Una región, todas las voces

Viabilizar el Gran Caribe: geopolítica de un área en transformación

En un mundo en crisis, como el contemporáneo, lo primero que tiende a transformarse son los espacios geopolíticos dependientes, heterogéneos y vulnerables, como el Gran Caribe, una región diversa y estratégica que abarca no solo las islas del mar Caribe, sino también los países continentales que tienen costa en este mar como México, Colombia o los países centroamericanos.

En este contexto, hay tres grandes dinámicas que, actualmente, están impactando en la región: la ecológica, asociada al cambio climático; la comercial, relacionada con el desarrollo de nuevos flujos legales y criminales; y la económica, vinculada a la explotación de nuevos recursos. A todo ello se suma una territorialidad segmentada y constantes estructurales como el déficit fiscal, el déficit energético y una dispersión institucional, en los últimos años, está intentando ser superada.

A nivel ecológico, el Gran Caribe es una de las regiones más afectadas por el cambio climático. La pérdida de arrecifes; los huracanes —cuya frecuencia, intensidad y capacidad destructiva aumentan desde hace décadas— o la subida del nivel del mar —unos 10 centímetros en 30 años— afectan la estabilidad y viabilidad de pequeños países del área como Antigua y Barbuda, Belice o Dominica.

Las vicisitudes por las que, por ejemplo, ha atravesado el área del Lago Enriquillo en República Dominicana —que de inundarse ha pasado, en pocos años, a desertificarse—, constituyen el ejemplo perfecto de un impacto ambiental que también afecta a comercio y a actividades económicas tradicionales como la pesca, el turismo o la agricultura. Todo ello propicia, entre otros muchos efectos, corrientes migratorias en un área de fronteras porosas, que concentra a 24 países y 22 dependencias que comparten frontera marítima con EEUU.

Reajustes en las relaciones de poder entre actores locales y foráneos

La evidencia más clara de la reconfiguración que está protagonizando la región son los cambios estructurales asociados a la actividad comercial. La modernización de las infraestructuras estratégicas, por ejemplo -con la construcción de una decena de puertos de aguas profundas desde el año 2000- se debe en parte al cambio climático, pero también a transformaciones en la gobernanza logística global, que continúan concibiendo al área del Caribe como un espacio de ‘tránsito’.

Tras décadas de alejamiento, Washington parece mirar cada vez más hacia el Gran Caribe como parte de la proyección marítima de su territorio. Dicha área, desde su perspectiva, debiera complementar y competir con su proyección terrestre, que atraviesa México y Centroamérica. La apuesta de EEUU, que como quedó demostrado durante la reciente visita del Secretario de Estado, Marco Rubio silencia las necesidades y potencialidades locales, es que la reconfiguración en cuestión contribuya a abaratar el coste de las mercancías, a incrementar la velocidad de los flujos y a garantizar ‘contención’.

Dicha intención no debiera llamar la atención, pues los flujos ilícitos como drogas y migrantes, al igual que el comercio legal, se han incrementado a lo largo de los últimos años, han diversificado rutas y han desatado conflictividades territoriales que se han traducido en cada vez más estrategias de control, tanto por parte de los Estados como de actores paraestatales. Estados Unidos actúa, en ese marco, como supervisor de facto de la ‘seguridad’ regional.

Los ‘tránsitos’, con todo, no solo tienen una dirección Norte/Sur. En los últimos tiempos han proliferado en el Gran Caribe multitud de proyectos interoceánicos —unos más reales y posibles que otros— orientados a agilizar el transporte de mercancías desde o hacia Asia, y sobre todo China, el gran imán comercial global que compite abiertamente con EEUU.

Transformaciones económicas del Caribe

Si bien a lo largo de los últimos años ha habido una abrupta irrupción de nuevas áreas de explotación de hidrocarburos -como el gas de Trinidad y Tobago o el petróleo de Guyana y Surinam– las tensiones con Venezuela, el gran productor histórico de la región, siguen marcando la evolución estratégica del área.

La región, además, está atravesada por diversas Cadenas Globales de Valor como las de la electrónica, las manufacturas, los textiles, los alimentos e incluso, cada vez más, las de algunos minerales estratégicos, cuyo ‘tránsito’ por el mar Caribe se ha convertido en habitual. En dicho marco, la construcción y redistribución de los puertos de aguas profundas, la redefinición de las rutas comerciales y la explotación y transporte de recursos naturales estratégicos están contribuyendo a incrementar la demanda de energía en un área que ha padecido un déficit histórico.

La fragmentación política y territorial de la región ha tendido a reproducir los términos de dependencia en favor de actores extranjeros y sus demandas. Solo así se puede comprender que la región tenga un grave déficit de energía mientras que países caribeños exporten hidrocarburos hacia fuera de la región.

La influencia de actores foráneos, que se manifiestan de diversas formas, constituye, en efecto, una constante histórica. En buena medida esto es lo que ha bloqueado el desarrollo de estrategias institucionales regionales que proporcionen voz al Gran Caribe en un marco global para canalizar sus demandas.En un contexto como el descrito, la Asociación de Estados del Caribe (AEC), el foro regional que agrupa a todos los países del Gran Caribe se está convirtiendo en el gran instrumento que, a partir de un multilateralismo activo puede permitirle a la región proyectarse al mundo. Ya no como una simple continuidad líquida de la Frontera Sur de EEUU, sino como parte del Sur Global y con proyección geopolítica a escala global.

Venezuela y la consolidación de una dictadura con elecciones

Venezuela es una dictadura donde se continúan realizando elecciones. Pero estas no sirven para representar los intereses de la población o conocer sus preferencias. El voto hoy es un instrumento para destruir la autonomía de la ciudadanía, confundir al electorado y fragmentar a la oposición.

El principal objetivo de esta ingeniería institucional es la destrucción deliberada del sistema de partidos. Las sociedades modernas tienen grandes desafíos para organizar la acción colectiva sin los partidos políticos. La falta de tiempo, de experiencia y recursos, así como las grandes distancias, impiden que la mayoría de la población pueda organizarse para luchar por sus demandas. Los dictadores lo saben y por eso se esfuerzan por neutralizar a los partidos, ya que usualmente la actividad política de los ciudadanos resulta acéfala, desorientada e impotente cuando estos no están presentes.

El nuevo sistema partidario, diseñado por el régimen autoritario de Nicolás Maduro, tiene al PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) en el centro. Controla todos los poderes del Estado, pero, al mismo tiempo, ha perdido toda legitimidad popular. Datos disponibles, como las actas de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, indican que el oficialismo apenas ronda el 20% de apoyo real, y si no tuviese a disposición los recursos del estado, seguramente esta cifra sería menor.

La oposición a Maduro, por el contrario, concentra el 80% del electorado, pero está compuesta por una miríada de partidos, que parecen cambiar en cada elección, sin que la población realmente los conozca. Peor aún, muchos partidos que se autodenominan opositores frecuentemente carecen de trayectoria o base social visible, y en su mayoría son percibidos como colaboracionistas del régimen o como mecanismos para dividir el voto opositor.

Esta proliferación de partidos no es síntoma de vitalidad democrática, sino de su anulación. La atomización de la oposición no refleja la diversidad de propuestas, sino una arquitectura del poder orientada a impedir cualquier forma de agregación efectiva de demandas.

