Una región, todas las voces

¿Por qué algunos padres no toman las licencias parentales? 

Los hombres no suelen tomar los permisos de natalidad al hacerse padres. Alrededor de 90 de 187 países ofrecen licencia de paternidad remunerada legal, generalmente por unos días o semanas. A pesar de ello, su uso sigue siendo bajo por varias razones que van más allá de un simple dato anecdótico: es un síntoma profundo de cómo operan los roles de género en nuestra sociedad. 

Aún hoy persisten normas sociales que asocian el cuidado de los hijos principalmente con la madre. A muchos hombres se les enseña desde pequeños que su papel principal en la familia es el de proveedor, no el de cuidador. Tomar una licencia de paternidad puede ser visto como una “debilidad” o como una falta de compromiso con el trabajo, lo que genera temor a represalias laborales o a frenar el avance profesional. En culturas empresariales muy competitivas, esto puede ser especialmente disuasorio.

Por otro lado, hay barreras económicas y de diseño en las políticas. En algunos países o empresas, los permisos para padres son cortos, mal remunerados o no obligatorios, lo que desincentiva su uso. Además, si la familia depende más del ingreso del padre (por brechas salariales u otras razones), tomar una licencia puede representar una pérdida económica significativa. 

Cuando los padres eligen no tomarse el tiempo que la ley les otorga para cuidar de sus hijos recién nacidos, envían —intencionalmente o no— un mensaje claro: que el cuidado infantil sigue siendo responsabilidad principal de las mujeres. Esta omisión, repetida y generalizada, tiene consecuencias sistémicas tanto en el hogar como en el mundo laboral.

¿Por qué esto refuerza la desigualdad?

Las madres, al asumir solas la licencia parental y gran parte del cuidado cotidiano, quedan más expuestas a pausas en su carrera profesional, empleos de medio tiempo o renuncias a puestos de mayor exigencia horaria. Mientras tanto, los hombres conservan su continuidad laboral, aumentando así su capital profesional y su potencial de ascenso.

En el campo laboral, esta dinámica perpetúa el sesgo de género en la contratación y promoción. Las empresas asumen que una mujer joven probablemente se ausentará por maternidad y cuidado de hijos, mientras que los hombres no. Esto se traduce en menores oportunidades de ascenso para las mujeres, más trabas para asumir roles de liderazgo y, en definitiva, una brecha salarial que no se cierra, incluso cuando mujeres y hombres tienen igual formación y desempeño.

Además, se genera un círculo vicioso: si los hombres no toman las licencias, se convierte en una norma informal no hacerlo, alimentando el estigma para aquellos que sí desean ejercer su rol de cuidado. Algunos estudios muestran que muchos padres que desean tomar la licencia enfrentan presión social o miedo a ser penalizados laboralmente. Así, se normaliza que el hombre es proveedor y la mujer cuidadora, incluso en contextos donde ambos trabajan fuera del hogar.

Existen estadísticas que evidencian la baja participación de los hombres en los permisos de paternidad

En Reino Unido, solo el 31,6% de los padres elegibles toman el permiso de paternidad, a pesar de que la política actual es de dos semanas de licencia remunerada. En Francia aproximadamente el 40% de los padres toman el permiso de paternidad. En Japón, aunque la ley permite hasta un año de permiso de paternidad, solo el 30% de los padres lo toman, debido a normas laborales rígidas y expectativas culturales. Similar a Corea del Sur, donde el 17% de los padres se acogen a la licencia a pesar de que la política permite hasta 53 semanas de licencia remunerada. 

En los Estados Unidos de América no existe una política federal de licencia de paternidad remunerada, lo que lleva a una muy baja participación de los padres a involucrarse en los cuidados de los hijos, a diferencia de Canadá, donde sí existen los permisos, pero aun así solo el 35% de los padres los disfrutan. En América Latina vemos que entre Brasil y Chile solo un 27% y un 12% respectivamente lo toman, a pesar de que la ley lo permite y muchas empresas lo otorgan más allá de lo previsto en la legislación.

Todas estas cifras reflejan cómo las normas culturales, las políticas laborales y las expectativas sociales influyen en la participación de los hombres en los permisos de paternidad a nivel mundial. 

Para que los hombres tomen más permisos de natalidad, es necesario que las políticas sean igualitarias, bien pagadas, obligatorias y socialmente valoradas. Así, se empieza a repartir equitativamente la carga del cuidado y se rompe con los estereotipos de género desde los primeros días de crianza.

Premiar el presentismo laboral, la gran barrera

Claudia Goldin —Premio Nobel de Economía en 2023— ha investigado ampliamente cómo el presentismo sigue siendo valorado en muchas empresas y cómo esto impacta negativamente en las mujeres, especialmente en su progreso profesional y salarial. El presentismo es la creencia de que estar físicamente presente en el lugar de trabajo por muchas horas (más allá de los resultados o la productividad) es señal de compromiso o valor profesional. 

Goldin ha mostrado que las carreras mejor remuneradas tienden a premiar la disponibilidad total (24/7), lo que penaliza a quienes no pueden trabajar de forma continua e inflexible, como muchas mujeres con responsabilidades de cuidado. Incluso en sectores con alta participación femenina, como la medicina o el derecho, los puestos más altos tienden a exigir horarios impredecibles y largas jornadas. Esto lleva a que muchas mujeres opten por roles con más flexibilidad pero menor paga o proyección, lo que contribuye a la persistente brecha salarial de género.

El problema no es solo la falta de políticas de conciliación, sino que el sistema valora más el tiempo que la eficiencia. Esto desincentiva modelos de trabajo flexibles, aun cuando la tecnología ya permite nuevas formas de organización laboral. En palabras de Goldin: “El problema no es tanto la discriminación directa, sino la estructura del trabajo que castiga la flexibilidad”.

La brecha salarial desincentiva que los hombres tomen el permiso

En muchas parejas heterosexuales, el hombre gana más que la mujer. Esta diferencia de ingreso, que puede parecer racional al decidir quién se queda en casa, en realidad es el resultado de años de desigualdad estructural. Entonces, cuando nace un hijo, la lógica económica familiar muchas veces lleva a que la mujer se tome el permiso y no el hombre, porque así “se pierde menos ingreso”. Esta decisión, aunque práctica en el corto plazo, refuerza el rol de la mujer como cuidadora y del hombre como proveedor, perpetuando estereotipos que luego se reflejan en decisiones laborales futuras.

Numerosos estudios muestran que las mujeres experimentan lo que se conoce como la “penalización por maternidad”: después de tener hijos, su progreso laboral se ralentiza, sus oportunidades de ascenso disminuyen y, en algunos casos, sus ingresos caen. En contraste, los hombres no solo no son penalizados por ser padres, sino que a menudo reciben un “bono por paternidad” en percepción de estabilidad o compromiso laboral.

Esto ocurre, en parte, porque ellos no se ausentan del trabajo por períodos prolongados, a diferencia de muchas mujeres. El uso desigual de los permisos refuerza esta brecha salarial, creando una espiral donde la mujer pierde poder adquisitivo y autonomía económica, lo cual vuelve a influir en futuras decisiones familiares. Cuando las mujeres asumen la mayor parte del cuidado infantil, reducen su participación plena en el mercado laboral: trabajan menos horas, eligen empleos más flexibles pero peor pagados o renuncian a oportunidades de liderazgo. Esto consolida la brecha salarial, que a su vez refuerza el patrón de que ellas sean quienes deben seguir haciéndose cargo del hogar, porque “ganan menos”.

¿Qué se puede hacer?

Para lograr una transformación real, se necesitan cambios profundos. Las empresas deben dejar de valorar únicamente la presencia física y apostar por sistemas de trabajo basados en resultados, flexibilidad y corresponsabilidad. A su vez, las políticas públicas deben garantizar permisos parentales equitativos, bien remunerados y obligatorios para ambos progenitores. Solo cuando el cuidado sea compartido y el trabajo se organice con perspectiva de género, podremos hablar de igualdad real y sostenida en el mundo profesional.

Romper con este patrón requiere más que políticas bien redactadas; implica un cambio cultural profundo que valore el rol de los hombres como cuidadores y el de las mujeres como líderes. Mientras el cuidado no se distribuya de manera equitativa desde el nacimiento, las mujeres seguirán enfrentando desventajas en el mundo del trabajo y los hombres seguirán perdiéndose la oportunidad de ser padres presentes desde el primer día.

