estimadas de muertes, se estableció su mala gestión de la pandemia. Dije gestión porque López Obrador decidió administrar la tragedia, no intentar evitarla. Y esa mala administración ha llevado a una tragedia mayor. Los simplistas se solazan con alguna versión de la creencia “todos los países han vivido una tragedia” (falso; un ejemplo: Vietnam) y si son izquierdistas de la moda siguen creyendo que san AMLO es un buen gobernante de izquierda que no tenía alternativas. Pero su respuesta —por llamarla de alguna forma— económica a la crisis pandémica apunta en otra dirección.

Señalemos, entonces, que la crisis económica se siente en toda la región a la que pertenece México, pero no en todos los países —ni de Latinoamérica ni del mundo— se siente de la misma manera. La crisis particular mexicana se debe no sólo a las restricciones contra la pandemia, tardías y parciales como han sido, sino a la reacción del jefe de Estado, casi inexistente en un sentido. Tan es cierto que hubo diversidad internacional de medidas epidemiológicas contra la crisis sanitaria como que hay diversidad de medidas económicas contra la segunda crisis. Las “medidas” obradoristas son diferentes y peores a las de muchos países.

Podemos ver la pandemia como un laboratorio y un experimento. A veces, la naturaleza es un laboratorio que nos regala una especie de experimento: un raro experimento socionatural a gran escala y en tiempo real, social porque ocurre (con factores naturales-biológicos) dentro y sobre la sociedad humana, y “natural” porque no ha sido diseñado por ningún humano ni está controlado como tal a gusto de ningún otro. Aquí no creemos en “teorías de la conspiración”… En lo que sí se “cree” es la posibilidad de aprovechar analíticamente el experimento no intencionado.

Para provecharlo se hicieron unas hipótesis vinculadas: 1) la probabilidad de que alguien responsable actúe responsablemente contra estas crisis es mayor a la probabilidad de que alguien irresponsable empiece a actuar responsablemente frente a ellas; 2) un gobernante más o menos responsable y verdaderamente de izquierda y antineoliberal no dejaría de tomar posibles decisiones responsables, de izquierda y no neoliberales; teniendo algo de poder y esa perspectiva, respondería a una situación extrema y grave no con “buenas intenciones” y manejos retóricos sino con intenciones e intentos específicos y contundentes de políticas a favor de los necesitados; 3) si ante crisis de esta magnitud un poderoso relativo no reacciona con políticas de ayuda, o es un irresponsable o no es de izquierda además de no ser responsable.

Así, el experimento mundial permitía reenmarcar la acción presidencial de López Obrador como experimento fortuito con una hipótesis muy pertinente para el debate nacional e internacional sobre ese gobernante: si AMLO es de izquierda y antineoliberal, adoptará medidas de izquierda y antineoliberales.

no había ni hay reforma fiscal para que el 1% o algo parecido pague más impuestos, ni ninguna otra reforma fiscal propia y progresista

¿Cómo ha reaccionado López Obrador ante la crisis económica asociada al Covid-19? Con austeridad neoliberal: con un decreto recortando 75% de los gastos en servicios generales y materiales en toda la administración pública federal, gastos que son/eran ventas de empresas no necesariamente grandes que emplean a ciudadanos comunes de clases baja y media, y buscando más “ahorros” en cualquier pedazo del presupuesto que no sea parte de los proyectos  presidenciales favoritos, preexistentes e inamovibles. Además de austeridad donde no debería haberla, AMLO ha reaccionado conservando 17 programas sociales que no habían cumplido la promesa de disminuir sensiblemente la pobreza y la desigualdad y que tampoco disminuyeron el impacto o tamaño de la crisis actual, programas que no sirven como se supone que deberían servir por ser técnicamente deficientes, políticamente clientelares e integralmente insuficientes (tomando los datos oficiales de cobertura, máximo de 22 millones, y de pobreza nacional que repiten los obradoristas, más de la mitad de los mexicanos, resulta que no se cubre ni ineficazmente hasta dos tercios de los pobres). Sumadas a estos programas ineficaces y sin ajustes, hay ausencias: no había ni hay reforma fiscal para que el 1% o algo parecido pague más impuestos, ni ninguna otra reforma fiscal propia y progresista; tampoco se condonó, redujo o difirió el pago de impuestos federales a empresas medianas y pequeñas; sigue sin haber apoyo al ingreso de los ciudadanos sea en la línea de las rentas básicas o en alguna similar, como sigue sin haber un buen uso contextual de los instrumentos de deuda.

Sobre estas dos últimas faltas: a) AMLO no ha dado ningún sustituto de ingresos a desempleados recientes o anteriores por fuera de los programas mencionados, ni cubriendo el salario de quienes lo perdieron durante la cuarentena ni transfiriendo dinero sin condiciones por un tiempo a los necesitados; b) la deuda pública equivale a 45% del PIB y subirá sin que se le aumente contra la pandemia, ¿por qué no usar un tanto de deuda para ayudar a quienes les urge ayuda?

Se calcula que el gasto del gobierno de López Obrador contra la crisis es menor al 0.5% del PIB. La India, otro país fuera del “primer mundo”, gastará 10% para la recuperación.

La respuesta de AMLO que hemos expuesto, ¿cómo puede ser de izquierda y antineoliberal? ¿Y cómo puede ser responsable? Para mí es la reacción de alguien de derecha neoliberal o de un pragmático miope, electorero y negligente. López Obrador es jefe de Estado, no estadista. Es un presidente indolente. Quiere equipararse con Franklin Roosevelt pero no hace nada rooseveltiano. Y no sigue ni entiende a Keynes, gran economista que no dijo que siempre sea bueno endeudarse sino escribió: “el auge, no el bache, es el momento correcto para la austeridad”; y “la prosperidad y la depresión no son cosas que dependan (exclusivamente) de glorias pasadas sino de realizaciones actuales”.

Con las “realizaciones” actuales de AMLO, la economía mexicana caerá 9% según la CEPAL, y según la ONU la pobreza en general subirá de 52% a 68.5% de la población.

Foto de Presidencia de la República Mexicana en Foter.com / CC BY

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