Las últimas elecciones parlamentarias muestran perfectamente cómo funciona este ecosistema. Las principales plataformas de la oposición son excluidas a través de medios inconstitucionales y sus líderes más populares son encarcelados u obligados a exiliarse. Incluso partidos con poca atracción social, pero autónomos, como el Movimiento Por Venezuela (MPV) fueron inhabilitados sin explicación.

Esto no solo ocurre con la oposición tradicional. Una gran cantidad de partidos y movimientos de izquierda, que alguna vez fueron aliados de Chávez, pero que hoy se oponen a Maduro, han perdido toda representación política y sus líderes se encuentran bajo constante presión policial o sujetos a desaparición. El secuestro de la tarjeta electoral del Partido Comunista de Venezuela, la persecución al exalcalde Juan Barreto y la reciente encarcelación del exministro Rodrigo Cabezas son ejemplos claros.

Además, la opacidad del sistema electoral venezolano es tal, que es imposible conocer los votos que fueron obtenidos por ninguna organización. Esta falta de transparencia sirve para qué Maduro pueda premiar a actores políticos, distribuyendo puestos en la Asamblea Nacional, entre aquellos que demuestren su lealtad al sistema.

Este esquema se ha demostrado exitoso. El resultado es la enorme abstención electoral y un desinterés general de la población por la actividad política, donde es incapaz de ver resultados concretos para sus necesidades. Además, la oposición se mantiene dividida entre grupos que prefieren aceptar su posición subordinada para obtener algún recurso y reconocimiento del Estado, y otros, que a falta de mecanismos institucionales parecen esperar por la intervención de otros países para mudar la correlación de fuerzas. El escenario es de paralización política total.

Entre los 80 y 90 en Venezuela se criticaba la democracia de “cogollos” (las oligarquías de los partidos), hoy el país tiene una dictadura “latifundista”, basada económicamente en su control improductivo del territorio y políticamente en la represión y distribución de premios entre los “peones”.

La oposición democrática no enfrenta únicamente el reto de canalizar demandas sociales fragmentadas: enfrenta un marco legal punitivo diseñado para impedir su consolidación. En lugar de fortalecerse con la experiencia electoral, los partidos opositores son desarticulados una y otra vez mediante decisiones administrativas que no responden a ningún tipo de criterio jurídico.

Frente a esta realidad, los partidos venezolanos enfrentan una tarea monumental: reinventarse en condiciones de clandestinidad, represión y control institucional absoluto. Los llamados “partidos de masas” son efectivos en contextos democráticos, con acceso libre a medios de comunicación masivos y reglas estables. Pero sus estructuras organizativas y sus ideologías difusas, son poco eficaces cuando sufren la persecución y el acoso institucional permanente.

Aunque resulte difícil, solo volviendo a sus raíces sociales, reconstruyendo vínculos orgánicos con la ciudadanía y apostando por formas creativas de organización y resistencia, podrán preservar el papel fundamental que tienen en toda democracia: ser canales legítimos y eficaces de representación política. Aunque contraintuitivo, los partidos políticos deben dejar de medir su éxito en resultados electorales y comenzar a comprenderlos en términos de capacidad de organización y cuadros comprometidos.

Esto no solo es vital para sostener la resistencia democrática en el presente. En un eventual escenario de transición política, el desenlace será verdaderamente democrático solo si existen partidos fuertes, con legitimidad social y capacidad organizativa, que puedan encauzar el proceso y evitar que la salida derive en un nuevo desorden o en fórmulas igualmente autoritarias.

En un sistema donde las elecciones ya no son mecanismos de alternancia, sino de consolidación autoritaria, el mayor desafío es resistir siendo partido, cuando todo está diseñado para impedirlo.

Los efectos del error humano en la salud del planeta

Tal como se vaticinaba desde el siglo XIX, el planeta está sufriendo un incremento dramático de la temperatura global; los últimos 10 años han sido los más calientes registrados en la historia. Pero, el término “calentamiento global” de uso corriente hasta los años 90, y que implicaba la responsabilidad de los gases de efecto invernadero en el incremento de la temperatura superficial terrestre, ya no forma parte de nuestro vocabulario corriente. Al inicio del milenio, fue reemplazado hábilmente por el eufemismo de “cambio climático” por impulso del gobierno de George W. Bush. El presidente no podía permitirse el lujo de inculpar al sector privado, y especialmente al lucrativo negocio de los hidrocarburos, al cual debía la victoria electoral y ganancias como accionista, de ser el responsable de la destrucción del planeta.

Una vez relegada la noción de que la tierra se estaba calentando progresivamente debido al uso extensivo e intensivo de combustibles fósiles como fuente de energía industrial y de transporte, se allanó el camino para incluso negar que esto era posible. De manera derivada, un grueso de políticos en países poderosos ha llegado a ir más allá de la refutación de que los patrones climáticos se han transformado por la acción humana. Han llegado a satanizar soluciones que podrían ser efectivas y viables, como la energía solar y eólica. En consecuencia, se está volviendo imposible alcanzar la meta del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a por debajo de los dos grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.

El “cambio climático” es un concepto ambiguo que lo dice todo y no dice nada. Esa imprecisión le permite dar nombre a iniciativas aparentemente colosales como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). El título correcto de ese panel podría ser Compilación Periódica de Datos Sobre la Destrucción del Planeta Debido a la Acción Humana, aunque el título tampoco nos amedrentaría. Tanto la palabra “cambio” como nuestro entendimiento de lo que realmente está pasando entrañan la connotación de que nuestra auto aniquilación como raza es inevitable, como el paso de la luz verde a la roja de un semáforo, o el paso de la vejez a la muerte en los seres vivos.

El cambio climático que niegan algunos con el poder de revertirlo, es aceptado por otros como un hecho dado para el cual hay soluciones como la “adaptación” y la “resiliencia”.  Ante esta dicotomía, es imposible imaginar un futuro diferente, uno con menos consumo de combustibles fósiles y productos contaminantes como el plástico y la ropa de un solo uso. Y mucho menos, uno con más justicia social y con menos pobreza y marginalización. Estamos abocados a encontrar salidas parciales, en lugar de soluciones al problema de raíz.

¿Cómo llegamos a esto? Con un discurso concertado y bien financiado, semejante pero exponencialmente mayor al de las tabacaleras, que en su momento vendieron la fantasía de que no había evidencia científica de que fumar causaba cáncer y que consideraban que impedir el consumo de cigarrillo en lugares públicos atentaba contra la libertad individual.

Este abordaje del problema tiene consecuencias concretas muy graves. Por ejemplo, el gobernador republicano del estado de Florida en EEUU, Ron DeSantis, firmó recientemente una ley que prohíbe a los municipios aprobar protecciones contra el calor para trabajadores. Al igual que el tabaco, la exposición al calor impacta la salud e impedir políticas que mitiguen sus efectos equivale a negar los peligros de los extremos climáticos. La magnitud del problema queda en evidencia. Solo en EEUU, según Public Citizen alrededor de 2.000 trabajadores mueren anualmente por estrés térmico y muchos otros miles sufren de enfermedades relacionadas con el calor como insolación y deshidratación.

