Una región, todas las voces

Sheinbaum y Trump: en busca del punto intermedio

La estrategia de Claudia Sheinbaum frente a Estados Unidos se basa, razonablemente, en que a ella le pidan cuentas de su gobierno de ahora en adelante. Ella, sin embargo, cuando lo necesita, vuelve atrás una y otra vez, ya sea para cuestionar a los “conservadores” o exaltar la obra del hasta ahora “mejor presidente de México”, y, desde ese pódium retórico, busca construir acuerdos con el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, Trump, en el caso de México, va del pasado al presente para construir el futuro de su proyecto político MAGA (“Make America great again”). Esa carrera imperial, para muchos insensata e irracional por los efectos que tiene en la economía estadounidense, no parece tener punto intermedio. Eso explica la constante inestabilidad en la relación entre estos socios comerciales.

En esa problemática relación, los negociadores mexicanos han ido cediendo en temas de migración. Han blindado la frontera para impedir los flujos de migrantes caribeños, centroamericanos y sudamericanos que buscaban llegar a la Unión Americana causando cuellos de botella en nuestras fronteras, han contenido los flujos de fentanilo a los mercados de la droga estadounidenses y han extraditado a capos que purgaban penas en nuestros penales. 

El gobierno de Sheinbaum ha asumido aranceles en aquellos productos no contemplados en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y ahora está sin capacidad para reaccionar ante el 30% a todas las exportaciones mexicanas, incluso con la amenaza de que pueden bajar o subir en función de los resultados de las acciones que lleve a cabo el gobierno. Y, además, tampoco puede reaccionar ante algo que cada vez es más visible, como es el control del territorio y las aguas territoriales en la lucha contra las mafias de piratería, drogas, huachicol, lavado de dinero que se manifiesta en detenciones, decomisos, intervenciones financieras y control sobre el ingreso de precursores químicos para la producción de drogas de diseño.

En el tema donde parece más renuente a ceder es en el de la base política del crimen organizado. Las acciones proactivas y sustantivas contra las mafias remiten irremediablemente al gobierno de López Obrador y su política permisiva de “abrazos, no balazos”. Este punto es el que el gobierno utiliza para presionar: va por más contra las mafias porque lo contrario podría significar una crisis de gobierno de grandes proporciones, ya que López Obrador sigue teniendo control sobre la estructura política y cualquier fallo en contra lo vería como una traición a su proyecto político transexenal. Es el ideal de estar 40 años en el gobierno, como pronostica el senador Fernández Noroña.

En cambio, podríamos decir que en la “negociación bilateral” México ha recibido solo incertidumbre, porque pareciera que, cuanto más da, más se le exige del otro lado de la frontera norte, lo que muestra que lo que acuerdan los negociadores de los lados en difíciles negociaciones es tumbado de un plumazo. Por lo tanto, lo que esgrime la presidenta Sheinbaum cuando afirma que quiere “una relación de iguales” se queda solo como un mantra en las conferencias mañaneras. 

Eso podría estar provocando problemas en el gabinete. Hace algunas semanas corrió el rumor de que Juan Ramón de la Fuente abandonaría la cancillería porque no estaba dando los resultados esperados o no estaría de acuerdo con la política bilateral. Y la verdad es que, en medio de estas estrategias, ¿quién podría obtener mejores resultados?

Entonces, la pregunta que se desprende de estas estrategias de suma cero —donde lo que pierde uno lo gana otro— es qué tendrían que hacer los negociadores mexicanos para lograr un punto intermedio consolidado entre las dos posturas. Tienen dos opciones.

La primera es seguir en la línea hasta ahora sostenida de ceder para favorecer la agenda MAGA, lo que pasaría principalmente por entregar a todos aquellos políticos y empresarios que directa o indirectamente han permitido la expansión de los carteles de la droga en los mercados estadounidenses.

La segunda es enrollarse en la bandera nacional y reforzar el discurso nacionalista que cada vez más escuchamos en la presidenta Sheinbaum, o estimular acciones simbólicas. Al fin y al cabo, somos un país plagado de símbolos, como los que vimos contra la dúctil gentrificación en la Ciudad de México, donde manifestantes organizados inesperadamente esgrimieron los gritos setenteros anticolonialistas de “¡Fuera gringos!”, “¡Gringos, go home!” La realidad es que quienes gentrifican pueden ser perfectamente mexicanos que llegan a rentar o a comprar inmuebles en los barrios tradicionalmente de la clase media capitalina.

Hasta ahora la administración Sheinbaum juega con las dos posturas. Por un lado, libera una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del poderoso líder de la fracción morenista en el Senado de la República, por el vínculo con el cártel La Barredora, una franquicia local del también poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación, que llevó la violencia a ese estado del sureste mexicano. 

En cuanto a las expresiones antiyanquis en una gira por el noroeste del país, la presidenta Sheinbaum en varias ocasiones manifestó un “no al intervencionismo” y exigió “respeto a la soberanía” en clara equidistancia con el “Yanqui go home” de las calles de la Ciudad de México. 

El gobierno de Claudia Sheinbaum está sin duda en un serio dilema y con el tiempo encima, pues, si bien se renovó por 90 días la aplicación del arancel para todas las exportaciones mexicanas, sigue firme la espada de Damocles de que la administración Trump siga presionando y logrando concesiones sin garantías de que, una vez obtenido lo exigido, no vaya a pedir más, especialmente en el tema crucial de los narcopolíticos de Morena. O sea, los 90 días serán un respiro para México, pero también un calvario para los negociadores nacionales. 

Entonces, luego de esos 90 días, sabremos cuáles son las decisiones ejecutivas que tomará Sheinbaum para responder a la dialéctica de Trump de subir o bajar aranceles en función de los resultados en la lucha contra la migración irregular y el tráfico de fentanilo, y es que esta droga de diseño, más allá de sus terribles componentes, tiene más el hasta ahora intocable ingrediente político.

Y es allí donde patina la relación bilateral, porque Sheinbaum no quiere ir contra sus camaradas, y además, si quisiera, no tiene el poder, ni la voluntad de hacerlo, y eso lo saben en Washington. Y por eso dosifican las cargas políticas y mediáticas contra un gobierno que en otros temas ha estado dispuesto a cooperar con el proyecto MAGA y, visto, en perspectiva latinoamericana, va contra la izquierda los gobiernos de Brasil, Colombia y Venezuela.

El derecho desde el territorio: el modelo latinoamericano de Clínicas Jurídicas Ambientales

¿Puede el derecho ser una herramienta para frenar el colapso ecológico? ¿Puede formar profesionales capaces de defender la vida, más allá de los códigos y los tribunales? En un contexto de crisis climática y profunda desigualdad territorial, América Latina está gestando un modelo alternativo: el de las Clínicas Jurídicas Ambientales.

Este modelo parte de una premisa poderosa: el derecho no puede enseñarse en abstracto, encerrado en las aulas. Frente a problemas complejos como el extractivismo, el desplazamiento forzado o la contaminación de ecosistemas, se necesitan profesionales capaces de escuchar, comprender y actuar junto a los territorios.