¿Qué es el ICE y a quién aterroriza en EE. UU.?

El viernes 6 de junio, una ola de protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la política migratoria de Donald Trump cobró fuerza en las calles de Los Ángeles y Paramount. Agentes del ICE llevaron a cabo operativos de búsqueda y detención contra trabajadores indocumentados. Al menos 44 personas fueron arrestadas violentamente por agentes enmascarados y llevadas al edificio federal del ICE en el centro de Los Ángeles.

Las detenciones sin orden judicial generaron críticas por el uso excesivo de la fuerza, posibles violaciones de derechos y discriminación racial. La mayoría de los detenidos eran trabajadores de bajos ingresos, muchos no eran indocumentados y ni siquiera tenían antecedentes penales. También había líderes comunitarios. Al final de la tarde, las protestas aumentaron frente a este edificio, pero fueron violentamente reprimidas, seguidas de un aumento de las protestas en las calles de la ciudad.

La policía de Los Ángeles, el FBI y, desde el sábado, 2.000 efectivos de la Guardia Nacional han sido convocados, sin que el gobernador del estado, Gavin Newsom, haya solicitado previamente ayuda. Se trata de una medida sin precedentes en el país en los últimos sesenta años. El Pentágono anunció entonces el envío de 700 marines como refuerzos. Todo con el objetivo de restablecer el orden y garantizar la continuidad de las operaciones del ICE.

A pesar de la magnitud de la movilización, los medios de comunicación se limitan a presentar al ICE simplemente como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Rara vez explican qué es realmente, quién lo comanda, cómo opera, en qué contexto histórico surgió o cuál es su postura sobre quién debe ser vigilado, detenido o deportado.

El 11 de septiembre está entre nosotros

El ICE es una de las agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), creado en Estados Unidos en 2002, tras los atentados del 11 de septiembre. Inicialmente, el DHS se centró en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, la presencia de ciertos grupos extranjeros pronto comenzó a considerarse un asunto de seguridad nacional. El DHS comenzó a actuar contra extranjeros, incluso si no estaban relacionados con el terrorismo. En 2003, se creó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) junto con el ICE. La CBP controla las fronteras, mientras que el ICE opera en el interior del país.

Desde entonces, el ICE se ha visto afectado por denuncias de abusos y violaciones. Estas se intensificaron durante la administración Obama, con el programa «Comunidades Seguras» de 2008. Este controvertido programa permitió a los agentes de policía actuar como agentes de inmigración, identificando a personas para su deportación y enviándolas a custodia del ICE. El centro adquirió mayor notoriedad durante la administración Trump, con la política de «Tolerancia Cero», que provocó un aumento de las detenciones y deportaciones, incluyendo separaciones familiares. Ahora, ha vuelto a los titulares con los conflictos en California.

Republicanos y demócratas

Aunque las críticas a la administración Trump son comunes, el ICE no es una creación exclusiva de los republicanos. Su fundación se originó gracias al apoyo bipartidista durante la administración de George W. Bush y con el voto de demócratas como Joe Biden, Barack Obama y Hillary Clinton. El DHS, al que está vinculado el ICE, es una agencia estatal permanente, parte de la estructura del gobierno estadounidense, y no una creación temporal o unipartidista. Ambos partidos, a pesar de discursos ligeramente diferentes, apoyan políticas migratorias estrictas y excluyentes.

No olvidemos que los demócratas suelen suavizar su discurso, pero mantienen prácticas firmes. Durante la administración Obama, por ejemplo, alcanzamos cifras récord de deportaciones. Kamala, a pesar de su tono progresista, durante la administración Biden, viajó por Latinoamérica firmando acuerdos para bloquear el ingreso de extranjeros no deseados. La represión es compartida, aunque con un lenguaje y una estrategia política diferentes.

¡Sonríe, te han robado los datos!

Al ver imágenes del conflicto en California, uno podría preguntarse: ¿cómo logra el ICE localizar lugares de trabajo, trabajadores y activistas políticos? Este es otro punto poco discutido sobre el ICE: su conexión con los servicios de minería de datos de Palantir Technologies. Inicialmente financiada por la CIA en 2003, poco después del 11-S y la creación del DHS, esta gran empresa tecnológica nació en Silicon Valley con un discurso nacionalista y prooccidental y una misión: rastrear posibles «amenazas» a la seguridad nacional. Desde entonces, se ha vuelto esencial para el ICE en la elaboración de perfiles sociales de extranjeros indocumentados.

Datos biométricos y personales, como ubicación, mensajes de texto y contactos de plataformas como WhatsApp, Facebook, Instagram e incluso SMS, son extraídos por Palantir y transmitidos al ICE mediante contratos millonarios pagados con dinero de contribuyentes, tanto documentados como indocumentados, que trabajan en Estados Unidos. Esta infraestructura digital se fortaleció con Obama, se radicalizó con Trump y sigue activa. Curiosamente, el nombre «Palantir» proviene del universo de El Señor de los Anillos, de J. R. R. Tolkien.

Los artefactos creados por los elfos, los Palantíri, servirían para monitorear amenazas, mantener el orden y preservar las alianzas entre reinos. En esta historia, nosotros, los latinoamericanos, somos la amenaza que debe ser rastreada por el ICE. No nos referimos solo a los trabajadores indocumentados, sino a todos aquellos que no forman parte de lo que Estados Unidos y sus aliados definen como «Occidente».

Laboratorios de represión, violencia y vigilancia

Informes de investigación muestran que esta agencia mantiene fuertes vínculos con el ejército israelí, lo que refleja los profundos vínculos entre el DHS y el sionismo, que utiliza tecnologías avanzadas para exterminar a los palestinos en Palestina. Big Techs como la propia Palantir, además de gigantes militares de EE. UU. (Northrop Grumman, Boeing, Lockheed Martin, General Dynamics y RTX) e Israel (Elbit Systems), tienen operaciones directas en zonas de conflicto y control fronterizo. Verdaderos laboratorios a cielo abierto.

Con profesionales en altos cargos gubernamentales o financiando campañas electorales, estas empresas aseguran contratos multimillonarios para vender armas en las fronteras de México y Gaza. Aplican tecnología armamentística y minería de datos para reprimir y dominar a poblaciones enteras. En palabras de Alex Karp, director ejecutivo de Palantir, «Los tiempos difíciles significan finanzas nacionales sólidas. Los tiempos difíciles son muy buenos para Palantir».

Esto deja claro que el conflicto va más allá del problema migratorio. Es una sádica lucha racial y de clases. Aunque es prematuro predecir el impacto que las protestas en California tendrán en las políticas sociales y laborales de Estados Unidos, algo es cierto: revelan una ola de insatisfacción. Esta insatisfacción proviene de trabajadores (documentados o indocumentados), en su mayoría empleados en empleos mal remunerados con protección social.

Es la insatisfacción con un mundo sumido en una crisis cuidadosamente preparada desde 2008. Una crisis que, por un lado, ha enriquecido exponencialmente a las empresas de Silicon Valley y a la industria armamentística en Estados Unidos, y por otro, ha impulsado políticas de austeridad hacia poblaciones históricamente marginadas como única salida. El discurso del terror se ha transformado en una eficaz política de control y exterminio.

Centros de datos y el lugar de Brasil en el mundo

En la era de la virtualidad y la computación en la nube, la necesidad de servidores terrestres es una venganza no solo geográfica, sino del mundo físico en su conjunto. Desde las ventas en línea hasta la IA, incluyendo aplicaciones de mensajería y localización, todo lo que conforma el ciberespacio depende del almacenamiento de información en servidores reales, que están hechos de materia y ocupan espacio. Como todo en el mundo real, los servidores están sujetos a leyes termodinámicas que vinculan trabajo, calor y energía. Finalmente, los centros de datos son estructuras fundamentales para la Industria 4.0. Por lo tanto, definir dónde instalarlos termina siendo una cuestión geopolítica.

Como centros neurálgicos de una cadena de valor que mueve miles de millones de dólares y permea todo el ciberespacio, compuesta por cientos de miles de discos duros administrados por menos de cien personas, los centros de datos consumen mucha energía y agua. En ambos casos, la mayor demanda se destina a la refrigeración de los procesadores. En 2022, el consumo de energía en los centros de datos representó poco más del 1% del consumo mundial. Por un lado, se está trabajando intensamente para mejorar la eficiencia energética del sector. Por otro lado, dada la creciente demanda de centros de datos y aplicando la paradoja de Jevons (una mayor eficiencia en el uso de un recurso conlleva un mayor consumo), cabe esperar que la proporción de energía que consumen aumente en los próximos años.