El calor nos afecta desde que somos fetos hasta que morimos. Los humanos que se desarrollan menos durante su gestación debido a condiciones de calor extremo, e incluso nacen prematuramente por la misma razón, sufren consecuencias permanentes a lo largo de sus vidas. Mientras que los sistemas de salud absorben los impactos económicos del creciente número de afectados por estas dolencias.

El calentamiento global, término que en el pasado se refería a la transformación del planeta, no de su clima, es un marco de pensamiento que en progresión lógica debió llevarnos a hablar de la auténtica crisis climática que estamos viviendo. Ya no cabe decir que la tierra se está calentando, sino que está caliente y ya no se puede hablar de un cambio climático sino de una emergencia climática que no se puede ignorar. El planeta está en la puerta del servicio de urgencias en un estado simultáneo de desecación e inundación, tormentas intensas y bochornos paralizadores.

Los acuerdos internacionales resultan insuficientes, especialmente cuando las diferentes guerras en Europa, el Oriente Medio y África demuestran que las vidas humanas son desechables en la práctica. Sabemos que la mejor vía para detener el incremento de temperatura global es reducir la acumulación de dióxido de carbono, pero los negacionistas y gobiernos que podrían conducir a los demás países hacia el cambio no están dispuestos a hacer los sacrificios necesarios.

Es como si los gobernantes a cargo de liderar estuvieran avivando las llamas de un incendio en un bosque seco.*Este es un texto enmarcado en la colaboración entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Latinoamérica21 para la difusión de la plataforma Voces de Mujeres Iberoamericanas. Conoce y únete AQUÍ a la plataforma.

La autocratización está siendo televisada

La comunicación ha estado siempre alineada con el poder desde el surgimiento de las sociedades, aunque cobró notoriedad cuando aparecieron los medios de comunicación masiva como la radio, los periódicos y la televisión. De esta manera, el desarrollo de la comunicación impulsó el ascenso de liderazgos carismáticos. Todos recordamos los discursos de Hitler en la cancillería apelando al surgimiento del Tercer Reich, a Mussolini en Italia hablando desde el balcón del Palacio de Venecia prometiendo la grandeza a su pueblo o a Eva y Juan Domingo Perón hablándole a los descamisados de la patria y los obreros para consolidar su proyecto político. Pero todos estos discursos estuvieron lejos de alcanzar la inmediatez contemporánea.

El filósofo francés especialista del pensamiento político Bernard Manin, postuló que con el avance de los medios de comunicación los partidos políticos y las diversas candidaturas comenzaron a convertirse en productos. De esta manera, las campañas de acceso al poder estarían marcadas por la promoción y ya no por las propuestas, hasta el punto de que podría existir un candidato al que se le vote aún sin tener propuestas. A esto se le llamó democracias de audiencias.

Con la llegada del siglo XXI, la conectividad escaló de forma exponencial. El ascenso de líderes autoritarios en el mundo y el apoyo que logran se debe en gran medida a los medios de información. Así como en la transitología (el estudio de la transformación de sistemas autoritarios en democracias) la liberalización está asociada a la información, y en este marco los medios tienen un lugar central en la autocratización.

Por ello, los nuevos hombres fuertes del mundo necesitan el respaldo de medios de comunicación, e incluso crean medios propios, para difundir sus mensajes. Este es el caso de Fox News y Donald Trump, el Sistema Público de Radio y Televisión con Andrés Manuel López Obrador o algunos medios vinculados a Jair Bolsonaro que difundieron sus argumentos falaces durante la pandemia de covid-19. Además, muchos se han adaptado hábilmente a las redes sociales, fortaleciendo aún más su imágen como es el caso de Nayib Bukele en El Salvador o Daniel Noboa en Ecuador. 

Todos estos líderes tienen algo en común: han debilitado la democracia y lacerado sus instituciones con ayuda de medios de comunicación, al punto que las autocratizaciónes se han convertido en procesos que podemos presenciar en vivo.

En México, el Canal del Congreso transmite las sesiones de la Cámara de Diputados y Senadores online. Sin embargo, cuando López Obrador envió al Parlamento la reforma judicial que propuso la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces, los debates y consignas fueron televisados. En la memoria de ese canal quedó impregnado cómo una mayoría del partido Morena terminó por someter a los tres poderes a su voluntad. Lo mismo ocurrió con la ley que hizo desaparecer a los Organismos Constitucionales Autónomos: la autocratización fue en vivo.

En Estados Unidos, Donald Trump ha acaparado toda la atención desde que ganó la presidencia en 2017, y luego con su regreso a la Casa Blanca en 2024. A lo largo de su trayectoria presidencial, Fox News se ha convertido en uno de los canales predilectos del republicano para difundir sus discursos y acciones, e incluso se ha articulado como un altoparlante de las ideas, argumentos y descalificaciones que vierte.

Durante el asalto al Capitolio, en 2021, Fox News instauró en cierto sector la retórica de que el fraude se había consumado y que los seguidores de Trum estaban defendeiendo el sufragio. Ahora, en 2025, las redadas contra migrantes han sido explotadas bajo el argumento de que se está limpiando el país y de que los demócratas están coludidos con los criminales para confrontarse con Trump. En este marco, desde 2017 Estados Unidos ha perdido el estatus de democracia consolidada para pasar a imperfecta, y muestra síntomas de agotamiento. 

En El Salvador, desde que asumió el poder en 2019, Bukele se confrontó con la Asamblea Nacional por su plan para combatir el crimen, y cuando el Congreso declaró que lo rechazaría, el presidente convocó movilizaciones para presionar al organismo. Luego entró con las fuerzas armadas al Congreso para obligarlos a aprobar su plan. Esto fue transmitido por las redes sociales y la televisión en vivo. De esta manera, El Salvador ha transitado de una democracia defectuosa a una autocratización. Y, los nuevos medios de información han sido una herramienta de movilización para respaldar el personalismo del presidente.

Bajo la administración de Daniel Noboa, Ecuador se ha convertido en un régimen híbrido y la democracia ha sido golpeada fuertemente. El presidente ha utilizado TikTok, no solo para hacer campaña y fortalecer su imagen en el ciberespacio, sino para justificar la toma de decisiones que golpean la institucionalidad. Noboa rinde cuentas a sus seguidores, pero se olvida de la realidad. Sus mensajes tienden a ser virales y tienen un alto respaldo no solo de ecuatorianos, sino de otras latitudes que apoyan la mano dura y se sienten seducidos por él. 

Casos como estos sobran, tanto en América Latina como en el resto del mundo. Los medios de comunicación tienen un papel central en la vida diaria de nuestras sociedades, y los nuevos líderes iliberales han logrado establecer narrativas atractivas gracias a ellos. La hegemonía de su discurso y el surgimiento de medios que enaltecen a estos personajes ha funcionado para erigir autoritarismos y demoler las instituciones.

La paradoja de la impopularidad: cuando combatir la corrupción es más dañino que ocultarla

Las encuestas de opinión muestran que el presidente Lula enfrenta un escenario desafiante en su tercer mandato: sus índices de aprobación son significativamente inferiores a los registrados en sus primeros años de mandato, entre 2003 y 2010. Si bien este no es un fenómeno exclusivo de Brasil —en casi toda Latinoamérica, la popularidad de los presidentes ha ido en declive—, el caso brasileño es destacable. Incluso con indicadores económicos positivos, como un crecimiento del PIB superior al promedio mundial, la disminución del desempleo y el aumento de los ingresos, el apoyo al gobierno está flaqueando y no muestra signos claros de recuperación.