Las Clínicas Jurídicas Ambientales son espacios pedagógicos donde se enseña derecho desde el territorio, junto a las comunidades, con una ética pública y una vocación transformadora. Una manera de formar abogadas y abogados comprometidos con la sostenibilidad, la justicia climática y los derechos humanos.

Casos que marcan la diferencia

El trabajo de estas clínicas no es teórico y ha generado resultados concretos en diversos países. En La Libertad, Perú, por ejemplo, una filtración de agua en un terreno privado generó, de forma inesperada, un humedal artificial. Aunque no contaba con reconocimiento legal, el ecosistema atrajo especies migratorias y vulnerables. Frente a un proyecto inmobiliario que pretendía eliminarlo, la Clínica Jurídica Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) elaboró un informe clave para la Fiscalía Ambiental. El caso detuvo las obras, defendió el principio de no regresión y vinculó el derecho a la defensa de la biodiversidad, incluso en propiedad privada.

En Loreto, también en Perú, se presentó un amicus curiae (en el lenguaje jurídico, se refiere a una persona o grupo que, aunque no es parte en un caso judicial, presenta voluntariamente información o argumentos al tribunal para ayudarlo a tomar una decisión), en un caso sin precedentes sobre cambio climático y niñez indígena. Fue elaborado por estudiantes de la PUCP y de la Universidad McGill (Canadá), y evidenció cómo la crisis climática vulnera derechos fundamentales como la salud y el ambiente sano. El caso marcó un hito en la justicia intergeneracional y en el reconocimiento de los impactos diferenciados del cambio climático sobre la infancia.

En 2023, la red de clínicas presentó un informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la solicitud de Opinión Consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos. El documento, redactado por estudiantes de varios países, fue citado expresamente en la decisión final de la Corte. La nota al pie 1033 mencionó el testimonio de estudiantes de la Clínica Jurídica Ambiental Berta Cáceres (México) sobre los efectos del colapso ecológico en la salud mental. Una forma de decir: el derecho también se escribe desde la vivencia, desde la angustia y desde la esperanza.

Una pedagogía para un planeta en crisis

Pero, ¿qué distingue realmente a estas clínicas? Su apuesta por el «aprender haciendo»: los estudiantes elaboran informes legales, apoyan litigios estratégicos, redactan amicus curiae, asesoran a comunidades y participan en procesos normativos. Todo ello desde una triple perspectiva.

En primer lugar, forman juristas con enfoque de sostenibilidad y justicia climática. No basta con conocer la ley: hay que entender sus efectos y limitaciones, integrar derechos humanos y comprometerse con los desafíos del presente. En segundo lugar, reducen las barreras de acceso a la justicia ambiental, acompañando procesos locales, visibilizando conflictos y traduciendo el derecho en herramienta de acción. Y en tercer lugar, tejen alianzas: con fiscales, jueces, comunidades, gobiernos y organizaciones del Sur y del Norte global. Porque los problemas ambientales son transfronterizos, pero también lo son las soluciones.

Hacia una red global de justicia ambiental

Estas experiencias no son aisladas. Son el corazón de una red que hoy integra más de veinte universidades de América Latina y el Caribe, articuladas en la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales. Nacida en 2019, esta red comparte metodologías, coordina casos y construye conocimiento situado. Desde 2022, colabora también con EPIC-N (Educational Partnerships for Innovation in Communities), una red global que impulsa la colaboración estructurada entre universidades y comunidades. Ambas metodologías —la clínica jurídica y el modelo EPIC— comparten valores como el aprendizaje experiencial, la planificación participativa y el compromiso con la transformación social.

Esta sinergia permite proyectar el modelo latinoamericano hacia una red global de justicia climática viva. Porque hoy, más que nunca, necesitamos multiplicar estos espacios, consolidar alianzas y tender puentes entre lo local y lo global.

Un derecho para el siglo XXI

Frente al modelo tradicional del abogado distante, técnico y encerrado en la norma, estas clínicas proponen otra forma de ejercer la profesión: desde la escucha activa, el respeto al conocimiento local y el compromiso con los más vulnerables.

No se trata solo de formar abogados, sino de construir ciudadanía jurídica comprometida con los desafíos del siglo XXI. Una ciudadanía capaz de usar el derecho no como barrera, sino como puente. No como trinchera, sino como herramienta de cambio.

Cada clínica que se crea, cada alianza que se teje, cada estudiante que se forma desde esta metodología, nos acerca a un futuro más justo, más participativo y más sostenible. Porque el derecho, cuando se practica con sentido, puede ser una de las herramientas más poderosas para cambiar el mundo.

Los adultos mayores no quieren hogares de ancianos: autonomía, vejez y prejuicio en América Latina

Por décadas, la vejez ha sido pensada -y muchas veces temida- como una etapa de dependencia, fragilidad y retiro social. En gran parte de América Latina, esa idea se ha reforzado con imágenes de “abuelitos” pasivos, necesitados de asistencia y alejados del mundo productivo o digital. Pero ¿qué pasa cuando las propias personas mayores se describen a sí mismas de otra manera?

Un reciente estudio en Chile, elaborado por la consultora Datavoz, muestra resultados que invitan a cuestionar los estereotipos que circulan en buena parte de nuestras sociedades. Según el informe, el 85 % de las personas mayores de 65 años se declara plenamente autovalente; nueve de cada diez utiliza redes sociales sin problemas y una proporción similar rechaza categóricamente la idea de vivir en un hogar de ancianos. Más aún, el 88 % afirma no sentirse una carga para su familia.

La distancia entre esta autopercepción y la mirada que suelen tener los más jóvenes es significativa, y revela un desfase generacional que también podría estar ocurriendo en otros países de la región. La vejez, al parecer, no es sinónimo de dependencia, sino de autonomía. Pero la percepción social va más lenta que la transformación demográfica.

En toda América Latina estamos viviendo un proceso de envejecimiento acelerado. Según datos de la CEPAL, en 2050 una de cada cuatro personas será mayor de 60 años y en seis países de la región el 30% de los habitantes lo será. Sin embargo, nuestras políticas públicas, servicios sociales y discursos culturales siguen operando desde una matriz juvenilista, que no solo ignora la autonomía de los mayores, sino que muchas veces la bloquea activamente.

¿Cómo no pensar en esto cuando solo el 53 % de los jóvenes chilenos está en desacuerdo con vivir en un hogar de ancianos, mientras que entre los actuales adultos mayores ese rechazo llega al 84 %?

¿Será que la distancia no es solo de edad, sino de mirada?

En ese contexto, la urgencia de revisar nuestras políticas públicas se vuelve evidente. No basta con ampliar programas asistenciales: se requiere repensar el diseño mismo de nuestras ciudades, de los sistemas de salud, del transporte y de los espacios comunitarios, para que integren a las personas mayores desde la autonomía, y no desde la dependencia anticipada. América Latina no solo envejece rápido: envejece desigual, con brechas profundas por género, clase y territorio. Sin una acción deliberada y anticipada, corremos el riesgo de llegar al 2050 (cuando uno de cada cuatro habitantes tendrá más de 60 años) con sistemas sociales pensados para una pirámide poblacional que ya no existirá.