Por todas estas razones, nuestra región ha entrado en el radar de las grandes tecnológicas y de los gobiernos de los países donde tienen su sede. Ya se está construyendo un centro de datos de Amazon en la ciudad de Querétaro, un municipio del centro de México, y otro para Google en la ciudad de Colonia Nicolich, cerca de la capital de Uruguay.

La semana pasada, Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos, sugirió en una audiencia en el Senado la instalación de centros de datos en Paraguay. Rubio explicó que, por un lado, el desarrollo de la IA implicará un aumento en el consumo energético y, por otro, Paraguay aún no sabe qué hacer con el excedente de su parte de la energía generada por la represa de Itaipú, central que comparte con Brasil.

La semana pasada también supimos que TikTok planea construir un centro de datos en el municipio de Cacuia, en el estado de Ceará en Brasil. La decisión de ubicarlo se debió a dos factores. Su ubicación estratégica en la costa noreste permite a la ciudad estar cerca de la intersección de cables submarinos de internet. Además, el hecho de que Ceará sea un importante productor de energía solar y eólica también influyó a su favor. Cabe destacar que, si bien Ceará cuenta con un amplio suministro de energía, no ocurre lo mismo con el agua. De hecho, la escasez de agua es una constante en Cacuia.

Existen al menos dos proyectos de ley en el Congreso brasileño sobre este tema: el 2.338/2023, sobre IA en general, y el 3.018/2024, que aborda específicamente los centros de datos de IA. Sin embargo, tanto dentro como fuera del Congreso, lo que ha prevalecido, especialmente entre los empresarios, es la búsqueda de marcos legales que hagan a Brasil atractivo para la instalación de estas estructuras. Como regla general, el argumento utilizado es que con una de las matrices energéticas más limpias del mundo, Brasil podría recibir una gran cantidad de centros de datos.

Este razonamiento pone de relieve lo que algunos llamarían la falta de un proyecto de desarrollo y de proyección nacional. Otros dirían que este es el proyecto: renovar las credenciales como país dependiente y subordinado. Ahora bien, por un lado, los atributos brasileños serían el potencial para generar energía limpia y la disponibilidad de agua; por otro, el país acogería instalaciones que emplean a pocas personas y cuya tecnología provendría íntegramente del extranjero. La contribución a la reducción de los costos operativos y la huella ambiental de las grandes tecnológicas se lograría mediante el fortalecimiento del rentismo y la reprimarización de las economías en vías de desarrollo.

Es urgente que la sociedad en su conjunto se involucre en este debate. Vivimos en una época de transición tecnológica, con impactos en la producción, el consumo, las relaciones humanas y la política. Vivimos en una época de transición hegemónica: pronto China reemplazará a Estados Unidos como el país más poderoso del mundo.

El debate sobre la política de centros de datos es solo una pequeña parte de un debate más profundo: ¿dónde quiere estar Brasil en el período histórico que se está desarrollando? O, dicho de otro modo, ¿cuál será el lugar de Basil en el mundo de la Industria 4.0 y en el mundo de la hegemonía china?

No se trata de oponernos a este o aquel país. Si no hay un proyecto que promueva un ecosistema de innovación industrial genuinamente brasileño, los brasileños estaremos condenados a la dependencia y la subordinación. Sin un proyecto, simplemente cambiaremos el país al que nos someteremos. 

Brasil y los países de la región necesitan una política que absorba las tecnologías de la Industria 4.0 existente. De lo contrario, nuestra mano de obra cualificada tendrá que elegir entre emigrar, desarrollar labores por debajo de su potencial o trabajar en sus países pero para empresas extranjeras. De lo contrario, seguiremos dependiendo del sector primario, que concentra la renta y genera pocos empleos, en su mayoría de baja cualificación.

No podemos engañarnos pensando que se trata de un asunto menor o puramente técnico. Si bien superficialmente existen las normas y estándares técnicos para la instalación de estas plantas, en esencia se trata de lo que se puede y no se puede hacer con los recursos naturales y humanos. Se trata del papel que queremos desempeñar en la producción, circulación y apropiación de la riqueza internacional, ya sea como plataforma para la acumulación de empresas extranjeras o como actor relevante en la dirección de la economía y la política globales.

Reimaginar el Caribe: del turismo extractivo al desarrollo inclusivo

La imagen idílica del Caribe como un paraíso de playas blancas, palmeras y aguas turquesas ha sido una construcción repetida hasta la saciedad por la industria turística internacional. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en el precio que pagan las comunidades locales y los ecosistemas para sostener ese ideal. Hoy, más que nunca, urge repensar el modelo turístico del Caribe, pasando de uno extractivo, desigual y dependiente, a uno que sea sostenible, inclusivo y respetuoso de su diversidad cultural y ambiental.

La pandemia de COVID-19 evidenció la enorme vulnerabilidad del turismo caribeño. Con el cierre de fronteras y la parálisis de la movilidad internacional, muchas economías de la región quedaron virtualmente congeladas. Esta dependencia extrema del turismo internacional no solo expone debilidades económicas, sino también revela profundas desigualdades: los beneficios suelen concentrarse en grandes cadenas hoteleras extranjeras, mientras que las comunidades locales permanecen al margen, enfrentando precariedad laboral, desplazamientos territoriales y daños a sus medios de vida.

El modelo dominante de turismo en el Caribe, basado en el turismo de masas y el crucerismo, ha contribuido a la estandarización de la experiencia turística. Así lo refleja la llegada de 34.2 millones de turistas internacionales a la región en 2024, según la Caribbean Tourism Organization, de los cuales el sector de cruceros, que registró un notable repunte ese año, representa 33.7 millones de visitas, un 98.5% del total de visitantes. Como bien alertaba el poeta Derek Walcott, esta visión comercial cosifica la identidad caribeña a una postal superficial, vendida en folletos que ignoran la riqueza cultural y la diversidad histórica de las islas. Las escalas cortas de los cruceros y los paquetes todo incluido desincentivan el contacto con la comunidad, homogenizan los destinos y limitan el impacto económico local.

A pesar de que este sector generó más de 4.26 mil millones de dólares en gastos directos y creó más de 94,000 empleos durante la temporada 2023/2024, se requiere impulsar una transformación real del turismo en el Caribe que debe comenzar por revisar los cimientos sobre los cuales se ha desarrollado. Para el desarrollo del turismo y las comunidades caribeñas, la conectividad y el transporte son de vital importancia. Sin embargo, el transporte marítimo en la región ha tenido un desarrollo fragmentado y no se ha capitalizado completamente. Aunque las islas están geográficamente próximas, la conectividad intracaribeña sigue siendo limitada en comparación con las conexiones externas, y los servicios de ferry enfrentan numerosos desafíos: infraestructura obsoleta e insuficiente, ineficiencias tecnológicas y de procesos, procedimientos aduaneros y migratorios poco armonizados, y la ausencia de una política regional unificada.

Superar estas barreras implica invertir en infraestructura portuaria moderna, armonizar los procesos aduaneros y migratorios, y establecer acuerdos regionales que permitan una movilidad más fluida entre países del Caribe. Esta mejora no solo permitiría el turismo entre islas, una alternativa más sostenible y descentralizada que proteja y fomente la cultura y el patrimonio de los pueblos diversos del caribe, sino que también abriría la posibilidad de promover la experiencia del Caribe como una región integrada. Fortalecer la conectividad desde adentro es clave para diversificar la economía, reducir la dependencia de los mercados emisores del norte global y construir una identidad turística más sólida, arraigada en las dinámicas culturales, sociales y económicas propias del Caribe.

Otro eje fundamental para transformar el turismo es el fortalecer las iniciativas de turismo comunitario (CBT, por sus siglas en inglés). A diferencia del modelo extractivo, el CBT se basa en la participación activa de las comunidades, el respeto a sus formas de vida, y la oferta de experiencias auténticas centradas en la cultura, la gastronomía, la naturaleza y las tradiciones locales. Como ejemplo, Santa Lucía con su Agencia de Turismo Comunitario, llevan décadas priorizando el CBT, mientras que Trinidad y Tobago está desarrollando una política nacional en este sentido. Sin embargo, la ausencia de datos sobre los impactos económicos, ambientales y sociales limitan un compromiso político firme para apoyar estas iniciativas.