Según la última encuesta de Quaest, uno de los factores que explica esta brecha entre el desempeño económico y el apoyo popular es la creciente preocupación de los brasileños por la corrupción. Estos datos son corroborados por otras encuestas. El instituto PoderData, por ejemplo, reveló que el 47% de los entrevistados cree que la corrupción ha aumentado bajo el actual gobierno. El Instituto Atlas indicó que la corrupción se ha convertido nuevamente en el principal problema del país, superando incluso problemas como la delincuencia y el narcotráfico, problemas que históricamente se han percibido como amenazas directas a la vida cotidiana de las familias brasileñas.

El regreso de la corrupción al centro del debate público coincide con las repercusiones de un escándalo recientemente revelado: el desvío de parte de las pensiones de funcionarios públicos a asociaciones que prestan servicios a jubilados, mediante un esquema que involucraba a empleados del INSS. Si bien se creó durante el gobierno anterior, el esquema fue desmantelado por la Policía Federal y la Contraloría General de la República, ambas instituciones fortalecidas y subordinadas al gobierno actual. El presidente Lula ordenó la destitución de la dirección del organismo responsable y prometió devolver los fondos desviados a los beneficiarios. Sin embargo, la decisión le costó la pérdida de un partido de la base gubernamental que ocupaba el ministerio en cuestión.

En teoría, el gobierno debería ser reconocido por sus esfuerzos para enfrentar las irregularidades, sancionar a los responsables y fortalecer la integridad de las instituciones. Sin embargo, el resultado ha sido el contrario: desgaste político y una caída en la aprobación popular. Parte de la prensa, en lugar de destacar los esfuerzos proactivos del gobierno para combatir la corrupción, asoció directamente el escándalo con el actual presidente. El efecto es perverso: se penaliza a quienes combatieron la corrupción, no a quienes la instituyeron o se beneficiaron de ella. En este contexto, el incentivo se vuelve negativo; después de todo, si revelar la corrupción es más perjudicial que ocultarla, es mejor no revelar nada.

Es en esta paradoja que resurge la figura de Jair Bolsonaro. Durante su gobierno, se produjo un debilitamiento sistemático de los mecanismos de control y fiscalización, con intervenciones en organismos como la Policía Federal, la Secretaría de Ingresos Federales, el Coaf y el Ministerio Público. Aun así, Bolsonaro repitió una y otra vez que «no hubo corrupción» en su administración. La frase, aunque refutada por varias investigaciones, tuvo eco en los votantes. En la lógica del expresidente, y que lamentablemente parece encontrar apoyo en la realidad política, lo que no se revela simplemente no existe. La falta de transparencia, paradójicamente, se convierte en capital político.

Pero ¿cómo se explica este fenómeno?

En ciencias políticas, existe una suposición ampliamente aceptada: los políticos, en regímenes democráticos, buscan la aprobación de los votantes para mantenerse en el poder. A diferencia de los regímenes autoritarios, donde la coerción, el fraude o la manipulación garantizan su permanencia en el cargo, en las democracias, los gobernantes necesitan obtener apoyo en elecciones mínimamente competitivas. Para ello, deben rendir cuentas, mostrar resultados y convencer a la población de que merecen continuar.

Por lo tanto, la opinión pública se convierte en un factor central en la lógica de la representación democrática. Es la que orienta las prioridades del gobierno, influye en la formulación de políticas públicas y sirve como termómetro para las decisiones estratégicas. Los gobiernos que desean permanecer en el poder deben responder a las demandas sociales: mejorar la salud, invertir en educación, combatir la deforestación, promover el crecimiento económico, garantizar la seguridad y, por supuesto, combatir la corrupción. Estos compromisos no solo son éticos, sino también pragmáticos para obtener apoyo.

La lucha contra la corrupción, en este sentido, debe entenderse como una política pública. Requiere planificación, recursos, institucionalización y, sobre todo, priorización por parte del gobierno. Implica otorgar autonomía a los órganos de control, invertir en supervisión, aumentar la transparencia y crear mecanismos eficaces de rendición de cuentas. No se trata de una cruzada moral, sino de una decisión de gestión para proteger los fondos públicos y garantizar que se utilicen para satisfacer las necesidades de la sociedad. La corrupción, después de todo, no es una falla moral individual, sino una disfunción institucional.

El problema radica en que, a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos, el éxito en la lucha contra la corrupción puede generar un efecto secundario indeseable: aumentar la percepción de que la corrupción está en aumento. Esto se debe a que cuantos más operativos de la Policía Federal llegan a los titulares, más arrestos se realizan, más escándalos salen a la luz, mayor es la sensación de que el problema está fuera de control, aunque, paradójicamente, estas acciones sean resultado del buen funcionamiento de las instituciones.

Este es el «efecto de visibilidad». La lucha eficaz contra la corrupción saca a la luz tramas que antes eran invisibles, lo que provoca un aumento artificial de la percepción del problema. Este fenómeno coloca a los gobiernos ante un dilema: actuar para combatir la corrupción y sufrir daños políticos inmediatos, o ignorarla y obtener beneficios electorales a corto plazo. Este efecto también plantea interrogantes sobre la utilidad de los índices de «percepción de la corrupción», como los de Transparencia Internacional. Estos indicadores no miden los casos reales de corrupción, sino la sensación de que existe, una sensación que puede verse intensificada precisamente por los gobiernos que más combaten el problema.

En este contexto, la prensa desempeña un papel esencial. Es deber del periodismo investigar, denunciar y monitorear a quienes ostentan el poder. Pero también requiere responsabilidad en la investigación y en la forma en que se denuncian los casos. Cuando no hay distinción entre quienes promueven la corrupción y quienes la combaten, existe el riesgo de deslegitimar precisamente a quienes intentan corregir las fallas del sistema.

El desafío, por lo tanto, es doble: para los gobiernos, que deben decidir si vale la pena abordar un problema incluso si cuesta popularidad; Y para la prensa y la sociedad, que deben aprender a reconocer que la lucha contra la corrupción también genera ruido, y que este ruido, bien interpretado, puede ser una señal de que las instituciones están funcionando.

De la retórica a la acción: Colombia y el desafío de articular a América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe se enfrenta a la necesidad de fortalecer sus vínculos estratégicos y de avanzar hacia una integración regional más efectiva en un periodo marcado por las tensiones geopolíticas, el auge del proteccionismo y el debilitamiento del orden internacional basado en reglas. Históricamente, la región ha mostrado dificultades para impulsar agendas comunes, articular posiciones frente a los desafíos globales y establecer mecanismos que dinamicen sus economías. Sin embargo, este contexto plantea la oportunidad de repensar el papel de América Latina y el Caribe en la arena internacional, consolidando una voz unificada que priorice el interés colectivo por encima de divisiones ideológicas.

En este sentido, la integración debe entenderse como una política de Estado capaz de abordar desafíos que trascienden fronteras, como la seguridad alimentaria, el cambio climático, los flujos comerciales y las crisis migratorias. Su carácter transnacional exige respuestas coordinadas entre los países de la región. Colombia, en un contexto de creciente apertura al diálogo regional y participación en foros multilaterales, tiene la oportunidad de impulsar una agenda basada en la cooperación, la confianza mutua y la construcción de consensos.