El estudio de Datavoz no ofrece recetas, pero sí instala preguntas urgentes. ¿Quién debe cuidar a los mayores? ¿El Estado, las familias, o un modelo híbrido? ¿Cómo sostenemos su derecho a decidir dónde y cómo vivir? ¿Estamos preparados como sociedades para ofrecer alternativas dignas, activas y libres de prejuicio?

La dimensión económica también aparece con matices: casi seis de cada diez personas mayores declara que sus ingresos cubren totalmente sus gastos, aunque con diferencias importantes por género (63 % en hombres, 53 % en mujeres). Solo un 21 % recibe ayuda económica de familiares o cercanos.

Y si bien la mayoría declara sentirse capaz de realizar sus actividades cotidianas, hay dificultades específicas que no deben ser invisibilizadas: el transporte público y el aseo del hogar aparecen como los ámbitos más complejos para este grupo, lo que revela que la autovalencia también tiene condiciones materiales.

Tal vez la pregunta más incómoda es también la más necesaria: ¿cómo nos imaginamos nuestra propia vejez? Porque lo que pensemos hoy sobre los demás, inevitablemente, construirá el mundo en el que viviremos mañana.

El ranquin de mentiras y la vicepresidencia

Nuestra época se caracteriza por la obsesión por los ranquins. Los tenemos de universidades, de canciones, de destinos turísticos, de calidad democrática… No hay ámbito de nuestra vida para el que no haya un ranquin. O quizá sí: no existe un ranquin de mentiras. No hay una lista de las más grandes, las más universales, las más descaradas. Si se creara, tengo claro a dónde iría mi voto: a la idea de que vivimos en democracia. Cumple a la perfección los tres criterios citados: es una mentira colosal, es universalmente aceptada y es repetida con total descaro por todos, gobernados y gobernantes. Los primeros, posiblemente porque en buena medida ignoran la verdad. Los segundos, porque fingen ignorarla.

¿Cuál es esa verdad? ¿Vivimos acaso en regímenes autocráticos, dictatoriales? No: la verdad es que vivimos –excepto desviaciones como Cuba, Nicaragua o Venezuela– en regímenes mixtos. ¿Regímenes mixtos? ¿Qué modernez es ésa? Ninguna modernidad: el concepto tiene, redondeando, 2.000 años. Sostenía Polibio (siglo I) que la mejor forma de gobierno no era la monarquía, la aristocracia ni la democracia. Es decir, no era el gobierno de uno solo, el de unos pocos ni el de la mayoría, sino una combinación de los tres. Esto es, un gobierno mixto con un componente monárquico, un componente aristocrático y un componente democrático. A la sazón, en Roma: los dos cónsules (monarquía), el Senado (aristocracia), los tribunos de la plebe (democracia).

Los constituyentes del Río de la Plata –y probablemente los de toda América Latina– tomaron esta idea al diseñar las repúblicas nacidas de la independencia a comienzos del siglo XIX: un Ejecutivo unipersonal (componente monárquico), un Senado (componente aristocrático) y una cámara baja (componente democrático).

La principal justificación para el componente monárquico era la unidad. Así aparece en el acta del 31 de agosto de 1818: “la idea de apropiar al sistema gubernativo del pais las principales ventajas de los gobiernos monárquico, aristocrático, y democrático, evitando sus abusos. El gobierno monárquico es ventajoso por la unidad de los planes, por la celeridad de la egecucion, y por el secreto”.

Un cuarto de siglo más tarde, al redactarse la Constitución argentina, se incorporaría la figura del vicepresidente, copiada de la Carta Magna estadounidense sin mediar debate. Si para Polibio los dos cónsules romanos constituían el elemento monárquico del sistema de gobierno perfecto, ¿por qué no habrían de funcionar de igual manera el presidente y el vice de una república latinoamericana?

Hoy en día nos sobran argumentos para contestar, tanto desde la teoría como desde la práctica. Obviemos la primera: al fin y al cabo, no tuvo suficiente potencia para que los constituyentes renunciaran a copiar la vicepresidencia y optaran por otra fórmula sucesoria. Y a ellos, que abrían las puertas de un mundo político nuevo, no se les puede imputar las dificultades que evidenciaría la práctica más adelante en el tiempo.

Vayamos, pues, a la experiencia, a la realidad, a lo empírico. Javier Milei y Victoria Villarruel, con su ruidosa ruptura, no han hecho más que actualizar una historia sobradamente conocida: la hemos visto en casi todos los Ejecutivos argentinos anteriores y en numerosos casos del resto de América Latina. Los presidentes y los vicepresidentes tienden a chocar con inquietante frecuencia.

¿Qué ocurre, pues, cuando el presidente y el vice se enfrentan de forma irreconciliable? Recordemos: “El gobierno monárquico es ventajoso por la unidad de los planes”. Es decir, ocurre que se acaba la unidad, que se desnaturaliza el componente monárquico de nuestro sistema de gobierno, que se desvanece su principal razón de ser. Ese elemento cuyo fin era aportar unidad, introduce división. Sepultar la unidad significa enterrar la estabilidad. Significa que los leales al Ejecutivo deberán elegir bando, y por tanto cada lado –y el Ejecutivo en conjunto– quedará debilitado. Significa que comenzará el cortejo del vicepresidente por parte de la oposición (y/o viceversa): los enemigos de mis enemigos son mis amigos, o al menos pueden serlo instrumental y temporalmente, ahondando la precariedad y la inestabilidad del sistema político. Significa que el Ejecutivo no será guardián de los secretos de Estado frente a los enemigos de la nación, sino frente al otro miembro de la dupla. Significa que si el presidente queda inhabilitado temporal o definitivamente, el mecanismo sucesorio no aportará continuidad sino incertidumbre.

Ante todo esto, la solución es sencilla: eliminar la vicepresidencia. Y si el presidente fallece, renuncia o queda inhabilitado… Chile y México, los únicos dos países latinoamericanos que no tienen vicepresidencia, responden. Ninguno de los dos fue escenario de problemas sucesorios, ninguno de los dos sufrió los trastornos que la vicepresidencia trajo al resto de la región. Queda así establecido un nuevo ranquin: el de instituciones más nocivas y prescindibles; y queda asignado su primer puesto: la vicepresidencia alla latinoamericana.

 ¿Giro hacia la derecha en Bolivia?

Javier Milei y Nayib Bukele son los referentes de los candidatos de oposición con mayores posibilidades de ganar las elecciones presidenciales del próximo 17 de agosto en Bolivia. Samuel Doria Medina, candidato a presidente por la alianza política Unidad, y Juan Pablo Velasco, candidato a vicepresidente (acompañante del candidato a presidente Jorge Tuto Quiroga) por la alianza política Libre, mostraron fotos con los presidentes de El Salvador y Argentina, respectivamente. Imágenes que representan simbólicamente un guiño hacia la derecha mediante la politización de la dimensión socioeconómica: gastar menos, ahorrar más.

Traer simbólicamente la motosierra a Bolivia: reducir el gasto del Estado como forma de caminar hacia el déficit cero y bajar la inflación, son medidas que muchos votantes bolivianos apoyan. El alto precio de muchos alimentos de la canasta familiar, la escasez de dólares y la distribución irregular de combustibles, sobre todo, diésel, son el abono que puede legitimar medidas de recorte en el gasto fiscal.

