La velocidad y el grado de innovación con que los acontecimientos políticos se suceden en Brasil sugiere al espectador ir evaluando en cada momento sus imprevisibles consecuencias. Así nos tiene acostumbrados este gigante sudamericano desde el año 2013.
En junio de aquel año, multitudinarias manifestaciones por todo el país alarmaron al propio Palacio da Alvorada, residencia oficial de la expresidenta Dilma Rousseff. La pauta era diversa: desde la crítica al aumento del precio del transporte público y la violencia policial, pasando por el rechazo al enorme gasto público para organizar grandes eventos como la Copa del Mundo y las Olimpíadas, hasta llegar al combate a la corrupción y a los privilegios de la clase política.
La lectura política de aquellas movilizaciones no era nada sencilla, y mucho menos para el Gobierno, el Partido de los Trabajadores (PT) y la izquierda en general. Aquella multitud en la calle como expresión de un descontento político tal cual las viejas herramientas de binarismos ideológicos, de la derecha o de la izquierda política, parecía inentendible.
Muchos se preguntaban cómo era posible que emergiera tremenda “presión social” en medio de un ciclo político supuestamente exitoso, como el que representaban Lula da Silva y luego Dilma Rousseff. En pleno auge del «proyecto popular del PT», los jóvenes tomaron inicialmente las calles, lanzaron demandas, mientras otras discusiones se iban intercalando en torno al racismo institucional, la degradación del medio ambiente o el desplazamiento de personas de sus lugares de residencia, debido a las obras para los grandes eventos.
Las redes sociales, a su vez, como Facebook y Twitter tuvieron un papel fundamental en el hecho de que las manifestaciones crecieran día a día, y la policía no se quedó de brazos cruzados.
La ciudadanía pasó a confrontar las contradicciones que habían permanecido ocultas y que, en parte, explican el elevado desempleo actual (de un 14%) y el estancamiento económico desde el año 2015.
En medio de un Brasil “lleno de gracia”, la ciudadanía pasó a confrontar las contradicciones que habían permanecido ocultas y que, en parte, explican el elevado desempleo actual (de un 14%) y el estancamiento económico desde el año 2015.
Todo parecía indicar que para los brasileños las cosas no iban tan bien a pesar de la narrativa del Gobierno. Mientras el 0,7% del presupuesto estatal era destinado a los más carenciados a través de la “Bolsa Familia”, se comenzaba a destapar la existencia de un Brasil de “capitalismo de lazos”. Este vinculaba al Gobierno con grandes empresas de construcción como Odebrecht y OAS, bancos, los “barones del agronegocio” y empresas procesadoras de carne, como JBS, recientemente envuelta en un escándalo de corrupción con el actual presidente, Michel Temer.
El Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), por ejemplo, tenía una línea de crédito para grandes empresas, a intereses muy por debajo de la inflación. En 2014 las grandes empresas recibieron 117 billones de reales de un total de 187 billones distribuidos por el banco. Ese mismo año, según la Confederación Nacional de Comercio, el 61,9% de las familias brasileñas se encontraban endeudadas.
Para muchos analistas, 2013 se convertiría en el “grado cero” de una nueva configuración política del país: sería el comienzo del fin de un ciclo político que empezó en 2003 con la primera presidencia de Lula da Silva, y la hegemonía política y cultural del PT, y demás partidos de izquierda que orbitaban en torno a su influencia. Así, sin una narrativa de “trascendencia política” ni un proyecto a futuro, la sociedad brasileña iniciaría un proceso político, caracterizado por una polarización insospechada.
El 2014 y 2015 fueron acompañados de más movilizaciones. La campaña electoral del 2014 dividió el país en dos: quienes apoyaban la reelección de Dilma y los contrarios. La tensión política siguió aumentando, la idea del “impeachment” se instauró, y en agosto de 2016 la presidenta fue finalmente separada del cargo, que asumió el vicepresidente Michel Temer. De inmediato, movilizaciones de adeptos al Gobierno comenzaron un nuevo ciclo de protestas, ahora en torno al “Fuera Temer”, pero lentamente las movilizaciones fueron perdiendo fuerza.
La crisis política tuvo un nuevo pico y alcanzó dimensiones surreales cuando el pasado mes de junio la Procuraduría General de la República denunció al presidente Temer por corrupción pasiva. Desde la salida de Dilma, los ejecutivos de la Odebrecht y de la JBS implicaron a gran parte de la elite política en casos de corrupción. No obstante, las calles no recuperaron el protagonismo perdido.
Pero el silencio de las calles se hizo más notorio a partir de la condena del juez Sergio Moro a Lula a 9 años de prisión. En diferentes ciudades se habían organizado actos políticos en su apoyo y se preveían grandes manifestaciones. Sin embargo, la escasa asistencia, reducida a la militancia más leal, produjo un nuevo desconcierto. Lula da Silva no le habló ese día al país, solo a sus seguidores más fieles.
Los hechos recientes demuestran que los brasileños, ni de un lado ni del otro del espectro político, se están manifestando en las calles como en años pasados. La población intuye que la acción política no está resolviendo sus problemas cotidianos. Y tomar posición por el “Fuera Temer” y la apertura a la posibilidad de nuevas elecciones puede, para muchos, ser un paso arriesgado en una coyuntura económica incierta y de desconfianza hacia el sistema político en general.
Por eso, más que cansancio o indiferencia, la sociedad brasileña recuerda la sensación de vivir en una realidad dual semejante a la vivida en la decadencia de la Unión Soviética: una vida pública envuelta en el sinsentido, la ironía y la autocontemplación de algunos, y una vida privada cínicamente honesta, mezcla de alienación, rebeldía y creatividad. Este es el Brasil de todos los días. Foto de Carlos Varela en Trend hype / CC BY