Asumir este rol implica que Colombia aproveche su posición como presidente pro tempore de organismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Alianza del Pacífico (AP), la Comunidad Andina (CAN) y la Asociación de Estados del Caribe (AEC). En estos espacios se requiere de una diplomacia activa que fortalezca las capacidades de concertación, fomente el diálogo político permanente y asegure que las iniciativas respondan a las demandas legítimas de la ciudadanía. 

Integración más allá del discurso

América Latina y el Caribe cuentan con una arquitectura institucional amplia y diversa que proclama objetivos comunes como la concertación política, el desarrollo sostenible, la equidad social y la integración económica. Sin embargo, muchos de estos organismos no logran traducir sus mandatos en resultados concretos. Esto se debe, en gran medida, a la visión cortoplacista de los Estados miembros, las persistentes disputas ideológicas y la duplicidad de esfuerzos, que socavan la efectividad de los compromisos adquiridos y frenan el avance de una integración con impacto real.

En este sentido, fomentar un comercio intrarregional más dinámico se perfila como un paso esencial para superar las barreras que han limitado la implementación de iniciativas regionales con potencial para mejorar la calidad de vida en la región. América Latina y el Caribe aún tienen una deuda pendiente en materia de integración económica: mientras que en Europa el comercio intrarregional representó alrededor del 68% de los intercambios totales en 2024, según estimaciones de la UNCTAD, en América Latina y el Caribe alcanzó el 13%, levemente superior al 12% reportado por África, el continente con la tasa más baja del mundo. Esta brecha refleja no solo una integración comercial débil, sino una asignatura pendiente para fortalecer los mercados.  

Para avanzar en esa dirección, no basta con el diálogo entre los actores regionales; es necesario coordinar estrategias entre los distintos bloques para reducir la fragmentación institucional y evitar duplicidades. La convergencia entre aliados es indispensable para generar sinergias orientadas a una mayor cohesión regional, particularmente en el escenario internacional. En un orden global en transformación, América Latina y el Caribe necesitan actuar de manera concertada para impulsar agendas comunes que maximicen sus capacidades y beneficios colectivos.

Grandes retos, nuevas oportunidades

Colombia ha orientado históricamente su política exterior bajo la doctrina del respice polum (“mirar hacia el norte”), priorizando relaciones estrechas con Washington en materia de cooperación bilateral. No obstante, este enfoque ha contribuido a un relativo distanciamiento de los procesos de integración con sus vecinos latinoamericanos. Frente a los desafíos actuales, se abre una oportunidad para revitalizar el enfoque del respice similia (“mirar hacia sus semejantes”), promoviendo vínculos más sólidos con los países de la región. Este giro está respaldado por el artículo 9 de la Constitución Política, que establece como mandato el impulso de la integración latinoamericana y caribeña como orientación fundamental de la política exterior colombiana. 

A propósito de la Cumbre del Gran Caribe, celebrada en Cartagena y Montería entre el 26 y el 30 de mayo de 2025, que reunió a jefes de Estado y de gobierno, organismos internacionales y líderes regionales para debatir temas como la transformación digital, la justicia climática y la economía azul, Colombia asumió un rol protagónico en la articulación de posiciones y la promoción del diálogo regional. Este espacio permitió al país proyectarse como un puente estratégico para la construcción de consensos y la coordinación de agendas comunes. Su ubicación geográfica privilegiada lo convierte en un nodo de conexión natural —y político— entre Centroamérica, Suramérica y el Caribe, afianzando su perfil como Estado bisagra en la integración regional.

La presidencia pro tempore de Colombia de diversos organismos multilaterales, como mencionábamos antes, representa una oportunidad estratégica para reconfigurar su política exterior con un enfoque regional. Esto implica transitar de un esquema predominantemente bilateral con Estados Unidos hacia una diversificación de alianzas en América Latina y el Caribe, fortaleciendo el multilateralismo regional y promoviendo soluciones colectivas a los desafíos compartidos. 

En un contexto global caracterizado por el aislamiento, las guerras comerciales, la proliferación de conflictos y la creciente fragmentación política, América Latina y el Caribe están llamados a actuar de manera concertada para mitigar los efectos adversos sobre sus economías y sociedades. Colombia, como eje de articulación regional, no puede desaprovechar esta coyuntura histórica: asumir un liderazgo integrador ya no es una opción, sino una necesidad impostergable para revitalizar el proyecto regional. 

De allí la importancia de que el gobierno del presidente Gustavo Petro asuma con coherencia y responsabilidad los compromisos adquiridos en el marco de los organismos multilaterales. La integración regional no solo requiere de voluntad política, sino de gestos concretos de compromiso. En ese sentido, causó preocupación la ausencia del mandatario colombiano, en calidad de anfitrión, durante la clausura de la Cumbre del Gran Caribe el pasado 30 de mayo. Este tipo de situaciones debilitan el liderazgo regional que Colombia busca ejercer y ponen en entredicho su capacidad de articular consensos desde una diplomacia activa y confiable.

Derivas políticas de la condena a prisión de Cristina Fernández de Kirchner

El martes 10 de junio la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo, compuesto por varios fallos de instancias judiciales previas, que condenaba a seis años de prisión a la dos veces ex presidenta y ex vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (CFK). La causa Vialidad encontró a CFK culpable de mala administración de los recursos públicos, en tanto que jefa de estado, y enriquecimiento ilícito. El miércoles 18 la ex presidenta tuvo que presentarse en la sede del poder judicial para notificarse oficialmente de la condena y, oficialmente también, quedar detenida. Por su edad y sus antecedentes como ex jefa de estado, en condición de prisión domiciliaria.

Obviamente, por lo antedicho y por el rol de CFK como líder de la principal estructura política de oposición al gobierno de Milei, esta situación, si bien esperada, generó una conmoción y movilización de partidarios todavía en marcha. A la vez impidió cualquier tipo de debate reflexivo y con ciertos fundamentos. La discusión se da entre los que consideran por definición que el fallo es una proscripción de la ex presidenta, quien se iba a presentar como candidata a legisladora provincial en las elecciones intermedias de octubre 2025, y quienes, con la misma convicción, consideran que la condena es justa y salda años de corrupción del kirchnerismo. En el medio, la nada.

A partir de allí considero que hay cinco puntos que se abren inmediatamente en la política argentina del presente a partir de este fallo. En primer lugar, la condena, que conlleva la pena de prohibición de ejercer cargos públicos de CFK ad eternum, pone en jaque político a la principal líder opositora del país y, junto a Milei, a una de las dos figuras políticas relevantes y referentes de la política argentina actual. Es decir, como muchos medios señalan coloquialmente, se ha sacado a Cristina de la cancha. Ahora solo juega a ganador un solo equipo/persona: el presidente.

En segundo lugar, el Partido Justicialista, el eterno partido peronista que tantas veces cambió de denominación, liderazgo (luego de Perón) y orientación política, quedó desestabilizado, dado que se preparaba para la importante elección de renovación parlamentaria de octubre contando con CFK como una figura excluyente para unificar en la decisión del voto al disperso electorado peronista. Si bien se habían empezado a posicionar otros liderazgos para esa elección, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la figura y presencia en la boleta electoral de CFK era un capital insustituible.