Entre los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce (2006-2025), administraron aproximadamente USD 50.000 millones por concepto de renta petrolera. A pesar de que mucha gente salió de la pobreza en los años de bonanza, nuevamente está entrando en la pobreza. Es decir, la falta de previsión y planificación de los gobiernos del MAS ha tenido efectos negativos en la economía de sectores populares, provocado mal humor en los ciudadanos, desencanto político de muchos votantes con la izquierda y, por ende, un guiño preelectoral favorable hacia la derecha o la necesidad de un cambio con esperanza.

De acuerdo a encuestas de los tres principales medios de comunicación en Bolivia (Unitel, Red Uno y El Deber), Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) y Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre), son los candidatos opositores que tienen mayor preferencia en la intención de votos: ninguno de los dos llega al 25%; mientras que Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), el principal candidato del campo nacional-popular (izquierda) oficialista, no llega al 15%. Si se suman las tendencias de los dos candidatos opositores, es fácil reconocer la posibilidad de un giro hacia la derecha en un país que ha sido gobernado durante casi 20 años por gobiernos de izquierda. Es el movimiento del péndulo.

Samuel Doria Medina es de izquierda en lo formal, de derecha en la práctica y de centro en la narrativa. Formalmente, es vicepresidente de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe; es un empresario capitalista pragmático; y en su discurso combina la tecnocracia con el populismo. Propone electoralmente que en 100 días de gobierno podrá estabilizar la economía y, además, que no afectará los bonos sociales establecidos en el gobierno del MAS. Está con Dios y el Diablo. Cree en la mano invisible y el papá Estado.

Jorge (Tuto) Quiroga es de centro en lo formal, de derecha moderada en la práctica, pero de derecha radical en la narrativa. Su alianza (Libre) está básicamente conformada por un partido de centro izquierda y otro de centro derecha. En la práctica, ha formado parte (vicepresidente) de un gobierno de derecha moderada a finales del siglo XX; y en su narrativa propone un cambio radical de las reglas de juego, préstamos con el FMI, reducir el tamaño del Estado (burocracia), quitar subsidios a empresas estatales y digitalizar todos los entes estatales. Cree más en la mano invisible, menos en el papá Estado.

La politización de la dimensión socioeconómica es lo que predomina en la narrativa económica de ambos candidatos opositores a la presidencia. Considerando la crítica situación económica del país, el humor social de los votantes que están sufriendo los efectos negativos de la falta de diésel y la subida de precios de la canasta familiar, no es para menos. Por tanto, ambos candidatos opositores representan un giro hacia la derecha en el sentido de controlar la inflación, dejar de subvencionar los combustibles, y generar riqueza con los emprendedores y empresarios privados. Sin embargo, es un giro epidérmico, no estructural.

Con el Estado Plurinacional se configuró estructural, ideológica e institucionalmente las dimensiones socioeconómica y sociocultural desde la primera década del siglo XXI. Hubo cambios en cuanto a derechos políticos y sociales. Las prácticas culturales de los pueblos indígenas y las reglas de juego acorazadas por la narrativa nacional-popular desde el campo de la izquierda, cobraron predominio. En 2025 nada de esto está en tela de juicio. La dimensión sociocultural no está politizada porque lo urgente y necesario es salvar la economía, que la gente recupere su poder adquisitivo. Es pragmatismo económico.

Por eso, Javier Milei es un referente simbólico en el marco de la dimensión socioeconómica, no sociocultural, en la narrativa emocional de Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga. Ambos apuestan por llegar a los sentimientos de la gente con propuestas económicas breves, simples y concretas. Parece que lo que más importa en este juego de lenguaje emocional es una motosierra boliviana que corte el gasto público innecesario, que circulen más dólares y se distribuya de manera regular los combustibles, aunque implique pagar un precio más caro por la gasolina y diésel. Aparentemente, 20 años de gobierno de la izquierda nacional-popular ya fueron suficientes. Es la economía, …

Sin embargo, los actores partidarios, sociales, institucionales e intelectuales que promueven este giro hacia la derecha en la dimensión socioeconómica, no han preparado el terreno sociocultural de las ideas (Estado liberal-republicano) para iluminar el camino que se quiere recorrer para los próximos 20 años. Solamente están apostando por un barco necesario y suficiente para cargar combustibles, no por un buque de guerra ideológico-cultural. La motosierra para recortar gastos innecesarios del Estado no basta, también son vitales las palabras, relatos y narraciones que generen confianza en este tránsito hacia un nuevo ciclo político en Bolivia, cuando el viejo ciclo político (izquierda) tiene enfermedades de base muy avanzadas y el nuevo ciclo político necesita un nuevo lenguaje político emocional.

Hacia una relación estratégica entre América Latina y el Caribe y la OCDE

La adopción del Marco Estratégico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para América Latina y el Caribe constituye uno de los resultados más significativos de la reunión ministerial anual del Consejo de la OCDE (Ministerial Council Meeting, MCM), celebrada el 3 y 4 de junio bajo la presidencia de Costa Rica. Se trata a la vez de un punto de llegada y de partida en la evolución y transformación de la relación entre la OCDE y la región. La comprensión y aprehensión de este Marco, el camino recorrido para su adopción y el camino a recorrer a partir de ahora nos llevan a plantearnos varias preguntas y a considerar diferentes perspectivas y aproximaciones.

La OCDE nacen de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, del Plan Marshall como iniciativa para la construcción de la paz a través del desarrollo y la prosperidad económica compartida, y de la conformación de estándares orientadores a establecer políticas que mejoren vidas a través del ciclo standard setting-monitoring-cooperation.

La OCDE se define en lo sustantivo por la E de economía y la D de desarrollo, y en lo operativo por la C de cooperación, como dinámica no solo hacia dentro, entre sus estados miembros y sus sociedades, sino también hacia fuera, en clave de funcionamiento del sistema y la sociedad internacional y el resto de sus actores relevantes. La O de organización implica institucionalidad y actuación conforme a normas hacia dentro y la voluntad de intervenir hacia fuera.

La cooperación y actuación internacional contribuyen a la gobernanza global y a la procuración de bienes públicos globales. Pero también son fundamentales para afrontar los retos comunes de las transiciones ecológica, demográfica, digital, social y hacia el desarrollo sostenible, así como los que nos plantean el cambio climático, la reducción de las desigualdades socioeconómicas y de género o la inteligencia artificial para el futuro de la humanidad y del planeta.

Los miembros de la OCDE representaban en su fundación en torno al 65 % del PIB mundial. Hoy representan en torno al 35 %, por lo que los procesos de adhesión, las negociaciones y las relaciones exteriores y globales son claves para la realización de su propósito establecido en su convenio fundacional y en el Vision Statement adoptado en 2021 con ocasión de su 60 aniversario.

Es en esa perspectiva que las negociaciones en curso para la adhesión a la OCDE de Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Indonesia, Perú, Rumanía y Tailandia, así como el desarrollo de las relaciones globales de la OCDE —reflejadas en el planteamiento de su Estrategia de Relaciones Globales y en la acción mediante los instrumentos a través de los cuales se canaliza—, adquieren su verdadera dimensión y sentido. En ese marco se enmarcan también sus relaciones con América Latina y el Caribe.