Para que el CBT no quede como una iniciativa marginal o simbólica, es fundamental garantizar el acceso a financiamiento, proporcionar formación en gestión turística y hospitalidad, y desarrollar marcos regulatorios que reconozcan su valor económico, ambiental y cultural. Además, deben articularse sistemas de monitoreo e indicadores que visibilicen su impacto real en las comunidades, para poder sostenerlo y escalarlo. Estas acciones permitirían construir una industria más inclusiva, que redistribuya beneficios y empodere a los actores locales como verdaderos protagonistas del desarrollo.

Pero no podemos hablar de sostenibilidad sin abordar el impacto ecológico del turismo. El Caribe es una región de alta vulnerabilidad climática. Los huracanes, la elevación del nivel del mar y la degradación costera son amenazas que se intensifican con el cambio climático. Los desarrollos turísticos mal planificados, muchas veces ubicados en zonas de riesgo, no solo agravan estos problemas, sino que también multiplican los costos sociales y económicos tras cada desastre.

Por ello, resulta urgente fortalecer la resiliencia territorial del sector turístico. Esto incluye la aplicación rigurosa de códigos de construcción resistentes a fenómenos naturales, la planificación territorial basada en análisis de riesgo, y la restauración de ecosistemas costeros como barreras naturales frente a tormentas y erosión. Además, se deben exigir estándares ambientales más estrictos para proyectos turísticos, evitando la destrucción de manglares, arrecifes o dunas que son esenciales para la protección de las comunidades.

La transición hacia un turismo más justo y resiliente en el Caribe requiere redefinir los indicadores de éxito en la industria turística. Durante décadas, se ha medido el progreso por el número de visitantes o los ingresos brutos, sin considerar cómo se distribuyen estos ingresos, qué impacto tienen en los ecosistemas o qué legado dejan en las comunidades. Es urgente adoptar una métrica alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incorpore dimensiones sociales, culturales y ecológicas.

En este proceso, la Asociación de Estados del Caribe (AEC), que reúne a 25 Estados miembros y 10 asociados del Gran Caribe, desempeña un papel estratégico al promover la integración regional como motor del desarrollo económico y la proyección internacional. Ante desafíos estructurales como la falta de infraestructura, las diferencias culturales y la dependencia externa, es fundamental impulsar políticas clave como el fortalecimiento de la conectividad, la ampliación del intercambio comercial y el posicionamiento del Caribe como un destino regional diverso y articulado. Reimaginar el turismo en la región no significa solo optimizar su funcionamiento, sino transformarlo de manera profunda, dejando atrás un modelo extractivo y avanzando hacia uno verdaderamente sostenible, inclusivo y resiliente.

La inteligencia artificial ya está regulada, pero no por ti

Imagina que vives en un edificio. Pero no elegiste al administrador ni conoces al conserje con quien compartes los pasillos. Todas las normas del condominio, desde el encendido de las luces, el funcionamiento de los ascensores, el uso de las cámaras de seguridad y la distribución del agua, están definidas por una empresa extranjera que nunca has conocido en persona. Esta empresa recopila datos sobre tus hábitos: a qué hora sales, con quién hablas en el ascensor e incluso si dormiste bien, basándose en el patrón de tu roce con el pomo de la puerta.

Un día, descubres que toda esta información, incluyendo datos íntimos, terminó en manos de una farmacia que decidió comprar tu «perfil». Tus horarios, tus conversaciones, tu rutina, incluso fotos tuyas, todo fue filtrado, comercializado o utilizado en decisiones que nunca autorizaste. Un vecino te cuenta que recibió un anuncio extraño de medicamentos, basado en la información de su refrigerador inteligente. Y desde hace semanas, alguien en el condominio comenta que el «algoritmo» predijo que no pagarías la renta del mes siguiente.

Estás indignado, y con razón. Seguramente pensarías en llamar a la policía, emprender acciones legales, solicitar una junta de vecinos, exigir tus derechos. Pero nada de eso es posible en este edificio.

El administrador del edificio vive en otro país, porque en realidad es un supervisor que gestiona docenas de edificios a la vez mediante un «algoritmo». Y, por contrato, la empresa que lo gestiona todo no está sujeta a las leyes locales. No puede ser citada aquí, no asiste a las reuniones y solo se comunica mediante notificaciones del chatbot de la aplicación.

Lo que podría ser un episodio más de Black Mirror no dista mucho de lo que ya ocurre en nuestras vidas gracias a los sistemas de inteligencia artificial (IA) operados por las grandes empresas tecnológicas. Ya regulan lo que vemos, lo que consumimos, lo que creemos elegir. Y lo más grave es que esta regulación no la lleva a cabo ningún organismo público o democrático; se realiza de forma privada, opaca y remota.

La IA ya está regulada por quienes la controlan

Plataformas como OpenAI, Meta, Google y Microsoft toman decisiones constantemente sobre lo que sus sistemas pueden y no pueden hacer. Definen, por sí mismas, qué se considerará peligroso, inaceptable, verdadero o inexacto. Con base en criterios opacos, deciden qué contenido gana visibilidad y cuál se ocultará, qué usos están permitidos y cuáles deben bloquearse. Estas son decisiones de gran impacto, tomadas de forma centralizada, sin ningún proceso democrático. No se someten a consulta pública, no están sujetas a la legislación brasileña y no tienen en cuenta los contextos culturales, sociales y económicos de nuestro país.

Estas empresas a menudo afirman que siguen pautas éticas y que la tecnología se utiliza de forma responsable. Sin embargo, la gobernanza real de estas plataformas es limitada. Crean consejos asesores de ética y responsabilidad, pero con un poder ficticio, a menudo meramente simbólico. Publican informes de impacto, pero estos documentos son elaborados por ellos mismos, con poca transparencia en cuanto a la metodología y sin mecanismos de auditoría independientes por parte de la sociedad civil o las autoridades reguladoras locales.

Si bien algunos aún asocian la regulación de la inteligencia artificial por parte del Estado con ideas como la censura, obstaculizar o limitar la innovación, lo cierto es que la IA ya está siendo regulada. Está moldeada por quienes la diseñan, quienes la financian y quienes definen sus parámetros técnicos, comerciales y éticos. En la práctica, es como vivir en un condominio bajo leyes creadas por extranjeros, sin voz, sin voto y sin posibilidad de recurso.

La regulación legal no es suficiente; se necesita inversión en infraestructura

El contrato firmado entre Microsoft y el Gobierno Federal de Brasil entre el 26 de octubre de 2023 y el 31 de enero de 2025 ascendió a R$1.272.555.777,49 (unos 230 millones de dólares). Este monto se refiere únicamente a lo pagado por el Poder Ejecutivo, sin considerar contratos de otras entidades, el Ministerio Público y otras instituciones públicas. Esta inversión se destinó, en parte, a la contratación de servicios de computación en la nube, una infraestructura crítica que a menudo sirve de base para el funcionamiento de los sistemas que median en la prestación de servicios para políticas públicas. En otras palabras: si no pagamos la renta con los impuestos recaudados, las políticas públicas podrían verse perjudicadas, ya que servicios como el de Microsoft son los que median la posibilidad de ofrecer estas políticas públicas en el país.

Para agravar aún más la situación, el gobierno brasileño, a través de su ministro de Hacienda, Fernando Haddad, presentó a principios de mayo de 2025 una propuesta para eximir de impuestos a las grandes tecnológicas de la construcción de centros de datos en Brasil. Es como si, además de pagar el altísimo alquiler por vivir en un edificio que no nos pertenece, también defendiéramos un generoso descuento en el impuesto predial para el propietario. En la práctica, seguimos sin tener acceso a las llaves, sin poder de decisión y, además, beneficiando a quienes se benefician de nuestra dependencia.

Este contrato, entre muchos otros con grandes tecnológicas, revela la profunda dependencia tecnológica de Brasil. Estamos pagando un alto precio por tecnologías que no desarrollamos, que no controlamos y que, a menudo, no responden a nuestros intereses sociales, económicos o estratégicos. Se trata de una relación asimétrica en la que el país actúa como un cliente pasivo, mientras que las decisiones técnicas y comerciales se siguen tomando en el extranjero.