Por otro lado, el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) de Milei cuenta con estas elecciones para confirmar, o no, que definitivamente se ha convertido en una nueva hegemonía política en la Argentina. Por organización política nueva y porque lleva adelante un programa libertario en lo económico, antiwoke, bastante antiderechos y de absoluto alineamiento con Estados Unidos. Esta elección venidera es un termómetro para ver si LLA/Milei simplemente fue un emergente del hartazgo de gran parte de la sociedad —de izquierda a derecha— con el predominio kirchnerista de las últimas dos décadas o, como cree el gobierno, el intérprete de un drástico cambio político y cultural de la Argentina. 

En esta batalla electoral, el gobierno quería tener enfrente la candidatura de CFK, entendiendo que era una candidatura polarizante y que aglutinaba electorado a su favor. El fallo desbarató esta lectura y estrategia política del oficialismo. A barajar y dar de nuevo.

En quinto lugar, la salida de CFK y la búsqueda del mileísmo de una nueva estrategia electoral para octubre abre la posibilidad, y la necesidad, política de emergencia de una oposición política al agresivo programa político de LLA/Milei y su intención de reelección en 2027. Hasta esta semana, cualquier oposición frontal y relevante al gobierno incorporaba al peronismo en su formato kirchnerista. La posible lenta disolución del kirchnerismo, tanto al interior del peronismo como al exterior del sistema político del país, genera que naturalmente las corrientes opositoras se irán moviendo, entre octubre de 2025 y las presidenciales de 2027, en la conformación de espacios políticos que confluyan al final en un frente de clara confrontación con la política libertaria. Hay que entender que esta política polariza. No confluye en nada y para nadie. Es la política schmittiana de amigo-enemigo. El que debe ahora reorganizarse es el enemigo, es decir, la oposición.

Una encuesta de estos días de una consultora respetada, Zuban Córdoba, señalaba que, en porcentajes redondos, el 55 % de los encuestados entendían que el fallo condenatorio era justo, mientras que el 45 % lo consideraban parcial y proscriptivo. Pero, y este es el dato significativo, dentro del 55 % que adherían al fallo, el 70,9 % eran menores de 30 años. Es decir, en la población joven hay una mayoría que avalaba y creía en lo justo del fallo. 

Quizás haya que comenzar a leer que la población joven, la de presencia y protagonismo público en el corto y mediano plazo, está reclamando otra cosa, tiene otras expectativas.

Brasil en la montaña rusa del Déjà Vu Regulatorio de la IA

Abróchense los cinturones: la inteligencia artificial ya ha invadido la vida cotidiana brasileña como los extraterrestres de Mars Attacks (1996), implosionando certezas y exponiendo vulnerabilidades. No es mera coincidencia que la misma extraña nave espacial aparezca en Bacurau (2019); después de todo, Brasil siempre parece estar lidiando con algún tipo de invasión, ya sea tecnológica, política, cultural o extraterrestre. ¿Qué nos queda ante esta turbulencia? Intentar salir de la zona de impacto, mientras la regulación de la IA se tambalea en el Congreso y el país observa, entre perplejo y resignación, el avance de las máquinas. 

El desafío es monumental: ¿cómo equilibrar la innovación, la soberanía nacional, los derechos fundamentales y la seguridad jurídica sin caer en el viejo dilema del «camino corto»? El debate es antiguo, pero el tiempo apremia. Ya contamos con un mosaico de leyes —la Ley de Acceso a la Información, el Marco de Derechos Civiles en Internet, la Ley General de Protección de Datos—, pero carecemos de una regulación específica para la IA.

Lo cual, por cierto, no es solo nuestro problema. El impasse sobre cómo regular la inteligencia artificial es global. Europa, Estados Unidos y China también buscan a tientas un modelo capaz de equilibrar la innovación y la protección de los derechos, sin frenar el crecimiento ni dejar el futuro en manos invisibles del mercado. Recientemente, el Tribunal Supremo Federal lideró un debate histórico sobre la rendición de cuentas de las grandes tecnológicas. El mensaje es claro: no basta con externalizar las decisiones a algoritmos ni esperar que los gigantes digitales se autorregulen. El Estado debe asumir su papel, y la sociedad debe exigirlo.

Desde 2019, los proyectos de ley sobre IA han estado circulando en el Congreso. En 2022, un comité de expertos legales presentó al Senado el informe que dio lugar al Proyecto de Ley 2338/2023, el llamado «Marco Legal para la Inteligencia Artificial en Brasil». El proyecto superó una intensa consulta pública (35.806 votos a favor y 31.547 en contra), fue aprobado en el Senado y, desde marzo de 2025, espera la aprobación de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, la IA avanza a un ritmo acelerado, sin necesidad de autorización.

En el extranjero, el ritmo es diferente. Según el Índice de IA de Stanford y la Herramienta de Vibración Global 2024, Estados Unidos lidera el ranking mundial de contratación en IA, seguido de cerca por China y el Reino Unido. Brasil, aunque lejos de los líderes, destaca por su crecimiento relativo: fue el segundo país con más contrataciones en 2024, con un crecimiento del 30,8%, solo por detrás de India. El ecosistema nacional de IA se está expandiendo rápidamente, lo cual es positivo, o alarmante, según se mire.

El informe «Valor en Movimiento» de PwC proyecta que la IA podría sumar hasta 13 puntos porcentuales al PIB de Brasil para 2035, si se implementa de forma responsable y con la confianza de la sociedad. Solo en 2025, el impacto estimado es de 130 000 millones de dólares. Big Tech, Big Data, Big Numbers: todo es superlativo en el horizonte digital. Pero mientras el PIB sueña, la privacidad y la autonomía de los ciudadanos se convierten en moneda de cambio. ¿Cómo podemos confiar en tecnologías que utilizan grandes volúmenes de datos sin una regulación adecuada? Esta situación provoca que cada vez más personas rechacen las condiciones que permiten que sus datos personales, recopilados automáticamente por robots en miles de sitios web, se utilicen para entrenar la inteligencia artificial.

El gobierno, al menos en teoría, está intentando avanzar. En 2021, lanzó la Estrategia Brasileña de Inteligencia Artificial (EBIA), reconociendo los impactos transversales de la tecnología. Pero en la práctica, se enfrenta a dos obstáculos: la dificultad de articulación política y la falta de infraestructura soberana. ¿El resultado? Lentitud, desarmonía y una sensación crónica de déjà vu regulatorio. El ritmo de la tecnología es exponencial; el ritmo del Congreso es glacial.

El mayor obstáculo es quizás la insuficiencia de las herramientas regulatorias: leyes arcaicas intentan contener algoritmos que aprenden por sí solos. El resultado es un vacío ético y legal, donde la innovación se desboca y las consecuencias se posponen. Como siempre, el lobby trabaja entre bastidores. Y por si fuera poco, existen desafíos históricos —infraestructuras deficientes, educación desfasada y una burocracia que parece diseñada por Kafka en sus días más inspirados— y también prácticos.

El avance de la IA puede generar crisis en cadenas de producción enteras, y aún se debate poco sobre el enorme impacto ambiental del uso masivo de estas tecnologías. Están apareciendo centros de datos en Sergipe, Alagoas, São Paulo, Río de Janeiro y otros estados, en una fiebre del oro digital que recuerda al viejo ciclo del extractivismo: demasiada prisa, muy poca reflexión.