Es en esa perspectiva que cabe contemplar la conformación de las relaciones exteriores y globales de la OCDE, así como el desarrollo de sus planteamientos e instrumentos, en la doble dirección de su contribución a la gobernanza global y a los bienes públicos globales, y del equilibrio geográfico en su desarrollo. Entre estos instrumentos, además de la relación con los key partners —Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica— y los programas de cada país, resultan fundamentales los programas regionales, iniciados en 2014 con el creado para el Sudeste Asiático y, en 2016, con el Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe (PRALC), articulador de la cooperación y la relación global con la región.

Al mirar hacia atrás y contemplar el camino recorrido con miras a la conmemoración de su décimo aniversario en 2026, no podemos dejar de resaltar la cooperación desarrollada, fundamentalmente, en torno a sus cuatro ejes temáticos: productividad, inclusión social, gobernanza y sostenibilidad medioambiental. También destacan las cumbres ministeriales temáticas sobre estos ejes. Asimismo, resulta clave la institucionalidad proporcionada por su Comité de Dirección y su Consejo Asesor, que aglutina a los Estados miembros de la OCDE y a los países latinoamericanos miembros de su Centro de Desarrollo. Esta estructura funciona bajo copresidencias trienales, conformadas por un Estado miembro de la OCDE y otro latinoamericano no miembro. Actualmente, ocupan esas copresidencias Colombia y Paraguay, quienes cederán el testigo a Costa Rica y Uruguay en la próxima cumbre ministerial de noviembre en Asunción.

Mirando hacia adelante, tras la adopción del Partenariado de la OCDE con África y de su Marco Estratégico para el Indo-Pacífico —y su desarrollo en las reuniones anuales precedentes del Consejo de la OCDE—, se plantea un reto de equilibrio geográfico al que responde la adopción del Marco Estratégico de la OCDE para América Latina y el Caribe. Pero no solo eso: partiendo de su membresía actual, la posible adhesión de Argentina, Brasil y Perú implica que en la OCDE estarán representados el 76 % de la población y el 80 % del PIB de la región; el 80 % de la población y el 92 % del PIB del Sistema Iberoamericano, y el 84 % de la población y el 96 % del PIB del Sistema Interamericano. Esto supone asumir —tanto en la OCDE como en la región— un cambio cualitativo y paradigmático: que la OCDE es también una organización de y para América Latina y el Caribe y que debe desarrollarse en toda su potencialidad.

Con su definición de fines e intereses compartidos, objetivos, principios para un compromiso renovado y mecanismos de implementación, el Marco Estratégico constituye, al mismo tiempo, una manifestación de esa asunción y visión, y un instrumento para su desarrollo. Es un punto de llegada y de partida, con vocación de convertirse en un punto de inflexión.

Es punto de llegada de un proceso que nos ha llevado desde la visión y ambición de conformarlo hasta el proceso negociador que concluyó con su adopción por consenso de todos los Estados miembros de la OCDE. A partir de ahí, se plantea el doble reto de, por un lado, elaborar para la MCM de 2026 un Plan de Implementación que permita traducir en realidad la visión definida, y dar así un impulso político y operativo a la relación de la OCDE con —y en— la región. Y, por otro lado, hacer de la Reunión Ministerial del Programa Regional de 2026 —con ocasión del décimo aniversario de dicho programa— una reunión de planeamiento e impulso global de la relación, con la participación de los ministros de Exteriores o los responsables de la OCDE, según corresponda. España, coincidiendo con su Secretaría Pro Témpore de la Cumbre Iberoamericana de 2026, se ha ofrecido a acoger dicha reunión.

Al tiempo que se avanza en las negociaciones de adhesión destinadas a conformar esa transformación cualitativa y paradigmática de la condición y dimensión latinoamericana de la OCDE, se nos plantea el reto de dotarnos de la hoja de ruta que haga de la potencialidad realidad y nos permita avanzar en la conformación de mejores políticas para mejores vidas para todos, en el desarrollo y la humanidad compartida.

La presión de Trump para más deportaciones podría aumentar la demanda de trabajadores agrícolas con visa

Estados Unidos tiene que tomar una decisión importante en materia de agricultura. Puede importar más personas para cosechar y realizar otros tipos de trabajo agrícola, puede aumentar los salarios lo suficiente como para atraer a más ciudadanos estadounidenses e inmigrantes con estatus legal a estos trabajos, o puede importar más alimentos. Las tres opciones contradicen las prioridades clave de la administración Trump: reducir la inmigración, mantener los precios bajos e importar menos bienes y servicios.

El ambicioso proyecto de ley de impuestos y gastos que el presidente Donald Trump promulgó el 4 de julio de 2025 incluyó 170 mil millones de dólares para financiar la detención y deportación de quienes viven en Estados Unidos sin autorización. Y alrededor de un millón de ellos trabajan en la agricultura, lo que representa más del 40% de todos los trabajadores agrícolas. A medida que aumenta la detención y deportación de inmigrantes indocumentados, una solución emergente es reemplazar al menos a algunos trabajadores agrícolas deportados con extranjeros que reciben visas especiales que les permiten ayudar en la cosecha, pero les exigen regresar a casa después de que sus visas expiren.

Estos programas de «trabajadores invitados» han existido durante décadas, dando lugar al actual programa de visas H-2A. En 2023, más de 310,000 extranjeros, alrededor del 13% de los 2.4 millones de trabajadores agrícolas del país, fueron empleados a través de este programa. Alrededor del 90% de los trabajadores extranjeros con estas visas provienen de México, y casi todos son hombres. Los estados a los que se dirige la mayor cantidad de ellos son California, Florida, Georgia y Washington.

Como profesor de política latinoamericana y de relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica, enseño a mis estudiantes a considerar las difíciles disyuntivas que enfrentan los gobiernos. Si la administración Trump elimina una parte significativa de la fuerza laboral agrícola de los inmigrantes que viven en Estados Unidos sin permiso legal para tratar de cumplir con sus objetivos de deportación, los propietarios de granjas tendrán pocas opciones.

Pocas opciones disponibles

En primer lugar, los agricultores podrían aumentar los salarios y mejorar las condiciones laborales lo suficiente como para atraer a ciudadanos estadounidenses e inmigrantes con residencia permanente legal o que se encuentren en Estados Unidos con estatus legal.

Sin embargo, muchos empleadores agrícolas afirman que no pueden encontrar suficientes personas para contratar que puedan trabajar legalmente, al menos sin salarios más altos y requisitos laborales mucho mejores. Sin trabajadores agrícolas inmigrantes indocumentados, los precios de los cultivos y otros productos agrícolas estadounidenses se dispararían, lo que incentivaría la importación de más alimentos.

En segundo lugar, los agricultores podrían emplear a menos personas. Esto requeriría cultivar diferentes cultivos que requieran menos mano de obra o depender más de la maquinaria para plantar y cosechar. Pero eso significaría que Estados Unidos tendría que importar más alimentos. Y la automatización para algunos cultivos es muy costosa. Para otros, como las bayas, actualmente es imposible.

También es posible que algunos agricultores destinen sus tierras a otros usos, cesando la producción, pero eso también requeriría más alimentos importados. 