En vista de este escenario, la regulación es urgente e innegociable. Proyectos de ley como el 2630/2020, que busca responsabilizar a las plataformas digitales, y el 2338/2023, que regula el marco legal de la inteligencia artificial en Brasil, son pasos clave para establecer límites públicos y garantizar derechos mínimos en el uso de estas tecnologías. Sin embargo, es importante destacar que esto es solo una parte del camino, no el punto final. Regular el uso de IA, mayoritariamente extranjeras, en Brasil es como monitorear lo que otros hacen en nuestro patio trasero.

Sin embargo, lo que queremos es mucho más que eso. Queremos nuestro propio edificio, con un diseño arquitectónico basado en nuestra realidad. Queremos un centro de datos brasileño sostenible, una inteligencia artificial brasileña y plural, ciencia y tecnología con financiación continua, centrada en nuestras necesidades y valores. No solo IA de Estados Unidos ni de China. Lo que necesitamos es soberanía tecnológica con inversión en infraestructura, para que Brasil no sea solo un cliente o una colonia digital, sino protagonista de su propia transformación. De lo contrario, ¿cuál será el próximo ajuste de rentas?

Latinoamérica21, junto con The Conversation Brasil, Brasil de Fato y otras plataformas aliadas impulsamos, en colaboración con la Red Nacional de Combate a la Desinformación (RNCD) de Brasil, el Ibict y el ICIE,  la difusión de contenidos que promuevan una ciudadanía más informada y crítica, para enfrentar la desinformación, una amenaza creciente para la democracia, la ciencia y los derechos humanos.

Ergon Cugler es licenciado y posgraduado por la Universidad de São Paulo (USP) y tiene una maestría en administración pública y gobierno por la Fundación Getulio Vargas (FGV). Es asociado del programa de posgrado de la Universidad de Barcelona. Investigador del CNPq vinculado al Laboratorio de Estudios sobre Desorden de la Información y Políticas Públicas (DesinfoPop/FGV).

Ante la presión, resiliencia. América Latina necesita recalibrar su paradigma de desarrollo

El impulso del desarrollo humano en América Latina y el Caribe enfrenta un enorme desafío. Tras décadas de avances en salud, educación y reducción de la pobreza, la región enfrenta una paradoja inquietante: los progresos han sido notables, sí, pero frágiles y desiguales; y hoy se ven amenazados por una combinación de problemas estructurales, incertidumbre y múltiples crisis que se retroalimentan y reproducen sus efectos. Ante este escenario, insistir en seguir las recetas del pasado no es una opción. El desarrollo debe replantearse con la resiliencia como eje y dirección.

Durante mucho tiempo, el modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe asumía una línea ascendente: escapar de la pobreza como consecuencia del crecimiento económico desembocaría en la incorporación de una clase media estable. Pero la realidad no ha sido lineal. Hoy, el 31% de la población en la región habita una zona gris de vulnerabilidad socioeconómica: no está en condiciones de pobreza, pero tampoco está protegida. Basta una crisis —sanitaria, climática o política— para hacerla retroceder.  En otras palabras, en América Latina y el Caribe, salir de la pobreza ha sido posible para muchos, pero también —y con mucha frecuencia— volver a caer.

Más de la mitad de su población carece de mecanismos adecuados para enfrentar un evento adverso moderado sin ver afectado su bienestar y comprometido su futuro. En un contexto donde la incertidumbre está creciendo y las crisis son cada vez más frecuentes, intensas e interconectadas, parte de la población vive en estado de inseguridad o alarma que son incompatibles con la libertad.

La resiliencia, en cambio, entendida como la capacidad de prevenir, sobrellevar y recuperarse de las crisis sin sacrificar libertades ni dignidad, es precondición para la esperanza al ampliar la agencia de los individuos, es decir, su capacidad de tomar acción y perseguir los objetivos de vida que valoran. Es, por tanto, parte esencial del desarrollo humano.

Un presente incierto, un futuro por escribir

Las cifras son elocuentes. El crecimiento del Índice de Desarrollo Humano (IDH) se redujo de 0,7% anual entre 1990 y 2015, a apenas 0,2% desde la pandemia. La incertidumbre, medida por indicadores globales, se ha duplicado en la región solo en el último año, muy por encima del promedio mundial. Y las amenazas ya no son puntuales: se superponen, interactúan y se potencian. Desde la emergencia climática hasta ciberataques, pasando por la fragmentación social y el crimen organizado, América Latina y el Caribe enfrenta amenazas sistémicas que desbordan cualquier manual tradicional de política pública.

Esta era de la incertidumbre exige  un cambio de paradigma. La resiliencia debe dejar de ser un resultado deseable para convertirse en el principio organizador del desarrollo.

Tres fuerzas en tensión, un mismo desafío

Identificamos tres grandes fuerzas que están tensionando el desarrollo: la acelerada evolución de tecnologías emergentes, la fragmentación social y la intensificación de los desastres climáticos. Aunque distintas, comparten una condición: se retroalimentan entre sí. La transformación digital, por ejemplo, ha ampliado el acceso a información y servicios, pero también ha profundizado desigualdades, ha precarizado el empleo a través del trabajo en plataformas sin protección social y ha debilitado la cohesión social a través de la desinformación y la polarización política.

América Latina y el Caribe es la región del mundo con mayor consumo de redes sociales: más de tres horas y media diarias, en promedio. Este hiperconsumo digital tiene costos psicosociales —ansiedad, depresión, aislamiento— especialmente entre jóvenes. Además, en contextos de baja alfabetización digital, las noticias falsas se propagan con facilidad, minando la confianza en las instituciones y el debate democrático.

El segundo gran factor de presión es la fragmentación social. La desconfianza crece, tanto hacia las instituciones como entre los propios ciudadanos. “Los otros” —los que piensan distinto, los que gobiernan, los que no son parte del círculo inmediato— generan cada vez más recelo. A medida que la confianza en los gobiernos se erosiona, los lazos más cercanos —la familia, los amigos, la comunidad inmediata— se convierten en la principal red de protección. Pero cuando esa confianza selectiva convive con una desconfianza generalizada, el terreno queda abonado para la expresión de antagonismo entre grupos sociales y, por lo tanto, una creciente dificultad para resolver problemas comunes. El avance del crimen organizado en la región corre en gran medida también por estas fracturas.

La tercera amenaza, quizás la más visible, es la climática. La región vive los cinco años más calurosos de su historia, ha triplicado la frecuencia de eventos extremos desde 1960 y enfrenta pérdidas millonarias por productividad laboral afectada por el calor. Entre 2002 y 2023, los incendios forestales arrasaron casi 400 millones de hectáreas, una superficie equivalente a la suma de Argentina y Chile. Lo más alarmante: los países con menor IDH son también los más vulnerables a los impactos climáticos; los mejor posicionados, aunque más adaptables, también se encuentran considerablemente expuestos.

Recalibrando el futuro del desarrollo

¿Qué hacer ante esta triple presión? La propuesta gira en torno a un marco de acción basado en tres pilares: instrumentos para gestionar la incertidumbre, instituciones que abracen la complejidad e infraestructuras que activen el potencial de las comunidades. Esta tríada —instrumentos, instituciones, infraestructuras— conforma el nuevo “pacto de resiliencia”.

En términos prácticos, esto implica: ampliar los sistemas de protección social más allá de las personas en situación de pobreza reconocida oficialmente, garantizar una presencia estatal sostenida en todo el territorio y apostar por infraestructuras —digitales, físicas y ecológicas— que no solo resistan las crisis, sino que promuevan inclusión y equidad.

Recalibrar el desarrollo en América Latina también exige compromiso político para dejar atrás las recetas simplistas y asumir la complejidad del momento. La región necesita instituciones ágiles, capaces de anticipar riesgos y articular respuestas multisectoriales. Requiere invertir con decisión en capital humano —especialmente en habilidades digitales y climáticas— y, sobre todo, renovar su narrativa de desarrollo: el desarrollo humano sin incorporar la resiliencia ya no es viable.

Resiliencia como posibilidad

La resiliencia no es resistencia, no es aguante. Es posibilidad. No se trata de blindarnos contra todo riesgo, sino de asegurar que, cuando las crisis lleguen —porque llegarán—, tengamos la capacidad colectiva de adaptarnos y reconstruir sin retroceder en derechos ni libertades. En un mundo de shocks interconectados, el desarrollo no puede limitarse solo a planificar cómo mejorar el crecimiento económico y redistribuirlo; tiene que pensarse también en términos de proteger avances y evitar retrocesos. Esto tiene que ver con la capacidad de las personas para tomar decisiones sobre sus vidas, incluso —y sobre todo— en tiempos difíciles.