En cuanto a la infraestructura, seguimos siendo dependientes: no tenemos suficientes cables submarinos ni producimos nuestros propios chips. Mientras tanto, Starlink de Elon Musk cubre el 90% de las ciudades de la Amazonía Legal con internet satelital, llegando a lugares a los que el Estado no puede acceder, incluyendo zonas mineras, según Ibama. Este es el vampirismo de las grandes tecnológicas: capturan miles de millones de dólares en datos mientras nosotros, voluntariamente, ofrecemos nuestra sangre, sudor y privacidad.

Sin embargo, es fundamental no confundir regulación con censura. Regular no significa restringir la libertad de expresión, sino garantizar los derechos, la transparencia y la rendición de cuentas. El debate debe estar informado, no contaminado por falacias ni alarmismo. Regular la IA —y las plataformas digitales— significa crear un entorno seguro para la innovación, protegiendo a la ciudadanía y la democracia.

Entonces, ¿qué debemos hacer como sociedad civil? Leer, informarnos y compartir contenido de calidad. En tiempos de noticias falsas y bravuconería, el contacto visual y la credibilidad personal son armas de resistencia. Es urgente presionar al Congreso y al Gobierno Federal para que prioricen la regulación de la IA. Solo así podremos avanzar en debates igualmente cruciales: cómo garantizar la soberanía digital, democratizar el acceso y educar a la ciudadanía para la inclusión cibercultural.

Brasil, con su potencial en energías renovables, puede cambiar esta situación, si así lo desea. Necesitamos plataformas digitales que respeten nuestros intereses, reglas claras y una infraestructura menos dependiente. No es fácil, pero tampoco imposible. El futuro digital del país depende de nuestra capacidad para salir de la zona de turbulencia y tomar el control del barco. Y si todo sale bien, nuestro grito no será «¡Eureka!», sino «¡Uf!», aliviados de haber dejado finalmente de intentar recuperar el tiempo perdido y, quién sabe, liderado la siguiente ola.

En colaboración con la Red Nacional de Combate a la Desinformación (RNCD) de Brasil, el Ibict y el ICIE, Latinoamérica21, junto con The Conversation Brasil, Brasil de Fato y otras plataformas aliadas impulsamos la difusión de contenidos que promuevan una ciudadanía más informada y crítica, para enfrentar la desinformación, una amenaza creciente para la democracia, la ciencia y los derechos humanos. 

*Este artículo se basó en las sugerencias de los investigadores Marcelo Bressan, Leo Falcão y Rodrigo Ríos, del Laboratorio de Diseño Narrativo, Imaginación y Experiencias (NIX) de la Escuela César, y Marcelo de Carvalho, profesor de la UFF.

Las políticas del Gobierno de Boric hacia el pueblo mapuche son más de lo mismo

Gabriel Boric, el joven presidente proveniente del movimiento estudiantil de la década anterior, asumió su gobierno encarnando la pulsión por el cambio expresado durante el estallido social de 2019 y aupado por el rechazo a la ultraderecha pinochetista que había triunfado en la primera vuelta de la elección presidencial. Pero ya en su primer año, el gobierno mostró que su línea, de cara a la cuestión Mapuche, sería el continuum de dominación del Estado chileno sobre los pueblos indígenas. De hecho, su período ha estado marcado por las luchas de estos pueblos por abrir espacios de participación política, integrar procesos políticos e institucionales, la entrega de propuestas concretas, ataques racistas, militarización de territorios y la sempiterna desilusión por la falta de resultados.

Para comprender las políticas implementadas desde el Estado durante el gobierno de Gabriel Boric, es necesario profundizar en tres puntos fundamentales:  la derrota de la Convención Constitucional y sus consecuencias; el Plan Buen Vivir y el mantenimiento del estado de excepción; y finalmente, la instauración de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.

En primer lugar, la derrota estrepitosa en las urnas de la propuesta constitucional elaborada entre 2021 y 2022 por la Convención Constitucional, dejó huellas persistentes. El proceso había iniciado con la ilusión de la inclusión, por primera vez, de escaños reservados para indígenas (7 mapuche), su primera presidente fue Elisa Loncon, dirigente mapuche, y el borrador incluyó muchas demandas de largo plazo de los pueblos indígenas. Pero la ilusión dio lugar a la decepción tras la derrota por un amplio margen en el plebiscito de septiembre de 2022, siendo además las propuestas indígenas, en particular la plurinacionalidad, señaladas como las grandes responsables de la derrota.

Esto fue interpretado desde la derecha como un portazo de los chilenos a las demandas mapuches, con consecuencias claras en cuanto a la presencia e influencia del movimiento indígena, tanto en las calles como en el proceso constitucional ulterior de 2023, donde sólo hubo un representante indígena, quien luego renunció. Este segundo proceso, coincidió con un aumento del apoyo a la derecha y extrema derecha en las encuestas, con la demonización de las demandas mapuche y la normalización del discurso racista y xenófobo, especialmente en redes sociales, del cual la ex presidenta de la convención, Elisa Loncon, fue la principal víctima.

Este contexto golpeó a la izquierda y a los movimientos y organizaciones sociales chilenas, pero sobre todo al gobierno, quien perdió el control de la agenda. Boric había llegado al poder apoyando medidas de reparación territoriales y derechos colectivos de los mapuche, criticando, a su vez, la utilización del estado de excepción en la zona por parte del gobierno de Sebastián Piñera.

Si bien el gobierno entrante no renovó el estado de excepción, a pocos meses de asumir Boric lo volvió a implementar argumentando el incremento de los ataques incendiarios. En la práctica, se trata de la militarización de la zona con presencia de Carabineros, militares, la Armada y el patrullaje de la aviación para controlar el territorio. Los actos de violencia han disminuido, pero la zona lleva ya más de tres años (prácticamente todo el periodo de Boric) bajo control militar. De esta manera, el Gobierno está recurriendo al mismo recurso que se ha utilizado desde la invasión de esos territorios: la represión y la coerción. El Estado de excepción se ha renovado más de 50 veces.

A partir de 2022, el gobierno de Boric implementó lo que se ha bautizado “Plan Buen Vivir”, en referencia al concepto de la cosmovisión indígena, pero que en este caso refiere a un plan de políticas públicas en medio del estado de emergencia. El plan incluye la construcción de caminos, el acceso a agua potable, inversión en infraestructura para comunidades y diálogo territorial.

A nueve meses de finalizar el gobierno de Boric, se ha presentado el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento creado en 2023 con el objetivo de encontrar soluciones a mediano y largo plazo para el conflicto en la Araucanía. La instancia estuvo conformada por ocho miembros, incluido representantes mapuches de largo recorrido en el movimiento y políticos como Francisco Huenchumilla (Senador) y Adolfo Millabur (ex convencional).

Entre las 21 recomendaciones del informe se incluyen promesas ya sempiternas como el reconocimiento constitucional, la revitalización de la lengua o representación política, u otras más novedosas como la reparación de todas las víctimas de la violencia. Estas medidas fueron respaldadas por siete de los ocho miembros de la Comisión, con la particularidad que uno de los votos positivos fue de una miembro del Partido Republicano (extrema derecha) quien acusó presiones de su partido para rechazar el informe. Como consecuencia, esta debió renunciar a su partido.