Soluciones sugeridas por la administración Trump

La secretaria de Agricultura de EE. UU., Brooke Rollins, predijo que los propietarios de granjas pronto encontrarán muchos ciudadanos estadounidenses para emplear.

El 8 de julio, Rollins declaró que los nuevos requisitos laborales de Medicaid, incluidos en el mismo paquete legislativo que los fondos para el control de inmigración, animarían a un gran número de ciudadanos estadounidenses a empezar a trabajar en el campo en lugar de perder su seguro médico a través de ese programa gubernamental.

Los grupos del sector agrícola afirman que este escenario es improbable.

Para empezar, la mayoría de los adultos inscritos en el programa de Medicaid que pueden trabajar ya lo hacen. Muchos otros no pueden hacerlo debido a discapacidades u obligaciones de cuidado.

Pocas personas inscritas en Medicaid viven lo suficientemente cerca de una granja como para trabajar en una, e incluso quienes viven allí no son capaces de realizar tareas agrícolas. Cuando los propietarios de granjas intentaron poner a trabajar en el campo a personas inscritas en un programa de asistencia social en la década de 1990, fracasó. Otro experimento en la década de 1960, que incluyó a adolescentes, tampoco funcionó porque a estos les resultaba demasiado duro el trabajo. Parece más probable que los propietarios de granjas intenten contratar a muchos más trabajadores agrícolas extranjeros para realizar trabajos temporales, pero legales, a través del programa H-2A.

Aunque no lo ha convertido en una política oficial, Trump parece estar avanzando hacia esta misma conclusión.

En junio, por ejemplo, Trump afirmó que su administración estaba trabajando en una especie de pase temporal para inmigrantes sin autorización para estar en Estados Unidos que trabajan en granjas y hoteles.

Establecido en 1952, su número aumenta rápidamente

El sistema de trabajadores invitados, establecido en 1952 y revisado significativamente en 1986, se ha convertido en un pilar de la agricultura estadounidense, ya que ofrece importantes beneficios tanto a los propietarios de granjas que necesitan trabajadores como a los trabajadores extranjeros que contratan.

No hay límite en la cantidad de trabajadores potenciales. La cantidad de visas H-2A emitidas se basa únicamente en el número de empleadores que las solicitan. Los propietarios de granjas pueden solicitar visas después de verificar que no pueden encontrar suficientes trabajadores que sean ciudadanos estadounidenses o que estén presentes en Estados Unidos con autorización.

Para proteger a los trabajadores estadounidenses, el gobierno exige que los trabajadores H-2A devenguen una «tasa salarial de efecto adverso». El Departamento de Trabajo establece este salario por hora, que oscila entre $10.36 en Puerto Rico, aproximadamente $15 en varios estados del sur y más de $20 en California, Alaska y Hawái. Estos salarios se fijan a niveles relativamente altos para evitar una presión a la baja sobre el salario que otros trabajadores estadounidenses reciben por el mismo trabajo. Tras la certificación, los propietarios de granjas contratan trabajadores en un país extranjero a quienes se les ofrece un contrato que incluye el transporte desde su país de origen y un viaje de regreso, siempre que lo completen.

El programa proporciona a los propietarios de granjas mano de obra a corto plazo. Garantiza a los trabajadores extranjeros que obtienen visas H-2A salarios relativamente altos, así como alojamiento en EE. UU. Esta combinación ha demostrado ser cada vez más popular en los últimos años: el número anual de visas H-2A aumentó a 310,700 en 2023, un aumento de más de cinco veces desde 2010.

Posibles desventajas

Aumentar el número de trabajadores agrícolas invitados ayudaría a cubrir algunas vacantes en la fuerza laboral agrícola y reduciría el riesgo de que los cultivos no se cosechen. Sin embargo, me parece claro que un cambio repentino plantearía riesgos tanto para los trabajadores como para los propietarios de granjas.

Los trabajadores estarían en riesgo debido a que la supervisión del programa H-2A ha sido históricamente deficiente. A pesar de este historial laxo, algunos agricultores inescrupulosos han sido multados o se les ha prohibido participar en el programa H-2A debido a salarios impagos y otros abusos.

Depender aún más de los trabajadores agrícolas invitados de lo que lo hace Estados Unidos actualmente también implicaría intercambiar a trabajadores que han construido sus vidas y familias al norte de la frontera con personas que se encuentran en Estados Unidos de forma temporal. Es poco probable que quienes se oponen a la inmigración se opongan a este intercambio, pero para los grupos de derechos de los inmigrantes, este acuerdo sería cruel e injusto para los trabajadores con años de servicio.

Además, los trabajadores con visas de invitado pueden correr el riesgo de ser explotados y abusados. En 2022, el fiscal federal del Distrito Sur de Georgia describió las condiciones de los trabajadores H-2A en una granja de cebollas que el gobierno había investigado como «esclavitud moderna».

Para los propietarios de granjas, la desventaja de intensificar los programas de trabajadores invitados es que podría aumentar los costos y hacer que la producción sea menos eficiente y más costosa. Esto se debe a que el transporte de trabajadores agrícolas mexicanos de ida y vuelta cada año es complicado y costoso. Los grupos agrícolas afirman que cumplir con los requisitos de la visa H-2A es engorroso. Puede ser particularmente difícil para las pequeñas explotaciones agrícolas participar en este programa.

Algunos propietarios de explotaciones agrícolas se han opuesto a los costos de emplear trabajadores con visa H-2A. Rollins ha afirmado que la administración Trump considera que los salarios obligatorios son demasiado altos.

Sin duda, estos problemas no se limitan a la agricultura. Hoteles, restaurantes y otros negocios de hostelería, que dependen en gran medida de trabajadores indocumentados, también pueden emplear temporalmente a algunos extranjeros a través del programa de visas H-2B, que es más pequeño que el programa H-2A, limita el número de visas emitidas y está disponible solo para trabajos considerados de temporada.

Los proveedores de atención médica domiciliaria y muchos otros tipos de empleadores que dependen de personas que no pueden trabajar legalmente para ellos también podrían tener dificultades. Pero hasta el momento, no existe un programa de visas temporales disponible para ayudarlos a cubrir esas necesidades.

Si Estados Unidos deporta a millones de trabajadores, el precio de los tomates, el cuidado de ancianos, las comidas en restaurantes y las reparaciones de techos probablemente aumentaría considerablemente. Un aumento enorme en el número de trabajadores invitados es una solución potencial pero parcial, pero multiplicaría los problemas inherentes a estos programas de visas temporales.

De discursos gastados y outlets no autorizados: reelaborar la rueda de la democracia

La reciente cumbre Democracia Siempre celebrada en Santiago de Chile reunió a un puñado de presidentes de izquierda de América Latina con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. El evento, presentado como un foro para defender la democracia, el multilateralismo y combatir la desinformación, ha sido también una postal reveladora de cómo el liderazgo oficialista español utiliza América Latina como un escenario alternativo para reposicionar discursos que ya no encuentran eco en sus propias sociedades. ¿Latinoamérica es el outlet de la política española?