El desafío está planteado. América Latina y el Caribe está bajo presión. Pero también está ante una oportunidad: recalibrar el rumbo del desarrollo con la resiliencia como resorte. Porque sin ella, todo avance es reversible. Con ella, incluso los golpes más duros pueden convertirse en una oportunidad para rebotar y seguir avanzando.

Este artículo presenta un avance del Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025, titulado “Bajo presión: Recalibrando el futuro del desarrollo”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en América Latina y el Caribe.

Elecciones y guerra contra la democracia en Ecuador

La democracia ya no muere con tanques en las calles, sino a manos de autoridades electas o instituciones capturadas. Lo que antes eran rupturas abruptas, hoy se manifiesta como una erosión silenciosa y progresiva: una «muerte lenta», según describen diversos autores la deriva democrática global. Así, desde dentro del sistema democrático se socava el pacto republicano, se minan contrapesos institucionales, se suprimen libertades y persiguen opositores, todo con fachada de legalidad.

Las recientes elecciones en Ecuador, en que Daniel Noboa fue reelecto con 55,6 % de los votos frente a Luisa González (44,4 %) de Revolución Ciudadana, ilustran esta deriva. En concreto, la organización de los comicios evidenció que la cooptación de los árbitros electorales por uno de los candidatos vuelve ficticia la competencia equitativa por acceder al poder. El problema es mayor cuando dicho candidato es a la vez presidente, heredero de una de las más grandes fortunas del país y jefe de las Fuerzas Armadas en medio de una declaratoria de “guerra interna” contra el narcotráfico. Noboa usó todas esas prerrogativas en campaña. En tales condiciones, en lugar de operar como el momento más alto de la democracia, los comicios solo ratifican el poderío previo de líderes abusivos.

Seis elementos ilustran la distorsión de la competencia democrática en Ecuador.

En primer lugar, aunque el personal del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido bien valorado por sus capacidades técnicas -entre 2021 y 2024 la institución condujo cuatro eventos electorales a nivel nacional-, la desinstitucionalización estatal y las políticas de austeridad vigentes desde 2018 han mermado su eficacia y autonomía.

A la vez, en un entorno de polarización intensa, la cúpula del CNE —cinco consejeros— dejó de actuar como árbitro imparcial y se alineó con el gobierno. La llegada de Noboa a la presidencia en 2023 aceleró tal tendencia. Su orden de asaltar la Embajada de México en abril de 2024 fue una señal de fuerza que precedió el alineamiento del conjunto de las instituciones. En la coyuntura electoral, la cooptación del CNE quedó develada cuando no exigió al presidente la licencia obligatoria para buscar la reelección, como fijan el Código de la Democracia y la Constitución. Durante la campaña, además, el organismo se mostró complaciente frente a las transgresiones del oficialismo: uso de recursos públicos con fines proselitistas, cancelación del voto migrante en Venezuela, y reformas ad hoc como la prohibición del uso de celulares durante la votación, basada en un informe policial secreto.

En este marco de captura institucional, otras agencias como el Tribunal Contencioso Electoral o la Fiscalía General han sido empleadas para intimidar o borrar del juego electoral a actores de oposición. La temprana inhabilitación de Jan Topic -principal contendor de Noboa en el campo de la derecha- fue paradigmática al respecto.

En cuarto lugar, el gobierno movió cerca de 518 millones de dólares en semanas previas al balotaje. Lo hizo, de modo imprevisto, al poner en marcha 14 bonos focalizados en diferentes segmentos del electorado. Según diversos testimonios, funcionarios públicos insinuaron que la ayuda continuaría si el presidente era reelecto. El condicionamiento económico del voto, viejo mecanismo clientelar, fue explícito.

Simultáneamente, medios públicos y privados se alinearon con la campaña del presidente: 65% de la información monitoreada fue propaganda oficial, según la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Aquello revela un uso indebido de recursos públicos y una ventaja mediática desproporcionada. La OEA expresó también su preocupación por la mediatización de las operaciones de seguridad. En concreto, Erik Prince, ex CEO de Blackwater —mercenario condenado judicialmente y contratado por Noboa— hizo públicas críticas a la candidata opositora aprovechando su figuración noticiosa.

Por último, y evidenciando que la “guerra interna” no es solo retórica, las Fuerzas Armadas intervinieron en el proceso electoral. Arrogándose funciones de interpretación normativa, respaldaron la decisión de Noboa de no pedir licencia. La OEA denunció, además, comunicados castrenses de tono político —llamados a “defender la libertad” como “guardianes de la patria”— y recogió alertas sobre la existencia de un control electoral paralelo en sus manos.

El poder militar se expandió con el decreto de “conflicto armado interno” en enero de 2024. Un Estado de excepción casi permanente -35 de los 40 meses de gobierno de Noboa, hasta abril 2025, transcurrieron bajo esa condición- enmarca, desde entonces, la militarización de la seguridad. La gobernabilidad es ahora indisociable de la imagen de Noboa como hombre fuerte, de su acuerdo con las Fuerzas Armadas y de una política de miedo que desmoviliza la sociedad. Los controles civiles sobre los militares están diluidos y se han normalizado las violaciones a los derechos humanos en territorios marginados y racializados.

A la vez, de modo usualmente arbitrario, opositores de diverso signo son asociados a la mafia o vinculados a acciones terroristas. La Revolución Ciudadana, el movimiento indígena o luchadores anti-mineros son blancos predilectos de tales operaciones. El pluralismo, la disidencia popular y el Estado de derecho están vulnerados. Un día antes del balotaje, el ejecutivo decretó otro Estado de excepción. Los gestos intimidantes del poder atravesaron de principio a fin el juego electoral: ¿elige realmente en libertad una sociedad atemorizada? 

En tal entorno, todo indica que la deriva autocrática del Ecuador se reforzará en los próximos años. De hecho, aún antes de su posesión, Noboa envió a la Asamblea Nacional -también bajo su control- un proyecto de Ley “Económica” urgente que, bajo excusa de combatir las economías criminales, pretende reforzar la militarización y crear un marco de impunidad para los agentes estatales que violan derechos humanos.

Diversas organizaciones civiles hablan ya de “terrorismo de Estado” mientras otras advierten de la bukelización del país. Entre otros temas, se proponen diversas reformas para autorizar allanamientos, incautaciones y detenciones sin orden judicial previa; prisión preventiva obligatoria; procesos penales exprés; indultos a miembros de la fuerza pública; debilitamiento de los controles civiles a las Fuerzas Armadas; facultades presidenciales especiales para tomar medidas económicas, militares y represivas sin contrapesos democráticos.

Así, aupado en el amplio apoyo electoral obtenido en unas elecciones realizadas en un contexto desigualmente estructural y poco transparente, Noboa hace del supuesto combate a la inseguridad la vía más rápida para legalizar un régimen autoritario y sofocar toda garantía jurídica a la guerra sucia ya en curso en el país.

Cuando migrar es un crimen, ser detenido o morir puede ser la única opción

Este año 2025 podrá estar marcado por la exposición de prácticas necropolíticas en el ámbito de las migraciones. No es que estas prácticas no existieran hasta ahora, pero me refiero a la ampliación generada por la mediatización o la circulación de hechos que eran conocidos y debatidos por quienes, directa o indirectamente, viven, acompañan o estudian la movilidad: la criminalización de las migraciones es hoy, más que nunca, un hecho irremediable. En ese sentido, destaco dos noticias:

La primera noticia se titula: “Eduardo Bolsonaro propone que migrantes de Brasil sean encarcelados en El Salvador (The Intercept Brasil, 16 de mayo de 2025).


Al título le sigue este texto: “Eduardo Bolsonaro, del PL de São Paulo, publicó en su canal de YouTube un video que revela negociaciones con aliados de Donald Trump para exportar a migrantes brasileños detenidos en Estados Unidos —supuestamente vinculados a facciones criminales— a la megaprisión de El Salvador”.

La sugerencia del diputado sigue la línea de Donald Trump. En Estados Unidos, ser migrante, con o sin documentos, convierte a una persona en susceptible de ser capturada, encarcelada, deportada y privada de libertad sin ningún proceso legal y, por lo tanto, sin que se haya comprobado ningún delito —ya sean hombres, mujeres o niños. 