Las recomendaciones han sido recibidas con moderación y cautela porque plantean demandas históricas como el hacerse cargo de la apropiación de las tierras por parte del Estado, génesis del conflicto. Y es que, a lo largo de las últimas décadas, muchas instancias han generado la ilusión de poner fin al conflicto, pero finalmente han quedado aparcadas en algún escritorio. Además, muchas de estas recomendaciones deben seguir su debido proceso legislativo lo cual termina dependiendo del calendario electoral.

A nueve meses del final del mandato parece ilusorio pensar que estas iniciativas se vayan a poder concretar, sobre todo teniendo en cuenta que es muy probable que en las próximas elecciones se imponga la derecha pinochetista. En este marco, incluso hasta el propio nombre de la Comisión: por la “Paz y el Entendimiento”, en un territorio militarizado parece irónico.

Por lo tanto, podemos decir que las políticas implementadas durante el gobierno de Boric con respecto a los mapuche representan más una continuidad con los gobiernos anteriores, que un verdadero intento por poner fin al conflicto.

¿Hacia dónde va la cooperación de la UE en Latinoamérica?

Aunque existe una preocupación por la ausencia de la Unión Europea en asumir el vacío dejado por USAID en América Latina, esto no significa que no existan ventanas de oportunidades de cooperación para fortalecer los lazos entre ambas regiones. En julio del 2023, por ejemplo, la Comisión Europea anunció una inversión de 45.000 millones de euros para profundizar y fortalecer las relaciones. Según la CAF, entre los temas de la agenda de cooperación, se mencionaron proyectos que “van desde la producción de hidrógeno limpio, materias primas críticas o la ampliación de la red de cableado de datos de alto rendimiento, hasta la producción de vacunas más avanzadas”.

La agenda de la UE en América Latina y el Caribe tiene como principales objetivos la lucha contra el cambio climático y el incentivo a las energías renovables, el fortalecimiento de los servicios digitales, la electromovilidad y asignación de un nuevo papel a los recursos naturales, mediante la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de la industria agrícola. No obstante, existen algunos obstáculos para que esta cooperación se profundice de manera adecuada.

Comercio existente

América Latina y el Caribe y la UE tienen una relación estrecha. Según datos de la CAF, la UE es el tercer socio comercial más importante para la región, detrás de Estados Unidos y China. Además, el viejo continente es la principal fuente de inversión extranjera directa, con un stock acumulado estimado en 800.000 millones de euros para el 2023. Para este entonces, las empresas europeas habían invertido más en América Latina y el Caribe que sus pares en China, Japón, Rusia e India juntos. Esto demuestra que las relaciones, actualmente, no solo están en un buen estado, sino que tiene un potencial de crecimiento importante.

Según datos de la misma institución, en 2022 el comercio total de mercancías entre la UE y Latinoamérica fue de 293.090 millones de euros. Esto es equivalente al 4.8% de las importaciones de afuera de la UE y al 5.8% del total de las exportaciones fuera de la UE. Además, entre 2013 y 2022, hubo un aumento del 59% de importaciones y 37% de las exportaciones entre estas dos regiones. Esto evidencia un rápido incremento en las relaciones comerciales.

El proceso también fue acompañado por una relación relativamente equilibrada, pues el superávit de la UE es solo de 5.000 millones de euros. Ese valor es mucho menor si se compara con Estados Unidos; en 2023 tuvo un superávit comercial con la región de 27.150 millones de dólares. Para China, el valor para el mismo año fue de 33.000 millones de dólares. Por esto, la UE tiene una legitimidad importante con la región al ofrecer una relación comercial y económica más equilibrada que sus pares. Entonces, es importante analizar dónde están enfocados los proyectos de inversión y cooperación en América Latina.

América Latina en las inversiones de la UE

Estas son solo algunas de las iniciativas de inversión por parte de la UE en América Latina y el Caribe anunciadas en el 2023.

En América del Sur, en Argentina hay proyectos vinculados a la transmisión energética, programas de desarrollo rural, movilidad sostenible, transición energética –en especial en hidrógeno verde– al igual que en materias primas críticas, mejor manejo de residuos y apoyo a pequeñas y medianas empresas para la economía verde. El enfoque en Brasil está en proyectos de energía renovable, modernización de sistemas de saneamiento y agua, iniciativas a proteger bosques tropicales y apoyo a pequeñas y medianas empresas en tecnologías verdes. Por su parte, en Uruguay la inversión estará dirigida a agua y saneamiento, impulso a la movilidad urbana eléctrica y producción de hidrógeno. Y en Chile, la UE se enfocará en producción de hidrógeno, transporte y producción de combustible neutro en carbono.

Hacia el centro del continente, en Colombia el enfoque está en economía sostenible, e-movilidad y en el esfuerzo para llegar en 2026 a un 85% de conectividad digital para la población. Para Costa Rica las prioridades son proyectos de salud, e-movilidad y bonos verdes. Y en Panamá, la UE se enfocará en proyectos de energía en transición, la descarbonización del Canal, la transformación digital, el sector biofarmacéutico y vacunas.

Dificultades

De todos modos, existe una falta de alineación de las necesidades y las soluciones entre las partes. Esto no solo dificulta los proyectos mencionados anteriormente, sino también aquellos dirigidos a apoyar la creación de empresas de innovación en América Latina y el Caribe. Según un informe de la EU-Lac Foundation, existe una desconexión importante entre los objetivos claros por parte de los actores del ecosistema de innovación y la compresión de lo que los empresarios pretender conseguir. Igualmente, el acceso limitado a las reuniones internacionales ha dificultado la creación de relaciones sostenibles y oportunidades de establecer contacto. Además, la desconexión entre las preocupaciones y necesidades de las contrapartes potenciales deriva en soluciones menos significativas y eficaces, incapaces de abordar estas cuestiones con eficacia.

En segundo lugar, en América Latina y el Caribe existe una brecha de talento en temas como la sostenibilidad, la internacionalización de industrias y la industria digital que limitan el accionar y capacidad de innovación de la región. Las barreras lingüísticas también han afectado la generación de asociaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe que puedan transferir este conocimiento.

En tercer lugar, la diferencia entre los marcos normativos de la UE, con un enfoque más preventivo y estructurado, y América Latina y el Caribe, mucho más flexibles para promover temas de innovación, y menos fijos a largo plazo, hacen que las inversiones, tanto en dinero y tiempo, puedan a veces ser exhaustivas.

Aprovechar la oportunidad

La Unión Europea y América Latina y el Caribe tiene aún mucho potencial de crecimiento. No solo en temas económico y comerciales, sino también en temas de cooperación internacional. Adicionalmente, existe una clara intención por parte del viejo continente de aumentar sus niveles de cooperación, aun cuando no logre asumir el vacío de USAID.

No obstante, es importante tener en cuenta que existen una serie de riesgos operativos que afectan la eficacia y el nivel de cooperación e inversión entre las partes. De esta manera, si América Latina y el Caribe quiere aprovechar la inversión de la UE deberá trabajar para disminuir estas dificultades. De lo contrario, la UE podría perder su interés en la región y América Latina y el Caribe perdería una oportunidad dorada para diversificar sus fuentes de cooperación internacional.