Pedro Sánchez, único líder europeo presente, llegó a Chile en medio de una tormenta política en su país. España arde: escándalos de corrupción que tocan el corazón del gobierno, una oposición fortalecida y una ciudadanía cada vez más escéptica ante la retórica moralizante del Ejecutivo. En este contexto, su presencia en Sudamérica no puede leerse como un gesto diplomático desinteresado. Debe verse como una maniobra política: un intento de proyectar liderazgo internacional mientras su autoridad doméstica se erosiona.

La autoridad moral

La política exterior española hacia América Latina ha sido históricamente ambivalente. A veces paternalista, otras veces ausente y, en ocasiones, como ahora, instrumental. Sánchez no vino a escuchar, vino a enseñar. En su discurso, llamó a “pasar a la ofensiva” contra lo que denominó la “internacional reaccionaria”, una coalición de fuerzas de ultraderecha contrarias a los valores democráticos a ambos lados del Atlántico. Pero el problema no es el diagnóstico. Es el contexto: ¿con qué autoridad moral puede un presidente cercado por escándalos en casa venir a dictar cátedra sobre ética democrática?

Lo acompañaron en la foto otros líderes cuya legitimidad también está en entredicho. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, llegó exultante tras lo que parece una victoria diplomática: las recientes medidas comerciales de Estados Unidos contra su país, motivadas por el juicio a Jair Bolsonaro, han reavivado su popularidad. Pero Lula no es un recién llegado a la política ni un símbolo inmaculado. Su regreso al poder ha sido tan celebrado como cuestionado. Y su alianza con Sánchez responde más a una necesidad de blindaje político que a una visión compartida de futuro.

El colombiano Gustavo Petro, por su parte, representa el caso más problemático del grupo. Su gobierno está cercado por escándalos de diversa índole, su coalición se ha fragmentado, y su estilo confrontativo ha contribuido a una polarización que paraliza cualquier intento de reforma. Petro no es hoy un socio confiable ni para sus aliados internos ni para sus pares internacionales. Su presencia en la cumbre, lejos de fortalecer el mensaje, lo debilita.

¿Qué ganan los países?

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, es el más nuevo en el cargo y, por tanto, el más cauteloso. Su participación parece más un gesto de cortesía diplomática que una adhesión ideológica plena. Sin embargo, su presencia también plantea preguntas: ¿qué gana Uruguay al alinearse con un bloque que parece más interesado en la retórica que en los resultados?

El anfitrión, Gabriel Boric, cierra el cuadro con una paradoja. Llegó al poder como símbolo de renovación. Pero, se despide con bajos niveles de aprobación y la derrota contundente de su partido en las primarias de la izquierda chilena. El triunfo de Jeannette Jara, candidata del comunismo en esas internas, marca un giro que deja a Boric en una posición incómoda: organizador de una cumbre que ya no representa ni siquiera el futuro de su propio espacio político.

La cumbre Democracia Siempre ha sido presentada como un esfuerzo por construir una narrativa alternativa frente al avance de la ultraderecha. Pero, en la práctica, ha funcionado más como un club de autoafirmación para líderes en apuros. La retórica de defensa democrática pierde fuerza cuando quienes la enarbolan enfrentan serias dificultades para sostenerla en sus propios países.

España, en particular, debería reflexionar sobre el uso que hace de América Latina como plataforma de reposicionamiento político. No es la primera vez que lo hace, pero sí una de las más evidentes. En lugar de construir relaciones basadas en el respeto mutuo y la cooperación efectiva, se insiste en una lógica de exportación ideológica que poco tiene que ver con las necesidades reales de la región.

Escuchar más y hablar menos

La política no es un outlet donde se colocan los discursos que ya no se venden en casa. Tampoco el espacio donde solo conversan quienes piensan igual. Por algo Democracia Siempre generó resistencias en algunos ámbitos políticos de alto nivel. América Latina no necesita sermones, necesita socios. Y el presidente español, si quiere tener un rol relevante en el continente, debe abandonar la tentación de la superioridad moral y crear un diálogo verdadero y diverso que junte a partes diferentes. Es decir, integrar más y hablar menos.La cumbre en Chile ha dejado una imagen clara: un grupo de líderes que, más que construir futuro, parecen aferrarse al pasado de la primera ola progresista. Un pasado donde la retórica, inflada por los precios altos de las materias primas, bastaba para gobernar. Pero los tiempos cambiaron hace rato, y la política, como la historia, no perdona a quienes insisten en repetir fórmulas agotadas.

Generosidad invisible: el poder de la solidaridad

En América Latina, la generosidad está viva. Se manifiesta en gestos cotidianos, redes informales de apoyo y actos espontáneos que muchas veces escapan a las estadísticas. Sin embargo, cuando se trata de institucionalizar y sostener una verdadera cultura de dar, aún enfrentamos desafíos estructurales, sociales y culturales. En este contexto, promover una cultura de la generosidad es  una estrategia fundamental para fortalecer el tejido social y construir sociedades más equitativas y resilientes.

La consultora Voices, lleva casi tres décadas investigando los hábitos solidarios en Argentina, donde los primeros estudios impulsados por el Foro del Sector Social revelaban ya en los años noventa una brecha entre la disposición a ayudar y la concreción de actos solidarios formales. Esta tensión sigue vigente. Y aunque los argentinos se reconocen como un pueblo solidario, la cultura de la donación sostenida y estructurada no termina de consolidarse.

Lo mismo sucede, con sus matices, en el resto de la región. El reciente informe “La Generosidad en América Latina y el Caribe” de Giving Tuesday ofrece una radiografía valiosa: 9 de cada 10 personas declaran haber hecho al menos una acción solidaria en el último año. Pero ese número cae cuando se observa la participación en donaciones recurrentes, el involucramiento en organizaciones o la confianza institucional.

Lo que no se mide, no se potencia

En América Latina, uno de los grandes desafíos para promover la cultura de dar es la falta de datos sistemáticos. Países como Estados Unidos o Reino Unido cuentan con observatorios que siguen de cerca los comportamientos filantrópicos. En nuestra región, los estudios son más esporádicos, y muchas veces no se articulan entre sectores.

Y aquí entra el valor de la investigación. Necesitamos saber quiénes dan, qué los motiva, qué barreras enfrentan, cómo perciben el impacto de sus actos. Sin esta información, es difícil diseñar políticas públicas, campañas de sensibilización o estrategias de fortalecimiento institucional.

Por ejemplo, según datos de los estudios de Cultura de Dar, cerca de tres cuartas partes de los argentinos han colaborado económicamente con ONGs en los últimos 12 meses de algún modo, pero solo algunos califican a estas acciones como “donaciones”. Esta disonancia revela que nuestras narrativas culturales sobre la solidaridad no siempre están alineadas con nuestras prácticas.

La solidaridad invisible

En América Latina, gran parte de la generosidad ocurre por fuera de los canales formales. Es lo que podríamos llamar una “solidaridad informal”: ayudar a un vecino, cocinar para alguien, prestar dinero sin esperar devolución, alojar a un familiar. Estos actos no suelen considerarse “donación” en sentido estricto, pero son pilares invisibles de nuestras comunidades.