El veredicto puede emitirse y confirmarse si las personas en cuestión son hombres, negros o mestizos, provenientes de países pobres del Sur Global. Como prueba irrefutable los tatuajes, un signo asociado a la pertinencia a facciones criminales.

Si bien la forma en que se difunde la propuesta genera indignación, también tiene el potencial de atraer a sectores conservadores ya que se trataría de personas “supuestamente vinculadas a facciones criminales” a pesar de que ocurre sin procedimiento jurídico que garantice el derecho a una defensa.

La segunda notícia se titula: “El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Estudia un posible reality show en el que inmigrantes compitan por la ciudadanía estadounidense(O Globo, 17 de mayo de 2025). Y atención al subtítulo: “La propuesta ya había sido discutida anteriormente con los gobiernos de Obama y Biden”.

Aunque fue negado inmediatamente después, la noticia deja al descubierto que la lógica de los reality shows se extiende a toda la sociedad a través de la práctica de la gamificación, es decir, la aplicación de las reglas de los juegos a toda experiencia de vida, y la idea de competitividad seguida del mérito que justifica la implementación de una nueva racionalidad: la neoliberal. Es decir, para ser sujeto de derechos, hay que merecerlos.

La lógica del reality show ya había sido señalada por nuestras investigaciones sobre el fenómeno del emprendimiento presentado como una solución de inclusión sociolaboral para migrantes recién llegados a Brasil y con necesidades urgentes de generar ingresos. Estos programes de formación se ofrecieron en São Paulo mediante una alianza entre una ONG, ACNUR (ONU) y grandes empresas tecnológicas como Google, Uber y Meta, lo cual pone de manifiesto otra característica del mundo laboral: la plataformización.

La práctica de confinar, retener y encarcelar migrantes tiene su punto de partida en la invasión norteamericana en Afganistán, en 2001, según señala Michel Agier en el texto “Refugiados ante el nuevo orden mundial”. El autor señala el establecimiento de un patrón entre expulsión/acogida y la asociación entre guerra y respuesta humanitaria. Así, para comprender el dispositivo humanitario mundial, se necesitan tres elementos: la existencia simultánea de guerras (como la de Sudán y Ucrania), violencias colectivas (¿el genocidio de la población palestina?) y disturbios y terrores (Haití y la República Democrática del Congo) que conducen a las poblaciones civiles a la muerte o al desplazamiento.

Tenemos que agregar a esta lista las microexpulsiones cotidianas de poblaciones vulnerables, ya sea por desastres climáticos y ambientales —como el desastre por la rotura de presas en Minas Gerais— o por la violencia que sufren las poblaciones indígenas que se ven imposibilitadas de vivir en sus territorios, entre las cuales destacamos la diáspora Warao.

Frente a este escenario, se presenta como solución la intervención humanitaria misma, cuyo modelo instaura el control y el cuidado: el principio de care, cure and control se aplica en los campos de refugiados, que son dispositivos policiales/militares, alimentarios y sanitarios y, sobre todo, situados en los márgenes, alejados de los centros urbanos, siendo la Operación Acogida, realizada en Roraima, el principal ejemplo en Brasil.

Se estima que más de 140.000 venezolanos han pasado por este programa, siendo alojados en 1.068 municipios distribuidos en las cinco regiones brasileñas (OIM, 2024). En la ciudad fronteriza de Pacaraima y en Boa Vista, ambas en el estado de Roraima, la Operación aún mantiene varias instalaciones, además de los refugios, como alojamientos transitorios, puestos de recepción e identificación, y de interiorización y selección. Se trata de una operación cívico-militar, en la que la presencia del Ejército es crucial, tanto para el mantenimiento de estas instalaciones como para la interiorización de los venezolanos.

Aunque los refugios de la Operación Acogida no sean campos de refugiados stricto sensu, pueden establecerse ciertas aproximaciones con estos espacios: ambos están construidos bajo la marca de la urgencia y provisionalidad, gestionados al margen del Estado y más cerca de la administración del tercer sector, que utiliza bases de datos internacionales como el Sistema Primes del ACNUR. Una de las principales características de estos complejos es la recolección, a partir del uso de tecnologías de mapeo, de datos personales y físicos de los migrantes, denominada por especialistas como “conjunto biométrico”, en una sinergia de tecnología, medios y movilidad humana establecida a nivel global.

La Operación Acogida fue objeto de una serie de reportajes realizados en 2024 por la Agencia Pública en colaboración con nuestras investigaciones. En ellos, se rompe el silencio tanto de los migrantes atendidos como de los trabajadores humanitarios que participaron en la Operación. Entre las denuncias destacamos desde violencia de género hasta la presencia de facciones criminales dentro y alrededor de los refugios. Sin embargo, estas denuncias siguen sin recibir respuesta ni del gobierno federal ni de las agencias humanitarias. Y la Operación se sigue presentando como un símbolo de éxito de las políticas públicas, sustentada en la producción de informes y estadísticas cuantitativas, donde no hay espacio para ningún otro dato que refleje los relatos y las experiencias de quienes viven y trabajan allí.

Por último, destacamos la idea central sobre el retorno de la relación de enemistad a una escala global, desarrollada por Achille Mbembe, conocido por el concepto de necropolítica, en el ensayo Políticas de la enemistad (2020). En este ensayo el autor, basándose en el análisis de las formas de vida generadas en la Franja de Gaza, en Palestina, sostiene que en el origen de todo campo siempre hay un proyecto de división de los seres humanos. Y concluye que, al restringir las oportunidades de encuentro y contacto, se produce la maximización de la distancia -los retenidos no son vistos- y la banalización de la indiferencia.

Silenciar y banalizar: dos componentes esenciales de la histórica relación de poder instaurada por la colonización, destinada en la actualidad a clasificar vidas de personas migrantes como útiles o inútiles, y, por lo tanto, susceptibles de vivir en la precariedad o de morir, simplemente.

¿Se ha eliminado la reforma de la gobernanza global de la agenda?

A finales de 2024, el G20 situó la propuesta de reforma de la gobernanza global en el centro del debate internacional. Bajo la presidencia brasileña, la reunión celebrada en octubre en Río de Janeiro fue una invitación formal a las mayores economías del mundo para repensar las reglas actuales que rigen el sistema internacional de forma desigual y, en particular, injusta con respecto a los países del Sur Global. Sin embargo, desde entonces, el tema ha perdido protagonismo en la agenda global.

Si bien Brasil ha mantenido su compromiso de promover este debate, ahora en el marco de su presidencia de los BRICS, las economías del Norte Global han mostrado poco interés en profundizarlo. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el enfriamiento de los conflictos entre Rusia y Ucrania, y la continua ofensiva de Israel contra Gaza han dejado poco espacio para el debate sobre una reestructuración internacional guiada por la justicia y la equidad. 

Aun así, es fundamental comprender qué representa esta reforma de la gobernanza global, especialmente para los países del Sur Global que la defienden activamente. En términos generales, se trata de una propuesta para reconfigurar las reglas de funcionamiento de instituciones internacionales como la ONU, el Banco Mundial y el FMI. El objetivo es revisar el sistema de pesos y contrapesos que estructura la actuación de los Estados en estos espacios, corrigiendo desequilibrios históricos y redistribuyendo el poder. Este sistema se diseñó originalmente en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando las dinámicas económicas y políticas eran muy diferentes a las actuales.

Hoy en día, el escenario global es diferente. Estados que antes ocupaban posiciones periféricas en el sistema internacional ahora desempeñan papeles estratégicos en la economía y la política mundiales. La reforma de la gobernanza global busca reflejar esta nueva realidad, replanteando también la arquitectura financiera internacional, los modelos de préstamo y los mecanismos de ayuda al desarrollo, a menudo estructurados de forma que perpetúan las relaciones de dependencia entre el Norte Global y el Sur Global, en lugar de fomentar una cooperación genuina.

En 2024, algunos países del Norte Global manifestaron, al menos retóricamente, su apoyo a esta reforma. Francia reconoció la necesidad de cambio y Alemania comenzó a promover ajustes en instituciones financieras como el FMI y el Banco Mundial. Con el pretexto de un sistema internacional más equilibrado y menos marcado por legados coloniales, algunos gobiernos incorporaron agendas feministas para apoyar narrativas de equidad y justicia global.

Sin embargo, las contradicciones de estos compromisos se hicieron evidentes. Si bien se utilizan discursos progresistas y feministas para legitimar la necesidad de reformas estructurales, las prácticas económicas de estos países siguen apoyando un modelo financiero que perpetúa la naturaleza jerárquica de las relaciones entre el Norte Global y el Sur Global.

Esta inconsistencia fue analizada por el Observatorio de Política Exterior Feminista Inclusiva en un estudio que demostró cómo países como Alemania y Canadá reconocen la necesidad de cambios en las normas y prácticas de la ONU, el FMI y el Banco Mundial, pero evitan asumir compromisos efectivos que puedan generar transformaciones concretas. Además, si bien durante gobiernos más progresistas como el de Justin Trudeau en Canadá y el de Scholz en Alemania -Annalena Baerbock fue responsable de sus políticas-, ambos países adoptaron perspectivas feministas para sus políticas de desarrollo con narrativas centradas en acciones más justas y equitativas en el sistema internacional, estos gobiernos continuaron reproduciendo mecanismos de dependencia financiera, política y social.

Ante el actual escenario de inestabilidad política y económica, los discursos y posturas más progresistas han perdido fuerza. Esto se observa, por ejemplo, en los países analizados por el estudio OPEFI, que, debido a los cambios electorales, han ido abandonando la etiqueta de «feminista» y, con ella, las narrativas que, aunque a menudo contradictorias y con escaso respaldo práctico, favorecían la participación en espacios multilaterales de diálogo y la propuesta de revisiones por parte de los países del Sur Global.

La reorganización global observada con el auge de los gobiernos de extrema derecha, el regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense y las constantes amenazas a la democracia ha limitado cada vez más el progreso y la adhesión a la reforma de la gobernanza global. Ahora, en 2025, el tema prácticamente ha desaparecido de la agenda de los países desarrollados. Preocupados por el aumento de las inversiones en defensa y la guerra arancelaria impuesta por Estados Unidos, los países de la Unión Europea y Canadá muestran poco interés en los impactos nocivos de la actual arquitectura financiera global en el Sur Global. 

Si bien la crisis actual es un síntoma inherente a la estructura del sistema internacional —que perpetúa la desigualdad y la inestabilidad—, la demanda de justicia y redistribución de oportunidades continúa siendo marginada por los actores con mayor capacidad para impulsar el cambio. Mientras las instituciones internacionales fracasan reiteradamente en el cumplimiento de sus objetivos, quienes podrían propiciar una reforma permanecen inertes, priorizando el mantenimiento de un statu quo que les resulta conveniente y alejado de cualquier principio que pueda considerarse verdaderamente feminista.

Rosario Murillo: entre Madame Mao y Grace Mugabe 

Uno de los grandes errores de las fuerzas democráticas nicaragüenses ha sido subestimar a Daniel Ortega, un político que, en más de 40 años, ha logrado mantenerse como el campo de fuerza de la política criolla. Hoy, no debemos repetir ese error con otro personaje: subestimar a Rosario Murillo, quien tiene una estrategia y la está ejecutando sistemáticamente. De hecho, estamos sintiendo en nuestras carnes las consecuencias lógicas de la aplicación de esa estrategia.  

¿Pero en qué consiste dicha estrategia? Para algunos, sus acciones no son más que desvaríos erráticos de una persona irracional que actúa únicamente por odio y venganza —una suerte de “bruja”. Y si bien es cierto que su personalidad está profundamente marcada por estos rasgos, ya ha pasado suficiente tiempo como para advertir que estamos frente a una mujer con una voluntad de poder implacable.  

Antes de hablar de su estrategia es necesario tener claro su objetivo: establecer una dinastía familiar permanente que lleve su impronta. Para ello ha trazado una estrategia que se vuelve cada vez más evidente y que gira en torno a una variable decisiva. Una variable decisiva es aquella que determina el resultado de una situación específica. En Nicaragua, no hay que llamarse a engaños: la variable decisiva es y seguirá siendo el Ejército Nacional. Cualquier resolución sobre la sucesión será decidida por las fuerzas armadas. Ya lo recordaba Mao Zedong: “el poder político nace del cañon de un fúsil”, una sentencia que no podría ser más cierta en Nicaragua, donde las “cañas huecas” han marcado nuestra historia desde la independencia.  

Rosario Murillo enfrenta una situación similar a la de otras dos esposas de dictadores que intentaron disputar la sucesión autoritaria de sus maridos: Madame Mao (Jiang Qing) en China y Grace Mugabe en Zimbawe. Ambos intentos fallidos terminaron en la desgracia de las aspirantes. Lo que Rosario Murillo está intentando —suceder a su esposo dictador— es algo que ninguna lo ha logrado hasta ahora en la historia moderna. El solo hecho de marcarse un objetivo de esa magnitud revela su ambición y osadía.  

Grace Mugabe se alió con oficiales jóvenes del ejército y algunos políticos. Sin embargo, la alta oficialidad del ejército siempre la miró con recelo, hasta el punto de que, al percatarse de que Robert Mugabe ya no gobernaba y que era ella quien mandaba, decidieron dar al traste con el régimen: una dictadura de 37 años. En el caso de Madame Mao, sus errores fueron no lograr que su marido la nombrara sucesora y tampoco tener cargos institucionales ni en el gobierno ni en el partido. Al final, los líderes moderados del Partido Comunista y el Estado chino ganaron el apoyo decisivo del ejército y ejecutaron un golpe palaciego incruento que la borró del mapa político.  

Murillo, al parecer, ha estudiado estos dos casos, porque no está cometiendo los mismos errores. Al contrario, su estrategia está siendo quirúrgicamente efectiva, para espanto de todos sus enemigos y sobre todo de quienes están en las entrañas del régimen.  

La cristalización de esa estrategia se evidencia en tres eventos recientes. Primero, el establecimiento de la figura de la “copresidencia” en la propia Constitución, lo que refleja un poder institucional máximo y la designa formalmente como la sucesora del dictador. Segundo, la cooptación total de liderazgo del partido y la marginación —e incluso encarcelamiento— de quienes no le son leales. Esto alcanzó su punto máximo con el arresto y posterior muerte, como preso político, del General Humberto Ortega, fundador del Ejército Nacional y hermano del dictador. Tercero, el 7 de mayo logró que los generales del ejército le juraran lealtad a la coopresidencia en una ceremonia formal, “sellando” así el respaldo de las fuerzas armadas a su rol como sucesora.  

Sin embargo, Rosario Murillo ha visto cómo una fisura en su estrategia se agranda: las crecientes ausencias de Daniel Ortega generan especulaciones. Los rumores sobre su salud precaria —y hasta su inminente muerte— la dejan mal parada en la carrera sucesoria. Lo ideal para ella es un Ortega vivo pero disminuido, que le permita mandar y ganar tiempo para consolidar su sucesión. Por eso, el 24 de mayo, tras intensos rumores sobre la salud de Ortega, recurrió a su vieja confiable: “mostrar a la momia”, como un tótem, tal como lo hacían Madame Mao con Mao Zedong y Grace Mugabe con Robert Mugabe. Así vimos a un Ortega sumamente demacrado, casi desvariando, repartiendo buses como gran acto político, luego de haberse ausentado de un evento clave del sandinismo: nada menos que el natalicio de Augusto Sandino.  

Esta estrategia, sin embargo, no es imbatible. Tiene un gran punto débil: la mayoría de la población, los militantes del partido, los funcionarios del Estado y probablemente los propios militares, la odian y rechazan. También rechazan su intento de designar a su hijo, Laureano Ortega, como sucesor. Laureano es visto en los círculos sandinistas como un príncipe heredero sin las aptitudes necesarias, un advenedizo sin peso ni carácter, que, pese a haber sido cultivado dentro de la dictadura, no ha convencido a nadie. En el ejército, parece que pocos parecen estar dispuestos a tener como jefe máximo a alguien cuyo sueño original fue convertirse en cantante de ópera.  

Las purgas constantes y el odio popular generalizado parecen indicar que hay muchos esperando la oportunidad para traicionarla y encontrar otra salida para la nación durante el inevitable período de turbulencia sucesoria. Ella, más que nadie, sabe que muchos están con el cuchillo en la boca, atentos a cualquier opotunidad que pueda surgir con la muerte de Ortega. Por eso actúa como actúa.