Esta característica, profundamente arraigada en la cultura latinoamericana, tiene dos caras. Por un lado, es una fortaleza que refleja la importancia del lazo social y la importancia de la familia y los amigos. Por otro, puede dificultar la consolidación de una cultura de dar organizada, con estructuras que permitan escalar el impacto, medir resultados y sostener la ayuda en el tiempo.

En Argentina, por ejemplo, varios donan una vez, pero pocos lo hacen de manera mensual. Esta falta de sistematicidad reduce la capacidad de planificación de las organizaciones sociales, que necesitan previsibilidad para crecer. También implica que muchas iniciativas dependen más del entusiasmo que de la sostenibilidad.

Lo que sí funciona

A pesar de estos desafíos, hay señales alentadoras. Sabemos que cuando las personas tienen contacto directo con una causa, su nivel de involucramiento aumenta. Las campañas que muestran el impacto concreto, las plataformas que simplifican la donación, los modelos de “match” entre empresas y ONGs, todo suma. Y en este sentido, el auge de las plataformas digitales ofrece una oportunidad inédita para democratizar la participación.

Los informes de Cultura de Dar y otras investigaciones también muestran que las nuevas generaciones no están desconectadas: solo necesitan formas más horizontales, ágiles y alineadas con sus valores para participar. La colaboración digital, el microdonativo, las causas de impacto local y los formatos creativos pueden ser aliados clave.

Además, hay valores profundamente anclados en la identidad latinoamericana que debemos fortalecer: la empatía, la solidaridad, el compromiso comunitario. En lugar de importar modelos foráneos, el reto es construir una cultura de dar que tenga sentido en nuestros territorios, nuestras historias y nuestras formas de vínculo.

Una invitación a la acción (y a la medición)

Promover una cultura de dar en América Latina es, en última instancia, una tarea colectiva. Requiere del compromiso de ciudadanos, organizaciones, empresas, medios y gobiernos. Pero también de datos. Porque lo que no se conoce, no se mejora. Y lo que no se mide, no se visibiliza.

Por eso, desde la iniciativa Cultura de Dar se viene impulsando la articulación entre investigación, comunicación y acción. Porque solo conociendo en profundidad nuestros hábitos, nuestras motivaciones y nuestras resistencias se puede diseñar estrategias eficaces para fomentar una cultura solidaria sostenida, transparente y transformadora.

Donar no es solo un acto individual: es un gesto político, cultural y social. Y construir una cultura de dar es construir una sociedad más conectada, más justa y más humana.

El imaginario político argentino y la gestión del futuro

La política y, por ende, los gobiernos que se suceden elección tras elección, tiene la función de resolver los problemas coyunturales y estructurales de una sociedad. Los problemas que atraviesa una sociedad en una coyuntura electoral se definen en ese presente a la vez que se arrastran cuestiones que vienen del pasado. Se trata de cuestiones que, acorde a su duración e impacto, a veces determinan situaciones críticas aunque parezcan expresarse en un presente político.

Este cruce entre cuestiones estructurales, es decir, cuestiones que permanecen, se redefinen y acumulan, y problemas que parecen ser solo una expresión del presente, es lo que confiere los nudos álgidos a la política. Para las sociedades, son temas presentes que el gobierno electo debe resolver. Pero para los gobiernos, se trata de temas arduos que cuesta desentrañar y mucho más explicar a la sociedad. Se trata de un entrecruzamiento complejo entre la gestión del futuro cercano y el imaginario social y político de la ciudadanía, o al menos de la ciudadanía que se involucra en la política.

Las culturas políticas que las sociedades van trazando generación tras generación, juegan un rol importante al definir y situar esos imaginarios en el continuo histórico de cada país. En Argentina, la gestión de los problemas que aparecen en un presente político electoral, se definen desde un imaginario basado en el pasado para luego proyectarse a futuro. Este es un problema político importante para los gobiernos de turno.

Los problemas que Argentina arrastra hace años, claramente expresados en ciclos económicos no virtuosos y su impacto en las cuestiones sociales más álgidas como el empleo, distribución del ingreso o bienestar social, se piensan y definen desde un imaginario del pasado donde esa relación entre economía y bienestar social se había resuelto positivamente. Es decir, los años del peronismo. Después de todo, un eslogan clásico de la política argentina es: “Los años más gloriosos fueron peronistas”.

Si la cuestión es la economía y el eterno ciclo irresuelto entre crecimiento y recesión, el discurso apela a las décadas en las que había políticas industriales, empresas públicas proveedoras de infraestructura, importantes empresarios nacionales, inversiones públicas y privadas. Si el tema es el progresivo aumento del desempleo y la informalidad laboral, se recurre a un pasado de pleno empleo, convenios colectivos,  formalidad laboral y salarios suficientes. Cuando nos enfocamos en la cuestión social, nuevamente la imagen retrocede a épocas de pobreza prácticamente insignificante, movilidad social, bienestar progresivo y generalizado.

La misma lógica se repite al analizar las profundas deficiencias institucionales que afectan al país desde hace décadas. Ámbitos como la educación pública, las universidades, la salud, la vivienda y el cuidado de las infancias muestran un deterioro evidente, producto del mal funcionamiento del Estado. Pero antes de centrarnos en una reforma estatal que fortalezca políticamente y financieramente su estructura institucional, volvemos a pensar en los tiempos en los que había salud pública de calidad para todos, las escuelas ofrecían educación real y movilidad social, las universidades formaban profesionales para el desarrollo nacional, y el crédito estatal impulsaba obras de infraestructura y ampliaba el acceso a la vivienda.

La memoria histórica es un dispositivo político de primer orden en términos de impulsar demandas de la sociedad hacia la política y comprometer a ésta con el bienestar público. El problema es cuando esa memoria se cristaliza y se utiliza como vector único de direccionamiento de la política. Los problemas políticos del presente exigen un diagnóstico temporal acorde para proyectar, desde ese estado y posibilidad de cosas, un futuro posible de reordenamiento y mejora.

Esta es una de las claves de la política argentina. La variable principal no es gestionar los problemas que una y otra vez se repiten definiéndolos en sus características y relaciones causales contemporáneas, sino volver a un pasado lejano donde esas cuestiones se resolvieron dentro de determinaciones internas y externas que se volatilizaron hace décadas. El resultado neto, gobierno tras gobierno, es la frustración social y una vuelta a empezar.

Esto no quiere decir que los gobiernos operen dentro de esa lógica en términos de negociaciones, acuerdos y diseño de políticas públicas. Pero sí, gran parte del imaginario social, se posa no en el resultado posible de esas políticas, sino en lo que debiera ser ya que así alguna vez fue.

En el contexto latinoamericano actual, donde la política comparada ofrece un instrumental metodológico de primer orden para analizar situaciones nacionales, pero con la prudencia de no minimizar las enormes diferencias, un contraejemplo es la política brasileña. Si bien la complejidad de la política brasileña es aún mayor, dado su rol regional y geopolítico, esta se resuelve absolutamente imaginando el futuro. Un futuro que cambiará si a la definición presente de una cuestión específica se le aplican las recetas -políticas públicas- diseñadas.

Quién sabe si esa modalidad política de tratar los problemas sea la más efectiva. Pero, aunque no de los resultados esperados, probablemente no genera la frustración que produce esperar que en el futuro las cosas sean como en el pasado.